El Movimiento Europeo del Agua (EWM), del cual la Red Agua Pública forma parte, alerta de las consecuencias negativas que conllevaría la modificación de la Directiva Marco del Agua anunciada por la Comisión Europea este 10 de diciembre en la rueda de prensa sobre el Omnibus Ambiental.
El pasado fin de semana, del 5 al 7 de diciembre, Girona ha acogido el encuentro anual del EWM. Uno de los objetivos fue analizar las propuestas de desregulación de las normas de la Unión Europea relativas a la gestión del agua, tanto en términos de derogaciones como de financiación.
“Sin este marco legal común, desaparece cualquier garantía del buen estado ecológico y químico de las masas de agua de la Unión Europea”, alertan los miembros del EWM. La Directiva Marco del Agua es el pilar vital de toda la política hídrica europea, por lo que piden a los eurodiputados que defiendan la norma y sus estándares vigentes.
El EWM denuncia la deriva de la Comisión Europea, “cediendo a lobbies mineros e industriales con intereses particulares que amenazan el derecho a un medio ambiente sano y la salud pública de todos los ciudadanos europeos”. Las organizaciones recuerdan que la Comisión Europea ha repetido numerosas veces que apoya el Derecho Humano al Agua y al Saneamiento, tras los casi 2 millones de ciudadanos que apoyaron la primera Iniciativa Ciudadana Europea (ICE Right2Water) que pide el reconocimiento del derecho al agua.
Estas acusaciones se dan después de que la Comisaria europea de Medio Ambiente, Agua y Economía circular, Jessika Roswall, afirmara la semana pasada que la revisión de la Directiva Marco del Agua responde al objetivo de facilitar la apertura de minas en territorio europeo para dejar de depender de China y EEUU. También para acelerar proyectos considerados estratégicos para la Comisión Europea como son los centros de datos.
El EWM vincula la amenaza ambiental orquestada por la Comisión Europea con su plan de rearme y su aparente plan de competitividad en la carrera global por liderar sectores industriales tecnológicos como el de la Inteligencia Artificial. “Cabe recordar que aún se desconoce el enorme consumo de agua y energía de la IA, lo que debería impedir que la Comisión elimine los procedimientos de evaluación e impacto ambiental, más aún en una región del mundo afectada por la escasez permanente de agua”, denuncian.
La potencial revisión de la Directiva Marco del Agua llega solo unos años después de que la Comisión haya hecho una evaluación de la directiva, con la que concluyó que es adecuada para responder a los objetivos comunes de protección del agua y de la salud.
Organizaciones1 de España, Francia, Italia, Países Bajos, Alemania, Grecia, Bosnia y Herzegovina, Bélgica y Serbia, se encontraron y acordaron priorizar para este 2026 la protección de la Directiva Marco del Agua. Entre los asistentes participaron operadores públicos, administraciones locales y el Relator Especial de la ONU por los Derechos Humanos al Agua y al Saneamiento.
Para ver la reacción del Relator Especial de la ONU por los Derechos Humanos al Agua y al Saneamiento, consulte aquí.
1 Ayuntamiento de Girona, Diputación de Barcelona, Ayuntamiento del Masnou, Ayuntamiento de Torelló, Ayuntamiento de Viladrau, Institut Català de Recerca en Aigua (ICRA), Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental (ICTA-UAB), Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF), CAEB-CSIC, CT BETA UVic, LEQUIA – UdG, Wageningen University, Asociación Española de Operadores Públicos de Agua y Saneamiento (AEOPAS), Aqua Publica Europea (APE), Associació de Municipis per l’Aigua Pública (AMAP), Cicle de l’Aigua del Ter SA (CATSA), Consorci per a la Gestió Integral d’Aigües de Catalunya (CONGIAC), Consorci de Medi Ambient i Salut Pública SIGMA, Castelló d’Empúries 2000 SA, Gestió Urbanística i Serveis Arenys de Munt SA, Aigües Municipals de Xàbia (AMJASA), EYATH SA, Observatori de l’Aigua de Terrassa (OAT), Mesa Social del Agua, European Environmental Bureau (EEB), Ingeniería Sin Fronteras (ISF), Aigua és Vida, Plataforma en Defensa de l’Ebre (PDE), Grup de Defensa del Ter (GDT), Càritas Girona, Naturalistes de Girona, Observatori del Deute en la Globalització, European Public Services Union (EPSU), The Netherlands Trade Union Confederation (FNV), Red Agua Pública (RAP), Plataforma Contra la Privatización del Canal Isabel II, Foro Italiano dei Movimenti per l’Acqua, ENDA Colombia, Eau Secours 31, Coordination Eau Ile de France, Water Observatory Xabia, Water Observatory Terrassa, Water Observatory Girona, CEE Bankwatch Network y Polekol/Pravo na Vodu.
