El diputado de Juventud y Deportes, Dani Sancha, y la diputada de Atención Ciudadana, Ana Albaladejo, han recibido en el Palacio Provincial a Rafael Pérez Monzó y Germán Godoy Guitiérrez, dos chicos de Albacete que cursan su carrera universitaria en Valencia y que se han clasificado con su equipo entre los mejores de España para …
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La Sección de lo Mercantil del Tribunal de Instancia de Valencia ha dictado una resolución por la que se exonera un pasivo de 3.265.656,60 euros dentro de un procedimiento concursal tramitado en la capital valenciana. La decisión judicial supone dejar sin efecto una deuda millonaria mediante la aplicación del mecanismo legal de exoneración del pasivo …
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L’arquet és el programa setmanal d’Ecologistes en Acció, amb l’anàlisi ambiental de Raquel Ruiz.
18/02/2026 Raquel Ruíz i Josep Bort, molts anys gaudint de la passió ecologista
11/02/2026 Centres de Dades
04/02/2026 Nuclears i dia mundial de les zones humides
28/01/2026 Tratat UE-Mercosur.
21/01/2026 Pobresa energètica i persones sense llar
14/01/2026 Petjada de carboni
17/12/2025 Nadal ecològica i solidària.
10/12/2025 10 de desembre: Dia dels Drets Humans
03/12/2025 Acord UE-Mercosur
26/11/2025 Conclusions de la COP30 i Dia Sense Compra
19/11/2025 L’Òmnibus digital
12/11/2025 Cimera climàtica COP30
05/11/2025 Resistir per existir
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‘La Marea’ está dedicando una serie de reportajes a la gentrificación. Las entregas analizan, desde diferentes perspectivas, el proceso que sufre el distrito valenciano de la Saïdia como paradigma de lo que ocurre en muchos barrios de las grandes ciudades. Puedes leer los capítulos anteriores aquí.
—Tu trabajo genera mal karma, Carmen [nombre ficticio]. Te vas a lamentar en el futuro. Seguro.
La misión de Carmen consistía en convencer a los inquilinos de la Finca Groga [amarilla], muchos de ellos residentes con alquileres bajos de renta antigua, para que abandonaran el edificio a cambio de una indemnización antes de que empezaran las obras de reforma. La persona que le lanzó la advertencia fue Vicens, uno de esos vecinos. Vicens no se llama Vicens. O no exactamente. Tiene apellidos, claro, pero prefiere no decirlos. En su situación, la prudencia es una virtud necesaria: es uno de los últimos arrendatarios de este inmueble del distrito de la Saïdia de València que aún resiste. La mayoría no pudo aguantar mucho la presión.
La Finca Groga, un bloque de viviendas situado en la calle Actor Mora, 15, es lo que, en cierto argot inmobiliario, se conoce como un «edificio con bichos». Los «bichos», en este caso, son personas como Vicens, recién cumplidos los 68 años, o su hermano José Luis, que va por los 77. Y Pedro, que ha superado con amplitud la barrera de los 90. Los tres pagan un alquiler de renta antigua. Poco beneficio para una zona en la que es casi imposible conseguir un arrendamiento por menos de mil euros al mes. En el cuarto piso habitado reside Hermes con su familia. Cuatro inmuebles ocupados de los veinte con los que cuenta el edificio. Ahora, porque en 2022 la mayoría estaban alquilados. Ese año se vendió la finca. Y entonces comenzó el trabajo de Carmen.
—No hay problema. Tú te quedas, pero, cuando empecemos con la reforma, no vais a poder aguantar: habrá que tirar paredes, poner el ascensor… Al final, vais a salir.
Al exvecino de la puerta siete de la Finca Groga, que tiene 66 años, aún le tiembla la voz cuando rememora las conversaciones que mantuvo en esos primeros meses de 2022 con las personas que, como Carmen o cualquiera de sus compañeros, intentaban convencerlo para que dejara su piso. Prefiere que su nombre no se haga público. «No me quiero disgustar más», alega. Recuerda que estaba llorando todo el día, que «la presión psicológica» fue «criminal», aunque, admite, nunca llegaron a amenazarlo. Había nacido en ese edificio en una época en la que las mujeres parían en casa. Le quedaban tres años para jubilarse y, con sus ingresos (una ayuda de 420 euros), no podía permitirse pagar mucho más de la renta antigua de 80 euros que tenía entonces. No quería irse, dejar su hogar, su barrio, su gente, pero no tuvo más remedio: «Si me quedo, me da un infarto». Aguantó unos meses hasta que, a finales de abril de 2022, se dio por vencido, aceptó la compensación que le ofrecían y se marchó.
Vicens todavía resiste, a pesar de que el ruido de las obras para reformar las 16 viviendas no habitadas, que empezaron finalmente en diciembre, le hace la vida imposible.
El Catastro data el edificio de Actor Mora, 15 en 1940, aunque las personas que han vivido allí toda su vida aseguran que ya estaba habitado en 1933. Su destino sigue un patrón que, con variantes, se ha repetido hasta la saciedad: el dueño de una finca antigua que mantiene contratos de arrendamiento de larga duración –en muchas ocasiones, de renta antigua– vende la propiedad a una empresa que busca maximizar beneficios y cuyo primer objetivo es liquidar los contratos de alquiler a cambio de una indemnización.
En el caso de la Finca Groga, la familia que la gestionaba decidió venderla en 2022 a Segundo Ovre, una sociedad constituida en enero de ese año con un capital social de 3.000 euros. A partir de entonces, comenzaron las presiones para conseguir la marcha de los arrendatarios, según la denuncia de los vecinos. Vicens cuenta que a finales de ese año solo quedaban cinco. En junio de 2024, Segundo Ovre vendió el edificio a tres empresas –Matas Aremuns, Naves y Tochos y Explotaciones Catel–, que empezaron las obras de reforma con una declaración responsable tramitada a través de una entidad colaboradora urbanística de la Generalitat Valenciana (ECUV). «Todo es legal», remarca una portavoz de la propiedad, que descarta que el edificio se destine a un hotel.
Belén Calahorro Lizondo (53 años) vive en Actor Mora, 13. No tiene que andar mucho para descubrir las cicatrices que han dejado en la trama urbana los conflictos por los que han pasado edificios como la Finca Groga. En su misma manzana, en la esquina de la calle Pepita con Ruaya, el inmueble de tres plantas ya no existe. En el solar, se está levantando un apartahotel. Unos metros más allá, la vida ha desaparecido de la finca de 1940 de la calle Ruaya, 44. Una malla cubre parcialmente la fachada para evitar daños de posibles desprendimientos. En uno de los bajos del número 16 de la calle Orihuela, tenía su carpintería Miguel Rodilla. En la puerta, todavía se puede leer su teléfono con un texto en el que ofrece sus servicios.
—Ya no acepto encargos.
Miguel se muestra desconfiado al otro lado del aparato, pero acepta contar su historia. Tiene 75 años. Relata que el edificio era de unas hermanas que lo habían heredado de un tío que no tenía hijos. El inmueble requería una fuerte inversión para hacer frente a las necesarias reformas, así que decidieron venderlo. «Antes, tenían que sacarnos», apunta. Y los sacaron. En esos momentos, solo quedaban él y otro hombre que se dedicaba a la restauración de cuadros y a la pintura en el primer piso, aunque ninguno de los dos tenía su vivienda allí. Fue entonces cuando Miguel descubrió –«fue una sorpresa»– que su contrato de renta antigua incluía una cláusula que le daba al arrendador la potestad de cancelarlo en cualquier momento. «Nos dieron el tiempo justo para irnos, cinco o seis meses, y una pequeña indemnización», continúa. Eso sería en 2022 o 2023, no recuerda bien. Ahora la finca está en obras. Solo se conservará la fachada. Su interior ya no tendrá espacio para talleres de carpintería o de pintura, sino que será ocupado por 13 apartamentos para estudiantes.
