Desde la imposición de sistemas complejos de vigilancia digital en Argentina, probados durante genocidios, hasta la creación de territorios que se definen “autónomos” desconociendo las instituciones de los países, como en el caso de Honduras, los planes de los tecnofascistas se instalan en nuestra América. ¿Cómo hacerles frente desde los feminismos territoriales que piensan las tecnologías?
La entrada Los retos ante el colonialismo digital de la IA se publicó primero en Pikara Magazine.
La lucha ecoanimalista tiene grandes y pequeños éxitos, buenas noticias que surgen constantemente y por las que debemos alegrarnos. Estos logros no suelen surgir de forma espontánea, sino que son fruto de un trabajo, a veces muy ingrato y duro, sostenido en el tiempo.
Por ejemplo, seis años duró la lucha de un puñado de personas por salvar Vega Mestanza, en Málaga, de una depuradora en una zona inundable que hubiera acabado con centenares de frutales. El PP de Málaga y de la Junta de Andalucía no pudieron convencer al juez de una insensatez tan evidente.
Otro ejemplo lo tenemos en los pueblos de Guadalajara que han frenado tres proyectos mineros. Las amenazas sobre la España vaciada se resuelven con pueblos unidos y combativos. Pero esto no es una victoria absoluta. Volverán con nuevos proyectos mineros, macrogranjas, plantas de biogás, macroparques de renovables o cualquier infraestructura que les permita hacer caja a costa del territorio. Tenemos que preguntarnos: ¿dónde va el grueso de los beneficios y dónde se quedan los costes socioambientales? En los destinos turísticos la respuesta suele ser tan reveladora como simple.
En Galicia encontramos otro caso en el que la apuesta del PP por una industria papelera resultó un fracaso debido a la enorme oposición social, así como a problemas de suministro energético. Gracias a esta contestación social, Galicia se ha librado de la contaminación de Altri.
También en Galicia, el Tribunal Supremo confirmó en una sentencia histórica que la Xunta y la Confederación Hidrográfica Miño-Sil no habían hecho nada por impedir la contaminación del embalse de As Conchas y de la cuenca del río Limia, vulnerando los derechos fundamentales de la población. Ahora, las macrogranjas y la Xunta tienen que restaurar el destrozo ambiental ocasionado durante años de contaminación sistemática.
En Soria hubo un éxito en este sector: la macrovaquería de Noviercas recibió el varapalo judicial definitivo. No serán esclavizadas 23.500 vacas lecheras (por cierto, descubre seis razones por las que los lácteos no son éticos ni sostenibles). Para Ecologistas en Acción, lo ocurrido en Soria debe avergonzar a los dirigentes provinciales del PSOE y del PP.
La lucha estrictamente animalista también recibe buenas noticias de forma constante. Por ejemplo, los coches de caballos que se están prohibiendo cada vez en más ciudades (como en Málaga), los zoológicos o delfinarios que cierran, los cazadores que ya no renuevan sus licencias, las plazas de toros que cierran o que reciben otros usos, los avances en el bienestar animal, las limitaciones a las granjas peleteras y un montón de otros temas que podrían incluirse aquí.
Ejemplos de estas victorias los encontramos por toda España, por toda Europa y por todo el planeta. Es verdad que no con tanta frecuencia como nos gustaría; y también sabemos que hay muchos otros casos de ecocidios, más o menos evidentes, que quedan impunes.
Sin embargo, lo que se demuestra es que cuando un pueblo se une por una causa justa, el éxito está siempre al alcance de la mano. Y aunque a veces las fuerzas sean escasas, basta con descansar un poco para volver con más ganas. No hace falta ser nadie especial ni tener dones excepcionales: ni para resistir, ni para escribir, ni para entender las leyes o la burocracia.
Cada uno, desde sus posibilidades puede marcar una gran diferencia: desde difundir noticias entre sus contactos, hasta asistir a manifestaciones, interpelar a las administraciones, escribir a las empresas, asociarse a algunas ONG aportando una cuota o tejer amistades en grupos de voluntariado. Todo suma; y desde aquí quiero lanzar un enorme GRACIAS a todas las personas que hacen algo, por poco que crean que es. Como firmaría Hessel, la historia no la cambian los resignados, sino los indignados.
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Protestas ecologistas con éxito
La lucha ecoanimalista tiene grandes y pequeños éxitos, buenas noticias que surgen constantemente y por las que debemos alegrarnos. Estos logros no suelen surgir de forma espontánea, sino que son fruto de un trabajo, a veces muy ingrato y duro, sostenido en el tiempo.
Por ejemplo, seis años duró la lucha de un puñado de personas por salvar Vega Mestanza, en Málaga, de una depuradora en una zona inundable que hubiera acabado con centenares de frutales. El PP de Málaga y de la Junta de Andalucía no pudieron convencer al juez de una insensatez tan evidente.
Otro ejemplo lo tenemos en los pueblos de Guadalajara que han frenado tres proyectos mineros. Las amenazas sobre la España vaciada se resuelven con pueblos unidos y combativos. Pero esto no es una victoria absoluta. Volverán con nuevos proyectos mineros, macrogranjas, plantas de biogás, macroparques de renovables o cualquier infraestructura que les permita hacer caja a costa del territorio. Tenemos que preguntarnos: ¿dónde va el grueso de los beneficios y dónde se quedan los costes socioambientales? En los destinos turísticos la respuesta suele ser tan reveladora como simple.
En Galicia encontramos otro caso en el que la apuesta del PP por una industria papelera resultó un fracaso debido a la enorme oposición social, así como a problemas de suministro energético. Gracias a esta contestación social, Galicia se ha librado de la contaminación de Altri.
También en Galicia, el Tribunal Supremo confirmó en una sentencia histórica que la Xunta y la Confederación Hidrográfica Miño-Sil no habían hecho nada por impedir la contaminación del embalse de As Conchas y de la cuenca del río Limia, vulnerando los derechos fundamentales de la población. Ahora, las macrogranjas y la Xunta tienen que restaurar el destrozo ambiental ocasionado durante años de contaminación sistemática.
En Soria hubo un éxito en este sector: la macrovaquería de Noviercas recibió el varapalo judicial definitivo. No serán esclavizadas 23.500 vacas lecheras (por cierto, descubre seis razones por las que los lácteos no son éticos ni sostenibles). Para Ecologistas en Acción, lo ocurrido en Soria debe avergonzar a los dirigentes provinciales del PSOE y del PP.
La lucha estrictamente animalista también recibe buenas noticias de forma constante. Por ejemplo, los coches de caballos que se están prohibiendo cada vez en más ciudades (como en Málaga), los zoológicos o delfinarios que cierran, los cazadores que ya no renuevan sus licencias, las plazas de toros que cierran o que reciben otros usos, los avances en el bienestar animal, las limitaciones a las granjas peleteras y un montón de otros temas que podrían incluirse aquí.
Ejemplos de estas victorias los encontramos por toda España, por toda Europa y por todo el planeta. Es verdad que no con tanta frecuencia como nos gustaría; y también sabemos que hay muchos otros casos de ecocidios, más o menos evidentes, que quedan impunes.
Sin embargo, lo que se demuestra es que cuando un pueblo se une por una causa justa, el éxito está siempre al alcance de la mano. Y aunque a veces las fuerzas sean escasas, basta con descansar un poco para volver con más ganas. No hace falta ser nadie especial ni tener dones excepcionales: ni para resistir, ni para escribir, ni para entender las leyes o la burocracia.
Cada uno, desde sus posibilidades puede marcar una gran diferencia: desde difundir noticias entre sus contactos, hasta asistir a manifestaciones, interpelar a las administraciones, escribir a las empresas, asociarse a algunas ONG aportando una cuota o tejer amistades en grupos de voluntariado. Todo suma; y desde aquí quiero lanzar un enorme GRACIAS a todas las personas que hacen algo, por poco que crean que es. Como firmaría Hessel, la historia no la cambian los resignados, sino los indignados.
Te gustará también:En el contexto de los conflictos geopolíticos en el estrecho de Ormuz y del consiguiente aumento de los precios de los fertilizantes, el Plan Estatal de Fertilizantes presentado por el Gobierno la semana pasada prevé una inyección financiera de 1.100 millones de euros para seguir subvencionando los combustibles fósiles. Aunque el plan también prevé el fomento de la fertilización orgánica sostenible, Ecologistas en Acción denuncia que se pierde la oportunidad de descarbonizar el sector agrario español.
La organización ecologista critica el excesivo énfasis en las ayudas económicas para la compra de fertilizantes y soluciones técnicas de agricultura de precisión, en lugar de impulsar una implantación ambiciosa de prácticas agroecológicas. Esto no solo aumentaría de manera significativa la autonomía agrícola respecto a los fertilizantes fósiles, sino también la implementación de la economía circular, la soberanía alimentaria y la resiliencia frente al cambio climático.
Por otro lado, la medida olvida que el uso de fertilizantes en la agricultura es una de las causas de la enorme contaminación con nitratos, que deja cada año a más de 260.000 personas sin agua potable y pone en riesgo de cáncer colorrectal a los habitantes de la mitad de los municipios del Estado español.
