Desde la imposición de sistemas complejos de vigilancia digital en Argentina, probados durante genocidios, hasta la creación de territorios que se definen “autónomos” desconociendo las instituciones de los países, como en el caso de Honduras, los planes de los tecnofascistas se instalan en nuestra América. ¿Cómo hacerles frente desde los feminismos territoriales que piensan las tecnologías?
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En las islas del Delta en Argentina las noticias sobre el futuro del río llegan a través de sus aguas: el Gobierno de Milei entrega el Paraná a una empresa belga por 25 años más.
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La economista argentina analiza cómo las gigantes tecnológicas profundizan nuevas formas de dependencia mediante un extractivismo gemelo de conocimiento y de naturaleza. Frente a esto, reivindica una planificación democrática del ecosistema digital.
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Por Gonzalo Fernández Ortiz de Zárate, publicado originalmente para alai.
Nadie pone en duda la relevancia económica, política y ecosocial de la minería metálica, convertida en uno de los principales fenómenos de disputa global.
Cada automóvil eléctrico precisa de 8 kilogramos de litio, 35 de níquel, 20 de manganeso y 14 de cobalto. Las baterías de almacenamiento de energía –claves para el desarrollo de la economía verde en su conjunto– necesitan también los cuatro metales antes citados, además de grafito, vanadio, cobre y aluminio.
Por su parte, los circuitos integrados y semiconductores, engranaje indispensable para el impulso de la digitalización –inteligencia artificial, centros de datos, redes 5G y 6G, cables interoceánicos, etc. –, verían limitada su expansión sin el silicio y otros minerales. A su vez, la amplísima gama de dispositivos electrónicos alimentados por chips, como por ejemplo los teléfonos inteligentes, requieren oro, aluminio, litio, cobre, zinc, níquel, plata, tierras raras, etc.
Por último, la industria militar utiliza ingentes cantidades de niobio, magnesio, titanio, renio, molibdeno, tungsteno y uranio para la producción de armamento, negocio al alza tras la escalada promovida por la OTAN desde su Cumbre de Madrid en 2022. Tal es así que el horizonte estipulado para 2035 aspira a situar la inversión en defensa y seguridad en el 5% del PIB.
En resumen: energía, economía verde, digitalización y complejo industrial-militar, buques insignia junto a las finanzas del capitalismo verde oliva y digital hoy en boga –agenda oficial que apunta a la resolución de la crisis sistémica vigente mediante alianzas público-privadas e inversiones masivas en dichos sectores económicos–, dependen de manera estrecha y directa de una serie de minerales fundamentales y/o críticos.
Específicamente las tierras raras –por sus altas propiedades magnéticas, ópticas, luminiscentes y electroquímicas–, ciertos minerales transversales o multiusos (cobre, aluminio, manganeso), así como los principales metales concentrados para baterías (litio, níquel, cobalto y grafito).
De manera complementaria, el resurgir del oro y la plata como depósito de valor –en un contexto de crisis, incertidumbre y vulnerabilidad monetario-financiera– refuerza la dinámica de expansión planetaria de la frontera extractiva vinculada a la minería metálica.
¿Cuál es la escala real de esta ofensiva? ¿Qué rol juega la minería metálica en el caos geopolítico actual? ¿A qué procesos vinculados a ésta debemos prestar especial atención?
En los últimos años se han disparado las expectativas de crecimiento de la demanda global de metales. Múltiples informes publicados por diferentes estamentos oficiales y académicos concuerdan en señalar tanto su aumento exponencial como la creciente disputa por el acceso a estos recursos finitos.
El Banco Mundial apuntaba en 2020 la cifra de 3,000 millones de toneladas de minerales necesarias únicamente para el despegue de la energía eólica, solar y geotérmica, así como para su almacenamiento. La Agencia Internacional de la Energía, por su parte, sostenía en 2021 que la demanda de materiales para las tecnologías limpias debería cuadriplicarse entre 2020 y 2024.