A poco más de 200 metros, el edificio de Visitación, 11, situado enfrente del colegio de las trinitarias, luce majestuoso en el chaflán con Lleida después de haber sido sometido a una reforma integral, antes de la cual fueron desalojados sus vecinos de toda la vida. Ahora está dedicado al alquiler de temporada (estancias de más de diez días para las que no se necesita ningún tipo de licencia turística). Un apartamento de 96 m2, por ejemplo, se ofrece por 3.769 euros para 11 noches.
Vicens intuye un destino similar para la Finca Groga. No es muy ducho en matemáticas, dice, pero sabe contar, y calcula que, después de la inversión en la reforma del edificio, los propietarios tendrán que poner alquileres muy altos, inasequibles para un trabajador. Y entonces empieza a hablar de especulación, de sus líneas rojas, porque cree en el karma, y que esas líneas le impiden hacer daño a las personas y ganar dinero fácil. Y continúa con su discurso, pero sus palabras quedan ahogadas por el ruido del pico percutor y por la gruesa capa de polvo que provocan las obras que se desarrollan justo encima de su casa.
La reforma del número 21 de la avenida Constitución acabó hace unos años. Cada vez que Belén pasa por delante del edificio, situado a menos de 400 metros de su domicilio, experimenta una sensación extraña: allí vivía con sus padres. Belén echa mano del archivo familiar. El primer contrato de alquiler lo firmó su abuelo, Pedro Lizondo, el 13 de noviembre de 1961. Cuando su madre se vio forzada a dejar la vivienda, en marzo de 2021, no entendía por qué tenía que abandonar su casa en la que, decía, tenía que morir; por qué la propiedad no reparaba los desconchados y las humedades y el agujero en el tejado; por qué los vecinos habían desaparecido, también la señora Amparo, la del último piso, y ya no podían hacer turnos para limpiar la escalera; por qué llevaba más de un año siendo la única residente del edificio y ya solo podía saludar a Mirtha, la mujer que regentaba el negocio de la planta baja.
Mirtha Pardo (48 años) era la arrendataria del bajo izquierda del número 21 de la avenida Constitución, donde tenía su restaurante: El Pollo Salsero. En julio de 2013 firmó un contrato de alquiler para diez años, que se resolvió en julio de 2021, tras llegar a un acuerdo con la empresa propietaria del edificio. ¿Acuerdo? «Nos obligaron a irnos», aclara Mirtha, que cuenta que la sociedad dejó de hacerse cargo de las reparaciones. La empresa quería reformar el edificio y le dijeron que tenía que salir. Cuenta que le ofrecieron 6.000 euros y ella les dijo que no, que adónde iba con ese dinero después de toda la inversión que había hecho en el local. «O 6.000 euros o nada», le dijo Carlos [nombre ficticio], su interlocutor. Y ella que nada. Y entonces, continúa Mirtha, bloquearon la entrada del negocio con los andamios. Y empezaron las obras. Y entraba polvo. Y Mirtha claudicó:
—Me voy.
—Vale, pero te doy 3.000 euros. Es lo que hay.
Mirtha no le dijo nada a Carlos sobre el karma. Lo más seguro es que no hubiera funcionado, pero quién sabe. Fue la última que abandonó el edificio, después de la madre de Belén, que rescindió su contrato de alquiler de renta antigua a cambio de 20.000 euros. Belén echa cuentas y no le salen. Ya llevan gastado el doble en el alquiler del piso que consiguieron por la zona, y eso que es un precio (650 euros al mes) muy por debajo del de mercado, porque era de una amiga. El problema lo tienen ahora: ya les han dicho que en agosto deben dejarlo porque los herederos quieren venderlo. Mirtha pudo mantener el negocio porque, antes de renunciar a su local en el número 21, consiguió otro en la misma avenida, a tan solo unos metros de distancia.
En València no existe el acoso inmobiliario, al menos si se toma como referencia la respuesta de la Administración autonómica a las nueve denuncias que la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha presentado en la ciudad desde que el Consell de la Generalitat Valenciana aprobara, en febrero de 2023, durante los últimos meses del Gobierno progresista del Botánico, el Decreto Ley 3/2023 para evitar abusos en el ámbito inmobiliario.
La llegada al poder del PP tras las elecciones de mayo de ese año dejó la norma en papel mojado, critica la PAH, que no ha obtenido ningún resultado de sus denuncias. «Si ese real decreto continúa en vigor es porque ni se han dado cuenta de que existe», dice, con sorna, una arquitecta con experiencia en la Administración, consciente de que el Consell del PP ha derogado o modificado la práctica totalidad de la legislación sobre vivienda del Gobierno anterior.
Ni la antigua casa de Belén ni la planta baja de Mirtha existen ya. Mejor dicho: existen, pero transmutadas. Las dos viviendas por planta han sido sustituidas por un apartamento con zonas comunes y cinco estudios individuales con baño y minicocina. El inmueble está ocupado ahora por estudiantes que tienen un alquiler de temporada por el que pagan alrededor de 800 euros al mes. Cuando Belén entra en el edificio, por primera vez desde que tuvo que abandonarlo su madre, lo que más le sorprende es lo nuevo que está todo y que la enorme escalera ha desaparecido para dejar espacio al ascensor. Sube al tercer piso y llama al timbre. Abre la puerta Héctor Elizondo, un mexicano de 25 años que estudia segundo año de Animación en la Universal Arts School, que tiene su sede en la calle Lleida, a escasos metros de donde se encuentran. Escucha con atención el relato de Belén sobre su historia familiar y los problemas de gentrificación que sufre el barrio. Ambos bromean sobre el parecido de sus apellidos que, en cierta manera, crea una continuidad entre el pasado y el presente del edificio.
Los estudios de Constitución, 21 los comercializa Valenvi Flats, marca de la empresa Valenvi Solutions, la misma que promueve las obras en Orihuela, 16. Belén se pregunta por qué su madre no puede ocupar uno de esos estudios y recuerda la soledad con la que tuvo que afrontar la pérdida de su casa y lo bien que le hubiera venido contar con una red de apoyo. Por eso, consciente de la importancia de crear comunidad, se ha sumado a las movilizaciones que organiza la Saïdia Comuna para solidarizarse con los vecinos que resisten en la Finca Groga, como Vicens, que no piensa dejar de denunciar las obras en el edificio, que, remarca, son incompatibles con las condiciones de habitabilidad de los residentes.
Vicens nunca volvió a ver a Carmen en la Finca Groga. Cosas del karma. Quizás.
La Marea ha contactado con Valenvi Flats, sin éxito, para recabar su versión. Este medio no ha encontrado ninguna vía para comunicarse con Segundo Ovre.
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Artículo original publicado en ethic.es por Fernando Valladares
«El decrecimiento económico es una oportunidad única y brillante no solo para evitar los escenarios más distópicos en lo social, en lo ambiental y en lo económico, sino para poner la vida en el centro de las decisiones urgentes que debemos ir tomando», afirma Fernando Valladares, profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).
A una sociedad habituada a considerar el crecimiento en todos los ámbitos y especialmente en el económico como una señal de éxito, se le puede atragantar una apremiante pieza de actualidad: en un planeta finito en el que la humanidad ha rebasado 7 de los 9 límites físicos para su propia seguridad, el decrecimiento en la producción y el consumo es de las pocas cosas de las que podemos estar seguros que van a ocurrir. Nos guste o no, tengamos las opiniones e informaciones que tengamos, el decrecimiento, especialmente en el Norte Global, es solo cuestión de tiempo. Nuestra inteligencia ahora se puede poner al servicio de mantener la ilusión del crecimiento perpetuo o bien al servicio de garantizar el bienestar humano en convivencia con otros seres vivos y en armonía con las leyes de la física y de la química.
En el artículo «La falsa promesa del decrecimiento», Manuel Alejandro Hidalgo defiende que el crecimiento económico es la herramienta más eficaz para el progreso humano, citando la manida reducción de la pobreza extrema del 35% al 8,5% en las últimas décadas. Sin embargo, su propuesta colisiona, ni más ni menos, con los límites planetarios, es decir, con las condiciones físicas, químicas y biológicas para que el ser humano tenga cabida en el planeta. Tanto Hidalgo como un gran número de economistas convencionales afirman que la solución al dilema del crecimiento perpetuo es el «desacoplamiento absoluto», donde la economía crece mientras el consumo de recursos, la contaminación y las emisiones de gases de efecto invernadero disminuyen.
