No nos cansaremos de repetirlo: una de cada cinco personas menores de edad sufre agresiones sexuales, la mayoría de ellas cometidas por familiares o conocidos. No lo queremos ver, no lo queremos asumir. Pero el problema está. No son casos puntuales ni es un asunto privado. Estamos hablando de un problema social, estructural y de salud pública que, pese a su gravedad y magnitud, continúa siendo un tabú en la sociedad.
«Muchas veces siento impotencia«, resumió Vicki Bernadet, que lleva más de 30 años intentando visibilizar este asunto, en la presentación online del especial de La Marea junto a la catedrática en Victimología Noemí Pereda. «Los medios de comunicación tenéis un papel muy importante», añadió Pereda.
En este contexto, en La Marea continuamos también con las presentaciones presenciales, esta vez en Sevilla. El evento se celebrará el próximo 10 de junio a las 19.30 horas en la Sala El Cachorro, en el barrio de Triana. Conducido por Olivia Carballar, contaremos con víctimas y representantes del mundo de la judicatura.
Así, participarán el fiscal delegado de Criminalidad Informática en Sevilla, Gabriel González, la abogada Amparo Díaz y el perito tecnológico Jorge Coronado, que abordarán las claves sobre el impacto de estos delitos en las redes sociales. Desde la asociación Redime, contaremos con la abogada y superviviente de abusos Mari Carmen Heredia y la terapeuta Eva Medina. Y también nos acompañará la superviviente Laura Cuevas, de la asociación Lulacris.
El acto se suma al celebrado el pasado mayo en el Teatro del Barrio, en Madrid, al que acudieron diferentes víctimas, especialistas y la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, que explicó las claves de la ampliación de la Ley de Protección a la Infancia y Adolescencia (Lopivi) tras su aprobación en el Consejo de Ministros.
«Maya Angelou tiene una frase que dice que la escucha es lo más curativo que hay. Antes que terapias, antes que todo. La escucha es la mejor terapia porque todo el mundo no se acordará de lo que le has dicho, o no se va a acordar de dónde estaba, o no se va a acordar del momento… Pero siempre, siempre, se acordarán de cómo se han sentido al hablar contigo». Con una voz también sanadora, Vicki Bernadet, hoy con 72 años y media vida dedicada a visibilizar y ayudar a las víctimas de agresiones sexuales en la infancia y adolescencia –como ella–, explica cómo se sienten cuando intentan hablar.
El interlocutor interrumpe o dice cosas como ‘No pasa nada, se te pasará’. O peor aún: ‘¿Por qué no lo has dicho antes?’. O mucho peor incluso: ‘Ah, pero solo te tocó, podía haber sido más’. Como si el tipo de agresión –y no cómo lo vivió la víctima– fuera lo más grave. «Cuando doy una charla pregunto: ‘A ver, imaginad a vuestra familia, a vuestros amigos… que alguno fuera capaz de agredir a vuestros hijos’. Y el 100% te dice que no. Te vas al día siguiente a otro sitio y es que no. Y así durante todos los años que llevo ofreciendo cursos para padres y madres en los colegios. Y resulta que el 80% de los casos se dan en ese ámbito», dice en un resumen preciso de lo que ocurre con este asunto: no queremos ni oír hablar de ello.
«Hasta que las familias no conecten con la idea de que el 20% de la población se ve afectada y que el 85% se produce en el ámbito intrafamiliar, va a continuar ese porcentaje tan doloroso, que es que un 90% de los casos de abuso no se habla hasta la edad adulta. Y no solo es doloroso como sociedad, sino que son vidas que podríamos salvar», concluye. Ese no hablar, no ser escuchado y no recibir ayuda evolucionan con el silencio, el miedo y la vergüenza acumulando diversos episodios de violencia hasta que se es mayor. «Y cuando contamos nuestra vida, pues es: yo sufrí abusos a los cinco años, a los nueve, a los 17, una agresión sexual, un intento de suicidio, maltrato durante 14 hace años… Y este es un patrón normal. Es mi caso, pero en otros será adicciones, será anorexia, bulimia, prostitución…», añade.
Por eso insiste en la máxima divulgación, porque considera que con la detección precoz y ayuda, las po-sibilidades de sufrir todo lo demás son menores o casi nulas: «A tiempo, se trabaja una mala experien-cia con el apoyo de todo el mundo. Pero cuando eres adulto ya no es una mala experiencia, ya es un trauma. Y esto va de salvar vidas», repite.
Pone un ejemplo gráfico: «Puede que no lo puedas evitar, como un accidente. Pero cuando tienes un ac-cidente, sabes a qué hospital irás, a quién llamarás, sabes el número de la ambulancia. Con este tema, sin embargo, existe una resistencia. Hay un miedo irracional. Cuando yo lo conté, en el 97, hace casi 30 años, era normal encontrarse con eso. ¿Pero ahora? No tiene ningún sentido».
Bernadet admite que creó la fundación que hoy preside de manera egoísta, para salvarse también a ella misma. Y es por eso, porque ha hablado muchísimo y la ha escuchado mucha gente, por lo que sabe, como Angelou, por qué canta el pájaro enjaulado.
Publicado por primera vez en 1969, Yo sé por qué canta el pájaro enjaulado recoge la autobiografía de la escritora Maya Angelou. Con siete años, fue violada por el novio de su madre. El agresor fue asesinado tras pasar brevemente por la cárcel y ella enmudeció durante cinco años:«Creí que mi voz lo había ma-tado; yo maté a ese hombre, porque dije su nombre. Y después pensé que nunca volvería a hablar, porque mi voz podría matar a cualquiera…».
Stepfather y stepdaughter son dos de las temáticas más demandadas en las webs de pornografía, según los datos publicados anualmente por una de las más importantes, Pornhub. Padrastro e hijastra en español, subterfugios para evitar el concepto que realmente evocan, el incesto. Es decir, una de las construcciones del deseo más demandadas por los consumidores de pornografía a nivel global es aquella en el que niñas, adolescentes y jóvenes son violadas por un adulto en posición de superioridad, que, además, es pareja de sus madres, y que en realidad, representan el rol de sus hijas. Es decir, la representación de una de las violencias pederastas que más afectan a las menores en todo el mundo –aquella que ejerce un adulto de su entorno familiar y social más estrecho– engrasa uno de los negocios más lucrativos reproduciendo un modelo de la sexualidad violento y basado en el poder sobre los menores, las personas más vulnerables –en el porno, son una minoría las escenas que representan una sexualidad libre, igualitaria, segura y consentida–.
En el caso del incesto, los vídeos se dividen, mayoritariamente, en dos tramas: el sometimiento de la menor contra su voluntad o, por el contrario, la seducción del hombre que, pese a sus reparos, no se puede resistir a la tentación de la menor. El binomio desde el que tradicionalmente se nos ha leído a las niñas y mujeres: víctimas perfectas o pérfidas manipuladoras. En estas producciones, las actrices deben ser mayores de edad porque, de lo contrario, las empresas estarían incurriendo en un delito de trata de menores para la explotación sexual. Por ello, eligen a las que tienen rostros más aniñados y cándidos, y suelen obligarlas a depilarse totalmente el pubis, algo que se ha extendido a buena parte de las actrices porno. Es decir: el aspecto predesarrollo menstrual como cenit de lo deseable. Y todo ello, presentado como manifestaciones de la juventud, un concepto que en el imaginario sexual masculino abarca la década de la veintena, suele extenderse hasta la barrera legal de los 18 años, y otros, muchos, a la fantasía de los «15 años tiene mi amor», como escuchamos cantar durante décadas al Dúo Dinámico. En España, sólo desde 2015 la pederastia incluye relaciones con menores de 16 años. En Francia, el límite se establece en los 15, en Alemania en los 14 y en Argentina baja hasta los 13.
La mayoría de las nacidas en los años 80 ya no crecimos cantando «las niñas bonitas no pagan dinero» pero sí inauguramos la adolescencia asumiendo que entrábamos en las discotecas gratis porque la mercancía éramos nosotras: un reclamo para los chicos adolescentes y, también, para hombres adultos que podrían haber sido nuestros padres. Probablemente para entonces ya habíamos escuchado más de una vez aquello de «donde hay pelito, no hay delito» y nos habría dado tiempo a normalizar que, desde que nos desarrollamos, familiares y amigos de nuestros padres empezaran a sexualizarnos con la mirada, hacer comentarios sobre nuestro cuerpo y bromear o preguntar por los novios. Algo que sigue ocurriendo hoy exactamente igual. Con la diferencia de que por entonces, nuestras experiencias vitales eran legitimadas por la narrativa de buena parte de los productos audiovisuales que consumíamos.
En 1990, se estrenaba Pretty Woman, una cinta en la que Richard Gere interpretaba a un putero multimillonario de 40 años que sacaba de la calle a una prostituta de 22. En 1994, se estrenó en todo el mundo Mi padre, qué ligue. Considerada una comedia para mayores de siete años, retrata la envidia y la admiración que despierta la relación de pareja que, supuestamente, mantienen un Gérard Depardieu de 41 años y una Katherine Heigl de 14 durante unas vacaciones en una isla. La cinta es una versión norteamericana de la misma historia estrenada tres años antes en Francia, con gran éxito, y también protagonizada por el actor galo. En realidad, son un padre y su hija que se hacen pasar por pareja, y si entonces su visionado provocaba preguntas incómodas entre el público adolescente que la veíamos, hoy resulta nauseabunda –y eso, sin tener en cuenta las condenas y acusaciones por abusos sexuales contra Depardieu–.