Nosotros, los movimientos sociales y las organizaciones de la sociedad civil abajo firmantes, estamos profundamente preocupados por los intentos de desmantelar el derecho internacional, en particular desde la llegada al poder de la administración Trump y sus ataques contra el sistema multilateral. Mientras varios Estados poderosos violan el derecho internacional en diversos contextos, Estados Unidos comete abusos sin precedentes que socavan directamente los principios fundamentales del multilateralismo y del derecho internacional.
Estados Unidos no solo se ha retirado de organismos clave de las Naciones Unidas y de acuerdos internacionales, como el Consejo de Derechos Humanos, la Organización Mundial de la Salud la UNESCO, y han animado activamente a otros Estados a abandonar o socavar los marcos multilaterales, sino que también han dejado de pagar sus contribuciones financieras obligatorias, lo que ha provocado graves perturbaciones operativas en todo el sistema de las Naciones Unidas. Además, el Gobierno estadounidense ha impuesto sanciones a titulares de mandatos de las Naciones Unidas, en particular a la Sra. Francesca Albanese, Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados, lo que ha obstaculizado gravemente su capacidad para cumplir su mandato de manera independiente y eficaz. También ha atacado a la Corte Penal Internacional (CPI) mediante sanciones e intimidaciones políticas destinadas a paralizar su labor.
Estados Unidos ha restringido la libertad de circulación o ha denegado en repetidas ocasiones la concesión de visados a representantes debidamente acreditados de los Estados miembros de las Naciones Unidas, en particular a funcionarios de la Autoridad Palestina y a representantes de organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales, impidiéndoles así participar en los períodos de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. Esto constituye un obstáculo directo al derecho de los Estados miembros a acceder al principal foro multilateral mundial, un derecho garantizado explícitamente por el derecho internacional y el acuerdo de sede de 1947. El hecho de que el país anfitrión abuse de su posición privilegiada para obstaculizar la participación en las propias Naciones Unidas constituye una violación intolerable de los principios sobre los que se fundó la ONU.
Además, el plan del presidente estadounidense para Gaza (octubre de 2025) es una nueva demostración del desprecio de este país por el derecho internacional. Si bien apoyamos plenamente el cese inmediato de las masacres y el envío urgente de ayuda humanitaria, como reclaman las ciudadana y los ciudadanos de todo el mundo, este plan tiene en realidad por objeto perpetuar la dominación colonial bajo nuevas formas y niega el derecho del pueblo palestino a la libre determinación. Al privilegiar la seguridad de las fuerzas colonizadares en detrimento de la justicia, en realidad concede impunidad a los autores de genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, cuando el derecho internacional prohíbe categóricamente cualquier amnistía por tales crímenes. Por lo tanto, cualquier plan de paz auténtico debe incluir mecanismos de justicia transicional y reparadora, de rendición de cuentas y garantizar el acceso de las víctimas a la justicia y a la reparación.
En este contexto, hacemos un llamamiento a la movilización de los pueblos, los movimientos sociales y las organizaciones de la sociedad civil para defender el derecho internacional basado en la Carta de las Naciones Unidas y los derechos inalienables de los pueblos. Juntos debemos reforzar un multilateralismo centrado en los pueblos, capaz de hacer respetar la justicia y la responsabilidad. Nuestra acción colectiva será esencial para promover la justicia reparadora para las víctimas y garantizar que los responsables de genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad rindan cuentas plenamente.
Con este fin, también instamos a los Estados miembros de las Naciones Unidas a que:
asuman sus responsabilidades y adopten medidas concretas para luchar contra la erosión sistemática del derecho internacional, defendiendo al mismo tiempo el sistema multilateral en la perspectiva de la búsqueda de la paz, los derechos humanos, la justicia social y la protección del medio ambiente;
consideren el traslado inmediato de la sede de la ONU de Nueva York a Ginebra, a la espera de una decisión colectiva sobre la futura ubicación de la sede principal de la ONU, con el fin de poner fin a la injerencia arbitraria e ilegal del Gobierno estadounidense en el funcionamiento de la Organización.
En este sentido, abogamos por un sistema multilateral libre del dominio omnipotente de los Estados poderosos y los intereses económicos, un sistema que garantice así un multilateralismo democrático, inclusivo y participativo. La defensa y el fortalecimiento de dicho sistema exigen una oposición decidida a la ley del más fuerte y un compromiso firme con la defensa de la igualdad de derechos de todos los pueblos y Estados a ser escuchados, representados y protegidos en virtud del derecho internacional.
