El próximo sábado 11 de abril en el Centro Social Recuperado de Gamonal tendrá lugar una cafeta sesión vermú en apoyo a las personas represaliadas por participar en iniciativas de apoyo al pueblo palestino. La actividad, que incluirá varios conciertos, dará comienzo a partir de las 13:00 horas y contará con la presencia de las bandas Coco Crashers, Ilex-Ilex, Katerva y Cinnamon. Como de costumbre en el CSR Gamonal, la entrada es libre y gratuita hasta completar el aforo.
El domingo 29 de marzo los colectivos Burgos con Palestina y Asamblea con la Resistencia Palestina organizan una manifestación unitaria por el Día de la Tierra Palestina que este año celebra su 50 aniversario. La manifestación dará comienzo a partir de las 12:00 horas tomando como punto de inicio la plaza del Cid.
Ante la presentación el próximo sábado 28 de febrero de la delegación de un grupo neonazi en Burgos, se hace un llamamiento a la movilización social para articular una respuesta colectiva frente al discurso del odio que se propaga desde la ultraderecha. La iniciativa dará comienzo a partir de las 18:00 horas en la plaza del Cid y busca expresar el rechazo ante la presencia de este grupúsculo neonazi en la ciudad.
El próximo viernes 23 de enero, a partir de las 20:00 horas, se llevará a cabo la presentación de Horizontal en la Biblioteca La Maldita. La iniciativa consistirá en la exposición de los análisis, estrategias y propuestas que plantea esta coordinadora anarquista que esta realizando una gira por diferentes localidades para dar a conocer sus proyecto y que este viernes estará presente en Gamonal.
Ayer, 15 de enero de enero de 2026, falleció Ángel Barredo, compañero libertario y persona fundamental en las luchas sociales de Burgos y Gamonal desde finales de los años 70 hasta el presente, pero sobre todo, un ser de corazón inabarcable.
Tras varios años de padecimiento de un enfermedad pulmonar, ayer, 15 de enero de 2026, nos dejó José Ángel Barredo. Tenía 83 años y pasó toda su vida luchando por construir un mundo mejor donde imperasen los ideales de justicia social y la libertad. Hablar de Barredo es hablar de compromiso, militancia y amistad. Su pérdida deja un gran vacío en los corazones de todos aquellos con los que compartió las alegrías y los sin sabores que albergan todas esas cosas por las que merece la pena pelear. Hablar de Barredo es también hablar de Gamonal, el barrio al que en 1968 se trasladó a vivir desde su pueblo natal en la Montaña Palentina.
Ángel Barredo en el documental CYFISA. Mañana serás tú
Lo suyo con Gamonal, y sobre todo con sus luchas vecinales y obreras, fue amor a primera vista, algo que supo transmitir a todos aquellos que tuvimos la suerte de conocerlo y nos dejamos contagiar de su pasión infinita. Junto con su gran amigo Virgilio Mazuela fundó en abril de 1976 el Ateneo Popular “Los Otros”, proyecto con el que se trató de llevar la cultura y el pensamiento crítico a un barrio olvidado por los poderes institucionales para quienes sus habitantes eran solo mano de obra barata. Y por eso mismo, hablar de Barredo es hablar de CYFISA, la fábrica en la que desde mayo de 1978 hasta noviembre de 1979 se hizo frente al cierre patronal a través de un proceso de autogestión que es narrado en el documental documental Mañana serás tú.
Ángel Barredo en el cómic Gamonal. En el eco de un mismo recuerdo
Barredo nos ha dejado justo en el momento en el que se cumple el XII aniversario de la revuelta de Gamonal contra la construcción de aquel bulevar que algunos ahora quieren volver a sacar a la palestra. En aquellas jornadas de enero de 2014 Barredo brilló con luz propia convirtiéndose en un referente para las miles de personas que salieron a la calle. Él mismo contaba que, cuando le llamaron para dar una charla en Palencia para explicar qué estaba pasando en Gamonal, se encontró una pintada en una sucursal bancaria de la vecina ciudad en la que se podía leer solo una frase: Paremos el reloj. Un mensaje que, según él mismo nos relataba hace unos días, le marcó profundamente. Y no tanto porque, al igual que su abuelo, su padre y ahora sus hijos, él mismo fuese relojero de profesión, sino porque aquella frase encerraba un mensaje importante: el tiempo no se puede parar, pero sí podemos hacer que se detenga la forma en la que este mundo nos impone su dominación. Barredo trató durante toda su vida de plantar la semilla de un mundo nuevo, una semilla que crece ya en nuestros corazones, y que él mismo riega desde aquel lugar donde le aguarda su gran amigo Virgilio. No me cabe duda de que cuando se encuentren de nuevo este último exclamará: -joder, Barredo, ¿tú también por aquí? ¡Se está muriendo gente que no se había muerto nunca!
Que la tierra te sea leve compañero,
¡Paremos el reloj!
Durante la mañana del sábado 17 de enero, se llevará acabo una ruta histórica por la memoria combativa del barrio de Gamonal en la que, a modo de visita guiada, se recorrerán algunos de los lugares más representativos del barrio relacionados con las luchas vecinales que en sus calles se han vivido. De esta manera se abordarán episodios como la lucha contra la construcción del bulevar en enero de 2014, el parking de la avenida Eladio Perlado en agosto de 2005 o la subida del precio del billete del autobús en julio de 1980, entre otros hitos relacionados con la historia combativa del bario. La ruta dará comienzo a partir de las 11:00 horas desde la llamada Zona Cero, junto al bar el Lago (esquina calle Vitoria con calle Santa Bárbara) y terminara con música y buen ambiente en el CSR.
Durante el presente mes de enero de 2026 se cumplirán 12 años de la revuelta de Gamonal contra la construcción de aquel bulevar proyectado en la calle Vitoria y de la apertura del Centro Social Recuperado. Desde el CSR han organizado un programa de actividades para poner en valor aquellos acontecimientos vividos hace ya más de una década.
Durante el presente mes de enero de 2026 se cumplirán 12 años de la revuelta de Gamonal contra la construcción de aquel bulevar proyectado en la calle Vitoria. Un conflicto vecinal contra la especulación urbanística que hizo que el barrio burgalés se convirtiese en un referente de resistencia frente a los señores del ladrillo y su aparato mediático. Desde el Centro Social Recuperado de Gamonal se han programado una serie de actividades con las que poner en valor aquella lucha y conmemorar también la okupación y apertura del CSR como espacio autogestionado para el barrio.
Las actividades con las que se celebra este XII aniversario se desarrollarán entre el viernes 16 y el sábado 17 de enero e incluyen la proyección de un documental, el desarrollo de una ruta histórica por la memoria combativa del barrio de Gamonal y una representación teatral.