Un lustro después, inauguramos los 2000 con una de las películas más taquilleras de la década, Otoño en Nueva York. Protagonizada por Richard Gere, de nuevo, y Winona Ryder, idealizaba una relación entre un hombre de 48 años con una joven de 22. Una diferencia de edad de 26 años no era algo excepcional en aquella época en la que, en la televisión, también veíamos cómo jóvenes modelos como Sofía Mazagatos o Mar Flores conseguían el marchamo de respetabilidad cuando se emparejaban con empresarios y aristócratas, al menos, 20 años mayores que ellas.
Cuando accedimos a la considerada cultura elevada, descubrimos que el director más venerado por la intelectualidad europea estaba casado con una de sus hijastras y denunciado por abusos sexuales por parte de otra de ellas. Woody Allen hizo pública su relación con Soon-Yi Previn en 1992, cuando ella cumplió 21 años, él, 57, y cuando Dylan Farrow denunció que sufrió sus agresiones sexuales. Tenía siete años y el caso nunca se resolvió.
En 2010, el escritor y agitador ultra Sánchez-Dragó publicó una biografía en la que se jactaba de haberse acostado con dos niñas de 13 años en Japón, admitiendo en público lo que no era sino una violación. Casi al mismo tiempo, en Telemadrid, el polemista Salvador Sostres se guaseaba sobre su preferencia por «las vaginas que no huelen a ácido úrico». Y en los carnavales, la fiesta donde tenemos licencia para ser otras personas, las niñas y las mujeres nos encontramos, entonces y ahora, con que el uniforme de colegiala sigue considerándose como un disfraz sexy y vendiéndose como tal no solo en los bazares, sino también en los sex shops. Para que el look sea total, dos trenzas o coletas. De hecho, Francia y la UE están investigando al gigante chino Shein por vender muñecas penetrables con aspecto infantil. Y en la cuna de la Ilustración cada vez salen más libros y documentales protagonizados por supervivientes de depredadores sexuales de la élite intelectual y artística del país, violadas sistemáticamente cuando eran niñas, a menudo con el conocimiento de progenitores y círculo social.
El multimillonario pederasta Jeffrey Epstein entendió que no había método más eficaz para atraer a empresarios, políticos, aristócratas e intelectuales de todo el mundo que ofreciéndoles mujeres jóvenes y niñas para su explotación sexual. Según declararon los demócratas Jamie Raskin y Ro Khanna y el republicano Thomas Massie tras revisar en el Departamento de Justicia algunos de los documentos que no se han hecho públicos, habría referencias a víctimas de hasta 9 años explotadas por funcionarios de alto nivel de un gobierno .
Epstein sabía que el concepto de jóvenes en el mercado del sexo es un concepto líquido, resbaladizo, interpretable y subjetivo que puede abarcar desde los señores diligentes que esperan que las ‘piezas de la cacería’ cumplan o superen la mayoría de edad para preservar su respetabilidad hasta quienes claramente entran en la categoría de pederastas. En medio, un abanico infinito de manipulación psicológica, oprobios, abusos y violencias físicas, psíquicas y sexuales que aún estamos aprendiendo a identificar y nombrar. Y sobre todo, el abismo de asumir que la mayoría de los victimarios no son multimillonarios ni pobres desconocidos, sino padres, padrastros, abuelos, tíos, profesores, entrenadores, vecinos y amigos de la familia. Hombres normales educados, como nosotras, en un sistema cultural correosamente pederasta.
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Hace apenas un par de años, Robert Thacker, autor de la biografía de la Nobel de Literatura Alice Munro, se vio obligado a explicar por qué no había incluido en ese libro, publicado en 2011, un episodio muy importante en la vida de la canadiense. El episodio en cuestión lo hizo público en un periódico una hija de Munro, Andrea Robin Skinner, dos meses después de la muerte de la escritora: «A la sombra de mi madre, un icono literario, mi familia y yo hemos ocultado un secreto durante décadas. Ha llegado el momento de contar mi historia». En realidad, Andrea ya la había contado hacía años a su familia, quien tenía que haberla protegido y no lo hizo. «Mi padrastro abusó de mí. Mi madre se quedó a su lado», tituló aquel artículo en Toronto Star en 2024. Ni siquiera una condena al agresor, según explicó Andrea, logró romper el silencio al que su familia la había sometido durante décadas.
La historia de Andrea Robin Skinner es la historia de tantos niños y niñas que se siguen contando y no se creen hoy en todo el mundo, en España, en tu barrio, en tu propia casa; que se cuentan y no pasa nada. O que incluso continúan sin contarse. Es la historia de tantos y tantos agresores bien reputados, bien vistos, que dicen, en los pocos casos en los que son juzgados, que no es verdad o que fue la niña o el niño quien los sedujo; agresores que entran en el cuarto de su hijo por la noche y le ponen el mejor de los desayunos por la mañana, que siguen delinquiendo amparados por la impunidad, por el mirar para otro lado. Es la misma historia de tantas y tantas familias que se rompen por un delito que continúa siendo un tabú, algo muy fuerte, tan asqueroso, tan perverso, que no entra en cabeza humana. Pero que existe, que lo cometen hombres, familiares y conocidos en su mayoría. No son monstruos, ni psicópatas, no tienen diagnosticada enfermedad alguna.
«Eso es, es eso. Nunca es tarde para hablar de ello. No es Epstein, son las casas, es lo que está pasando hoy en las casas», dice hoy desde Sevilla María, una niña ya adulta como Andrea Robin Skinner. María usa este nombre porque no quiere revelar su nombre real, y asegura que su familia está rota porque contó que un familiar cercano la había estado agrediendo sexualmente cuando era una niña. Esta sentencia de 2023, que condena al tío de una pequeña como María, confirma que no estamos ante casos aislados: «La menor explicó que no lo hizo antes –contar que su tío la agredía– porque tenía miedo a que no la creyeran, y porque pensaba que al revelarlo la familia se iba a romper, como ocurrió cuando se supo. Es algo repetitivo en estos casos».
María afirma que en su grupo de terapia, en el 90% de los casos no tuvieron apoyo familiar: «La respuesta sobre cómo respondían las madres era muy similar, hemos sido repudiadas, no hemos tenido apoyo real y práctico», dice en un pasaje que recuerda, a su vez, a la interpretación de Belén Rueda en No tengas miedo, una película dirigida por Montxo Armendáriz en 2011. La niña –Michelle Jenner– se lo cuenta una y otra vez a su madre, pero la madre, que puede representar también a la sociedad, no quiere creerla, no quiere asumir que eso que está narrando su hija se está produciendo, que sea el padre el que lo está cometiendo, o quizá no puede asumir el error de no haberla protegido.
«Serán imaginaciones tuyas», concluye la madre sobre lo que le cuenta su hija en la película de Armendáriz, como suele pensar la sociedad ante los casos reales. «Cuando yo lo conté, dos años después, cuando tenía 11 años, me llevé una reprimenda tremenda, me dijeron que aquello era una invención», dice Francisco, hoy con 43 años. Cuenta que en su caso fue un vecino. «No se quiere ver porque faltan herramientas y se tiene miedo al conflicto. Y en nuestra sociedad los abusos sexuales a menores es algo que tenemos bastante asimilado, sabemos que pasa, pero cuando pasa y lo tenemos delante de nuestras narices nos resulta tan espantoso que preferimos mirar para otro lado antes que abordarlo y denunciarlo», prosigue.
Desde la Fundación ANAR parten de una máxima: «Siempre tenemos que creer a los niños, niñas y adolescentes, hay que darles un espacio, decirles que no les vamos a juzgar, que la culpa la tiene el agresor, y tener oídos para esos niños», explica Shauri Molina. En el 9,4% de los casos atendidos, tuvo que intervenir el departamento jurídico; y en el 9,3%, hubo una coordinación con entidades externas para proteger a esos niños.
Porque otra supuesta explicación que se esgrime para no mirar es culpar a la víctima: «Serás una puta», le dijo una madre a su hija con 12 años cuando le contó lo que le hacía su padre: «¡Pregúntaselo a tu marido, papá me está tocando y va a mi cuarto todas las noches por mí!». «Imagínate qué ganas tienes tú de hablar de esto», explica la terapeuta Eva Medina ante este caso que trató. El problema, como analiza, es que un niño no imagina lo que no ve, no fantasea con lo que no conoce. «O lo ha visto o se lo han hecho, y en ambos casos es delito», dice. Y se llama pederastia –continúa– por muy dura que suene la palabra: «Es fuerte, pero es la realidad. Una persona que abusa de un menor es un pederasta, sea el padre, el hermano, el tío, la madre o Perico el de los palotes».
El segundo marido de Alice Munro agredió sexualmente a Andrea cuando ella tenía nueve años. La niña hizo llegar el caso a su padre, que se quedó de brazos cruzados: «La incapacidad de mi padre para tomar una decisión que me protegiera me hizo sentir que yo no formaba parte de ninguna de las dos familias. Estaba sola». La violencia continuó hasta que llegó a la pubertad. Años después, con veintitantos, se lo contó a su madre, aprovechando que había escrito uno de sus cuentos de premio sobre una niña que se suicidó tras ser agredida por su padre. Fuera de la literatura, en la vida real, ante el caso de su hija, Alice Munro también se cruzó de brazos: «Reaccionó exactamente como me temía que haría, como si se hubiese enterado de una infidelidad».
