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AnteayerSalida Principal

Los Reyes Magos le siguen trayendo carbón al alcalde por su gestión medioambiental en la ciudad

Mientras otras ciudades de nuestro entorno han iniciado, no sin grandes esfuerzos, proyectos de gran trascendencia, como medidas contra el cambio climático, movilidad urbana o economía circular, en El Puerto los recursos económicos y humanos se malgastan en fiestas y cabalgatas o en asesores y altos cargos de confianza, algunos como el de Coordinador General del Ayuntamiento hecho a medida para Antonio Caraballo, persona con un negro historial en el área de Medio Ambiente; unos gastos innecesarios en un ayuntamiento con gran déficit de personal y recursos técnicos y materiales.

Aspectos como el diseño de un planeamiento urbanístico sostenible (esperemos que el nuevo Plan General de Ordenación Municipal, actualmente en redacción, cubra las expectativas), la instalación del quinto contenedor marrón solo para residuos orgánicos; la mejora de la movilidad facilitando los desplazamientos a pie, en bici o en transporte público; la instauración de Zonas de Bajas Emisiones, la elaboración de un Plan Municipal contra el Cambio Climático, el desarrollo de un modelo turístico sostenible, la gestión del arbolado urbano, o la mejora de la depuración de las aguas residuales, siguen sin abordarse adecuadamente, anteponiendo asuntos de mucha menor trascendencia y relevancia a los que se le dedican mayores esfuerzos y recursos.

Y a ello hay que sumarle un Equipo de Gobierno caracterizado por su falta de transparencia, participación y diálogo, elementos fundamentales que como institución pública le deberían caracterizar y que son el motor del desarrollo democrático de una sociedad. Prueba de ello es que a las innumerables peticiones de Ecologistas en Acción de reunión para abordar estos y otros temas y evitar conflictos innecesarios, el Alcalde, Germán Beardo, las ha rechazado porque “No existe norma legal que obligue a mantener reuniones con los interesados”, excusa inadmisible de un máximo dirigente municipal. Un claro ejemplo de la falta de diálogo y transparencia que caracteriza a este ayuntamiento, y que por ello en numerosas ocasiones Ecologistas en Acción tiene que acudir al Defensor del Pueblo Andaluz y al Consejo de Transparencia de Andalucía ante la falta de respuesta a nuestras peticiones, obligándoles a facilitar la información requerida.

Una muestra más del desprecio a la participación ciudadana es ignorar sus propios cauces establecidos para ello. Así, el Consejo Municipal de Sostenibilidad y Medio Ambiente, como órgano consultivo y de participación de la ciudadanía, colectivos y entidades en la gestión municipal, no se reúne desde 2022 (su periodicidad debe ser semestralmente), y cuando lo hace, apenas si se abordan de forma rigurosa cuestiones de interés y necesidad para la ciudad, dedicándose mayor tiempo a asuntos menores y discusiones estériles; lo mismo ocurre con el Consejo de Participación Ciudadana y con el resto de los Consejos Sectoriales.

Ante esta falta de voluntad política, desidia y falta de diálogo que han demostrado sobradamente, nos obliga a la ciudadanía a seguir denunciando hechos que deberían ser objeto de la acción por los organismos públicos. Y desde Ecologistas en Acción de El Puerto, como desde otras asociaciones sociales y vecinales de la ciudad, en 2025 hemos continuado luchando por un modelo de ciudad más sostenible, social, plural y participativa, en defensa del medio ambiente, los derechos humanos y los servicios públicos.

El saco de carbón dejado por los Reyes Magos es por el desprecio de Germán Beardo y su Equipo de Gobierno a las leyes y normas ambientales, que está dejando a El Puerto a la cola de nuestras ciudades vecinas.

Carbón porque sigue sin adoptar medidas para mitigar los efectos del cambio climático en la ciudad. Así, el ayuntamiento sigue sin implantar Zonas de Bajas Emisiones, obligatorias desde junio de 2024, ni disponer de un Plan Municipal contra el Cambio Climático, que debería estar desde octubre de 2022. Además de despreciar al arbolado urbano como elemento fundamental en la disminución de la temperatura en nuestras calles, plazas y avenidas, tratándolos más como parte del mobiliario urbano, y todo por la política arboricida instaurada en el área de Medio Ambiente desde hace décadas, con alcorques vacíos o sellados, falta de reposición, podas abusivas o cortas sin justificación.

