• La asociación ha remitido solicitudes de información a los 30 ayuntamientos de la comarca para evaluar costes, cumplimiento legal e impacto ambiental.

La Asociación en Defensa del Territorio del Aljarafe (ADTA), federada en Ecologistas en Acción, ha puesto en marcha una campaña comarcal para exigir transparencia, responsabilidad y cumplimiento de la Ley 7/2022 en la gestión de los residuos municipales en el Aljarafe.[Fotos]

En el marco de esta iniciativa, la organización ecologista ha remitido solicitudes formales de información a los 30 ayuntamientos de la comarca, con el objetivo de conocer en detalle cómo se están gestionando los residuos, cuánto cuestan realmente estos servicios y en qué medida se están cumpliendo las obligaciones legales vigentes.

Esta actuación se produce tras conocer iniciativas similares impulsadas por Ecologistas en Acción Sevilla ante la Diputación Provincial, y responde a la necesidad de contar con datos públicos, comparables y actualizados sobre una cuestión clave para la sostenibilidad territorial.

Transparencia y cumplimiento de la Ley 7/2022
La Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, obliga a los municipios de más de 5.000 habitantes a implantar la recogida separada de biorresiduos, establecer sistemas eficaces de separación y crear tasas específicas que reflejen el coste real del servicio.

Asimismo, la normativa reconoce el derecho de la ciudadanía a acceder a información sobre la producción, recogida, tratamiento y financiación de los residuos, así como sobre el grado de cumplimiento de los objetivos de prevención y reciclaje.

Desde ADTA señalan que, pese al tiempo transcurrido desde la entrada en vigor de la ley, sigue existiendo una importante falta de transparencia en muchos municipios.

Información solicitada a los ayuntamientos
Las peticiones enviadas reclaman datos correspondientes a los años 2022, 2023, 2024 y 2025, entre los que se incluyen:

• Cantidad de residuos generados, por meses, fracciones, procedencia y destino.
• Costes económicos asociados a su gestión.
• Coste del servicio de recogida por fracción.
• Recaudación de la tasa de residuos.
• Sistemas de recogida separada de la fracción orgánica.
• Ordenanzas municipales de residuos actualizadas.
• Convenios con Ecoembes y otros sistemas colectivos de responsabilidad ampliada.

La asociación considera que esta información es imprescindible para evaluar la eficiencia, la equidad y el impacto ambiental de los sistemas municipales.

Una problemática comarcal con consecuencias ambientales y sociales
ADTA–Ecologistas en Acción subraya que la gestión de los residuos es una responsabilidad compartida entre administraciones, pero que su mala planificación tiene consecuencias directas sobre el territorio y la salud pública.

La acumulación de residuos mal gestionados provoca contaminación de suelos, aguas y aire, degradación del paisaje, pérdida de biodiversidad, problemas sanitarios y un elevado coste económico para la ciudadanía.

Además, advierten del aumento de vertidos incontrolados y del abandono de residuos en espacios naturales y urbanos, una realidad cada vez más normalizada.

Seguimiento público y rendición de cuentas
La organización ecologista anuncia que realizará un seguimiento público de las respuestas recibidas por parte de los ayuntamientos del Aljarafe y que difundirá periódicamente los resultados de la campaña.

El objetivo es facilitar a la ciudadanía información clara y comprensible que permita comparar modelos de gestión, detectar incumplimientos y promover políticas públicas más responsables.

“Sin datos transparentes no hay buena gestión ni transición hacia una economía circular real”, señalan desde ADTA.

“¿Qué nos cuesta realmente gestionar los residuos en el Aljarafe?”
Con esta campaña, ADTA–Ecologistas en Acción quiere abrir un debate público sobre el modelo actual de gestión de residuos en la comarca y sobre quién asume sus costes económicos, sociales y ambientales.

La asociación defiende un cambio de modelo basado en la prevención, la reducción en origen, el compostaje, el reciclaje de calidad y la implicación ciudadana como pilares de un sistema más justo y sostenible.

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La Asociación en Defensa del Territorio del Aljarafe (ADTA) Ecologistas en Acción ha puesto en valor una interesante conexión entre una innovadora iniciativa legislativa aprobada en Escocia y el Plan de Biodiversidad Urbana impulsado recientemente por el Ayuntamiento de Coria del Río, como ejemplo de cómo distintas escalas territoriales pueden converger en la protección del entorno y la biodiversidad.

La normativa escocesa, considerada pionera en el ámbito de la defensa de los territorios y la integración de la biodiversidad en los espacios urbanos, guarda una clara relación con el Plan de Biodiversidad Urbana aprobado en mayo pasado por el Ayuntamiento de Coria del Río, tras un proceso participativo en el que tomaron parte dos personas socias de ADTA. Dicho plan contempla, entre otras medidas detalladas, la instalación de cajas nido y habitáculos para aves y otras especies en edificios municipales.

Desde ADTA subrayan que este tipo de políticas públicas resultan especialmente estimulantes en un contexto de crisis ecológica y pérdida acelerada de biodiversidad, demostrando que es posible avanzar hacia ciudades más habitables y resilientes mediante decisiones valientes y comprometidas desde las administraciones públicas.

