Las últimas declaraciones surgidas por Donald Trump y el resto de su Gobierno sobre anexarse Groenlandia en nombre de la seguridad frente a China y Rusia dejan claro que no descarta ninguna opción (incluso la bélica) para conseguir su propósito. «Ahora mismo vamos a hacer algo con Groenlandia, les guste o no. Porque si no lo hacemos, Rusia o China se apoderarán de Groenlandia y no vamos a tener a Rusia ni a China como vecinos. Me gustaría llegar a un acuerdo, ya saben, por las buenas, pero si no lo hacemos por las buenas, lo haremos por las malas«, manifestó durante una reunión con ejecutivos de compañías petroleras en la Casa Blanca.

Estas palabras han provocado estupor en amplios sectores de la opinión pública europea. Los aliados de Trump en Europa (Abascal, Meloni, Orbán, etc) se encuentran en la incómoda posición de elegir entre su amigo fascista o defender la integridad territorial de la sagrada «Europa», cuna de la civilización occidental y el supremacismo blanco. Por otro lado, la Europa supuestamente “progresista” también se ha encontrado con una realidad que prefiere eludir: Groenlandia continúa siendo, en pleno siglo XXI, una colonia.

Groenlandia forma parte del Reino de Dinamarca, pero su relación con la metrópoli responde a un patrón colonial prolongado. Dinamarca colonizó formalmente la isla en el siglo XVIII y, aunque desde 1979 cuenta con autogobierno y desde 2009 con competencias ampliadas, la política exterior, la defensa y la seguridad siguen en manos de Copenhague.

Bajo la superficie de la socialdemocracia nórdica se esconde un historial prolongado de asimilación forzosa, racismo institucional y negación de soberanía contra la población inuit. Durante el siglo XX, el Estado danés ejecutó programas de ingeniería social que hoy resultarían difíciles de conciliar con su imagen internacional: niños inuit fueron separados de sus familias y enviados a Dinamarca para ser “reeducados”, despojados de su lengua y su identidad cultural.

La Doctrina Donroe

Tras invadir Venezuela y secuestrar a Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, Trump explicó a los medios que había vuelto la Doctrina Monroe ( la idea de que cualquier territorio estratégicamente relevante en su entorno debe estar bajo su control directo o indirecto para evitar las injerencias externas), pero actualizada al siglo XXI, llamándola «Doctrina Donroe«. Puro imperialismo. Y su exabrupto de hacerse con Groenlandia es una expresión descarnada de una estrategia para consolidar un portaviones inamovible en el Ártico desde el que vigilar el Atlántico Norte y sostener su arquitectura global de defensa. Y eso pese a que la presencia china en Groenlandia es fundamentalmente científica y comercial y Rusia apenas actúa allí.

Para completar las posiciones estratégicas, la retórica de la Alianza Atlántica en el Ártico es el manual perfecto del cinismo geopolítico. Mientras la OTAN invoca la soberanía y el derecho internacional en otros escenarios, en el extremo norte aplica una lógica de tutela colonial que ignora sistemáticamente la voluntad del pueblo inuit (según una encuesta publicada en enero de 2025 por la empresa demoscópica Verian, encargada por los diarios Berlingske y Sermitsiaq, un 56% de la población groenlandesa votaría hoy a favor de la independencia, frente a un 28% que se opondría).

Los líderes de los partidos groenlandeses, incluido el primer ministro de Groenlandia, Jens Frederik Nielsen, han emitido un comunicado conjunto tras las declaraciones de Trump en las que han rechazado el «desprecio» de Washington y han vuelto a instar a la diplomacia. «Queremos recalcar una vez más nuestro deseo de que cese el desprecio de Estados Unidos por nuestro país. No queremos ser estadounidenses ni daneses, queremos ser groenlandeses«, han declarado, asegurando que están «gobernados por la ley del autogobierno y el Derecho Internacional«.

La OTAN como protector ambiental

En los últimos años, la OTAN ha tratado incluso de envolver su despliegue en el Ártico con un lenguaje de “protección ambiental”. La paradoja es obscena: el aparato militar figura entre los mayores consumidores de combustibles fósiles del planeta y, sin embargo, presenta sus maniobras como salvaguarda del hielo.

Evidentemente, esas operaciones no persiguen frenar el deshielo, sino garantizar que, cuando el Ártico quede abierto, las rutas comerciales y los yacimientos estratégicos permanezcan bajo control occidental. Bajo el hielo se concentran enormes reservas de tierras raras, oro, uranio, hierro y otros minerales críticos esenciales para la industria tecnológica y la mal llamada “transición verde” del capitalismo global.

Esos minerales son hoy clave para nuestra vida tecnológica. Son 17 elementos químicos esenciales para fabricar móviles, ordenadores, baterías, aerogeneradores o coches eléctricos. Desde el escandio hasta el lutecio, pasando por el itrio, el lantano, el europio o el neodimio. Materias primas estratégicas que hoy dominan, en gran parte, países como China.

Pero hay más. Mucho más. Bajo esas capas heladas, los científicos creen que Groenlandia podría albergar grandes reservas de gas y petróleo. Y ahí entra en juego otro viejo conocido: la pasión del trumpismo por los hidrocarburos.

Informes del Financial Times y del U.S. Geological Survey detallan la creciente presión de grandes corporaciones mineras para abrir explotaciones que contaminarían territorios ancestrales y alterarían de forma irreversible el entorno ártico. La economía groenlandesa, donde alrededor del 25 % del PIB —según datos  recogidos por Reuters y el Nordic Council— depende todavía de transferencias procedentes de Dinamarca, queda así atrapada en un dilema: continuar bajo una tutela colonial que limita su soberanía o financiar la independencia mediante un extractivismo salvaje que pone en riesgo las bases mismas de su supervivencia ecológica y cultural.

¿La ruptura de Europa con EEUU?

En una declaración conjunta en respuesta a las amenazas de Estados Unidos, seis líderes europeos declararon que «Groenlandia pertenece a su pueblo. Corresponde a Dinamarca y Groenlandia, y solo a ellas, decidir sobre los asuntos que afectan a Dinamarca y Groenlandia». Y, acto seguido, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia desplegaron tropas en Groenlandia.

Pocas horas después, la Casa Blanca declaró que «adquirir Groenlandia es una prioridad de seguridad nacional de Estados Unidos y es vital para disuadir a nuestros adversarios en la región ártica. El presidente y su equipo están debatiendo una serie de opciones para alcanzar este importante objetivo de política exterior y, por supuesto, recurrir al ejército estadounidense es siempre una opción a disposición del comandante en jefe». Unos días después, Trump anunció aranceles del 10% a los países que habían enviado soldados a Groenlandia. Y ha avisado además que subirá a partir del 1 junio a un 25% y «deberá pagarse hasta que se llegue a un acuerdo para la compra total y completa de Groenlandia» por parte de Estados Unidos.

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, declaró que si Estados Unidos tomaba Groenlandia por la fuerza, la propia OTAN se derrumbaría.

Explica Rafael Poch que «si la dependencia de Estados Unidos con respecto a Ucrania obliga a los europeos a aceptar la ocupación estadounidense del territorio de un miembro europeo de la OTAN, la humillación sería tan profunda que la idea misma de Europa como factor significativo en los asuntos mundiales desaparecería«.

Autodeterminación frente a la lógica imperial

En el fondo, lo que está en juego no es una disputa técnica sobre seguridad o desarrollo, sino el choque entre dos principios irreconciliables: el derecho del pueblo groenlandés a decidir libremente su futuro —político, económico y ambiental— o quedar sistemáticamente subordinado a una lógica imperial que convierte el Ártico en un tablero de poder y en un almacén de recursos estratégicos.

Este artículo ha sido escrito a partir de otros publicados en Kaos en la Red, Diario Red y El Salto

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Cuando me recuerdan que tenía que haber entregado este artículo hace dos semanas, me encuentro leyendo el libro La lucha por Barcelona. Clase, cultura y conflicto 1898-1937, de Chris Ealham. Un libro increíble, que me está gustando muchísimo. De momento, en el primer cuarto del libro, y supongo que en el resto, desarrolla cómo se crea la comunidad proletaria que asalta las instituciones políticas, sociales y económicas de la época, cómo en los barrios se construye una identidad colectiva que fragua unidad, solidaridad, reconocimiento de los intereses comunes, socialización de los conflictos particulares, etc., que posibilita la lucha por la mejora de sus condiciones materiales de existencia:

“Este sentido de clase era más emocional que político: representaba una cultura poderosa de identidad local, un esprit de quartier (espíritu de barrio), resultado de los extensos vínculos afectivos que generaban los rituales de apoyo, la solidaridad y las relaciones sociales directas de la vida de barrio”.

Otra cuestión, que no es eje principal del libro pero me dió que pensar, es que una de las razones de la radicalidad del movimiento obrero en España, en el primer tercio del siglo XX, es la miopía de las clases dirigentes que al negarse a reconocer reivindicación alguna, por muy básica que ésta fuera, al negarse a considerar a las instituciones obreras como interlocutores legítimos y al aplicar una feroz represión, es decir, al cerrar ellos mismos la vía de la reforma, de la integración de las organizaciones de los trabajadores en el Estado, además de llenar de sangre las calles, empujan a nuestra clase por una vía de sentido único, la vía de la impugnación total del Sistema, que justo coincide con el corpus desarrollado y aprendido en tantos artículos de la prensa obrera, mítines, asambleas, obras literarias, etc. La clase trabajadora organizada del país tenía claro que dentro del Estado liberal y el régimen capitalista no había solución posible a su miseria cotidiana, pero, es que, además, la clase dirigente se lo confirmó; la burguesía no tuvo intención alguna de ceder ni un milímetro en su posición ni de integrar a parte del proletariado.

Esto podría encontrar cierta correspondencia con escenarios presentes.

Respecto a la vivienda, ni el disponer de un presunto gobierno progresista ni la crítica situación han hecho que, en estos últimos 6-7 años, se haya tomado medida alguna que tenga un efecto real, que disminuya un ápice los ingentes ingresos de rentistas y especuladores. De hecho, la situación es desoladora, nadie considera que se vaya a revertir sino que, en este 2026, sabemos que irá a peor. El Estado es incapaz de asumir hasta la necesidad de implantar un mínimo control de los precios y se ha instalado un pesimismo que corre por nuestras venas como un veneno paralizante. Lo mismo tiene lugar con la situación brutal de exterminio de la población palestina agravada en estos dos últimos años y la imposibilidad de conseguir que, como mínimo, como punto de partida, el Estado español y el sector económico rompan relaciones políticas y comerciales con la maquinaria estatal sionista, ya no hablemos de crear un frente que acabe con el proyecto colonial.

El problema actual es que no disponemos de la comunidad social compartida que permita construir la comunidad de lucha necesaria para abordar dichas cuestiones, pero, es que, además, la mayoría de veces, cuando nos embarcamos en esta tarea, intentamos empezar la casa por el tejado, lanzándonos a una batalla sin los mínimos cimientos necesarios para aguantar más de un embiste.

En esta línea, un vecino y compañero siempre repite que hay que dejarse de la reacción directa, estéril, que versa sobre un tema en cada semana, que tiene más que ver con nuestra necesidad personal de sentir que algo estamos haciendo, con un sentimiento visceral loable, que con la disposición real de afrontar dicha pelea. Aparcar parte de estas reacciones momentáneas para asumir la tarea de la reconstrucción del mínimo común en nuestro entorno, desde un equipo deportivo a un club de lectura, pasando por prácticas cotidianas de solidaridad, es una tarea que tenemos que afrontar más pronto que tarde.

De esto sabe muy bien el pueblo irlandés, que, tras el genocidio sufrido en el siglo XIX, con las hambrunas, ocupación militar británica y procesos migratorios, comienzan el nuevo siglo con sus comunidades destrozadas. En este contexto, lo primero que reconstruyen son las instituciones deportivas y culturales gaelicas, recuperando así una identidad nacional compartida y unos lazos sociales generados en estos espacios comunes, algo diferente al ejemplo planteado por Ealham pero relevante en un contexto de ocupación imperialista. Son los jóvenes que practican estos deportes, forman parte de los grupos de «boys scouts» republicanos o acuden a clases de gaelico, quienes conformarán las estructuras que plantarán cara a los ingleses durante más de 70 años.

Pero cómo compaginar este planteamiento con las urgencias presentes. No podemos decirles a nuestras hermanas palestinas que eviten ser extinguidas que aún estamos reconstruyendo nuestras comunidades de lucha. Hay batallas que hay que librar aquí y ahora, por ello, debemos intentar afrontarlas de la manera más efectiva con las herramientas presentes y, sobre todo, aunque suframos derrotas, que el camino recorrido nos coloque en una posición más favorable de cara a la próxima pelea.

Es complicado decir algo sobre Palestina que no se haya dicho ya. Es complicado reflejar por escrito la impotencia, rabia, dolor, odio y pena, que nos ha desolado y sigue desolando en estos casi 800 días de ofensiva. Es complicado dejar de sentirse uno cómplice con lo ocurrido, pues por muchos panfletos repartidos, manifestaciones, boicots individuales, etc., el sentimiento de que algo más se puede hacer está siempre presente. Pero qué ha fallado, qué ha ocurrido para que no se haya producido la reacción necesaria para poner contra las cuerdas al ente sionista y a sus cómplices.

Son múltiples los análisis ya presentes y, desde aquí no tenemos la capacidad para realizar una contribución realmente diferencial. Pero, reflexionando sobre la lucha en nuestro ámbito local, esperamos que estos apuntes pueden ser de utilidad teniendo presentes los dos ejes que han estado presentes en dicho texto hasta ahora, el fortalecimiento de nuestras comunidades y las victorias frente a nuestros enemigos. Casi nada.

Los resultados más relevantes se han producido cuando se ha delimitado un objetivo concreto y, aunque difícil, viable. En muchas ocasiones las manifestaciones o acciones de protesta suponían un canto difuso contra lo que estaba teniendo lugar, sin un aterrizaje local, pero, cuando ha existido un fin específico, por ejemplo, el que no deba celebrarse la Vuelta ciclista mientras siga siendo cómplice de la campaña de normalización del ente sionista, se han conseguido victorias, esto ha hecho activar redes locales de militantes por todo el Estado y empoderarlas en base a la posibilidad de conseguir un impacto palpable, aquí y ahora. La campaña contra la Vuelta ha tenido una repercusión internacional relevante, extendiendo una práctica de boicot a los satélites deportivos sionistas, una pequeña alegría en este páramo, algo muy importante, pues estas alegrías son gasolina para siguientes retos.