A lo máximo que llegó, según narra Skinner, fue a hablarle sobre otros niños con los que este hombre mantenía «amistades», como si la traicionada hubiera sido ella, la esposa. «¿Se dio cuenta de que estaba hablando a una víctima y que yo era su hija? Si lo hizo, yo no lo sentí. Cuando intenté decirle cómo el abuso de su esposo me había causado daño, se mostró incrédula». Andrea, que ahora ayuda a personas que han pasado por su misma situación, rompió la relación con su madre cuando nacieron sus hijas. Ella sí tuvo claro que nunca iría con ellas allí donde el agresor estuviera.
Gerald Fremlin, el segundo marido de Munro, el padrastro de Andrea, el agresor, fue condenado en 2005 después de que Andrea, la hija de Alice Munro, la hijastra, la víctima lo denunciara ya mayor: dos años de prisión provisional y una orden de alejamiento de menores de 14 años. Fremlin era ya octogenario. Murió en 2013 y, hasta ese momento, Munro, la madre de la víctima, permaneció al lado del agresor. ¿Por qué no incluyó este episodio, aun conociéndolo, aun con sentencia condenatoria, el biógrafo de la premio nobel? ¿Qué motivo expuso para no hacer nuevamente nada, para cruzarse de brazos ante esta historia? «Yo lo veía como un asunto familiar privado», justificó.
Detrás de ese argumento se ha escondido históricamente uno de los principales problemas a la hora de afrontar –y prevenir– la violencia sexual contra los niños, niñas y adolescentes: lo que le hizo el padrastro a la hija de Alice Munro no es un caso aislado, como tampoco lo es lo que le hicieron los curas pederastas a sus víctimas, ni lo que un tío, un primo, un padre o un abuelo siguen haciéndole a muchos niños y niñas hoy en sus casas, igual de pederastas que estos curas; o lo que los actualizados agresores sexuales continúan haciendo a estas personas vulnerables a través de las pantallas. Lo que les ha pasado históricamente a los niños y niñas, como María o Francisco, y sigue ocurriendo hoy, lo que hacen los agresores sexuales con estos niños y niñas, es un delito público derivado de un problema social estructural, de salud pública, como indican los especialistas consultados.
Poca gente se para a pensar quién está detrás de la traducción del libro que está leyendo. Mucha menos llega a pensar cuánto cobrará esa profesional, que seguramente no se pueda dedicar a la traducción como única forma de ganarse la vida. Y por si fuera poco, un nuevo golpe amenaza a este sector, en el que parece que lo único estable es la precariedad: la incursión de la inteligencia artificial generativa (IAG) en las editoriales podría desplazar (aún más) a los traductores, pauperizar (aún más) su labor y convertirles en meros correctores de un producto fabricado a través de una máquina.
Para evitarlo, el pasado 21 de abril hicieron pública una iniciativa: un sello que certifique que la traducción que el lector disfruta está realizada por un ser humano. Su materialización pasa por el buen hacer y la confianza en las compañías editoriales, cuya postura, por el momento, se puede resumir en un concepto muy en boga: la libertad (empresarial) primero.
Amaya García, presidenta de ACE Traductores, la principal asociación de traductores editoriales de España, que aglutina a unos 700 profesionales, asegura que la situación se ha agravado en las últimas dos décadas. «Las tarifas de los traductores llevan muchísimo tiempo sin subir. Que seamos la mayoría autónomos complica mucho nuestro poder de negociación», comenta. Ahora, el posible uso de la IAG por parte de editoriales para sustituir la labor de los traductores empeora una realidad que critican desde su nacimiento. «La IA se aprovecha de las obras que ya hemos publicado, de las de todo el mundo, explotándolas como otro tipo de piratería y saqueo, para elaborar sus traducciones», afirma.
Las tarifas que manejan dependen de los idiomas que traduzcan. Una «buena tarifa» con la que García trabaja es 0,055 euros por palabra, «y aún así es insuficiente para poder vivir de esto», apostilla. Tendría que traducir 22.200 palabras para llegar a los 1.221 euros mensuales de salario mínimo bruto reconocido en 14 pagas. Según la presidenta de ACE Traductores, una novela de unas 200 páginas puede abarcar dos o tres meses de trabajo. De todas formas, hay encargos que hasta desecha. «Pagan tan poco que tengo que recortar en calidad, pero luego lo firmo yo, ¿y cómo sabe el lector que esa traducción que no es tan buena no obedece a mi capacidad de trabajo sino a mis condiciones laborales? Para eso prefiero decir que no», denuncia.
Ana Alcaina, traductora editorial y profesora en la Facultad de Traducción de la Universitat Autònoma de Barcelona, admite que vive cierta incertidumbre por ver hasta qué punto, según sus propios términos, se le cae el libro de las manos a un lector cuando lea la traducción realizada por una IA. Y añade: «Construir juegos de palabras, expresar las emociones que esconden los personajes, producir la voz del autor y elegir entre adjetivos es un trabajo más minucioso de lo que puede hacer una máquina». Esta docente universitaria esgrime que la IAG «regurgita» un texto, que además es una versión de otros muchos.
Virginia Maza, afincada en Zaragoza y traductora con más de 20 años de experiencia, ayuda a perfilar el panorama: «La IA no es neutral, tiene ideología y unos fines económicos que sirven a la lógica capitalista». Ella es un caso inusual dentro de su profesión ya que se dedica a la traducción en exclusividad. Remarca que las negociaciones de tarifas son duras: «Yo llevo ya bastante tiempo, pero a las compañeras nuevas siempre les aconsejo que se asocien, que vayan a lo colectivo».
Ninguna editorial ha confesadoen España que utiliza la IAG para traducir los libros extranjeros que comercializa. Sin embargo, en el sector se barrunta que la idea no es ajena a las empresas. Ya ha ocurrido con el sello Harlequin, del grupo HarperCollins, en Francia. «Quieren que los traductores acabemos puliendo los textos generados con IA por mucho menos dinero», señala García, presidenta de ACE Traductores, antes de advertir que esa forma de trabajar incluso lleva más tiempo que la traducción original en sí.
ACE Traductores no quiere quedarse viéndolas venir. Saben bien que las editoriales se valen de subterfugios para no indicar que una obra no ha sido traducida por un humano, y si lo indican, lo hacen de tal forma que el lector medio no se percata de ello. «La única salida que nos queda es proclamarlo nosotros a través de un sello de certificación» orientado al público lector, subraya García.
Sello para distinguir los libros traducidos por personas. Un diseño de Clara Juan.
Las editoriales son clave para que este sello se normalice y se extienda lo más posible. «Contamos con su buena fe», remarca la presidenta de ACE Traductores, quien apunta que los lectores también tienen derecho a esa transparencia. Si alguno no le da tanta importancia a la traducción realizada por un humano, se podría quejar de que le cobraran lo mismo por el libro traducido con IAG.
La Asociación de Editores de Madrid no ha atendido a La Marea, pero su vicepresidente, Paulo Cosín, ha dejado una declaración: «La IA supone en algunos casos una amenaza y en otros una oportunidad, y los diferentes protagonistas de la cadena de valor tendremos que analizar el uso correcto y las limitaciones, tanto desde el punto de vista legal como ético». Sus homólogos catalanes han defendido que «todo es muy embrionario», en relación con la traducción realizada mediante IAG, aunque sí es una herramienta que abordan en sus órganos de debate y formación.
Por su parte, desde la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE) han indicado que no intervienen en la operativa de las compañías, «que evidentemente tienen plena libertad para fijar sus criterios de actuación en todo el proceso de elaboración de un libro». Asimismo, han asegurado desconocer si hay editoriales que se valen de la IA para sus traducciones. «Por lo que a nosotros respecta y como no puede ser de otra manera, cada una decide libremente sobre el uso de cualesquiera herramientas digitales», han añadido.
De la misma forma, la FGEE ha reconocido que el entrenamiento de la IAG debería contar con la autorización de los creadores de las obras que la hayan alimentado. Nada de esto es suficiente para la traductora Virginia Maza, quien cree que la clave es la transparencia y que la IA es «una gran herramienta terrible que amenaza la vida». Dejar la cultura en sus manos, asegura, «no es peligroso únicamente para la cultura, sino también para la lengua, nuestro idioma y el pensamiento humano».
Este reportaje se ha publicado originalmente en El Periscopio, el suplemento cultural de La Marea. Puedes conseguir la revista aquí o suscribirte para seguir apoyando el periodismo independiente.
La Marea presentó anoche el último número de su revista en el Teatro del Barrio, en Madrid. Un número especialmente delicado sobre un problema a menudo ignorado: la pederastia. Se calcula que uno de cada cinco niños, niñas y adolescentes sufre violencia sexual en la infancia. La presentación del dossier se produjo el mismo día en el que el Gobierno aprobó la ampliación de la Ley de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (Lopivi), impulsada por el Ministerio de Juventud e Infancia. «Estoy feliz», dijo la ministra Sira Rego nada más comenzar su participación en el acto de La Marea, que estuvo recorrido de principio a fin por dos reivindicaciones: abordar este asunto como un problema estructural y que la justicia cambie para que se adecúe a las víctimas de estos delitos, los y las menores, especialmente los más pequeños.