Carbón porque aún no se ha instalado el quinto contenedor marrón para la recogida separada de la fracción orgánica o biorresiduo, obligatorio desde julio de 2022 (el nuevo contrato de recogida de residuos urbanos contempla su instalación a partir de 2026), ni de campañas de concienciación ciudadana para su correcto uso.

La adopción de medidas para luchar contra el cambio climático en nuestra ciudad y la economía circular, son dos retos locales de futuro a los que nos enfrentamos y que no parecen de interés para este ayuntamiento.

Carbón porque han continuado las construcciones ilegales en nuestro término municipal. La falta de un Plan de Inspección Urbanística y la sensación de impunidad que percibe la ciudadanía, hacen que continúe esta lacra para el ordenamiento urbano. A ello hay que sumar la venta del patrimonio público portuense con la subasta de la finca municipal de las cuevas-cantera en la sierra de San Cristóbal declaradas Bien de Interés Cultural y que debería formar parte de un futuro parque arqueológico.

Carbón por el estado de muchos caminos de diseminados rurales y espacios públicos, llenos de residuos, escombros o enseres domésticos por el incivismo de algunas personas y la falta de un plan de limpieza por el ayuntamiento.

Carbón por el inicio de las obras en el bosque del Rancho Linares, una de las zonas forestales de mayor biodiversidad y calidad paisajística de El Puerto, y ello a pesar de las numerosas irregularidades que rodea todo el procedimiento.

Carbón porque un año más han continuado los ruidos procedentes de los chiringuitos de La Calita en Puerto Sherry, que pese a tener solo licencias para quioscos-bar desmontables y con música en pequeño formato, siguen operando como discotecas ante la total inacción del ayuntamiento.

Carbón porque continúan los vertidos de aguas insuficientemente depuradas a la Bahía de Cádiz desde la EDAR Las Galeras (las analíticas que realiza la Junta de Andalucía siguen detectando un generalizado incumplimiento de los parámetros legales de depuración).

Carbón por seguir apostando por un modelo turístico del que huyen ciudades que ya lo padecieron; un modelo basado en el ruido, la suciedad y el incivismo y que provoca turismofobia en la población local.

Carbón por la falta de implicación e impulso decidido del ayuntamiento de varios proyectos de movilidad sostenible tan largamente demandados, como el tramo de la Vía Verde Entre Ríos entre El Puerto y Rota, el sendero fluvial del río Guadalete entre El Puerto y Jerez o el sendero litoral entre Vistahermosa y La Calita, además de la falta de diseño, mantenimiento e interconexión de la red de carriles-bici.

Y carbón por el retroceso en las políticas de protección y apoyo a las personas más vulnerables y desfavorecidas, sin hogar o migrantes.

Esperemos que 2026 sea un año que nos traiga mejoras para el medio ambiente de la ciudad para que los Reyes Magos dejen de traer tanto carbón al Alcalde y su Equipo de Gobierno.

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Balance ambiental de 2025 en nuestra localidad: Adiós a la Democracia participativa

8 Enero 2026 at 07:33
Por: Sanlúcar

  • El gobierno local se empeña en suspender en Medio Ambiente.
  • Lo más negativo del balance del año 2025 es la decisión del gobierno de IU de acabar con la transparencia y la democracia participativa. Prueba de ello es que el Consejo Asesor Municipal de Medio Ambiente (CAMMA) no ha celebrado ninguna reunión en todo el año y que los proyectos de la Zona de Bajas Emisiones y del Plan Municipal frente al Cambio Climático han sido llevados a Pleno sin procesos participativos y sin pasar por el CAMMA.
  • Otro hecho muy negativo han sido los vertidos de aguas residuales sin depurar que han asolado al litoral como no se veía desde hace una década. Como hecho positivo y novedoso citamos unas jornadas de gran interés ambiental: una en junio sobre el tren de la Costa Noroeste y las otras en septiembre sobre arbolado urbano, parques y jardines.

Información y participación ciudadana

Desde Ecologistas en Acción hemos solicitado durante el año 2025 al Ayuntamiento documentación sobre depuración de aguas residuales (Declaración Anual de Vertido de 2024 y otros documentos), el nuevo contrato para la recogida separada de la materia orgánica y el plan municipal para la poda del arbolado urbano. No hemos recibido ni los documentos solicitados ni explicación por ello. En mayo, cuando el Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda publicó que se iba a elaborar el Plan Municipal frente al Cambio Climático, solicitamos, en vano, que se iniciara un proceso participativo. En julio, presentamos sugerencias al proyecto de Zona de Bajas Emisiones y su Ordenanza sin respuesta.