Aunque varios países desarrollados han logrado reducir un poco sus emisiones de CO2 mientras sus economías crecen, no lo hacen al ritmo suficiente para mantenerse dentro de los márgenes de seguridad climática. En la mayoría de países y regiones, y durante amplios periodos de tiempo, los crecimientos económicos se acompañan indefectiblemente de un incremento en impactos y emisiones. Algo que la eficiencia y la tecnología, que el crecimiento verde y la circularización de la economía (recordemos que la economía circular no existe) solo logran amortiguar en parte. De hecho, cada vez más científicos de ámbitos tan dispares como la física, las matemáticas, las ingenierías, la filosofía, la antropología, la economía y la sociología cuestionan la posibilidad real de desacoplar del crecimiento económico no solo las emisiones, sino también el uso de materiales, biomasa y agua, al ritmo necesario para no seguir adentrándonos en zona insegura habiendo rebasado ya la mayoría de los límites planetarios.
La humanidad ha rebasado 7 de los 9 límites físicos para su propia seguridad
Es habitual argumentar, como hace Hidalgo, que imponer el decrecimiento es una forma de imponer «colonialismo» y «austeridad ecológica», algo que negaría a los países en desarrollo el acceso a necesidades básicas como el agua potable, la salud y la educación. El error de este argumento radica en entender el decrecimiento como una propuesta que afectaría por igual a todos, cuando las teorías de decrecimiento proponen una reducción planificada para las economías ricas, de forma que se liberara espacio ecológico para el Sur Global. Plantear una distribución equitativa de los recursos parecería ignorar las dificultades de implementación de algo así, dificultades que chocan con los intereses del sector privado y que derivarían en grandes tensiones sociales. Pero, en realidad, al plantear esta equitatividad se pone en evidencia que la continuación del modelo de crecimiento económico actual en naciones opulentas acelera el agotamiento de recursos de los que dependen tanto los países más vulnerables, con lo que las tensiones irían en aumento, como los más ricos, con lo que se aceleraría el colapso de las actividades económicas más atractivas y rentables y del propio sistema capitalista convencional que las impulsa y de las que depende.
Es interesante constatar que el colapso del capitalismo no es una amenaza futura. Ni una leyenda propia de los antisistema. Es una realidad constatada ya, y con gran preocupación, por las principales entidades aseguradores: ante los impactos del cambio climático, el sistema actual de seguros se hace financieramente inviable. Sin el sector seguros, podemos olvidarnos de préstamos e inversiones, la base de nuestro modelo económico. Esta inviabilidad financiera real y presente ya en el mundo bajo el nuevo clima en el que vivimos, con la fractura fundamental del capitalismo que implica, la confesaron los consejeros delegados (CEO) de las compañías aseguradoras más grandes del mundo en una amplia entrevista del periódico The Guardian, publicada el 3 de abril de 2025. Esta entrevista se publicó tan solo dos meses después del escándalo de la cancelación de 90.000 pólizas de seguros del hogar poco antes de los catastróficos incendios de California en enero de 2025. Una cancelación que dejó sin nada a miles de familias y que planteó la necesidad de un debate nacional e internacional sobre la insolvencia del sistema de seguros ante el nuevo clima.
Mientras que ante la implacable realidad ambiental y geopolítica, el capitalismo avanza en lo que viene a llamarse «necroeconomía» (conjunto de prácticas económicas y políticas que generan rentabilidad a partir del dolor, la desgracia, la injusticia o la muerte, incluyendo la manipulación de datos económicos y la mentira política, y que se apoyan en herramientas como los cat bonds o bonos catástrofe), el decrecimiento plantea una alternativa luminosa, aunque difícil de implementar por las inercias y los conflictos de interés.
El capitalismo actual necesita de la escasez, haciendo de ella algo intrínseco
Inquieta a muchos que hacer hincapié en el decrecimiento institucionalizaría la escasez, alimentando movimientos populistas y regímenes autoritarios. Para la economía convencional, el crecimiento es la única forma de evitar el conflicto social al no tener que repartir la riqueza económica global. En primer lugar, esta riqueza global se apoya en la ficción del dinero como préstamo con interés y no basado en riqueza real. Algo que impulsa la degradación ambiental por sí mismo y que constantemente empuja ciclos de profunda inflación y crisis económica. En segundo lugar, esta riqueza está cada día más amenazada por la sobreexplotación, la contaminación y el cambio climático. Por lo tanto, el conflicto que se busca evitar es inevitable, especialmente a medida que nos acercamos a un colapso de los sistemas naturales. De hecho, el conflicto, bajo el modelo extractivista actual, tiende a crecer y las perspectivas son aciagas. Basta con leer el informe anual del Foro Económico Mundial sobre las amenazas a la economía.
El riesgo en la gestión de la contracción económica ha sido muy estudiado y siempre se han desarrollado soluciones concretas para resolverlo coyuntural y no estructuralmente. Pero además de esta dificultad práctica para resolver esas contracciones «que acontecen», dentro del sistema económico imperante se ignoran o minimizan los riesgos de inestabilidad social y también económica derivados de unas crisis ambientales que son cada vez más extremas. El decrecimiento económico no solo no trae escasez, sino que es un modelo diseñado para reducirla. Por el contrario, el capitalismo actual necesita de la escasez haciendo de ella algo intrínseco. Los 12 millones de personas que mueren de hambre son necesarios para el funcionamiento de un sistema alimentario global basado en este modelo, no son una disfunción del mismo, como nos gustaría (y tranquilizaría) a todos creer. El decrecimiento económico promueve la abundancia radical, ya que abre la oportunidad para que abunden convenios, seguros y garantías que permitan consolidar los derechos humanos en cada vez más regiones del planeta. Mientras el capitalismo requiere de la incertidumbre, la desconfianza, la inseguridad, el individualismo, el unilateralismo, la competencia y el conflicto, el decrecimiento económico propone un marco para reducir todo esto en aras de la solidaridad, la confianza y la colaboración.
También inquieta mucho que el decrecimiento pueda desincentivar la innovación y la inversión en I+D al contraer los mercados. Esta inquietud se apoya en la idea de que la innovación solo puede prosperar en un entorno de expansión de mercado. Esta inquietud se desvanece cuando la innovación se reorienta y, en lugar de trabajar en la eficiencia para producir más (lo que a menudo lleva al efecto rebote o paradoja de Jevons), se enfoca en la suficiencia y la regeneración. Este enfoque fortalece la creación de empleo y permite crecer en numerosos ejes sociales que no tienen huella ecológica.
La propuesta de un crecimiento inteligente y sostenible suena bien, pero depende enteramente de la fe en la tecnología para resolver la contradicción entre un sistema económico infinito y un planeta con límites físicos finitos. Se trata de una contradicción que nadie termina de resolver sin recurrir a la promesa, aquí si que hablamos de promesa, de un desacoplamiento total. El artículo de Hidalgo se apoya en la visión tradicional de que el crecimiento es la única vía para el progreso, pero la literatura científica actual sugiere justo lo contrario.
El análisis histórico y la simulación matemática de distintos escenarios socioeconómicos revela que el capitalismo perpetúa la desigualdad imperial, juega «sucio» con la ciencia de las emisiones al confiar en tecnologías no probadas y subestima el deseo de la población de transitar hacia un sistema que priorice el bienestar de la sociedad sobre la riqueza de las élites, y la integridad del ecosistema sobre el PIB. Cuando se habla de falta de aceptación del modelo de decrecimiento económico no se tiene en cuenta la realidad que muestran las encuestas: aunque el nombre no despierta apoyo, cuando el decrecimiento se presenta como una propuesta completa (sin ceñirse a la etiqueta), el 72% de la población en países consumistas como Estados Unidos y el 82% en países europeos como el Reino Unido la apoyan. Existe la tendencia a equiparar el decrecimiento con una recesión prolongada o una crisis económica no planificada. Mientras que una recesión en el capitalismo es desastrosa y genera desempleo, el decrecimiento se propone como una transformación democrática y planificada para mejorar el bienestar reduciendo solo la producción no esencial.