La presentación, conducida por las periodistas de La MareaOlivia Carballar y Ana Veiga, contó además con la presencia de Juan Cuatrecasas, portavoz de la Asociación Infancia Robada y padre de una víctima de la pederastia en la Iglesia; Carmela del Moral, responsable de Infancia de Save the Children; y Jorge Coronado, perito tecnológico experto en la lucha contra la delincuencia digital.
De izquierda a derecha, Olivia Carballar, Ana Veiga, Jorge Coronado, Carmela del Moral y Juan Cuatrecasas durante la presentación de la revista de La Marea. JACINTO ANDREU
Respecto a la adecuada adaptación del sistema judicial a la infancia, la ministra Rego hizo hincapié en la necesidad de ponerse en la piel de las niñas y niños que han sufrido este tipo de violencia, que son muchísimos. «Las cifras son insoportables», señaló sobre unos crímenes que no están recibiendo la adecuada atención por parte de los medios de comunicación.
«Todos hemos sido niños, no debería ser tan difícil ponerse en su lugar», afirmó para explicar la necesidad de ajustar la justicia a la medida de la infancia. «La mirada de un niño o de una niña es radicalmente diferente a la de un adulto. Hay que imaginar qué supone para ellos la arquitectura institucional. Hay que cambiar todo esto y mirar desde ese lugar».
El texto que se aprobó horas antes en el Consejo de Ministros hace referencia a la necesidad de que los jueces escuchen a los más pequeños. «Hemos eliminado la barrera de los 12 años para que una niña o un niño sea escuchado en un proceso judicial», destacó la ministra sobre la nueva Lopivi. Puedes ver la entrevista completa aquí.
Esa escucha se debe hacer en un entorno seguro para los niños, y aquí es donde cobra importancia una iniciativa como las casas Barnahus. Se trata de espacios adaptados, alejados de la solemnidad de una sala de vistas y en los que las víctimas no tienen que repetir su testimonio a varias personas diferentes. El modelo cuenta ya con una larga trayectoria de eficacia probada en otros países, pero nuestro sistema judicial necesita apostar más por él. Según Carmela del Moral, de Save the Children, este tipo de espacios de acompañamiento a los menores se han desarrollado de manera muy desigual en nuestro país: «Hay comunidades que están más avanzadas, como Catalunya, que abrió su primera Barnahus en Tarragona hace varios años. Y ha dejado datos muy interesantes porque gracias a ella ha habido una mayor resolución de casos».
Pero las casas Barnahus son solo «uno de los recursos», abunda Del Moral. «También es necesaria también una especialización de los juzgados de delitos contra la infancia. A pesar de que esto se aprobó el año pasado, sólo se han puesto en marcha tres secciones especializadas en toda España. Y no hay una especialización por parte de la Fiscalía», añadió.
Las deficiencias en el sistema judicial son el caballo de batalla de Juan Cuatrecasas, padre de un menor agredido sexualmente por un profesor de un colegio del Opus Dei. El delincuente fue condenado a 11 años, pero su condena luego fue rebajada por el Tribunal Supremo a sólo dos. Lo hizo, según explicó, con el agravante de que para aplicar esta reducción, el juez tuvo que contravenir la propia jurisprudencia del Alto Tribunal. Cuatrecasas achaca esta arbitrariedad a la politización de la justicia: «Este señor [el agresor] es sobrino de un político del Partido Popular y todavía no ha habido nadie capaz de explicarme esta sentencia, emitida por la famosa Sala 2 del Supremo».
Cuatrecasas aprovechó su intervención para agradecer el trabajo del Defensor del Pueblo y de los ministerios de Justicia y de Infancia y Juventud: «Cuando mi esposa y yo empezamos con esto, en 2011, no había nada. No teníamos ningún manual. Sólo sabíamos que teníamos que luchar para salvar a un ser humano destrozado, nuestro hijo. Eso está cambiando gracias a las leyes que está aprobando la izquierda. Hay que ponerlo en valor».
«Efectivamente, el sistema judicial hay que arreglarlo», coincidió el perito informático Jorge Coronado, especialista en investigar delitos a través de pruebas digitales. «No puede ser que en un caso se tarden tres años en conceder el permiso para investigar unos dispositivos. No puede ser que las víctimas tengan que esperar tres años para eso». Coronado abundó en la importancia de la educación sexual en la infancia para prevenir este tipo de delitos, que en su caso concreto, el ámbito digital, han crecido exponencialmente en los últimos años.
La periodista de La Marea Ana Veiga participó, además, en calidad de víctima. Con mucho esfuerzo, contó su caso enun artículohace cuatro años y ayer explicó qué la movió a dar ese paso: «Recuerdo que vi una noticia sobre los abusos machistas de Plácido Domingo y mucha gente reaccionó diciendo: “¿Qué más quieren? Dejen el tema en paz. Ya está”. Pues no. No está. Recuerdo que tras publicar aquel artículo mucha gente me escribió contando experiencias similares. “Fue mi padre”, me decían. O “fue mi hermano”». Veiga, según afirmó, entendió que contar la agresión que sufrió ayudaría a muchas otras personas que pasaron por su misma situación a contar sus casos, a denunciar. En definitiva, «a liberarse».
Puedes leer el dossier completo sobre la violencia sexual en la infancia y adolescencia adquiriendo aquí tu ejemplar de La Marea. También puedes suscribirte para recibir nuestras revistas en tu buzón.
Cuando se conocen los datos oficiales, resulta difícil entender cómo este problema permanece silenciado en el debate público: según el Estudio de prevalencia de la violencia contra la infancia y la adolescencia en España, publicado por el Ministerio de Juventud e Infancia en 2025, tres de cada 10 jóvenes han sufrido violencia sexual en esas edades. Un escandaloso 30%. La ministra del ramo, Sira Rego (València, 1973), recibe a La Marea para conversar sobre cómo abordan este crimen los poderes públicos y sobre la ampliación de la Ley de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (Lopivi). Esta reforma, pendiente de aprobarse próximamente, aplicará a los niños y niñas que hayan sufrido cualquier tipo de violencia el Estatuto de Víctimas. También contempla la obligatoriedad de escucharles en los procedimientos judiciales que les afecten, independientemente de su edad.
El gran número de niños y niñas que han sufrido violencia sexual impone una primera pregunta incómoda: ¿está la Administración cuidando adecuadamente a la infancia?
La pregunta nos la tenemos que hacer todos los poderes públicos, pero también la sociedad en su conjunto. Creo que tenemos una deuda pendiente con la infancia en términos generales y especialmente en este asunto. Por eso estamos trabajando para ampliar determinadas leyes y para crear la ley de violencia vicaria. La acción del Gobierno tiene que ser decidida, determinante, rápida y eficaz, porque se trata de un tema muy doloroso. Debe ser una política de Estado. Eso en cuanto a lo legislativo, pero como sociedad también tenemos que cambiar muchas cosas, y uno los grandes retos es que las violencias contra la infancia no sigan formando parte del ámbito privado. Tienen que incluirse en la conversación pública del país. Con un 30% de niños y niñas que están sufriendo violencia sexual, esto no puede seguir siendo un asunto secundario.
Efectivamente, la mayoría de los casos de pederastia ocurren en el entorno familiar o en entornos cercanos. Al tratarse del ámbito privado, ¿hasta dónde se puede llegar?
Los derechos se tienen que garantizar en todos los espacios de la vida. En la vida pública y en la vida privada. En la calle y en las familias. Las violencias machistas también han formado parte del ámbito privado durante mucho tiempo y luego, afortunadamente, han pasado a ser un elemento de conversación pública y de intervención de los poderes públicos. Con las violencias contra las infancias debe operar la misma lógica. Quienes tenemos contacto con niños tenemos una responsabilidad. Nosotros lanzamos el año pasado una campaña en la que interpelábamos a las personas adultas para indicar que hay señales que son alertas. Y ahí un adulto debe intervenir. Puede ser un adulto de la comunidad educativa, o del ámbito médico o de la propia familia, entendiendo la familia como algo más grande que el núcleo familiar. Además, con la ampliación de la Lopivi pretendemos ser más garantistas a la hora de erradicar, prevenir y abordar las violencias sexuales contra la infancia. Por ejemplo, insistimos en la necesidad imperiosa de que la escucha de los niños y las niñas sea un elemento central en los procesos judiciales.
El clima político actual está muy fragmentado, pero estamos hablando de proteger a la parte más frágil de nuestra sociedad: los niños. ¿Quién podría estar en contra de esto en el Parlamento? ¿Qué resistencias esperan encontrar a esta ley?
El sentido común a mí me dice que es una ley a la que no debería oponerse nadie, pero sí he oído voces que ponen en cuestión el derecho de un niño a ser escuchado. Hay casos de jueces que se han negado a escuchar a los niños. Y hablo de casos dramáticos. Se trata de niños que están sufriendo muchísimo. Estamos viendo cosas muy duras. Por supuesto, no te expresas igual cuando tienes 5 años que cuando tienes 25, pero esto no significa que los niños no puedan hablar y que no puedan comunicarse y explicar lo que les ha sucedido. Lógicamente, esto se tiene que hacer con un acompañamiento profesional adecuado y en unas instalaciones que tengan perspectiva de infancia. Esto ya está muy trabajado, está sustentado por el trabajo de los profesionales y por multitud de estudios académicos. Es decir, hay un rigor científico detrás de estos procesos de acompañamiento del niño y de la niña a la hora de tomar testimonios que tienen validez. Como ejemplos tenemos el proyecto Barnahus o las cámaras Gesell, que trabajan con este enfoque. Y funcionan. Hay que adecuar el sistema de justicia para que tenga perspectiva de infancia.
