Legalizar el ahorcamiento de palestinos es genocidio en estado de derecho. El silencio occidental avala la barbarie sionista. Abramos los ojos #NoAlGenocidio #PalestinaLibre

Las quemas intencionadas de arroyos, cunetas y vegetación de ribera están arrasando los escasos enclaves naturales que sobreviven en un paisaje agrícola intensivo, sin apenas control ni consecuencias legales efectivas.

Ecologistas en Acción Palencia y la Asociación de Naturalistas Palentinos denuncian la proliferación de quemas intencionadas de vegetación en arroyos, cunetas y zonas húmedas de la comarca palentina de Tierra de Campos, unas prácticas que están provocando un grave deterioro ambiental en uno de los territorios más transformados por la actividad agrícola.

En un paisaje dominado por monocultivos intensivos, donde la mayor parte de la vegetación natural ha desaparecido, estos enclaves constituyen los últimos refugios de biodiversidad. Actúan como corredores ecológicos fundamentales y albergan numerosas especies de flora y fauna, muchas de ellas dependientes de estos hábitats.

La quema de estas áreas supone la destrucción directa de hábitats, la muerte de especies y la ruptura de la conectividad ecológica. Además, agrava la erosión del suelo, reduce la calidad del agua y disminuye la resiliencia del territorio frente al cambio climático.

Resulta especialmente preocupante que estas actuaciones se produzcan de manera reiterada y, en muchos casos, sin consecuencias legales efectivas debido a vacíos normativos y dificultades de aplicación de la legislación vigente.

Las quemas intencionadas de vegetación natural no solo tienen un impacto ambiental grave, sino que pueden conllevar importantes responsabilidades legales para sus autores.

En el ámbito penal, la quema de vegetación puede constituir delito, con penas de prisión de seis meses a dos años, o incluso de uno a cinco años en caso de incendios forestales.

Desde el punto de vista administrativo, las sanciones pueden alcanzar sanciones que pueden llegar hasta el millón de euros en función en los casos de mayor gravedad de los daños, además de la obligación de restaurar el entorno afectado. Además, en el ámbito agrario, estas prácticas pueden implicar la reducción o retirada de ayudas de la Política Agraria Común (PAC).

Por todo ello, se exige a las administraciones competentes un refuerzo de la vigilancia y control, así como una limitación estricta de las autorizaciones de quema, que solo deberían concederse en situaciones excepcionales conforme a la normativa vigente en materia de residuos.

La conservación de estos espacios resulta esencial para garantizar el equilibrio ecológico y el futuro sostenible del territorio.

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El 18 de marzo a las tres de la mañana comienza el incendio en una nave con residuos plásticos y neumáticos en el municipio de La Bañeza, a día de hoy, el siniestro sigue activo sin que se tengan noticias de las toneladas calcinadas y del impacto ambiental que está teniendo.

El humo y las cenizas está contaminando el aire y poniendo en peligro la seguridad y la salud de miles de personas en el entorno de La Bañeza y sus comarcas, llegando incluso en algunos momentos al valle del Tuerto, Sequeda y Astorga. provocando una situación inaceptable e insostenible.

Después del tiempo transcurrido, ¿Como es posible que todavía no se haya informado a la ciudadanía de manera real sobre la peligrosidad del incendio? ¿Se ha analizado la calidad del aire? ¿Sí se ha hecho porque no se ha dado información pública sobre estos análisis? ¿Porque el Ayuntamiento de la Bañeza no ha desmantelado este depósito que parece ilegal?
El gobierno de Castilla y León lejos de tomar las medidas oportunas para evitar los incendios oferta continuamente la región como un lugar adecuado para recibir todo tipo de residuos de otras comunidades o países, un ejemplo claro es el vertedero que se pretende construir en San Justo de la Vega.

Debido a esta política han aumentado los incidentes en instalaciones de residuos de todo tipo. Por el contrario, las medidas legales, administrativas y económicas se postergan. Ni las normativas ni las tasas medioambientales se han adaptado a los tiempos mientras los mecanismos de control y sancionadores se debilitan constantemente.

La Junta de Castilla y León no han adoptado las medidas adecuadas para evitar que vuelva a producirse un caso similar y ya son dos en la provincia de León en pocos años, RMD y La Bañeza.

Este tipo de incendios están siendo habituales mientras se incentiva la misma política de gestión y se deja de lado la dotación de medios de vigilancia y sanción.