Por ello, la organización ecologista valora este plan como “una medida equivocada a corto plazo que ignora el contexto actual de agotamiento de recursos y cambio climático”. La producción de fertilizantes sintéticos es altamente dependiente de gas fósil y de otros recursos escasos como los fosfatos lo que implica un fuerte impacto ambiental además de una vulnerabilidad dada la geopolítica internacional.
También recuerda que el Estado español importa más del 99 % de su gas fósil y, aunque una parte de los fertilizantes nitrogenados se fabrica en el país, su producción depende casi por completo del gas fósil importado: “Hoy en día, el coste de los fertilizantes para agricultores y agricultoras de muchos países, entre ellos España, representa entre el 15 % y el 30 % de su presupuesto, y la proporción que supone el coste del gas en el coste total de un fertilizante oscila entre el 70 % y el 90 %. Esto pone de manifiesto el frágil equilibrio en el que se encuentra el sistema agroalimentario”, explica Elena Alter, portavoz de la organización ecologista.
Para Ecologistas en Acción, ante la crisis del petróleo y el cambio climático, es absolutamente necesario reducir la dependencia de los insumos industriales externos. Por ello, la transición hacia un modelo agroecológico —que requiere de una importancia estratégica— es urgente para garantizar, a medio plazo, la capacidad de producción de alimentos y asegurar la viabilidad económica del sector agrario local.
En respuesta al anuncio del Plan Estatal de Fertilizantes, la organización ecologista enumera algunas medidas que deberían ser la prioridad del Gobierno para avanzar hacia la soberanía alimentaria. Medidas que exigen una reorientación estratégica de las políticas agrarias hacia la transición agroecológica:
“Aferrarse a un modelo agrario altamente dependiente de insumos externos derivados del petróleo es un gran error. Se trata de un modelo que no resuelve la crisis económica del sector agrícola, sino que más bien la perpetúa y nos aleja aún más de la transición agroecológica y la soberanía alimentaria que necesitamos. Por ello, ante el cierre de Ormuz, abramos composteras comunitarias”, concluye Elena Alter.
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0:00 Presentación de la jornada por la moderadora
4:20 Bienvenida de entidades organizadoras
8:15 Presentación Paco Segura
Evolución de las políticas aeroportuarias y situación actual de los aeropuertos en España (PDF)
33:25 Presentación Alex Chapman
The economics of air transport and tourism (PDF)
51:20 Presentación Sara Mingorría
¿Es viable y deseable el crecimiento de la aviación? Impactos y conflictos socio-ambientales (PDF)
1:19:14 Turno de preguntas del público
1:21:09 Mesa redonda territorios
1:58:10 Turno de preguntas del público
2:30:15 Presentación Bert van Mourik (Natuur & Milieu)
The AmsterdamSchipholCase:.Limiting Airport OperationsforEnvironmental Reasons (PDF)
2:43:10 Presentación Pablo Muñoz (Ecologistas en Acción)
Eliminación de vuelos cortos en España: estudio de impacto y viabilidad (PDF)
2:59:15 Presentación Ioan Bucuras (Transport & Environment)
Herramientas fiscales para la descarbonización del transporte aéreo (PDF)
3:11:45 Mesa redonda debate con grupos parlamentarios
4:08:35 Turno de preguntas del público
4:30:10 Cierre de la jornada
El transporte aéreo es uno de los medios de transporte con mayores impactos en términos de emisiones de gases con efecto de invernadero, así como en generación de contaminación atmosférica y acústica. El enorme crecimiento del tráfico aéreo en las últimas décadas ha provocado que, en la Unión Europea, las emisiones de la aviación hayan crecido más rápido que las de cualquier otro modo de transporte. Entre 2013 y 2019 las emisiones del sector aéreo en España aumentaron un 45% y actualmente es el 2º país más emisor de la UE, si nos centramos en su transporte aéreo.
Por otro lado, la tradicionalmente asumida relación entre aumento del transporte aéreo y crecimiento económico y social empieza a ser puesta en cuestión, especialmente en zonas tensionadas por el turismo donde nuevos aumentos de la capacidad aeroportuaria supondrían el agravamiento de diferentes impactos sociales y económicos ya presentes.
En este contexto, durante los últimos años, diferentes países de los ámbitos comunitario y extracomunitario han diseñado medidas y estrategias de diverso calado para mitigar los impactos del tráfico aéreo. En España, la Ley de Movilidad Sostenible incluye una disposición adicional que establece la obligación para el Gobierno de elaborar un Plan Estratégico para la Sostenibilidad del Transporte Aéreo con medidas para la consecución de los objetivos internacionales en el corto, medio y largo plazo.
Al mismo tiempo, el DORA 2027-2031, actualmente en tramitación, prevé importantes inversiones para ampliar la capacidad de una serie de infraestructuras de la red de Aena en España, lo cual representa un elemento de enorme relevancia en lo que se refiere a los potenciales impactos sociales, económicos y ambientales no solo del sector transporte-movilidad, sino también de otros asociados como por ejemplo el del mencionado sector turístico.
Teniendo en cuenta todo lo anterior, el evento propuesto nace con la intención de estimular un debate constructivo entre actores de los ámbitos social, académico, político e institucional sobre el encaje de las ampliaciones de aeropuertos en la transición hacia un modelo de movilidad y, en general, de economía más sostenible y justo.
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Paco Cantero, Coordinador de ATTAC Madrid y Futuro Alternativo. Publicado originalmente para Público.
Hay un movimiento silencioso pero revelador que está reconfigurando el mapa geopolítico del siglo XXI. Los grandes barones tecnológicos de Silicon Valley, arquitectos de los sistemas de vigilancia digital más sofisticados de la historia, están abandonando progresivamente Estados Unidos en busca de territorios donde construir sus propias reglas, dictar sus propias leyes y quedar al margen de cualquier rendición de cuentas democrática. Roatán en Honduras y la Argentina de Milei son sus destinos más emblemáticos. España, mientras tanto, empieza a sentir en su propia piel las consecuencias de esta nueva diplomacia del poder, donde las embajadas operan como cuarteles generales de una oposición que mira más a Washington que a sus propios electores.
Ubicada en la isla de Roatán, Honduras, Próspera fue concebida como una ciudad-estado libertaria con estructura fiscal y regulatoria independiente, diseñada para atraer inversores tecnológicos y defensores del libre mercado. La ley de Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) permitía crear enclaves con autonomía casi total en materia fiscal, regulatoria e incluso de seguridad pública, y el proyecto reunió más de 120 millones de dólares en capital de Silicon Valley.
El experimento chocó con una realidad que los libertarios tienden a subestimar: la soberanía popular. Cuando la presidenta Xiomara Castro derogó la ley que amparaba las ZEDE, Honduras Próspera Inc. presentó una demanda de más de 10.000 millones de dólares contra el gobierno hondureño, argumentando que tratados comerciales con Estados Unidos le garantizaban operar 50 años más. Una empresa privada amenazando con arruinar a un país por haber ejercido su soberanía constitucional: pocas imágenes ilustran mejor la lógica de este movimiento.
El vínculo entre Próspera y el expresidente Juan Orlando Hernández no es anecdótico: fue él quien aseguró las concesiones legales que hicieron posible la ZEDE durante su mandato. Hernández fue extraditado a Estados Unidos, juzgado y condenado en 2024 a 45 años de prisión por conspiración para traficar narcóticos y armas de fuego. Lo que ocurrió después constituye una de las interferencias electorales más descaradas de los últimos tiempos. El 28 de noviembre de 2025, solo dos días antes de las elecciones generales hondureñas, Trump anunció su indulto en redes sociales y mostró su apoyo explícito al candidato del partido de Hernández, amenazando además con cortar el financiamiento a Honduras si no ganaba el conservador afín. La lógica del chantaje aplicada a la democracia de un país soberano, con un narcotraficante confeso como moneda de cambio.
Si Honduras fue el laboratorio de la ciudad-estado, Argentina bajo Javier Milei representa la versión a escala nacional del mismo proyecto. El símbolo más elocuente es la llegada de Peter Thiel, cofundador de PayPal y presidente de Palantir Technologies, a Buenos Aires. Thiel dejó sus residencias en Los Ángeles y Miami, trasladó a su familia e inscribió a sus hijos en una escuela local, consolidando una relación ideológica con el gobierno de Milei que ambos definen como el encuentro de dos anarcocapitalistas.
La paradoja es mayúscula. Thiel es cofundador de Palantir, la empresa de análisis de datos e inteligencia artificial que la CIA financió en sus inicios a través de su brazo inversor In-Q-Tel, concebida desde el primer día como herramienta de vigilancia estatal. En 2025, Palantir aseguró un contrato con el Ejército estadounidense de hasta 10.000 millones de dólares, consolidando su papel como pieza central del Estado de seguridad global. Que el creador de uno de los mayores instrumentos de vigilancia masiva del planeta busque refugio en una Argentina desregulada no carece de ironía. Varios analistas regionales especulan con posibles acuerdos de inteligencia entre Palantir y el gobierno de Milei, aunque ninguno ha sido confirmado públicamente.