Estas expectativas, no obstante, se derivaban de un hipotético horizonte de crecimiento sostenido y generalizado, premisa fallida y contraria a una realidad económica marcada por la tríada estancamiento económico-sobrecapacidad productiva-financiarización.
En resumidas cuentas, la tarta del crecimiento mundial se ha estancado en su expansión –aún en términos relativos y de manera asimétrica–, siendo un magro 2.4% la media esperada para la presente década; los ingentes capitales en liza compiten denodadamente por asegurarse un trozo de esa tarta menguante, alimentando guerras de precios que concluyen en un “juego de suma cero”, donde muchos pierden por falta de rentabilidad y muy pocos ganan; por último, la naturaleza financiarizada de la matriz económica actual –la deuda global alcanzó los 315 billones en 2025, el 333% del PIB mundial– abona horizontes de posibles estallidos financieros y bancarios como los de 2008 y 2023 –no se descarta a medio plazo la explosión de la burbuja de la IA–, retrayendo dinámicas de inversión en la economía real.
En consecuencia, la demanda de metales está en expansión, pero lejos de las desorbitadas expectativas anunciadas. La inversión verde se elevó hasta los 2.2 billones en 2025, la verde oliva los 2,7 billones, mientras la inversión esperada en IA parece catapultarse hasta los 2,6 billones. Cifras más que notables, sin duda, pero incapaces hasta el momento de revertir el estancamiento general ni de superar la sobrecapacidad –por ejemplo, China acapara sólo 1/3 de la inversión verde–, por lo que la necesidad de suministros se torna significativa, pero no tan exponencial como pareciera.
Por tanto, la frontera extractiva vinculada a la minería metálica sigue ampliándose –el volumen del sector ya se duplicó entre 2017 y 2022–, fruto tanto de la demanda verde oliva y digital como de su consideración como depósito prioritario de valor, pero en un contexto de crisis, problemas de rentabilidad corporativa e incertidumbre.
Un contexto económico que, en todo caso, no desactiva sino que intensifica un marco geopolítico definido por el caos y la violencia, y en la que la disputa minera juega un rol clave.
En este sentido, el orden internacional consolidado tras la segunda guerra mundial está siendo desmantelado por su propio impulsor –Estados Unidos–, al constatar que China se ha convertido de facto en el nuevo hegemón económico, liderando rubros estratégicos –automóvil eléctrico, bombas de calor, paneles solares, energía eólica, redes 5G y 6G– y, como después analizaremos, la estratégica extracción y transformación de metales. El multilateralismo y las reglas generales saltan en consecuencia por los aires, y se imponen las dinámicas de guerra económica y militar como vía para solucionar conflictos y garantizar las propias dinámicas de acumulación frente a la hegemonía china.
Esta guerra se sustancia, más allá de la creación de zonas de seguridad e influencia para cada bloque regional, en la disputa en torno a tres ámbitos clave para el control de las principales cadenas globales de valor: los sectores punta verde oliva y digitales aún en competencia, específicamente la inteligencia artificial generativa y los semiconductores; las rutas comerciales, de manera especial Oriente Medio como pivote de Eurasia, así como Groenlandia dentro de la hipotética ruta a través del Ártico; y, por supuesto, los suministros como base de la pirámide de acumulación, dentro de los cuales destaca la energía fósil y, de manera creciente, la minería metálica.
Figura 1: Puntos calientes de la geopolítica de la energía y los materiales
Y la principal seña de identidad del sector minero-metálico es el evidente liderazgo de China tanto en la extracción como sobre todo en la transformación, a partir de planes, negocios y acuerdos estratégicos impulsados desde hace décadas.
En la actualidad, China extrae el 70% de las tierras raras –controlando el 90% de su refino y procesamiento–, produce el 56% del litio, gestiona el 50% de la transformación del cobalto –garantizando su acceso mediante acuerdos con República Democrática del Congo–, maneja el 60% del grafito, genera el 10% del cobre y refina el 50% del níquel, por poner sólo algunos de los ejemplos más significativos.