Al igual que se planteó este objetivo, cabe la posibilidad de fijar otros en el dominio local que puedan ser asumidos no sólo por las redes de activistas ya existentes por esta cuestión sino por múltiples personas simpatizantes y organizaciones de otra naturaleza. En nuestros barrios y entornos, por ejemplo, hay entidades accesibles y cercanas asociadas al régimen israelí, ya fuera porque se encuentran presentes en territorios ocupados, como la conocida cadena de supermercados francesa, o porque autorizan la venta de armamento que será usado contra la población palestina. ¿Os imagináis a un número relevante de las personas que han acudido a las masivas manifestaciones bloqueando la entrada de clientes en los supermercados que andan desperdigados por nuestros barrios? Debemos romper la inercia de nuestros rituales de protesta, poner en práctica formas de conflicto directo que supongan la apertura de brechas en el escenario de la normalidad democrática donde tan bien suelen encajar nuestras manifestaciones.

Por otro lado, en este tiempo, se ha centralizado la iniciativa en las mismas organizaciones y espacios de lucha, la mayoría preexistentes antes de octubre de 2023, y, sin desmerecer todo el trabajo realizado, todo el contrario, han conseguido mantener el pulso en la calle durante todo este tiempo, la mayoría de personas hemos tenido un papel más pasivo, respondiendo a las convocatorias que nos llegaban por parte de estos grupos, y que, en las ciudades grandes, se han concentrado en sus centros turísticos y comerciales. No hemos conseguido esparcir por todo el territorio nacional, barrios y pueblos, estructuras más pegadas a lo local que pudieran desarrollar un trabajo de propaganda, denuncia y disputa, que pudieran haber posibilitado el contacto, encuentro y establecimiento de redes que desbordaran también a otras problemáticas.

El fijar objetivos concretos que nos permitieran conseguir pequeñas victorias que al ir escalándolas nos hubieran posibilitado hacer avanzar el conflicto con el Estado y el Capital cómplice con el régimen sionista, y, además, el establecimiento de comités locales que recogieran la indignación popular presente en tantas manifestaciones y acciones, son dos pequeñas aportaciones que, de forma escueta, realizamos en estas páginas.

Para terminar, Palestina ha sido un laboratorio de pruebas para conocer el límite de las dinámicas imperialistas y prácticas de exterminio, y, una vez comprobado que no existe límite alguno, lo sucedido durante estos primeros días del año en Venezuela no es más que los primeros metros recorridos por parte de una maquinaria bestial que, ante la crítica situación planetaria, está dispuesta a sacrificarnos a todas con tal de salvarse a sí misma. Por ello, en esta lucha por la vida, como nos señala el libro reseñado, recuperemos una celebración radical del nosotros, reconstruyamos comunidades de lucha por la impugnación total. Aún está todo por hacer.

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El 3 de enero de 2026 nos despertamos con el bombardeo estadounidense sobre Caracas y el sibsiguiente secuestro del presidente Nicolás Maduro y Cilia Flores. Se trata de la detención más cara de la historia, para la cual se movilizaron 150 cazas, otros tanto helicópteros y 200 soldados de los Delta Force. Entre 80 y 100 venezolanos y cubanos fueron asesinados y la hasta entonces vicepresidenta Delcy Rodríguez ha asumido el mando del país.

Pese a que la operación viola el Derecho Internacional de forma flagrante, Trump insiste en que está por encima de estas normas y que su único límite es su «moralidad» (de la cual sabemos que anda muy justito). Esto y el hecho de que no haya ocultado que detrás de esta operación está su voluntad de apoderarse del petróleo venezolano constatan que nos encontramos ante la «ley del más fuerte».

«Vivimos en un mundo gobernado por la fuerza, por el poder», afirmó Stephen Miller en la CNN el 5 de enero de 2026, mientras exponía su programa fascista y justificaba la toma de Groenlandia por la fuerza. «Estas son las leyes de hierro que rigen el mundo desde el principio de los tiempos».

En la madrugada del 3 de enero, la Administración Trump llevó a cabo una incursión televisada en Venezuela, bombardeando al menos siete objetivos en Caracas y secuestrando al presidente Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores. Esta operación culminaba una campaña de presión de un año de duración, durante la cual la administración calificó a los inmigrantes venezolanos en Estados Unidos como «narcoterroristas», intentó aplicar la Ley de Enemigos Extranjeros, bombardeó supuestos «barcos de drogas», confiscó petroleros y desplegó la Marina estadounidense para bloquear Venezuela.

El régimen de Trump acusó inicialmente a Maduro de dirigir el llamado «Cártel de los Soles», una invención tan ficticia como la designación de una supuesta organización denominada «Antifa» —es decir, la totalidad del movimiento antifascista— como organización terrorista. Aunque dos días después revisaron esta acusación para articular un caso legal algo menos endeble, este proceder es característico de su método: comenzar con una narrativa falsa y buscar después los medios para imponerla a la realidad.

Uno de los principales objetivos de Donald Trump era difundir una fotografía de Nicolás Maduro encadenado, evocando las imágenes que las agencias federales han publicado de personas secuestradas por el ICE. En lugar de ofrecer mejoras reales en las condiciones de vida de la población, Trump ofrece a sus seguidores la satisfacción vicaria de identificarse con carceleros y torturadores. Su objetivo es deshumanizar a sus adversarios y desensibilizar al conjunto de la sociedad ante la violencia que será necesaria para sostener su dominio y el propio capitalismo en una era de beneficios decrecientes.

Los grandes medios de comunicación corporativos están desempeñando su papel habitual de oposición leal: cuestionan la legalidad de la operación mientras demonizan a Maduro y ensalzan a su rival derechista, María Corina Machado. Para quienes aspiran a oponerse al imperialismo —anarquistas y otros movimientos— resulta imprescindible situar el ataque contra Venezuela en un contexto más amplio, reflexionar sobre qué forma podría adoptar una oposición eficaz e identificar cómo responder.

El manual

El Gobierno de Estados Unidos tiene una larga trayectoria de intervenciones imperialistas en América Latina, que abarca más de un siglo de operaciones contra Cuba, el sangriento golpe militar en Chile en 1973 o la invasión de Panamá ordenada por George Bush padre en 1989. El ataque contra Venezuela se inscribe en la continuidad de iniciativas más recientes: desde las invasiones de Afganistán e Irak bajo George W. Bush en 2002 y 2003, hasta el desmantelamiento, por parte de Joe Biden, del llamado «orden internacional basado en normas» para permitir que Benjamin Netanyahu lleve a cabo un genocidio en Palestina a partir de 2023.

Al mismo tiempo, el programa de la administración Trump supone una ruptura con las formas anteriores. Al apostar por la extracción de recursos mediante la fuerza bruta, sin siquiera la pretensión de una agenda ideológica alternativa, Trump se alinea con Vladimir Putin y Benjamin Netanyahu en la inauguración de una era de rapiña abierta y desacomplejada.

Aunque los subordinados de Trump han invocado las elecciones amañadas celebradas en Venezuela en 2024 para justificar el ataque, no existe ninguna intención real de promover elecciones libres ni «democracia» en el país. Algunas fuentes sostienen que la oposición liderada por María Corina Machado cuenta con el apoyo de cerca del 80 % de la población venezolana, pero Trump afirma que no dispone del respaldo suficiente para gobernar; presumiblemente, se refiere a la falta de apoyo de las Fuerzas Armadas. Trump preferiría tratar con un régimen autocrático que le fuera directamente leal. Al fin y al cabo, tampoco desea rendir cuentas ante las urnas, ni en Venezuela ni en Estados Unidos.

Trump está recurriendo a la guerra para esquivar una crisis interna. Aunque él mismo y un sector del Partido Republicano llevan tiempo impulsando un cambio de régimen y un refuerzo de la presencia naval en el Caribe, este golpe se ha diseñado para copar la atención mediática y desviar el foco del deterioro de las encuestas y de una serie de reveses judiciales relacionados con sus intentos de desplegar la Guardia Nacional. Paralelamente, las pruebas de su implicación en la red de abusos sexuales y violaciones vinculada a Jeffrey Epstein están empezando a resquebrajar su base de apoyo.

A medida que los autócratas ven amenazado su control del poder, se vuelven más peligrosos e imprevisibles. Las maniobras de Netanyahu para mantenerse a flote frente a sus escándalos de corrupción —incluida su disposición a sacrificar rehenes para prolongar el genocidio— son ilustrativas. Cuando la crisis se cierne sobre ellos, estos gobernantes generan nuevas crisis para distraer a la población. Toda oposición eficaz debe esforzarse por mantener la atención sobre aquello que Trump intenta ocultar. Eso es, precisamente, lo que más teme.

Entendido como una operación mediática, el ataque contra Venezuela es un ataque contra todas nosotras: un intento de intimidar a cualquiera que pudiera resistirse al régimen de Trump, de hacernos aceptar que la violencia estatal seguirá intensificándose hagamos lo que hagamos, de convencernos de que no somos protagonistas de nuestro propio tiempo.

Como ya señalamos en 2025, Trump ha copiado buena parte de su estrategia de líderes autoritarios como Vladimir Putin. Cuando Putin fue nombrado primer ministro en agosto de 1999, sus índices de aprobación eran incluso más bajos que los de Trump hoy. Resolvió ese problema mediante la segunda guerra de Chechenia, que disparó su popularidad. Desde entonces, cada vez que su apoyo se ha desplomado, ha recurrido al mismo patrón: Georgia en 2008, Crimea y el Donbás en 2014, Ucrania en 2022, consolidando progresivamente el control de la sociedad rusa hasta poder enviar a cientos de miles de personas al matadero de la guerra.

Putin ha utilizado la guerra en Ucrania como instrumento de control interno, y en Rusia este control va mucho más allá de la represión de protestas. A medida que empeoran las condiciones económicas, necesita proyectar fuerza y brutalidad constantes, al tiempo que gestiona una población cada vez más inquieta y desesperada. Reclutar a jóvenes de familias empobrecidas del interior para enviarlos al frente sirve para mantenerlos ocupados; si decenas de miles no regresan, tanto mejor: no engrosarán las cifras del desempleo ni protagonizarán protestas. El servicio militar obligatorio también ha empujado al exilio a miles de personas que podrían haber encabezado una revuelta. Es una estrategia que veremos reproducirse en otros lugares a medida que se profundice la crisis global del capitalismo.

La diferencia fundamental es que, aunque Estados Unidos es mucho más poderoso que Rusia, el control de Trump sobre el poder es mucho más frágil que el de Putin. Además, tras las desastrosas ocupaciones de Afganistán e Irak, el electorado estadounidense es hoy mucho menos tolerante con operaciones que pongan en riesgo la vida de soldados estadounidenses.

Trump no es un estratega disciplinado ni coherente. Recurre sistemáticamente a la amenaza y la intimidación, explotando la cobardía y la debilidad de sus interlocutores. Confía en que esa intimidación baste para someter a los gobiernos latinoamericanos sin necesidad de nuevas intervenciones militares. Si fracasa, probablemente recurrirá a tecnología militar, mercenarios privados y otros mecanismos para ejercer la fuerza sin desplegar tropas en el terreno. Pero la guerra, una vez iniciada, impone su propia lógica. Si la administración Trump persiste en este camino, las fuerzas estadounidenses podrían verse arrastradas a un conflicto abierto.

Tras el ataque a Venezuela, Trump y su entorno han amenazado con actuar de forma similar contra México, Cuba, Colombia, Dinamarca y otros países. Sin duda lo harán si creen actuar desde una posición de fuerza; pero incluso si las cosas se tuercen, Trump puede intentar utilizar estas maniobras como cortina de humo para ocultar su debilidad.

El regreso del saqueo

El capitalismo nació al calor del saqueo colonial y, a medida que los márgenes de beneficio se reducen en la economía mundial, los gobiernos están retomando esa vieja estrategia de acumulación.

Esto explica tanto la apropiación territorial de Putin en Ucrania como el intento de Netanyahu de utilizar el genocidio como herramienta de gentrificación, o la última aventura de Trump en Venezuela.

En un documento titulado Estrategia de Seguridad Nacional, publicado en noviembre de 2025, la administración Trump asumió explícitamente un «Corolario Trump» de la Doctrina Monroe, cuyo objetivo es «restaurar la preeminencia estadounidense en el hemisferio occidental» para «negar a competidores extrahemisféricos la capacidad de posicionar fuerzas u otras capacidades amenazantes, o de poseer o controlar activos estratégicamente vitales en nuestro hemisferio».

Trump ha bautizado esta estrategia como «Doctrina Donroe», proclamando que «el dominio estadounidense en el hemisferio occidental nunca volverá a ser cuestionado». Se trata, sin duda, del petróleo —Venezuela alberga alrededor del 17 % de las reservas mundiales—, pero también de una pugna geopolítica con China, principal inversor e importador del petróleo venezolano, que adquiere cerca del 80 % de sus exportaciones y ha concedido más de 60.000 millones de dólares en préstamos desde 2007. Esta orientación es anterior a Trump: la revitalización de la Doctrina Monroe, enfocada a competir con China y Rusia en el Sur Global, ya era un eje central de la Comisión 2024 sobre Estrategia de Seguridad Nacional creada bajo la administración Biden. Dicha comisión reclamaba explícitamente disputar a China y Rusia la influencia en América Latina en materia de explotación de recursos naturales y capacidades de proyección de poder. Trump representa el giro autoritario; la lógica económica y geopolítica ya estaba ahí.

En otras palabras, la brutalidad de Trump ofrece a la clase dominante una respuesta a un problema estructural del capitalismo contemporáneo: la evaporación de oportunidades rentables.

El plan de entregar la extracción de recursos venezolanos a empresas petroleras estadounidenses forma parte de una nueva fase de saqueo colonial, caracterizada por la apropiación directa de activos ajenos. Hay que entenderlo en el contexto del estancamiento económico y la financiarización. Históricamente, recuerda a periodos de «caos sistémico», cuando la caída de los beneficios empujó al capital hacia la especulación financiera y el sistema mundial solo logró recomponerse mediante una violencia masiva. El ejemplo más cercano es el periodo 1914-1945, que incluyó las dos guerras mundiales.

No se trata solo del petróleo, sino de reforzar las condiciones que permiten la especulación capitalista en general, y de anticipar una violencia de mayor escala. Estamos entrando en una fase de relaciones basadas en la fuerza desnuda, no en el «imperio de la ley» ni en la diplomacia. Este ataque, como la propia presidencia de Trump, es un síntoma, no la causa.