Ecologistas en Acción exige que la Junta de Castilla y León asuma sus responsabilidades, se favorezca la prevención, los controles e inspección de los gestores y extienda la responsabilidad del productor en la gestión de los residuos.

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La tecnología de streaming no es un avance lineal, sino un retorno cíclico a la cultura oral pre-escrita. El cambio de paradigma en nuestra infraestructura de comunicación (del papel a los semiconductores y el hipertexto) altera radicalmente nuestra relación con la verdad y la memoria.

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La Sala de lo Contencioso-Administrativo de Valladolid tumba la Orden MAV/534/2024 por un defecto sustancial en su tramitación. La sentencia subraya que la gestión del jabalí como una especie con un impacto transversal en la sanidad, la agricultura y la seguridad, no puede despacharse como una mera “operativa de caza”.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha dictado sentencia estimando el recurso interpuesto por la Federación de Ecologistas en Acción de Castilla y León, declarando la nulidad de pleno derecho de la Orden MAV/534/2024, de 3 de junio, que aprobaba el Plan de Gestión del Jabalí en la Comunidad (BOCyL nº 109 de 6 de junio de 2024).

Un plan sin el aval del Consejo Regional de Medio Ambiente

El tribunal fundamenta la nulidad en la falta de un informe preceptivo del Pleno del Consejo Regional de Medio Ambiente. La Administración autonómica pretendió validar el plan únicamente con el visto bueno de la Comisión de Caza, argumentando que se trataba de una cuestión meramente cinegética.

Sin embargo, la sentencia es tajante al señalar que la gestión del jabalí excede el ámbito de la caza debido a su “notable carácter transversal”. El tribunal destaca que la norma afecta directamente a:

• La seguridad vial y de las personas.
• La salud pública y la sanidad animal.
• La agricultura y el medio ambiente en su conjunto.

Además, le parece excesiva la pretensión de que el Plan tenga una vigencia indefinida considerando sus características, ya que “no hay ninguna situación alarmante, preocupante o extrema”.

Necesidad de una visión integral

Para el TSJCyL, una planificación de esta envergadura a escala autonómica requería un informe de “mayor calado” y una “perspectiva más amplia” como la que ofrece el Pleno del Consejo, donde están representados diversos intereses y no solo los cinegéticos. Al haber omitido este paso, la Junta de Castilla y León vició de nulidad toda la norma. Igualmente, el TSJCyL esgrime que el texto definitivo no fue presentado nuevamente a escrutinio público luego de ser modificado.

Desde Ecologistas en Acción, celebramos que la justicia vuelva a poner freno a la nefasta gestión que del medio natural hace esta Consejería con su Consejero el Sr.Quiñones y su Director General del Medio Natural Jose Ángel Arranz, una gestión que, lejos de basarse en criterios científicos, de conservación, protección y sostenibilidad, se basa exclusivamente en criterios extractivos y de rédito político cortoplacista para “contentar” a sectores relevantes entre sus votantes. Convine recordar por tanto a la Consejería de Medio Ambiente que la fauna silvestre debe gestionarse bajo el rigor de la participación pública y el análisis de todos sus impactos sociales y ambientales y con la ciencia y los datos técnicos por bandera. Así debería hacerse con otras especies como el lobo y sin embargo se sigue aplicando la máxima de “tirar para adelante” y luego ya se verá, siendo colectivos ecologistas como Ecologistas en Acción quienes deben actuar para frenar todo los despropósitos que plantean.

Pero ¿quién asume responsabilidades políticas en este caso? No es la primera vez que la justicia da un varapalo a la gestión de esta Consejería pero ninguna de las anteriores, y nos tememos que esta tampoco, han tenido consecuencias políticas para sus responsables. Desde Ecologistas en Acción entendemos que ya es hora de que la administración regional, encargada de velar por la buena gestión del patrimonio y de los fondos de esta Comunidad, se empeñe en gobernar para unos pocos desamparando la protección del medio ambiente y haciendo que sea la justicia, con la intervención de la sociedad civil organizada, quien intervenga y ponga orden y cordura. Exigimos dimisiones y responsabilidades políticas inmediatas.

Detalles del fallo

La sentencia nº 266/2026, fechada a 9 de marzo y notificada formalmente el 16 de marzo, ha sido dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección 1) de Valladolid.