Esta posición de poder le permite no sólo alimentar sus cadenas globales de valor, sino también responder a las dinámicas de guerra económica lanzadas por Estados Unidos y sus aliados. Por ejemplo, la guerra arancelaria lanzada en 2025 por Trump, que pretendía incrementar los aranceles a productos chinos hasta un 145%, fue revertida y anulada por las restricciones chinas a la exportación de tierras raras para las corporaciones de defensa y automoción norteamericanas.
Estas estrategias de guerra económica, no obstante, se siguen impulsando dentro de una amplia batería de agresivas medidas impulsadas por un Occidente vulnerable y dependiente de suministros externos: ampliación de la frontera minera en sus propios territorios, bajo la premisa de garantizar la “autosuficiencia estratégica”; desarrollo de normativas proteccionistas y de exclusión de facto de suministros chinos; firma febril de tratados de comercio y acuerdos de materiales críticos y/o estratégicos, así como de proyectos internacionales de inversión como el Global Gateway europeo, o el proyecto Bóveda de Estados Unidos para el control de las tierras raras; impulso de estrategias imperiales, como la recuperación explícita de la Doctrina Monroe para América Latina por parte de Estados Unidos, en un intento por apropiarse de sus bienes naturales; y, por supuesto, agresiones militares directas como vía de expropiación y despojo sobre los mismos, tanto por su vertiente fósil como minera.
En conclusión, la minería metálica, aún lejos de las cebadas expectativas de crecimiento de su demanda, consolida su tendencia expansiva, y se convierte en uno de los principales ejes de la disputa económica y geopolítica en ciernes, acrecentando el caos vigente.
Concluimos el artículo alertando sobre tres de los procesos más significativos y peligrosos derivados de este fenómeno global.
Destacamos en primer lugar la proliferación de megaproyectos mineros, tanto en los países periféricos como centrales, impulsados por empresas transnacionales y protegidos por sus alianzas institucionales. La minería supone una tipología de megaproyectos especialmente nociva –máxime en el marco de impunidad corporativa que impera en muchos territorios–, generadora de grandes desastres ecológicos, criminalización, violencia, autoritarismo, división social y devastación económica. El marco para el crecimiento exponencial de la conflictividad social, por tanto, está servido, en un contexto no sólo de desregulación sino de destrucción de derechos.
En segundo término, asistimos con preocupación al fortalecimiento de un contexto geopolítico de imperialismo, colonialismo, dependencia y reprimarización, al que la disputa minera contribuye notablemente. Por un lado, corporaciones y estados centrales utilizan todos sus dispositivos económicos, diplomáticos y militares para apropiarse de los recursos que necesitan sus cadenas de valor, sin rubor alguno. Por el otro, gobiernos y élites de países periféricos se abonan crecientemente al extractivismo como vía de inserción internacional. El sector metálico, en consecuencia, contribuye a la consolidación de agendas violentas y de desestructuración política y social.
Por último, es especialmente grave el vínculo directo y creciente entre la minería metálica y el avance del régimen de guerra. Como ya hemos señalado previamente, son sobre todo las inversiones digitales y armamentísticas las que definen el horizonte económico y geopolítico actual, especialmente en la conexión entre inteligencia artificial y el complejo militar y securitario.
Si la guerra económica no ha dado para Occidente los resultados esperados, es la guerra pura y dura donde Estados Unidos y sus aliados sitúan ahora el desesperado intento tanto por fomentar la acumulación de capital de sus corporaciones, como la herramienta principal para sostener su posición internacional, a partir de su aparente primacía tecnológica en el vínculo entre belicismo e IA. Las nuevas herramientas militares utilizadas en Gaza, Venezuela e Irán evidencian esta apuesta estratégica, fortaleciendo la lógica de bloque público-privado entre estados y grandes tecnológicas como Palantir.