A diferencia del imperialismo populista del pasado, que redistribuía parte del botín para sostener el consenso interno, el ataque de Trump está diseñado para beneficiar a un grupo cada vez más reducido de capitalistas. La clase media y la clase trabajadora blanca han dejado de ser «socios menores» del proyecto colonial y tienen cada vez menos razones para identificarse con él.

La cuestión del liderazgo

En un primer momento, la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez adoptó un tono desafiante, pero pronto dio un giro hacia una retórica más conciliadora. Esto ha alimentado especulaciones sobre una posible disposición a cooperar con el régimen de Trump, o incluso sobre negociaciones ya en marcha.

Existen múltiples escenarios posibles y resulta difícil discernir cuál es el real. Tal vez Estados Unidos haya colocado a Rodríguez ante una situación extrema que esté afrontando con valentía; tal vez existan acuerdos secretos; tal vez ocurra algo distinto. En cualquier caso, la vulnerabilidad del chavismo ante el secuestro de su líder —y la posibilidad de que sectores del gobierno venezolano se conviertan en cómplices del plan de Trump para apropiarse de los recursos del país— pone de manifiesto que toda jerarquía constituye un punto débil para los procesos de liberación.

La historia reciente ofrece ejemplos claros: antiguos gobiernos revolucionarios, como el de Daniel Ortega en Nicaragua, acabaron integrándose forzosamente en el neoliberalismo y aplicando políticas de austeridad y control estatal. Ante estas derrotas, algunas corrientes concluyen que la única soberanía posible pasa por alinearse con Estados fuertes y armados nuclearmente, lo que sustenta el llamado «campismo».

Sin embargo, Rusia y China operan bajo la misma lógica autoritaria y capitalista que Estados Unidos, y quienes las apoyen no tendrán mayor capacidad de influir en sus decisiones. El resultado es la defensa impotente de autócratas genocidas. La alternativa real no es elegir un bando estatal, sino construir una resistencia internacional desde abajo, capaz de trascender fronteras.

Para que esa alternativa sea viable, la población estadounidense deberá desarrollar la capacidad de impedir que su propio gobierno bombardee y saquee otros países.

Qué esperar, cómo prepararse

El ataque contra Venezuela marca una escalada en una guerra indirecta con China. Reconducir la base industrial —incluida la industria tecnológica— hacia la industria bélica es una forma de afrontar el estancamiento económico, pero solo será viable si la administración Trump logra reavivar el «espíritu nacional» y el patriotismo. En este sentido, puede sostenerse que la prisa por asegurar la financiación y expandir la inteligencia artificial busca, en última instancia, moldear una población más dócil, crédula y fácil de controlar.

A corto plazo, cabe esperar que la administración Trump intente de nuevo recurrir a la Ley de Enemigos Extranjeros contra la población venezolana y otros colectivos. El intento anterior de Trump y Miller fue rechazado por los tribunales porque, en aquel momento, Estados Unidos no se encontraba formalmente en guerra. Ahora que han fabricado una guerra, la utilizarán para declarar nuevas emergencias y justificar una escalada represiva. También es previsible un aumento de la violencia racista contra personas latinoamericanas y chinas, así como represalias contra la política exterior estadounidense por parte de actores no estatales o intermediarios, que la administración Trump tratará de instrumentalizar para reforzar su agenda.

Las elecciones de mitad de mandato están previstas para noviembre de 2026. Trump y el Partido Republicano no parten como favoritos, pero el expresidente ha cruzado tantas líneas rojas que no puede permitirse ninguna amenaza a su poder. Ya sea mediante interferencias electorales, fraude o —más probablemente— la creación de crisis que legitimen un estado de excepción, todo apunta a que estas elecciones serán las menos «democráticas» de los últimos tiempos. Confiar únicamente en las urnas no bastará para salir de esta situación.

A medida que Trump se vea acorralado por crisis, escándalos y obstáculos crecientes, su comportamiento será cada vez más violento, errático y peligroso. Esto es una señal de debilidad, pero se trata de una debilidad respaldada por toda la potencia del aparato militar estadounidense. Debemos anticipar enfrentamientos militares de mayor envergadura antes de octubre de este mismo año, incluidos nuevos despliegues de la Guardia Nacional y, quizá, incluso la imposición de la ley marcial.

Las guerras impopulares y carentes de un mandato claro, especialmente aquellas que implican bajas estadounidenses u otros sacrificios internos, pueden precipitar la caída de un régimen. Nuestra tarea consiste en convertir esta guerra —junto con los demás errores de Trump y los conflictos que se avecinan— en una carga insoportable para toda la clase dominante. Hará falta una fuerza popular enorme para desalojar a Trump del poder, por lo que debemos impulsar propuestas igual de ambiciosas y no limitarnos a reclamar un regreso a un statu quo centrista que ya es profundamente impopular. Las personas revolucionarias deben prepararse para superar las maniobras centristas destinadas a estabilizar el Estado sin transformarlo. Aunque ahora pueda parecer difícil de imaginar, los levantamientos y las revoluciones se desarrollan con rapidez: a lo largo de 2024, las revoluciones protagonizadas por la llamada «Generación Z» derribaron regímenes en distintas partes del mundo.

En todo Estados Unidos se han repetido consignas como «No más sangre por petróleo». Sin embargo, Trump ha llegado a la conclusión de que su base social desea ambas cosas: petróleo y sangre. Los movimientos contra la guerra tienden a adoptar un enfoque conservador, centrado en presionar a las instituciones estatales; pero, como ya hicieron administraciones anteriores, el régimen de Trump ha dejado claro que no se siente condicionado por la oposición. En lugar de limitarse a protestas simbólicas y a la formulación de demandas, es necesario construir movimientos horizontales capaces de responder a las necesidades reales mediante la acción directa. Estos movimientos deben centrarse en las condiciones compartidas por la gente común, desde Caracas hasta Minneapolis: pobreza, austeridad, expolio de recursos básicos, control ejercido por mercenarios violentos y gobiernos de magnates que no rinden cuentas. En este sentido, la resistencia contra la Oficina de Inmigración y Aduanas en distintos puntos de Estados Unidos constituye un paso prometedor.

Si, como sugiere Stephen Miller, los gobiernos no representan ni los deseos ni la voluntad de quienes gobiernan; si —como ya debería resultar evidente— no actúan en defensa de nuestros intereses, sino únicamente para acaparar la mayor cantidad de riqueza posible, entonces nadie está moralmente obligado a obedecerlos. La única cuestión es cómo acumular la fuerza colectiva suficiente —el poder popular, el poder horizontal— para derrotarlos.

Apéndice: lecturas adicionales

Como punto de partida, se recomienda consultar «Denunciamos la ofensiva imperialista contra Venezuela», una declaración internacional de organizaciones anarquistas latinoamericanas publicada en diciembre de 2025.

Para profundizar en la situación venezolana, las personas lectoras hispanohablantes pueden acudir al archivo de la ya desaparecida publicación anarquista venezolana El Libertario. Allí se encuentran, entre otros materiales, una evaluación crítica de las organizaciones sociales bolivarianas de 2006 y una recopilación de textos sobre el papel de la industria petrolera en la represión de los movimientos populares de base y su integración en la economía global. Por ejemplo:

«Venezuela forma parte de un proceso de construcción de nuevas formas de gobernanza en la región, que han desmovilizado a los movimientos sociales surgidos en respuesta a las políticas de ajuste estructural de la década de 1990, relegitimando tanto al Estado como a la democracia representativa para cumplir con las cuotas de exportación de recursos naturales hacia los principales mercados mundiales» — Ley Habilitante: dictadura para el capital energético, en El Libertario, nº 62, marzo-abril de 2011.

Desde esta perspectiva, el ataque de Trump contra Venezuela puede entenderse como una continuación contemporánea de ese mismo «proceso de construcción de nuevas formas de gobernanza en la región».

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Por Yadira Márquez. Extraído de Zona de Estrategia

Son cerca de las dos de la madrugada del sábado 3 de enero cuando los habitantes de Caracas despiertan con un estruendo espantoso; son bombas y misiles que caen en distintos puntos de la ciudad. Tres explosiones destruyen parte del aeropuerto de La Carlota, ubicada en una zona poblada del este de la ciudad. La onda expansiva hace retumbar casas y edificios a kilómetros a la redonda. El Fuerte Tiuna, zona ubicada en el sur, donde se concentra el poder militar (el ministerio de la defensa, la sede de las FFAA) y residencia de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, es atacado brutalmente por unos diez helicópteros militares estadounidenses. Caen las bombas y las instalaciones arden. Las familias de militares residentes en la zona huyen. Buena parte de la ciudad se queda sin energía eléctrica ni internet. Al tiempo, son bombardeadas otras instalaciones militares y de comunicación en otros puntos del país.

El pánico se apodera de la gente y poco a poco va dando paso al desconcierto. Para la mayoría de los venezolanos, aunque la invasión haya sido anunciada por Donald Trump durante meses, ser bombardeados por naves militares yankees era una distopía, algo absolutamente irreal o un delirio del gobierno.

Mientras, distintos puntos de Caracas, el estado Vargas, Aragua y Miranda arden y la gente que habita a sus alrededores sale a las calles despavorida, los medios oficiales guardan silencio. Por las redes del chavismo circula el llamado a la calma, el discurso de que se trata de pequeños ataques, e incluso, que se trata de naves venezolanas, es decir, lo de siempre; menospreciar o tapar lo que está pasando, aunque el gobierno pueda estar cayendo. En Venezolana de Televisión (el canal del Estado), una reportera apostada en una calle vacía hablaba de la normalidad y control de la situación.

La gente se vuelca a las redes para conseguir algo de información, para entender lo que pasa, para administrar la angustia. Van circulando videos de las explosiones, los ataques, los incendios. Vemos helicópteros enormes atravesando el cielo de la ciudad entre la oscuridad. Imágenes inconexas, sueltas, sin un hilo que vaya generando un sentido. Esas dos horas se hacen eternas por la magnitud de la violencia y el terror que siembra.

Solo pasadas las cuatro de la mañana se conocen las declaraciones de Donald Trump, que anuncia que las fuerzas de seguridad norteamericanas han secuestrado al presidente Maduro y a Cilia Flores y que los llevan a Estados Unidos para ser juzgados por crímenes como narcotráfico, posesión de armas de guerra y cualquier otra cosa.

Casi dos horas después de los bombardeos aparece el Ministro de la Defensa, solo, en un video grabado, denunciando de que se trata de una agresión imperial. Ninguna explicación de qué pasó, de por qué la defensa falló y mucho menos reconociendo su responsabilidad en esa falla. El canal del Estado anuncia que se ha decretado “Estado de Conmoción Externa”, lo que implica excepcionalidad y restricción de garantías constitucionales, de nuevo sin detalle ni explicación alguna. Hay un silencio hermético que aumenta el desasosiego y la incertidumbre, primero, y luego, la sospecha.

En su alocución posterior, un Donald Trump emocionado habla del éxito de la “operación”. “Fue perfecta”, “la vi en directo como si fuera una película”, “si ustedes hubieran visto la velocidad, la violencia”, “solo nosotros podíamos hacerlo” dice, con una excitación casi obscena. Es poder regocijándose sobre sí mismo, celebrando su propia barbarie, narcisista, delirante.

Dos días después de la invasión en Venezuela hay un ambiente de incredulidad por lo sucedido, de conmoción por la agresión y por la soberbia que la rodea, pero también de incertidumbre por lo que vendrá. Los medios de comunicación, controlados por el gobierno, mezclan documentales de animales con lectura de comunicados oficiales llenos de consignas y nada más. Tampoco encontramos información en otros medios públicos como Telesur que fue creada para combatir el cerco mediático. Las pocas alocuciones oficiales, después de los discursos  antimperialistas de rigor, han llamado a la calma y a la normalidad. No hay información. No hay datos, no hay cifras de heridos y fallecidos, no hay registro de las zonas destruidas, no hay análisis de lo qué ocurrió y de cómo ocurrió. Posiblemente porque explicar cómo penetraron el sistema de defensa sin bajas visibles en el equipamiento o personal militar estadounidense, o mejor dicho, explicar por qué los sistemas de defensa no se activaron, aunque la invasión había sido anunciada durante meses, es bastante comprometedor para quien controla los medios y detenta hasta ahora el poder.

La vicepresidenta, Delcy Rodríguez, es designada presidenta “encargada” gracias a la maniobra legal del Tribunal Supremo de Justicia, que decreta ausencia temporal del presidente (y no la ausencia definitiva) y así evita la obligación de convocar a elecciones en 30 días. En su intervención del sábado por la tarde lanza las consignas antiimperialistas de rigor, pero el domingo invita al gobierno de Estados Unidos a construir una agenda de colaboración y dice que su prioridad es un vínculo armónico con ese país.

Por su parte, las declaraciones de Marco Rubio hacen que todas las narrativas creadas para justificar la agresión se desmoronen. No hay ninguna alusión a cómo desmantelaran el supuesto “cartel de los soles”, no se habla de elecciones, de derechos humanos, ni se menciona el destino de los más de 800 presos políticos encerrados en condiciones inhumanas.

Entre la gravedad de los hechos y el vacío de información las venezolanas, quedamos atrapadas en la incertidumbre y la necesidad de hallar sentido. Los opositores seguidores de María Corina Machado, hacen malabarismos retóricos para tratar de explicar cómo es que, a pesar de ser promotores de la invasión, los dejaron por fuera de la negociación. Los seguidores del gobierno tratan de hacer conciliar la indignación por la agresión imperial con los llamados a la normalidad. Es un país escindido hasta en el desconcierto.

Quienes no comulgamos ni con la oposición clasista y antidemocrática (y su ingenuo relato de salvación), ni con el gobierno impopular que se está resquebrajando, optamos por atar los retazos de información de aquí y de allá. La ausencia de un relato coherente que hile un suceso tan atroz, con el llamado a la calma y a la normalidad produce un vacío de sentido. La gente no sabe muy bien cómo describir lo que se siente, hay un estado general de conmoción y a la vez de pasividad general.