Durante el presente fin de semana del 5 al 7 de diciembre la Escuela Popular de Prosperidad acogerá el desarrollo del XXIII Encuentro del Libro de Madrid, una iniciativa que, año tras año, se ha afianzado como referente de la difusión del pensamiento crítico y libertario. Para conocer con más detalle el programa puede consultarse la web oficial del encuentro y el siguiente cartel informativo.
La privatización sistemática desplegada por el Gobierno de la Comunidad de Madrid extiende sus raíces a la totalidad de servicios públicos esenciales.
«La sanidad, en su ámbito más directo de hospitales y centros de salud, es quizá el ejemplo más evidente y denunciado«, explica el periodista Roberto Ugena en elplural.com. «Sin embargo, la Red de Atención Social a Personas con Enfermedad Mental se deshace progresivamente y alejada del foco, arrastrando con ella a miles de usuarios, que requieren de este apoyo, y a sus trabajadores, precarizados hasta la extenuación y víctimas del peor de los chantajes: el que utiliza a los receptores de la atención.
Manantial Gestión S.L., brazo de reciente creación de Fundación Manantial, es una de las entidades concesionarias de estos servicios cada vez más decadentes. Las concesiones otorgadas por la Comunidad de Madrid a este grupo a lo largo de los años son incontables y su negocio se ha expandido, pero los derechos de los trabajadores, incluidos los legales garantizados por Convenio, han seguido un camino opuesto. Cuando las cosas iban bien, los beneficios se quedaron en la cumbre y los trabajadores recibieron migajas; flujo que se ha invertido con la llegada de las vacas flacas, que se han cargado en las espaldas de la plantilla.
El juego de las concesiones ha salido caro al Grupo Manantial, que ve ahora como otros conglomerados le arrebatan servicios gracias a ofertas que podrían llegar a considerarse bajas temerarias. Esa es la justificación dada a los trabajadores para mantenerles un salario cercano al mínimo interprofesional, en contra del mínimo del convenio sectorial; aumentarles la jornada laboral, incumpliendo el acuerdo alcanzado; eliminar pluses de experiencia ya pactados; o reducir las horas de formación. Así se lo trasladó la dirección al Comité de Empresa en una reunión. […]
La amenaza, tal y como recoge el acta de aquella reunión, es directa. “Son las medidas necesarias para no llegar a tener que hablar de despidos”, trasladó el representante legal de la Dirección. “Por lo que, si se impugna la decisión de la empresa, tendrán que tomar otra serie de medidas a las que no quieren llegar”, apostilló el letrado, por si no había quedado claro el cariz negociador. Unas actuaciones que retiran 2 de los 14 pluses de dirección y 2 de los 14 pluses de disponibilidad a los directivos y que arrebata todo a los trabajadores (literal a continuación):
Y es que la jeta de la Dirección de Manantial Gestión llega al punto de querer acogerse al Convenio Sectorial según conveniencia y vulnerar acuerdos internos, de total validez e inalienables cuando mejoran las condiciones sectoriales (tal y como recoge el propio Estatuto de los Trabajadores en su artículo 3). Es decir, incumplimos el acuerdo interno consolidado, retrocediendo al Convenio, para la jornada laboral, el plus de experiencia, la formación y el número de trabajadoras; pero no ajustamos las nóminas a Convenio porque no hay dinero.
Una práctica a todas luces ilegal, pues vulnera acuerdos válidos suscritos y salvaguardados por el Estatuto de los Trabajadores, además del Convenio; y contraria a la normativa laboral, incurriendo incluso en amenazas con los representantes de los trabajadores, a los que se sugiere que o aceptan estos incumplimientos o se producirán despidos. La Inspección de Trabajo podría actuar de oficio o ante una denuncia anónima y sancionar gravemente. La Comunidad de Madrid, a la que no se espera, también podría tomar cartas en el asunto«, concluye el artículo.
Frente a este ataque contra los derechos laborales y la precarización de las plantillas, más de 300 trabajadoras han sido llamadas a la huelga indefinida por CGT, con el apoyo de CNT Comarcal Sur, en múltiples centros dominados por el Grupo Manantial. Lo hacen «en lucha por sus salarios, contra la pérdida de poder adquisitivo y por la mejora de sus derechos laborales«.
La primera de las jornadas se activó el jueves 4 de diciembre, pero el plato fuerte llegó el viernes 5 por la mañana, cuando las huelguistas se concentraron frente a la sede de la Fundación.
En un comunicado, la CNT Comarcal Sur aclara que «las reivindicaciones que impulsan esta movilización son claras, legítimas y urgentes:
Somos profesionales de la salud mental: psicólogas, trabajadoras sociales, educadoras, terapeutas, integradoras… Y sabemos que la precariedad es una agresión directa a la calidad del servicio. No vamos a permitir que se utilice la excusa de la “crisis” para desmantelar nuestras condiciones mientras se eluden responsabilidades y se pide sacrificio solo a la plantilla.
En un momento como este, resulta imprescindible la unidad de toda la plantilla. Solo con cohesión, apoyo mutuo y una posición colectiva firme será posible frenar el deterioro de las condiciones laborales y garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos.
El sindicato reafirma su respaldo inequívoco a todas las trabajadoras y trabajadores en esta huelga, así como su compromiso en la defensa activa de sus derechos, la dignidad profesional y la calidad del empleo«.
En un artículo de El Salto, Néstor Camacho, delegado de CGT, explica que «los últimos años venimos sufriendo retrasos en las nóminas”, porque la empresa “no está en un buen momento económico, tienen dificultades de tesorería”. Asegura que Manantial Gestión explica que “la actualización del convenio es inasumible por su economía, que ya de por sí estaba tocada”. Por eso, afirma, llegaron a un acuerdo para que se asumieran mejoras poco a poco. “Se empezó a hablar de septiembre, para luego hablar de octubre, y estamos en diciembre y no ha ocurrido nada”, comenta. “Lo que nos han planteado hasta ahora es quitarnos el 9% de plus de experiencia; pasar de la jornada de 35 horas semanales que tenemos actualmente a tres horas y media más; bajar el número de horas de formación que tenemos, de 30 a 25; y no contratar a personal de refuerzo en épocas estivales o en Navidades”. Además, indica, “nos han dicho que estas medidas serían de manera indefinida”. Algo, que recuerdan, ya les pasó tiempo atrás y aceptaron bajarse el salario, una bajada que no llegaron a recuperar nunca.
“Nos lleva a una situación insostenible, con los precios de las viviendas que hay en Madrid, que ha aumentado la cesta de la compra”, indica Néstor Camacho que asegura que “muchas compañeras tienen que tener dos trabajos para poder llegar a final de mes”. “El resultado es una plantilla extenuada”, afirma.
La entrada Huelga en Manantial Gestión (sector de la salud mental de la Comunidad de Madrid), con “plantillas extenuadas” aparece primero en Todo Por Hacer.