Esta agenda bélico-digital en ascenso, centrada en el desmantelamiento del Estado social, el control social masivo y del desarrollo armamentístico de última generación sería imposible sin la minería metálica, por lo ya expuesto en la introducción.
Por tanto, el extractivismo minero supone hoy un fenómeno global de primer orden, modelador del caos geopolítico vigente y del régimen de guerra en expansión. Es fundamental acelerar la movilización popular contra su avance, la regulación democrática de su uso, así como el impulso de una agenda minera propia por parte de pueblos y movimientos sociales en pos de una transición ecosocial justa.
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Este artículo ha sido publicado originalmente en La Directa.
La palabra imperialismo vuelve a estar en boca de todos. La geopolitización de las relaciones internacionales, así como el marcaje territorial, la política de la fuerza, el nacionalismo expansionista y la coerción económica y militar, hacen difícil encontrar una mejor manera de describir las disputas en el tablero global. El principal motivo de este conflicto a gran escala es que vivimos en un tiempo liminal, un intervalo entre un estado anterior y uno nuevo, el interregno entre la unipolaridad estadounidense surgida del final de la Guerra Fría y la multipolaridad que reivindican las potencias medias y emergentes.
Ante la intensidad y la velocidad de los cambios globales, que tienden a invisibilizar otros ritmos y horizontes políticos, este texto nace con la voluntad de contribuir a la construcción de un antiimperialismo popular que responda al contexto y ponga en valor resistencias y alternativas.
Las diferentes dimensiones del embate imperial exigen una respuesta antiimperialista que vaya más allá del campismo —la idea de que “los enemigos de mis enemigos son mis amigos”— y también de la condena selectiva que, por ejemplo, señala al imperialismo ruso mientras blanquea el imperialismo yanqui.
Es precisamente el imperialismo estadounidense, hoy encabezado por Donald Trump, quien está dinamitando las ya frágiles relaciones internacionales desde una lógica abiertamente transaccional. El afán por controlar recursos estratégicos —desde las tierras raras de Ucrania hasta el potencial gasístico de Gaza, pasando por el petróleo venezolano o los hidrocarburos de Irán— está reconfigurando aceleradamente las alianzas globales y, al mismo tiempo, se utiliza como instrumento de confrontación contra China.
Ahora bien, el imperialismo actual no solo opera mediante el expolio de recursos. También actúa como una fuerza destructiva con profundos efectos psicosociales: normaliza la violencia, alimenta la impotencia, la ansiedad y la apatía, y favorece el aislamiento. En su versión trumpista, la dimensión comunicativa se convierte en un elemento central para producir este impacto. Por un lado, busca saturar el espacio público con un flujo constante de mensajes que hegemoniza los canales de comunicación. Por otro, pretende desplazar la ventana de Overton, ampliando los límites de lo políticamente aceptable. El vídeo “Trump Gaza” es un ejemplo claro: una apuesta por normalizar lo grotesco.
La acción imperialista y su aparato propagandístico también penetran en el ámbito militante, generando fatiga, frustración y pérdida del sentido de la lucha. Este desgaste se explica, en parte, por la hiperresponsabilización y la incoherencia que implica reconocerse como pieza de un sistema estructuralmente injusto. Ulrich Brand definía esta realidad como “modo de vida imperial”: una forma de vida propia del Norte Global, sostenida sobre la explotación de territorios y ecosistemas ajenos, presentada falsamente como universal pero profundamente insostenible e injusta, y reproducida transversalmente por amplias capas sociales.
Podríamos definir el antiimperialismo popular como una crítica a la expansión política, económica y cultural de potencias dominantes sobre otros territorios, otorgando protagonismo a las formas de oposición que surgen desde las clases populares (trabajadoras, campesinas, colectivo LGTBIQ+, personas racializadas, pueblos indígenas, etc.).