Es difícil no pensar en negociaciones para entregar a Maduro (o no resistir al secuestro, que es casi lo mismo). En especial, después de que los portavoces del gobierno estadounidense hayan dicho que esto se viene preparando con participación interna desde hace meses. Y, menos aún, después de que Marco Rubio declarara que ha estado en conversaciones con Delcy Rodríguez quien se ha mostrado siempre “dispuesta a colaborar”. Sabemos que el principal interés del gobierno estadounidense (además del geopolítico) es la riqueza petrolera venezolana. Ya Donald Trump anunció que va a invertir en la infraestructura petrolera para recuperarla y que genere riqueza para el país –¿el suyo?–. También dijo que para eso necesita en el poder a quien le garantice un mínimo de gobernabilidad y estabilidad.

Mientras tanto, queda la sensación de que nunca sabremos exactamente cómo se fraguó y ejecutó la agresión. Pero la incertidumbre hacia el futuro inmediato es muy grande para detenernos a pensar en ello. Las preguntas sobre lo que puede pasar se multiplican. En ese escenario, la idea de que el gobierno bolivariano se convierta en el nuevo administrador de las petroleras gringas se nos aparece como una imagen bizarra, como el más triste final de lo que alguna vez fue un sueño revolucionario.

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En los últimos quince años, en los que ha estado activo este periódico, el movimiento por la liberación animal en el Estado español ha evolucionado como parte de un proceso de transformación colectiva que ya se venía fraguando en la década anterior.

Cuando sacamos el número 100 de esta publicación, allá por el año 2019, publicamos un artículo titulado “Hacia un mundo más animal”, en el que fotografiamos los últimos diez años del movimiento antiespecista. Entonces ya señalamos algunos cambios significativos, como el auge de las investigaciones encubiertas, la expansión del veganismo y la proliferación de colectivos con tácticas y estrategias diversas. Hoy, al releer aquellas reflexiones, podemos afirmar que las semillas regadas en estos años de activismo han comenzado a dar frutos y aquellos cambios se han ido enraizando en el movimiento en defensa de los demás animales.

A medida que el movimiento por la liberación animal se consolida, la industria de la explotación animal se siente cada vez más amenazada. Las investigaciones encubiertas en granjas, mataderos y laboratorios han abierto procesos judiciales y han despertado la atención mediática, llevando incluso al prime time la cuestión animal en casos como el especial de Salvados sobre una granja que suministraba a El Pozo o el caso del laboratorio Vivotecnia, con eco incluso en la prensa internacional. La imagen pública de la industria se ha deteriorado notablemente en los últimos años y su relato es cada día más cuestionado.

Frente a este avance del movimiento, el sector ha desarrollado estrategias defensivas como la creación de falsos sellos de “bienestar animal”, campañas de lavado de imagen con publicidad engañosa de vacas felices o promesas de transparencia que buscan recomponer una reputación cada vez más dañada. Estas maniobras demuestran que la industria percibe la presión del movimiento antiespecista como un desafío real, viéndose obligada a reaccionar para contener el creciente rechazo social hacia sus prácticas.

Estos cambios no solo incomodan a la industria, sino que también empiezan a filtrarse en el ámbito institucional, donde la presión social obliga a introducir modificaciones que, a pesar de su resistencia, evidencian que el debate ya no puede esquivarse. En los últimos años se han aprobado leyes que prohíben el uso de animales en espectáculos como los circos, o la reciente Ley de Bienestar Animal, que reconoce a los animales como seres sintientes y prohíbe la venta en tiendas de algunas especies como perros, gatos y hurones. Estas medidas, aunque son muy limitadas, muestran cómo la presión social comienza a abrir grietas en un marco político históricamente reacio al cambio.

Algo similar ocurre con propuestas impulsadas desde la ciudadanía, como la Iniciativa Legislativa Popular No Es Mi Cultura, que proponía derogar la ley que protege la tauromaquia como patrimonio cultural. La ILP reunió más de 700.000 firmas, superando con creces el mínimo legal para su debate en el Congreso y evidenciando que gran parte de la sociedad rechaza la tauromaquia. Aun así, la iniciativa fue bloqueada y no llegó a debatirse, mostrando hasta qué punto las estructuras políticas siguen actuando como un dique de contención frente a cualquier intento de cuestionar los intereses económicos vinculados a la explotación animal.

En paralelo a estos procesos, el movimiento antiespecista también ha ido ampliando los frentes de lucha en el ámbito local. En Madrid, por ejemplo, la desaparición de los circos con animales o la campaña contra la matanza de cotorras han demostrado cómo los colectivos antiespecistas pueden responder y plantar cara a las políticas municipales. Temáticas de corte más histórico en el movimiento como la caza, sostenida todo este tiempo por el colectivo No A la Caza (NAC) o la lucha contra el uso de pelo y pieles impulsada por Madrid contra el Pelo Animal (MCPA), han conseguido señalar y acorralar a empresas que siguen perpetuando el uso de animales en una sociedad que no necesita escopetas en el monte ni abrigos o complementos de piel en los armarios. Colectivos locales con estrategias globales tejen redes internacionales, consiguen pequeñas victorias y construyen alianzas con activistas de otros territorios, compartiendo saberes y enriqueciendo la lucha antiespecista.

También la lucha contra la experimentación animal, durante años ausente en la agenda activista estatal, ha reaparecido con fuerza gracias a la investigación encubierta de Carlota Saorsa en el laboratorio Vivotecnia, reactivando un frente olvidado y produciéndose el documental Infiltrada en el Búnker de Pablo de la Chica, financiado por una gran plataforma audiovisual.

En estos quince años, los santuarios de animales también han cobrado un papel fundamental dentro del movimiento antiespecista. En el 2007 apareció el primer santuario en el Estado español, el Hogar de Luci y casi 20 años después existe hasta una Federación Española de Santuarios Animales (FESA) que estima que hay entre 40 y 60 santuarios en todo el territorio nacional. Más allá de la tarea de cuidado, los santuarios muestran en la práctica que otras formas de relación con los animales son posibles. Son ejemplo práctico de relaciones basadas en el respeto, la convivencia y la consideración de los intereses propios de los animales. En un contexto donde la industria y las instituciones se empeñan en presentar la explotación animal como algo inevitable, los santuarios son resistencia política del movimiento de liberación animal.

Mientras, en el terreno táctico, el movimiento también ha cambiado. Si hace más de una década buena parte del imaginario antiespecista giraba en torno a acciones de rescate o de acción directa, en los últimos años se ha producido un cambio hacia estrategias que priorizan la investigación, como el trabajo de Animals View, Linas Kortas o el de organizaciones que contratan a profesionales para destapar la realidad de los centros de explotación animal y libran batallas en el ámbito jurídico e institucional peleando y ganando derechos para los demás animales, con la aparición de operadores jurídicos como Intercids.

Este cambio no significa una renuncia al modelo anterior, sino que se trata de una adaptación a un contexto donde el impacto social de las imágenes, los procesos judiciales y la presión mediática se ha vuelto una herramienta política que sienta precedentes y va cambiando el orden social.

En este sentido, las redes sociales han jugado un papel importante, ayudando a que investigaciones que antes circulaban en entornos más militantes ahora lleguen a cientos de miles de personas más fácilmente. También la revolución tecnológica permite salir a la calle haciendo un activismo respaldado con pantallas que muestran esas imágenes de la realidad que padecen millones de animales o los streaming y directos en las vigilias a las puertas de los mataderos, poniendo a los demás animales en el centro de su lucha, y acercándonos la realidad y mostrando lo que la industria no quiere que sepamos.

Pero estos avances conviven con retos importantes para el movimiento antiespecista. El ascenso de discursos autoritarios en todo el mundo no solo impacta en derechos humanos, sino también en los demás animales, reforzando políticas que blindan su explotación. Lo vimos con claridad durante la tramitación de la Ley de Bienestar Animal, cuando el Gobierno decidió excluir a los perros de caza para satisfacer al lobby cinegético. El antiespecismo ha trabajado en estos años en conectar con las distintas formas de opresión y busca situarse junto a otras luchas sociales. El reto sigue estando en que ese paso sea compartido, ya que buena parte de los movimientos sociales continúan resistiéndose a integrar la cuestión animal, reproduciendo jerarquías que dificultan un cambio real.

Además, la represión sigue golpeando al movimiento antiespecista a nivel global. Recordemos especialmente el caso sufrido en el Estado español en 2011, donde la criminalización de activistas condicionó y transformó el activismo en el Estado, cambiando sus estrategias. En otros contextos, como en Reino Unido, con Animal Rising, han enfocado su activismo de liberaciones en tácticas que buscan llevar el juicio público al debate social. La persecución sigue siendo una constante y nos recuerda que la defensa de los demás animales continúa siendo vista como una amenaza para el orden económico dominante. Casos como el de Susarón en Chile muestra cómo la respuesta penal se dirige contra quienes señalan la violencia estructural y no contra quienes la ejercen.

Sin embargo, mientras las instituciones frenan la trayectoria de lucha antiespecista, el cuestionamiento del especismo se abre paso por otros caminos, especialmente en la academia y en la educación.

Y es aquí donde la aparición y consolidación de los Estudios Críticos Animales en el Estado español empieza a jugar un papel clave, ampliando el debate más allá de la política institucional y situándolo también en universidades y colegios. En la última década, y con más fuerza en los últimos años, estos estudios van ocupando un espacio que antes no existía. Han surgido grupos de investigación, congresos, seminarios y publicaciones que abordan el especismo desde perspectivas filosóficas, sociológicas, jurídicas y culturales, generando un cuerpo teórico que acompaña y enriquecen las luchas en la calle. En este desarrollo académico destacan Aula Animal, en el campo educativo o en la academia como la UPV/EHU en Euskal Herria, la Universidad de Barcelona (UB) y UPF (Pompeu Fabra) que colaboran a través del Centre for Animal Ethics y el ILECA (Instituto Latinoamericano de Estudios Críticos Animales) que coordina publicaciones en castellano, contribuyendo a legitimar la cuestión animal, abriendo nuevas vías de pensamiento y cuestionando incluso el lenguaje cotidiano, señalando cómo muchas expresiones de nuestro día a día reproducen la idea de que los animales son recursos, contribuyendo a normalizar su explotación.

En paralelo, empieza a crecer un campo editorial comprometido con estos debates. La traducción y publicación en castellano de textos de autoras de otros territorios que reflexionan sobre la agencia, la voz o las formas de resistencia de los demás animales ha ampliado el alcance del cuestionamiento antiespecista más allá de la academia. Editoriales veteranas como Ochodoscuatro conviven ahora con otras editoriales que van abriendo su catálogo a obras críticas, reforzando un debate cultural que va llegando cada día a más gente.

Quince años después, es evidente que el movimiento antiespecista en el Estado español no es el mismo. Se ha afianzado en algunos aspectos, se ha diversificado y participa en espacios que antes le eran ajenos, logrando que la explotación animal deje de ser un tema invisible. Pero también es evidente que los obstáculos siguen siendo enormes: la industria que se reinventa, unas instituciones que protegen y cierran filas junto a quienes se benefician de la explotación animal y un contexto político cada día más hostil, con la ultraderecha ganando espacio. Aun así, el movimiento no parte del mismo lugar que hace una década y media. Hoy cuenta con herramientas, redes, saberes y experiencias que sostienen un trabajo a largo plazo y permiten imaginar un horizonte más amplio.

Los avances logrados no son suficientes y nos parecen siempre escasos, pero cada paso es imprescindible para llegar hasta donde estamos. Si algo muestran estos quince años de lucha es que el antiespecismo sigue avanzando y que, hoy como ayer, aún queda todo por hacer.

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Autor: Jorge Enkis. Editorial Autodidacta. Santiago de Chile, 2025. 36 páginas

«Jugar es resistir sin violencia, crear es desobedecer con belleza. Cada risa libre es una rebelión silenciosa”

Niñarquía es el arte de jugar sin permiso. Es el espacio donde el juego se vuelve herramienta de resistencia, creación y libertad.

Cada actividad de esta guía invita a cuestionar la obediencia, la competencia y el aburrimiento, promoviendo la autonomía, la cooperación y la imaginación. Ideal para comunidades que buscan una infancia libre.

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Autores: Guido Candela y Antonio Senta. La Neurosis o las Barricadas Ed. 2025. 250 páginas

“La práctica de la autogestión” es el vigésimo título de la colección central de La Neurosis o Las Barricadas Ed. Este original trabajo de Guido Candela y Antonio Senta cumple diversos objetivos: nos introduce los aspectos básicos de la organización de la producción y el consumo bajo parámetros anarquistas, nos acerca a multitud de experiencias autogestionarias y, además, realiza una serie de experimentos que muestran la potencialidad de la cultura libertaria como herramienta fundamental para la puesta en marcha de iniciativas de carácter anticapitalista. Este trabajo es un estudio verdaderamente original en su enfoque que va a interesar a todos los lectores y lectoras que se atrevan a bucear en sus páginas:

La autogestión, la posibilidad de asumir las riendas de nuestras vidas, ha pasado de ser un concepto puramente económico a ampliarse abarcando otros aspectos vitales. Este texto desmonta dos de las acusaciones que ha recibido: la de la ineficacia y la de necesitar de una ética imposible de alcanzar.

Para ello, los autores recurren a prácticas, datos y diferentes argumentos que ponen de manifiesto que las iniciativas autogestionarias han supuesto a menudo un cuestionamiento del sistema y, además, lo han hecho de manera satisfactoria para sus participantes, cubriendo sus necesidades. Además, en una propuesta muy original, presenta los resultados de un estudio experimental sobre la racionalidad del nosotros que permite afirmar que una ética del apoyo mutuo, enfocada a solucionar los problemas comunes, no solo es posible, sino que, de hecho, existe entre las personas que muestran sensibilidad libertaria.

La práctica de la autogestión sirve así como pequeño manual teórico sobre el concepto de autogestión, como mapa de experiencias pasadas y presentes y como exposición de los resultados de la experimentación. Todo ello con el objetivo de ampliar propuestas liberadoras y grietas en el sistema depredador que es el capitalismo.

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VV.AA. Número 1. Mallorca, septiembre 2025. 59 páginas. Tirada de 750 ejemplares.

Esporas es una publicación anarquista autogestionada que acaba de estrenar su primer número. Funciona desde la autonomía e incita a compartir miradas que, como esporas dispersas, buscan conectarse y expandirse. Esporas como el viento que esparce semillas.

En su presentación explican que «en pleno siglo XXI, lanzar una revista en papel puede parecer un gesto absolutamente anacrónico. Sin embargo, para nosotras, también puede ser un acto de resistencia y una afirmación de la lectura crítica frente a la mercantilización de la cultura. Esporas surge con un propósito claro: reivindicar el trabajo autónomo y emancipatorio de las editoriales libertarias, visibilizar las propuestas del mundo libertario y para el mundo libertario, y contribuir a la construcción de una memoria colectiva.