El rechazo inicial a la palabra decrecimiento parece basarse en prejuicios y en impresiones superficiales, como la del miedo a perder el empleo o a que disminuyan los ingresos. Una vez que la población comprende los principios de bienestar y servicios públicos universales asociados al decrecimiento, así como la sostenibilidad a largo plazo del modelo frente a la inestabilidad creciente del capitalismo, el apoyo se mantiene alto, lo que sugiere que la propuesta decrecentista tiene potencial para ser adoptada democráticamente.
El decrecimiento económico no promete, propone. El aval histórico del economista y matemático Nicholas Georgescu-Roegen y el filósofo francés Serge Latouche, al que se han ido uniendo otros como los filósofos Kohei Saito y Jorge Riechmann, los economistas Joan Martínez Alier y José Manuel Naredo, el ingeniero Miguel Valencia y numerosos científicos de la talla de Jason Hickel, Giorgos Kallis, Tim Jackson, Peter A. Victor, Kate Raworth, Juliet Schor, Julia K. Steinberger, Diana Ürge-Vorsatz o el mismísimo Johan Rockstrom, principal impulsor del concepto y la cuantificación de los límites planetarios, hace que el decrecimiento económico, llamémoslo como lo llamemos, es una oportunidad única y brillante no solo para evitar los escenarios más distópicos en lo social, en lo ambiental y en lo económico, sino para poner la vida en el centro de las decisiones urgentes que debemos ir tomando.
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L’organització presenta al·legacions al projecte d’FCC i critica que no es tenen en compte els riscos geotècnics, ambientals i contaminants que suposen, a més, possibles incompliments legals a nivell estatal i europeu.
Ecologistes en Acció del País Valencià ha presentat al·legacions a la modificació substancial de l’Autorització Ambiental Integrada (AAI) sol·licitada per fCC Medi Ambient S.A. per a ampliar l’abocador de residus no perillosos situat en el paratge de les Canyades, al Campello (Alacant).
El projecte preveu construir un nou got d’abocament que ocuparia prop de 71.000 metres quadrats addicionals, la qual cosa elevaria la capacitat total de l’abocador a més de cinc milions de metres cúbics i permetria prolongar la seua explotació fins aproximadament 2045.
No és la primera vegada que els ecologistes es posicionen contra aquest projecte, motiu pel qual van tenir l’accés a justícia gratuïta al contenciós presentat en 2025.
L’organització ecologista considera que la documentació presentada conté greus errors i irregularitats. Entre elles, denúncia que l’Estudi d’Impacte Ambiental presentat en l’expedient és pràcticament idèntic a l’elaborat en 2021 per a un projecte diferent, amb plans i dades que no es corresponen amb l’ampliació ara plantejada.
Planta TMB de El Campello
Les al·legacions també alerten de riscos geotècnics i ambientals associats al projecte. Segons Ecologistes en Acció, el nou got se situaria en un terreny amb forts pendents i materials geològics permeables, la qual cosa podria comprometre l’estabilitat de l’abocador i augmentar el risc de filtracions i contaminació de les aigües subterrànies.
A més, l’organització denuncia que la bassa de lixiviats existent tindria una capacitat insuficient per a gestionar episodis de pluges intenses, cada vegada més freqüents en el litoral mediterrani, la qual cosa podria provocar abocaments contaminants.
Un altre aspecte criticat és que el projecte planteja retardar la captació i tractament del biogàs fins al tancament de l’abocador, l’ampliació del qual implicaria mantindre durant 18 anys un volum anual d’abocament molt elevat. Tot això, podria incomplir la normativa estatal que obliga a controlar les emissions durant la fase d’explotació, així com normatives europea i estatal que obliga a reduir el depòsit de residus en abocador fins a situar-lo per davall del 10% en 2035.
Ecologistes en Acció també qüestiona la legalitat de l’ampliació, al no estar contemplada en els plans de gestió de residus vigents, i denúncia l’absència de documentació obligatòria, com el certificat de compatibilitat urbanística municipal o estudis actualitzats sobre l’impacte de les olors. De fet, la instal·lació ja ha generat nombroses queixes per olors entre els veïns d’urbanitzacions pròximes i del municipi d’Aigües.
Davant aquesta situació, Ecologistes en Acció sol·licita a la Generalitat Valenciana que denegue l’ampliació de l’abocador i revise l’expedient per a garantir el compliment de la normativa ambiental i la protecció de l’entorn i de la salut de la població.
Alegaciones vertedero El Campello
Saltar al contenido del PDFLa entrada Ecologistes en Acció se situa en contra de l’ampliació de l’abocador de les Canyades al Campello aparece primero en Ecologistas en Acción.
La organización presenta alegaciones al proyecto de FCC y critica que no se tienen en cuenta los riesgos geotécnicos, ambientales y contaminantes que suponen, además, posibles incumplimientos legales a nivel estatal y europeo.
Ecologistes en Acció del País Valencià ha presentado alegaciones a la modificación sustancial de la Autorización Ambiental Integrada (AAI) solicitada por FCC Medio Ambiente S.A. para ampliar el vertedero de residuos no peligrosos situado en el paraje de Les Canyades, en El Campello (Alicante).
El proyecto prevé construir un nuevo vaso de vertido que ocuparía cerca de 71.000 metros cuadrados adicionales, lo que elevaría la capacidad total del vertedero a más de cinco millones de metros cúbicos y permitiría prolongar su explotación hasta aproximadamente 2045.
No es la primera vez que los ecologistas se posicionan contra este proyecto, motivo por el cual tuvieron acceso a justicia gratuita por el contencioso presentado en 2025.
La organización ecologista considera que la documentación presentada contiene graves errores e irregularidades. Entre ellas, denuncia que el Estudio de Impacto Ambiental presentado en el expediente es prácticamente idéntico al elaborado en 2021 para un proyecto diferente, con planos y datos que no se corresponden con la ampliación ahora planteada.
Planta TMB de El Campello
Las alegaciones también alertan de riesgos geotécnicos y ambientales asociados al proyecto. Según Ecologistes en Acció, el nuevo vaso se ubicaría en un terreno con fuertes pendientes y materiales geológicos permeables, lo que podría comprometer la estabilidad del vertedero y aumentar el riesgo de filtraciones y contaminación de las aguas subterráneas.
Además, la organización denuncia que la balsa de lixiviados existente tendría una capacidad insuficiente para gestionar episodios de lluvias intensas, cada vez más frecuentes en el litoral mediterráneo, lo que podría provocar vertidos contaminantes.
Otro aspecto criticado es que el proyecto plantea retrasar la captación y tratamiento del biogás hasta el cierre del vertedero, cuya ampliación implicaría mantener durante 18 años un volumen anual de vertido muy elevado. Todo ello, podría incumplir la normativa estatal que obliga a controlar las emisiones durante la fase de explotación, así como normativas europea y estatal que obliga a reducir el depósito de residuos en vertedero hasta situarlo por debajo del 10% en 2035.
Ecologistes en Acció también cuestiona la legalidad de la ampliación, al no estar contemplada en los planes de gestión de residuos vigentes, y denuncia la ausencia de documentación obligatoria, como el certificado de compatibilidad urbanística municipal o estudios actualizados sobre el impacto de los olores. De hecho, la instalación ya ha generado numerosas quejas por olores entre los vecinos de urbanizaciones cercanas y del municipio de Aigües.
Ante esta situación, Ecologistes en Acció solicita a la Generalitat Valenciana que deniegue la ampliación del vertedero y revise el expediente para garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental y la protección del entorno y de la salud de la población.
Alegaciones vertedero El Campello
Saltar al contenido del PDFLa entrada Ecologistes en Acció se sitúa en contra de la ampliación del vertedero de Les Canyades en El Campello aparece primero en Ecologistas en Acción.
Ecologistes en Acció del País Valencià ha presentat una denúncia davant la Comissió Europea per considerar que s’està aplicant reiteradament i incorrecta la normativa sobre els espais de la Xarxa Natura 2000.