La esencia del concepto puede encontrarse en diferentes tradiciones que van desde el marxismo de Vladimir Lenin o Rosa Luxemburgo, el decolonialismo de Frantz Fanon o Ho Chi Minh, hasta movimientos contemporáneos como el zapatismo y los movimientos indígenas, feministas y ecologistas, principalmente en el Sur Global.
En este sentido, diversas voces reivindican un antiimperialismo popular capaz de superar el campismo y el reduccionismo geopolítico. Ashley Smith alerta contra la lectura de los conflictos únicamente como disputas interimperialistas y rechaza la idea de Washington como fuerza positiva global. Al mismo tiempo, Anticapitalistas sitúa en el centro el apoyo a Palestina, el antirracismo, los derechos de las personas migrantes y la oposición al militarismo, mientras que Catarsi Magazine defiende la autonomía política de las resistencias y el anticolonialismo como respuesta a la extrema derecha. Finalmente, Walaa Alqaisiya reivindica un feminismo palestino antiimperialista que articule género, clase y liberación colectiva frente al colonialismo y al pinkwashing israelí.
Por tanto, el antiimperialismo popular debe articular la confrontación con el orden geopolítico actual junto con una transformación de las formas de producción y reproducción, orientada a superar las dinámicas de acumulación, sosteniendo la vida y defendiendo a las clases populares. Esto implica disputar el control de los recursos estratégicos y rechazar que la crisis ecológica se resuelva mediante una nueva expansión extractiva sostenida sobre el saqueo territorial, la dependencia tecnológica y la subordinación del Sur Global. La reconfiguración industrial impulsada por los bloques occidentales —desde las cadenas de minerales críticos hasta la consolidación de una economía orientada al rearme— no representa una ruptura con el modelo anterior, sino su adaptación militarizada.
Esta confrontación también exige situar la movilidad humana y la reproducción social en el centro del análisis político. Las fronteras y los regímenes migratorios actúan como mecanismos que legitiman internamente el autoritarismo y la excepcionalidad permanente. En este contexto, las luchas feministas, antirracistas, campesinas, indígenas y migrantes no pueden entenderse como frentes complementarios, sino como espacios centrales de confrontación con un modelo que mercantiliza los territorios, erosiona las condiciones materiales de la vida y externaliza los costes sociales y ecológicos hacia los colectivos precarizados y vulnerabilizados.
Esto implica reconocer como parte de la lucha antiimperialista diversas formas de resistencia popular ya existentes, que operan en diferentes escalas pero responden a una misma lógica de confrontación con el expolio, el racismo y la militarización. En Estados Unidos, destacan las redes de vigilancia comunitaria y apoyo mutuo impulsadas por organizaciones de base que alertan y protegen a las comunidades migrantes frente a las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), así como el movimiento autoorganizado migrante y antirracista ¡Regularización Ya!, centrado en la regularización y la defensa de los derechos de las personas sin papeles en el Estado español.
En el ámbito de los recursos, encontramos las resistencias al extractivismo verde del pueblo sami frente a la expansión de proyectos mineros de tierras raras que amenazan sus territorios y formas de vida, y las luchas de las comunidades lickanantay en el desierto de Atacama contra la extracción de litio vinculada a grandes corporaciones transnacionales. En la misma línea, en Cataluña, la Revoltes de la Terra denuncia y confronta la presencia de la empresa minera sionista ICL en el Bages, señalando los impactos ecológicos y las violaciones de derechos humanos derivadas de su actividad. Finalmente, en Europa, se cuestiona la deriva de la industria alemana —con casos como Volkswagen— por su implicación en cadenas de producción vinculadas a sistemas militares como la “Cúpula de Acero”, que ejemplifica la creciente integración entre el sector automovilístico y el complejo militar-industrial israelí.