La asociación valora de forma muy positiva que estas “semillas”, surgidas en territorios geográficamente distantes pero con retos comunes, estén comenzando a germinar y a ofrecer referentes prácticos para la acción local. En este sentido, ADTA lanza un llamamiento al conjunto de los ayuntamientos del Aljarafe para que sigan este ejemplo y apuesten por planes y normativas que integren la biodiversidad en el diseño y la gestión de sus municipios.

Para ADTA, la defensa del territorio pasa necesariamente por este tipo de iniciativas que conectan innovación legislativa, compromiso institucional y sensibilidad ambiental, reforzando el papel de las entidades locales como agentes clave en la protección del patrimonio natural y la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía.

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• La Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, OBLIGA a los municipios de más de 5.000 habitantes a la recogida separada de la fracción orgánica de las basuras (biorresiduos) a partir del 1 de julio de 2022, ya sea mediante el sistema puerta a puerta o por el quinto contenedor con control de usuario.

La Ley 7/2022 obliga además a las entidades locales a establecer el coste total de la gestión de los residuos. Tenían tres años, a contar desde su entrada en vigor, para fijar una tasa que dependiera de la generación (pagar por la cantidad de residuos generados) y que reflejara el coste real de todas las operaciones: recogida, transporte, tratamiento, vigilancia, mantenimiento y vigilancia posterior al cierre de los vertederos, campañas de concienciación y comunicación, así como los ingresos derivados de la aplicación de la responsabilidad ampliada del productor, de la venta de materiales y de la energía obtenida en su caso.

También debería haber una red de recogida suficiente que incluya puntos limpios o puntos de entrega alternativos para la retirada gratuita de los residuos especiales.

Es obligatorio ahora que las autoridades competentes elaboren y publiquen anualmente un informe de coyuntura sobre la situación de producción y gestión de los residuos, incluyendo datos de procedencia, recogida y tratamiento, y destino de los materiales obtenidos, así como los costes económicos asociados. Deben evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos de prevención y gestión de los residuos. Esta información debe estar a disposición del público en general.

A día de hoy, esta información no está disponible en casi ningún municipio, por lo que Ecologistas en Acción ha solicitado a la Diputación Provincial de Sevilla los datos siguientes :

1º- Cantidad de residuos generados en el municipio y destino de los materiales obtenidos.

2º- Costes económicos asociados a la gestión de los residuos y grado de cumplimiento de los objetivos de prevención.

3º- Coste del servicio de recogida de residuos.

4º- Recaudación efectuada por ese Ayuntamiento o entidad que gestione el cobro del servicio de recogida de residuos (tasa de basura), con indicación de la cantidad recaudada por meses.

5º- Sistemas de recogida separada de la fracción orgánica: tipología de los contenedores (control de usuario), número de unidades y coste total.

6º- Nuevas Ordenanzas municipales de residuos. La Ley 7/2022 estableció la obligación de que todos los municipios cuenten con una ordenanza de residuos actualizada, indicando cómo han de actuar los ciudadanos para depositar sus residuos de manera correcta en los medios municipales.

7º- Actualización del convenio con Ecoembes para asegurar el cumplimiento del artículo 23.4 del Real Decreto 1055/2022, por el cual deben hacerse cargo de todos los costes asociados a la recogida de envases.

Ecologistas en Acción recuerda que la tasa de basuras debe depender de la cantidad de residuos generada en cada vivienda y no como hacen ahora los ayuntamientos, que pagan con recursos propios el tratamiento de basuras y por tanto los detraen de otros servicios municipales. Las vecinas tendrán así motivos para generar menos residuos y separarlos mejor.

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• ADTA–Ecologistas en Acción muestra preocupación por el proyecto municipal de “bosque” en Mairena del Aljarafe y reclama claridad y participación ciudadana.

La Asociación en Defensa del Territorio del Aljarafe (ADTA), integrada en Ecologistas en Acción, ha analizado el reciente anuncio del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe sobre la creación de un supuesto “bosque” o “pulmón verde” que ocuparía más de 40.000 metros cuadrados en el límite con el municipio de Palomares del Río. El proyecto contempla, según la información difundida, una combinación de bambú “no invasivo” junto a especies arbóreas y arbustivas autóctonas, y contaría con una financiación de 2,2 millones de euros.

ADTA–Ecologistas en Acción señala que la financiación procede de una convocatoria de la Fundación Biodiversidad (2024), con fondos FEDER, en la que el proyecto municipal figura en el Anexo II como propuesta en reserva. Es decir, se trata de solicitudes que, aun cumpliendo los requisitos técnicos y administrativos, no han sido estimadas en primera instancia por agotamiento de los fondos, y solo pasarían a ser beneficiarias si alguna entidad adjudicataria renunciase a la ayuda.

La organización ha solicitado aclaraciones al Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe sobre si dicha renuncia se ha producido, sin obtener hasta el momento una respuesta clara. También se ha pedido información concreta sobre la ubicación de la zona afectada, recibiendo únicamente una delimitación aproximada.

Riesgo de “lavado verde” en un contexto de fuerte presión urbanística
Desde ADTA–Ecologistas en Acción se valora positivamente que el parque proyectado pueda contribuir a evitar procesos de conurbación entre municipios. Sin embargo, se advierte de que el espacio verde anunciado está vinculado a una zona colindante de mayor tamaño destinada a urbanización.