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La Junta de Castilla y León, en contra de lo que recoge la Ley de Caza, amplía la caza del jabalí mediante una Orden, de rango inferior a la Ley, por la situación meteorológica, en claro mensaje electoral.

En el Boletín Oficial de Castilla y León del 20 de febrero, dos días antes de que finalizase por ley la temporada de caza del jabalí, se publicaba una orden de modificación de otra orden, la de emergencia cinegética del jabalí por la peste porcina africana, que amplía el periodo de caza de la especie hasta el día 8 de marzo, argumentando de forma más que sorprendente que no se han podido cazar los suficientes jabalíes por las borrascas atlánticas.

En Castilla y León no hay peste porcina africana y el brote en España está más bien lejos de nuestra comunidad. Este año, además, no ha habido apenas limitaciones al número de cacerías colectivas al jabalí. Han sido autorizadas todas las solicitadas basados en esta Orden innecesaria, y se han saldado con muy pocas capturas, muchas de ellas con cero ejemplares ¿no será que no había abundancia de jabalíes?

El Jefe del Servicio de Caza de Castilla y León, Sr. Ignacio de la Fuente, y el Director General de Patrimonio Natural y Política Forestal, Sr. Jose Ángel Arranz, fuera de todo criterio técnico, a los que tendrían que ajustarse por sus propios puestos de trabajo, se pliegan de nuevo a intereses claramente electorales, en evidente competencia con otros partidos políticos a su derecha, por el denominado voto rural, que no es otro que agricultores, ganaderos y cazadores, colectivos que influyen en exceso en decisiones que lastran el desarrollo y la imagen de esta Comunidad. Una vez más anteponiendo el interés del partido y perpetuarse en el poder, al interés general.

Incluso algunas cuadrillas de cazadores han tildado esta orden como vergonzosa e innecesaria porque ahora lo que se cazaría son hembras en su mayoría preñadas que, de matarse, dejarían comprometida la próxima temporada cinegética.

Por ello, Ecologistas en Acción estudiará si en esta modificación normativa en contra de la legislación puede existir responsabilidad penal. Estos dos empleados públicos, más el consejero de Medio Ambiente, que es el firmante, acumulan ya demasiadas sentencias en contra que nunca les pasan factura y que, por su posible responsabilidad, tendrían que dar cuenta personalmente ante la autoridad judicial.

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El movimiento ecologista de León, representado por las asociaciones Bierzo Aire Limpio, Ecologistas en Acción de León y la Plataforma para la defensa de la cordillera Cantábrica, recurren en alzada las resoluciones de la Junta que pretenden permitir la ganaderia y la caza en los montes de la provincia de León incendiados el pasado verano.

La nefasta y cuestionada gestión de los incendios por parte de la Junta de Castilla y León, propició que en agosto del año pasado, se produjera la mayor catástrofe ambiental registrada en León: casi el 10% de toda la superficie forestal de la provincia calcinada. Los incendios afectaron a espacios protegidos de incalculable valor ecológico.

Apenas transcurrido medio año desde entonces, y a pocas fechas de las elecciones autonómicas, el Servicio Territorial de Medio Ambiente de León, instado por la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, publicó el pasado 12 de febrero en el Boletín de la Provincia de León, sendas resoluciones de la Junta, firmadas por el Jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de León, Jesús Méndez Fernández, para dejar sin efecto la suspensión de los aprovechamientos cinegéticos y ganaderos en la totalidad de los terrenos afectados por los incendios del último verano.

Dicha suspensión, cuyo objetivo es permitir la recuperación de la cubierta vegetal, es automática, tiene una duración de 5 años y está regulada en el artículo 92 de la Ley de Montes de Castilla y León. No obstante, ese mismo artículo reconoce que dichas prohibiciones podrán ser levantadas “cuando se acredite la compatibilidad de los aprovechamientos con la regeneración del monte incendiado y con la restauración del hábitat y supervivencia de las especies de flora y fauna silvestre”. Sin embargo, la Junta no ha evaluado el impacto ambiental de los incendios, no ha estudiado su repercusión sobre las especies de flora y fauna, no ha elaborado planes de restauración y ni siquiera ha convocado al Consejo Regional de Medio Ambiente. Con argumentaciones carentes de cualquier rigor técnico se levantan las prohibiciones, sin distinción alguna en todo el territorio afectado, para todas las especies cinegéticas (incluidas las de caza menor), a todas las explotaciones ganaderas, y durante todo el periodo de los cinco años previstos en la Ley.

