No ha habido sorpresas en la urnas. El PP ha vuelto a ganar las elecciones de Aragón y necesitará otra vez el apoyo de Vox para gobernar. La diferencia ahora, con respecto a 2023, es que el PP, más debilitado, tendrá que lidiar con un Vox más fortalecido. Tanto, que el partido de ultraderecha ha doblado sus resultados de hace tres años. La otra gran diferencia es el estado del PSOE, que ha perdido aún más fuerza de la que ya perdió entonces y baja a los niveles de 2015.
Con el 98,6% escrutado, el PP ha obtenido 26 escaños, dos menos que en 2023; el PSOE se queda en 18, cinco menos que hace tres años; Vox gana siete diputados y escala hasta los 14; Chunta Aragonesista (CHA) también dobla: de tres a seis escaños.
Teruel Existe ha perdido uno de sus tres diputados; y IU-Movimiento Sumar mantendrá el escaño que tiene. Podemos-Alianza Verde y el PAR se quedan sin el único diputado que tenían. Y Se Acabó La Fiesta, que era la primera vez que se presentaba, no ha obtenido representación.
Elegir es renunciar. Esta frase resume bien lo que supone tomar decisiones y, más aún, cuando se trata de dilemas importantes que entroncan directamente con los valores que nos sustentan como personas y, en el caso de La Marea y Climática, como cooperativa y como medio de comunicación.
Entre nuestros principios editoriales destaca la independencia: de los poderes políticos, económicos y, de unos años a esta parte, hablamos también aquí de los espacios que se eligen para comunicar. No descubrimos nada si decimos que, en el mundo de ahora, esos espacios están en manos de unos pocos «señores tecnofeudales». Y no es la primera vez que nos enfrentamos a esta situación: nos fuimos, por ejemplo, de Twitter (o X) y de Meta (Facebook, Instagram y WhatsApp).
En las últimas horas, la actualidad ha vuelto a poner sobre la mesa una cuestión: ¿es Telegram un espacio «independiente» cuando su fundador lo usa para mandar un mensaje masivo a sus usuarios con una clara intencionalidad de influir en su opinión política?
Ante esta injerencia, la respuesta de la redacción y el Consejo Rector de la cooperativa editora ha sido intentar ser coherentes. Por ello, tanto en La Marea como en Climática hemos dejado de publicar en Telegram.
No os vamos a mentir: no es una senda sencilla. Y es, además, una vereda poco explorada que trazamos con cada paso. Pero sabemos que nuestro lugar es este, la página web que estás leyendo ahora mismo. Por ello, te invitamos a buscarnos directamente en lamarea.com. También te animamos a inscribirte de forma gratuita a nuestra newsletter semanal. Nuestra casa, nuestro espacio, está siempre abierto para ti.
“Israel continúa con su política institucionalizada y sistémica de torturas y abusos hacia los presos palestinos, aprobada y respaldada por el sistema político, judicial, mediático y, por supuesto, por las autoridades carcelarias, que se jactan abiertamente de las condiciones en las que estas personas son retenidas”. Es la principal conclusión del nuevo informe elaborado por B’Tselem, el Centro de Información Israelí sobre Derechos Humanos en los Territorios Ocupados.
Titulado Infierno en vida, se trata de la continuación de un estudio publicado por el colectivo en agosto de 2024 –Bienvenidos al infierno–, en el que la organización proporciona cifras actualizadas y nuevos testimonios de 21 palestinos liberados de prisiones israelíes en los últimos meses. Además, incluye datos de otras organizaciones israelíes e internacionales de derechos humanos.
La información actualizada indica que las cárceles israelíes siguen funcionando como una red de campos de tortura para palestinos, con abusos sistemáticos aún más extendidos que antes: esto incluye abusos físicos y psicológicos, condiciones inhumanas, inanición deliberada y negación de atención médica, lo que ha provocado numerosas muertes.
Algunos testigos, según recoge el estudio, también describieron haber sufrido o presenciado violencia y abusos sexuales, que, avisa el documento, pueden herir cualquier sensibilidad: desde electroshocks a penetración de diferentes objetos y ataques de perros. “La transformación de las cárceles en una red de campos de tortura forma parte de la ofensiva coordinada del régimen israelí contra la sociedad palestina, cuyo objetivo es desmantelar el colectivo palestino”, insiste la organización israelí.
Según los datos recopilados, desde octubre de 2023 hasta diciembre de 2025, 85 palestinos, incluido un menor, murieron en cárceles o centros de detención israelíes. Además, algunos testimonios aportados al Comité contra la Tortura de la ONU indican abusos sexuales a menores.