Esporas no nace de la nada. Surge de las cenizas, de proyectos que no llegaron a prender, y también de la distancia: de quienes, aunque geográficamente dispersos, saben que están cerca en ideas y afectos. Tras diversos encuentros informales, sentimos la necesidad de mantener vínculos, fortalecer redes y normalizar las relaciones que se generan en ferias, encuentros y otros espacios de sociabilidad del libro libertario.

La revista, cuyo primer número ya ha visto la luz, se presenta en formato A5 a todo color. Es gratuita, colectiva y horizontal: funciona mediante asamblea y reúne a escritoras, historiadoras, filólogas, electricistas, editoras, correctoras y bibliotecarias, con un punto en común: el compromiso con la difusión de ideas libertarias y la pasión por el mundo del libro.

Se estructura en varias secciones, que podrán variar en futuros números: reseñas largas, entrevistas y crónicas, miradas fugaces (reseñas breves), agenda de encuentros y listados editoriales. Su objetivo es mostrar la riqueza y vitalidad de un tejido editorial vivo, que surge, aparece y desaparece, y ofrecer sugerencias que ayuden a leer, pensar y organizarse críticamente. Esporas quiere visibilizar libros libertarios actuales o aquellos cuya perspectiva aporte una mirada antiautoritaria. También busca fortalecer redes locales e internacionales, incluyendo colaboraciones con iniciativas en América y la edición conjunta de libros.

La revista está abierta: quienes deseen participar, enviar propuestas o colaborar son bienvenidas. La ampliación y conexión continuas son una prioridad, porque creemos que la circulación de ideas y experiencias fortalece la autonomía y la organización colectiva. Esporas no es un círculo de lectores, ni un espacio de venta de libros, ni un lugar de autorrepresentación. Es un proyecto de memoria, autoafirmación y cooperación: un espacio para fortalecer la lucidez, la autonomía y la colaboración en un contexto en el que estas siguen siendo más necesarias que nunca.

En definitiva, la revista es una herramienta para leer, pensar, organizarse y tejer redes; un espacio abierto que invita a sumar voces, propuestas y experiencias, mantener viva la cultura libertaria y fortalecer los vínculos que nos permiten resistir y crear colectivamente«.

El primer número de la revista se puede descargar aquí:

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Por John Feffer, autor de la novela distópica Splinterlands y director de Foreign Policy In Focus en el Institute for Policy Studies. 

Traducido por Sinfo Fernández para ‘Voces del Mundo’

Extraído de Lo Que Somos

Donald Trump tiene sin duda ambiciones globales. Está utilizando los aranceles para remodelar la economía mundial. Está retirando a Estados Unidos del mayor número posible de organizaciones y acuerdos multinacionales con el fin de destruir el orden internacional liberal. Y ha alternado entre enfrentarse a adversarios (como Irán) y negociar un alto el fuego (como el de Gaza).

Pero también tiene objetivos hemisféricos: consolidar la hegemonía estadounidense en el “patio trasero” de América Latina y el Caribe. En cierto modo, estos objetivos no son más que una versión a pequeña escala de sus ambiciones globales. Aquí también está imponiendo aranceles tanto a aliados como a adversarios. Ha amenazado con retirar a Estados Unidos de pactos multinacionales como la Organización de Estados Americanos. Ha apoyado a amigos autocráticos —Nayib Bukele de El Salvador, Javier Milei de Argentina, Daniel Noboa de Ecuador— y ha tratado de castigar a cualquiera que se le haya enfrentado, incluidos Lula en Brasil y Gustavo Petro en Colombia.

En este contexto, su política hacia Venezuela parece apartarse de su enfoque habitual hacia los adversarios de Estados Unidos, que suele consistir en negociaciones transaccionales (como con Corea del Norte y Bielorrusia) o, más frecuentemente, en amenazas y acciones no militares (como con China y Rusia). En los últimos meses, por el contrario, la administración Trump ha atacado a casi dos docenas de embarcaciones en el Caribe y el océano Pacífico oriental, y ha matado a más de 80 personas, a la mayoría de las cuales la administración ha intentado vincular con Venezuela. Estados Unidos ha puesto precio (50 millones de dólares) a la cabeza del líder venezolano Nicolás Maduro. Ha enviado una considerable potencia de fuego a la región, incluyendo aviones F-35, ocho buques de guerra de la Armada, un buque de operaciones especiales, un submarino de ataque de propulsión nuclear y el portaaviones USS Gerald R. Ford, junto con aproximadamente 10.000 soldados estadounidenses y 6.000 marineros. Por si fuera poco, la administración también ha anunciado el envío de una misión de la CIA a Venezuela.

Esta fuerza militar es suficiente para llevar a cabo una guerra aérea sostenida contra Venezuela. Sin embargo, un asalto anfibio o una invasión terrestre requerirían de al menos 50.000 soldados, según el CSIS, por lo que aún no parece estar en el horizonte. Trump ha sugerido que la guerra es improbable, pero rara vez revela sus planes con antelación. Por el momento, esta demostración de fuerza parece diseñada para intimidar a Maduro y obligarlo a dimitir o para envalentonar a la oposición o a elementos del ejército para que tomen el poder.

En otros países, su gobierno no ha dudado en amenazar con acciones militares (como en Groenlandia) o incluso usar la fuerza (como en Irán). Pero la campaña contra Venezuela es de una magnitud mucho mayor. La declaración de “guerra” contra los “narcoterroristas” proporciona a ese gobierno una justificación casi ilimitada para matar a cualquiera que se considere una amenaza para los intereses nacionales de Estados Unidos. Trump ha criticado periódicamente a gobiernos anteriores por su participación en “guerras eternas”, un mensaje populista que caló hondo en muchos votantes. Sin embargo, esta nueva versión de la guerra eterna contra las drogas, con objetivos imprecisos y sin un cronograma claro, no ha suscitado muchas críticas por parte de los partidarios republicanos de Trump. Una votación en el Senado para invocar la Ley de Poderes de Guerra fracasó por un estrecho margen, al obtener sólo dos votos republicanos.

A primera vista, la estrategia de Trump para señalar a Venezuela parece más oportunista que estratégica. El gobierno venezolano, especialmente después de que las elecciones presidenciales de 2024 revelaran un descontento generalizado con el régimen, es relativamente débil. La economía venezolana sufre la tasa de inflación más alta del mundo y una grave erosión del nivel de vida. De la misma manera en que Trump bombardeó Irán sólo después de que Israel hubiera hecho que dicha misión estuviera prácticamente libre de riesgos, está presionando a Venezuela porque su modesto tamaño, debilidad militar y gobierno impopular la convierten en un blanco fácil.

Pero Cuba también sufre desafíos internos similares y (aún) no ha merecido una campaña de presión estadounidense a gran escala. Venezuela ha suministrado petróleo a Cuba durante las últimas dos décadas, evitando que su economía colapsara. Sin embargo, ese comercio ha disminuido sustancialmente, de 56.000 barriles diarios a tan sólo 8.000 en junio de 2025. Actores clave de la administración Trump, en particular el secretario de Estado Marco Rubio, llevan mucho tiempo abogando por un cambio de régimen en Cuba. Por lo tanto, una posible explicación de la campaña contra Venezuela es su capacidad para aislar aún más a Cuba y posiblemente desencadenar un cambio de régimen allí como parte de una nueva teoría del efecto dominó sostenida por algunos sectores de la administración.

Sin embargo, el equipo de Trump no está del todo unificado en su enfoque hacia Venezuela. Un ala neoaislacionista ha estado presionando contra las estrategias de cambio de régimen. Hasta hace poco, el enviado de Trump a Venezuela, Richard Grinnell, impulsaba esta postura, y Maduro se mostró más que receptivo a una solución diplomática. Según The New York Times, Maduro “ofreció abrir todos los proyectos petroleros y auríferos existentes y futuros a empresas estadounidenses, otorgar contratos preferenciales a empresas estadounidenses, revertir el flujo de exportaciones petroleras venezolanas de China a Estados Unidos y recortar drásticamente los contratos energéticos y mineros de su país con empresas chinas, iraníes y rusas”. Ni siquiera esta generosa oferta, que rozaba lo servil, logró convencer a Trump.

El oportunismo no explica del todo la magnitud de los esfuerzos de Trump en Venezuela y sus alrededores. Tampoco lo hace la conocida animadversión hacia Maduro que se remonta a su primer mandato. Aunque los instintos de Trump son generalmente transaccionales, de vez en cuando realiza cálculos geopolíticos. En este caso, Venezuela atrae su atención porque, a diferencia de Cuba, se encuentra en la encrucijada de varias obsesiones: la inmigración, las drogas, los combustibles fósiles y China.

Expulsar a China del hemisferio

China es ahora el principal socio comercial de Sudamérica y el segundo de América Latina en su conjunto. La región envía a China materias primas como soja, cobre y petróleo a cambio de productos manufacturados. La Iniciativa de la Franja y la Ruta de China ha canalizado inversiones considerables hacia proyectos de minería, agricultura e infraestructura en toda América Latina. Pekín también ha abierto múltiples líneas de crédito para los países de la región. Venezuela es el mayor prestatario, con una deuda de 60.000 millones de dólares con China, el doble de la del siguiente mayor receptor, Brasil.

La administración Trump se centra en desvincular la economía estadounidense de la china. Su mayor ambición es desvincular todo el hemisferio, empezando por América del Norte. Su estrategia hasta el momento en las negociaciones con Canadá y México, que se llevarán a cabo de forma bilateral o trilateral mediante la renegociación del Acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá, ha sido cerrar el acceso de China a los mercados norteamericanos mediante el bloqueo del transbordo de productos terminados chinos, la reducción de la cantidad de piezas y componentes chinos en la cadena de suministro y la restricción de la inversión china en plantas de fabricación que luego exportan a Estados Unidos. Trump está obsesionado con los intentos chinos de entrar al mercado norteamericano a través de estas puertas traseras, aunque el uso chino de estas estrategias es bastante modesto. Los negociadores comerciales estadounidenses han estado presionando a sus homólogos mexicanos y canadienses para que bloqueen estos puntos de entrada al mercado estadounidense.

Trump está ejerciendo presiones similares sobre otros líderes latinoamericanos. Comenzó presionando a Panamá para que se retirara de la Iniciativa de la Franja y la Ruta de China. Más recientemente, ha centrado su atención en Argentina, que es el segundo socio comercial más importante de China en la región después de Brasil. China ha invertido en varios proyectos importantes de infraestructura en Argentina, incluyendo dos represas hidroeléctricas, un observatorio espacial y la construcción de otra central nuclear. Trump, mientras tanto, ha otorgado un paquete de rescate de 20.000 millones de dólares a Milei para prevenir una crisis económica, dejando clara su preferencia por que Argentina degrade su relación con China.

Se ha hablado mucho de que Trump recurra a una estrategia geopolítica de “esferas de influencia”, por la que China se centra en Asia, Rusia en sus “países circundantes” y Estados Unidos en América. Esta división del mundo quizás se alinee con la preferencia de Trump por considerar la geopolítica como un negocio por otros medios, con diferentes regiones funcionando como territorio corporativo.

Pero Trump no está retirando a Estados Unidos del resto del mundo. Ha asegurado derechos mineros en Ucrania, ha negociado la participación estadounidense en un corredor de transporte entre Armenia y Azerbaiyán, y ha establecido acuerdos sobre minerales con el “club de naciones” (Australia, Camboya, Japón, Malasia y Tailandia). Y su administración está redoblando sus esfuerzos para contener a China mediante alianzas, la expansión de bases en el Pacífico y un mayor gasto del Pentágono.

Mientras tanto, la estrategia de Trump hacia las Américas se enfrenta a una considerable resistencia. México ha afirmado su soberanía respecto a su relación económica con China y su rechazo a la intervención militar estadounidense contra el narcotráfico. El gobierno brasileño se ha negado a dar marcha atrás en el procesamiento del expresidente Jair Bolsonaro ante el aumento de los aranceles estadounidenses. Incluso Ecuador, donde el presidente Daniel Noboa tiene una fuerte afinidad ideológica con Trump, no puede permitirse poner en peligro su relación con China, que ha implicado un considerable volumen de comercio, inversiones en infraestructuras y 11.000 millones de dólares en préstamos.

El esfuerzo de Trump por reducir la influencia económica china en la región tiene menos que ver con una estrategia geopolítica de “esferas de influencia” que con el deseo del presidente de reducir la dependencia de Estados Unidos —y, por extensión, la dependencia hemisférica— de Pekín. Quiere que las corporaciones, los bienes y el capital estadounidenses ocupen el primer lugar en América Latina, no en el sentido de una producción globalizada, sino en un sistema radial donde todas las decisiones clave y la fabricación se realicen en Estados Unidos.

Otros factores que impulsan la política trumpista hacia Venezuela

Donald Trump ganó la reelección en gran medida gracias a su enfoque en asuntos internos, especialmente en inmigración, drogas y política energética. Minimizó deliberadamente los asuntos internacionales, salvo para prometer el fin de varias guerras que le costaban dinero y armas a Estados Unidos.

Sin embargo, Venezuela reúne muchos de los objetivos nacionales de Trump. Si bien el país no es la principal fuente de cocaína ni fentanilo que entra en Estados Unidos, Trump ha caracterizado la operación criminal venezolana Tren de Aragua y al gobierno de Maduro como responsables clave de asesinatos de estadounidenses a través de las drogas. También ha utilizado el Tren de Aragua para vilipendiar a inmigrantes y ha hecho un gran alarde de la deportación de venezolanos presuntamente vinculados con la pandilla a una prisión de alta peligrosidad en El Salvador (pocos, si es que alguno, de los deportados tenían tales conexiones). La orden del gobierno que canceló el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para aproximadamente 300.000 venezolanos residentes en Estados Unidos mencionaba repetidamente el Tren de Aragua.

Venezuela posee las mayores reservas comprobadas de petróleo del mundo, cinco veces más que las de Estados Unidos. Las compañías petroleras estadounidenses, principalmente Chevron, han colaborado con la petrolera estatal venezolana para producir y transportar petróleo. Trump inicialmente rompió esa relación, pero la restableció discretamente en julio. Simultáneamente, la administración Trump impuso un arancel adicional a los países importadores de petróleo venezolano. Sin embargo, las exportaciones petroleras venezolanas alcanzaron recientemente su máximo en cinco años, impulsadas principalmente por las ventas a China y favorecidas por la participación de Chevron en la producción.