El Consejo Asesor Municipal de Medio Ambiente debería reglamentariamente convocarse cada 2 meses. Sin embargo, lleva 16 meses sin reunirse (ninguna en 2025), mientras se elaboran y tramitan planes y proyectos ambientales claves para el municipio sobre movilidad, residuos, cambio climático y espacios naturales; que deberían obligatoriamente pasar por dicho CAMMA y en los que Sanlúcar acumula un retraso inadmisible.

Proyecto de Zona de Bajas Emisiones

Este proyecto se expuso en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Sanlúcar el 11 de junio de 2025. Esto es una novedad positiva a diferencia de lo que ha ocurrido con el Plan de Cambio Climático. Sin embargo, no habido un proceso de participación ciudadana durante su elaboración. Tampoco ha pasado por el CAMMA como es preceptivo.

Ecologistas en Acción envió una serie de alegaciones o sugerencias al proyecto que no han tenido contestación. La mayor parte iban encaminadas a promover el cambio de gran parte de los viajes en coche a los modos más sostenibles de movilidad: a pie, bicicleta y transporte público.

Por otra parte, el proyecto llega con un retraso de casi tres años respecto al plazo legal admisible (antes de 2023). Dicho proyecto fue llevado a Pleno de Ayuntamiento en el mes de septiembre siendo rechazado tanto por el PSOE como por el PP. Los dos grupos argumentaron la falta de participación y discusión previa. En el caso del PSOE también la falta de una memoria económica vinculante tal como se indica en la alegación n.º 24 de Ecologistas en Acción.

Plan Municipal frente Cambio Climático

Por fin se ha elaborado el Plan al que obliga la Ley andaluza de CC de 2018. Esto debería ser una buena noticia que queda empañada por 3 motivos:

1) La ausencia absoluta de transparencia y participación política y ciudadana en el proceso de elaboración y seguimiento, lo que ha hecho que tanto PSOE como PP lo hayan rechazado en el Pleno de noviembre de 2025.

2) Llega con 3 años de retraso sobre la fecha límite que marcaba la Ley andaluza de Cambio Climático: antes del 21 de octubre de 2022, teniendo un periodo de realización hasta el 2030.

3) Por la baja calidad científico-técnica del documento. Los datos de emisiones de CO2 están poco actualizados, llegando solo a 2021. Los compromisos de reducción de emisiones para 2030 están trucados y son ridículos ya que toman como año de referencia 2005 (máximo histórico de emisiones en España). Los cálculos deben hacerse en relación a 1990 (con emisiones un 80 % menores que las de 2005), como establecen tanto el IPCC (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático) como el Acuerdo de París. Los compromisos de financiación son también muy limitados y hay una ausencia clamorosa de priorización en las medidas a aplicar. Falta un calendario de ejecución riguroso, participado, financiado y con prioridades claras.

Tasa municipal de basura y nuevo Contrato para la recogida separada de la materia orgánica (biorresiduos)

En enero de 2025 el gobierno, previa modificación de las ordenanzas fiscales, subió la tasa de basura en un 50 % aproximadamente. ¿A qué se debe esta notable y polémica subida? Pensamos que al incumplimiento por parte de los gobiernos locales de la Ley 7/2022 de residuos durante los últimos 3 años y medio. La ley establece, entre otras, las siguientes obligaciones:

– La recogida separada de la materia orgánica (biorresiduos, que representan en promedio un 40 % en peso de la basura doméstica), desde el 1 de julio de 2022.

– Disponer de una tasa o, en su caso, una prestación patrimonial de carácter público no tributaria, diferenciada y específica para los residuos, tasa que debe tender hacia el pago por generación. Ello implica la elaboración de nuevas ordenanzas fiscales, en las que la tasa cubra todos los costes de la gestión correcta de los residuos.

– El pago (por los ayuntamientos) de un nuevo impuesto por vertido (depósito en vertedero), de 40 € la tonelada de los residuos que no hayan sido recogidos separadamente, de forma que las tasas alcancen precios disuasorios para la eliminación de residuos (depósito en vertedero).

El Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda sigue sin realizar la recogida separada de la materia orgánica (aproximadamente un 40 % del peso de los residuos urbanos). Toda esa basura se recoge mezclada con otras fracciones diversas en el contenedor de resto y desde el inicio de 2023 paga el impuesto-multa de vertido que estimamos en unos 800.000 €/año. Este sobrecoste puede ser la causa de la subida del 50 % de la tasa de la basura.

