Con motivo de la celebración el pasado 2 de febrero del Día Mundial de los Humedales, Ecologistas en Acción de Parla ha comenzado una campaña de recogida de firmas en la plataforma Change.org solicitando la inclusión de diferentes humedales amenazados distribuidos por los municipios de Parla, Fuenlabrada, Pinto y Griñón en el Catálogo de Embalses y Humedales de la Comunidad de Madrid.

Estos humedales endorreicos, estacionales y someros son de gran valor ecológico, paisajístico y sociocultural, por lo que su protección y conservación resultan imprescindibles. Estos tipos de hábitat, a pesar de estar reconocidos por la Directiva de Hábitats de la Unión Europea como de interés prioritario en su conservación por ser un tipo de hábitat escaso y de gran biodiversidad en la Unión Europea (3170 Estanques temporales mediterráneos), han ido desapareciendo en silencio debido al desinterés y desidia por parte de las administraciones locales y regionales, engullidas por proyectos urbanísticos, polígonos industriales, infraestructuras de transporte, vertidos de basuras y escombros, así como por agricultores que las han integrado a sus campos de cultivo de forma ilegal.

Según considera el grupo ecologista, para nada ha servido la protección que les otorga la Ley de Aguas 1/2001, de 20 de julio, la cual otorga a los humedales el carácter de dominio público hidráulico. Todas estas actividades destructivas han negado su valía y la posibilidad de su futura recuperación, algo que aún hoy continúa. Así por ejemplo, el Ayuntamiento de Parla proyecta construir el mayor polígono industrial de la Comunidad de Madrid, el futuro PAU-5, arrasando con hábitats acuáticos protegidos por la Directiva de Hábitats europea y la Ley de Aguas nacional.

Estos humedales del sur de Madrid resultan fundamentales para la conservación de diferentes especies de aves acuáticas, entre las que destacan, el ánade azulón, el pato cuchara, el porrón moñudo, la focha común, la gallineta común, el zampullín chico, la garza real, la garcilla bueyera, la cigüeña blanca, diferentes especies de limícolas, como la cigüeñuela común o el chorlitejo chico y gaviotas, el aguilucho lagunero occidental, así como anfibios amenazados como el sapo corredor, sapo de espuelas, sapo partero ibérico y gallipato.

Las láminas de agua de estos humedales rompen la monotonía del paisaje de las estepas agrícolas dónde se ubican, siendo un oasis en medio de la sequedad y rutina del paisaje. Estos reservorios de agua son fundamentales para la conservación no sólo de la comunidad de aves acuáticas, sino también de las cada día más amenazadas aves esteparias que viven en las estepas circundantes. Aves cómo el amenazado sisón común, el alcaraván, los aguiluchos pálido y cenizo, el milano real, el milano negro, el ratonero común, el halcón peregrino, el cernícalo común, la cogujada común, la terrera común, la calandria común, el escribano triguero, la collalba rubia y la golondrina común, entre otras aves, que dependen de la conservación de estas lagunas y balsas de agua.

Recalcan que este tipo de hábitats acuáticos son para muchas especies de plantas acuáticas los únicos lugares donde desarrollar su ciclo vital. Plantas cómo Eleocharis palustris, Carex divisa, Typha latifolia, Phragmites australis, Scirpoides holoschoenus, Juncus inflexus, Juncus bufonius, Bolboschoenus maritimus, Lythrum thymifolia, Lythrum hyssopifolia, Lythrum acutangulum, Sonchus crassifolius, Veronica anagallis-aquatica, Schenkia spicata, Ranunculus peltatus, Ranunculus repens, Mentha cervina, Heliotropium supinum, Verbena supina, Hordeum marinum, Tamarix mascatensis, entre otras. Gran parte de este tipo de plantas constituyen elementos botánicos raros y amenazados debido a la exclusividad y características de estos humedales. Además, estos humedales estacionales modulan las condiciones climáticas y el ciclo hidrológico y permiten conservar valores paisajísticos y socioculturales asociados.