En este contexto, la organización alerta de que algo más de cuatro hectáreas de parque resultan insuficientes frente a la intensa expansión urbana que viene transformando el municipio, con la consiguiente pérdida de suelo natural y de sus funciones ambientales. Esto podría convertir la creación del “bosque” en una operación de greenwashing o lavado de imagen ecológica, más orientada a compensar discursivamente los impactos urbanísticos que a restaurar ecosistemas reales.

Incertidumbre y dudas ecológicas sobre el uso de bambú
ADTA–Ecologistas en Acción recuerda que el bambú está compuesto por más de 1.700 especies exóticas, algunas de ellas con comportamiento invasivo. Aunque existen especies consideradas “no invasivas”, el Ayuntamiento no ha comunicado públicamente cuál se empleará, generando incertidumbre técnica y ambiental.

La organización subraya además que:

• El consumo de agua del bambú es, en general, superior al de la mayoría de especies autóctonas mediterráneas, mejor adaptadas a la sequía.
• Aunque es habitual en jardinería por su rápido crecimiento y baja exigencia de mantenimiento, su valor ecológico no es equiparable al de un bosque mediterráneo autóctono.
• El uso de especies de crecimiento rápido puede tener sentido como apoyo temporal para favorecer el desarrollo de vegetación autóctona, pero no existe constancia de que esta sea la estrategia prevista.

Participación real y naturaleza autóctona como claves
Para ADTA–Ecologistas en Acción, si el proyecto continúa adelante debería priorizarse una restauración ecológica basada en especies autóctonas, funcionalidad ambiental, mejora de la biodiversidad y provisión de servicios ecosistémicos reales, además de criterios paisajísticos y sociales.

Asimismo, la organización destaca que este proceso constituye una oportunidad para abrir espacios de participación ciudadana real y efectiva, donde el vecindario y las entidades sociales y ambientales puedan contribuir al diseño y ejecución del proyecto.

ADTA–Ecologistas en Acción reitera su voluntad de colaborar de manera constructiva para que Mairena del Aljarafe cuente con infraestructuras verdes de calidad, sostenibles y coherentes con los retos climáticos y ambientales actuales.

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• Las principales ciudades superaron en 2025 el nuevo límite legal de contaminación por dióxido de nitrógeno.
• Sevilla se encuentra entre las 8 ciudades más contaminadas por dióxido de nitrógeno de toda España.

Ecologistas en Acción demanda la implantación en las ciudades españolas de zonas de bajas emisiones eficaces y protocolos frente a episodios de mala calidad del aire.

Con los datos provisionales recopilados por Ecologistas en Acción de las estaciones oficiales de control de la calidad del aire de una veintena de ciudades medias y grandes, que suman casi 12 millones de habitantes y una cuarta parte de la población española, se comprueba que todas ellas han superado durante 2025 el nuevo valor límite anual establecido por la Unión Europea para el dióxido de nitrógeno (NO2), emitido al aire urbano principalmente por el tráfico motorizado que accede y circula por nuestras calles.

Aunque en los últimos años ha venido reduciéndose paulatinamente la presencia de este contaminante en el aire que respiramos, sobre todo por efecto de la renovación del parque de automóviles y del mayor peso de los de gasolina sobre los diésel, las dieciocho ciudades analizadas deberán hacer un mayor esfuerzo para cumplir el nuevo valor límite legal.

Los niveles más elevados de este contaminante se han registrado durante el año pasado en las estaciones Plaza Elíptica de Madrid, Avenida Juan XXIII de Málaga, Granada Norte, Eixample de Barcelona y San Basilio de Murcia, con una concentración media anual en torno a 30 microgramos por metro cúbico de aire (μg/m3), frente a los 20 μg/m3 que deben alcanzarse antes del 1 de enero de 2030 y los 10 μg/m3 recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Ninguna ciudad española incumplió en 2025 el obsoleto valor límite anual vigente, establecido en 40 μg/m3, que no se supera en España desde 2022.

Otras trece ciudades analizadas también han superado durante el año pasado el nuevo límite legal de NO2, destacando las estaciones Felisa Munárriz en Pamplona (27), Olivereta de València (26), Torneo en Sevilla (25), María Díaz de Haro en Bilbao (25), Oeste en Vigo (25), Palacio de Deportes en Oviedo (24) y Plaza de Pontevedra en A Coruña (23). Las ciudades que registraron concentraciones de NO2 más bajas fueron Palma (Foners, 22), Córdoba (Avenida Al-Nasir, 22), Zaragoza (Avenida de Soria, 21), Burgos (Avenida de Cantabria, 21), Valladolid (Arco de Ladrillo, 20) y Santa Cruz de Tenerife (Piscina Municipal, 20), las dos últimas sólo unas décimas por encima del nuevo límite legal a cumplir en 2030.

Ecologistas en Acción considera que las elevadas diferencias entre las estaciones de medición de ciudades con poblaciones similares como Málaga, Sevilla o Zaragoza entre las más grandes y Granada, Palma o Valladolid entre las intermedias obedece a la deficiente ubicación de muchas estaciones supuestamente orientadas al tráfico, que no se están emplazadas en los “puntos críticos” de contaminación, según establece la nueva normativa.

Esto conlleva que las mediciones de las ciudades con niveles de NO2 más bajos o de otras ciudades medias como Alicante, Cartagena, Elche y Las Palmas de Gran Canaria que ni siquiera disponen de estaciones orientadas al tráfico no resulten representativas de la calidad del aire que respira buena parte de sus habitantes, según han acreditado las campañas de medición de NO2 realizadas en los últimos años por Ecologistas en Acción.