Desde 2022 Ecologistas en Acción viene denunciando el incumplimiento de la Ley de Residuos en Sanlúcar. Ahora, cuando los costes se hacen evidentes, el gobierno local está reaccionando. En diciembre de 2025 el Ayuntamiento ha anunciado la firma con una empresa un nuevo contrato de 4 años de duración para iniciar la recogida separada de la materia orgánica. Este hecho puede suponer privatizar en gran parte el servicio de recogida y transporte de basura y por tanto encarecerlo.

Vertidos de aguas residuales y amenazas de vertidos mineros

2025 ha sido el año más lluvioso desde al menos 2020 (670 litros/m2). Eso ha provocado 24 grandes episodios de vertidos a la playa de los aliviaderos y arroyos, y al litoral a través de la depuradora.

La novedad negativa durante 2024 y sobre todo 2025 han sido los numerosos vertidos en periodos sin lluvias: Aliviaderos de Calzada de la Infanta y Cabo Noval en noviembre de 2024; Arroyo del Salto del Grillo a lo largo de 8 meses (de octubre a abril y desde noviembre a diciembre de 2025); aliviadero de Bonanza durante 4 meses (entre marzo y junio de 2025) y pozo de alcantarillado en las Piletas (entre octubre y noviembre de 2025). Especialmente intensos han sido los vertidos a la playa de Bonanza que han provocado la contaminación microbiológica señalada por la Consejería de Salud en su Informe de Semana Santa de 2025. Ecologistas hemos denunciado ante el Seprona estos vertidos en 3 ocasiones durante 2025.

El proyecto de la nueva depuradora se terminó de redactar en junio y sigue sin hacerse público.

Durante 2025 la Junta de Andalucía ha concedido el permiso definitivo a la mina de Aznalcóllar para verter durante 17 años al Guadalquivir a la altura de Sevilla un enorme volumen de agua con metales pesados. La mina de Cobre las Cruces ya tiene los permisos para verter casi al mismo lugar durante 14 años. Entre las dos podrían verter 120 millones de metros cúbicos si la movilización popular no lo remedia.

Espacios Naturales

El gobierno sigue incumpliendo su compromiso de proteger ambientalmente al pinar de la Dinamita solicitando su declaración como parque periurbano. Tampoco ha llevado a cabo las dos medidas prácticas que hemos sugerido desde ecologistas: colocar una valla en los límites que impida el paso a los vehículos motorizados y poner algún tipo de vigilancia en la zona.

Respecto a las lagunas de Bonanza, deben recuperarse las zonas usurpadas de las 3 lagunas protegidas que denunciamos en 2023, eliminar las naves de la laguna de Alfredo Barragán, restaurarse sus orillas y vegetación; y retirar la tierra roja vertida en la laguna del Faro. También deben precisarse los límites legales de las parcelas de las lagunas (deslinde).

El pinar de la Algaida (incluido en el Espacio Natural de Doñana) de propiedad municipal sufre cada año el impacto de la tala de cientos de pinos de gran porte y destrucción de matorral con maquinaria pesada ( incluyendo especies protegidas). A ello se suma la sobrexplotación ganadera en el margen oeste del pinar, una zona frágil de gran valor ecológico.

La campaña de voluntariado “Salvemos el Chorlitejo patinegro” cumple ya 5 años. En la campaña de 2025 se han localizado 26 nidos (11 en la playa de Las Piletas y 15 en la playa de la Jara). Con respecto al año pasado se ha reducido el número de pérdidas de nidadas (nidos pisoteados, mareas vivas, destrucción de las vallas protectoras…) que se suma a muy pocas segundas puestas.

Prosigue la labor del grupo de naturalistas (BioSanlúcar) que están realizando un inventario de la biodiversidad de nuestro término municipal y que ya han identificado a 1000 especies.

Ecologistas en Acción acabamos el año celebrando la tradicional campaña de reforestación del Día de la Bellota en el pinar de la Dinamita.

Arbolado urbano, parques y jardines

En septiembre, Ecologistas en Acción llevó a cabo, durante nueve días consecutivos, unas jornadas -dirigidas a toda la ciudadanía- de información y sensibilización hacia la conservación y protección del arbolado urbano y periurbano bajo el lema “Árboles Ciudadanos Conocer para Cuidar”. Se realizaron conferencias de diversos temas, visitas guiadas con expertos y biólogos a parques y jardines emblemáticos para valorar el patrimonio verde, se invitó a la ciudadanía a realizar el censo de un parque y, como no podía ser de otra manera, las compañeras y compañeros de Ecologistas en Acción de Sanlúcar realizamos un acto de homenaje a nuestro compañero Alfredo Barragán fallecido en 2015, recordándolo con emoción pues sigue estando muy presente en nuestra memoria.