Trump, por su parte, ha impulsado la expansión de sus intereses en combustibles fósiles en Estados Unidos, abriendo nuevas áreas de perforación, ofreciendo incentivos fiscales a las compañías de gas y petróleo, reduciendo la supervisión regulatoria y debilitando la competencia en energías limpias. Sin embargo, cualquier reorientación a largo plazo de la economía estadounidense hacia el petróleo requerirá acceso a otras fuentes. Rusia está fuera de la ecuación por el momento. Oriente Medio es impredecible. Venezuela es problemática si su gobierno decide restringir el acceso de Chevron o dar un trato preferencial a China o a algún otro cliente. Así pues, independientemente de lo conciliador que pueda ser Maduro en este momento, la administración Trump quiere garantizar un acceso seguro a los depósitos de Venezuela durante mucho tiempo en el futuro.

La administración Trump ha enmarcado su afán por asegurar materias primas críticas como el litio, las tierras raras y el petróleo como parte de su competencia con China. Sin embargo, China ha anticipado desde hace tiempo la centralidad de minerales clave —por ejemplo, al asumir el procesamiento de tierras raras de Estados Unidos hace algunas décadas— y se está alejando rápidamente de su propia dependencia de los combustibles fósiles. Por lo tanto, la administración Trump llega demasiado tarde y se centra demasiado en el objetivo equivocado.

Venezuela tampoco es el socio más importante de China en América Latina. Pero la administración Trump podría estar atacando a Maduro por ser el eslabón más débil. Según el adagio chino, hay que matar al pollo para asustar a los monos más poderosos. La creciente presión sobre Venezuela es una señal para que China y otros actores poderosos reduzcan sus inversiones en el hemisferio y, más aún, una advertencia para otros Estados latinoamericanos de que es mejor que sigan la línea de la administración Trump, o de lo contrario…

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Autoría colectiva. Editorial Imperdible. 96 páginas. Madrid, 2025

Son los nuestros tiempos de pánico moral, donde un giro reaccionario y puritano llama a proteger a las infancias de una gran amenaza que, dicen, acecha en las sombras para acabar con el “sensato gobierno de la adultez”: la(s) disidencia(s).

Esta pulguita de textos viene a ofrecer unamirada rebelde y revolucionaria a esta cuestión, poniendo en el centro una reinvindicación histórica de la liberación queer, la emancipación de las infancias y un cuidado antipropietario que acompañe la capacidad de desear en antagonismo con el viejo mundo.

Ante el estigma y la acusación velada de que nuestra mera existencia y organización demuestra que venimos a desviar a la juventud del “buen camino”, nosotres les monstruoses decimos con orgullo: Si, queremos liberar a todes les niñes y derribar el mundo hostil de los adultos, este orden racisheterocapitalista.

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Autora: M.E. O’Brien. Editorial: Traficantes de Sueños. 2025. 264 páginas

La más infame consigna del feminismo ha vuelto. De Marx y Engels a las feministas y queers de los años setenta, pasando por socialistas utópicos como Fourier y bolcheviques como Kollontai, la abolición de la familia ha sido el elemento basal de la abolición de la sociedad de clases. Desde la derrota de los años ochenta, sin embargo, había desaparecido junto al resto de horizontes de transformación anticapitalista.

En este libro, M. E. O’Brien rastrea la historia de la imposición de la familia nuclear en paralelo con las transformaciones del capitalismo. Analiza cómo la respetabilidad que otorgaba el modelo de familia burguesa de hombre proveedor y ama de casa fue incorporado por el movimiento obrero, coadyuvando a su pacificación y a su alejamiento de otros sectores de la clase. A partir de las resistencias a este modelo por parte de las subculturas y movimientos queer, negros y feministas, desde principios del XX hasta la Década Roja de 1970, O’Brien avanza nuevas hipótesis de enorme valencia política en torno a qué sería una reproducción social comunista, tanto en términos teóricos como cotidianos.

Hoy la familia está en crisis, los crecientes problema de la acumulación capitalista y del Estado de bienestar hacen cada vez más difícil sostener la vida en los hogares privados. Estos se han vuelto crecientemente ineficientes a la hora de realizar las tareas reproductivas y más opresivos para las personas dependientes. Por eso se ha vuelto urgente pensar otra organización de la reproducción social, otras formas de proveernos de lo que necesitamos para vivir, otros modos de cuidar y amar. Las comunas por venir con las que fantasea O’Brien, a partir de la propuesta de la comunización de los cuidados, bien pueden servirnos para dejar volar nuestra imaginación y nuestros deseos, y finalmente ponernos manos a la obra.

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Autoría: colectivo Rosas Negras. Editorial Descontrol. Barcelona, septiembre 2025. 205 páginas.

La sombra del Estado, escrito por el colectivo Rosas Negras, se adentra en un terreno que el imaginario popular suele asociar más al cine que a la experiencia cotidiana: las infiltraciones policiales en movimientos sociales. Pero, a diferencia de las narrativas hollywoodenses que glorifican al agente encubierto como salvador de una abstracta “seguridad nacional”, este libro invierte por completo la mirada y devuelve la voz a quienes históricamente han sido deshumanizadas, silenciadas o tratadas como daños colaterales. Aquí no se habla del heroísmo policial, sino de las vidas desgarradas por la manipulación, la traición y la violencia institucional.

Rosas Negras documenta las infiltraciones en el Estado español desde 2022 hasta la actualidad, ofreciendo un relato coral construido desde el dolor compartido, la rabia legítima y la necesidad de comprender cómo el Estado se cuela en nuestros espacios más íntimos. Las autoras no solo registran los casos descubiertos, sino que analizan los patrones de comportamiento de los agentes: rutinas fabricadas, errores cometidos, mentiras recurrentes y estrategias diseñadas para generar confianza allí donde luego se ejercerá control. En este sentido, el libro es también un manual de aprendizaje colectivo: desmonta el mito de la policía infalible y muestra cómo los fallos del sistema represivo pueden ser herramientas para identificar y detener nuevas infiltraciones.

A través de cada caso, el colectivo describe los métodos empleados para destapar identidades encubiertas y cómo estos pueden servir a otros espacios en riesgo. Sin caer en la paranoia ni en el morbo, Rosas Negras aporta claves concretas para construir culturas de seguridad y cuidados que permitan sostener la acción política sin caer en el aislamiento o el miedo. Porque, como recuerdan sus autoras, lo que busca la infiltración no es solo vigilar: es dividir, desmovilizar y quebrar los vínculos afectivos que hacen posible la lucha.

El libro también apuesta por un enfoque histórico que sitúa las infiltraciones como parte de una larga genealogía de represión estatal. Desde el franquismo hasta la actualidad, el Estado español ha preservado intactos muchos de sus mecanismos de control, amparándose en leyes como la de Secretos Oficiales para evitar rendir cuentas. Las operaciones encubiertas, las vulneraciones de derechos fundamentales y la impunidad policial no son anomalías: son pilares de un sistema que necesita neutralizar cualquier disidencia que cuestione su legitimidad.

Frente a la tendencia social a culpabilizar a las víctimas, acusándolas de exagerar, inventar o incluso provocar lo sucedido, La sombra del Estado recuerda que el verdadero problema no reside en las personas afectadas, sino en el entramado capitalista, patriarcal e institucional que hace posible estas prácticas. Transformar ese sistema es imposible sin visibilizar su violencia y sin construir herramientas colectivas para resistirla.

Rosas Negras ha escrito un libro duro, pero imprescindible. Una herramienta de autodefensa política que desvela las grietas del Estado y ofrece recursos para no caer nuevamente en sus trampas. Al mostrar que los infiltrados también cometen errores, el libro abre un espacio de oportunidad: reconocer patrones, fortalecer redes y, sobre todo, reafirmar que la vigilancia institucional no podrá apagar la voluntad organizada de quienes siguen luchando por un mundo sin opresión.

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Punk hardcore melódico vegano. 5 discos (publicados 2019-2023). Madrid

“En cada gesto que desafía a lo establecido, en cada rincón donde florece el apoyo mutuo. Todo un mundo de resistencias entrelazadas levantado con el esfuerzo de compañeras”

Llevamos tiempo dándole vueltas a la idea de publicar un artículo acerca de la importancia de la música para acercar a la chavalada a los movimientos sociales en general y al anarquismo en particular. Muchas personas de nuestra generación no se habrían aproximado a nuestras ideas si no fuera por la existencia de grupos, tanto comerciales como DIY, con letras reivindicativas. Escuchar canciones con referencias a luchas populares nos llevó a acudir a conciertos en okupas, lo cual conduce a asistir a charlas y talleres en esos centros sociales, a alquilar libros en bibliotecas populares o comprar fanzines en distris. Toda esta cultura popular horizontal y alternativa a las lógicas del mercado sirve como puerta de entrada para empezar a militar en asambleas de barrio o estudiantiles, sindicatos, grupos de apoyo mutuo, etc.

La decisión de cerrar nuestro periódico el mes que viene nos ha impedido materializar este artículo que teníamos en mente, pero queríamos aprovechar este espacio para rescatar esta idea y homenajear a algunas de las bandas que nos han acompañado a lo largo de los últimos quince años, transmitiendo mensajes antiautoritarios con sus canciones, amenizando numerosas veladas e, incluso, organizando conciertos para financiar esta publicación. Nos referimos a grupos como Accidente, Troika, Heksa, Duelo, Rude Pride, Venganza, Lökhul (o Los Culo), Kronstadt, Folie à Trois, Ugly Bastards, Furio, Mortal Wombat, Nueva Generación, No Beach, Obediencia, Redneck Surfers, Por la Sombra, Cucarachas Enojadas, A las Bravas, Enolagay, Exceso, Colectivo Pinelli, Escuela de Rock, Majaicans, Ponyboy Onemantrio, Fraga, Krust-y el Payaso, Konflictiva, Cizalla, Vida, Skainhead, Reflector, Necesidad de Luchar, Morralla Libertaria, MC Ben, Eu Libre, Tremenda Jauría y un muy largo etcétera. No nos da tiempo a reseñarlos a todos así que, a modo de ejemplo, nos vamos a detener en la banda Acuerdo, por ser representativa del espíritu que queremos reivindicar.

Desde su irrupción en la escena punk en el año 2019, Acuerdo ha demostrado que la urgencia del mensaje puede combinarse con sensibilidad sonora y coherencia ideológica. A lo largo de sus cinco maquetas, este trío madrileño ha ido puliendo un estilo que bebe del hardcore melódico clásico —ritmos intensos, guitarras firmes, energía cruda— pero sin renunciar a melodías claras, coralidad y sensibilidad emotiva.

En sus letras, breves y directas, nos hablan de luchas, de la libertad y de compromisos éticos, con un especial énfasis en la liberación animal. Por ejemplo, su quinta maqueta se centra exclusivamente en el conflicto contra el laboratorio de experimentación animal Vivotecnia. Sus canciones no se limitan a describir injusticias: buscan movilizar —ofrecen rabia, reflexión y un horizonte de esperanza y de cambio colectivo—.

En definitiva, tanto Acuerdo, como el resto de bandas que hemos mencionado, son un ejemplo de que géneros como el hardcore melódico, el punk, el hip-hop, la cumbia, el country, el surf, etc. pueden ser una herramienta de combate y de conciencia, sin renunciar a melodías, honestidad y corazón. Para quien busca intensidad, coherencia y compromiso en cada acorde y en cada verso, Acuerdo merece sin duda la escucha atenta.

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Para quién no os conozca contadnos en líneas generales, ¿Qué es el Centro Social La Villana?

Es un centro social autogestionado, también un sindicato de barrio, en Vallekas – Madrid. Además, contamos con una librería asociativa (malaletra) y una taberna vegana (Veguiterráneo). Es la casa de 14 colectivos: el sindicato de vivienda PAH Vallekas y la Escuelita PAH, la Red de Apoyo Laboral, las clases de castellano, Bahllekas y otro grupo de consumo ligado a Huerta Pepines, el grupo feminista Ariskas, Orgullo Vallekano, la Despensa Solidaria / Nodo de producción, RadioVk, el Club Deportivo Puerto de Vallekas, Bloke Gorde, Escuela de las Periferias y SinPoli. Es un local accesible, con un gran salón de actos y cuatro salas para reunirnos, en frente del parque Amos Acero, entre la Albufera y San Diego.

¿Cómo surge el proyecto y en qué consistía en los primeros años? ¿Cuáles eran (o son) sus objetivos?

La Villana de Vallekas empieza en 2013 a partir de otro proyecto anterior llamado Oficina de Derechos Sociales (ODS) del centro social okupado Seco. En 2013 alquilamos un taller de dos plantas a partir de cuotas de socios, y continuamos nuestra actividad de sindicalismo social en torno a las fronteras y la vivienda. Formábamos parte de la Comisión de Vivienda de la Asamblea 15M de Puente de Vallekas, y luego nos convertimos en PAH Vallekas; continuamos también con las clases de castellano y los talleres de derechos; y se incorporaron nuevos colectivos, como Orgullo Vallekano, que lucha por los derechos sociales LGTBIAQ+ alejados del “capitalismo rosa”; y la Despensa Solidaria, que autogestiona un banco de alimentos con el lema “No es caridad, es justicia. Del barrio para el barrio”.

La Villana tiene varios objetivos: 1) construir estructuras autónomas de producción y reproducción, esto es, construir estructuras organizativas que nos permitan gestionar nuestras vidas de forma colectiva con la menor dependencia del mercado y del Estado (por ejemplo, con la recuperación de viviendas, la producción agrícola, la autofinanciación); 2) luchar en nuestros conflictos cotidianos de forma colectiva: en vivienda, empleo, papeles, alimentación, violencias, los distintos colectivos tienen asambleas de asesoría colectiva y acción directa, para defendernos y también atacar las formas de explotación y opresión que vivimos; 3) a través de las luchas, hemos ido creando una comunidad y aspiramos a relacionarnos entre nosotrxs de otras formas, más libres, horizontales y cooperativas, poniendo en el centro también la parte más material de esta cooperación y generando espacios de cultura, deporte, encuentro y fiesta accesibles y subversivas.

Hace poco os habéis mudado de local. Contadnos qué os ha llevado a este cambio, cómo ha ido el proceso (también a nivel de financiación, logística, etc), y qué características y espacios tiene el nuevo local.