Dado que este es un tema que no está en la agenda pública, ¿usted cree que la ley puede ir por delante de la sociedad? Es decir, hubo muchas voces contrarias a la ley del matrimonio homosexual, pero han pasado los años y eso es un derecho que ya nadie se cuestiona.
No siempre ocurre así. Yo pertenezco a una tradición política [la del PCE] que me indica justo lo contrario: en la mayoría de los casos la sociedad ha ido por delante de la ley. Por ejemplo, la gente trabajadora de este país ha conseguido derechos porque se ha organizado y ha salido a la calle. También el movimiento feminista nos ha dado lecciones maravillosas en ese sentido.
Pero para ello habría que educar antes a la sociedad en la protección de la infancia. A eso me refería cuando hablaba de que la ley irá por delante.
Somos un país pionero en la cuestión de la protección a la infancia. La Lopivi, aunque es muy reciente [se aprobó en 2021], supuso un punto de inflexión. En comparación con otros países, estamos muy por delante. Hemos avanzado, pero nos queda mucho camino por recorrer. Y con cifras tan dolorosas de violencias contra la infancia, necesitamos seguir empujando. Claro, la infancia no es un sujeto político que se pueda organizar de la misma manera que las personas adultas, no ocupan las calles haciendo grandes demandas sociales. Así que, en este caso, sí que creo que la ley puede ser útil, pero se trata de un asunto que tiene que desbordar la propia ley. Lo bueno es que, para afrontar este problema, ahora contamos con un Ministerio de Infancia. Y nos queremos hacer cargo. Yo siempre aprovecho cualquier oportunidad para pedir disculpas por todo lo que la Administración no ha hecho. Pido disculpas, en nombre del Estado, a todas esas infancias porque no hemos llegado a tiempo de evitar muchas situaciones dolorosas. Ahora tenemos la firme determinación de que eso cambie. Con leyes, con pedagogía, con estrategias. Por ejemplo, una parte de las violencias sexuales tienen como canal las plataformas digitales. Ahí estamos incidiendo de una manera muy contundente.
Nadie duda de la buena voluntad de la Ley de Entornos Digitales Seguros, ¿pero prohibir el acceso de los menores de 16 años a las redes sociales es realmente posible a nivel técnico?
Ante un problema tecnológico, siempre hay una solución tecnológica. El problema no es técnico porque ya ha quedado acreditado que si se quiere bloquear una aplicación o el acceso a una web, se puede hacer. Ocurre en muchos lugares del mundo. Si Facebook sabe más cosas de ti que tú mismo, seguramente también podrá saber qué edad tienes y ofrecer una herramienta de verificación de edad con garantías. Pero al margen de esto, desde el Gobierno de España estamos trabajando con una herramienta de verificación que se está probando a nivel europeo y que es muy potente, muy buena. Las pruebas están muy avanzadas y funciona muy bien. El problema no es ese. El problema es saber hasta qué punto hay una voluntad colectiva de ponerle límite a las plataformas y de democratizar el entorno digital. No puede ser que haya multinacionales tecnológicas que estén por encima de la ley, porque eso significa que están por encima de nuestros derechos y de nuestras libertades.
En España quizás no, pero en EE. UU. están claramente por encima de la ley.
Bueno, en España hemos visto que la plataforma de X ha puesto en marcha una inteligencia artificial generativa y ha publicado, en muy pocos días, una gran cantidad de material de violencia contra la infancia… sin consecuencias. ¡Esto es un delito, una vulneración de derechos fundamentales de libro! Y a quienes estamos diciendo que es inadmisible se nos está señalando.
Seguramente le caiga una multa millonaria por parte de la Unión Europea, lo hemos visto con otras empresas tecnológicas, pero puede que pasen varios años para que eso ocurra.
No sé si se tardará tanto. Lo que sí sé es que en este caso, como en muchos otros, necesitamos plantear un principio de precaución. Igual que se miden los impactos que pueden tener determinados procesos en el medioambiente o en la salud pública, ese mismo principio debe regir en el ámbito digital. Lo que no puede ser es que alguien suelte miles de imágenes de violencia sexual contra la infancia y luego pongamos el remedio.
Algunos de los casos más sangrantes de violencia sexual contra personas menores se han dado en centros de acogida. Fueron muy sonados los casos de Mallorca y de Madrid (el caso Sana). ¿Qué puede hacer su ministerio para garantizar que hechos como estos no vuelvan a ocurrir?
Las competencias las tienen las comunidades autónomas, pero nosotros podemos regular un marco general que diga cómo deben ser los sistemas de protección y de acogida. Y lo estamos haciendo. Sabemos que la prioridad de muchas comunidades no es proteger a los niños en situación de desamparo. Y hay que decirlo claramente: esto es una cuestión de voluntad política. Hay quien usa los presupuestos para hacer regalos fiscales a los ultrarricos o para dopar la sanidad privada. En estos casos, el sistema de protección está externalizado, generando precariedad y dando lugar a realidades de enorme tensión: no hay recursos, no hay suficientes profesionales para atender a los menores, que están viendo vulnerados sus derechos. Por eso estamos tramitando un decreto que lo regulará todo: formación de profesionales, ratios, tipos de centro, prioridad de la acogida familiar sobre la residencial, acompañamiento también más allá de los 18 años, porque no se les puede dejar en la calle en cuanto cumplen la mayoría de edad… El decreto estará muy pronto en el Consejo de Ministros.
Las cifras son demoledoras: una de cada cinco personas menores de edad sufre agresiones sexuales, la mayoría de ellas cometidas por familiares o conocidos. Por tanto, ni son casos puntuales ni es un asunto privado. Estamos hablando de un problema social, estructural y de salud pública que, pese a su gravedad y magnitud, continúa siendo un tabú en la sociedad.
En este contexto, y con la reforma de la Ley de Protección a la Infancia (Lopivi) de fondo, víctimas y especialistas exigen dar un salto cualitativo en su tratamiento para poder enfrentarlo y prevenirlo, como en su día si hiciera con la violencia de género. Lo explican detalladamente en el último dossier de La Marea, cuya primera presentación se celebrará en el Teatro del Barrio de Madrid el próximo 5 de mayo a las 19 horas.
En el acto, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, será entrevistada por la periodista Olivia Carballar. A continuación, participarán en una mesa redonda diferentes ponentes y especialistas. Entre otros, contaremos con Carmela del Moral, responsable de Infancia de Save the Children; Juan Cuatrecasas, portavoz de la Asociación Nacional Infancia Robada y padre de una víctima de la pederastia en la Iglesia; Jorge Coronado, perito tecnológico, CEO de Quantika14, experto en la lucha contra la delincuencia digital; y una víctima de violencia intrafamilar. Moderará el acto la periodista Ana Veiga.
En todo el mundo, según Unicef, más de 370 millones de niñas y mujeres vivas en la actualidad y entre 240 y 310 millones de niños y hombres han sufrido violaciones o abusos sexuales antes de los 18 años. Pero es que además, como afirman desde Save the Children, persiste el desafío de conocer la dimensión real: «Sabemos que las cifras oficiales reflejan solo la punta del iceberg, que muchos casos no se detectan y no se denuncian, en parte por las dinámicas propias del abuso, que suele producirse en entornos de confianza y en contextos de secretismo que dificultan la revelación por parte del niño o niña y de otros familiares», sostiene Clara Burriel, especialista en violencia en la citada organización.
Y ese es uno de los principales problemas: a pesar de su gravedad, todavía se trata de una realidad muy invisibilizada, rodeada de tabúes, falsos mitos sobre su frecuencia, las víctimas o los contextos.
Puedes leer el dossier completo sobre la violencia sexual en la infancia y adolescencia adquiriendo aquí tu ejemplar de La Marea. También puedes suscribirte para recibir nuestras revistas en tu buzón.
Me cuesta decir «mi padre». Dos palabras que, en la mayoría de personas, son quizá de las más pronunciadas. Son un concepto normal, uno de esos en los que se basa tu mundo cuando eres niña y uno de tus pilares cuando te haces mayor. A mí, en cambio, me revuelven el estómago por el subtexto asociado a ese concepto, por lo que se supone que dices cuando pronuncias esas siete letras, por la referencia a esa figura de apego que debe ser quien te cuida y te protege. No soy capaz.
Por las tardes, me enseñaba a montar en bicicleta, me decía que me apuntara a judo para saber defenderme de mayor, presumía de lo lista y responsable que era su hija frente a la vecinas, que lo saludaban sonrientes. «Qué majo es tu padre. Tu madre, hija, es más seca», me dijo un día la señora del quinto, una de esas mujeres mayores que pretendía no aparentarlo y que se bañaba en perfume y maquillaje. «Qué majo», decía, y a mí un dolor me partía el pecho por dentro. Nunca dije que me dolía. No quería molestar, no quería preocupar, no quería que nadie me preguntara por qué. Solo quería hacerme invisible, olvidar, vivir en las tardes de sol y playa donde mi infancia era lo que debería ser la de cualquier niña: calma y amor.