Las jornadas tuvieron una gran acogida y asistencia por parte de la población que no dudó en calificarlas de motivadoras y necesarias. Quizás lo más relevante de las mismas fue la propuesta por parte de los asistentes a los diferentes actos de la creación de una Plataforma Ciudadana por la Conservación, Cuidado y Ampliación del arbolado urbano y periurbano.

Dicha Plataforma se constituyó el 4 de diciembre de 2025 y está empezando su andadura habiendo tenido ya una acción de protesta con una concentración contra las podas indiscriminadas y severas – descopado y terciado – de varias moreras urbanas.

Esta plataforma reivindica entre otras cosas el cese de las malas prácticas al arbolado urbano. Que se elabore una ordenanza municipal que los proteja y conserve. Propone que se establezcan cauces de participación ciudadana y que se inicien los trámites para la ejecución de los proyectos de los grandes parques urbanos previstos en el PGOU (Plan General de Ordenación Urbana): Las Piletas, pinares y lagunas de Bonanza y Botánico, teniendo como meta final la renaturalización de la ciudad de Sanlúcar.

El resurgimiento de la Plataforma por el tren de la Costa Noroeste

En junio, la Plataforma organizó una jornada con dos excelentes conferencias sobre la historia del tren en Sanlúcar y el futuro del ferrocarril, y una mesa redonda de parlamentari@s sobre el proyecto del tren para nuestra comarca. En septiembre participó en la tradicional marcha urbana del Día sin coches y en octubre, dentro de la semana de lucha por el tren, organizó una concentración en Lebrija reivindicando la mejora del servicio de cercanías con Sevilla.

Plan Local para una Transición Ecológica Justa 2023

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Ecologistas en Acción presenta un estudio sobre la política climática europea en 2025

29 Diciembre 2025 at 09:00
Por: Clima

El informe ‘Cuando el lobby fósil rebaja la ciencia: desregulación y captura corporativa en el giro climático de la UE hacia 2040’ analiza la evolución de la normativa climática europea y el impacto de las leyes ómnibus aprobadas durante 2025.

Ecologistas en Acción presenta un informe sobre el giro de la política climática europea, que examina la evolución del marco normativo durante 2025 y sus implicaciones para el cumplimiento de los objetivos climáticos. El documento analiza la peligrosa desconexión entre la urgencia científica y el acuerdo final en la revisión de la estrategia a largo plazo de la Unión Europea. Este aborda los avances en el Pacto Verde Europeo del mandato 2019-2024, examinando la Legislación Europea sobre el Clima, el paquete ‘Fit for 55’, el Régimen de Comercio de Derechos de Emisión (ETS y ETS2), el Fondo Social para el Clima, el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono, el Reglamento de Reparto del Esfuerzo, y las Directivas de Energías Renovables y Eficiencia Energética.

El estudio los compara con el actual ciclo legislativo 2024-2029, marcado por el informe Draghi sobre el futuro de la competitividad europea, que “representa una continuidad con la ortodoxia económica de corte neoliberal” y “prioriza la reducción institucional y la desregulación de mercados, planteando riesgos significativos para la sostenibilidad ambiental”. Este giro fue formalizado en marzo de 2025 mediante la Declaración de Budapest, que prioriza la desregulación bajo el concepto de “simplificación”.

Resultado de ello, el informe documenta la aprobación durante 2025 de diez leyes ómnibus que modifican la normativa climática y ambiental. Estas leyes interrumpen durante dos años la obligación de presentar informes de sostenibilidad, paralizan el reglamento de Debida Diligencia, reducen controles en la Política Agraria Común, posponen obligaciones ambientales relacionadas con baterías, destinan ochocientos mil millones de euros a defensa y simplifican requisitos sobre sustancias tóxicas.

El estudio también analiza las recomendaciones del Comité Asesor Científico Europeo para el Cambio Climático, que proponían una reducción del noventa al noventa y cinco por ciento basada en la gestión de la demanda. Analiza cómo este informe ha sido diluido por sucesivas propuestas de la Comisión Europea terminado con la adopción política de un objetivo del noventa por ciento “lastrado por agujeros legislativos y mecanismos de flexibilidad”. Un riesgo cierto que podría empeorar en la revisión de los paquetes normativos anteriores, donde la Comisión Europea parece priorizar la simplificación normativa y los temas de competencia sobre el cumplimiento de los objetivos climáticos, planteando interrogantes sobre si el calendario permitirá “ajustarse precisamente a la actualización de todos los paquetes climáticos de la UE y los países miembros en 2029”.