El patrón que emerge merece una lectura más profunda. Los tecnólogos que construyeron los sistemas de rastreo de comunicaciones y perfilado ciudadano más poderosos de la historia parecen haber concluido que Estados Unidos ya no es un lugar seguro para ellos ni para su patrimonio. Cabe preguntarse si esa sensación no guarda relación directa con su propia obra: con los mecanismos de control que ayudaron a diseñar y que ahora temen que puedan volverse contra quienes los crearon en un contexto de creciente desigualdad y tensión social. ¿Son conscientes de que los sistemas de vigilancia masiva que contribuyeron a desarrollar pueden generar precisamente las revueltas sociales de las que intentan huir?
El escenario que se dibuja en Latinoamérica tiene su correlato europeo, y España es el objetivo más visible. Las reuniones del nuevo embajador de la administración Trump con los líderes del bloque conservador (Alberto Núñez Feijóo, Isabel Díaz Ayuso y Santiago Abascal), sumadas a sus declaraciones públicas en un desayuno informativo organizado por el Foro de Nueva Economía el 27 de mayo de 2026 en Madrid contra el Ejecutivo de coalición, superan los límites de la cortesía diplomática. Desde la izquierda parlamentaria se exigieron explicaciones sobre qué coordinaban los tres líderes de la oposición con la sede diplomática estadounidense en la misma semana, sugiriendo que los movimientos podrían responder a intereses ajenos a España.
Merece atención especial el papel de Isabel Díaz Ayuso. El 21 de mayo, la presidenta de la Comunidad de Madrid no acudió a la embajada como sus correligionarios: recibió al embajador en la Real Casa de Correos, su propia sede institucional, como si de un jefe de Estado se tratara. Esa inversión del protocolo es reveladora. Su participación en estos cónclaves evidencia una diplomacia paralela más interesada en sintonizar con el neoconservadurismo de Washington que en respetar los cauces de la política exterior española.
La pregunta que flota en el ambiente madrileño, entre irónica e inquietante, es inevitable: ¿Estarán negociando una “ZEDE” para Madrid? La broma tiene su lógica. Ayuso lleva años construyendo la Comunidad de Madrid como un enclave de baja fiscalidad y regulación diferenciada, cuya filosofía de fondo no dista tanto del modelo que los tecnólogos libertarios intentaron implantar en Roatán. Lo que en Honduras requirió una isla del Caribe, en Madrid se construye con bajadas de impuestos y una narrativa de excepcionalidad frente al gobierno central. La visita del embajador podría leerse, en clave sarcástica, como la visita del socio inversor.
Lo que antes se gestionaba a través de fundaciones y think tanks hoy se hace con el embajador marcando líneas rojas públicamente al gobierno de la cuarta economía de la Unión Europea. La historia de las injerencias estadounidenses en Europa no comienza con Trump, pero la actual administración ha eliminado la discreción que sus predecesoras mantenían como decoro mínimo. El patrón global es coherente: presión diplomática sobre gobiernos díscolos, instrumentalización de la justicia como palanca política, y financiación de experimentos de soberanía privada donde las reglas las escriben quienes tienen el capital. Lo que está en juego no es solo quién gobierna en Madrid, Buenos Aires o Tegucigalpa, sino si la soberanía democrática sigue teniendo algún significado en un mundo donde los más ricos pueden comprarse una jurisdicción a medida y contratar al embajador más conveniente.
La entrada La gran fuga de los tecnólogos libertarios: De Silicon Valley a los enclaves del Sur. se publicó primero en ATTAC España | Otro mundo es posible.
El nuevo Grupo Interáreas de la Confederación de Ecologistas en Acción —integrado mayoritariamente por activistas de las áreas de Movilidad y Energía— ha puesto en marcha un espacio de encuentro, debate y formación abierto a todas las activistas de la organización. La sesión gira en torno a una cuestión que atraviesa buena parte de los ámbitos de trabajo de Ecologistas en Acción: el papel de los combustibles alternativos en la transición energética.
A lo largo del webinario, se abordan en profundidad las nuevas alternativas a los combustibles fósiles, como los e-fuels, los combustibles basados en hidrógeno y otras opciones sintéticas de nueva generación. El objetivo es reflexionar colectivamente sobre qué lugar deberían ocupar —si es que deben ocupar alguno— en un modelo energético descarbonizado, prestando especial atención a aquellos sectores donde la electrificación resulta más compleja, como el transporte marítimo, la aviación y la industria.
Para enriquecer el debate, contamos con la participación de dos personas expertas externas a Ecologistas en Acción:
Marcos Raufast, de ECODES, quien nos ofreció una exposición sobre los combustibles sostenibles de aviación (SAF) y las controversias vinculadas al uso de aceite de cocina usado como materia prima, así como las implicaciones ambientales y sociales de su producción a gran escala.
Aitor Urresti, de la UPV/EHU, quien compartió su visión sobre los múltiples desafíos que plantea la descarbonización de la industria y el papel que los combustibles sintéticos —y muy especialmente el hidrógeno verde— pueden desempeñar en este proceso.
También contamos con la participación de Marina Gros, coordinadora del Área de Clima y Energía y de la Red Gas No Es Solución, como moderadora y Júlia Corbera, responsable de transporte marítimo del área de contaminación y transporte de Catalunya, que nos contó qué papel pueden tener los e-fuels en el transporte marítimo y en el terrestre.
El webinar no solo permitió conocer las posiciones y los datos aportados por las personas ponentes, sino que también propició un diálogo participativo en el que las asistentes pudieron plantear preguntas y compartir sus propias perspectivas. El Grupo Interáreas quiere subrayar la importancia de seguir tejiendo estos espacios de aprendizaje compartido, donde confluyan miradas diversas y se construya conocimiento crítico sobre los retos energéticos y medioambientales del presente y del futuro.
00:00:00 Introducción. Marina Gros (Ecologistas en Acción).
00:04:53 Marcos Raufast (ECODES), Transporte Aéreo. Presentación (documento PDF): Nuevos combustibles para la aviación.
00:24:03 Júlia Corbera (Ecologistas en Acción), Transporte Marítimo y Terrestre. Presentación (documento PDF): Nuevos combustibles alternativos en el transporte marítimo y terrestre.
00:45:18 Aitor Urresti (UPV/EHU), Industria. Presentación (documento PDF): Nuevos combustibles en la Industria.
1:08:55 Espacio de preguntas y debate
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Roturación ilegal. Mazarrón
En marzo de 2016, el Ayuntamiento de Mazarrón remitió a la Dirección General de Medio Ambiente el “Proyecto de labrado de las fincas 81 y 82 del polígono 6 del término municipal de Mazarrón”, promovido por una mercantil agrícola para el inicio del procedimiento de evaluación ambiental simplificada. El proyecto tiene por finalidad el labrado de los terrenos, situados en el paraje de “Cañadas Del Romero”, para el cultivo de cítricos, concretamente limones, con la plantación de 6.500 árboles.
Según el informe técnico de fecha 18 de marzo de 2024, emitido por el Servicio de Información Ambiental de dicha Dirección General de Medio Ambiente, las siguientes Administraciones Públicas consultadas señalaron lo siguiente:
1. Confederación Hidrográfica del Segura.
“Por tanto, las parcelas 81 y 82 del polígono 6 del término municipal de Mazarrón (Murcia) no se encuentran dentro de ningún perímetro regable autorizado por este Organismo, careciendo por tanto de derechos de riego.”
2. Subdirección Gnal. de Política Forestal
“No se roturará ninguna de las zonas forestales existentes, incluyendo la zona forestal de la parcela 81 (13.979 m2 de espartizal de la parcela 81 y 24.569 m2 de espartizal de la parcela 82).”
Así pues, el 8 de mayo de 2024, el Director General de Medio Ambiente resolvió emitir el Informe de Impacto Ambiental concluyendo que el proyecto podría tener efectos significativos sobre el medio ambiente, en los términos establecidos en dicho informe, debiéndose someter a una Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria”. Dicho Informe de Impacto Ambiental fue publicado mediante anuncio en el BORM nº 118 de 23 de mayo de 2024.
Según el Informe de Impacto Ambiental, en el primer informe (02/08/2017) remitido por la Confederación Hidrográfica del Segura, en lo referente al origen del suministro de agua, expone que las parcelas 81 y 82 del polígono 6 del TM de Mazarrón, no se encuentran dentro de ningún perímetro regable autorizado por ese Organismo y por tanto carecen de derechos de riego. En el segundo informe del Organismo de Cuenca (22/08/2023) se informaba que en resolución de fecha 11/11/2022 se denegó la solicitud de concesión destinada a la regularización del aprovechamiento, y reafirmando lo indicado en el primer informe emitido por ese organismo en cuanto a la no existencia de derechos de riego de las parcelas 81 y 82, objeto del proyecto.
Asimismo, en informe remitido por la Dirección General de Medio Natural (Subd. Gnal. de Política Forestal) con fecha 30-1-2018, se indica “la existencia de expediente sancionador en dicha finca por instalación de cerramiento perimetral con vallado no cinegético destruyéndose vegetación forestal, sin haber sido solicitado ni autorizado administrativamente”. Asimismo, en dicho informe se estableció como requisito “la no roturación de ninguna de las zonas forestales existentes, así como la sustitución del vallado existente por uno de tipo cinegético”.
