• Ecologistas en Acción, la Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos (PICP), la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME) y numerosas asociaciones de toda España exigen la aprobación definitiva del Real Decreto que desarrolla la Red Nacional de Vías Pecuarias.
• La Red Nacional de Vías Pecuarias constituye un bien público clave para mantener la trashumancia y la ganadería extensiva. Además, las vías pecuarias actúan como corredores ecológicos y conservan importantes valores culturales, sociales y deportivos para toda la ciudadanía.
• La recuperación de las vías pecuarias, tanto a nivel estatal como autonómico, se encuentra, salvo contadas excepciones, en una situación de parálisis y de destrucción paulatina.

Ecologistas en Acción, la Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos, la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada y numerosas asociaciones ambientales y senderistas de toda España han reclamado a la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico la aprobación definitiva del Real Decreto que desarrolla la Red Nacional de Vías Pecuarias, cuyo proyecto fue sometido por primera vez a información pública en 2023.

Dicha red se establece en el artículo 18 de la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de vías pecuarias. Sin embargo, más de treinta años después de la aprobación de la ley, aún no ha sido desarrollada, pese a su importancia para garantizar el mantenimiento de la trashumancia y por sus valores ambientales, deportivos y sociales.

La declaración de la trashumancia como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad resulta difícilmente efectiva sin una red de vías pecuarias protegida y plenamente operativa. Sin vías pecuarias y caminos públicos abiertos no es posible mantener la trashumancia tradicional y se limita gravemente la movilidad rural y el uso social y deportivo de estos itinerarios. Constituyen, además, una seña de identidad y de vertebración territorial cuyo deterioro amenaza con hacerlas desaparecer.

Las organizaciones expresan su profunda preocupación por el retraso en la aprobación del Real Decreto que desarrolla la Red Nacional de Vías Pecuarias. Desde 2023, el texto ha sido sometido en dos ocasiones a información pública y cuenta incluso con el dictamen del Consejo de Estado. Mientras tanto, la recuperación de las vías pecuarias a nivel estatal y autonómico permanece, salvo excepciones, prácticamente paralizada, al tiempo que continúa su deterioro. Las organizaciones temen que esta situación siga agravándose.

La Red Nacional de Vías Pecuarias constituye un bien público esencial para mantener la trashumancia y la ganadería extensiva. Asimismo, las vías pecuarias desempeñan una función estratégica como corredores ecológicos, favorecen la conexión entre espacios protegidos y conservan valores culturales, sociales y deportivos de gran importancia para toda la ciudadanía.

Decenas de organizaciones y todas las personas comprometidas con la defensa del patrimonio público que representan las vías pecuarias esperan la aprobación de este Real Decreto. No solo porque supone el desarrollo de la Ley 3/1995, sino también porque constituirá un impulso decisivo para su recuperación y para convertirlas en un eje de políticas públicas de sostenibilidad, conservación del territorio y movilidad.

Por todo ello, las organizaciones han reclamado a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, que el Real Decreto sea aprobado en el próximo Consejo de Ministros.

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• Tras la publicación de los datos oficiales del primer semestre de 2026 y en plena ola de incendios, Ecologistas en Acción urge a las administraciones a que mejoren la prevención de las igniciones de origen humano.
• Ecologistas en Acción considera que esta medida es imprescindible para reducir estos eventos catastróficos y sus graves consecuencias ambientales y socioeconómicas.
• La organización ecologista hace asimismo un llamamiento a la colaboración ciudadana y a que se lleven a cabo más campañas de sensibilización.

Consejos para evitar incendios forestales

Tanto los datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico como los de las comunidades autónomas y los de la Secretaría General de Protección Civil reflejan la escasa incidencia que este año, como en los anteriores, tienen los incendios de origen natural, y la muy mayoritaria de los de origen humano, superando ampliamente el 90% de los casos.