Para el Estado español, esta revisión de los objetivos debe de modificar las normativas climáticas, particularmente los instrumentos recogidos en la ley 7/2021 de Cambio Climático y Transición Energética, asi como, de nuestro Plan Nacional Integrado de Clima y Energía. En ese camino el informe señala la posibilidad del gobierno de limitar la transposición de las medidas más lesivas, anteponiendo la integridad ambiental. Además podría incrementar sus objetivos tanto en reducción de emisiones, como de energía neta, en ese sentido, el informe recuerda que los criterios de justicia climática indican que, “como país del norte global con responsabilidad histórica, debería alcanzar la descarbonización de su economía en el año 2040, alcanzando en torno al noventa al noventa y cinco por ciento de reducción de las emisiones respecto al año base de 1990”.

El informe concluye que “sin una estrategia integral que anteponga la justicia social y la protección ambiental al interés empresarial y la lógica neoliberal, Estado español reproducirá el mismo sistema que nos ha llevado a la crisis climática actual, imposibilitando el cumplimiento real de sus compromisos y perpetuando impactos sociales y ambientales inasumibles”. Para avanzar en la lucha climática y responder a la urgencia es imperativo volver a las recomendaciones del Comité Asesor Científico en su integridad, priorizar la gestión de la demanda sobre soluciones tecnológicas de alto riesgo, eliminar el uso de créditos de carbono, garantizar la integridad climática estableciendo salvaguardas sobre los ecosistemas y las personas, y apostar por una transformación real, lejos de las lógicas que nos han traído a las crisis actuales.

 

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[Informe] A vueltas con el clima y la biodiversidad: una crítica ecologista

22 Diciembre 2025 at 09:30
Por: Clima

Los mecanismos de mercado no constituyen una solución a la crisis climática y ecológica. Frente a la necesidad de transformación energética y protección de la biodiversidad, los instrumentos basados en la lógica  mercantil han demostrado limitaciones estructurales que impiden los cambios necesarios y, en muchos casos, refuerzan el modelo productivo que ha generado el colapso ambiental.

Mercados de carbono

La experiencia de los mercados de carbono muestra serias deficiencias. Aunque el incremento del coste de la tonelada de carbono ha impulsado cambios en el sector eléctrico mediante la implantación de renovables,  los sectores de descarbonización compleja —acero, cerámica, cemento— siguen acumulando importantes cantidades de derechos de emisión sin planes claros de reconversión. El sistema presenta cuatro problemas  estructurales:

  • La falta de integridad es particularmente grave en los créditos voluntarios, donde agencias externas certifican compensaciones que frecuentemente no reflejan la realidad, incluyendo impactos positivos  inexistentes y ocultando violaciones de Derechos Humanos.
  • La competencia desigual favorece sistemáticamente a las grandes empresas con mayor capacidad económica o posiciones dominantes, dejando fuera a pequeños productores.
  • La concentración empresarial en sectores altamente emisores permite a las corporaciones manipular el sistema traspasando emisiones entre períodos e instalaciones, afectando gravemente a los trabajadores  mediante reducciones salariales y despidos.
  • La deslocalización productiva hacia países con menores restricciones ambientales se convierte en estrategia empresarial habitual.

Desde Ecologistas en Acción consideramos necesario sustituir los mecanismos de mercado por instrumentos de planificación pública como una financiación climática justa: presupuestos de carbono sectoriales con  criterios de justicia social y ambiental. Esto nos permitiría avanzar en una planificación realista y vinculante que determine qué sectores requieren conversión y cuáles deben cerrar, con horizontes claros y recursos  garantizados, compatibilizando la conservación integral de ecosistemas.

Créditos de naturaleza: requisitos mínimos para una normativa peligrosa

La biodiversidad no debería someterse a la lógica mercantil. El mercado no puede valorar aspectos como las funciones de los ecosistemas, que son elementos fundamentales para la trama de la vida. Además, la  experiencia de sistemas equivalentes en otros países es que la viabilidad económica pasa por convertir los créditos en una herramienta de flexibilidad para la actividad económica. La intención última de los créditos  de naturaleza, por tanto, es impulsar las compensaciones de la destrucción de la biodiversidad, facilitando el desarrollo de proyectos destructivos con la vida.