En concreto, “Los requisitos requieren la no roturación de las zonas forestales existentes en las parcelas 81 y 82 y la sustitución del vallado por uno de tipo cinegético. Adicionalmente se incluyen medidas compensatorias como la de dejar sin cultivar la zona de algarrobos de la parcela 82 permitiendo su evolución natural y la de realizar plantaciones de enriquecimiento en el rodal de espartizal de la parcela 81 para mejorar su estado de conservación, plantando al menos 100 ejemplares de esparto y 50 de espino negro, ejecutándolas de forma manual incluyendo labores de mantenimiento los dos primeros años”.
Finalmente, en informe de la entonces denominada Oficina de Impulso Socioeconómico del Medio Ambiente, OISMA (entonces competente en materia de Biodiversidad), de fecha 08/01/2018, finalizaba con varias conclusiones sobre la zona afectada y su entorno, de las que se destacan:
No consta que se haya sometido el Proyecto a la Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria determinada en fecha 8 de mayo de 2024 por el Director General de Medio Ambiente, y por tanto tampoco consta que el Proyecto haya sido autorizado.
Pues bien, a sabiendas de la existencia de expediente sancionador forestal y de los informes negativos de la Confederación Hidrográfica del Segura, la Subdirección General de Política Forestal y la OISMA, según relata el Informe de Impacto Ambiental (página 9-10 de 11):
En el ámbito del proyecto, se aprecia incumplimiento en lo que a requerimientos y/o obligaciones incluidas en los informes de las Administraciones afectadas, como se expone a continuación:
El proyecto está ejecutado en su práctica totalidad a fecha junio 2023, habiéndose roturado zonas forestales de la zona de actuación a pesar de haber sido obligados a mantenerlas sin roturar en el informe de la Subdirección Gnal. de Política Forestal, de fecha 30/01/2018. Igualmente en el informe de la OISMA, de fecha 08/01/2018, se incluyen varias obligaciones que han sido incumplidas como no roturación (al menos 10%) de parte de la parcela 81 para posibilitar nidificación, no arrancar (al menos 10%) de arbolado para nidificación, seguimiento de fauna antes de ejecución de las actuaciones.
Se ha llevado a cabo la roturación de las parcelas 81 y 82 para cultivo biodinámico de cítricos (regadío) a pesar que en los informes emitidos por el Organismo de cuenca se concluye que las parcelas 81 y 82 del polígono 6 del TM de Mazarrón no están dentro de perímetro regable autorizado por CHS y en consecuencia carecen de derechos de riego.
Como consecuencia de lo anterior, concluye el Informe de Impacto Ambiental (pág. 2 de 11), “Considerando lo anterior y teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 9.1 de la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental, que dice “No se realizará la evaluación de impacto ambiental regulada en el título II de los proyectos incluidos en el artículo 7 de esta ley que se encuentren parcial o totalmente ejecutados sin haberse sometido previamente al procedimiento de evaluación de impacto ambiental.” , el proyecto “Labrado de las Parcelas 81 y 82 del Polígono 6. T.M. Mazarrón (25,6755 ha)” no podrá evaluarse en caso de sometimiento a evaluación de impacto ambiental ordinaria”.
En resumen, conocedores de los obstáculos insalvables derivados del informe negativo de la Confederación Hidrográfica del Segura y a sabiendas de la existencia de expediente sancionador forestal y las determinaciones de los informes de la Subdirección General de Política Forestal y la OISMA, los promotores del proyecto optaron por ejecutarlo en su práctica totalidad a fecha junio 2023, sin disponer de:
Por todo ello, Ecologistas en Acción ha presentado denuncia ante Fiscalía del TSJ de Murcia por la presunta comisión de delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, así como también ante las Direcciones Generales de Medio Ambiente y Patrimonio Natural, Confederación Hidrográfica del Segura y Ayuntamiento de Mazarrón, demandando si dichas Administraciones han adoptado alguna medida o sanción a la vista de que los promotores del proyecto optaron por ejecutarlo en su práctica totalidad a fecha junio 2023. Estos escritos se registraron el pasado 5 de abril de 2026, sin que hasta la fecha se haya recibido respuesta al respecto.
La entrada Llevan a Fiscalía una roturación ilegal de Mazarrón aparece primero en Ecologistas en Acción.
Transgenikoei zuzenduriko arauditik TGB Teknika Genomiko Berriak izendaturiko transgenikoak kentzeko bidea ireki zuen 2023ko uztailean Europako Batzordeak, eta ekainaren 17 honetan alde agertu dira eurodiputatuak. Trazabilitaterik ez denez izanen, kontsumitzaileak ez du jakinen transgenikorik jan ote duen, eta ingurunean badauden ere ez da jakinen. Inork kontrolatu gabe zabalduko dira, beraz, lehenik eta behin polinizazioa ezin delako kontrolatu. Opari ederra egin diote agroindustriari. Arazoa da landareetan eta, oro har, bizidunetan eta ingurumenean izan ditzaketen ondorioei buruz ezjakintasun handia dagoela.
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La economista argentina analiza cómo las gigantes tecnológicas profundizan nuevas formas de dependencia mediante un extractivismo gemelo de conocimiento y de naturaleza. Frente a esto, reivindica una planificación democrática del ecosistema digital.
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La candidata a la vicepresidencia de Colombia por el Pacto Histórico y mayora nasa habla después de haber perdido por apenas 250.000 votos frente al ultraderechista Abelardo de la Espriella: "Tendremos un gobierno elegido para obedecer a Estados Unidos".
La entrada Aida Quilcué: “No vamos a asumir las decisiones de un presidente que quiere ser regresivo” se publicó primero en Pikara Magazine.
En aquest article, descriurem el que s'ha viscut a l'organització ecologista GOB Mallorca, un referent a les Balears i a l’estat espanyol. I ho farem amb l'ànim d'analitzar el que ha succeït després que el desembre de 2023 es presentés en assemblea una candidatura a la Junta Directiva obertament definida com a ecofeminista, en un context de crisi interna que amenaçava la governança de l'entitat.
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Por Gonzalo Fernández Ortiz de Zárate, publicado originalmente para alai.
Nadie pone en duda la relevancia económica, política y ecosocial de la minería metálica, convertida en uno de los principales fenómenos de disputa global.
Cada automóvil eléctrico precisa de 8 kilogramos de litio, 35 de níquel, 20 de manganeso y 14 de cobalto. Las baterías de almacenamiento de energía –claves para el desarrollo de la economía verde en su conjunto– necesitan también los cuatro metales antes citados, además de grafito, vanadio, cobre y aluminio.
Por su parte, los circuitos integrados y semiconductores, engranaje indispensable para el impulso de la digitalización –inteligencia artificial, centros de datos, redes 5G y 6G, cables interoceánicos, etc. –, verían limitada su expansión sin el silicio y otros minerales. A su vez, la amplísima gama de dispositivos electrónicos alimentados por chips, como por ejemplo los teléfonos inteligentes, requieren oro, aluminio, litio, cobre, zinc, níquel, plata, tierras raras, etc.
Por último, la industria militar utiliza ingentes cantidades de niobio, magnesio, titanio, renio, molibdeno, tungsteno y uranio para la producción de armamento, negocio al alza tras la escalada promovida por la OTAN desde su Cumbre de Madrid en 2022. Tal es así que el horizonte estipulado para 2035 aspira a situar la inversión en defensa y seguridad en el 5% del PIB.
En resumen: energía, economía verde, digitalización y complejo industrial-militar, buques insignia junto a las finanzas del capitalismo verde oliva y digital hoy en boga –agenda oficial que apunta a la resolución de la crisis sistémica vigente mediante alianzas público-privadas e inversiones masivas en dichos sectores económicos–, dependen de manera estrecha y directa de una serie de minerales fundamentales y/o críticos.
Específicamente las tierras raras –por sus altas propiedades magnéticas, ópticas, luminiscentes y electroquímicas–, ciertos minerales transversales o multiusos (cobre, aluminio, manganeso), así como los principales metales concentrados para baterías (litio, níquel, cobalto y grafito).
De manera complementaria, el resurgir del oro y la plata como depósito de valor –en un contexto de crisis, incertidumbre y vulnerabilidad monetario-financiera– refuerza la dinámica de expansión planetaria de la frontera extractiva vinculada a la minería metálica.
¿Cuál es la escala real de esta ofensiva? ¿Qué rol juega la minería metálica en el caos geopolítico actual? ¿A qué procesos vinculados a ésta debemos prestar especial atención?
En los últimos años se han disparado las expectativas de crecimiento de la demanda global de metales. Múltiples informes publicados por diferentes estamentos oficiales y académicos concuerdan en señalar tanto su aumento exponencial como la creciente disputa por el acceso a estos recursos finitos.
El Banco Mundial apuntaba en 2020 la cifra de 3,000 millones de toneladas de minerales necesarias únicamente para el despegue de la energía eólica, solar y geotérmica, así como para su almacenamiento. La Agencia Internacional de la Energía, por su parte, sostenía en 2021 que la demanda de materiales para las tecnologías limpias debería cuadriplicarse entre 2020 y 2024.