“Seguramente ni tú ni yo cambiemos el mundo, mas toma nota: una causa no se vuelve injusta por la derrota. ¿Eres de los que se rebota porque nota que la tierra prometida huele a pota? La gente encima vota, confían en quien luego les azota y les deja la cara rota. Infinitas veces la misma piedra. Mi comprensión se agota” – Folie à Trois
El 29 de abril de este año, el Ayuntamiento de Atlanta (Georgia, EEUU) inauguró el Atlanta Public Safety Training Center, conocido por sus detractoras como Cop City (Ciudad de Polis), un enorme complejo policial valorado en más de 90 millones de dólares (financiado por el gobierno municipal, la Fundación de la Policía de Atlanta y varias empresas privadas), que cuenta con, entre otras instalaciones, una galería de tiro y un pueblo simulado para entrenar misiones cuasi-militares.
Su apertura, lograda tras cuatro de años de movilizaciones, boicots, sabotajes y duros enfrentamientos con activistas, a simple vista simboliza el fracaso de Stop Cop City, un movimiento que, en palabras de las compañeras de Crimethinc, llevó a cabo “la lucha social más importante de la era Biden”1. Sin embargo, pese a que el fin del movimiento era impedir la creación de Cop City, el movimiento ha sido parcialmente exitoso a la hora de generar dudas y debate social acerca de la creciente militarización de los cuerpos policiales en el país. Es decir, tras cuatro años de lucha, Stop Cop City ha logrado instalar la duda de que la respuesta a todos los problemas sea la represión y acudir a la policía.
Todo comenzo en abril de 2021, cuando la entonces alcaldesa Keisha Lance Bottoms anunció la construcción del Atlanta Public Safety Training Center, apenas unos meses después de que estallaran, por todo el país, enormes protestas, tanto violentas como pacíficas, convocadas por los movimientos Black Lives Matter y Defund the Police como respuesta al asesinato de George Floyd a manos del agente Derek Chauvin en Minneapolis. 20 millones de personas participaron en las movilizaciones. Durante esa época, las manifestantes quemaron una comisaría en Atlanta y, de forma simultánea, la ciudad sufrió un episodio de violencia institucional similar al de Floyd, cuando un grupo de agentes mató a tiros a Rayshard Brooks.
Por eso, la noticia de que se iban a invertir elevados fondos públicos para financiar un centro diseñado para entrenar a la policía en tácticas de combate urbano (lo cual contribuirá a una mayor militarización de la policía, incrementando la violencia institucional en situaciones cotidianas) generó una enorme indignación en los movimientos antirracistas, antirrepresivos y antiautoritarios que, precisamente, reivindicaban la abolición de la institución o, al menos, una reducción de sus intervenciones y una disminución de su financiación.
La sensación de agravio fue a más cuando se conoció que Cop City se construiría en el corazón del bosque llamado Weelaunee Forest, lo cual tendría (y ha tenido) un importante impacto ambiental (dado que era uno de los pocos pulmones verdes de la ciudad, lo cual ha exacerbado problemas ambientales como la contaminación del aire) y porque ha privado de espacios verdes a los barrios de población negra colindantes (los cuales cuentan con una cantidad de parques y bosques muy inferior a la que tienen los barrios blancos de la ciudad).
El movimiento Stop Cop City nació al poco de anunciarse el proyecto. Si bien han participado en el mismo socialistas, comunistas, ecologistas, etc., sus principales organizadoras fueron anarquistas y la forma de organizarse siempre ha sido horizontal y asamblearia.
Las primeras acciones consistieron en realizar sabotajes con cócteles molotov contra las empresas constructoras (Reeves&Young y Long Engineering), aunque tras unas semanas se decidió cambiar de estrategia, dada la falta de apoyo popular a la causa; el número de personas que conformaban el movimiento no era suficiente para resistir a las embestidas de la policía. A partir de enero de 2022 las activistas ocuparon el Weelaunee Forest, construyendo campamentos, casas en árboles y barricadas para bloquear la entrada de maquinaria. Enseguida, la popularidad de su lucha fue en aumento y medios como The New Yorker comenzaron a cubrir las acampadas con una curiosidad casi antropológica.
El modus operandi de Stop Cop City consistía en buscar por el bosque a operarios talando árboles, acercarse a ellos, brazos en alto y obligarles a parar. Por lo general, esta estrategia era suficiente para conseguirlo. A veces tiraban petardos en dirección a los currelas para llamar su atención.
Un día, en junio de 2022, los operarios acudieron acompañados de policías2, que encañonaron a las compañeras y las obligaron a retirarse. Esa misma noche, la maquinaria utilizada para la tala apareció quemada. El sabotaje, unido a una campaña de llamadas masivas a las constructoras, consiguió que no se emprendieran obras durante más de cinco meses.
Durante el verano de 2022 cientos de personas cortaron las vallas que impedían el acceso a parque del bosque y acamparon en él. Y durante unos días celebraron un festival musical de “Paz, Amor y Anarquía”.
Durante todos los meses de verano y otoño, organizaciones de derechas y empresarios de la ciudad empezaron a tachar a las activistas de eco-terroristas y a difundir bulos contra el movimiento (como que habían disparado a un obrero), allanando el terreno para una escalada represiva. Y ésta llegó en diciembre de 2022, cuando la Oficina de Investigaciones de Georgia, la policía municipal, la policía condal, la unidad anti-bombas y el Departamento Federal de Seguridad Nacional, acompañados de drones y helicópteros, rodearon el bosque e invadieron el campamento. Algunas activistas resistieron y tiraron piedras a los agentes, aunque la mayoría lo abandonaron, ya que al no haber operarios ese día entendieron que estratégicamente no podían hacer nada para paralizar las obras. Los distintos cuerpos policiales reventaron decenas de tiendas de campaña, pasaron un bulldozer por encima de la cafetería y la enfermería que habían levantado con palés, cortaron hamacas y muebles con sierras mecánicas, cerraron todos los accesos al bosque, dispararon gases lacrimógenos y pelotas de goma y soltaron a perros para perseguir a activistas. Seis de ellas fueron detenidas ese día, una siendo acusada de cometer actos de terrorismo doméstico.
Al día siguiente, las subcontratas entraron en el bosque – por primera vez en más de medio año – y con la maquinaria de obra empezaron a talar árboles a un ritmo frenético, matando a varios animales en el proceso. Únicamente detuvieron su orgía de destrucción cuando algunas periodistas consiguieron acercarse a ellos y empezaron a documentar lo que hacían.