Una vez que la campaña de incendios se ha iniciado, con más de 10 grandes incendios y superadas las 55.000 hectáreas quemadas en España, Ecologistas en Acción considera que no es momento de discutir si las medidas de prevención que se hayan adoptado eran adecuadas o no. Lo trascendental es limitar los impactos sociales y ambientales que se puedan producir en un escenario nada halagüeño para lo que está por llegar. Ese objetivo solo es alcanzable a corto plazo de una manera: con mayor protección y vigilancia del medio natural, más concienciación de toda la sociedad, medidas uniformes que impidan las conductas de riesgo y mejores investigaciones y sanciones que desincentiven las conductas dolosas o negligentes que provocan fuegos.

Muchos de los incendios, singularmente también los de gran magnitud, son evitables de origen si se atajan adecuadamente las causas de las igniciones. Sin embargo, con frecuencia se pone el foco en el estado de la vegetación, como si esta fuera la culpable de lo que pasa, o en medidas que requieren de políticas y consensos a largo plazo que hoy por hoy son muy difíciles de conseguir.

Los ejemplos recientes son muy significativos. En La Bisbal d’Empordà en Girona todo parece apuntar a que el origen del incendio está en el uso imprudente de una radial mientras se colocaba una señal en una carretera.  En los incendios de Ejea de los Caballeros, Tamarite o La Fueva, en la Comunidad de Aragón, los trabajos de cosechadoras pudieron ser la causa. En Oseja de Sajambre, provincia de León, el origen del fuego que ha rebrotado y afecta al Parque Nacional de Picos de Europa fue intencionado. Como provocado también se investiga el que afectó al Parque Nacional de Doñana en Almonte provincia de Huelva a finales de mayo. El de Losar de la Vera en Cáceres de abril pasado pudo tener su origen en una quema agrícola o ganadera. En el término municipal de Toledo se ha producido un incendio en mayo por las maniobras en un campo de tiro.

En estas circunstancias, resultan desoladores los datos que recientemente ha dado la Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente y Urbanismo según la cual en 2025, año en el que se produjeron casi 2.600 incendios y 5.600 conatos, de las 1.478 acusaciones penales en materia medioambiental general, solo 117 fueron por incendios forestales. Y que de las 1.036 condenas que hubo el año pasado, solo 86 fueron por incendios forestales. A ello hay que sumar que las comunidades autónomas apenas sancionan en la vía administrativa las conductas negligentes sin relevancia penal.

Por otro lado, también resulta desalentador que las administraciones contribuyan cada año con más fuerza a un clima de confusión en materia de regulación de las situaciones de riesgo. En muchas ocasiones la ciudadanía no termina de tener claro lo que está permitido o no en relación a esta cuestión. A más abundamiento cada vez hay una mayor permisividad y ausencia de control para la realización de quemas ganaderas o agrícolas, uso de pirotecnia o para las quemas con fines de prevención. El negacionismo climático que se ha instalado en muchos gobiernos autonómicos y el interés partidista ante cualquier tipo de catástrofe retroalimentan esta laxitud.

En la prevención de los incendios provocados la clave está en mejorar la vigilancia en el medio rural durante todo el año y dar apoyo a la estructura administrativa y judicial que dedicada a perseguir los delitos. En evitar las negligencias hay que poner el foco en armonizar la base normativa, muy débilmente tratadas en la Ley 43/2003 de Montes estatal y tremendamente desigual y enredada en las normativas y planes autonómicos.

Ecologistas en Acción considera que hay mucho margen de mejora en la concienciación social y en el reproche de las conductas punibles, y que este camino, no siendo el único que hay que tener en cuenta en la prevención de incendios, estaría llamado a dar frutos con la implementación eficaz de distintas medidas.

Entre ellas, se reclaman las siguientes:

• Incremento, con la dotación adecuada, de las campañas de sensibilización orientadas a prevenir fuegos accidentales. Atendiendo específicamente a cada sector que potencialmente más pueda ayudar a evitar igniciones.
• Prohibición taxativa del uso del fuego, pirotecnia o de medios mecánicos que puedan originarlo en el medio natural o en situación de que pueda propagarse al mismo.
• Aumento de los equipos de vigilancia e investigación sobre el terreno, con incremento de las dotaciones de agentes medioambientales y forestales y de los cuerpos y fuerzas de seguridad que operan en temas medioambientales.
• Mejora de la Ley 43/2003 de Montes para que regule de manera más restrictiva las situaciones de riesgo y obligue a una mayor armonización en este aspecto de la normativa y planes autonómicos de prevención de incendios.
• Agilización de la vía penal y administrativa para que se apliquen de forma más eficaz los regímenes sancionadores establecidos para evitar incendios.