Estas expectativas, no obstante, se derivaban de un hipotético horizonte de crecimiento sostenido y generalizado, premisa fallida y contraria a una realidad económica marcada por la tríada estancamiento económico-sobrecapacidad productiva-financiarización.
En resumidas cuentas, la tarta del crecimiento mundial se ha estancado en su expansión –aún en términos relativos y de manera asimétrica–, siendo un magro 2.4% la media esperada para la presente década; los ingentes capitales en liza compiten denodadamente por asegurarse un trozo de esa tarta menguante, alimentando guerras de precios que concluyen en un “juego de suma cero”, donde muchos pierden por falta de rentabilidad y muy pocos ganan; por último, la naturaleza financiarizada de la matriz económica actual –la deuda global alcanzó los 315 billones en 2025, el 333% del PIB mundial– abona horizontes de posibles estallidos financieros y bancarios como los de 2008 y 2023 –no se descarta a medio plazo la explosión de la burbuja de la IA–, retrayendo dinámicas de inversión en la economía real.
En consecuencia, la demanda de metales está en expansión, pero lejos de las desorbitadas expectativas anunciadas. La inversión verde se elevó hasta los 2.2 billones en 2025, la verde oliva los 2,7 billones, mientras la inversión esperada en IA parece catapultarse hasta los 2,6 billones. Cifras más que notables, sin duda, pero incapaces hasta el momento de revertir el estancamiento general ni de superar la sobrecapacidad –por ejemplo, China acapara sólo 1/3 de la inversión verde–, por lo que la necesidad de suministros se torna significativa, pero no tan exponencial como pareciera.
Por tanto, la frontera extractiva vinculada a la minería metálica sigue ampliándose –el volumen del sector ya se duplicó entre 2017 y 2022–, fruto tanto de la demanda verde oliva y digital como de su consideración como depósito prioritario de valor, pero en un contexto de crisis, problemas de rentabilidad corporativa e incertidumbre.
Un contexto económico que, en todo caso, no desactiva sino que intensifica un marco geopolítico definido por el caos y la violencia, y en la que la disputa minera juega un rol clave.
En este sentido, el orden internacional consolidado tras la segunda guerra mundial está siendo desmantelado por su propio impulsor –Estados Unidos–, al constatar que China se ha convertido de facto en el nuevo hegemón económico, liderando rubros estratégicos –automóvil eléctrico, bombas de calor, paneles solares, energía eólica, redes 5G y 6G– y, como después analizaremos, la estratégica extracción y transformación de metales. El multilateralismo y las reglas generales saltan en consecuencia por los aires, y se imponen las dinámicas de guerra económica y militar como vía para solucionar conflictos y garantizar las propias dinámicas de acumulación frente a la hegemonía china.
Esta guerra se sustancia, más allá de la creación de zonas de seguridad e influencia para cada bloque regional, en la disputa en torno a tres ámbitos clave para el control de las principales cadenas globales de valor: los sectores punta verde oliva y digitales aún en competencia, específicamente la inteligencia artificial generativa y los semiconductores; las rutas comerciales, de manera especial Oriente Medio como pivote de Eurasia, así como Groenlandia dentro de la hipotética ruta a través del Ártico; y, por supuesto, los suministros como base de la pirámide de acumulación, dentro de los cuales destaca la energía fósil y, de manera creciente, la minería metálica.
Figura 1: Puntos calientes de la geopolítica de la energía y los materiales
Y la principal seña de identidad del sector minero-metálico es el evidente liderazgo de China tanto en la extracción como sobre todo en la transformación, a partir de planes, negocios y acuerdos estratégicos impulsados desde hace décadas.
En la actualidad, China extrae el 70% de las tierras raras –controlando el 90% de su refino y procesamiento–, produce el 56% del litio, gestiona el 50% de la transformación del cobalto –garantizando su acceso mediante acuerdos con República Democrática del Congo–, maneja el 60% del grafito, genera el 10% del cobre y refina el 50% del níquel, por poner sólo algunos de los ejemplos más significativos.
Esta posición de poder le permite no sólo alimentar sus cadenas globales de valor, sino también responder a las dinámicas de guerra económica lanzadas por Estados Unidos y sus aliados. Por ejemplo, la guerra arancelaria lanzada en 2025 por Trump, que pretendía incrementar los aranceles a productos chinos hasta un 145%, fue revertida y anulada por las restricciones chinas a la exportación de tierras raras para las corporaciones de defensa y automoción norteamericanas.
Estas estrategias de guerra económica, no obstante, se siguen impulsando dentro de una amplia batería de agresivas medidas impulsadas por un Occidente vulnerable y dependiente de suministros externos: ampliación de la frontera minera en sus propios territorios, bajo la premisa de garantizar la “autosuficiencia estratégica”; desarrollo de normativas proteccionistas y de exclusión de facto de suministros chinos; firma febril de tratados de comercio y acuerdos de materiales críticos y/o estratégicos, así como de proyectos internacionales de inversión como el Global Gateway europeo, o el proyecto Bóveda de Estados Unidos para el control de las tierras raras; impulso de estrategias imperiales, como la recuperación explícita de la Doctrina Monroe para América Latina por parte de Estados Unidos, en un intento por apropiarse de sus bienes naturales; y, por supuesto, agresiones militares directas como vía de expropiación y despojo sobre los mismos, tanto por su vertiente fósil como minera.
En conclusión, la minería metálica, aún lejos de las cebadas expectativas de crecimiento de su demanda, consolida su tendencia expansiva, y se convierte en uno de los principales ejes de la disputa económica y geopolítica en ciernes, acrecentando el caos vigente.
Concluimos el artículo alertando sobre tres de los procesos más significativos y peligrosos derivados de este fenómeno global.
Destacamos en primer lugar la proliferación de megaproyectos mineros, tanto en los países periféricos como centrales, impulsados por empresas transnacionales y protegidos por sus alianzas institucionales. La minería supone una tipología de megaproyectos especialmente nociva –máxime en el marco de impunidad corporativa que impera en muchos territorios–, generadora de grandes desastres ecológicos, criminalización, violencia, autoritarismo, división social y devastación económica. El marco para el crecimiento exponencial de la conflictividad social, por tanto, está servido, en un contexto no sólo de desregulación sino de destrucción de derechos.
En segundo término, asistimos con preocupación al fortalecimiento de un contexto geopolítico de imperialismo, colonialismo, dependencia y reprimarización, al que la disputa minera contribuye notablemente. Por un lado, corporaciones y estados centrales utilizan todos sus dispositivos económicos, diplomáticos y militares para apropiarse de los recursos que necesitan sus cadenas de valor, sin rubor alguno. Por el otro, gobiernos y élites de países periféricos se abonan crecientemente al extractivismo como vía de inserción internacional. El sector metálico, en consecuencia, contribuye a la consolidación de agendas violentas y de desestructuración política y social.
Por último, es especialmente grave el vínculo directo y creciente entre la minería metálica y el avance del régimen de guerra. Como ya hemos señalado previamente, son sobre todo las inversiones digitales y armamentísticas las que definen el horizonte económico y geopolítico actual, especialmente en la conexión entre inteligencia artificial y el complejo militar y securitario.
Si la guerra económica no ha dado para Occidente los resultados esperados, es la guerra pura y dura donde Estados Unidos y sus aliados sitúan ahora el desesperado intento tanto por fomentar la acumulación de capital de sus corporaciones, como la herramienta principal para sostener su posición internacional, a partir de su aparente primacía tecnológica en el vínculo entre belicismo e IA. Las nuevas herramientas militares utilizadas en Gaza, Venezuela e Irán evidencian esta apuesta estratégica, fortaleciendo la lógica de bloque público-privado entre estados y grandes tecnológicas como Palantir.
Esta agenda bélico-digital en ascenso, centrada en el desmantelamiento del Estado social, el control social masivo y del desarrollo armamentístico de última generación sería imposible sin la minería metálica, por lo ya expuesto en la introducción.
Por tanto, el extractivismo minero supone hoy un fenómeno global de primer orden, modelador del caos geopolítico vigente y del régimen de guerra en expansión. Es fundamental acelerar la movilización popular contra su avance, la regulación democrática de su uso, así como el impulso de una agenda minera propia por parte de pueblos y movimientos sociales en pos de una transición ecosocial justa.
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Al etiquetar la violencia como fruto de un supuesto diagnóstico de narcisismo, evitando usar el término violencia machista o de género, dificultamos que los agresores rindan cuentas o se puedan entender sus actos como parte de un sistema patriarcal.
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El nuevo informe de Corporate Europe «Permiso para contaminar», revela cómo la Comisión Europea está recortando drásticamente las normas de concesión de permisos para las infraestructuras energéticas e industriales. Esto forma parte de una amplia campaña desreguladora impulsada por algunas de las industrias más contaminantes de Europa. Aunque la UE presenta esta agenda como una «simplificación» de la legislación en materia de permisos, en la práctica se corre el riesgo de socavar las protecciones sociales y medioambientales, conseguidas con tanto esfuerzo, que sustentan estas normas.