Al día siguiente, la policía obligó a estas empresas a parar su actividad, dado lo caótica y desenfrenada que estaba siendo su actividad. Sin embargo, el empresario a cargo de las obras, Ryan Millsap, recurrió la decisión y un juez estimó su solicitud, alegando que “el bosque ha sido más dañado por las personas que acampaban en él que por lo que se está haciendo ahora” y le concedió permiso para seguir talando. Por ello, las obras se retomaron a principios de 2023. En respuesta, el movimiento Stop Cop City organizó vigilias frente al bosque todas las mañanas y algunas activistas volvieron a encaramarse a árboles.
En enero de 2023 el conflicto había acaparado tanta atención mediática que importantes figuras de la extrema derecha, como la congresista Marjorie Taylor Greene y el entonces expresidente Donald Trump, quienes calificaron el bosque como “una zona autónoma del movimiento Antifa” que debía ser destruido. Tanto estos políticos como militantes fascistas comenzaron a presionar al gobernador Brian Kemp para que pusiera un fin a la resistencia. Por eso, el 18 de enero de 2023, Kemp envió a la policía estatal para atacar a las personas que se encontraban subidas a árboles.
En torno a las 9:04 de la mañana unos 30 disparos resonaron por el bosque. A las horas, trascendió que el anarquista venozolane Manuel Paez Terán, conocide por sus amigas como Tortuguita, había sido asesinade por la policía. Además, otras cinco personas que fueron detenidas por encaramarse a árboles fueron detenidas y acusadas de terrorismo.
Las autoridades, que ese día no portaban cámaras corporales, alegaron que Tortuguita disparó primero contra ellos. Sin embargo, una autopsia independiente reveló que fue alcanzado por 14 disparos mientras estaba sentade con las manos levantadas.
En los días siguientes se organizaron varias concentraciones en Atlanta, donde alrededor de 300 personas, vestidas de negro, lloraron por la muerte de Tortuguita y corearon “Cop City nunca se construirá” y “maderos, cerdos, asesinos”. Algunas quemaron un coche patrulla. Otras rompieron algunas ventanas de algunos bancos. 18 personas detenidas ese día fueron acusadas de formar parte del grupo que llevó a cabo esas acciones, por lo que bajo la Ley Terrorismo Doméstico de Georgia, que persigue los ataques contra “infraestructuras críticas”, se les acusa de un delito de terrorismo.
La muerte de Tortuguita marcó un antes y un después en el movimiento. Resulta imposible, dado nuestro limitado espacio, hacer un recorrido por todas las fases de lucha y las distintas tácticas que coexistieron: desde sabotajes y manifestaciones (que, además, pusieron en relación el papel del gobierno de EEUU en la aniquilación de Gaza y empezaron a movilizarse de forma conjunta contra la policía y por Palestina) hasta la recogida de 116.000 firmas para exigir que se celebrara un referéndum sobre la construcción del centro policial. Para leer sobre ello en profundidad, os recomendamos una lectura de todos los artículos sobre Cop City disponibles (algunos en castellano) en la web de Crimethinc3 que, además, incluyen análisis interesantes acerca de la importancia de la autoorganización negra en este movimiento para hacer frente al supremacismo blanco.
La conclusión que podemos leer en estas piezas es que el movimiento para detener Cop City fue ejemplar en varios aspectos. En primer lugar, porque arrancó con la premisa de que la victoria era algo factible, por lo que no se limitaron a realizar protestas simbólicas (como hacemos muchas veces) e intentaron luchar, de verdad, para lograr su propósito. Por ello, el movimiento se marcó objetivos concretos y experimentó con una variedad de estrategias para alcanzarlos4.
En segundo lugar, las participantes no suavizaron su discurso, ni sus tácticas, por un deseo de atraer a un amplio espectro de personas. Se propusieron crear un movimiento que fuera tanto popular como combativo, en el que la acción directa y el objetivo de abolir la policía eran sus elementos fundamentales. Se aseguraron de articular sus intenciones de forma clara y accesible, dándolas a conocer de manera amplia, con el objetivo de acoger a tantas personas como fuera posible en un movimiento destinado a generar un cambio profundo. “Si todos los movimientos comenzaran desde estos puntos de partida, es probable que muchos de ellos tendrían éxito”, concluyen las compañeras.
El movimiento fue exitoso a la hora de visibilizar que esto se trata de una lucha de clases, en la que hay una obscena desigualdad económica que solo se mantiene gracias al orden impuesto por la policía. Por ello, no sorprende que las autoridades emplearan todos los recursos a su disposición para imponer Cop City en Atlanta, derramando libremente sangre y violando sus propias leyes en el proceso.
A la vista de esto, no podemos juzgar el éxito del movimiento basándonos en si logró su propósito expreso o no, sino valorando el legado que deja tras de sí, cómo influirá las próximas luchas (en cuanto a la solidaridad desplegada y a la variedad de estrategias empleadas) y si ha contribuido a cuestionar la legitimidad de policía en la región.
En la era de Biden, esto bastó para superar la resistencia al proyecto, porque una gran parte de la población se mantuvo al margen del movimiento, conservando la fe en la democracia y el Estado de derecho. Sin embargo, al entrar en la segunda era de Trump, que ya se caracteriza por el abandono de todo compromiso y la erosión de la legitimidad que las instituciones del Estado aún pudieran poseer, nadie podrá mantenerse al margen de las luchas sociales durante mucho tiempo.
El movimiento Stop Cop City ha llegado a su fin, dada la construcción del centro, pero sus participantes siguen activas, esta vez centradas en la labor antirrepresiva, con manifestaciones en apoyo a las procesadas y recolectando fondos para cubrir gastos judiciales5.
Como hemos explicado, el Estado implementó importantes medidas represivas, incluyendo acusaciones de terrorismo doméstico y blanqueo de capitales contra activistas y organizadoras (como, por ejemplo, tres miembros del Atlanta Solidarity Fund, una organización que proporciona apoyo legal a manifestantes, que están acusadas de blanqueo de capitales por reembolsar gastos menores relacionados con las protestas).
En 2023, al menos 61 personas fueron acusadas de “conspiración” bajo las leyes RICO (una legislación diseñada para combatir organizaciones criminales, como la Cosa Nostra), un delito que puede conllevar penas de hasta 20 años de prisión. El perfil de las acusadas es muy variado y oscila de personas acusadas de lanzar cócteles molotov, a otras a las que se les imputa llevar comida a las activistas acampadas en el bosque o repartir panfletos. Sin embargo, en septiembre de 2025, un juez de Georgia archivó el delito de conspiración, manteniendo el resto de acusaciones, incluyendo las de terrorismo. El archivo fue recurrido por la Fiscalía, por lo que, a día de hoy, desconocemos si irán a juicio por supuestamente conformar una organización criminal.