Si pese a todo se pretende implementar créditos de naturaleza a nivel europeo o español, resultan imprescindibles estos requisitos:

  • Pre-requisitos financieros: Fondos públicos suficientes como prioridad. Eliminación rápida de los 34.000-48.000 millones de euros anuales en subsidios dañinos para la biodiversidad en la UE. Mantenimiento  y refuerzo de la legislación de protección.
  • Principios fundamentales: Precaución ante daños potenciales. Rectificación en el mismo territorio. Quien contamina paga y restaura, sin transferir responsabilidades privadas al sector público. No causar daños  significativos. Jerarquía de mitigación: primero evitar, luego minimizar, compensar sólo como última opción.
  • Salvaguardias esenciales: Los créditos no deberían ser negociables ni transferibles. Prohibición del comercio, manipulación genética, bioingeniería. Garantías contra el acaparamiento de tierras, privatización de espacios naturales, concentración de beneficios en grandes terratenientes. Localización de proyectos en la UE.

Las soluciones basadas en la naturaleza: entre la indefinición y el lavado verde

El concepto de “soluciones basadas en la naturaleza” presenta una indefinición problemática que facilita el lavado verde corporativo. La definición de la UICN, con términos vagos como “sostenibilidad” o “abordar  desafíos de manera eficaz”, permite que convivan proyectos de manejo ecosistémico participativo con plantaciones industrializadas y reservas forestales impuestas sobre territorios de pueblos originarios.

Como señala el Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales, el concepto fue formulado por grandes ONG conservacionistas para financiar Áreas Protegidas, partiendo de la premisa cuestionable de que la  naturaleza se conserva mejor sin personas, lo que permite a la industria de la conservación aumentar el control territorial.

Los proyectos corporativos ilustran estas limitaciones. Total plantea plantar 40.000 hectáreas en República del Congo para secuestrar 10 millones de toneladas de CO 2 en 20 años, un proyecto cuestionado por  organizaciones de la sociedad civil como potencial desastre ambiental y social. Repsol reduce las SBN a reforestación, renaturalización urbana, agricultura que promociona incorrectamente la bioenergía como  secuestro de emisiones, y restauración de humedales. Este reduccionismo simplifica ecosistemas complejos a meras superficies forestales cuantificables.

Es fundamental garantizar el respeto a los pueblos originarios como el consentimiento: El consentimiento libre e informado debe ser obligatorio, no una “buena práctica”. También el conocimiento ancestral sobre  manejo ecosistémico debe integrarse efectivamente en la gobernanza de estos territorios.

Deforestación y TFFF: necesidad de ampliar protecciones

El Reglamento EUDR está bajo amenaza de nuevos recortes y retrasos por parte de las autoridades de la Unión Europea. A pesar de ser una de las herramientas legales más ambiciosas, se identifica la necesidad de  que la norma se amplíe a más materias primas (maíz, algodón), servicios financieros y ecosistemas (Cerrado, el Pantanal, el Chaco).

Respecto al Tropical Forest Forever Facility presentado por Brasil se valora como positivo el intento de implicar a los inversores privados en medidas que puedan contribuir a la conservación de la naturaleza y los  bosques tropicales en concreto. Sin embargo, persisten serias dudas metodológicas y señalamos el peligro de que un nuevo mecanismo de mercado pueda debilitar la regulación normativa más estricta y con ello la  protección de los bosques.

La promesa de destinar al menos 20% a Pueblos Indígenas y Comunidades Locales, es valorable, pero totalmente insuficiente.

Conclusión: planificación pública frente a mercantilización

La experiencia muestra que la lógica del mercado presenta importantes incompatibilidades con la protección del clima y la naturaleza. Desde Ecologistas en Acción proponemos avanzar hacia un modelo basado en  planificación pública, justicia social y ambiental, respeto a los pueblos originarios y financiación adecuada, priorizando el bien común sobre el beneficio privado. La regulación y el establecimiento de reglas claras y  obligaciones de protección de la naturaleza por parte de los organismos públicos no puede ser substituido, en ningún caso, por mecanismos de mercado que, si juegan algún papel, debe ser secundario y subsidiario, en todo caso complementaria a las garantías públicas y a los procesos de gestión comunitaria del medio natural.

 

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Ecologistas en Acción analiza los problemas de los mercados de carbono y biodiversidad como solución a la crisis climática

22 Diciembre 2025 at 09:30
Por: Clima
  • La organización presenta el informe ‘A vueltas con el clima y la biodiversidad: una crítica ecologista’ que cuestiona la eficacia de los mecanismos de mercado frente a la crisis global.
  • En el informe se señala que el sistema de créditos no valora aspectos como las funciones de los ecosistemas, elementos fundamentales para la trama de la vida.
  • Ecologistas en Acción propone avanzar sustituyendo los mecanismos de mercado por instrumentos de planificación.