Por todo ello, desde Ecologistas en Acción de Parla exigen la protección, conservación y restauración de todos los humedales de los municipios afectados que son patrimonio de nuestro entorno natural, así como herencia cultural y social de la zona. Los humedales del sur de Madrid son los grandes olvidados como demuestran los proyectos de la comunidad de Madrid cuyo ámbito de actuación son humedales conocidos, dejando de lado otros de la zona sur de gran valor ecológico. El grupo considera que los recursos hídricos, además de ser parte de nuestro entorno a defender ante los futuros proyectos como el PAU-5, deben considerarse también como esenciales ante el escenario futuro que pronostican los estudios sobre el impacto del cambio climático.

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Ecologistas en Acción de Villaviciosa de Odón ha presentado una denuncia formal ante el Ayuntamiento de Móstoles (Concejalía de Medio Ambiente) por un vertido incontrolado e ilegal de escombros y residuos de obra que se viene produciendo de manera reiterada en una nave de propiedad privada.

Según ha constatado la organización ecologista, en la nave de la empresa Iluminaciones Lledó, situada en la calle Cid Campeador, 14 de la localidad, se están depositando residuos de construcción fuera de cualquier instalación autorizada para la gestión de este tipo de desechos y sin que conste permiso alguno, lo que supone un claro incumplimiento de la normativa medioambiental y urbanística vigente.

Ecologistas en Acción alerta de que estos vertidos incontrolados generan un impacto negativo en el entorno, además de posibles riesgos para la salubridad, la seguridad y el medio ambiente, agravados por el hecho de producirse en una propiedad privada sin control administrativo ni medidas de protección.

Ante esta situación, la organización ha solicitado al Ayuntamiento de Móstoles que los servicios municipales competentes realicen una inspección inmediata, adopten las medidas necesarias para el cese de los vertidos, ordenen la retirada y correcta gestión de los residuos existentes y, en su caso, inicien el correspondiente expediente sancionador.

Desde Ecologistas en Acción se insiste en la necesidad de una actuación rápida y contundente por parte de las administraciones para evitar este tipo de prácticas ilegales que se repiten en el sur de la Comunidad de Madrid, deteriorando el entorno urbano y natural de los municipios, que ven como sus caminos se contaminan con todo tipo de residuos; enseres, textil, neumáticos, etc. siendo especialmente profusos los de construcción, entre los que es frecuente encontrar restos de amianto.

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• Ecologistas en Acción de Getafe ha manifestado que “es inaceptable que se pretenda compensar los enormes perjuicios sobre la salud y el medio ambiente con dinero”, refiriéndose a la propuesta de la Mancomunidad del Sur para bonificar las cuotas que abonan por vertido los municipios más afectados por albergar el macro vertedero que da servicio a 71 municipios: Pinto, Getafe y San Martín de la Vega.
• La organización ecologista ha solicitado al Ayuntamiento de Getafe que se niegue a aceptar esta propuesta, la cual viene a consolidar la ubicación definitiva del macro vertedero y los problemas derivados que sufren las poblaciones cercanas, entre las que está Getafe, desde hace cuarenta años.

La Mancomunidad del Sur, responsable de la gestión del vertedero, cuya extensión abarca ya terrenos de los municipios de Pinto, Getafe y San Martín de la Vega, ha anunciado a través de la prensa su acuerdo para bonificar la tasa que abonan dichos municipios por el depósito de sus residuos en el vertedero.

Ecologistas en Acción asegura que el deterioro de la salud y calidad de vida de los vecindarios cercanos, que durante décadas se viene denunciando desde la Plataforma por el cierre del vertedero de la que forma parte, “no puede ser moneda de cambio” y proclaman que “la salud de la ciudadanía y la protección del medio ambiente no tiene precio”, afirmando que ésta bonificación solo pretende desactivar la lucha vecinal que históricamente viene reclamando una gestión alternativa de los residuos en la Comunidad de Madrid, y concretamente en la Mancomunidad del Sur, para evitar el sacrificio al que se somete a la ciudadanía de los municipios colindantes, que viene soportando durante décadas, y sin horizonte de cierre de la instalación, las consecuencias de convivir con 800 mil toneladas anuales de 71 municipios, alejados en algunos casos más de cien kilómetros del vertedero.