Por último, una investigación llevada a cabo por el movimiento antirrepresivo ha desvelado la construcción de centros policiales de tipo militar en numerosas ciudades de otros estados, como San Pablo (California), Plainfield e Indianápolis (Indiana), Hutchinson (Kansas), Owensboro (Kentucky), Niágara (Nueva York), Las Vegas (Nevada), etc6. Y el legado de Stop Cop City se ha hecho notar en algunos de estos municipios, como por ejemplo en Lacey (Washington), donde un grupo de activistas boicoteó hace algo más de un año el anuncio de un centro de entrenamiento policial con cánticos como “LPD [Departamento de Policía de Lacey], KKK, IDF: sois todos iguales”, “sin justicia no habrá paz” y “no a la policía racista”.
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1Podéis leer los artículos de análisis (muy extensos e interesantes), publicados en inglés y castellano por Crimethinc en www.es.crimethinc.com/tags/cop-city
2En Estados Unidos las empresas pueden contratar a policías fuera de servicio como vigilantes de seguridad privada.
3En esta web se puede encontrar, además, varias líneas temporales que incluyen todas las acciones que se llevaron a cabo en el contexto de este movimiento: manifestaciones, destrucción de cajeros, pintadas, escraches a jefes de policía y políticos, etc.
4Por ejemplo, desde la web www.stopcopcity.net animan a mandar e-mails y DMs a los promotores de la obra, poniendo a disposición del público las cuentas de sus redes sociales.
5La web www.stopcop.city sigue siendo bastante activa
6En www.es.crimethinc.com/2024/02/07/stop-cop-city-por-doquier-resistiendo-los-centros-de-entrenamientos-policiales-en-todos-lados-con-un-informe-desde-lacey-washington podéis encontrar un mapa con todos los centros policiales que se van a construir.
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El Convenio Colectivo de Acción e Intervención Social se está negociando a día de hoy. Un convenio que rige la relación y ámbito laboral de las trabajadoras de las siguientes áreas, tal y como aparecen denominadas en el actual Convenio: área de intervención psicosocial y socio-educativa (centros de acogida, centros de atención a mujeres víctimas de violencia, agresiones, etc., pisos, centros de día, comedores sociales, programas de atención, intervención y mediación, etc.), área de intervención sociolaboral (servicios de inserción laboral, orientación para el empleo, etc.), área de intervención sociosanitaria y asistencial (servicios de apoyo emocional, de prevención del VIH y drogodependencias, servicios sociosanitarios de rehabilitación dirigidos a colectivos en situación de riesgo o exclusión social, servicios de Salud Mental, servicios de emergencia social, centros de atención a las toxicodependencias y otras dependencias, centros residenciales para poblaciones en riesgo de exclusión social, etc.) y área de gestión, investigación, diseño, evaluación, diagnóstico y planificación estratégica de programas sociales (asesoría y consultoría, servicios de formación y orientación, acompañamiento y mediación a personas para prevenir la pérdida de su vivienda, etc.).
La mesa negociadora se encuentra conformada por los sindicatos CCOO y UGT y las organizaciones patronales AEEISSS, ANESOC y OEIS. Ésta última, la Organización Estatal de Intervención Social, constituida, según su página web, por las siguientes 27 entidades, engloba a 22.000 trabajadoras: Aldeas Infantiles, AECC, Asociación Norte Joven, ACCEM, Asociación Proyecto Hombre, Asociación PAIDEA, Cáritas, COCEDER, Cruz Roja, Acción contra el Hambre, Fundación Adecco, Anesvad, CEPAIM, La Merced Migraciones, Oxfam Intermón, Plan Internacional, RAIS, Secretariado Gitano, Save the Children, Fundación Social La Sapiencia, Fundación Tomillo, Médicos sin Fronteras, Movimiento por la Paz, Pinardi, YMCA, Educo e Intered.
Como informa la Plataforma del Sector Social en Madrid, organización asamblearia que agrupa a trabajadoras de forma independiente a las centrales sindicales mayoritarias, durante los últimos 18 años, se han firmado 3 convenios. La Plataforma señala que el convenio de 2007 sigue siendo la base principal de referencia, habiendo quedado, como es lógico, totalmente desfasado, incompleto y sin actualizar categorías, funciones, jornadas, etc., y, aunque se han producido revisiones salariales anuales, las subidas salariales han sido inferiores a la subida del IPC, es decir, las trabajadoras del sector han perdido poder adquisitivo en los últimos años. Por ello, uno de las reivindicaciones principales es la salarial, pero, con el objetivo no sólo de ajustar el salario al actual nivel de vida sino de alcanzar los salarios de los trabajadores públicos, pues, con cada vez más frecuencia, dichas empresas sustituyen a servicios de carácter estatal, dentro de la dinámica externalizadora y privatizadora presente en todos los niveles de la Administración sin importar el color político de sus gestores.
Otra reivindicación presente es la reducción de las horas de trabajo hasta alcanzar las 37,5 horas semanales, así como la mejora de las condiciones laborales (cuidado de la salud física, mental y emocional de las trabajadoras), el reconocimiento como servicio público esencial, la dignificación de la atención a las personas que participan en estos servicios y, por tanto, la dignificación de las propias personas, etc.
Los sindicatos de carácter reformista y pactista han denunciado el bloqueo patronal a la negociación en un primer comunicado titulado “El principio del fin de la paz social en la intervención social”. En dicho comunicado han acusado a la patronal de no asumir ni la mínima reivindicación de equiparar los salarios al actual nivel de vida, en contraste con la dinámica presente respecto a los altos cargos, por ejemplo, en 2024, las trabajadoras de CEAR denunciaban las subidas salariales de hasta casi un 30% para cargos superiores.
El pasado 24 de noviembre, estos sindicatos publicaban una nueva nota de prensa anunciando el inicio de una serie de movilizaciones si continúa el bloqueo por parte de las tres entidades patronales.
En esta disputa, en la que convergen diferentes ejes de conflicto (como la precarización y feminización de estos servicios de acompañamiento y cuidado, la privatización de un elemento del Estado social que, a través de supuestas fundaciones y asociaciones, la Administración acaba externalizando toda una serie de servicios, los recortes presupuestarios en nombre de, por un lado, el equilibrio fiscal, o, por el otro, el relato neoliberal, racista e individualista de la extrema derecha presente en las instituciones, el impacto personal y mental en las propias trabajadoras, etc.), la amenaza de la ruptura de la paz social por parte de las dos centrales sindicales que con más ahínco han trabajado para mantenerla, nos hace entrever la gravedad de las intenciones de una serie de empresas, ONGs, fundaciones y asociaciones, que proyectan una imagen pública que colisiona con la realidad de las trabajadores que las sostienen.