La organización ambiental reclama por ello al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que obligue a revisar la ubicación de las estaciones oficiales de control de la calidad del aire de las ciudades españolas, para adaptarlas a los nuevos criterios legales de localización. En cualquier caso, dado que todas las ciudades analizadas incumplirían el nuevo límite legal, Ecologistas en Acción pide políticas de mejora de la calidad del aire que reduzcan la presencia de automóviles en nuestras áreas urbanas.

En este sentido, vencido hace tres años el plazo para que los 150 municipios de más de 50.000 habitantes establecieran zonas de bajas emisiones y aprobaran protocolos de actuación frente a episodios de mala calidad del aire, la mayoría de las ciudades no han cumplido siquiera formalmente estas obligaciones legales, además de resultar inoperantes las hasta ahora aprobadas. Ecologistas en Acción exige la implantación en las ciudades españolas de zonas de bajas emisiones eficaces y protocolos frente a episodios de mala calidad del aire.

Por otro lado, y a la vista de la necesidad de acciones contundentes que permitan rebajar los niveles de contaminación del aire, la organización ecologista valora de forma muy negativa la prórroga que ha aprobado la Comisión Europea en relación a la prohibición de la venta de vehículos de combustión prevista para 2035. Esta medida manda un mensaje completamente equivocado tanto en materia de reducción de emisiones tóxicas para la salud como de gases de efecto invernadero.

El dióxido de nitrógeno es un gas tóxico que al inhalarse afecta a los tramos más profundos de los pulmones, inhibiendo algunas funciones de los mismos, como la respuesta inmunológica, con la consiguiente merma de la resistencia a las infecciones, siendo responsable de 4.100 muertes prematuras en 2023 en España, según el último informe sobre la calidad del aire publicado por la Agencia Europea de Medio Ambiente.

 

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• Ecologistas en Acción exige el cumplimiento de la Zona de Bajas Emisiones de la Cartuja que el pacto PP-VOX pretende boicotear.
• Alerta del retroceso social y ambiental en Sevilla tras el pacto PP–Vox. 

Ecologistas en Acción ha mostrado su «estupor» ante el pacto alcanzado entre PP y Vox para la aprobación de los presupuestos municipales de 2026 en Sevilla, que incluye la flexibilización de las sanciones vinculadas a la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de la Cartuja, impedir el acceso al padrón municipal de personas inmigrantes en situación administrativa irregular y la prioridad en «combatir la proliferación de manteros».

La organización ecologista considera que esta decisión supone un incumplimiento de la propia Ordenanza municipal de ZBE y alerta de que, además de suponer una burla a la Ley, aumentaría la contaminación atmosférica que ya sufre la ciudad. Se trata de una medida ilegal, similar a la adoptada en otros ayuntamientos de derecha.

La entidad ha anunciado que permanecerá vigilante para garantizar que se cumple la única ZBE planteada por el Ayuntamiento de Sevilla en la Isla de la Cartuja. Ecologistas en Acción advierte de que, de materializarse la flexibilización anunciada, se estaría vulnerando el Real Decreto 1052/2022 que regula las ZBE, así como la Ley 7/2021 de Cambio Climático y Transición Energética.

Las Zonas de Bajas Emisiones están concebidas para reducir las emisiones derivadas de la movilidad urbana y forman parte de las obligaciones recogidas en la normativa estatal sobre cambio climático. Ecologistas en Acción recuerda que el objetivo último de estas zonas es mejorar la calidad del aire y mitigar los impactos del cambio climático, favoreciendo un modelo de movilidad más sostenible, inclusivo y seguro, que priorice el transporte público y la movilidad activa a pie o en bicicleta.

El Real Decreto establece, además, que las ZBE deben evitar una mayor concentración de vehículos contaminantes en su perímetro para impedir el empeoramiento de la calidad del aire, el ruido y las condiciones ambientales. La organización ecologista considera que las medidas anunciadas por el Ayuntamiento irían en sentido contrario a esta obligación.

Según el último informe estatal de Ecologistas en Acción sobre la calidad del aire, basado en datos oficiales de siete estaciones de control en Sevilla, la contaminación procedente del tráfico rodado ha aumentado en la ciudad y se registran superaciones de los valores límite recomendados por la Organización Mundial de la Salud y por la normativa vigente.

En este sentido, Ecologistas en Acción subraya que la calidad del aire en Sevilla está estrechamente vinculada a enfermedades respiratorias. La contaminación derivada del tráfico —incluyendo partículas finas (PM2.5), dióxido de nitrógeno (NO₂) y compuestos orgánicos volátiles— penetra profundamente en los pulmones, irrita las vías respiratorias y provoca inflamación, favoreciendo patologías como el asma, la bronquitis crónica o la EPOC. La organización recuerda que la exposición continuada a estos contaminantes incrementa también el riesgo de cáncer de pulmón, especialmente en áreas urbanas con altos niveles de polución. Recordar que se producen alrededor de unas 600 muertes prematuras al año debido a la contaminación atmosférica en Sevilla(1). Debilitar la ZBE de la Cartuja, advierte la entidad, supone reducir una herramienta clave para proteger la salud pública y la calidad de vida de la población sevillana.