En el antiguo local estábamos alquilados y el dueño quiso subirnos un 50% el alquiler; estuvimos buscando alternativas pero todas necesitaban obras y para eso teníamos que pedir préstamos, y sabíamos que a los 7-10 años nos iba a volver a echar. Así que empezamos a echar cuentas, inspirados por otros centros sociales y proyectos que se han lanzado a comprar. Estuvimos debatiendo entre nosotrxs y vimos que sí teníamos una gran voluntad de permanencia en el barrio y compromiso a largo plazo con el proyecto. Gracias a Coop57, la cooperativa de finanzas sociales y solidarias, y la gran cantidad de donaciones que recibimos de amigxs, pudimos comprar el local actual hace dos años. La letra, como antes el alquiler, la pagamos con la cuotas de socios, que somos ahora mismo unos 400. Las obras acabaron y nos pudimos mudar este marzo de 2025.

En la actual Villana hay dos empresas políticas, la librería Malaletra y la taberna Veguiterráneo, que son también la entrada al centro social. Contamos con un salón de actos para unas 100 personas y cuatro aulas para unas 10-15 personas, aquí se dan las clases de castellano y la Escuelita PAH; una de la aulas se utiliza también para hacer radio, con Radio Vk. Ya estamos a toda marcha y todas las semanas hay presentaciones de libros, debates y reuniones. Nuestro propósito es usar mucho más y hacer actividades en el parque Amos Acero, que está en frente y cuenta con unas gradas, pero el Ayuntamiento no lo está poniendo fácil, como al resto de colectivos del barrio.

¿Qué colectivos se juntan en el espacio, y qué relación tienen con la asamblea del centro ¿Cómo os organizáis? ¿Sois una asamblea abierta? ¿Los colectivos forman parte de la asamblea? ¿Cómo se puede participar en la Villana?

Tenemos dos asambleas mensuales y varios grupo de trabajo. Los primeros jueves de mes es la asamblea coordinadora, donde van enviados de los colectivos y los grupos de trabajo para tratar el cotidiano del espacio, tanto cuestiones de gestión como políticas. Los terceros findes de mes, tenemos la asamblea plenaria donde acudimos todas las personas de todos los colectivos, y las personas que quieren incorporarse, para tratar temas con más profundidad, debates, puesta en común de proyectos, propuestas a otros colectivos… Los grupos de trabajo son comunicación, gestión y burocracia, ocio y fiestas, decoración, y secretaría técnica; la limpieza la hacemos rotativa entre colectivos; y hay grupos de proyectos comunes como “sindicato de barrio” y “gestión comunitaria de las violencias”.

La bienvenida a las personas nuevas, que quieren conocer o incorporarse la La Villana, es antes de la asamblea plenaria de fin de semana; la propuesta es que empiecen a participar en el colectivo que más les interese. Se pueden pedir salas para hacer reuniones o actividades a través de la web o el mail, pero lo cierto es que con todxs lxs que somos, ocupamos casi todo el espacio con nuestras actividades. No pueden ser parte del centro social (sí reunirse de forma puntual) colectivos vinculados a partidos políticos.

Contadnos qué tenéis en mente para los próximos tiempos. ¿Qué actividades, proyectos o novedades estáis realizando o tenéis planeadas próximamente?

Estamos todavía aterrizando en el espacio. Nos gustaría vincular mucho más nuestras luchas, vivienda, empleo, papeles, alimentación, violencia, están todas muy relacionadas y sin embargo las luchamos por separado. Nos gustaría ponerlas además en relación con la crisis ecosocial y pensar prácticas de futuro en este sentido. Nos gustaría también establecer más alianzas en el barrio y en la ciudad. Los últimos años de la compra y la mudanza han sido de mucho trabajo interno, interesante y productivo porque hemos debatido más entre nosotrxs y, de La villana antigua que era más un contenedor de colectivos, ahora somos un centro social más entrelazado y con más horizontes compartidos. Ahora toca mirar para fuera y hacer alianzas y proyectos, más allá de las que tiene cada colectivo; pensamos por ejemplo en una “Red de estructuras populares y comunitarias”, inspirados por la XEPC de Manresa, o en construir “Instituciones barriales autónomas” a partir de un nuevo proyecto llamado El Puchero. Seguiremos peleando en cada uno de los conflictos en los que estamos, por quedarnos en nuestra casas o recuperar vivienda vacía, por nuestros derechos laborales y por derechos laborales para lxs que no tienen, por papeles y comida buena para todxs, contra el racismo y el fascismo (que está fuerte en los barrios con Desokupa), por un mundo feminista y disidente… pero queremos escalar el conflicto, lo queremos todo.

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El régimen franquista fue el proyecto de la burguesía nacional apoyada por el capitalismo internacional que, en distintas fases, protegió sus intereses económicos consolidando una dictadura en torno a la figura de Franco como garante de ese orden sangriento. La muerte de Franco marcaba el punto de inflexión de un proceso ya iniciado años atrás. Se estaba pactando una clausura idílica del Franquismo desde, al menos, el año 1968, escondiendo posteriormente un proceso complejo de continuidad reformada. Mismos perros, pero también mismos collares.

Bajo el relato oficial, presentado como una proeza de consenso y moderación democrática, se ocultó una gran lógica política de fondo: la necesidad de las élites económicas, políticas y militares consolidadas tras 1939 de reorganizar su hegemonía ante un contexto internacional y social que hacía inviable la continuidad de una dictadura que había cumplido ya su papel como garante de sus privilegios. El fascismo español había hecho ya su función, pero ni se bajaría el telón, ni se marcharía de la escena, se le otorgaba un papel protagonista como consolidante y fuerza de choque hasta la actualidad.

Si podemos encontrar una cuestión común a lo largo del siglo XX español, desde la monarquía de Alfonso XIII, la dictadura de Miguel Primo de Rivera, la Segunda República española, el Franquismo, y el régimen monárquico actual; es el poder económico detentado en manos de prácticamente las mismas familias y fuerzas vivas del capitalismo patrio. La Transición española debe entenderse no como una ruptura, sino como una recomposición del poder, donde buena parte de las élites franquistas y los intereses económicos dominantes conservaron posiciones clave remodelando el sistema institucional.

Cuarenta años de Franquismo, el fascismo marca España

El régimen franquista nacía directamente del poder otorgado por el golpe militar de julio de 1936, y ampliado a todo el territorio mediante una guerra de exterminio contra la clase trabajadora y las fuerzas populares. Fue, desde el inicio, un proyecto con un objetivo antirrevolucionario al servicio de las élites económicas y militares de la España oligárquica, adelantándose al potencial de triunfo si el movimiento obrero organizado hubiese pasado a la ofensiva total de construir un poder popular de clase. No fue una tragedia histórica, sino la apuesta consciente y planificada de terratenientes, grandes industriales, jerarquía eclesiástica y mandos del ejército para aplastar una posible victoria de las fuerzas populares revolucionarias, que ponían en contundente riesgo la estructura de poder construida durante siglos. El golpe militar no fue contra el gobierno republicano, sino que la violencia se dirigía hacia la clase obrera, y ese es el primer punto que debemos tener claro en una visión revolucionaria. No existían dos Españas, sino dos clases sociales antagónicas, la dominante, y la explotada.

El proyecto previo de la burguesía española fue construir un gobierno político republicano y socialdemócrata como apagafuegos al crecimiento del movimiento obrero. Ese republicanismo interclasista habría sido el particular terreno de preparación y desarrollo del fascismo español. La victoria franquista en 1939 reeditaba un Estado autoritario, militarizado y de terror psicológico, y físico, basado en la represión sistemática, la censura, el control social y la destrucción de cualquier forma de organización obrera. El aparato estatal —desde la Iglesia Católica a la Guardia Civil, desde el Movimiento Nacional a los tribunales militares— funcionó como un engranaje perfectamente coordinado para garantizar la restauración brutal del orden capitalista más reaccionario tras la revolución social del pueblo.

En la primera fase el Franquismo extendió el exterminio de decenas de miles de integrantes de la clase trabajadora, y su proyecto estaba alineado férreamente con el fascismo italiano y el nazismo alemán; que tomaron la iniciativa de ofensiva hasta 1943 en el conflicto mundial. Durante los años cuarenta el régimen fue virando para distanciarse de la Alemania nazi, y sobrevivir al nuevo reordenamiento global de las potencias vencedoras. El Franquismo fue tolerado, y tomado como baluarte político en Europa contra el marxismo, y así evitar concesiones sociales y políticas que, el capitalismo imperialista tuvo que hacer mientras desarrollaba las nuevas estrategias de aplastamiento de los movimientos obreros nacidos de la lucha en el conflicto mundial contra los fascismos.

Esos años cuarenta y los primeros cincuenta, estuvieron marcados por el modelo económico autárquico que impuso el Franquismo y, que proyectaba a los grupos empresariales afines al régimen, hundiendo al país en el hambre y la miseria mientras consolidaba un capitalismo oligárquico protegido por el Estado. La represión de posguerra, con cientos de miles de encarcelados, deportados, fusilados y depurados, no fue un «exceso», sino el pilar sobre el que se edificó la estabilidad del régimen y, en cierta medida, el retorno a las estructuras políticas normalizadas por el capitalismo. La clase trabajadora quedó sometida a un sindicalismo vertical obligatorio, diseñado para neutralizar cualquier capacidad de conflicto y asegurarse la subordinación al régimen.

La Guerra Fría permitió a la dictadura un lavado internacional: el anticomunismo se había convertido en el salvoconducto. Estados Unidos y las potencias occidentales integraron a España como pieza funcional del bloque capitalista, abriendo la puerta a la tecnocracia, al desarrollismo y a una «modernización» controlada que jamás cuestionó las bases del poder. El Plan de Estabilización de 1959 coincidía con la visita del presidente estadounidense Eisenhower, y el crecimiento económico de los años 60 no fue en absoluto un despegue neutral: consolidaron a nuevas facciones de la burguesía, reforzaron desigualdades y utilizaron la emigración masiva a Europa como válvula de escape social. La represión se volvió más selectiva, pero no menos efectiva.

A lo largo de esas cuatro décadas, el Franquismo mutó, pero no cambió jamás su naturaleza: fue siempre un régimen militarista y ultracatólico, que defendía los intereses de clase burgueses y aseguraba la continuidad de la explotación económica y política de las élites empresariales. Las luchas obreras, estudiantiles y vecinales que surgieron, fueron respondidas con una violencia perfectamente calculada parta no permitir erosionar su legitimidad. Las leyes represivas, el Tribunal de Orden Público, la Guardia Civil y la Brigada Político-Social de la policía, actuaban como aparato principal del control y el castigo.

La Transición: un pacto de silencio y reforma de la oligarquía desde arriba

Muy lejos de suponer ninguna ruptura impulsada desde la base, la Transición fue el resultado de un pacto de la élite oligárquica española. Una parte de la vieja guardia franquista entendió que sostener el régimen tal cual era se hacía incompatible con su integración en los mercados europeos y con el control de una clase trabajadora altamente movilizada desde 1968. Por eso, optaron por dirigir ellos mismos la evolución del régimen. Debían preservarse las estructuras del aparato estatal nacido de 1939, se mantendría intacta la jerarquía judicial y policial; además de garantizarse la continuidad monárquica designada por Franco en quien sería coronado como Juan Carlos I. No se desmontaba el armazón autoritario que se heredaba, solo se le otorgaba un cambio de look, para adaptarlo a las normativas represivas y de control social constituidas por las democracias imperialistas occidentales.

El movimiento estudiantil eclosionado en 1968, se había aliado con las demandas de la clase trabajadora, y funcionaba como catalizador de un cuestionamiento profundo al régimen franquista. Las asambleas y huelgas universitarias se solidarizaban con las luchas obreras. Mientras tanto se intensifica la preocupación por la insurgencia política y armada representada por organizaciones como ETA, FRAP, y más tarde MIL que, si bien no representan una amenaza real al poder estatal, sí que son un desafío simbólico a su capacidad de control total. Se abren grietas en la narrativa legitimadora del Franquismo, lo cual conduce a un repunte en la represión y a su sofisticación; comenzando a idear un plan de reformas pactadas desde arriba.

La muerte de Carrero Blanco en diciembre de 1973 fue el golpe simbólico al régimen franquista que se necesitaba para poner en marcha toda la Transición que ya se venía fraguando desde el inicio de esa década. A los sectores más reacios a la reforma pactada desde arriba había que domesticarlos, no se destruiría su estructura, solo se liquidaba el plan de un franquismo sin Franco pero con franquistas puros. Las élites económicas y políticas asumen una recomposición en el bloque de poder, y se arma una transición que neutralice al movimiento de clase trabajadora. Las luchas obreras estaban viviendo un crecimiento explosivo, decenas de miles de trabajadores desbordan el sindicalismo vertical, y se genera un potencial contrapoder social de coordinadoras y comisiones, huelgas y asambleas masivas en barrios obreros. Por lo que esa Transición debía abordar como objetivo principal la desactivación de ese sujeto político que estaba construyendo al margen de los canales del régimen.

En este contexto, el papel internacional también pesa mucho; y los Estados Unidos, a través de la CIA, busca garantizar un aliado estable en la OTAN y fiel a los intereses imperialistas. De ahí la operación de «reciclaje» del socialismo parlamentario en el Congreso de Suresnes (1974), desde el que emerge un PSOE rejuvenecido, moderado y funcional al nuevo proyecto. El PSOE, a través de Felipe González, es seleccionado como el actor ideal para ofrecer una salida controlada, capaz de seducir a sectores jóvenes y urbanos sin poner en riesgo la estructura económica del franquismo sociológico. De esta manera se evitaba una escalada como la Revolución de los Claveles portuguesa, donde se tuvo que actuar de manera más decisiva para evitar una ruptura que desestabilizara los intereses capitalistas.

Los aparatos franquistas no se depuraron, y la represión seguiría activa, siendo asesinados en ese periodo centenares de trabajadores. En 1975, cuando Franco murió, el franquismo no estaba agonizando, tan solo cumplió su funcional ciclo histórico. La dictadura que nació como proyecto antirrevolucionario, dejaba tras de sí una matriz que se ha mantenido intacta hasta la actualidad, porque Franco murió, pero no el Franquismo.

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Por Jorge del Arco y Mario Rísquez (CGT-UCM)

Los pasados 26 y 27 de noviembre las seis universidades públicas de la Comunidad de Madrid fuimos nuevamente a la huelga contra la asfixia económica a la que nos está sometiendo el gobierno de Isabel Díaz Ayuso. En el horizonte amenaza, además, la nueva Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia de la Comunidad de Madrid (LESUC), un proyecto legislativo que busca abrir aún más el espacio universitario al expolio de los recursos públicos.