Pero, aunque dicha imagen pública ha sido de forma recurrente usada como chantaje a las trabajadoras, porque algunas de ellas se sostienen aún en parte por las donaciones y suscripciones de miles de personas voluntariosas, también, es una herramienta de presión y fuerza poderosa para todas nosotras. No olvidemos que tienen mucho que perder. Aplaudimos la organización autónoma de las propias afectadas, con la esperanza de que acabe constituyéndose un elemento de contrapoder suficiente no sólo para plantar a la patronal sino para que CCOO y UGT sientan la presión y deban poner en práctica, como mínimo, lo amenazado en sus comunicados y no acepten las cuatro migajas que les puedan ofrecer apelando a la “responsabilidad” que constantemente mencionan, una responsabilidad que siempre coarta a las trabajadoras pero nunca repercute en sentido contrario.
Por un auténtico principio del fin de la paz social en la intervención social.
La entrada El Convenio de Acción e Intervención Social, en juego aparece primero en Todo Por Hacer.
La Marcha por la Libertad liderada por la francesa Claude Mangin -esposa del preso político saharaui Naama Asfari- ha recorrido muchos lugares desde Ivry-sur-Seine, en Francia hasta Tarifa durante dos meses, informando, haciendo talleres, contando lo que la mayor parte de la prensa silencia sobre la ocupación marroquí, ilegal y cruel.
La Marcha por la Libertad nos retrotrae a la Decisión de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Castigos crueles, inhumanos o degradantes -órgano de las Naciones Unidas- emitida el 15 de noviembre de 2016. Esta Decisión -hay muchas más del mismo tenor referentes a otros presos políticos saharauis- establece que Naama Asfari fue torturado. Se refiere también la Decisión a las deplorables condiciones sanitarias que padeció, y pide compensación, reparación por los efectos físicos y psicológicos de los daños infligidos, y garantía de no repetición. Pide rehabilitación para el detenido, y una investigación sobre lo sucedido con vistas a llevar a los responsables ante la justicia. Pide abstenerse de cualquier forma de presión, intimidación o represalia, como dañar la integridad física y moral del preso y su familia, y permitirle recibir en la cárcel visitas de su familia. También pide información en el plazo de 180 días de las medidas que se han tomado como consecuencia de las consideraciones expresadas.
de estas exigencias de las Naciones Unidas. Hasta el punto de que a la esposa de Naama, la francesa Claude Mangin que reside en Francia, y que se desplazaba cuando podía para ver a su marido, a partir de esa sentencia pidiendo expresamente que se permitiese al preso recibir en la cárcel visitas de su familia, se le impidió la entrada a Marruecos. Tuvo Claude que hacer una huelga de hambre de 30 días en el Ayuntamiento de su ciudad -Ivry-sur-Seine- para denunciar la violación de su derecho. Esa huelga tuvo como consecuencia una última visita a la cárcel de Kenitra, donde se encuentra su marido. Después, nunca más. Tras 5 nuevos intentos fallidos, Claude consideró otra manera de difundir la arbitrariedad de Marruecos: la Marcha por la Libertad, con la doble finalidad de intentar ver a su marido y de difundir la causa de los presos políticos saharauis encarcelados en Marruecos.
Terminó la Marcha en Algeciras con una concentración numerosa a la que acudieron gentes de todas partes, incluso del extranjero. Y luego, ya en Tarifa, catorce personas, entre ellas representantes políticos de España y Francia, acompañaron a Claude en el ferry hacia Tánger, en su intento de visitar a su marido preso.
Hay que destacar la vergonzosa actuación de la policía marroquí en un barco español y la vergonzosa ausencia de la policía española
Tampoco en esta ocasión cumplió Marruecos con las recomendaciones de la ONU, y Claude ni siquiera pudo desembarcar en Marruecos. La diferencia está en que en esta ocasión había 14 testigos con ella. No son invenciones de Claude.
La solidaridad, el esfuerzo, la ilusión marcaban el rumbo de la Marcha. Se hizo una difusión magnífica, y muchas personas se empiezan a incorporar a la lucha por la causa saharaui y por la defensa de sus presos a raíz de esa dinámica. La Marcha fue un éxito.
Y podría haber terminado con broche de oro si las autoridades marroquíes, por una vez, hubieran accedido a cumplir con la legalidad, permitiendo a Claude visitar a su marido. Pero no. Una vez más imperó la chulería y la impunidad.
Hay que destacar la vergonzosa actuación de la policía marroquí en un barco español y la vergonzosa ausencia de la policía española.
En el ferry había una garita para control de pasaportes a cargo de policías marroquíes identificados. Y luego había una caterva de policías marroquíes de paisano -que al principio se hicieron pasar por pasajeros con su maletita y todo- que actuaban como si estuviesen en su pueblo, intimidando a los pasajeros, filmándoles uno por uno, incluso en tierra española, en la cafetería del puerto y cuando subían la pasarela, diciéndoles dónde podían filmar y dónde no y dónde podían estar y dónde no, recibiendo órdenes de sus superiores, estos sí, identificados. Cogieron los pasaportes de los viajeros y los fotografiaron. A una pasajera le arrebataron el móvil por detrás y le hicieron daño en la mano. Ella tuvo que acudir al jefe de los policías marroquíes para pedir que se lo devolvieran, y este le obligó a borrar un vídeo si quería recuperarlo. La indefensión creaba angustia entre los pasajeros. Estaban atrapados. ¿Y dónde estaba la policía española para defenderles? No estaba. Todo esto en un barco de Balearia que en su página web tiene sus barcos registrados como de España o de la UE. Y en aguas españolas.
Estos policías les dijeron a los pasajeros que acompañaban a Claude -fichados por los servicios marroquíes desde hace tiempo- que no iban a bajar del barco. Les arrinconaron, y les dejaron ahí, de vuelta para Tarifa sin dar ninguna explicación ni entregar ningún tipo de atestado explicando el porqué de la no admisión en su territorio. La propia ley marroquí exige esa notificación justificativa.
Estuvieron inhibidas las señales de los móviles, de manera que los pasajeros no se pudieron comunicar. No podían avisar de lo que estaba pasando. Estaban coaccionados, sometidos contra su voluntad
Estuvieron inhibidas las señales de los móviles, de manera que los pasajeros no se pudieron comunicar. No podían avisar de lo que estaba pasando. Estaban coaccionados, sometidos contra su voluntad, sin libertad de acción ni de movimiento y con violencia e intimidación.
Habrá que saber qué responsabilidad tiene España en todo esto. Por muchos acuerdos que hubiera entre ambos países a efectos de cooperación en inmigración, los hechos ocurridos no tienen justificación. España tiene que dar explicaciones.
Cristina Martínez Benítez de Lugo es participante en el Movimiento por los Presos Políticos Saharauis.
Decir que el Frente Polisario (FP) es “una entidad privada no reconocida” es una absoluta memez, impropia de quienes se consideran vanguardia del ‘progresismo’ nacional e internacional. Quienes leemos estas estupideces, no damos crédito a lo que leemos y al nivel de degradación a que ha llegado el partido PSOE: no me atrevo a decir Partido ‘socialista’. Ya no saben qué hacer o decir para negar lo evidente y ahondar aún más su caída en el lado equivocado y oscuro de la Historia, junto a las fuerzas más reaccionarias de la sociedad.