En sus recursos Bierzo Aire Limpio, Ecologistas en Acción y la Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica, ponen de manifiesto la falta de rigor en los argumentos esgrimidos por la Junta para aplicar las excepciones previstas en la Ley. Las resoluciones han ignorado el riesgo enorme de erosión de estas actividades en los terrenos quemados que, anegados y desestabilizados con las incesantes lluvias de este invierno, han perdido ya parte de su capacidad de regeneración. Ahora tocaría extremar las precauciones para evitar que ese deterioro vaya a más y se deberían, por tanto, mantener las suspensiones previstas en la Ley de Montes de Castilla y León. Además, levantar las prohibiciones en la totalidad de los montes quemados, sin tener en cuenta su régimen de protección o su ubicación en espacios de la Red Natura 2000 y/o parques regionales, nacionales o reservas de la biosfera, denota la total desvinculación de las resoluciones con la conservación del medio ambiente, a la que se debe tanto el Servicio Territorial de León como la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal.

Para terminar, recordar que los responsables tanto políticos como técnicos de estas resoluciones, tienen la obligación legal de restaurar los terrenos forestales incendiados y de recuperar el Patrimonio Natural afectado. Lejos de eso, en una burda maniobra electoral, pretenden priorizar los intereses de unos sectores muy concretos, en detrimento del bien común.

Por todo ello, las asociaciones ecologistas barajan la posibilidad de seguir la vía contencioso administrativa, incluso la vía penal por prevaricación ambiental contra los responsables políticos y técnicos, si se desestiman los recursos.

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Ante la cercanía de las elecciones autonómicas, Ecologistas en Acción hace un llamamiento a la ciudadanía y a las fuerzas políticas de Castilla y León para reflexionar sobre el modelo de sociedad que queremos construir. La organización, junto a otras entidades sociales, presentó el informe “Transición Ecosocial Justa en Castilla y León”, que subraya la urgencia de emprender un cambio de sistema que combine justicia social y sostenibilidad ambiental.

La ciudadanía ha comenzado a demandar con fuerza cambios profundos, como demuestran los numerosos procesos deliberativos y movimientos sociales recientes, incluyendo la iniciativa europea BEYOND GROWTH, la conferencia “Más allá del crecimiento” en España y diversos foros regionales como el desarrollado en Castilla y León. Estas iniciativas buscan sentar las bases de un pacto social post-crecimiento que atienda las crisis ecológicas y sociales actuales.

En este contexto, durante 2025 se elaboró de forma participativa, con las aportaciones de casi 300 personas, este informe que concluye que Castilla y León tiene unas condiciones favorables para una transición ecosocial justa, gracias a su territorio, recursos naturales y potencial de arraigo económico. Sin embargo, lograrlo requiere transformaciones profundas en todos los aspectos de la vida: social, económica, cultural y ambiental. Entre las propuestas clave a considerar para estas elecciones destacan:

1. Garantizar políticas públicas sociales inmediatas: vivienda, sanidad, servicios sociales y transporte público accesible.
2. Reconciliarse con el territorio y restaurar los ecosistemas mediante planificación, gestión forestal y renaturalización de municipios.
3. Construir nuevas formas de gobernanza que incluyan a la ciudadanía en la toma de decisiones.
4. Promover la educación ecosocial para generar conciencia y participación.
5. Fortalecer comunidades y redes colectivas locales.
6. Redistribuir la riqueza y el poder de forma equitativa para financiar servicios públicos esenciales.
7. Desarrollar oportunidades en el medio rural y reforzar el vínculo campo-ciudad.
8. Impulsar la transición agroecológica y la soberanía alimentaria.
9. Planificar la reconversión industrial con criterios ecosociales.
10. Avanzar hacia un modelo energético distribuido, democrático y participativo.

Ecologistas en Acción hace un llamamiento a partidos y candidaturas para que integren estas prioridades y a la ciudadanía para que las tenga en cuenta a la hora de decidir su voto. “No podemos posponer más la acción; la transición ecosocial justa no es una opción, es una necesidad urgente”, subraya la organización.