En concret, sobre el Parc Natural del Prat de Cabanes-Torreblanca, espai protegit i lloc d’Interés Comunitari (LIC) i Zona d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA), inventariada en els catàlegs nacional y autonòmic i està inclosa en el tractat internacional de Ramsar. És, per tant, la més important zona humida de la província de Castelló.
D’un temps ençà, el Parc Natural està sent víctima de nombroses agressions mediambientals dels diversos agents implicats en l’espai protegit: la Generalitat Valenciana, l’Ajuntament de Torreblanca, el Servei Provincial de Costes (MITECO), la Diputació de Castelló, o entitats privades com Fundació Global Nature.
No obstant això, és la Generalitat Valenciana l’entitat que té les competències de la gestió mediambient al Prat de Cabanes-Torreblanca i és, per tant, la que permet les seues actuacions sense posar els mecanismes de les que disposa per a impedir-ne futures. A més de tampoc exercir controls ni promoure l’aplicació de la normativa per a millorar i protegir els valors ambientals de l’espai Natura 2000.
A continuació, es detallen algunes de les agressions al Prat de Cabanes-Torreblanca a través de projectes provinents des de les diverses administracions implicades.
Des de l’Ajuntament de Torreblanca es proposen projectes com, per exemple, obrir una nova connexió a la mar que posaria en risc el nivell hídric, realitzar cremes de vegetació per a obtindre pastures, ampliar l’estació depuradora d’aigües residuals annexa al Parc, la pastura de vaques en terrenys on crien espècies protegides, etc.
Paral·lelament, l’Ajuntament fa una gran tasca de greenwashing a través de la Fundació Global Nature. Mentre realitza actuacions contra el Parc Natural, obté fons europeus per a accions no directament relacionades amb les espècies i hàbitats prioritaris de l’espai Natura 2000, sense oferir detalls concrets sobre les actuacions realitzades ni sobre els resultats obtinguts.
A més a més, un regidor que forma part del govern municipal ha sigut contractat per la pròpia Fundació Global Nature en un clar cas d’incompatibilitat.
Per part del Departament de Costes (MITECO), s’impedeix la limitació temporal de pas de persones sobre nius d’aus protegides o s’inhibeix en la recollida de residus marins, així com tampoc es fa pràcticament res sobre el passeig de gossos per zones especialment sensibles.
En referència a la Diputació de Castelló, es fan fumigacions contra els mosquits amb helicòpter i a tan sols 2 metres sobre els nius d’espècies protegides —a les zones humides protegides d’Alacant es fa amb drons—.
Finalment, la Generalitat Valenciana, la qual autoritza la caça d’aus aquàtiques sense zones útils de reserva per a eixes espècies o no gestiona de manera correcta el maneig d’espècies protegides.
Des d’Ecologistes en Acció del País Valencià manifestem que les irregularitats mediambientals que s’estan produint de manera continuada i deliberada en el Parc Natural del Prat de Cabanes-Torreblanca són inadmissibles. És per això que hem sol·licitat la investigació per mala gestió mitjançant una denúncia davant la Comissió de la Unió Europea.
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Ecologistes en Acció del País Valencià ha presentado una denuncia ante la Comisión Europea por considerar que se está aplicando reiterada e incorrectamente la normativa sobre los espacios de la Red Natura 2000.
En concreto, sobre el Parque Natural del Prat de Cabanes-Torreblanca, espacio protegido y lugar de Interés Comunitario (LIC) y Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), inventariada en los catálogos nacional y autonómico y está incluida en el tratado internacional de Ramsar. Es, por lo tanto, la más importante zona húmeda de la provincia de Castelló.
De un tiempo a esta parte, el Parque Natural está siendo víctima de numerosas agresiones medioambientales de los varios agentes implicados en el espacio protegido: la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de Torreblanca, el Servicio Provincial de Costas (MITECO), la Diputación de Castelló, o entidades privadas como Fundación Global Nature.
Sin embargo, es la Generalitat Valenciana la entidad que tiene las competencias de la gestión medioambiental al Prat de Cabanes-Torreblanca y es, por lo tanto, la que permite sus actuaciones sin poner los mecanismos de las que dispone para impedir futuras. Además de tampoco ejercer controles ni promover la aplicación de la normativa para mejorar y proteger los valores ambientales del espacio Natura 2000.
A continuación, se detallan algunas de las agresiones al Prat de Cabanes-Torreblanca a través de proyectos provenientes desde las diversas administraciones implicadas.
Desde el Ayuntamiento de Torreblanca se proponen proyectos como, por ejemplo, abrir una nueva conexión al mar que pondría en riesgo el nivel hídrico, realizar quemas de vegetación para obtener pastos, ampliar la estación depuradora de aguas residuales anexa al Parque, el pasto de vacas en terrenos donde crían especies protegidas, etc.
Paralelamente, el Ayuntamiento hace una gran tarea de greenwashing a través de la Fundación Global Nature. Mientras realiza actuaciones contra el Parque Natural, obtiene fondos europeos para acciones no directamente relacionadas con las especies y hábitats prioritarios del espacio Natura 2000, sin ofrecer detalles concretos sobre las actuaciones realizadas ni sobre los resultados obtenidos.
Además, un regidor que forma parte del gobierno municipal ha sido contratado por la propia Fundación Global Nature en un claro caso de incompatibilidad.
Por parte del Departamento de Costas (MITECO), se impide la limitación temporal de personas sobre nidos de aves protegidas o se inhibe en la recogida de residuos marinos, así como tampoco se hace prácticamente nada sobre el paseo de perros por zonas especialmente sensibles.
En referencia a la Diputación de Castelló, se hacen fumigaciones contra los mosquitos con helicóptero y a tan solo 2 metros sobre los nidos de especies protegidas —a las zonas húmedas protegidas de Alicante se hace con drones—.
Finalmente, la Generalitat Valenciana, la cual autoriza la caza de aves acuáticas sin zonas útiles de reserva para esas especies o no gestiona de manera correcta el manejo de especies protegidas.
Desde Ecologistes en Acció del País Valencià manifestamos que las irregularidades medioambientales que se están produciendo de manera continuada y deliberada en el Parque Natural del Prat de Cabanes-Torreblanca son inadmisibles. Es por eso que hemos solicitado la investigación por mala gestión mediante una denuncia ante la Comisión de la Unión Europea.
<a href=”https://www.ecologistasenaccion.org/wp-content/uploads/2026/03/eapv_denuncia_pratcabanes_UE_web.pdf”>Denuncia Prat de Cabanes</a>
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Ecologistes en Acció de València ha presentado formalmente ante el Ayuntamiento de València una reclamación previa por inactividad administrativa ante la falta de aprobación y puesta en marcha de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) y la correspondiente adaptación del Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), incumpliendo las obligaciones legales vigentes.
La entidad ecologista fundamenta su reclamación en el artículo 100 de la Ley 2/2011, de Economía Sostenible, que establece como objetivos de la política de movilidad sostenible la mejora del medio ambiente urbano, la salud y la seguridad ciudadana, la reducción del consumo energético y el fomento de medios de transporte de menor impacto ambiental.
Asimismo, recuerda que el artículo 14 de la Ley 7/2021, de cambio climático y transición energética obliga a los municipios de más de 50.000 habitantes a adoptar antes de 2023 planes de movilidad urbana sostenible que incluyan el establecimiento de Zonas de Bajas Emisiones. Esta obligación ha sido desarrollada posteriormente por el Real Decreto 1052/2022, que regula los requisitos mínimos que deben cumplir estas zonas.
Rechazo plenario y bloqueo institucional
Ecologistes en Acció señala que, tras las consultas realizadas, no consta que el Ayuntamiento haya cumplido con dichas obligaciones legales.
En el Pleno ordinario del 28 de octubre de 2025 se debatieron con carácter urgente dos puntos relativos a la ZBE:
Ambas propuestas fueron rechazadas. Posteriormente, en el Pleno extraordinario de 1 de diciembre de 2025, también fue rechazada una moción conjunta presentada por los grupos municipales de Compromís y Socialista relativa a la implantación de la ZBE.