Y no es ya solo que el PSOE “juegue a desinformar”, como señalan los más benignos con esta gentuza. “Es mucho más grave que eso” –señalan otros–, “porque son fuerzas organizadas que excluyen todo atisbo de progreso verdaderamente democrático; y desde luego, si se trata del moro y del musulmán”. “Estos tipejos no tienen límites, sumisión a tope al Sultán”. “Es repugnante”. “Van a por todas, guerra total a todos los niveles” … Son comentarios que me van llegando al tiempo que yo mismo voy escupiendo estas líneas como puedo.
Decir que el Frente Polisario es “una entidad privada”, como si fuera una farmacia, un concesionario de automóviles o un equipo de fútbol, no deja en muy buen lugar ni a los ‘intelectuales’ (¿?) orgánicos ni a los comisarios políticos del partido antaño socialista y hoy covacha de truhanes, espabilados y desaprensivos.
No deja en muy buen lugar ni a los ‘intelectuales’ orgánicos ni a los comisarios políticos del partido antaño socialista y hoy covacha de truhanes, espabilados y desaprensivos
Después de 50 años de heroica lucha y resistencia del pueblo saharaui, ahora estos listillos de tercera nos salen con esas.
El Frente Polisario fue creado en 1973. Y ni siquiera en ese lejano momento fue “una entidad privada no reconocida”. ¡Vaya si se le conoció y vaya si se le reconoció! ¡Si hasta incluso el Gobierno de la UCD, el de Adolfo Suárez, acudió a negociar con el FP las condiciones de entrega de los militares españoles! Por cierto, el Ejército español ¿era también “una entidad privada”? Porque este es el tipo de necedades a que lleva la ‘lógica’ del PSOE.
Sí, España era entonces la potencia colonial, la ‘madre patria’, la metrópoli, una “entidad pública reconocida” que había firmado su sentencia de muerte como ‘madre patria’ con los vergonzosos sucesos sangrientos de Zemla, la matanza de saharauis, la ‘desaparición’ y asesinato del dirigente saharaui Bassiri…, del que todavía hoy la ‘entidad pública reconocida” (gloriosos valores patrios) llamada España no ha dado razón alguna ni ha desclasificado los documentos secretos (¡Estado transparente y de Derecho!), a pesar de ser miembro de la ONU, la OTAN, la UE, el FMI y demás parafernalia de siglas de “entidades reconocidas” que parecieran dotar a este país de pasaporte, prestigio y ‘garantías de seriedad’.
El FP, señores del PSOE, fue RECONOCIDO por Naciones Unidas como representante legítimo del Pueblo Saharaui y desde entonces mantiene en Nueva York a su Representante ante la ONU: nuestro querido y llorado Ahmed Bujari hasta su fallecimiento hace unos años, y su sucesor Sidi Omar desde abril de 2018. La Representación legal y reconocida del pueblo saharaui no es, señores del PSOE, “una entidad privada no reconocida”, como pudiera serlo una frutería o un club de fútbol, señores del PSOE.
El Frente Polisario, como vanguardia del pueblo saharaui, ha librado muchas y muy dolorosas batallas, en los terrenos político, diplomático y militar, como para que vengan ahora unos memos ignorantes a tildarlo de “entidad privada”, de la misma manera que las contrapartes alauitas del PSOE y su maquinaria de desinformación, intoxicación y propaganda tratan de denigrarlo, chequera en ristre, intentando hacerlo pasar por “organización terrorista” (¿reconocida?, ¿privada?).
Muy al contrario, el FP es la vanguardia organizada del heroico pueblo saharaui, expulsado de su tierra, como los palestinos, abandonado por el Gobierno español (el franquista y el socialista), entregado a sus enemigos, y bombardeado por estos –los del abrazo fraternal y la propuesta de autonomía—con napalm y fósforo blanco, prohibidos –al igual que la invasión y ocupación—por la legislación internacional, esa que tanto respetan los Trump, Netanyahu y demás secuaces.
El pueblo saharaui (¿”entidad privada no reconocida”?), con el FP a la cabeza, proclamó su independencia, su Constitución y su propio Estado, la República Árabe Saharaui Democrática, RASD, que ha sido RECONOCIDA como Estado por al menos otros 84 Estados, aunque después, la chequera, los chanchullos, las presiones y los chantajes de Marruecos hayan hecho el trabajo, no ya sucio, sino repugnante de tratar de eliminar del mapa mundial a la RASD, al pueblo saharaui y a los principios del orden jurídico internacional basado en reglas.
El Polisario ha ganado en los Tribunales a Marruecos, a España, a la Comisión y al Consejo de la UE. A todos
La ONU reconoció al Frente Polisario. La Unión Africana (¿55Estados!) reconoció a la RASD. El FP mantiene embajadas en muchos países, a pesar de no contar con la chequera de que dispone Marruecos, engrosada con las dádivas financieras de España, la UE y las petromonarquías golfas, las que financian Muros de la Vergüenza, impunemente asesinan y desaparecen Kashogis y cobijan a eméritos huidos.
A lo largo de varios años, y mediante una serie de sentencias sucesivas, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dado la razón al Frente Polisario como representante legítimo del pueblo saharaui –como ya hicieran la ONU y el TIJ en 1975—y le ha reconocido su capacidad jurídica activa. Y el FP ha ganado en los Tribunales a Marruecos, a España, a la Comisión y al Consejo de la UE. A todos.
Y ahora vienen los iluminados del PSOE y dicen que el Frente Polisario es “una entidad privada”. Solo les faltó añadir eso de “sin fines de lucro”. Vamos, como un club de fútbol de tercera categoría. De lo que se deduce que en ese partido sobran los estudios universitarios y que han perdido el Norte. O algo mucho peor, si es que alguna vez lo tuvieron: la conciencia y la ética.
Luis Portillo Pasqual del Riquelme es Doctor en Ciencias Económicas; miembro del Centro de Estudios sobre el Sáhara Occidental (CESO) de la Universidad de Santiago de Compostela, y autor de En defensa de la Causa Saharaui. Testimonios de Denuncia, Solidaridad y Resistencia (Círculo Rojo, 2024).
Fuente: https://www.elindependiente.com/opinion/2025/06/07/el-frente-polisario-y-el-cinismo-de-los-cretinos/
La omisión de una manifestación propalestina por parte de El País provocó una dura crítica del economista y activista Luis Portillo Pasqual del Riquelme. La polémica reabre el debate sobre el papel de los medios en la cobertura de conflictos internacionales y en la defensa de los derechos humanos.