Desde que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, asumió su segundo mandato, las normas de concesión de permisos han sido objeto de un ataque constante por parte de las grandes empresas tecnológicas, la industria de los combustibles fósiles y los grupos de presión del sector minero. Es más, bajo etiquetas como «estratégico» o «interés público superior», los proyectos perjudiciales pueden eludir cada vez más los procedimientos habituales de concesión de permisos. Pero, ¿quién decide qué tipo de proyectos se benefician de esa etiqueta?
Los documentos obtenidos por CEO (Observatorio Europeo de las empresas) revelan cómo los principales contaminadores han presionado para obtener un acceso más fácil a los permisos —y a las subvenciones públicas— para proyectos de infraestructura contaminantes. Revelan cómo la Comisión Europea ha invitado activamente a los actores del sector a dar forma a su agenda de desregulación de los permisos. Europa corre el riesgo no solo de vivir con más contaminación, sino también de pagar a los contaminadores para que la generen.
Entre las principales medidas que se están aplicando para satisfacer las exigencias del sector se incluyen:
Exigencias del sector incorporadas a la nueva legislación de la UE: Las medidas propuestas en ReSourceEU, el «Omnibus medioambiental», el «Paquete de redes» y la Ley de Aceleración Industrial acelerarían los proyectos, debilitarían o eludirían las evaluaciones de impacto ambiental, ampliarían las aprobaciones tácitas y restringirían el acceso a la justicia. Los sectores y proyectos estratégicos —entre los que se incluyen la minería, el gas fósil, la captura, el transporte y el almacenamiento de CO₂, el hidrógeno y los centros de datos— serían calificados de «interés público» y se beneficiarían de una tramitación acelerada de los permisos. Se esperan más concesiones a la presión de la industria en la próxima Ley de Desarrollo de la Nube y la IA, así como en la propuesta de infraestructura de transporte de CO₂.
La industria celebra los logros en materia de desregulación, pero quiere más: el grupo de presión del sector del petróleo y el gas IOGP elogió la Ley Ómnibus de Medio Ambiente y el Paquete de Redes por lograr «avances reales en las demandas de larga data de la industria». Los miembros de BusinessEurope presionaron con éxito para conseguir exenciones de las evaluaciones de impacto ambiental para los proyectos de infraestructura de hidrógeno y CO₂ en la Ley de Aceleración Industrial. La IOGP y Euromines han formado una «Coalición Informal sobre Permisos» para hacer campaña a favor de un amplio «paquete ómnibus de permisos» destinado a debilitar múltiples protecciones medioambientales de una sola vez.
Una influencia sin precedentes de la industria en la formulación de políticas: Ursula von der Leyen solicitó consejos sobre desregulación directamente a la Mesa Redonda Europea de la Industria, se asoció con grupos del sector de los combustibles fósiles para organizar talleres sobre cómo «agilizar» la concesión de permisos y se basó en nuevos procesos de consulta —los «Diálogos de Implementación» y las «Evaluaciones de la Realidad»— dominados en gran medida por la industria.
Fondos públicos para respaldar a las industrias contaminantes: A petición de estas, la Comisión también está apoyando financieramente a las industrias contaminantes mediante nuevas medidas de «reducción de riesgos», un Banco de Descarbonización Industrial, normas de ayudas estatales más flexibles y otros mecanismos de financiación pública.
En Suecia, los modos de vida indígenas están siendo destruidos, se están perdiendo hogares y se está contaminando el agua en aras de un nuevo proyecto minero.
En toda Europa, las comunidades podrían verse obligadas a aceptar nuevos gasoductos de CO₂ que plantean graves riesgos de seguridad en caso de fuga, al tiempo que prolongan la dependencia de los combustibles fósiles.
En Irlanda, el aumento vertiginoso de la demanda de electricidad procedente de los nuevos centros de datos está contribuyendo al alza de los precios de la energía y al riesgo de apagones, mientras se construyen nuevas centrales de combustibles fósiles para abastecerlos.
«Permiso para contaminar» ponen de manifiesto solo algunas de las consecuencias potencialmente desastrosas que tendría la supresión de las normas de la UE en materia de permisos para las personas y el medio ambiente. Puede leer los casos prácticos completos aquí. o bien los resúmenes a continuación.
Destrucción del modo de vida indígena: La nueva mina de mineral de hierro y metales de tierras raras de la empresa minera estatal LKAB, Per Geijer, amenaza con interrumpir la última migración estacional que queda de la comunidad indígena sami local de Gabna, dedicada al pastoreo de renos. Lars-Marcus Kuhmunen, presidente de Gabna, explica: «Todo gira en torno al pastoreo de renos. Si eso deja de existir, la cultura sami también dejará de existir. »
Calificada como estratégica: Per Geijer es uno de los 47 proyectos dentro de la UE calificados como estratégicos en virtud de la Ley de Materias Primas Críticas, que limita el proceso de concesión de permisos a «no más de 27 meses», restringiendo las evaluaciones ambientales y la consulta a la comunidad. LKAB ejerció una influencia desmesurada sobre el proceso, reuniéndose con altos funcionarios de la Comisión en seis ocasiones durante los tres meses previos a que la Comisión concediera a Per Geijer el estatus estratégico.
LKAB lleva la batalla a la UE: El recientemente dimitido director ejecutivo de LKAB, Jan Moström, también ha sido presidente del poderoso grupo de presión Euromines, que se ha asegurado de que la agenda de desregulación de la industria minera sueca se promueva a nivel de la UE, por ejemplo, mediante la creación de la Coalición Informal para la Concesión de Permisos junto con el grupo de presión del petróleo y el gas IOGP.
Desregulación del agua: En diciembre de 2025, la UE anunció que reabriría la Directiva Marco del Agua para fomentar una mayor actividad minera. La comisaria responsable de la legislación sobre el agua, la sueca Jessica Roswall, se reunió con LKAB y Euromines en múltiples ocasiones, e incluso visitó a Per Geijer junto con Moström.
Recurso judicial: Gabna ha presentado un recurso contra Per Geijer ante los tribunales, pero no son los únicos. Varias organizaciones de Portugal han llevado a la Comisión ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por la mina de litio de Barroso, que también ha sido calificada de «proyecto estratégico». Cabe esperar más resistencia.
Los nuevos gasoductos de CO₂ construidos por la vía rápida pueden ser letales: los planes de la UE para los gasoductos de CO₂ se están acelerando gracias a lagunas en la normativa. Sin embargo, como han demostrado los accidentes en el condado de Yazoo (EE. UU.), suponen un grave riesgo para la salud. Las fugas pueden provocar asfixia, hospitalizaciones masivas y efectos duraderos sobre la salud. Dada la densidad de población mucho mayor en Europa, la rotura de un gasoducto podría incluso resultar mortal.
Retrasan la eliminación gradual de los combustibles fósiles: Los gasoductos se utilizan para justificar el uso continuado del petróleo y el gas, con la promesa (poco realista) de que las emisiones serán capturadas, transportadas y almacenadas.
Italia y Alemania tienen grandes planes: La UE tiene previsto construir 19 000 km de gasoductos de CO₂ para 2050, con un coste de hasta 23 000 millones de euros, que atravesarán algunas de sus zonas más densamente pobladas. Alemania e Italia tienen grandes planes, y sus respectivos líderes, Mertz y Meloni, abogan por una flexibilización de las leyes de concesión de permisos. En ambos casos se están encontrando con una fuerte oposición.
Los gasoductos de CO₂ en Italia: como parte del polémico proyecto de captura y almacenamiento de carbono de Rávena, y con el respaldo de los gigantes del gas Eni y Snam, se prevé construir gasoductos de CO₂ a solo unos metros de viviendas. Se prevé la construcción de un gasoducto de CO₂ de 100 km a través de zonas con alto riesgo de terremotos e inundaciones, así como de lugares con gran biodiversidad y hábitats importantes protegidos por la normativa europea Natura 2000. Se está tramitando por la vía rápida y se considera de interés público superior gracias a su inclusión en la lista de la UE de proyectos de interés común.
La industria consiguió lo que quería: tanto la Mesa Redonda Europea de la Industria (ERT) como BusinessEurope presionaron para que se introdujeran lagunas normativas en relación con las infraestructuras de CO2. La ERT también presionó para crear una «red troncal de infraestructuras de CO2» de tuberías en toda Europa, algo que probablemente conseguirá en la próxima ley sobre infraestructuras y mercados de CO2, impulsada también por grupos como el de petróleo y gas IOGP.
Grandes planes de expansión: El plan de la Comisión —marcado por las grandes empresas tecnológicas— consiste en triplicar el número de centros de datos en Europa en un plazo de cinco a siete años. Esto supondrá un aumento de las emisiones, escasez de agua y facturas de energía más elevadas, al tiempo que supondrá un respiro para la industria de los combustibles fósiles, ya que se construirán nuevas infraestructuras de gas para abastecerlos. Debido a la gran presencia de las grandes empresas tecnológicas en Irlanda, este país se encuentra en primera línea en Europa del crecimiento exponencial de estas «fábricas de IA».