La acumulación de residuos mezclados con materia orgánica es la causa de olores insalubres que afectan principalmente al barrio de la Tenería de Pinto, además de ser, junto con el vertedero de Valdemingómez en Madrid, los responsables de gigantescos escapes de metano detectados por diferentes satélites desde el espacio, lo que está suponiendo un gravísimo perjuicio a gran escala por ser este gas uno de los principales causantes del calentamiento global y consecuentemente del cambio climático, además de ser causante del empeoramiento de diferentes enfermedades al interferir en la formación de ozono troposférico.

La organización ecologista denuncia lo que considera una nefasta gestión de los residuos y la sistemática vulneración de la Ley 1/2024, de 17 de abril, de Economía Circular de la Comunidad de Madrid, especialmente en lo que se refiere a la implantación de un verdadero modelo de economía circular, inexistente al carecer actualmente de medidas para “favorecer la utilización más eficiente y sostenible de los recursos, extender la vida útil de los productos, prevenir y reducir la generación de residuos (…) tal como proclama en el establecimiento de sus fines. De igual manera, consideran incumplidos sistemáticamente sus principios rectores, especialmente el “principio de jerarquía y circularidad” en el que se prioriza la prevención y minimización de residuos, pero que Ecologistas en Acción considera entra en contradicción con la aprobación de plantas de tratamiento cada vez más complejas y caras, creadas para albergar una cantidad incoherentemente creciente de residuos.

A todo ello hay que añadir la rebaja en el nivel de protección en 80 hectáreas del Parque Regional del Sureste, único espacio natural protegido del sur de la Comunidad de Madrid, para albergar las ampliaciones de las instalaciones previstas, pese a que la clausura del vertedero estaba programada para 2025, y a pesar de que uno de los objetivos de la propia Ley 1/2024 es “promover una mayor protección del medio ambiente o entorno natural”.

Ecologistas en Acción ha presentado escrito ante el Ayuntamiento de Getafe solicitando que haga explícito su rechazo de la bonificación propuesta y su oposición a que la instalación se aloje indefinidamente en terrenos del municipio.

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• Lo han hecho a través de un manifiesto unitario que cuenta con el respaldo de entidades de solidaridad con Palestina, plataformas barriales y municipales, organizaciones vecinales, ecologistas, sindicales, representantes de la comunidad palestina en Madrid, colectivos pacifistas, universitarios, feministas y partidos de la izquierda.
• Las organizaciones denuncian el uso del deporte como herramienta de normalización de un Estado investigado por genocidio y recuerdan que en Barcelona la presión social ha logrado que el partido del 6 de enero entre el Barça y el Maccabi se juegue a puerta cerrada.

Más de 250 organizaciones sociales, de solidaridad con Palestina y de la comunidad palestina en Madrid, vecinales, ecologistas, feministas, sindicales, culturales y políticas de la Comunidad de Madrid, a las que se han adherido algunas entidades de otros territorios, han hecho público un manifiesto unitario en el que reclaman la suspensión del partido de baloncesto entre el Real Madrid y el Maccabi Tel Aviv, previsto para el próximo 8 de enero en el Movistar Arena, en el marco de la Euroliga. El llamamiento se enmarca en una iniciativa coordinada desde Madrid y Barcelona y da continuidad a la demanda formulada recientemente en la capital catalana por más de 150 entidades sociales, una demanda que ha obligado al FC Barcelona de Baloncesto a celebrar el partido previsto para el próximo día 6 de enero contra el Maccabi a puerta cerrada.