La entidad denuncia también la ausencia de indicadores claros para evaluar el cumplimiento de los objetivos ambientales de la ZBE de la Cartuja, así como la inexistencia de una estación de control de la calidad del aire en la zona, lo que a su juicio impide un seguimiento adecuado.

Ante esta situación, Ecologistas en Acción solicitará al Ministerio de Transportes la retirada de la subvención de fondos Next Generation, que supera los tres millones de euros y fue solicitada por el Ayuntamiento de Sevilla para la implantación de la ZBE. La organización considera que existe un incumplimiento manifiesto de la normativa reguladora, ya que la medida municipal no contemplaría restricciones de acceso ni sanciones para los vehículos más contaminantes, siguiendo —según afirma— las condiciones exigidas por Vox al PP para la aprobación de las cuentas municipales.

También recuerda que ya en 2023 propuso la ampliación de las Zonas de Bajas Emisiones en Sevilla, con especial atención al Casco Antiguo y al conjunto histórico de Triana, en línea con las zonas recogidas en el «Plan Respira». A su juicio, estas áreas sí cumplirían con buena parte de los requisitos establecidos en el Real Decreto 1052/2022.

Ecologistas en Acción muestra su preocupación por el contenido social del acuerdo alcanzado entre PP y Vox, que pasa —según denuncia la organización— de impedir el acceso al padrón municipal de personas inmigrantes en situación administrativa irregular. Para Ecologistas en Acción, esta medida supone criminalizar y desproteger a quienes ya sufren una situación de mayor vulnerabilidad, dificultando su acceso a derechos básicos como la sanidad, la educación o los servicios sociales, y vulnerando el principio de solidaridad que debería guiar las políticas públicas.

La organización recuerda que muchos colectivos sociales que trabajan en apoyo a personas migrantes insisten en que la llamada «proliferación de manteros» no puede abordarse desde la persecución policial ni la criminalización, sino afrontando las causas que llevan a muchas personas a sobrevivir con la venta ambulante, como la falta de alternativas laborales, la irregularidad administrativa o la exclusión social. A su juicio, la respuesta justa y eficaz pasa por garantizar derechos, facilitar vías de regularización y ofrecer oportunidades de empleo digno, y no por señalar a quienes ya viven en una situación límite.

Por último, Ecologistas en Acción concluye que el pacto PP–Vox «supone un doble retroceso»: por un lado, en materia de derechos y cohesión social, al dificultar la vida de las personas migrantes más vulnerables; y por otro, en la protección ambiental y de la salud pública, al rebajar las herramientas destinadas a reducir la contaminación. La organización demanda políticas basadas en la solidaridad, la justicia social y la protección ambiental, en lugar de medidas que —a su juicio— castigan a quienes menos tienen y relajan la defensa del bien común.

1. Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal).

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Ecologistas en Acción ha expresado públicamente su apoyo a la brigada de la Guardia Civil María Serrano, juzgada en el Tribunal Militar de Madrid por un presunto delito de denuncia falsa tras haber alertado sobre posibles casos de corrupción en el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de Sevilla.

La Fiscalía Jurídico Militar retiró su denuncia puesto que no ve indicios de delito. La única acusación que queda es la de un particular, General de División.

El procedimiento judicial concluyó el martes 16 y la sentencia está prevista antes del próximo día 24. La acusación solicita cerca de un año de prisión militar y una responsabilidad civil de 20.000 euros. La organización ecologista reclama que en este caso se aplique el espíritu y la finalidad de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, de protección de las personas informantes sobre infracciones normativas y lucha contra la corrupción, así como de la directiva europea que le da origen.

La militar, entrevistada por Ecologistas en Acción hace aproximadamente año y medio, se ha sentado en el banquillo acusada de denuncia falsa y se enfrenta a una posible pena de cárcel por haber denunciado, hace una década, presuntas irregularidades internas en el Seprona de Sevilla. Desde entonces, según denuncian, ha sufrido un prolongado proceso de represalias y desgaste personal y profesional que ella misma ha calificado como un “calvario”.

La denuncia inicial por presunta corrupción interna fue archivada en su momento por prescripción de los delitos. Sin embargo, posteriormente se abrió contra ella una causa por denuncia falsa, impulsada por quien entonces era coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Sevilla y hoy general, causa que ha sido finalmente juzgada en la jurisdicción militar.

Este caso guarda paralelismos con el de Ana María Garrido, funcionaria del Ayuntamiento de Boadilla del Monte (Madrid) y denunciante clave del caso Gürtel, cuya actuación fue determinante para destapar una de las mayores tramas de corrupción en el Estado español. Garrido, hoy reconocida activista en la lucha contra la corrupción y referente en el desarrollo de la normativa de protección a denunciantes, también sufrió graves represalias personales y profesionales, hasta el punto de verse obligada a abandonar el país. Garrido ha mostrado su respaldo a María Serrano y ha señalado su caso como un ejemplo del deficiente desarrollo práctico de la ley de protección a las personas informantes, subrayando que este procedimiento podría servir para corregir esa deriva y reforzar la lucha contra la corrupción.