A partir de septiembre de 2025, 350 menores fueron capturados por Israel. El 74% de ellos, según el documento, sufrieron violencia, el 26% fue interrogado bajo condiciones de presión y el 21% fue aislado durante dos días o más. Los abusos incluyen humillaciones verbales y psicológicas, que van mermando, a su vez, el estado físico de estas personas. «Ellos me decían que habían matado a mi familia entera. Yo me quería morir», recoge uno de los testimonios.
En el caso de la muerte documentada del menor, de 17 años, se atribuye al hambre y la denegación de tratamientomédico.
Mientras cerrábamos el número 110 de la revista de La Marea, la policía migratoria de Donald Trump tiroteó al enfermero Alex Pretti en Minneapolis. Unos días antes, el ICE había matado ya a Renée Good. Las acciones del presidente de EE. UU. y la inacción de la comunidad internacional están dejando sin palabras a una sociedad que, paradójicamente, mira cada vez más a los líderes ultras. Lo hemos visto en Chile recientemente o, más cerca aún, en Portugal. En España, Ayuso se mueve con soltura y las encuestas pronostican también una amplia subida de Vox. Lo peor es que no es nuevo –ya buscamos en estas mismas páginas hace diez años antídotos de izquierdas–. Y lo aún peor es que va a más.
Ahí tenemos siempre al Carnaval de Cádiz cantando las mejores crónicas: «Mamá, perdóname, pero yo de mayor quiero ser un fascista». En el dossier de nuestra última revista (con portada de Candela Sierra, premio Nacional de Cómic 2025) tratamos de dar respuesta a todas estas cuestiones, qué lleva a la clase obrera a votar políticas en contra de sus propios intereses. ¿Por qué hay cada vez más obreros de derechas o, como dice el pasodoble de Los hijos de Cádiz, más fascistas modernos? Por un lado, en un reportaje firmado por Guillermo Martínez, contamos con los testimonios de trabajadores y trabajadoras forjados en la izquierda que han terminado virando su voto en los últimos tiempos hacia opciones como Vox. Y, por otro, con entrevistas y análisis de especialistas (Pablo Batalla, Patricia Simón, Sebastiaan Faber, Olivia Carballar, Jorge Dioni López, Barbara Celis, Antonio Avendaño…) que interpretan las causas más profundas del contexto global en el que estamos inmersos. La conciencia de clase ya no es un factor clave en la elección del voto, avisan. Y ridiculizarlos tampoco es la solución.
Y además…
En este número también nos hemos desplazado a la frontera entre Venezuela y Colombia para tomar el pulso a la doctrina Donroe, ese nuevo viejo orden impuesto desde la Casa Blanca y que sitúa a América Latina, con ánimos redoblados, como su «patio trasero».
Entrevistamos a Hernán Zin, cineasta y reportero con 20 años de experiencia en conflictos armados. Su última película, nominada al Goya, es el documental Todos somos Gaza. Es la segunda parte de Nacido en Gaza (2014) y en ella sigue los pasos, en mitad del genocidio, de tres de los niños (ya adultos) que aparecían en la primera entrega.
Fieles a nuestra agenda, seguimos cerca del Sáhara Occidental. En esta ocasión nos acercamos a una paradójica realidad: alejados de su mar y de uno de los bancos de pesca más importantes del mundo, el pueblo saharaui cría pescado fresco en una piscifactoría situada en mitad del desierto, cerca de los campamentos de personas refugiadas de Tinduf (Argelia).
Sin perder de vista la actualidad, tras el trágico accidente de Adamuz y el de Rodalies en Barcelona, ponemos el foco en el impacto que tiene el cambio climático sobre las infraestructuras dedicadas a la movilidad.
Por su parte, nuestro compañero Eduardo Robaina, coordinador de Climática, nos explica qué es y cómo nos afecta la calima, el polvo en suspensión procedente del desierto. En torno a este fenómeno meteorológico ha publicado un foto-libro con imágenes espectaculares.
Y Bob Pop nos presenta a Víctor, alguien verdaderamente fascinante: recoge ropa de la basura y la reutiliza, con un ojo excelente para combinar prendas y un discurso político muy potente contra la moda del usar y tirar.
Que no falte la cultura
Como siempre, llevamos temas muy interesantes en nuestra sección cultural, El Periscopio, que en esta ocasión cuenta con una preciosa portada diseñada por Sara Betula (sí, ahora que abundan las ilustraciones instantáneas generadas por IA, nosotras seguimos apostando, más que nunca, por las manos humanas).