Para la organización ecologista, estos hechos evidencian que, a día de hoy, València no dispone de una ZBE aprobada ni plenamente operativa conforme a la normativa estatal, lo que podría suponer no solo un incumplimiento legal sino también la pérdida de importantes ayudas públicas destinadas a la transición ecológica, además de posibles sanciones económicas.
Posibles responsabilidades
La entidad advierte de que la omisión de estos deberes legales podría comportar responsabilidades para autoridades y personal al servicio de la administración pública, conforme a lo establecido en la Ley 40/2015 y en la Ley 19/2013, entre otras normas concordantes.
Exigencia de actuación en tres meses
En su escrito, Ecologistes en Acció solicita que se tenga por formulada reclamación previa contra la inactividad municipal en la adopción del PMUS actualizado y la puesta en marcha efectiva de la Zona de Bajas Emisiones, instando al Ayuntamiento a cumplir con sus obligaciones en el plazo máximo de tres meses. Asimismo, la organización solicita ser reconocida como parte interesada en el expediente, conforme a la Ley 39/2015.
Desde Ecologistes en Acció de València se recuerda que la implantación de la ZBE no es una opción política discrecional, sino una obligación legal orientada a proteger la salud pública, mejorar la calidad del aire y avanzar hacia un modelo de movilidad más justo y sostenible.
“La protección del medio ambiente urbano y de la salud de la ciudadanía no puede quedar bloqueada por intereses partidistas. València debe cumplir la ley y situarse a la altura de los retos climáticos y sanitarios actuales”, concluye la organización.
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Fins al moment, en Ecologistes en Acció del País Valencià som prudents respecte a l’entusiasme generat per l’anunci de la Generalitat Valenciana de reintroduir el linx ibèric al Parc Natural de la Serra Mariola, presumiblement al llarg de 2028, amb fons Next Generation de la Unió Europea.
L’objectiu sembla ser connectar nuclis poblacionals d’aquesta espècie emblemàtica, ara com ara separats, que va desaparéixer en el passat del territori valencià. No obstant això, en temps recents les observacions en la País Valencià han anat en augment, la qual cosa és un bon senyal de la salut global d’una espècie que a principis dels 2000 estava en una situació crítica.
A pesar que seria una bona notícia que, en efecte, el linx ibèric progressara en territori valencià, cal ser prudents amb les expectatives. Fins i tot en aquelles zones on el linx ibèric porta dècades amb un programa de reintroducció sòlid (per exemple, l’entorn de Doñana), les morts d’exemplars són contínues per impactes fora del control de l’administració. Els atropellaments són una de les principals causes de mortalitat de linx ibèric, la qual cosa es preveu puga replicar-se al País Valencià a l’ésser un territori altament fragmentat per nombroses carreteres i infraestructures.
No obstant això, el principal factor que pot determinar l’èxit d’aquesta iniciativa és l’acolliment que puga tindre entre la població local de les zones triades per al reforç poblacional. Molt especialment, de sectors generalment poc inclinats a la presència d’aquesta mena de depredadors apicals com és el cinegètic.
El linx ibèric és un especialista en la captura de conill, una de les principals preses de caça menor. És inevitable plantejar-se si, de nou, haurà resistència a la introducció d’un depredador que pot transformar les condicions en les quals es practica la caça, sent que encara hui dia una quantitat considerable de morts de linxs es produeixen per furtivisme (llaços, ceps, enverinament i fins i tot trets).
Encara així, com no podia ser d’una altra manera, desitgem que aquest projecte de reintroducció del linx al País Valencià siga un èxit i puguem veure a aquest emblema de la conservació prosperar en les nostres muntanyes.
Hasta el momento, en Ecologistas en Acción del País Valencià somos prudentes respecto al entusiasmo generado por el anuncio de la Generalitat Valenciana de reintroducir el lince ibérico en el Parque Natural de la Sierra Mariola, presumiblemente a lo largo de 2028, con fondos Next Generation de la Unión Europea.
El objetivo parece ser conectar núcleos poblacionales por ahora separados de esta especie emblemática que desapareció en el pasado del territorio valenciano. No obstante, en tiempos recientes las observaciones en la Comunitat Valenciana han ido en aumento, lo cual es una buena señal de la salud global de una especie que a principios de los 2000 estaba en una situación crítica.
A pesar de que sería una buena notícia que, en efecto, el lince ibérico progresara en territorio valenciano, hay que ser prudentes con las expectativas. Incluso en aquellas zonas donde el lince ibérico lleva décadas con un programa de reintroducción solido (por ejemplo, el entorno de Doñana), las muertes de ejemplares son contínuas por impactos fuera del control de la administración. Los atropellos son una de las principales causas de mortalidad de lince ibérico, algo que se preveé pueda replicarse en la Comunitat Valenciana al ser un territorio altamente fragmentado por carreteras de diversa índole.
No obstante, el principal factor que puede determinar el éxito de esta iniciativa es el acogimiento que pueda tener entre la población local de las zonas escogidas para el refuerzo poblacional. Muy especialmente, de sectores generalmente reacios a la presencia de este tipo de depredadores apicales como es el cinegético.
El lince ibérico es un especialista en la captura de conejo, una de las principales presas de caza menor. Es inevitable plantearse si, de nuevo, habrá resistencia a la introducción de un depredador que pueda transformar las condiciones en las que se practica la caza, siendo que aún a día de hoy una cantidad considerable de muertes de linces se producen por furtivismo (lazos, cepos, envenenamiento e incluso disparos).
Aún así, como no podia ser de otro modo, deseamos que este proyecto de reintroducción del lince en la Comunitat Valenciana sea un éxito y podamos ver a este emblema de la conservación prosperar en los montes valencianos.
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Sota el lema “Justícia per a Berta és justícia per al món”, les organitzacions convocants —entre les quals es troben Ecologistes en Acció, Entrepobles, Greenpeace, Fundación Abogacía Española y Derechos Humanos, IM Defensoras, Movimiento por la Paz (MPDL) i Iniciativas de Cooperación Internacional para el Desarrollo (ICID)— han denunciat la persistent impunitat i la falta de responsabilitats contra els autors intel·lectuals, polítics i empresarials que van fer possible l’assassinat, malgrat les condemnes dictades contra alguns responsables materials.
Durant la concentració, les organitzacions han fet lliurament formal a l’Ambaixada d’Hondures a Espanya d’una carta dirigida a l’ambaixador, subscrita per 170 organitzacions de nombrosos països, en la qual exigeixen veritat, justícia, reparació i garanties de no repetició per a la família de Berta Càceres i el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH).
La Xarxa de Defensores de Drets Humans (RIDHE) ha recordat que l’informe del Grup Interdisciplinari d’Expertes i Experts Independents (GIEI), establert sota els auspicis de la Comissió Interamericana de Drets Humans (CIDH), publicat al gener de 2026, prova que l’assassinat va ser una operació criminal organitzada amb motivació empresarial per a protegir interessos vinculats al projecte hidroelèctric Agua Zarca, i que va existir coneixement previ del risc per part de les autoritats hondurenyes sense que s’adoptessin mesures de protecció.
Així mateix, les organitzacions han denunciat la violència sistemàtica contra comunitats i persones defensores del territori a Hondures i en tota Amèrica Llatina. Segons Global Witness, entre 2012 i 2024 més de 2.250 persones defensores del medi ambient han estat assassinades, la majoria a la regió. Davant aquesta realitat van cridar a mantenir viva l’exigència de justícia per a Berta Cáceres i per a totes les persones defensores.
Les organitzacions convocants han expressat la seva solidaritat amb la família de Berta Cáceres, amb el COPIHN i amb el poble lenca, i han exigit que s’acabi la persecució i criminalització dels qui defensen els drets humans i el medi ambient.
“Deu anys després, les estructures de poder que van perseguir i van silenciar Berta Càceres segueixen en gran part impunes. Exigim que s’investigui i sancioni tots els responsables i que s’implementin mesures reals de reparació i garanties de no repetició”, han declarat les organitzacions.
Una setmana per a la memòria
La concentració enfront de l’Ambaixada d’Hondures a Espanya no ha estat l’única del dia d’avui. A Bilbao, desenes de persones s’han reunit enfront del Consolat d’Hondures també sota la convocatòria de les organitzacions socials i ambientals per a commemorar el 10è aniversari de l’assassinat de la defensora mediambiental.