Ecologistas en Acción insiste en que cumplir con el deber de informar sobre posibles irregularidades no puede convertirse en motivo de castigo ni de persecución. En este sentido, recuerda que la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) lleva años denunciando la “abusiva y arbitraria aplicación” del Código Penal Militar contra quienes se atreven a denunciar prácticas corruptas dentro del cuerpo.

La organización ecologista subraya, además, que María Serrano está siendo juzgada por la jurisdicción militar por un presunto delito de carácter civil. Recuerda que uno de los compromisos aún pendientes de los Pactos de la Moncloa es que la justicia militar se limite estrictamente a delitos militares y no se aplique a conductas de naturaleza civil, una exigencia que consideran especialmente relevante en el caso de la Guardia Civil.

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Ecologistas en Acción exige la no renovación de las bases de Rota y Morón
· El convenio vigente que regula la presencia de Estados Unidos en las bases militares de Rota y Morón vence el 22 de mayo de 2026.

· Ecologistas en Acción publica un manifiesto en el que exige que no se renueven estas instalaciones en el nuevo convenio.

·La organización ecologista anuncia que esta será también una de las reivindicaciones que se exigirán en las próximas movilizaciones descentralizadas contra el genocidio en Palestina de los días 28, 29 y 30 de noviembre.

El convenio entre Estados Unidos y España se firmó por primera vez el 1 de diciembre de 1988. Desde entonces, fue enmendado y prorrogado varias veces con un periodo de vigencia de ocho años a partir del 21 de mayo del 2013, fecha desde  la que se prorroga de manera automática por períodos anuales, salvo que alguna de las partes lo quiera denunciar.

Por ello, y coincidiendo con el papel de Estados Unidos en el genocidio en Palestina, Ecologistas en Acción considera que es un buen momento para que el Gobierno español traslade sus declaraciones pacifistas sobre Palestina a hechos y denuncie el acuerdo con Estados Unidos.

A continuación se transcribe el manifiesto de la organización ecologista.

No a la renovación de las bases de Rota y Morón

Las bases militares de Estados Unidos en el mundo tienen un papel directo en el genocidio contra el pueblo palestino. El convenio permite el envío de armas a Israel, pese al embargo. La gran potencia mundial guerrera y ofensiva es la autora directa o instigadora de decenas de casos de crímenes contra la humanidad. Así ha sido desde el fin de la II guerra mundial (incluso desde antes), tal y como se explica en ‘El imperio ha estado siempre aquí’.  No son bases para la seguridad ni para la defensa.

La situación mundial se asemeja cada vez más a la del terrible momento de la historia en el que las grandes potencias dejaron hacer o alentaron a Hitler, Franco y Musolini.

Nuestro grito permanente “Otan No, bases fuera”, en todas las movilizaciones en las que participamos tiene aún más sentido hoy, en estos días en que es evidente que Estados Unidos ya está actuando sin disimulo ni control alguno. Esto ya fue evidente en su devastadora invasión sobre Iraq y Afganistán. El uso de las bases por parte de la CIA para trasladar a presos a sus cárceles secretas, en las que fueron torturados y no tuvieron garantías judiciales, no puede olvidarse.

Ecologistas en Acción siempre hemos argumentado que el regalo de nuestro territorio a una potencia ofensiva cada vez más descontrolada, no es solo una sumisión brutal de nuestra soberanía, sino que nos hace cómplices de los actos contra la humanidad y de los genocidios, además de poner nuestra propia seguridad en peligro, enemistándonos con los pueblos agredidos, colocándonos en el lado “malo” de la historia. Tener aquí esas bases militares va contra los valores del pacifismo y contra la naturaleza.

El convenio vigente que regula la presencia de Estados Unidos en las bases militares de Rota y de Morón vence exactamente el 22 de mayo de 2026. Este convenio fue firmado  el 1 de diciembre de 1988; y fue enmendado y prorrogado varias veces con un periodo de vigencia de ocho años a partir del 21 de mayo del 2013. Desde entonces, se ha prorrogado de manera automática por períodos anuales, salvo que alguna de las partes lo quiera denunciar.

Durante estos años, las dos bases han seguido modernizando, ampliando y adaptando los muelles para desembarco de barcos españoles y estadounidenses. Gracias a ello, puede servir de lanzadera militar hacia el suroeste asiático, esperándose la llegada de las fragatas F-110 a la base de Rota. De hecho, la ministra Margarita Robles confirmó que Estados Unidos usa aviones cisterna para reabastecer a sus aviones que van destino al Oriente medio, Gaza e Irán.

Por todo ello, ahora es un buen momento para que el Gobierno español traslade su retórica pacifista en Palestina a hechos, y gestione la no renovación del acuerdo con Estados Unidos.

Denunciar el convenio de las bases de Morón y Rota debe volver a ser una clara reivindicación de la sociedad española. Así lo pedimos también en las movilizaciones previstas para los próximos días 28, 29 y 30 de noviembre.

Manifiesto en la web:ecologistasenaccion.org/351855

Ecologistas en Acción exige la no renovación de las bases de Rota y Morón
· El convenio vigente que regula la presencia de Estados Unidos en las bases militares de Rota y Morón vence el 22 de mayo de 2026.

· Ecologistas en Acción publica un manifiesto en el que exige que no se renueven estas instalaciones en el nuevo convenio.

·La organización ecologista anuncia que esta será también una de las reivindicaciones que se exigirán en las próximas movilizaciones descentralizadas contra el genocidio en Palestina de los días 28, 29 y 30 de noviembre.