Las facturas de los hogares subvencionan las fábricas de IA: Irlanda tiene los segundos precios de electricidad para los hogares más altos de Europa, pero los operadores de centros de datos solo pagan la mitad de lo que pagan los hogares, y esta desigualdad va a empeorar. Mientras que se espera que las facturas de los hogares aumenten entre un 8 % y un 21 % en los próximos cinco años, los centros de datos verán cómo sus precios bajan un 14 %.
La gran demanda de electricidad conduce al uso de combustibles fósiles: en las afueras de Dublín se han construido grandes complejos que agrupan a docenas de centros de datos, los cuales consumen la asombrosa cifra del 50 % de la demanda eléctrica de la ciudad. Debido a la escasez de electricidad, estos complejos se alimentarán cada vez más con combustibles fósiles, como es el caso de las instalaciones de Microsoft en Grange Castle.
El Gobierno irlandés respalda a las grandes tecnológicas: Ya en 2017, el Gobierno irlandés intentó eludir la aprobación de las autoridades locales proponiendo calificar los centros de datos como infraestructura «estratégica», lo que habría limitado las posibilidades de recurso y acelerado la concesión de permisos. Además, está realizando importantes inversiones en nuevas infraestructuras de GNL para satisfacer la creciente demanda de electricidad, lo que socava los objetivos climáticos del país.
Éxito del lobby de las grandes tecnológicas en Irlanda: Las grandes tecnológicas ya han conseguido revocar una moratoria de facto sobre los nuevos centros de datos en Dublín, impuesta por el regulador energético irlandés, y desde entonces el Gobierno irlandés ha introducido una política favorable a los centros de datos, denominada LEAP.
Las grandes tecnológicas apuntan a las leyes de la UE: Los planes para centros de datos recientemente aprobados podrían incumplir múltiples leyes de la UE que forman parte de su sistema de concesión de permisos, razón por la cual ahora son objeto del cabildeo de las grandes tecnológicas. Pero en lugar de plantar cara, la UE ha desplegado la alfombra roja, invitando a grupos de la industria tecnológica como Digital Europe y la CCIA a un evento especial para partes interesadas sobre el Paquete Medioambiental, que posteriormente incluyó la aceleración de las evaluaciones ambientales.
Las grandes tecnológicas apuntan a la concesión de permisos: los documentos de presión política revelan que las grandes tecnológicas quieren acelerar el proceso de concesión de permisos, minimizar las obligaciones climáticas y medioambientales y debilitar la capacidad de las comunidades locales para oponerse a sus planes. Google quiere que la Comisión Europea limite el derecho a presentar objeciones contra los permisos para centros de datos únicamente a quienes vivan en un radio de 50 metros.
Lee los casos prácticos completos y mucho más en nuestro último informe «Permiso para contaminar: la UE deroga las normas sobre permisos y financia infraestructuras contaminantes».
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Artículo original publicado en enriquedans.com por Enrique Dans
Que más de cincuenta países se reunan en Santa Marta, Colombia, en la primera conferencia dedicada específicamente a la transición fuera de los combustibles fósiles no es una extravagancia diplomática ni un gesto para la galería. Es, en realidad, la constatación de algo mucho más incómodo: que el sistema energético basado en carbón, petróleo y gas ya no puede seguir presentándose como sinónimo de estabilidad, seguridad o sentido común.
La propia organización del encuentro habla de una participación de más de 53 naciones entre los que se encuentra España, y su mera existencia revela hasta qué punto el debate ha cambiado de naturaleza: ya no se trata de discutir si conviene «reducir emisiones» en abstracto, sino de cómo se abandona, de manera justa y ordenada, una dependencia que se ha convertido en un riesgo sistémico.
Durante décadas, la industria fósil se ha vendido como supuesto garante de la seguridad energética. Era, supuestamente, lo firme, lo serio, lo disponible, frente a unas renovables caricaturizadas como intermitentes, inmaduras y casi decorativas. Basta mirar lo ocurrido con la guerra en Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz para entender que esa narrativa se ha roto. El precio del Brent subió entre un 10% y un 13% en las primeras horas del conflicto hasta rozar los 82 dólares por barril, mientras la AIE calificaba la situación como «la mayor perturbación del suministro en la historia del mercado global del petróleo». Europa podía tener «quizá seis semanas» de combustible de aviación si el bloqueo persistía, mientras en Asia varios gobiernos activaban medidas de emergencia como teletrabajo, restricciones de viajes oficiales, cierres escolares o semanas laborales de cuatro días para ahorrar combustible. Si eso es «seguridad», a lo mejor convendría revisar el diccionario.
Si alguien dudaba todavía de lo que significa esa dependencia en términos concretos, la crisis del estrecho de Ormuz lo ha aclarado de forma brutal: no solo se trata de gasolina o electricidad. Los precios spot del gas en Asia subieron más de un 140% tras el ataque al complejo de Ras Laffan en Qatar. Más del 30% de la urea mundial, el fertilizante que hace posible producir trigo y maíz a escala global, pasa por ese estrecho. Cuando se corta el suministro de gas, no sube el precio de llenar el depósito: sube el precio del pan.
La gran paradoja de nuestro tiempo es que seguimos llamando «fiables» a unas fuentes de energía cuyo precio, suministro y disponibilidad dependen de estrechos marítimos, guerras regionales, petromonarquías, autocracias varias y cadenas logísticas que pueden romperse en cuestión de días. En realidad, los combustibles fósiles no ofrecen seguridad: ofrecen vulnerabilidad geopolítica aplazada. Y eso explica que la cita de Santa Marta no deba interpretarse como el delirio de un grupo de idealistas, sino como la respuesta racional de países que empiezan a comprender que la soberanía energética del siglo XXI no consistirá en encontrar el último barril, sino en dejar de necesitarlo.
A estas alturas, además, la discusión tecnológica está muy lejos de donde estaba hace apenas una década. La pregunta de si puede el mundo funcionar solo con renovables ya no pertenece al terreno de la especulación militante, sino al de la literatura científica consolidada. Un paper académico publicado en IEEE Access concluye que el 100% renovable es factible a escala global y a bajo coste. El artículo divulgativo de Helsinki Times basado en ese trabajo resume con bastante claridad algo que muchos llevamos tiempo defendiendo: solar, eólica, almacenamiento, electrificación, acoplamiento sectorial e hidrógeno para aquellos usos difíciles de electrificar forman ya una arquitectura coherente, no una colección de experimentos inconexos. Y sí, sobre esto mismo escribí ya en 2022, precisamente porque las excusas empezaban entonces a sonar viejas.
Lo interesante es que, desde entonces, la realidad ha seguido avanzando más deprisa que la conversación pública. Según el análisis global citado por AP a partir de datos de Ember, en 2025 las renovables superaron por primera vez un tercio de la generación eléctrica mundial, mientras el carbón cayó por debajo de otro tercio. Más importante aún: la electricidad limpia creció lo suficiente como para cubrir todo el aumento neto de la demanda, y solar más eólica llegaron a cubrir el 99% de ese crecimiento. Esto no significa que hayamos ganado nada de forma irreversible, pero sí que el relato de que las renovables son un «complemento» ha dejado de corresponderse con los hechos. Ya no están adornando el sistema: están empezando a redefinirlo.
Además, las dos variables que durante años sirvieron como refugio retórico de los inmovilistas, coste y almacenamiento, se están desmoronando. El coste de los módulos solares ha caído un 99% en las últimas cuatro décadas. El precio de las baterías de ion-litio ha bajado más de un 99% desde 1991. Y cuando una tecnología mejora y se abarata de ese modo, deja de ser una alternativa para convertirse en una trayectoria dominante. Por eso la cuestión ya no es si las renovables pueden competir: es cuánto tiempo más pretendemos seguir fingiendo que no han ganado ya gran parte de esa competición.
Por supuesto, un mundo sin combustibles fósiles no se construye solo con placas solares en los tejados y aerogeneradores en las costas. Requiere redes mucho más robustas, almacenamiento a distintas escalas, electrificación masiva del transporte y de la calefacción, rediseño industrial, flexibilidad de la demanda y vectores como el hidrógeno o los electrocombustibles para usos específicos donde la electrificación directa no baste. El informe Renewables 2025 de la IEA enlazado antes y las propuestas de IRENA para triplicar la capacidad renovable y doblar la eficiencia energética antes de 2030 insisten en ello. Es decir: no estamos ante una transición simple, pero sí ante una transición perfectamente imaginable, modelizable y técnicamente abordable. Lo que falta no es física. Lo que falta es decisión política, alineación regulatoria y voluntad de enfrentarse a intereses creados.
Ahí es donde la discusión se vuelve realmente incómoda: porque si el obstáculo ya no es tecnológico, entonces hay que señalar a los responsables reales del retraso. Y esos responsables tienen nombres, balances y consejos de administración. La lógica del sector fósil sigue siendo brutalmente simple: como explicaba un reportaje de The Guardian, toda compañía quiere producir el último barril vendido. No el penúltimo. No uno menos por responsabilidad climática. El último. De ahí la importancia de intentar construir marcos políticos nuevos, como la Declaración de Belém o incluso la idea de un tratado de no proliferación fósil: no porque vayan a resolver por sí solos el problema, sino porque ayudan a desplazar la norma social y política. Igual que ocurrió con otras industrias cuya legitimidad empezó a erosionarse antes de desaparecer o encogerse.