Aquestes accions formen part d’una setmana d’activitats descentralitzades per a retre homenatge a Berta Càceres i les seves lluites. Ahir, per exemple, es va dur a terme en Gijón una sembra de plantes aromàtiques i un mural col·lectiu sota el lema “Despertar la Terra, pintar la vida”. Demà, dimarts 3 de març, tindrà lloc la realització d’un altre mural al Parc Ses Vents de Palma, en el marc del 8M sota el lema “8M 2026 – Feminismes que sostenen la vida a 10 anys de la sembra de Berta Cáceres”. També es projectarà el documental ‘Les llavors de Berta’ a Saragossa i es realitzarà un acte de memòria a Barcelona amb la participació de diverses lideresses indígenes i defensores del medi ambient.
En aquest enllaç es pot trobar informació detallada de totes les convocatòries.
Carta a la embajada de Honduras diez años después del asesinato de Berta Cáceres
Saltar al contenido del PDFLa entrada ‘Justícia per a Berta és justícia per al món’: la reivindicació de 170 organitzacions deu anys després de l’assassinat de Berta Cáceres a Hondures aparece primero en Ecologistas en Acción.
Sota el lema “Justícia per a Berta és justícia per al món”, les organitzacions convocants —entre les quals es troben Ecologistes en Acció, Entrepobles, Greenpeace, Fundación Abogacía Española y Derechos Humanos, IM Defensoras, Movimiento por la Paz (MPDL) i Iniciativas de Cooperación Internacional para el Desarrollo (ICID)— han denunciat la persistent impunitat i la falta de responsabilitats contra els autors intel·lectuals, polítics i empresarials que van fer possible l’assassinat, malgrat les condemnes dictades contra alguns responsables materials.
Durant la concentració, les organitzacions han fet lliurament formal a l’Ambaixada d’Hondures a Espanya d’una carta dirigida a l’ambaixador, subscrita per 170 organitzacions de nombrosos països, en la qual exigeixen veritat, justícia, reparació i garanties de no repetició per a la família de Berta Càceres i el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH).
La Xarxa de Defensores de Drets Humans (RIDHE) ha recordat que l’informe del Grup Interdisciplinari d’Expertes i Experts Independents (GIEI), establert sota els auspicis de la Comissió Interamericana de Drets Humans (CIDH), publicat al gener de 2026, prova que l’assassinat va ser una operació criminal organitzada amb motivació empresarial per a protegir interessos vinculats al projecte hidroelèctric Agua Zarca, i que va existir coneixement previ del risc per part de les autoritats hondurenyes sense que s’adoptessin mesures de protecció.
Així mateix, les organitzacions han denunciat la violència sistemàtica contra comunitats i persones defensores del territori a Hondures i en tota Amèrica Llatina. Segons Global Witness, entre 2012 i 2024 més de 2.250 persones defensores del medi ambient han estat assassinades, la majoria a la regió. Davant aquesta realitat van cridar a mantenir viva l’exigència de justícia per a Berta Cáceres i per a totes les persones defensores.
Les organitzacions convocants han expressat la seva solidaritat amb la família de Berta Cáceres, amb el COPIHN i amb el poble lenca, i han exigit que s’acabi la persecució i criminalització dels qui defensen els drets humans i el medi ambient.
“Deu anys després, les estructures de poder que van perseguir i van silenciar Berta Càceres segueixen en gran part impunes. Exigim que s’investigui i sancioni tots els responsables i que s’implementin mesures reals de reparació i garanties de no repetició”, han declarat les organitzacions.
Una setmana per a la memòria
La concentració enfront de l’Ambaixada d’Hondures a Espanya no ha estat l’única del dia d’avui. A Bilbao, desenes de persones s’han reunit enfront del Consolat d’Hondures també sota la convocatòria de les organitzacions socials i ambientals per a commemorar el 10è aniversari de l’assassinat de la defensora mediambiental.
Aquestes accions formen part d’una setmana d’activitats descentralitzades per a retre homenatge a Berta Càceres i les seves lluites. Ahir, per exemple, es va dur a terme en Gijón una sembra de plantes aromàtiques i un mural col·lectiu sota el lema “Despertar la Terra, pintar la vida”. Demà, dimarts 3 de març, tindrà lloc la realització d’un altre mural al Parc Ses Vents de Palma, en el marc del 8M sota el lema “8M 2026 – Feminismes que sostenen la vida a 10 anys de la sembra de Berta Cáceres”. També es projectarà el documental ‘Les llavors de Berta’ a Saragossa i es realitzarà un acte de memòria a Barcelona amb la participació de diverses lideresses indígenes i defensores del medi ambient.
En aquest enllaç es pot trobar informació detallada de totes les convocatòries.
Carta a la embajada de Honduras diez años después del asesinato de Berta Cáceres
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En una carta oberta adreçada a la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, i al president del Consell Europeu, António Costa, 170 organitzacions socials, ecologistes, sindicals i agràries exigeixen que s’aturi l’aplicació provisional de l’acord abans la Unió Europea emeti el dictamen sobre les qüestions jurídiques plantejades.
“Un menyspreu a la democràcia”
Les organitzacions assenyalen que l’acord UE-Mercosur arrossega des del seu origen una forta contestació social pels seus impactes previsibles, a banda i banda de l’Atlàntic, sobre l’agricultura familiar pagesa, els drets laborals, la seguretat alimentària, el deteriorament dels serveis públics i l’acceleració de la desforestació a Amèrica Llatina.
“Aplicar-ho provisionalment sense esperar el Parlament Europeu i sense conèixer l’opinió del Tribunal és un menyspreu frontal als procediments democràtics europeus”, afirmen des de la campanya. A parer seu, la Comissió pretén blindar els capítols comercials mentre esquiva el debat polític de fons i minimitza l’oposició social creixent en diversos Estats membres.
Les organitzacions recorden a més que la tramitació de l’acord ja ha estat marcada per decisions polèmiques que van excloure de la ratificació els parlaments nacionals i per una aprovació al Consell de la UE sense unanimitat, cosa inèdita en tractats d’aquesta magnitud.
“Estem davant d’un precedent extremadament perillós: convertir la política comercial en un àmbit immune al control democràtic real”, adverteixen.
Impactes socials i climàtics ignorats
Les 170 organitzacions signants, entre les quals hi ha Ecologistes en Acció de Catalunya, subratllen que l’acord consolida un model agroexportador intensiu, dependent de cadenes llargues i altament emissores, incompatible amb els compromisos climàtics europeus. També alerten d’una pressió competitiva més gran sobre sectors agraris i ramaders europeus ja colpejats per crisis de preus i per la concentració corporativa.
A l’Amèrica Llatina, afegeixen, el tractat incentivaria l’expansió de monocultius i ramaderia industrial vinculats a la desforestació i als conflictes socioambientals:
“Mentre la ciutadania exigeix transició ecològica justa, sobirania alimentària i protecció de l’ocupació, la Comissió insisteix en un tractat ancorat en la lògica del lliure comerç sense límits”.
Les organitzacions de la campanya Stop UE-Mercosur exigeixen que es reverteixi l’aplicació provisional de l’acord, que es respecti el vot del Parlament Europeu i que s’esperi el pronunciament del Tribunal de Justícia de la UE.
Així mateix, plantegen que s’obri un debat públic real sobre els impactes socials, laborals i climàtics de l’acord i la política comercial de la UE.
Les 170 organitzacions signants anuncien que intensificaran la mobilització social i la pressió política els propers mesos per impedir l’entrada en vigor d’un acord que consideren “social, ambientalment i democràticament inacceptable”.
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La proposta, enviada a la Generalitat, planteja traslladar l’activitat cinegètica a dies laborables davant l’enfonsament de llicències i l’augment d’accidents de trànsit en dies no laborables.
Ecologistes en Acció del País Valencià ha formalitzat una proposta davant la Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures i Territori per a transformar el calendari cinegètic de la Comunitat Valenciana a partir de la temporada 2026-2027.