La reflexión preelectoral propuesta invita a considerar no solo el presente, sino también el futuro que queremos para nuestras ciudades, pueblos y para el territorio en su conjunto, con justicia social y respeto a los límites del planeta. “Castilla y León debe y puede afrontar un cambio que reconcilie el bienestar humano con la salud de los ecosistemas, pero solo si asumimos colectivamente este desafío”.

informe de Transición Ecológica y Social Justa para Castilla y León >
 

 

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Un grupo de organizaciones sociales, ambientales y políticas de Castilla y León presentaron una carta abierta al Presidente y al Consejero de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, así como a los diversos grupos políticos, reclamando la adopción de medidas urgentes y estructurales para hacer frente a los incendios forestales y a los efectos de la crisis climática en la región.

En la misiva, las entidades recuerdan a las personas afectadas por la ola de incendios que el verano pasado arrasó más de 164.000 hectáreas en la comunidad, con 1.200 incendios registrados desde agosto, según datos del Sistema de Información de Incendios Forestales de la Comisión Europea (Copernicus). La carta subraya que la crisis climática agrava la frecuencia, intensidad y destructividad de los incendios, y cita las proyecciones de la ONU, que anticipan un aumento de los incendios extremos de 14 % para 2030, 30 % para 2050 y 50 % a final de siglo.

Las organizaciones recuerdan que los incendios no solo son un problema ambiental, sino también de derechos humanos, afectando al derecho a la vida, la salud, la vivienda y los medios de vida de las comunidades afectadas.

Por eso, destacan diversas medidas para que los partidos políticos tomen en cuenta:

• Prevención: incluir una gestión forestal adaptada al cambio climático, campañas de concienciación ciudadana, y dignificación del trabajo de los equipos de extinción. Además, garantizar una planificación territorial que tenga en cuenta el riesgo de incendios y reforzar la investigación para conocer mejor sus causas.
• Recuperación y formación: fortalecer el operativo y los sistemas de alerta y comunicación en emergencias, implementar planes de recuperación para las zonas quemadas, controlar la erosión y la contaminación, y proporcionar ayudas a las víctimas. De la misma forma, es necesario fomentar la sensibilización ciudadana y ofrecer formación escolar sobre prevención, autoprotección y actuación en caso de incendio.
• Otras recomendaciones: realizar evaluaciones de daños, estabilizar el suelo y proteger cauces y embalses. Planificar la recuperación postincendio para aumentar la resiliencia del territorio y actualizar la Estrategia Regional Contra el Cambio Climático.

Las organizaciones instan a los futuros representantes de la comunidad a traducir estas medidas en acciones concretas y ofrecen su disposición para reuniones y colaboración técnica.

Firmantes:
Amnistía Internacional, Asociación Vecinos La Calle, CRIOSANABRIA, Ecologistas en Acción Castilla y León, Intersindical de Castilla y León, Stop Macrogranja Fuentemolinos, Partido Comunista de España, Podemos Castilla y León.

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• El pasado 28 de febrero, la Casa del Medioambiente de Valladolid acogió la primera sesión del Curso de Ecología Social organizado por Ecologistas en Acción Castilla y León, una iniciativa dirigida a jóvenes interesadas e interesados en comprender y afrontar la actual crisis ecosocial desde una perspectiva colectiva y transformadora.

Bajo el título “Esto está que arde: de lo global a lo local”, la jornada abordó las múltiples dimensiones de la crisis climática, energética y social, así como las estrategias de resistencia y resiliencia que ya se están impulsando desde el activismo y los movimientos sociales.

La sesión contó con presentaciones de Fridays for Future, Ecolojóvenes y GEEDS, quienes compartieron experiencias y reflexiones sobre la necesidad de fortalecer la organización colectiva frente a la ecoansiedad, la desinformación y el aumento de las desigualdades.

El encuentro combinó exposiciones, debate y trabajo participativo, generando un espacio de intercambio en el que las personas asistentes pudieron analizar la conexión entre los desafíos globales y la realidad de Castilla y León, así como explorar herramientas para impulsar cambios desde lo local.

El Curso de Ecología Social continuará en las próximas semanas con nuevas sesiones centradas en la transición ecosocial, el ecofeminismo, las herramientas jurídicas para la defensa del medioambiente y la comunicación transformadora.

Las personas jóvenes que aún deseen inscribirse están a tiempo de hacerlo a través del siguiente enlace para las dos sesiones restantes ( 7 y 14/15  de marzo):
https://www.ecologistasenaccion.org/evento/valladolid-curso-de-ecologia-social/

Con esta formación, Ecologistas en Acción apuesta por reforzar el compromiso juvenil con la justicia climática y social, promoviendo el paso de la preocupación individual a la acción colectiva organizada.

 

 

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