El manifiesto cuenta con un amplio respaldo de la sociedad civil organizada madrileña, y ha sido impulsado por la entidad de solidaridad con Palestina BDS Madrid, junto a plataformas barriales y de municipios de la Comunidad de Madrid en solidaridad con Palestina, entidades vecinales como la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM); organizaciones ecologistas como Ecologistas en Acción; sindicatos como CCOO, UGT, CGT,  Solidaridad Obrera, Sindicato de Inquilinas y la Plataforma Sindical de la EMT; entidades de la comunidad palestina en Madrid, como la Asociación Hispano-Palestina Jerusalén, ONG´s como CEAR y Paz Ahora; colectivos universitarios como las plataformas en solidaridad con Palestina de la Universidad Politécnica o la UNED; organizaciones feministas como la Asamblea Feminista de Madrid;  organizaciones antirracistas como SOS Racismo; de la comunidad educativa como la FAPA Giner de los Ríos y Marea Palestina, además de numerosas plataformas en defensa de la sanidad pública.

El comunicado cuenta también con el apoyo de partidos de la izquierda política, entre ellos Más Madrid, Podemos, Izquierda Unida, Partido Comunista de España, Anticapitalistas y Recortes Cero, entre otras formaciones.

Las organizaciones firmantes denuncian que la celebración de este encuentro deportivo contribuye a la normalización internacional del Estado de Israel, actualmente investigado por la Corte Internacional de Justicia por el crimen de genocidio contra el pueblo palestino. A su juicio, la participación de equipos que representan a Israel en competiciones deportivas internacionales supone un uso del deporte como instrumento de blanqueamiento de una política sostenida de ocupación, apartheid y exterminio.

En este sentido, recuerdan que la presión ejercida por las entidades sociales y el movimiento popular en Barcelona ha tenido ya consecuencias concretas, logrando que el partido entre el FC Barcelona y el Maccabi Tel Aviv, previsto para el 6 de enero, se juegue a puerta vacía. Para las organizaciones, este precedente demuestra que la movilización social puede frenar la normalización y obligar a las instituciones y a los organismos deportivos a reaccionar.

El comunicado destaca asimismo el creciente rechazo social que esta situación genera en distintas ciudades del Estado. En los últimos meses, movilizaciones no violentas han evidenciado una oposición cada vez más amplia al uso del deporte y de los grandes eventos como herramientas de legitimación política. En Madrid, la respuesta social durante la etapa final de La Vuelta fue, según las organizaciones, un ejemplo claro de esta conciencia colectiva.

Las entidades firmantes subrayan que el deporte no puede situarse al margen de los crímenes internacionales ni ampararse en una supuesta neutralidad. Permitir la celebración de este partido, sostienen, supone una forma de complicidad política y simbólica.

Por todo ello, exigen a las instituciones competentes que adopten las medidas administrativas y políticas necesarias para impedir la celebración del partido entre el Real Madrid de Baloncesto y el Maccabi Tel Aviv en el Movistar Arena y hacen un llamamiento a participar de las movilizaciones ciudadanas convocadas el próximo 8 de enero ante el recinto deportivo.

Las organizaciones concluyen que la presión popular ha demostrado ser eficaz para frenar la normalización de la impunidad y reiteran que Madrid no puede acoger un evento deportivo que contribuya a legitimar a un Estado genocida. El deporte, señalan, no puede ser una excepción.

 

Manifiesto: Un llamamiento desde Madrid y Barcelona

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• Ecologistas en Acción de la Comunidad de Madrid rechaza un texto que considera falto de justificación y carente de datos rigurosos sobre la necesidad de medidas para acelerar los procedimientos de control de actuaciones sobre el territorio.
• Para el grupo ecologista la nueva norma solo servirá para reducir los controles públicos en materia ambiental y social, facilitando operaciones urbanísticas y territoriales que hipotecan los recursos naturales y agravan el desequilibrio funcional y social en la región.