Entrevistamos a la canadiense Sophie Deraspe, directora de Hasta la montaña, un bucólico alegato contra las prisas y las pantallitas que nos amargan la existencia. Analizamos el papel subalterno de las mujeres en las películas de romanos. Y publicamos fragmentos del diario personal de la artista Marta Cárdenas.
Como veis, la revista de enero-marzo viene cargada de temas actuales, profundos y sugestivos.
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El Consejo de Ministros ha autorizado la tramitación urgente de un real decreto para llevar a cabo un proceso de regularización extraordinaria de personas extranjeras que ya se encuentran en España. El objetivo es ofrecer a ese colectivo la oportunidad «de vivir con igualdad de derechos», así como responder a «una realidad que existe en nuestras calles y tiene impacto en la convivencia, el bienestar y la economía», según ha explicado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz.
La medida –ha añadido Saiz– ha sido «largamente trabajada y dialogada» y retoma el espíritu de la Iniciativa Legislativa Popular que fue respaldada con más de 700.000 firmas y tomada en consideración por una amplia mayoría del Congreso de los Diputados.
Se enmarca, además, en el Plan de Integración y Convivencia Intercultural que verá la luz próximamente. «Es un día histórico para nuestro país. Estamos reforzando un modelo migratorio basado en los derechos humanos, la integración y la convivencia, compatible con el crecimiento económico y la cohesión social», ha defendido la ministra.
Requisitos y trámites de la regularización extraordinaria
El proceso se dirige a las personas extranjeras que llevaran al menos cinco meses en España antes del 31 de diciembre del año 2025. También podrán acogerse a la regularización los solicitantes de protección internacional que hubieran presentado la solicitud antes de esa misma fecha. Otro requisito indispensable es carecer de antecedentes penales.
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha detallado que los beneficiarios de la regularización podrán acceder a una autorización de residencia legal en España con una vigencia inicial de un año. Transcurrido ese plazo, esas personas podrán incorporarse a las figuras previstas en el Reglamento de la Ley de Extranjería, «lo que permitirá una integración plena y progresiva en el sistema», según ha sostenido Saiz. La ministra ha añadido que el Ejecutivo prevé que las solicitudes se empiecen a presentar a principios de abril, una vez cumplidos los trámites preceptivos en la tramitación del real decreto, y que el proceso esté abierto hasta el próximo 30 de junio.
La admisión a trámite de la solicitud permitirá trabajar de manera provisional en cualquier sector y lugar de España. «Esto beneficia al trabajador, que gana derechos, pero también a las empresas, que ganan seguridad jurídica«, ha manifestado Saiz. Otra clave de la medida es la protección a las familias: el proceso permitirá regularizar simultáneamente a los hijos y las hijas menores de los solicitantes que estén en España; en este caso, el permiso será de cinco años.
La portavoz del Gobierno ha recordado que «gobiernos de distintos colores» han realizado regularizaciones extraordinarias desde el año 1986: «Cuando la realidad social va por delante de la burocracia, el Estado responsable es el que actúa para ordenarla, no el que mira hacia otro lado».
El Ministerio de Juventud e Infancia propone prohibir que las personas menores de edad puedan asistir o participar en espectáculos en los que se ejerza violencia contra los animales. De este modo, se pretende cumplir con la recomendación que hizo a España el Comité de los Derechos del Niño (CDN) de la ONU en 2018 y que sigue pendiente, tal como le recordaron recientemente a la ministra Sira Rego con motivo del VII Examen del CDN.
Al ser preguntada al respecto, Rego contestó al Comité que incluiría la prohibición en su propuesta de ampliación de la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI). Concretamente, en la exposición de motivos de la norma se argumenta que “las actividades en las que esté presente la violencia conllevan riesgos significativos para la vida y la integridad física y psíquica, que pueden afectar especialmente a las personas menores de edad”.
La ministra de Juventud e Infancia ha asegurado que el texto de la reforma está completo desde hace varias semanas y que solo faltan “las últimas aportaciones del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes” para su aprobación en el Consejo de Ministros.
Prevención de las violencias
Otros puntos destacados de la propuesta del Ministerio están orientados a la prevención de las violencias contra la infancia, así como al acompañamiento y la reparación de los niños, niñas y adolescentes que las sufren. Entre estos se incluye la obligatoriedad de escuchar a las personas menores de edad en los procesos judiciales que les afecten, con independencia de su edad; la ampliación en diez años del plazo de prescripción de los delitos sexuales contra la infancia; y la incorporación de la violencia de género al listado de delitos que impiden el ejercicio de profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con personas menores de edad.