El convenio entre Estados Unidos y España se firmó por primera vez el 1 de diciembre de 1988. Desde entonces, fue enmendado y prorrogado varias veces con un periodo de vigencia de ocho años a partir del 21 de mayo del 2013, fecha desde  la que se prorroga de manera automática por períodos anuales, salvo que alguna de las partes lo quiera denunciar.

Por ello, y coincidiendo con el papel de Estados Unidos en el genocidio en Palestina, Ecologistas en Acción considera que es un buen momento para que el Gobierno español traslade sus declaraciones pacifistas sobre Palestina a hechos y denuncie el acuerdo con Estados Unidos.

A continuación se transcribe el manifiesto de la organización ecologista.

No a la renovación de las bases de Rota y Morón

Las bases militares de Estados Unidos en el mundo tienen un papel directo en el genocidio contra el pueblo palestino. El convenio permite el envío de armas a Israel, pese al embargo. La gran potencia mundial guerrera y ofensiva es la autora directa o instigadora de decenas de casos de crímenes contra la humanidad. Así ha sido desde el fin de la II guerra mundial (incluso desde antes), tal y como se explica en ‘El imperio ha estado siempre aquí’.  No son bases para la seguridad ni para la defensa.

La situación mundial se asemeja cada vez más a la del terrible momento de la historia en el que las grandes potencias dejaron hacer o alentaron a Hitler, Franco y Musolini.

Nuestro grito permanente “Otan No, bases fuera”, en todas las movilizaciones en las que participamos tiene aún más sentido hoy, en estos días en que es evidente que Estados Unidos ya está actuando sin disimulo ni control alguno. Esto ya fue evidente en su devastadora invasión sobre Iraq y Afganistán. El uso de las bases por parte de la CIA para trasladar a presos a sus cárceles secretas, en las que fueron torturados y no tuvieron garantías judiciales, no puede olvidarse.

Ecologistas en Acción siempre hemos argumentado que el regalo de nuestro territorio a una potencia ofensiva cada vez más descontrolada, no es solo una sumisión brutal de nuestra soberanía, sino que nos hace cómplices de los actos contra la humanidad y de los genocidios, además de poner nuestra propia seguridad en peligro, enemistándonos con los pueblos agredidos, colocándonos en el lado “malo” de la historia. Tener aquí esas bases militares va contra los valores del pacifismo y contra la naturaleza.

El convenio vigente que regula la presencia de Estados Unidos en las bases militares de Rota y de Morón vence exactamente el 22 de mayo de 2026. Este convenio fue firmado  el 1 de diciembre de 1988; y fue enmendado y prorrogado varias veces con un periodo de vigencia de ocho años a partir del 21 de mayo del 2013. Desde entonces, se ha prorrogado de manera automática por períodos anuales, salvo que alguna de las partes lo quiera denunciar.

Durante estos años, las dos bases han seguido modernizando, ampliando y adaptando los muelles para desembarco de barcos españoles y estadounidenses. Gracias a ello, puede servir de lanzadera militar hacia el suroeste asiático, esperándose la llegada de las fragatas F-110 a la base de Rota. De hecho, la ministra Margarita Robles confirmó que Estados Unidos usa aviones cisterna para reabastecer a sus aviones que van destino al Oriente medio, Gaza e Irán.

Por todo ello, ahora es un buen momento para que el Gobierno español traslade su retórica pacifista en Palestina a hechos, y gestione la no renovación del acuerdo con Estados Unidos.

Denunciar el convenio de las bases de Morón y Rota debe volver a ser una clara reivindicación de la sociedad española. Así lo pedimos también en las movilizaciones previstas para los próximos días 28, 29 y 30 de noviembre.

Manifiesto en la web:ecologistasenaccion.org/351855

Ni un euro para la guerra, no rotundo al incremento del gasto militar.

Fuera bases, salida de la OTAN.

Basta de complicidad con el genocidio, ruptura de relaciones con Israel.

Gastos militares para casas, escuelas y hospitales.

Manifiesto de la Plataforma Andaluza por la Paz, contra el Rearme y la Guerra.

• Día: sábado, 24 de mayo.
• Lugar: Puente de Triana (Sevilla).
• Hora: 12 horas.
  
  Organiza: Mujeres de Negro contra la Guerra. Isbilya.
  Colaboran: Asamblea Feminista Unitaria.
  Gracias a CGT por el equipo de sonido y a USTEA por la cartelería.
• #fueralaguerradelahistoria #porlapazyeldesarme #marchademujeres

Sábado, 17 de mayo a las 11:30 h.

Un proyecto de digitalización audiovisual sobre el movimiento antimilitarista.

Lugar: Cortijo de la Albarrana (Parque Miraflores).

• 11:30 h. Presentación de la Colección Insumisión. La Digitalizadora de la Memoria Colectiva (Propuestas, procesos y proyecciones). Exposición de «refotos» por Antonio Pérez.
• 12:30 Todas las voces: MIrada retrospectiva: nuevos análisis, programa de respuestas a las nuevas y viejas realidades militaristas.
• 14:00 h. Comida y Bebercio.
• 17:00 h. Romancero Insumiso. Reposición del romancero Insumiso por Rocío Pozo.
• 18:00 h. Concierto. Flamenco. Willy Leal y Antonio Fernández. Malfario.