El proyecto de decreto de creación de la Aceleradora Urbanística de la Comunidad de Madrid, fue sometido a consulta pública en abril y a información pública en agosto de este mismo año 2025. En dichos trámites, realizados en plazos exiguos, la Federación de Ecologistas en Acción de la Comunidad de Madrid presentó aportaciones y alegaciones en las que manifestó su rechazo por un proyecto que considera adolece de una carencia de justificación técnica sobre las supuestas dilaciones e ineficiencias en la actual tramitación de instrumentos urbanísticos, así como de otras posibles soluciones, que según el grupo ecologista suponen “una renuncia autonómica al ejercicio de sus responsabilidades en materia de ordenación territorial regional que apunta a una voluntad encubierta de desregular la actuación pública y privada en el territorio, con el consiguiente menoscabo de las garantías sociales y medioambientales exigidas por nuestra legislación”.

Ecologistas en Acción considera que este decreto choca, entre otros, con los artículos 45 y 47 de la Constitución Española, los artículos 3 a 5 de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana estatal y el artículo 3 de la Ley 9/2001 del Suelo de Madrid, pese a lo cual, denuncian que ni las aportaciones ni las alegaciones presentadas fueron contestadas por la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, órgano responsable de la iniciativa legislativa.

El 15 de diciembre se publicaba el Decreto 92/2025, de 10 de diciembre, del Consejo de Gobierno, por el que se crea y regula la Aceleradora Urbanística de la Comunidad de Madrid, cuyo texto ha variado poco respecto al proyecto sometido a información pública, y viene a reforzar las competencias y funciones de la Aceleradora Urbanística que, en síntesis, constituye un nuevo órgano administrativo interdepartamental adscrito a la consejería competente en materia de ordenación territorial y urbanismo, cuyo fin es acortar los procedimientos preceptivos para la tramitación de instrumentos en esta materia, de iniciativa autonómica o municipal, públicos o privados.

Desde Ecologistas en Acción de la Comunidad de Madrid han reiterado su oposición a este decreto en el que, aseguran, persiste una falta de justificación con datos rigurosos sobre la necesidad de medidas para acelerar los procedimientos de control de la acción sobre el territorio. Así mismo, denuncian que el gobierno regional “ha distorsionado y deteriorado el marco normativo en materia de ordenación territorial mientras sigue haciendo dejación de sus obligaciones legales 30 años después de haber asumido las competencias  recogidas en la Ley 9/1995, de 28 de marzo, de Medidas de Política Territorial, Suelo y Urbanismo, en lo relativo a dotar a la región de un marco territorial integral y sostenible”.

Para el grupo ecologista, la Aceleradora Urbanística no garantizará que los informes sectoriales de los instrumentos urbanísticos y territoriales se realicen en las adecuadas condiciones de rigor y calidad, sino que introduce unos mecanismos que obligarán a su realización bajo presión o ‘aceleración’ forzadas y propiciará la invasión de la autonomía municipal, permitiendo a la Comunidad de Madrid aprobar en modo exprés actuaciones por encima de las competencias urbanísticas de los ayuntamientos.

Ecologistas en Acción denuncia que el decreto contiene imprecisiones que abren la puerta a decisiones discrecionales en materias como la declaración de especial relevancia para determinados proyectos, o para su tramitación urgente y/o preferente, así como respecto a la garantía de la información pública y participación ciudadana en los procesos.

Para la organización, este nuevo órgano representa una vuelta de tuerca más en la la política del gobierno de la Comunidad de Madrid de desregulación normativa y facilitación de la especulación inmobiliaria, cuyo antecedente más inmediato es la Ley 7/2024, de 26 de diciembre, de medidas para un desarrollo equilibrado en materia de medio ambiente y ordenación del territorio, más conocida como Ley Ómnibus 2024, que precede al proyecto de la nueva Ley del Suelo, anunciado en septiembre de este año.

Todo este entramado normativo favorece, según la organización ecologista, la reducción de los controles públicos en materia ambiental y social, y la introducción de atajos administrativos para facilitar operaciones urbanísticas y territoriales guiadas únicamente por su rentabilidad, lo que para Ecologistas en Acción supone hipotecar nuestros recursos naturales y un agravamiento del desequilibrio funcional y social en la región.