Lo utópico no es pensar en un mundo post-fósil. Lo utópico, en el peor sentido del término, es creer que podemos seguir quemando hidrocarburos como hasta ahora sin que el coste económico, social y geopolítico se nos lleve por delante.
La objeción habitual es que todo esto suena muy bien mientras no se hable de cemento, acero, fertilizantes, aviación o transporte marítimo. Pero precisamente ahí es donde la transición deja de ser un eslogan y pasa a ser una estrategia seria: electrificar todo lo electrificable, reservar las moléculas verdes para lo difícil, reducir despilfarros absurdos y reorganizar la demanda. No hay magia: hay ingeniería, planificación y prioridades. La alternativa, además, no es mantener el mundo tal como está, sino resignarnos a un sistema fósil cada vez más caro, más volátil, más litigioso, más subsidiado y más destructivo climáticamente.
La pregunta correcta, por tanto, no es si un mundo sin combustibles fósiles es posible. La evidencia disponible dice que sí lo es, y cada año con más claridad. La pregunta correcta es quién está dispuesto a acelerarlo y quiénes siguen trabajando, con subvenciones, lobby y propaganda, para retrasarlo todo lo que puedan. Porque el futuro energético ya no se decide entre lo posible y lo imposible, sino entre lo inevitable y lo bloqueado. Y cuanto antes entendamos que la dependencia fósil no es una garantía de prosperidad sino una forma de chantaje estructural, antes empezaremos a tratar las renovables no como una opción moralmente deseable, sino como lo que son: la infraestructura básica de una economía moderna, segura y civilizada.
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La llegada de empresas extractivas a diferentes territorios acarrea una profundización de la lógica patriarcal que estruja y usa los cuerpos de las mujeres. Hay despojos, pero también resistencias.
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Una demanda de la abogada Mónica Roa logró, en 2006, la despenalización parcial del aborto en Colombia. No te pierdas el episodio 6 de Re-nacer.
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Arturo Martínez. Comunicación Attac España.
EL Observatorio Europeo de las Empresas (CEO por sus siglas en inglés) es un grupo de investigación y activismo que trabaja para sacar a la luz y cuestionar el acceso privilegiado y la influencia de que gozan las empresas y sus grupos de presión en la elaboración de las políticas de la Unión Europea (UE)
El observatorio nos advierte de las consecuencias sociales y ambientales que la vigente priorización de la competitividad empresarial sobre la regulación pública de la UE nos traerá si no revertimos la situación. Y para ello lleva a cabo el proyecto “Deregulation Watch” (Observatorio de la Desregulación) del que, desde Attac, ya os hemos dado cuenta y recomendado anteriormente. Deregulation watch analiza y documenta la agenda de desregulación promovida por la Comisión Europea presidida por Ursula von der Leyen.
La Unión Europea está entrando en una nueva fase política en la que el objetivo de aumentar la “competitividad” empresarial se traduce en una reducción o flexibilización de normas sociales, ambientales, digitales y de protección de derechos.
Esta orientación política está fuertemente influida por las grandes patronales y grupos de presión empresariales, que consideran que muchas regulaciones europeas representan costes excesivos para las empresas. La consecuencia puede ser un debilitamiento progresivo de estándares construidos durante décadas en ámbitos como la protección ambiental, los derechos laborales, la privacidad digital, la transparencia corporativa y la salud pública.
La herramienta “Deregulation Watch”, que desde Attac España recomendamos, nos sirve de seguimiento a las organizaciones sociales, sindicatos, activistas y ciudadanas interesadas en comprender cómo avanza este proceso de desregulación y qué sectores económicos son sus principales beneficiarios.
El CEO sitúa el origen de esta ofensiva desreguladora en la preocupación de las instituciones europeas por la pérdida de competitividad frente a Estados Unidos y China. Diversos actores económicos y políticos sostienen que Europa tiene un exceso de regulación que ralentiza la innovación, las inversiones y el crecimiento económico.
En este contexto, la Comisión Europea ha empezado a presentar propuestas de “simplificación normativa”, justificadas oficialmente como medidas para reducir burocracia y facilitar la actividad empresarial. Bajo este término de “simplificación” lo que se oculta es una estrategia más amplia de desmantelamiento regulatorio.
Las políticas europeas estén priorizando los intereses de grandes empresas industriales, tecnológicas, químicas y financieras frente a objetivos como la transición ecológica, la protección de consumidores o los derechos laborales.
1. Paquetes “ómnibus” legislativos
Uno de los instrumentos más relevantes son las llamadas leyes “ómnibus”. Estas iniciativas agrupan múltiples modificaciones regulatorias en un solo paquete legislativo. El mecanismo dificulta el debate democrático y facilita la eliminación simultánea de distintas obligaciones regulatorias. Entre las áreas afectadas se encuentran:
Este procedimiento favorece procesos rápidos y opacos, con poca supervisión pública.
2. Reducción de obligaciones de información empresarial
Otro aspecto central es la reducción de obligaciones de reporte y transparencia para las empresas.
La Comisión Europea ha planteado disminuir significativamente las exigencias de información relacionadas con sostenibilidad ambiental y responsabilidad social corporativa (RSC). El argumento oficial es que las pequeñas y medianas empresas soportan cargas administrativas excesivas.
Sin embargo, estas medidas pueden limitar la capacidad de controlar impactos ambientales, violaciones de derechos humanos y prácticas empresariales abusivas. Al tiempo que las empresas disponen de mayores márgenes para practicar “greenwashing”. Si no hay posibilidad de verificarlo ¿Qué va a evitar que se presenten como sostenibles sin serlo?
3. Obstáculos para nuevas regulaciones
El observatorio denuncia la creación de nuevos mecanismos institucionales que dificultan aprobar futuras regulaciones.
Entre ellos destaca el uso creciente de evaluaciones de impacto económico centradas casi exclusivamente en costes empresariales. Dejando en segundo plano beneficios sociales y ambientales.
Además, critica que determinadas propuestas exijan revisiones constantes de la legislación ya existente bajo criterios de competitividad, generando presión permanente para reducir normas protectoras.
4. Limitación de regulaciones nacionales
Otro elemento relevante es el intento de reforzar el mercado único europeo limitando la capacidad regulatoria de los Estados miembros. La Comisión Europea está impulsando controles más estrictos sobre las normativas nacionales que pueden afectar al funcionamiento del mercado interior. Esto puede dificultar que algunos países adopten estándares ambientales o sociales más ambiciosos que los mínimos europeos.
Se trata de una centralización normativa favorable a las grandes corporaciones multinacionales, interesadas en operar bajo reglas homogéneas y menos exigentes.
Sector ambiental y climático
Las políticas ambientales son uno de los principales objetivos de la agenda desreguladora.
Las industrias químicas, energéticas y automovilísticas aparecen frecuentemente como actores influyentes en las campañas de presión contra regulaciones ecológicas. El Observatorio advierte de posibles retrasos o debilitamientos en:
La narrativa de la competitividad se utiliza para justificar excepciones regulatorias y ayudas públicas a sectores altamente contaminantes.
Sector digital y tecnológico
Grandes empresas tecnológicas están ejerciendo una intensa presión para suavizar normas relacionadas con:
Algunas propuestas de “simplificación digital” pueden reducir garantías fundamentales de privacidad y derechos de usuarios.
Por otro lado es alarmante la falta de transparencia en determinadas negociaciones entre instituciones europeas y grandes plataformas tecnológicas.
Derechos laborales y sociales
Entre las preocupaciones señaladas destacan:
Algunos sectores empresariales presentan las protecciones sociales como obstáculos económicos, favoreciendo un enfoque donde la reducción de costes laborales se convierte en prioridad política sobre otros derechos sociales.
Uno de los ejes centrales del análisis del Observatorio de la Desregulación es la influencia de los grupos de presión corporativos en la toma de decisiones europeas. Muchas de las propuestas actuales reproducen demandas históricas de grandes asociaciones empresariales europeas. Y representantes de la industria mantienen un acceso privilegiado a comisarios europeos y altos funcionarios.
El Observatorio denuncia especialmente:
Estamos ante una forma de “captura corporativa” pavorosa de las instituciones europeas.
El Corporate Europe Observatory considera que la actual ola desreguladora puede tener consecuencias profundas a medio y largo plazo. Y entre los riesgos principales menciona:
El observatorio teme que Europa abandone progresivamente su modelo regulatorio, históricamente más protector que el estadounidense, para adoptar una lógica más orientada a la liberalización económica.
Frente a todo ello, el Corporate Europe Observatory propone reforzar la vigilancia ciudadana, aumentar la transparencia institucional y mantener mecanismos regulatorios sólidos capaces de equilibrar intereses económicos con objetivos sociales, climáticos y democráticos.
Para saber más os remitimos a nuestra entrada: https://attac.es/curso-intensivo-sobre-la-ola-de-desregulacion-de-la-ue/
La entrada Observatorio de la Desregulación se publicó primero en ATTAC España | Otro mundo es posible.
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