El pasado 10 de mayo tenía lugar en Madrid una multitudinaria manifestación en solidaridad con el pueblo palestino, reclamando el embargo de armas a Israel y la ruptura de relaciones diplomáticas con ese Estado. Sin embargo, al día siguiente los lectores habituales de El País se encontraron con un silencio total en la edición impresa del periódico al respecto de esta movilización ciudadana.
La omisión no pasó desapercibida y desató una oleada de críticas de lectores. Entre ellas, la contundente carta de Luis Portillo Pasqual del Riquelme, economista, solidario con el pueblo saharaui y autor del libro “En defensa de la causa saharaui. Testimonios de denuncia, resistencia y solidaridad”,
En una misiva dirigida a Soledad Alcaide, Defensora del lector del diario, Portillo expresó su profundo malestar por lo que calificó como una falta de sensibilidad y empatía informativa.
Para Luis Portillo, resultaba evidente que la omisión del periódico de el Grupo Prisa no puede entenderse como un simple error operativo, sino como una decisión editorial coherente con una línea que ha minimizado sistemáticamente la cobertura de ciertas luchas, como la del pueblo palestino o la del propio pueblo saharaui.
Una respuesta defensiva
Por su parte, la defensora del lector, en su columna del 18 de mayo, titulada «Lo que les falta y lo que les sobra a algunos lectores», se excusaba atribuyendo la omisión d a un «error de reflejos» por parte de la redacción, que «optó por cubrir la protesta convocada por el PP y Vox contra el Gobierno en la plaza de Colón, en detrimento de la manifestación propalestina».
Según Borja Echevarría, director adjunto del periódico, la cobertura de Gaza es un eje central del medio, aunque se justificó la omisión señalando que “el periódico del domingo va muy armado” y “hay menos capacidad de reacción”.
Luis Portillo, sin embargo, rebatió esa explicación, calificando de «escandalosa» la falta de cobertura, especialmente cuando El País ha dedicado páginas enteras a actos políticos con asistencia marginal, como una concentración reciente en Callao con apenas mil personas. A su juicio, la ausencia de información no se debió a ningún topo de «error», sino a presiones o intereses de embajadas como las de Israel, Marruecos y Estados Unidos, y a la afinidad editorial del diario con las posiciones oficiales del Ministerio de Asuntos Exteriores.
La línea editorial de El País y la causa saharaui
Portillo recordó, en este sentido, que año tras año El País ha ignorado las manifestaciones por el Sáhara Occidental que se celebran en Madrid en noviembre, coincidiendo con el aniversario de los Acuerdos Tripartitos de 1975. La denuncia efectuada por Luis Portillo se enmarca, por tanto, en otra más amplia a la línea editorial del periódico que, a nivel estatal, responde y respalda la línea política del PSOE.
Desde que el Gobierno de Pedro Sánchez alineó su política exterior con el plan de autonomía propuesto por Marruecos para el Sáhara Occidental, El País, se ha esforzado por justificar esta postura a través de su línea editorial y las opiniones de sus periodistas asalariados y columnistas.
Editoriales recientes han defendido este giro como una adaptación al “realismo geopolítico”, dejando en segundo plano el principio de autodeterminación al que tiene derecho, según la legalidad internacional, el pueblo saharaui. Aunque el periódico ha cubierto algunas visitas oficiales de enviados de la ONU, como la de Staffan de Mistura, ha omitido reiteradamente las movilizaciones sociales que denuncian la ocupación marroquí.
Un lector comprometido
Luis Portillo Pasqual del Riquelme no es un «lector cualquiera» del diario El País. Doctor en Ciencias Económicas, ha sido profesor universitario y es colaborador de medios críticos como Rebelión, AraInfo, Kaos en la Red y Canarias-semanal. En sus artículos denuncia no solo la ocupación del Sáhara, sino también la complicidad activa o pasiva de medios y gobiernos que blanquean esta situación.
En 2025, Portillo presentó su libro En defensa de la causa saharaui, una compilación de escritos y testimonios en apoyo al derecho del pueblo saharaui a decidir su destino. Su intervención en esta polémica no es, por tanto, un arrebato puntual, sino una expresión más de su compromiso político e intelectual.
La controversia entre Portillo y la Defensora del lector de El País, Soledad Alcaide, pone sobre la mesa una cuestión de fondo: ¿quién decide qué merece ser noticia? ¿Quién define la relevancia de una manifestación, una causa, un conflicto?
Como ha querido poner de relieve Luis Portillo, el silencio informativo selectivo jamás es neutro. En muchos casos es una forma de intervención. Lo que se omite también comunica. Por eso, esta polémica es más que un desencuentro puntual. Es un recordatorio de que la prensa corporativa, tiene la clara función de reforzar la ideología dominante necesaria para la reproducción del sistema. Aunque de vez en cuando tenga que enfrentarse a algunos lectores críticos dispuestos a interpelar a quienes se autodefinen como «El Cuarto Poder».
José Rivas (Correo del Caroní)
El abogado defensor del ferrominero Rodney Álvarez, Luis Aguilera, no pudo entrar a la audiencia de juicio de este martes 13 de marzo, luego que le impidieran el acceso al Palacio de Justicia por órdenes del presidente del Circuito Judicial Penal del área metropolitana de Caracas.
Armando Guerra, uno de los activistas que ha denunciado el caso de Álvarez, denuncia que la medida busca que el ferrominero acepte un defensor público que lo inste a admitir los delitos por los que se le acusa.
Vladimir Aguilar
Las Naciones Unidas ha confirmado lo que desde hace tiempo era una realidad inocultable. Primero, que el cambio climático vendría a constituirse en el desafío más apremiante para la humanidad en los tiempos actuales, y, segundo, que al ser los bosques los principales sumideros de gases que producen el calentamiento global, quienes en ellos habitan juegan un rol fundamental en su salvaguarda.
En el reciente Informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (FILAC), Los pueblos indígenas y tribales y la gobernanza de los bosques. Una oportunidad para la acción climática en América Latina y el Caribe (2021), expertos señalan que los derechos colectivos de propiedad o usufructo reconocidos jugarán un rol fundamental en la mitigación del calentamiento global.
Global Mayday / Primero de Mayo Global
A nivel mundial, nosotros, los trabajadores asalariados, nos vemos obligados a una competición para incrementar cada vez más el valor adicional obtenido de la cadena de producción. Independientemente de nuestrolugar de residencia, de nuestro género/sexo, nacionalidad, lo queramos o no, estamos implicados en la misma lucha.
Los recortes presupuestarios en los servicios sociales, la subcontratación, los salarios cada vez más exiguos, privatizaciones, incremento del coste de la vida, así como las tasas de las matrículas para las y los estudiantes y la destrucción de los ecosistemas naturales, son solo algunos de los síntomas del sistema económico global.