Los argumentos de Ecologistas en Acción se recogen en un informe de acceso libre que la organización tiene publicado en su página web:

Informe sobre el proyecto para crear la aceleradora urbanística de la Comunidad de Madrid

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La privatización sistemática desplegada por el Gobierno de la Comunidad de Madrid extiende sus raíces a la totalidad de servicios públicos esenciales.

«La sanidad, en su ámbito más directo de hospitales y centros de salud, es quizá el ejemplo más evidente y denunciado«, explica el periodista Roberto Ugena en elplural.com. «Sin embargo, la Red de Atención Social a Personas con Enfermedad Mental se deshace progresivamente y alejada del foco, arrastrando con ella a miles de usuarios, que requieren de este apoyo, y a sus trabajadores, precarizados hasta la extenuación y víctimas del peor de los chantajes: el que utiliza a los receptores de la atención.

Manantial Gestión S.L., brazo de reciente creación de Fundación Manantial, es una de las entidades concesionarias de estos servicios cada vez más decadentes. Las concesiones otorgadas por la Comunidad de Madrid a este grupo a lo largo de los años son incontables y su negocio se ha expandido, pero los derechos de los trabajadores, incluidos los legales garantizados por Convenio, han seguido un camino opuesto. Cuando las cosas iban bien, los beneficios se quedaron en la cumbre y los trabajadores recibieron migajas; flujo que se ha invertido con la llegada de las vacas flacas, que se han cargado en las espaldas de la plantilla.

El juego de las concesiones ha salido caro al Grupo Manantial, que ve ahora como otros conglomerados le arrebatan servicios gracias a ofertas que podrían llegar a considerarse bajas temerarias. Esa es la justificación dada a los trabajadores para mantenerles un salario cercano al mínimo interprofesional, en contra del mínimo del convenio sectorial; aumentarles la jornada laboral, incumpliendo el acuerdo alcanzado; eliminar pluses de experiencia ya pactados; o reducir las horas de formación. Así se lo trasladó la dirección al Comité de Empresa en una reunión. […]

La amenaza, tal y como recoge el acta de aquella reunión, es directa. “Son las medidas necesarias para no llegar a tener que hablar de despidos”, trasladó el representante legal de la Dirección. “Por lo que, si se impugna la decisión de la empresa, tendrán que tomar otra serie de medidas a las que no quieren llegar”, apostilló el letrado, por si no había quedado claro el cariz negociador. Unas actuaciones que retiran 2 de los 14 pluses de dirección y 2 de los 14 pluses de disponibilidad a los directivos y que arrebata todo a los trabajadores (literal a continuación):

• Supresión del 9% del plus de experiencia consolidado, recogido en el Acuerdo de Mejora, a aplicar a la totalidad de la plantilla.
• Ajuste del número de educadoras sociales de las Residencias ajustándose al mínimo posible según marcan los pliegos.
• Aumento de la jornada laboral de 35 horas semanales a 38,5 horas según indica el XVI Convenio.
• Reducción de las horas de formación de las 30 horas actuales recogidas en el Acuerdo de Mejora a 25 horas que fija el XVI Convenio.
• Supresión de la contratación de educadores de refuerzo en vacaciones en las Residencias recogido en el Acuerdo de Mejora.

Y es que la jeta de la Dirección de Manantial Gestión llega al punto de querer acogerse al Convenio Sectorial según conveniencia y vulnerar acuerdos internos, de total validez e inalienables cuando mejoran las condiciones sectoriales (tal y como recoge el propio Estatuto de los Trabajadores en su artículo 3). Es decir, incumplimos el acuerdo interno consolidado, retrocediendo al Convenio, para la jornada laboral, el plus de experiencia, la formación y el número de trabajadoras; pero no ajustamos las nóminas a Convenio porque no hay dinero.

Una práctica a todas luces ilegal, pues vulnera acuerdos válidos suscritos y salvaguardados por el Estatuto de los Trabajadores, además del Convenio; y contraria a la normativa laboral, incurriendo incluso en amenazas con los representantes de los trabajadores, a los que se sugiere que o aceptan estos incumplimientos o se producirán despidos. La Inspección de Trabajo podría actuar de oficio o ante una denuncia anónima y sancionar gravemente. La Comunidad de Madrid, a la que no se espera, también podría tomar cartas en el asunto«, concluye el artículo.