Organiza: La Digitalizadora de la Memoria Colectiva y MOC Sevilla.

Reafirmamos más que nunca nuestro rechazo a cualquier incremento del gasto militar, que perpetúa la lógica de la violencia como vía para resolver conflictos. En un momento de emergencia ecológica y social sin precedentes, es inaceptable malgastar recursos públicos en la industria armamentística en lugar de proteger el planeta y garantizar derechos fundamentales como la vivienda, la educación y la sanidad.

Ecologistas en Acción rechaza frontalmente la carrera armamentista desatada por la Unión Europea.

Como organización ecologista, social y pacifista, defendemos la vida y nos posicionamos radicalmente contra las guerras y el militarismo, que solo generan destrucción y sufrimiento.
https://www.ecologistasenaccion.org/335812/ecologistas-en-accion-contra-el-incremento-masivo-del-gasto-militar-y-el-regimen-de-guerra-en-la-union-europea/

A veces es bueno ver el mundo desde otra perspectiva.

Reafirmamos más que nunca nuestro rechazo a cualquier incremento del gasto militar, que perpetúa la lógica de la violencia como vía para resolver conflictos. En un momento de emergencia ecológica y social sin precedentes, es inaceptable malgastar recursos públicos en la industria armamentística en lugar de proteger el planeta y garantizar derechos fundamentales como la vivienda, la educación y la sanidad.

• Día: sábado, 24 de mayo.
• Lugar: Puente de Triana (Sevilla).
• Hora: 12 horas.
  
  Organiza: Mujeres de Negro contra la Guerra. Isbilya.
  Colaboran: Asamblea Feminista Unitaria.
  Gracias a CGT por el equipo de sonido y a USTEA por la cartelería.
• #fueralaguerradelahistoria #porlapazyeldesarme #marchademujeres

Reafirmamos más que nunca nuestro rechazo a cualquier incremento del gasto militar, que perpetúa la lógica de la violencia como vía para resolver conflictos. En un momento de emergencia ecológica y social sin precedentes, es inaceptable malgastar recursos públicos en la industria armamentística en lugar de proteger el planeta y garantizar derechos fundamentales como la vivienda, la educación y la sanidad.

Ecologistas en Acción rechaza frontalmente la carrera armamentista desatada por la Unión Europea.

Como organización ecologista, social y pacifista, defendemos la vida y nos posicionamos radicalmente contra las guerras y el militarismo, que solo generan destrucción y sufrimiento.
https://www.ecologistasenaccion.org/335812/ecologistas-en-accion-contra-el-incremento-masivo-del-gasto-militar-y-el-regimen-de-guerra-en-la-union-europea/

A veces es bueno ver el mundo desde otra perspectiva.

Reafirmamos más que nunca nuestro rechazo a cualquier incremento del gasto militar, que perpetúa la lógica de la violencia como vía para resolver conflictos. En un momento de emergencia ecológica y social sin precedentes, es inaceptable malgastar recursos públicos en la industria armamentística en lugar de proteger el planeta y garantizar derechos fundamentales como la vivienda, la educación y la sanidad.

Sábado, 17 de mayo a las 11:30 h.

Un proyecto de digitalización audiovisual sobre el movimiento antimilitarista.

Lugar: Cortijo de la Albarrana (Parque Miraflores).

• 11:30 h. Presentación de la Colección Insumisión. La Digitalizadora de la Memoria Colectiva (Propuestas, procesos y proyecciones). Exposición de “refotos” por Antonio Pérez.
• 12:30 Todas las voces: MIrada retrospectiva: nuevos análisis, programa de respuestas a las nuevas y viejas realidades militaristas.
• 14:00 h. Comida y Bebercio.
• 17:00 h. Romancero Insumiso. Reposición del romancero Insumiso por Rocío Pozo.
• 18:00 h. Concierto. Flamenco. Willy Leal y Antonio Fernández. Malfario.

Organiza: La Digitalizadora de la Memoria Colectiva y MOC Sevilla.

Ni un euro para la guerra, no rotundo al incremento del gasto militar.

Fuera bases, salida de la OTAN.

Basta de complicidad con el genocidio, ruptura de relaciones con Israel.

Gastos militares para casas, escuelas y hospitales.

Manifiesto de la Plataforma Andaluza por la Paz, contra el Rearme y la Guerra.

La paz no se consigue incrementando los gastos para la guerra.

No al rearme, no más gastos militares. No a la Guerra.

Día: Jueves, 10 de abril de 2025.

Hora: 18:00 h.

Lugar: Delegación Ministerio de Defensa. Avda. Carlos III, 3. Cádiz.

Con estos lemas tendrá lugar una concentración apoyada por organizaciones sociales, sindicales y políticas ante la delegación del Ministerio de Defensa en la Avda. Carlos III, 3 – Cádiz.

La paz no se consigue incrementando los gastos para la guerra.

No al rearme, no más gastos militares. No a la Guerra.

Día: Jueves, 10 de abril de 2025.

Hora: 18:00 h.

Lugar: Delegación Ministerio de Defensa. Avda. Carlos III, 3. Cádiz.

Con estos lemas tendrá lugar una concentración apoyada por organizaciones sociales, sindicales y políticas ante la delegación del Ministerio de Defensa en la Avda. Carlos III, 3 – Cádiz.