Pero llegaba la noche, y la oscuridad se cernía sobre la casa. Y yo me acurrucaba en la cama. Me hacía pequeña y me escondía entre las sábanas, híper vigilante y con el corazón en un puño. Oyendo cada crujido de la madera, cada respiración en la casa. Me sentía como Spiderman, con un sentido arácnido que me hacía ser consciente del vuelo de una mosca y me aceleraba el corazón cuando notaba que una mano se posaba en la manilla de la puerta de mi cuarto. Aprendí a dormir boca abajo, con los brazos a los lados, para poder hacer presión hacia el colchón y evitar que una mano me tocara en zonas donde a ninguna niña deberían tocarle. Era una parálisis, una resistencia silenciosa, sin moverme apenas, intentando poner todas las barreras físicas que una menor de unos tres años podría poner frente a un monstruo de 1,85 cm. de altura, más de 100 kilos de peso y treinta y pico años de vida. En esos momentos, solo podía escuchar el latir de mi corazón en mis sienes, con la sangre galopando por mis venas y mi cuerpo en rigor mortis. No sabía lo que pasaba, únicamente que quería matarlo y huir. Lo soñaba a veces. Y luego me sentía mal, culpable, porque es tu padre y tienes que quererlo, porque te lleva a las extraescolares y sonríe a las madres de tus amigas, porque es muy gracioso y en el bar lo adoran, porque sabe lidiar con mi madre cuando se enfada y es el alma de la fiesta en las comidas.
Todavía lucho con la culpa, cuarenta años después. Quizá podría haber gritado, aunque no encontraba la voz. Quizá podría haber pedido ayuda, aunque conseguí hacerlo una vez –pero acabé por minimizar la historia mientras la contaba porque no quería romper mi familia, no quería ver a mi abuela llorar, a mi madre chillar, a los vecinos hablar–. Porque «los trapos sucios se lavan en casa», me decían, sin saber el impacto de esa frase. Ni siquiera sabía pedir ayuda porque tardé muchos años en entender que podía negarme y que la punzada que me desgarraba el pecho era ansiedad.
Con treinta y pico años, más o menos su edad en el momento en que se inicia esta historia, reuní fuerzas y escribí a una psicóloga especializada. Digo escribí porque no fui capaz de llamar. «Necesito hablar con alguien pero no puedo decirte por qué, simplemente no puedo», tecleé en un formulario ‘online’ de una web. Ella lo entendió, me recibió, me dejó llorar, me dio mi tiempo. Y fue la primera que lo llamó «mi agresor». Me revolví en la silla de una consulta blanca, decorada con plantas y con una caja de pañuelos enorme sobre la mesa. Me los acercó. «Llamémosle por su nombre», me dijo. Me dolió; también me liberó. No sería más «mi padre», aunque ha acabado por ser «el susodicho» o «el gilipollas» porque llamarle «mi pederasta» se hace muy duro de tragar, y no solo por el «pederasta» sino por el «mi». Porque no quiero que sea nada mío. Porque lo he borrado de mi vida y, solo entonces, solo así, he podido empezar a dormir de lado y, poco a poco, boca arriba.
Empecé a meditar, a soltar el cuerpo, a contarlo en pequeños círculos donde, para mi sorpresa, me encontraba en ocasiones con historias similares que me eran susurradas en privado o enviadas en mensajes tras el encuentro. «Me pasó, fue mi hermano». «Mi abuelo». «El vecino en un bar». «También mi padre». Y un terremoto se desató en mi cuerpo, porque comprendí que no era una rarita con problema extraños sino que había mucha gente a mi alrededor con problemas similares. Porque habían abusado de muchas de nosotras, incluso cuando no nos habían ni salido las tetas. Solo por el hecho de ser niñas. Solo por creerse impunes y, a nosotras, trozos de carne sobre los que ejercer su poder sin consecuencias.
Me gustaría decir que ya estoy bien. Pero solo puedo decir que he conseguido vivir con ello y, muchas veces, seguir disociándome de esa historia porque me niego a que me defina. Pero ahora, con dos hijas a mi cargo, las regresiones se activan y las veo pequeñas, inocentes e indefensas, y pienso que hay que ser un puto ‘monstruo’ para hacerles daño. Y no sé si es más triste que me haya pasado a mí o que yo no sea una excepción; que lo que para mí son monstruos no son locos ni psicópatas, solo hijos sanos del patriarcado.
Ahora, intento protegerlas y educarlas desde la herida sin dejar que sangre. Les canto canciones, les explico cómo se llaman las partes (todas) de su cuerpo, les compro libros sobre consentimiento e intento no obsesionarme cuando las pierdo de vista unos segundos en una comida familiar. No voy a mentir, me cuesta. Las miro y vuelven los temblores, el palpitar de la sien y el miedo a que se repita la historia con otra de esas personas de mi entorno que sea muy majo para las personas sobre las que no puede ejercer poder.
Todavía tiemblo al escribir esto. Porque la herida no se cierra nunca. Solo cicatriza. Hoy la muestro por si alguien más necesita saber que no está sola. Y que no es su culpa, aunque así se sienta.
*Aurora Delmar es un pseudónimo. La mujer que escribe estas líneas nunca denunció a su agresor y ha optado por no revelar su verdadero nombre por temor a posibles represalias.
Puedes escuchar el texto en este audio, con locución de Rocío Gómez.
La vinculación de la cultura árabe a la poesía se pierde en la noche de los tiempos. Forma parte de un patrimonio sorprendentemente vivo. Aún hoy, al terminar las manifestaciones contra el genocidio de Gaza, es habitual que alguien tome un megáfono y recite una poesía. En Todo lo que fuimos, el patriarca de la familia protagonista enseña a su hijo menor un poema en el que el mar es, metafóricamente hablando, la lengua árabe. Y en ese mar «los buzos» (los poetas) deben sumergirse para encontrar sus perlas escondidas. Escribir, recitar, narrar son un acervo compartido por varias comunidades desgarradas desde hace ocho décadas (la siria, la libanesa, de forma particularmente sádica la palestina) por la impunidad colonial del Estado de Israel.
«Nuestro trabajo es una forma de resistencia», explica el actor Saleh Bakri. «Consiste en contar historias con las que evitar el borrado: en nuestro caso, la historia y la narrativa palestinas han sido empujadas a un rincón sombrío por poderosos sistemas mediáticos controlados por el sionismo». Su padre, Mohammad Bakri, sufrió 20 años de censura y persecución judicial por un documental, Jenin, Jenin (2003), en el que contaba el ataque israelí a un campo de refugiados en Cisjordania. Ambos, padre e hijo, trabajan en Todo lo que fuimos, película que narra la azarosa historia de una familia palestina desde que es expulsada de su casa en Jaffa, en 1948, hasta la actualidad. Son ese padre y ese niño que hablan de poesía.
Delante y detrás de la cámara está la estadounidense Cherien Dabis, de padre palestino y madre jordana, incansable trabajadora contra los clichés –desde el orientalismo al terrorismo– con los que el audiovisual occidental suele representar el mundo árabe. Su acercamiento al drama palestino es igualmente inusual: hay, claro, sangre y dolor, pero el corazón de la denuncia es emocional. La familia sobrevive unida hasta que un incidente lo cambia todo. Un incidente que recuerda al que sufre Iliusha, el niño de Los hermanos Karamázov, cuando ve a su padre humillado en público. ¿Qué otra cosa podría hacer esta familia más que odiar? ¿Qué otra cosa podría exigir más que venganza? La respuesta de Cherien Dabis no es esa: «En tiempos excepcionalmente violentos como los actuales, todos deberíamos guiarnos por nuestra humanidad. Esa humanidad, en estos momentos, es también una forma de resistencia».
Mohammad y Saleh Bakri, padre e hijo en la vida real y en la ficción en ‘Todo lo que fuimos’. KARMA FILMS
Si como decía Hernán Zinen estas mismas páginas «Palestina va a desaparecer», si el proyecto sionista de expulsión de los cisjordanos (cual Reyes Católicos) y exterminio de los gazatíes (aquí, por ley, no podemos usar el símil más preciso) se consuma, quedarán, contra el borrado, películas tan bellas y terribles como Todo lo que fuimos. Quedarán documentales como Jenin, Jenin. Quedarán, como una página negra de la historia, los crímenes imborrables de Israel. Y quedará la poesía.
‘Todo lo que fuimos’, de Cherien Dabis, se estrena en cines el 30 de abril.
Esta reseña se ha publicado originalmente en El Periscopio, el suplemento cultural de La Marea. Puedes conseguir la revista aquí o suscribirte para apoyar el periodismo independiente.
Este reportaje se publicó originalmente en La Marea 111. Puedes conseguir la revista y suscribirte en nuestro kiosco.
La mañana del 28 de febrero, decenas de niñas y docentes ingresaron a la escuela primaria Shajareh Tayyebeh de Minab, una ciudad de más de 70.000 habitantes en el sur de Irán. Era sábado, el primer día de la semana laboral en ese país. También el primer día de la operación «Furia Épica», como denominó el Pentágono a la ofensiva que lanzó contra Irán junto a Israel (Tel Aviv, por su parte, la llamó «Rugido del León»).