L’organització sol·licita que la caça, especialment les batudes de senglar, es restringisca exclusivament a dies laborables, alliberant els caps de setmana i festius per a l’ús recreatiu, social i científic de la població.
L’entitat fonamenta la seua petició en la creixent incompatibilitat entre les armes de foc i l’auge d’activitats com el senderisme, el ciclisme, l’escalada o la fotografia de naturalesa.
De fet, Ecologistes denuncia que la intensificació de les batudes —justificades per l’administració per la sobrepoblació de senglars, els danys a l’agricultura i pel risc d’expansió de la Pesta Porcina Africana (PPA) detectat a Catalunya—, ha blindat la muntanya, el camp i els espais públics per a un sol ús quasi tots els dies de l’any: la caça.
El tancament sistemàtic de camins públics vulnera l’article 45 de la Constitució Espanyola i la Llei Forestal Valenciana, assenyalen des de la federació, recordant que el dret de la ciutadania a gaudir d’un medi ambient adequat no pot estar supeditat a una activitat privada i residual.
Ecologistes en Acció destaca un canvi sociològic irreversible: el sector cinegètic ha perdut un 71% de les seues llicències des dels anys 90, passant de més de 113.000 a tot just 33.054 en 2024, és a dir, el 0,6% del total de la població valenciana.
A més, les dades del Servei de Caça revelen un col·lectiu profundament envellit: el 31% dels caçadors supera els 67 anys, i el gruix del col·lectiu se situa entre els 60 i 75 anys. Aquesta alta taxa de jubilació i prejubilació permet, segons l’organització, que l’activitat es trasllade a dies laborables sense afectar els objectius de control poblacional, ja que els practicants disposen de plena llibertat horària.
La redistribució plantejada per Ecologistes en Acció busca optimitzar la gestió de la seguretat ciutadana i conservació de la biodiversitat. En les zones comunes, traslladar els dies de caça (actualment dijous, dissabtes i diumenges) només a dimarts, dimecres i dijous. Mentre que, en els vedats de caça, l’exercici exclusiu de l’activitat siga de dimarts a dijous.
D’altra banda, es proposa prohibir la caça, com a mínim, en espais naturals protegits, zones de domini públic marítim terrestre, zones urbanes i platges. Això es deu al fet que són zones essencials de preservació de la biodiversitat i corredors ecològics, en el cas els espais naturals protegits i zones DPMT, o zones d’alta concentració de persones en la resta.
Aquesta mesura facilitaria la tasca dels Agents Mediambientals i del SEPRONA de la Guàrdia Civil, els efectius de la qual són més limitats durant el cap de setmana. En concentrar la caça en dies laborables, es garanteix una supervisió efectiva de les batudes, un control real del furtivisme i una major seguretat jurídica i física per als propis caçadors.
Des d’Ecologistes en Acció del País Valencià conclouen que és imperatiu fonamentar l’ordenació del territori en criteris d’equitat social i seguretat, garantint que la muntanya valenciana siga, d’una vegada per sempre, un espai de convivència real i no un escenari de conflicte permanent.
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La entrada Demanen traslladar la caça a dies laborables per a acabar amb els conflictes amb altres usuaris en la naturalesa aparece primero en Ecologistas en Acción.
La propuesta, enviada a la Generalitat, plantea trasladar la actividad cinegética a días laborables ante el desplome de licencias y el aumento de accidentes de tráfico en días no laborables.
Ecologistes en Acció del País Valencià ha formalizado una propuesta ante la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio para transformar el calendario cinegético de la Comunitat Valenciana a partir de la temporada 2026-2027.
La organización solicita que la caza, especialmente las batidas de jabalí, se restrinja exclusivamente a días laborables, liberando los fines de semana y festivos para el uso recreativo, social y científico de la población.
La entidad fundamenta su petición en la creciente incompatibilidad entre las armas de fuego y el auge de actividades como el senderismo, el ciclismo, la escalada o la fotografía de naturaleza.
De hecho, Ecologistes denuncia que la intensificación de las batidas —justificadas por la administración por la sobrepoblación de jabalíes, los daños a la agricultura y por el riesgo de expansión de la Peste Porcina Africana (PPA) detectado en Cataluña—, ha blindado el monte, el campo y los espacios públicos para un solo uso casi todos los días del año: la caza.
El cierre sistemático de caminos públicos vulnera el artículo 45 de la Constitución Española y la Ley Forestal Valenciana, señalan desde la federación, recordando que el derecho de la ciudadanía a disfrutar de un medio ambiente adecuado no puede estar supeditado a una actividad privada y residual.
Ecologistes en Acció destaca un cambio sociológico irreversible: el sector cinegético ha perdido un 71 % de sus licencias desde los años 90, pasando de más de 113.000 a apenas 33.054 en 2024, es decir, el 0,6% del total de la población valenciana.
Además, los datos del Servicio de Caza revelan un colectivo profundamente envejecido: el 31 % de los cazadores supera los 67 años, y el grueso del colectivo se sitúa entre los 60 y 75 años. Esta alta tasa de jubilación y prejubilación permite, según la organización, que la actividad se traslade a días laborables sin afectar a los objetivos de control poblacional, ya que los practicantes disponen de plena libertad horaria.
La redistribución planteada por Ecologistes en Acció busca optimizar la gestión de la seguridad ciudadana y conservación de la biodiversidad. En las zonas comunes, trasladar los días de caza (actualmente jueves, sábados y domingos) sólo a martes, miércoles y jueves. Mientras que, en los cotos de caza, el ejercicio exclusivo de la actividad sea de martes a jueves.
Por otra parte, se propone prohibir la caza, como mínimo, en espacios naturales protegidos, zonas de dominio público marítimo terrestre, zonas urbanas y playas. Ello se debe a que son zonas esenciales de preservación de la biodiversidad y corredores ecológicos, en el caso los espacios naturales protegidos y zonas DPMT, o zonas de alta concentración de personas en el resto.
Esta medida facilitaría la labor de los Agentes Medioambientales y del SEPRONA de la Guardia Civil, cuyos efectivos son más limitados durante el fin de semana. Al concentrar la caza en días laborables, se garantiza una supervisión efectiva de las batidas, un control real del furtivismo y una mayor seguridad jurídica y física para los propios cazadores.
Desde Ecoogistes en Acció del País Valencià concluyen que es imperativo fundamentar la ordenación del territorio en criterios de equidad social y seguridad, garantizando que el monte valenciano sea, de una vez por todas, un espacio de convivencia real y no un escenario de conflicto permanente.
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La Albufera de Valencia se formó por el aporte de materiales de los ríos Turia al norte, y Júcar al sur, que fueron formando una lengua de tierra (restinga) que crearía una laguna salada. En el siglo XIII la pesca era abundante y se generaban grandes ingresos económicos, que degeneraron con la industrialización de la zona. Desde el siglo XVII, los arrozales fueron comiendo terreno a la laguna, reduciendo su tamaño a una quinta parte aproximadamente.
La actual laguna es Parque Natural protegido, lo que evita que sigan creándose más arrozales. El paisaje de la Albufera es maravilloso para todos los ojos, y son muchos los que así lo han constatado (como Goya, el pintor). Desde la laguna puede verse la capital valenciana. Entre cañaverales y aneas se disfruta también de un espectacular lugar para la observación de aves, con miradores en el centro de visitantes, el cual también ha sufrido recortes, “por la crisis”.
Desde la pedanía de El Palmar se puede tomar un barquito para dar un paseo por el lago. Jaime, el barquero, nos comenta con pena que cuando era pequeño se bañaba detrás del cementerio. Ya no se puede. La industria, los pesticidas y abonos de la agricultura, el plomo de los cazadores de patos, y tantos detergentes que usamos, ha contaminado el barro del fondo con metales pesados y otras sustancias tóxicas. Aún se sigue pescando, lo que se puede, pero el fondo es tóxico (15 millones de m3 de lodos contaminados).
Según Jaime hace 30 años les dijeron que en 30 años estaría recuperado, pero no lo está. La naturaleza tiene su ritmo, y para descontaminar metales pesados su ritmo es lento.
Curiosidades:
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