Ecologistas en Acción publica el informe ‘A vueltas con el clima y la biodiversidad: una crítica ecologista’, un análisis crítico de las estrategias actuales sobre la crisis climática y ecológica, centrándose en los créditos de carbono, las soluciones basadas en la naturaleza y los créditos de naturaleza. La lógica del mercado presenta importantes incompatibilidades con la protección del clima y la naturaleza.

Ecologistas en Acción propone avanzar sustituyendo los mecanismos de mercado por instrumentos de planificación pública como presupuestos de carbono sectoriales con criterios de justicia social y ambiental, que determinen qué sectores requieren conversión y cuáles deben cerrar, con horizontes claros y recursos garantizados. Para la organización la regulación y obligaciones de protección por parte de los organismos públicos no puede ser sustituido por mecanismos de mercado que, si juegan algún papel, debe ser secundario y complementario a las garantías públicas y a los procesos de gestión comunitaria del medio natural.

Los mercados de carbono: serias deficiencias estructurales

El informe evidencia que, aunque el incremento del coste de la tonelada de carbono ha impulsado cambios en el sector eléctrico mediante la implantación de renovables, los sectores de descarbonización compleja –acero, cerámica, cemento– siguen acumulando importantes cantidades de derechos de emisión sin planes claros de reconversión.

El sistema presenta cuatro problemas estructurales: la falta de integridad es particularmente grave en los créditos voluntarios, donde agencias externas certifican compensaciones que frecuentemente no reflejan la realidad, incluyendo impactos positivos inexistentes y ocultando violaciones de Derechos Humanos. La competencia desigual favorece sistemáticamente a las grandes empresas, dejando fuera a pequeños productores. La concentración empresarial permite manipular el sistema traspasando emisiones entre períodos e instalaciones, afectando gravemente a los trabajadores mediante reducciones salariales y despidos. La deslocalización productiva hacia países con menores restricciones ambientales se convierte en estrategia empresarial habitual.

Créditos de naturaleza: una normativa peligrosa

La biodiversidad no debería someterse a la lógica mercantil. El mercado no puede valorar aspectos como las funciones de los ecosistemas, elementos fundamentales para la trama de la vida. La intención última de los créditos de naturaleza es impulsar las compensaciones por la destrucción de la biodiversidad, facilitando el desarrollo de proyectos destructivos.

Si se implementan créditos de naturaleza, resultan imprescindibles: fondos públicos suficientes como prioridad, eliminación de los 34.000-48.000 millones de euros anuales en subsidios dañinos para la biodiversidad en la UE, jerarquía de mitigación (primero evitar, luego minimizar, compensar solo como última opción), que los créditos no sean negociables ni transferibles, y garantías contra el acaparamiento de tierras y privatización de espacios naturales.

A ello se suman las amenazas al Reglamento EUDR está bajo amenaza de nuevas normativas ómnibus por parte de la UE. Las recientes noticias de paralización de medidas de debida diligencia e información ambiental minan la integridad de la normativa ambiental. En lugar de ello, la organización ecologista señala la necesidad de ampliarlo a más materias primas (maíz, algodón), servicios financieros y ecosistemas (Cerrado, Pantanal, Chaco).

Soluciones basadas en la naturaleza: indefinición y lavado verde

El concepto de “soluciones basadas en la naturaleza” presenta una indefinición problemática que facilita el lavado verde corporativo. La definición de la UICN, con términos vagos, permite que convivan proyectos de manejo ecosistémico participativo con plantaciones industrializadas y reservas forestales impuestas sobre territorios de pueblos originarios.

Los proyectos corporativos ilustran estas limitaciones. Total plantea plantar 40.000 hectáreas en República del Congo, cuestionado por organizaciones como potencial desastre ambiental y social. Repsol reduce las SBN a reforestación y agricultura que promociona incorrectamente la bioenergía como secuestro de emisiones. Este reduccionismo simplifica ecosistemas complejos a meras superficies forestales cuantificables.

Es fundamental garantizar el respeto a los pueblos originarios: el consentimiento libre e informado debe ser obligatorio, no una “buena práctica”, y el conocimiento ancestral sobre manejo ecosistémico debe integrarse efectivamente en la gobernanza de estos territorios.

 

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