Alrededor de las 10.30 hora local, un misil Tomahawk impactó en la escuela, perforando el techo y colapsando la estructura. Análisis forenses de imágenes satelitales revelaron que, poco después, otro misil impactó en el patio, seguido por un tercero que completó el ataque. Según las autoridades iraníes, al menos 168 personas, en su mayoría niñas de entre siete y 12 años, fallecieron en el ataque. No se trató de un fallo técnico.
Los misiles Tomahawk no son cualquier misil. Pueden cubrir más de 2.000 kilómetros de forma autónoma, a velocidades cercanas a los 880 km/h, e impactar en su objetivo con un margen de error de pocos metros.
La escuela estaba ubicada en un edificio que hace una década fue separado de una base de las fuerzas navales del Cuerpo de Guardianes mediante un muro. Dicha base también fue golpeada en los ataques del 28 de febrero. Por ello, es probable que EE. UU. identificara esa base como objetivo militar pero que los mapas utilizados para esa identificación no estuvieran actualizados. Pero ¿quién es responsable de ese error en una guerra en la que se combate esencialmente con inteligencia artificial?
La cadena de muerte
En términos militares, con kill chain (literalmente, ‘cadena de muerte’) nos referimos a la secuencia de acciones que ocurre entre la identificación de un objetivo, la decisión de atacar y el despliegue del ataque. Durante casi un siglo, los ejércitos han intentado comprimir la kill chain todo lo posible, algo que permitiría atacar al enemigo de forma más rápida y eficaz.
Este deseo se convirtió en necesidad por primera vez durante la Guerra del Golfo del año 1991, cuando los iraquíes emplearon lanzadores móviles de misiles capaces de desplazarse varios kilómetros antes de que los estadounidenses pudieran coordinar una respuesta. Las viejas técnicas analógicas, en las que los analistas tenían que revisar manualmente mapas, grabaciones y otros datos, no servían. Se necesitaban máquinas capaces de volar tan bajo como para esquivar los radares, identificar un objetivo y eliminarlo en minutos. En pocas palabras, drones armados: vehículos capaces de volar (y atacar) sin tripulación a bordo.
El primer ejemplo llegó en 2001, cuando el capitán de la Fuerza Aérea de EE. UU. Scott Swanson y el sargento mayor Jeff A. Gunny Guay intentaron matar, sin éxito, al mulá Omar, líder de los talibanes y aliado de Osama Bin Laden, mientras controlaban un dron armado Predator desde Langley (Virginia), a miles de kilómetros de distancia. A pesar de que la misión no obtuvo los resultados esperados, los drones Predator y el más pesado Reaper en poco tiempo se convirtieron en instrumentos claves de las misiones militares tanto de EE. UU. como de Israel. Su uso se amplió enormemente durante la presidencia de Barack Obama, llegando incluso a ser considerados por algunos más «humanos» que otro tipo de ataques.
«La pregunta es si los drones nos tentarán a hacer cosas incorrectas. Pero no parece que sea así, porque tenemos casos en los que los drones se usaron de manera justa, y parece que, en realidad, mejoran nuestra capacidad de actuar con justicia», dijo en 2012 a The Guardian Bradley Strawser, filósofo y por entonces profesor en la Universidad Naval de Monterrey. «Literalmente cada acción que realizan queda registrada. Ante una decisión difícil, los operadores pueden incluso tomarse su tiempo y llamar a otras personas a la sala. Hay más margen para los controles y la supervisión», argumentó.
Pero con el aumento de los datos, poco a poco los controles y supervisión se volvieron cada vez más complejos. «En un futuro no muy lejano, vamos a encontrarnos nadando en sensores y ahogándonos en datos», aventuró en 2010 un alto cargo de inteligencia de la Fuerza Aérea estadounidense. Y eso fue lo que pasó. La difusión de redes sociales, drones y tecnologías de vigilancia masiva aumentaron enormemente la disponibilidad de datos en manos de los ejércitos para identificar y rastrear objetivos. Eso llevó a un cuello de botella. ¿Quién podía analizar tanta información? La inteligencia artificial trajo la respuesta.
Guerra sin piloto
«El objetivo de los sistemas de IA es liberar al ser humano del procesamiento cognitivo; hacer las cosas más rápidas y eficientes», comenta a La MareaElke Schwarz, profesora de Teoría Política en la Universidad Queen Mary de Londres y autora del libro Death Machines: The Ethics of Violent Technologies (2018). Schwarz lleva años estudiando las consecuencias reales y potenciales del empeño humano por automatizar al máximo la práctica de matarse unos a otros.
Su investigación comenzó a principios de la década de 2010, años antes de la invasión rusa de Ucrania, una guerra que se ha convertido en un campo de experimentación para el uso de algoritmos e inteligencia artificial en batalla. «Muchas empresas emergentes llevaron sus nuevas tecnologías al conflicto», señala Schwarz.
Muy pronto, la asimetría del conflicto en Ucrania trajo el uso masivo de drones teledirigidos. A diferencia de los complejos y costosos sistemas Predator, estos eran instrumentos baratos que, con una inversión de apenas 500 dólares y comandados de forma remota, eran capaces de destruir tanques. No obstante, se revelaron vulnerables ante la guerra electrónica, es decir, ataques que interrumpen la comunicación entre el dron y su piloto. Esto propició que se impulsara el desarrollo de aeronaves con capacidades autónomas de vuelo y ataque.
Los drones autónomos están dotados de software capaz de transportar explosivos a lo largo de cientos de kilómetros y localizar objetivos. Otro tipo de drones, de cuatro hélices, se dotaron de inteligencia artificial para atacar a soldados rusos sin intervención humana cuando las comunicaciones fallaran. El siguiente paso fueron los enjambres de drones, capaces de perpetrar ataques masivos sin necesidad de contar con decenas de operadores.
Entre las innovaciones desplegadas en Ucrania, destaca el envío, en febrero de 2026, de dos robots humanoides Phantom MK-1 para cumplir funciones descritas oficialmente como «de apoyo» y no de combate. Según la startup californiana Foundation que los ha creado, este modelo sería el primer autómata diseñado específicamente para zonas de conflicto armado. «Lo que estamos viendo ahora es el primer intento torpe de cómo los robots van a librar nuestras guerras», declaró a la revista TimeMike LeBlanc, cofundador de la empresa y veterano de los Marines con experiencia en Irak y Afganistán. «Pero, en realidad, solo están esperando a que empiece el espectáculo», añadió.
Al margen del posible desarrollo de estos robots, en la actualidad las decisiones bélicas ya pasan por las principales empresas de inteligencia artificial, las mismas que diseñan los chatbots (asistentes conversacionales de IA) que cada día usan millones de personas para corregir correos electrónicos.
Decisiones de algoritmos
El libro The Making of the Atomic Bomb, de Richard Rhodes, publicado en 1986 y ganador del premio Pulitzer, se ha convertido en una de las lecturas más populares en las oficinas de Anthropic, la empresa creadora del chatbot Claude. Como escribía Charlie Warzel en 2023 en el medio The Atlantic, la obra se ha convertido en una suerte de texto fundacional para cierto tipo de investigadores en IA: los que creen que sus creaciones podrían tener el poder de matarnos a todos.
En febrero de este año, el secretario de Defensa estadounidense Pete Hegseth exigió a Anthropic acceso sin restricciones a sus sistemas de inteligencia artificial para cualquier uso militar. La respuesta del consejero delegado, Dario Amodei, fue una negativa pública: «En conciencia, no podemos aceptar su petición». Hegseth contestó designando a Anthropic como «riesgo para la cadena de suministro», una calificación reservada habitualmente a empresas vinculadas con gobiernos adversarios, como la china Huawei o la rusa Kaspersky.
En respuesta, Anthropic demandó al Gobierno, que por su cuenta comenzó el proceso de reemplazar Claude con los modelos de empresas que supuestamente aceptaron sus condiciones, como ChatGPT, de OpenAI, y Gemini, de Google. Hasta ese momento, la colaboración entre esta empresa –fundada por exmiembros de OpenAI– y el Departamento de Defensa había sido estrecha.
El Mando Central de EE. UU. (CENTCOM) habría utilizado una versión clasificada de Claude para asistir en evaluaciones de inteligencia, identificación de objetivos y simulación de escenarios de combate durante operaciones militares en Irán. Según revelóThe Wall Street Journal, Claude también habría sido empleado en la operación militar estadounidense que condujo a la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro en enero de este año.
Además, Anthropic ya se había asociado con Palantir Technologies, el gigante de análisis de datos cofundado por Peter Thiel y uno de los principales contratistas tecnológicos del Pentágono. En particular, Claude sería clave para el funcionamiento del sistema Maven Smart, diseñado por Palantir y supuestamente utilizado por el Ejército de EE. UU. en su guerra en Irán. Maven es capaz de procesar volúmenes enormes de datos clasificados procedentes de satélites, vigilancia y otras fuentes de inteligencia, y generar a partir de ellos información operativa. Según Hegseth, durante las primeras 24 horas de su ofensiva, EE. UU. atacó más de mil objetivos.
Protesta ante la sede de Palantir, en Nueva York, por su colaboración con el ICE. MADISON SWART / REUTERS
«Sugieren miles de objetivos y luego tienes un equipo reducido de personas para comprobarlos o validarlos, pero tienen que hacerlo a toda velocidad», subraya Schwarz a La Marea. «Ocurre tan rápido que tenemos que preguntarnos si puede haber una supervisión significativa o si el humano simplemente va diciendo “sí, no, sí, no”, absorbido por la lógica funcional del sistema de IA, por la lógica de la máquina».