Frente a este ataque contra los derechos laborales y la precarización de las plantillas, más de 300 trabajadoras han sido llamadas a la huelga indefinida por CGT, con el apoyo de CNT Comarcal Sur, en múltiples centros dominados por el Grupo Manantial. Lo hacen «en lucha por sus salarios, contra la pérdida de poder adquisitivo y por la mejora de sus derechos laborales«.

La primera de las jornadas se activó el jueves 4 de diciembre, pero el plato fuerte llegó el viernes 5 por la mañana, cuando las huelguistas se concentraron frente a la sede de la Fundación.

En un comunicado, la CNT Comarcal Sur aclara que «las reivindicaciones que impulsan esta movilización son claras, legítimas y urgentes:

• Defender de manera efectiva el poder adquisitivo de la plantilla, reclamando medidas que compensen la pérdida acumulada y garanticen salarios dignos.
• Preservar la jornada laboral semanal vigente, rechazando cualquier retroceso que implique un empeoramiento de las condiciones laborales.
• Exigir la adopción inmediata de medidas adecuadas de prevención de riesgos laborales y psicosociales, indispensables para garantizar la salud y la seguridad en el trabajo.
• Reclamar el cumplimiento íntegro del Acuerdo de mejora de las condiciones laborales, recogido en los convenios colectivos aplicables y de obligado respeto en los centros de trabajo.
• Asegurar que se respeten los pliegos establecidos por la Consejería, especialmente en lo referente a las condiciones técnicas y la dotación mínima de personal imprescindible para prestar una atención profesional y de calidad.

Somos profesionales de la salud mental: psicólogas, trabajadoras sociales, educadoras, terapeutas, integradoras… Y sabemos que la precariedad es una agresión directa a la calidad del servicio. No vamos a permitir que se utilice la excusa de la “crisis” para desmantelar nuestras condiciones mientras se eluden responsabilidades y se pide sacrificio solo a la plantilla.

En un momento como este, resulta imprescindible la unidad de toda la plantilla. Solo con cohesión, apoyo mutuo y una posición colectiva firme será posible frenar el deterioro de las condiciones laborales y garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos.

El sindicato reafirma su respaldo inequívoco a todas las trabajadoras y trabajadores en esta huelga, así como su compromiso en la defensa activa de sus derechos, la dignidad profesional y la calidad del empleo«.

En un artículo de El Salto, Néstor Camacho, delegado de CGT, explica que «los últimos años venimos sufriendo retrasos en las nóminas”, porque la empresa “no está en un buen momento económico, tienen dificultades de tesorería”. Asegura que Manantial Gestión explica que “la actualización del convenio es inasumible por su economía, que ya de por sí estaba tocada”. Por eso, afirma, llegaron a un acuerdo para que se asumieran mejoras poco a poco. “Se empezó a hablar de septiembre, para luego hablar de octubre, y estamos en diciembre y no ha ocurrido nada”, comenta. “Lo que nos han planteado hasta ahora es quitarnos el 9% de plus de experiencia; pasar de la jornada de 35 horas semanales que tenemos actualmente a tres horas y media más; bajar el número de horas de formación que tenemos, de 30 a 25; y no contratar a personal de refuerzo en épocas estivales o en Navidades”. Además, indica, “nos han dicho que estas medidas serían de manera indefinida”. Algo, que recuerdan, ya les pasó tiempo atrás y aceptaron bajarse el salario, una bajada que no llegaron a recuperar nunca.

“Nos lleva a una situación insostenible, con los precios de las viviendas que hay en Madrid, que ha aumentado la cesta de la compra”, indica Néstor Camacho que asegura que “muchas compañeras tienen que tener dos trabajos para poder llegar a final de mes”. “El resultado es una plantilla extenuada”, afirma.

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