Otro de los aspectos más relevantes de la norma es el reconocimiento de la violencia institucional, que sería recogida por primera vez en una ley de ámbito estatal, según destacan desde el Ministerio.
A la tragedia de Adamuz, en Córdoba, se sumaron este martes dos nuevos accidentes ferroviarios. El choque de un tren de Rodalies entre las estaciones de Sant Sadurní d’Anoia y Gelida (Barcelona) con un muro de contención desprendido sobre la vía causó la muerte de un joven maquinista en prácticas que viajaba en la cabina junto al conductor y otros estudiantes, y dejó al menos 37 personas heridas, cinco de ellas graves. Según las primeras hipótesis, las causas pueden estar en las lluvias de los últimos días.
Este miércoles todo el servicio de Rodalies de Catalunya quedó suspendido, es decir, no circuló ningún tren, lo que generó un caos en el transporte en Barcelona, con retenciones importantes en los accesos por carretera.
El segundo incidente se produjo en la línea R1, entre las estaciones de Blanes y Maçanet: el tren descarriló, pero no causó heridos.
“Todos los integrantes de SEMAF estamos devastados y consideramos inadmisible esta situación de deterioro constante del ferrocarril. Han de implementarse diferentes medidas con urgencia en nuestra red que garantice la integridad de profesionales y usuarios”, ha denunciado el sindicato de maquinistas, que ha convocado una huelgapara los próximos 9, 10 y 11 de febrero.
El ministro de Transportes, Óscar Puente ha insistido este miércoles en evitar las especulaciones: «Si hay algo evidente es que no ha sido el mantenimiento ni la obsolescencia ni la falta de controles lo que ha desembocado en el accidente, estamos ante otro problema, me temo, mucho más complejo de lo que nos estamos imaginando», ha afirmado sobre las causas del mayor accidente en la alta velocidad ocurrido en España, que ha causado la muerte de 43 personas.
La investigación está abierta
Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministro, la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, recordó los tres días de luto oficial y aseguró que «la prioridad en el primer momento ha sido la atención a las víctimas y a sus familias». «Ahora es a la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, creada en 2024 por este Gobierno, a quien corresponden los trabajos de investigación, un órgano independiente que llevará a cabo intensos trabajos que requieren de tiempo y un exquisito conocimiento técnico», añadió.
El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, precisó que los trenes circulaban a unos 200 kilómetros por hora con un total de 527 pasajeros, más las tripulaciones de ambos convoyes. La sala de emergencias del 112 de Andalucía lanzó el primer aviso sobre el accidente a las 19:47 de la tarde, lo que activó el despliegue del primer operativo de auxilio y rescate a las víctimas. Respecto a Administración General del Estado, la primera patrulla de la Guardia Civil llegó al lugar del siniestro a las 20:00 horas y comenzó un despliegue operativo en el que han participado más de 300 agentes.
Todas las hipótesis están abiertas. Es la única conclusión de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) creada tras el descarrilamiento y el impacto de los dos trenes de alta velocidad en Adamuz (Córdoba) el pasado domingo, que ha dejado al menos 41 personas muertas y más de 150 heridos.
Según ha informado el ministro de Transportes, Óscar Puente, el hallazgo de una rotura en la vía no permite aún determinar si fue una causa o un efecto del descarrilamiento. La investigación también analiza el tren de Iryo. Desde la misma noche del accidente, Puente indicó que el caso era «extremadamente extraño», debido a que, como aseguró, el tren era prácticamente nuevo y la vía estaba renovada.
Los trabajos de rescate están siendo muy complicados y todavía quedan por localizar cadáveres en dos vagones del Alvia que cayeron por un terraplén de cuatro metros tras el impacto y que, según Renfe, han quedado «prácticamente desintegrados».
El Instituto de Medicina Legal (IML) de Córdoba ha recibido ya los cuerpos de 37 fallecidos. Entre las víctimas identificadas se encuentran el periodista onubense Óscar Toro y la fotoperiodista María Clauss. La pareja regresaba en el Alvia de Madrid a Huelva.
El accidente, uno de los más graves hasta la fecha en España, ha paralizado la actividad política. La línea entre Andalucía y Madrid no volverá a estar restablecida hasta el próximo 2 de febrero, según Transportes.