Según una investigación publicada en el año 2024 por la revista israelí-palestina +972 Magazine, Israel empleó el sistema Lavender en Gaza para analizar datos de vigilancia masiva de casi la totalidad de los 2,3 millones de habitantes de la Franja. El sistema asigna a cada individuo una puntuación del 1 al 100 según su probabilidad de ser miliciano. La investigación indica que la supervisión humana se reducía con frecuencia a una validación pro forma de aproximadamente 20 segundos por objetivo, tratando en la práctica la sugerencia de la máquina como una decisión firme.
Al comprobarse que Lavender supuestamente alcanzaba un 90% de precisión en la identificación de afiliaciones con Hamás, el Ejército autorizó su uso generalizado. A partir de ese momento, según las fuentes de +972 Magazine, si Lavender determinaba que un individuo era miliciano, los operadores debían tratar esa decisión como una orden, sin necesidad de verificar de forma independiente el razonamiento algorítmico ni examinar los datos en los que se basaba.
«Para hacer posible la violencia de masas es necesario deshumanizar al enemigo», concluye Schwarz. Y para eso, la inteligencia artificial ofrece grandes oportunidades. «Cuanto mayor es la distancia entre la aplicación de la fuerza y sus efectos, mayor es también la distancia emocional y moral que se genera».
A diferencia de los sistemas de armas convencionales, fabricados por empresas como Lockheed Martin y sujetos a marcos regulatorios, el uso militar de la inteligencia artificial carece de regulación.
Frenar la máquina
En uno de los muchos cafés de moda que hay en Brooklyn, frente a un capuccino, Peter Asaro admite que negociar un tratado para regular las armas con altos niveles de automatización es una tarea titánica en el laberíntico sistema de la ONU. Este filósofo de la ciencia, la tecnología y los medios digitales, ya atendió a La Marea en octubre de 2023 en la sede de Naciones Unidas.
Hoy, Asaro, vicepresidente del Comité Internacional para el Control de Armas Robóticas (ICRAC) y portavoz de la campaña Stop Killer Robots, se muestra esperanzado con el estado actual del borrador para negociar un marco legal común en las Naciones Unidas que permita ejercer control sobre las armas con altos niveles de automatización.
Tras varios intentos fallidos de prohibir por completo el uso de armas autónomas, el estado actual de las negociaciones se centra en regular su empleo y definir en qué contextos son aceptables. Es el caso, por ejemplo, de los sistemas de defensa antimisiles, que deben operar con inmediatez para neutralizar amenazas masivas. El debate de fondo radica en hasta qué punto es imprescindible mantener a un humano en el proceso y qué nivel de intervención se considera «significativo». Por ello, las discusiones se centran en la definición de un «control humano apropiado al contexto».
«La idea es que “apropiado” no sea un término vacío», matiza Asaro. «Exige algún tipo de valoración humana contextual que confirme que el sistema opera en un entorno conocido y que es capaz de hacerlo correctamente».
Estos esfuerzos regulatorios chocan con la oposición de potencias muy activas en el desarrollo armamentístico, convencidas de que la IA les otorgará una ventaja táctica decisiva. Países como Estados Unidos, Rusia, China, Israel, Corea del Sur y Turquía prefieren sustituir un tratado vinculante por meras «directrices» o «mejores prácticas».
Se espera que en noviembre de 2026 las Naciones Unidas voten el inicio oficial de las negociaciones. De ser así, el tratado formal podría ver la luz en 2027, seguido de un arduo proceso de ratificación global que seguramente intentarán torpedear los países detractores. Sin embargo, Asaro recuerda que no es una situación inédita y que la historia demuestra que el progreso es posible frente a la resistencia de las grandes potencias.
En el caso de las armas nucleares, un tratado de prohibición ha logrado establecer normas claras. Aunque las potencias nucleares no lo firmaron, el respaldo de la mayor parte del mundo consolidó una norma internacional que declara estas armas «inmorales e ilegales». Del mismo modo, aunque Siria nunca firmó el tratado sobre armas químicas, la comunidad internacional la hizo responsable de su uso. «Esperamos lograr algo similar. Como mínimo que podamos restringir el uso de estos sistemas y alejar la IA de las aplicaciones bélicas más peligrosas que podamos imaginar», concluye Asaro.
Así, al menos, la responsabilidad de las muertes de civiles podrá seguir siendo identificable y no quedar sepultada tras algoritmos indescifrables.
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«Pederastas: el problema estructural que no queremos abordar». Nunca nos había costado tanto escoger un titular de portada. Decidimos dedicar un especial a la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes como un ejercicio de autocrítica y responsabilidad. Tras una comida en la que estuvimos hablando de Epstein, nos dimos cuenta de que no teníamos problema en definirlo a él y a sus cómplices como pederastas. Tampoco para aplicar ese término a los miembros de la Iglesia católica que han cometido agresiones sexuales. Las noticias sobre estos casos despiertan indignación y repulsa. Pero ¿cuál es la respuesta ante la violencia sexual intrafamiliar, la que supone un 80% del total? Las víctimas y especialistas que participan en el dossier de nuestro última revista lo tienen claro: silencio.
Una de cada cinco personas sufre violencia sexual antes de cumplir los 18 años, pero muy raramente lo contará y, menos aún, llegará a denunciarlo. Las agresiones que cometen nuestros padres, abuelos, tíos, padrastros, primos, vecinos o cuñados suelen ser secretos familiares que quedan impunes. Para minimizar su impacto, debemos reconocer cómo se manifiesta a través de señales más o menos evidentes. Para ello, hemos recopilado una serie de consejos de expertos para elaborar una guía con algunos indicadores, de tipo físico o conductual, que pueden ayudarnos a detectar posibles casos de violencia sexual contra la infancia y la adolescencia. Puedes descargarla aquí en castellano, catalán, euskera y gallego.
Quizá mientras lees estas líneas, estés pensando en alguien próximo que ha sufrido este tipo de violencia. Tal vez te haya sucedido a ti, la probabilidad es alta. Repetimos: afecta al 20% de las personas menores de edad. En La Marea no vamos a dejar de recordarlo porque los medios de comunicación debemos ser un servicio público.
Además, fieles a nuestra inclinación por el reporterismo, visitamos Siria y Cuba. Al primer destino acudimos de la mano de Núria Vilà Coma, quien visita una escuela a las afueras de Damasco para ver cómo se han reanudado las clases después de la guerra civil y de la caída del gobierno de Bashar al Asad.
A la isla caribeña nos acercan Patricia Simón y el fotoperiodista Alex Zapico. Cuba vive momentos de tensión por el estrangulamiento energético al que está sometida por parte de Estados Unidos, que además amenaza con una invasión. Los cortes de electricidad son continuos y el éxodo de personas jóvenes es imparable.
Solo las viviendas y comercios con placas solares o generadores disponen de luz durante los apagones que sufre regularmente Cuba desde hace tres años y, especialmente, desde el bloqueo energético impuesto por Donald Trump. ALEX ZAPICO
Marco Dalla Stella firma un reportaje sobre la inteligencia artificial aplicada al armamento. Esta IA señala objetivos para los bombardeos en Irán y actualmente carece de regulación. La masacre provocada por el ataque estadounidense a una escuela de niñas en Minab expone los riesgos de su utilización.
Asimismo, Guillermo Martínez charló con el historiador Gutmaro Gómez Bravo sobre el final de la guerra civil española, el tema de su último ensayo. En él trata todos los pormenores del fin de una contienda que necesitó de la rendición y de la entrega del bando republicano. Es decir, que Franco no ganó heroicamente en el campo de batalla, sino con espionaje y tejemanejes de despacho.
Sebastiaan Faber, por su parte, conversó con la periodista Raina Lipsitz, autora de un libro titulado The Rise of a New Left que trata sobre los movimientos de la izquierda juvenil en Estados Unidos. Para prosperar, esta izquierda ha tenido que enfrentarse no sólo al trumpismo, sino al establishment del Partido Demócrata. La victoria de Zohran Mamdani en Nueva York es uno de sus triunfos más sonados.
Nos ocupamos también de la conservación de los océanos, elaboramos un bazar con productos e iniciativas de carácter ecosocial, os contamos la fascinante historia de la pintora Fanny Gonmar y, como siempre, viajamos a uno de los lugares que siempre está en nuestro corazón: los campamentos saharauis en Argelia. Allí, Miguel Ángel Fernández firma un reportaje sobre una original forma de cultivar hortalizas frescas en pleno desierto.
En El Periscopio, nuestro suplemento cultural, abordamos el uso de la inteligencia artificial para realizar traducciones literarias, cuya popularización está poniendo en peligro a un sector ya muy precarizado que propone alternativas. También viajamos a Avilés, donde tendrá lugar una Bienal de Arte dedicada al cambio climático. Y hablamos con la escritora Laura Ortiz Gómez, autora de una novela atípica y deslumbrante sobre la lucha de clases: Indócil. El broche de oro para el suplemento es un relato de la escritora Elvira Navarro.
Como ves, La Marea en papel vuelve cargada de temas interesantes y también incómodos. Así debería ser siempre el periodismo. Así intentamos hacerlo. Ayúdanos a seguir en la brecha. Compra la revista. Suscríbete.