Al mismo tiempo, diversas experiencias recientes en territorios directamente impactados por el imperialismo insisten en la necesidad de una autonomía política popular frente a las injerencias imperiales y las élites locales. El Sindicato de Trabajadores de los Autobuses de Teherán rechazaba tanto a las potencias extranjeras como el retorno monárquico impuesto “desde arriba” como vías de liberación para las clases populares iraníes. En una línea similar, el Comité Nacional de Conflicto venezolano denunciaba tanto la disputa entre imperialismos como la deriva proimperialista del gobierno de Delcy Rodríguez. Desde Palestina, Queers in Palestine rechaza la instrumentalización colonial de las disidencias sexuales para justificar violencia imperialista y genocida, negando que los derechos LGTBIQ+ puedan utilizarse como criterio para deshumanizar a pueblos colonizados.
La buena noticia es que ya tenemos mucho trabajo hecho. Es importante que nuestros proyectos políticos no sean víctimas de un contexto lleno de excepcionalidades. Una de las tareas más importantes, en un presente discontinuo, es dar continuidad a nuestros horizontes políticos sin renunciar a un margen de maniobra suficiente para poder responder a los cambios del contexto.
Dentro de este margen de maniobra y en el marco de un antiimperialismo popular, es necesario articular un conjunto de propuestas que permitan responder a las diferentes dimensiones del embate imperial y a sus expresiones contemporáneas.
En primer lugar, el desarme debe plantearse como una condición material para reducir la capacidad de proyección de violencia de los bloques imperiales y de los Estados que los sostienen. Esto implica oponerse al atlantismo y al aumento de los presupuestos militares, a la expansión de la industria armamentística y de la industria dual —civil y militar—, y a la normalización de la guerra como instrumento político.
En segundo lugar, es necesario avanzar hacia una ruptura con la subordinación estructural a Estados Unidos, entendiéndolo como eje central del orden imperial contemporáneo. Esto supone cuestionar las dependencias metabólicas, económicas, militares y políticas, así como las alianzas que sostienen este orden, con el objetivo de abrir espacios de autonomía para proyectos populares.
En tercer lugar, es necesario desarrollar una práctica antirracista y decolonial que permita identificar y combatir las formas de dominación que sostienen el orden global actual. Esto implica analizar las bases materiales de la explotación colonial y neocolonial, desmontar las lógicas de acumulación capitalista y confrontar los discursos racistas y deshumanizadores que las legitiman.
Por último, es imprescindible responder al afán extractivo sobre los recursos naturales y territoriales, que estructura gran parte de las relaciones Norte-Sur y que se entrelaza con la emergencia climática y la crisis de la reproducción social. Esta respuesta implica defender la soberanía sobre los bienes comunes y oponerse a las lógicas de acumulación que destruyen ecosistemas y despojan a las comunidades, al tiempo que se sitúa en el centro la sostenibilidad de la vida. Esto supone reforzar las redes comunitarias, los servicios públicos y las condiciones materiales que hacen posible la vida cotidiana, disputando el sentido de lo que significa vivir dignamente fuera de las dinámicas de mercado, explotación y colapso ecológico.
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La llegada de empresas extractivas a diferentes territorios acarrea una profundización de la lógica patriarcal que estruja y usa los cuerpos de las mujeres. Hay despojos, pero también resistencias.
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“Sigo creyendo en la justicia para no rendirme”, cuenta Consuelo Piaguaje, hija de uno de los demandantes contra la petrolera por años de contaminación en la Amazonía. A pesar de una sentencia histórica contra la compañía transnacional, que aún no se ha ejecutado, el Gobierno ecuatoriano tiene que indemnizarla tras un arbitraje internacional.
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Los sistemas de valores y creencias sostienen un sistema agroalimentario que devasta cuerpos y territorios.
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Gustavo Duch
En años recientes, y más aún en los últimos meses, la aparición de muchos (y grandes) proyectos de instalación de parques eólicos y solares en el territorio está generando la aparición de muchas protestas e impugnaciones desde el mundo rural. La razón es simple: como en otras muchas ocasiones, estas comunidades sienten cómo se les imponen decisiones sin su participación cuando serán ellas las que sufrirán las afectaciones. Pero, ¿qué otros ángulos debemos incluir en este debate?