La situación en las universidades madrileñas

La situación de las universidades públicas de la Comunidad de Madrid viene de lejos. Se tomen los datos que se tomen, la financiación nunca ha recuperado los niveles previos a los recortes implementados por las medidas de austeridad posteriores a 2008. En aquel momento, las universidades públicas madrileñas vivían una situación de equilibrio presupuestario y la financiación pública por estudiante era equivalente en Madrid y en el sistema nacional en su conjunto. Quince años después, hay un desfase del 22,5% en la región. La Comunidad de Madrid es la única región española que invierte menos ahora por estudiante de grado y de máster. Siendo una de las regiones más ricas, es también, junto con Cataluña, la que menos invierte por estudiante.

La financiación pública de las universidades madrileñas se situó el año pasado en un 0,37% en relación al PIB autonómico. Este índice parece aumentar ligeramente en 2025 (0,38% según estimaciones conservadoras sobre el crecimiento del PIB y la inflación), aunque en relación al presupuesto total, el universitario desciende una vez más: del 4,06% al 4,04%. Este dato es importante porque al consejero de Educación, Emilio Viciana Duro, le gusta decir que el porcentaje con respecto al PIB ni representa las necesidades reales de las universidade,s ni mide adecuadamente el esfuerzo presupuestario que realiza la Comunidad de Madrid. La realidad es que dicho esfuerzo ha pasado de estar 25 puntos porcentuales por encima de la media nacional en 1998, cuando las competencias estaban en manos del Ministerio de Educación, a situarse un 23% por debajo en 2023.

El gobierno de la Comunidad de Madrid atribuye los problemas económicos de sus universidades al aumento del gasto. Pero, una vez más, los datos desmienten sus afirmaciones. Mientras el total de los gastos a nivel estatal ha aumentado un 20%, en Madrid dicho incremento ha sido una quinta parte menor (16%). El problema es que mientras en el primer caso los ingresos han aumentado un 20%, el sistema universitario madrileño apenas ha visto incrementados sus ingresos en un 10%. Poniendo estas cifras nuevamente en relación al PIB autonómico, la caída de los ingresos de las universidades madrileñas es palmaria: del 0,90% de 2008 se ha pasado al 0,68% en 2023 (un retroceso del 25% en términos reales).

Si acudimos a los euros contantes y sonantes, hay que indicar que, en verano de 2024, los rectorados de las seis universidades públicas solicitaron un incremento de 200 millones en el presupuesto para poder funcionar con una mínima normalidad.¹ El gobierno de Ayuso respondió con un pequeño incremento de 47,26 millones respecto de lo que había anunciado en primera instancia. Este año se anuncia otra pequeña subida de 75,3 millones. En total, poco más de la mitad de lo que las universidades solicitaban simplemente para poder abrir.

Esto ha hecho que aquellas universidades con un mayor déficit de financiación se encuentren en graves problemas. La Universidad Rey Juan Carlos (URJC) tuvo un agujero de 33 millones de euros en 2023. Un año después, este déficit aumentó hasta los 45 millones. Es la universidad que menos dinero recibe de las administraciones autonómicas por estudiante (4.291 euros anuales). Este déficit estructural de financiación ha tenido que ser cubierto con los remanentes de diez años de ahorro. Pero la tesorería se agota rápidamente con esta deriva. Este pasado verano, el rector afirmaba que les quedaba entre un año y un año y medio de solvencia.

La situación en la UCM

El agujero en la Universidad Complutense (UCM) en los últimos dos años ha sido de 142,3 millones de euros (64,5 millones en 2023 y 77,8 millones de euros en 2024). El problema no es puntual y se va a ir agravando. Si se compara la cuantía de la transferencia de este año con la que tenía lugar en 2008, y se corrige la inflación, se aprecia un recorte del 18%. El gobierno de Ayuso puede seguir diciendo que está aumentando la financiación porque en 2024 asignó un 7,8% más (373,8 millones) de lo que transfería en 2008 (349,8 millones). Pero lo cierto es que la inflación ha aumentado un 31,3% en ese mismo período. No hace falta ser economista para deducir lo que ha ocurrido en estos 16 años. Y eso en un contexto en que la región ha vivido un crecimiento acumulado del 28,8% del PIB, una vez ajustada la inflación. No hay manera de justificar esta asfixia por la situación económica.

Esto ha provocado que la UCM sufra un déficit de financiación que ha pasado en los últimos tres años del 0,92% al 12,39%. De los más de 33 millones de euros que conservaba en la tesorería como remanente ahora mismo no queda nada. El informe de las cuentas anuales habla de tensión de liquidez. La UCM no tiene dinero para afrontar sus pagos corrientes.

Por eso se ha visto obligada a pedir un préstamo a la misma institución que la ahoga económicamente. Un crédito de 34,46 millones de euros que tiene que devolver en los próximos cinco años. Pero no solamente tendrá que devolver ese dinero. Además tendrá que pagar 4,4 millones de euros en conceptos de intereses (2,8%). En una situación de insolvencia provocada por la propia Comunidad de Madrid, ésta pasa a convertirse en acreedora y asume la deuda de la universidad que ella misma ha generado a cambio de un nada módico precio (el Euribor se encuentra en estas fechas alrededor del 2%).

A cambio de ese dinero, la UCM tiene que implementar un Plan Económico-Financiero de ajuste de gasto de alrededor de 33 millones de euros en los próximos 3 años. Por las informaciones de que disponemos hasta ahora el núcleo duro de esos recortes se va a concentrar en la plantilla: 16 millones en el personal docente e investigador (PDI) y 11 millones en el personal técnico, de gestión, administración y servicios (PTGAS). Lo que es seguro es que se mantendrá durante tres años la retención del 35% del presupuesto a departamentos y facultades que se anunció en diciembre del año pasado en previsión de la situación de insolvencia a la cual la conducía la Comunidad de Madrid. Ahora ha anunciado que dicha medida se mantendrá los próximos tres años. Esta retención presupuestaria ya supuso que se dejaran de financiar los grupos de investigación, que algunas bibliotecas tuvieran que anunciar que no se adquirirían novedades o que se cancelaran becas de excelencia para estudios de máster.

Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia de la Comunidad de Madrid (LESUC)

A nadie puede sorprender el desprecio de un gobierno del PP por los servicios públicos. Aun así, la situación resulta chocante incluso para los estamentos universitarios más conservadores. Los decanos y decanas de todas facultades de la Complutense se han concentrado en la Puerta del Sol para protestar por la falta de financiación. Con la boca pequeña, y un exasperante síndrome de Estocolmo en ocasiones cínico, los rectorados llevan un año y medio denunciando la insostenibilidad de la educación superior universitaria con estas cifras. ¿A qué responde entonces este ataque que parece llevar el recorte al punto del desmantelamiento?

Prácticamente al mismo tiempo que conocíamos el crítico escenario económico que afrontaban nuestras universidades, caía en nuestras manos un borrador incompleto del anteproyecto de ley que preparaba el gobierno de Ayuso. Un proyecto estructural que busca aprovechar los huecos habilitados por la legislación estatal para convertir la educación superior madrileña en un mercado del que se puedan obtener pingües beneficios. Llevan años intentándolo, no solo con la educación, también con la sanidad, y piensan que la crisis económica que han generado en la universidad les da la oportunidad perfecta tanto en la imposición de recortes como en la negociación legislativa.

Este es un ataque desde varios frentes a la autonomía universitaria. Busca poner a las universidades públicas bajo control directo de la Comunidad de Madrid y el tejido empresarial madrileño. La infrafinanciación de las universidades públicas abre espacio a la competencia de las entidades privadas y a la precarización de la fuerza laboral, tanto la propia de las universidades como aquella en formación, a la vez que ofrece trabajo gratuito o infrapagado. Pero la verdadera y preocupante novedad de la ley es el fomento del expolio de los recursos públicos.

El sometimiento de la educación superior, tanto universitaria como no universitaria, al mundo empresarial ya no pasa solamente por su orientación al mercado laboral y las exigencias productivas. Con esta ley es la propia educación superior la que se convierte cada vez más en un mercado en el cual lucrarse. Pero además no se pretende hacer únicamente favoreciendo a las entidades privadas en detrimento de las públicas. Las exigencias de programas conjuntos, uso compartido de equipamientos, trasvase de estudiantes y docentes y demás aspectos propuestos en el anteproyecto dejan a las claras que lo que se busca es permitir el parasitismo de entidades privadas, tanto universitarias como no universitarias, sobre las universidades públicas.

Para ello la Comunidad de Madrid debe reforzar su propio control externo sobre las universidades y el control interno por parte del tejido empresarial a través de los Consejos Sociales. Esta institución idealmente pensada para habilitar la participación de la sociedad en la universidad ha sido utilizada para permitir la entrada del mundo empresarial. El anteproyecto de ley amplía y deforma sus funciones hasta convertirlo casi en un Consejo de Gobierno de facto. Junto con la también exacerbada figura de la intervención, se busca transformar radicalmente el equilibrio de gobierno y el significado mismo del concepto de la autonomía universitaria. Las competencias económicas que se le otorgan le dan un control presupuestario prácticamente total. Las académicas le habilitan para controlar lo que se enseña o se investiga en las universidades. Y por si todo ello fuera poco, se le pretende convertir en un órgano que blinde y promocione los discursos de odio, puenteando los órganos de la propia universidad que regulan los derechos de reunión y libertad de cátedra o expresión. Pero el objetivo es el mismo que muestran el resto de artículos referidos al gobierno y el diseño institucional: debilitar la autonomía universitaria para blindar el control político de la Comunidad de Madrid y bloquear las vías de representación y participación efectiva de las trabajadoras y el estudiantado. Solo así podrá llevarse a cabo la puesta en disposición de los centros privados de enseñanza superior –universitaria o no universitaria (por eso se establece una normativa conjunta)– las infraestructuras (laboratorios, centros deportivos, talleres artísticos y otras instalaciones o herramientas digitales), la investigación y la formación para la investigación (programas de doctorado), los recursos humanos, los servicios, así como el prestigio de las universidades públicas.

El otro instrumento ideado para consumar el expolio es el modelo de financiación propuesto en el anteproyecto. Dividido en tres capítulos (financiación básica, por necesidades específicas y por objetivos), de los cuales solamente el primero estaría relativamente garantizado, esta propuesta, lejos de garantizar la autonomía financiera de las universidades, refuerza su dependencia del proyecto privatizador de la Comunidad de Madrid y mantiene una transferencia ordinaria insuficiente para su normal funcionamiento. Puesto que se pretende detraer de dicha transferencia los ingresos de los precios y tasas públicas, el anteproyecto pone un límite a la financiación autonómica por debajo de las necesidades de financiación básica. Lo mismo ocurre con los gastos de mantenimiento y reposición de activos ya existentes, que no podrán incluirse en el capítulo de necesidades específicas –en abierta contradicción con la legislación estatal–. Este se vería limitado exclusivamente a nuevas inversiones en infraestructuras y equipamientos que tendrán que ser aprobadas por la Comunidad de Madrid. Finalmente, la financiación por objetivos busca establecer unos contratos-programa orientados al cumplimiento de la colaboración con las empresas privadas y a la progresiva privatización de las propias fuentes de financiación de la universidad. Porque esa es la otra gran novedad que quiere implantar la LESUC: la creación de fondos de inversión y otros mecanismos financieros para que las universidades obtengan recursos por su cuenta en el mercado. Si la situación económica de las universidades públicas ya es insostenible hoy, un estudio de los mayores expertos en contabilidad universitaria ha llevado a cabo el ejercicio de aplicar los criterios de financiación del anteproyecto para la liquidación presupuestaria de 2023. El resultado es que las universidades públicas de Madrid perderían en total otros 179 millones de euros. La Complutense sería la más afectada con más de 54 millones menos. Si el mismo criterio se aplicase a nivel nacional, la pérdida sería de casi mil millones de euros.

¿Estamos ante un proyecto de ahorro y austeridad brutal en un momento de relativa bonanza, al menos en términos macroeconómicos y ciertamente para las arcas de la Comunidad de Madrid? Sin descartar que la animadversión por lo público de las élites políticas y económicas madrileñas pudieran conducir a decisiones irracionales como esta, lo cierto es que el motivo es mucho más prosaico. La universidad privada se ha convertido en un nicho de negocio de alta rentabilidad en España. Un estudio de hace seis años cifraba la rentabilidad media del sector en un 9,4%. Y es un mercado en crecimiento. Incluso enormes fondos de inversión se percataron de la situación y adquirieron en aquel momento dos de las más rentables, Alfonso X El Sabio y la Universidad Europea, por más de mil millones y casi ochocientos millones, respectivamente. Recientemente, la primera se ha vendido por el doble de lo que costó. En seis años, el fondo de inversiones CVC ha ganado mil millones de euros. Una rentabilidad del 100% de la inversión. Lo mismo ha sucedido con la Universidad Europea. Aunque las cifras de la venta no han sido publicadas en este caso, su valor de mercado actual se calcula también en alrededor de 2000 millones de euros. El fondo Permira habría casi triplicado su inversión de hace seis años.

Estamos ante un caso de intento de acumulación por desposesión de manual. Pero como siempre que el capital arremete contra nuestros derechos y condiciones de vida, los trabajadores y trabajadoras de las universidades públicas, de la mano del revitalizado movimiento estudiantil, vamos a resistir. Nos jugamos la universidad pública en Madrid. Las movilizaciones de este año que cerramos con la huelga general universitaria son solo el comienzo de la lucha. Vamos a parar la tramitación de la LESUC y vamos a obligar a la Comunidad de Madrid a revertir la situación de infrafinanciación que lleva años provocando. Y ojalá esto sea solo el comienzo también de una lucha por los servicios públicos en general en Madrid. Porque el gobierno de Ayuso representa el trumpismo más peligroso que el capital quiere usar para seguir esquilmando: aquel con poder institucional y de gobierno. Ahora le toca a la universidad, pero lo seguirán intentando con la sanidad y con cualquier otra forma de riqueza colectiva que escape a su depredación. Pero nosotras también nos organizamos. Lo hicimos con las mareas y lo estamos volviendo a hacer.

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1 Según cálculos de la Conferencia de Rectores de las Universidades Madrileñas (CRUMA), transmitidos en Consejo de Gobierno por el rector de la Complutense en julio de este año, dicha cifra alcanzaría hoy los 460 millones de euros.

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