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• Ecologistas en Acción de Andalucía considera que el pacto PP-VOX consolida la desregulación ambiental, el debilitamiento de los servicios públicos y la criminalización del movimiento social, y llama a construir una amplia respuesta ciudadana.

En Andalucía seguimos la senda de Extremadura, Castilla y León y  Aragón. El PP asume e incorpora las tesis xenófobas de Vox, camuflando la “prioridad nacional” bajo el “arraigo”.

Con este pacto de 60 páginas y 150 medidas, aparecidas para la ciudadanía de un día para otro, se consagra la subordinación de los recursos públicos a los intereses privados, la privatización de la gestión ambiental y la falta de planificación democrática.

Vivimos una crisis ecológica cuya solución ya no admite más demoras, pero este pacto trae, en algunos casos, propuestas que suponen una renuncia vergonzosa de lo que eran principios para el PP, y en otros representan una vuelta de tuerca aún más reaccionaria sobre las políticas antisociales y antiecológicas que venía practicando el gobierno derechista andaluz.

Particularmente preocupantes son los propósitos de este lamentable acuerdo de desregular todo lo inimaginable, dedicando toda una Consejería, en manos de Vox, no a gobernar o legislar, como corresponde a todo gobierno, sino a anular leyes que ordenan la convivencia; deshacer y no crear. Se pretende suprimir cautelas, ayudas y oportunidades generales, para que la ley imperante solo sea la del más fuerte.

La “simplificación” para todo tipo de proyectos e iniciativas empresariales sigue el camino de las letales y recién aprobadas leyes de Gestión Ambiental y de Montes, donde la Administración externaliza las tareas de control al interés privado y permite ceder la explotación de fincas y montes públicos al capital privado.

Incoherencias en este acuerdo las hay a puñados, pero particularmente contradictorio es asegurar que se pretende reducir la presión fiscal a los andaluces al mismo tiempo que se afirma la pretensión de incrementar las partidas de sanidad, educación y dependencia. ¿De dónde piensan que salen esas partidas para los servicios públicos?, ¿Cómo mienten tan tranquilamente? Una de estas “curiosidades” es la propuesta en educación de que se enseñe la historia del terrorismo… ¿todos?, ¿desde cuándo?

En compromisos (o más bien en su ausencia) climáticos, pasamos de un nihilismo paralizante, el Plan Andaluz de Acción por el Clima, que se ha limitado a meras medidas de “compensación” de emisiones, a un negacionismo con todas las señas de identidad de Vox y su anatema de “fanatismo climático”; lo que va mal, es susceptible de empeorar.

La Agenda 2030 y el Pacto Verde, dos iniciativas comunitarias de largo alcance aunque de nimios resultados, se consideran una bestia negra a suprimir. El campo se “blinda” frente a los “aspectos negativos” de la Agenda 2030 y el Pacto Verde, con rechazo formal al acuerdo UE-Mercosur y a la reforma de la PAC 2028-2034. Se suprimen las cargas autonómicas derivadas del Pacto Verde, se revisan las zonas ZEPA y LIC, se exigen al Estado las presas de Alcolea, Gibralmedina, Rules y Siles y se defiende la ganadería intensiva frente a la “criminalización animalista”.

A dos serios problemas de nuestra comunidad, como son las inundaciones y los incendios forestales, se dan soluciones simples e ignorantes, en plan cuñadismo, como “limpiar” ríos y “limpiar” bosques, cuando se trata de efectos de causas mucho más complejas e universales.

Otras defensas sin matices en este pacto son igualmente de vergüenza, como las de la:

• tauromaquia, cuya defensa, junto a la caza como atractivo turístico es patético, y les puede salir mal transmitiendo una imagen atávica y cruel con los seres vivos.
• la caza como gestora del medio natural, una ignorancia irresponsable.
• la ganadería intensiva y la pesca de arrastre, actividades que a corto y medio plazo supondrán problemas graves a nuestros recursos.
• Permitir sin control los fitosanitarios, seguir con la dependencia de fertilizantes y combustibles, en vez de apostar por un modelo agroecológico que reduzca dependencias externas y produzca sano, es otro ejemplo de este sinsentido programático.

Y lo que el pacto entiende por cultura es de traca: más inversión en patrimonio, con un fondo específico para iglesias, conventos y monasterios, además de las ya indicadas en toros y caza: en definitiva, prioridad para la Iglesia, la tauromaquia y caza.

La fiscalidad ambiental, una poderosa herramienta de sostenibilidad, se suprime: desaparecerían los impuestos a las bolsas de plástico, a las emisiones de gases y a los vertidos a aguas litorales: toda una contrarreforma antiecológica.

Las organizaciones sociales son consideradas, no como unos agentes necesarios para el cambio social, sino como un enemigo a abatir: se suprimen todas las subvenciones a ONG que no concuerden con los postulados reaccionarios del acuerdo y la “prioridad nacional”.

Es tal la acumulación de amenazas y peligros que contiene este infausto acuerdo de gobierno, que la respuesta de las organizaciones sociales debe ser contundente y unida. Necesitamos una fuerte movilización, que consiga aunar esfuerzos en defensa de los servicios públicos que se nos quieren arrebatar y asegure la protección ambiental y el compromiso climático.

La acción de gobierno que requiere Andalucía debe hacerse con inclusión, participación real y justicia social; necesitamos hacer frente a esta desposesión y a este retroceso que se nos viene encima.

Frente a esas 150 medidas del pacto, Ecologistas en Acción defiende las 150 medidas plasmadas en el documento que elaboraron cara a las recientes elecciones.

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Estado en el que está quedando la ribera del río Majaceite

• Ecologistas en Acción muestra una gran preocupación por la intervención que la Junta de Andalucía está realizando en el río Majaceite, al considerar que supone una actuación desproporcionada y con importantes consecuencias ambientales.

La eliminación prácticamente total de la vegetación de ribera en partes del río colindante con la población de El Bosque está convirtiendo el cauce en un canal inerte. Esta intervención, que se está llevando a cabo mediante declaración de emergencia con una tramitación reducida, parece responder más al incentivo económico derivado del cobro por cantidad de materia vegetal retirada que criterios técnicos y, mucho menos, ambientales.

Si el objetivo era reducir el riesgo de formación de tapones durante las avenidas de agua, una actuación selectiva consistente en retirar la madera muerta y los residuos habría sido previsiblemente suficiente, sin necesidad de eliminar la vegetación de ribera autóctona.

Suprimir la vegetación en un río en tramos de pendiente considerable aumenta la velocidad y violencia del agua durante las crecidas y favorece una mayor erosión de las márgenes. A ello se suma el grave impacto sobre la biodiversidad al eliminar completamente el hábitat de especies amenazadas como son muchas de las que habitan los bosques de ribera, especialmente porque  las obras se están realizando en época de cría. Además, se reduce la sombra sobre el cauce e incrementa la temperatura del agua en plenas olas de calor.

La retirada de especies exóticas invasoras, como puede ser la caña común, sí es acertada, pero no las especies autóctonas cuanto más que esto puede favorecer precisamente la expansión de las primeras, de más rápido crecimiento y capacidad de expansión.

El Bosque basa una parte importante de su economía en el turismo de naturaleza. Por ello, consideramos profundamente contradictorio destinar dinero público a actuaciones que degradan uno de los principales valores ambientales y paisajísticos del municipio, que es precisamente el río Majaceite.

Por último, reclamamos la máxima transparencia sobre esta intervención. En este sentido, hemos solicitado a la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural el proyecto y los informes hidráulicos y ambientales que supuestamente justifiquen esta actuación. y que se explique de forma clara cómo está prevista la restauración del bosque de ribera una vez finalicen los trabajos.

Ecologistas en Acción insiste en que la prevención del riesgo de inundaciones es compatible con la conservación de los ecosistemas fluviales y recordamos que las soluciones basadas en el conocimiento científico y el respeto al funcionamiento natural de los ríos ofrecen mejores resultados a largo plazo que las actuaciones de eliminación masiva de la vegetación.

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