* Asociación de Abogados Democráticos (IADL) * Emmaus Internacional * Centro Europa – Tercer Mundo (CETIM) * La Vía Campesina (LVC) * Instituto Transnacional (TNI) * Movimiento por la Salud de los Pueblos (PHM) * Derecho Igualitario * Marcha Mundial de las Mujeres * Amigos de la Tierra Internacional FOEI-ATI * FIAN Internacional * Flotilla Global Sumud * Paraguas Global de Cirugía (GSU) * Justicia Social Global * Convergencia Global de Luchas por la Tierra y el Agua en África Occidental (CGLTE-OA) * Federación Internacional para la Protección de los Derechos de las Minorías Étnicas, Religiosas, Lingüísticas y Otras (IFPRERLOM) * Fraternidad Internacional de Reconciliación (IFOR) * Buró Internacional de la Paz (IPB) * Coalición Internacional del Hábitat (HIC) * Red Internacional de Cátedras, Instituciones y Personalidades para el Estudio de la Deuda Pública (RICDP) * Reparaciones Revolucionarias * Asociación para la Defensa de los Derechos de los Agricultores (AFRD) * Red de ONG Libanesas * Congreso de los Pueblos – Colombia * Red de Alimentación Patrimonial Africana y Caribeña * Coordinación Europea Vía Campesina (ECVC) * Red de Derechos de la Vivienda y la Tierra – Coalición Internacional del Hábitat * Asociación Belgacem Yagoubi para la Cultura y la Creatividad * Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH) * Convergencia Maliense contra el Acaparamiento de Tierras (CMAT) * Liga Yibutiana de Derechos Humanos * Mariposa Negra – Patrimonio Cultural para África * Confederación de Trabajadores Unificados y Progresistas (SENTRO) – Filipinas * Centro Nuevos Modelos de Desarrollo (CNMS Italia) * Centro para los Derechos Humanos y el Desarrollo * Coordinación por la Soberanía Alimentaria en MENA * Foro de Personas con Discapacidad de Uganda * Federación Internacional de la Diáspora Afar (FIDA) * Fundación ALICA – Bosnia y Herzegovina * Alianza de Trabajadores de la Cadena Alimentaria * Foro para la Democracia y la Paz * Observatorio DESCA – Cataluña (España) * Asociación Tierra y Cielo * Pax Christi Uvira – RDC * Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (CAJAR) – Colombia * Movimiento por la Buena Gobernanza y la Promoción en Gabón * SOHRAM-CASRA – Centro de Acción Social para la Rehabilitación y Reintegración de Víctimas de Tortura y Guerra * Asociación para la Promoción y Protección de Defensores de Derechos Humanos Xumek – Argentina * Asociación Americana de Juristas (AAJ) * Asociación de Empleados y Trabajadores de la Conservación Ambiental (AGOEC) – Argentina * COECOCEIBA – Movimiento Ecologista de Costa Rica * Asociación PoleRani – Bulgaria * Movimiento Anti-Jindal y Anti-POSCO (JPPSS) – India * Fundación Jeshil – Pristina * Movimiento Pacifista Vrede vzw – Bélgica * Foro Indio de Acción Social * Magazine du Monde – Suiza * Red Wiphalas * ATTAC España * ATTAC France * Coalición Internacional del Hábitat – América Latina (HIC-AL) * SOLIFONDS * Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo SJ” (CSMM) * Asociación Ecuatoriana de Amistad con el Pueblo Saharaui (AEAPS) * RESF 04 Digne-les-Bains * Red Hospitalidad
CARTA ABIERTA a los eurodiputados, suscrita por Attac.
Estimado miembro del Parlamento Europeo:
La semana que viene se les pedirá que voten sobre una cuestión crucial, el presupuesto para 2026, y se avecinan o ya están en marcha otras votaciones y negociaciones importantes, como el próximo presupuesto a largo plazo de la UE (MFF 2028-2034) y una serie de «paquetes ómnibus», es decir, procesos de desregulación. Todas estas propuestas contienen aumentos masivos del gasto militar y regalos a la industria armamentística. Les pedimos encarecidamente que se opongan a estas peligrosas medidas y que redirijan los recursos hacia políticas de paz auténticas.
Somos Stop ReArm Europe, una coalición de más de 800 organizaciones y movimientos de la sociedad civil de toda Europa, que representamos a una gran variedad de sectores y/o procedencias políticas, y tenemos algo en común:
Queremos una seguridad genuina, es decir, una seguridad centrada en las necesidades humanas, como la seguridad medioambiental y climática, la seguridad alimentaria y económica, la seguridad social y sanitaria, y la seguridad comunitaria y política, tanto para los europeos como para todos los ciudadanos del mundo.
Queremos una paz transformadora y justa que incluya las condiciones necesarias para que las sociedades prosperen, como abordar las causas profundas de los conflictos, la buena gobernanza, la libertad y el fomento del potencial creativo humano.
En resumen, una seguridad común tanto para los Estados como para los pueblos.
Como actores de la sociedad civil, estamos más decididos que nunca a hacer todo lo que esté en nuestra mano para que esto se haga realidad, pero no podemos hacerlo solos.
Necesitamos su ayuda como responsables políticos; necesitamos su ayuda para que los valores universales de los derechos humanos y el Derecho internacional sean los principios rectores de las políticas de la UE, y para poner fin a décadas de prácticas hipócritas que se han vuelto tan evidentes en los últimos años.
La propia historia de la integración europea la hace especialmente vulnerable a la influencia indebida de los intereses empresariales, como demuestran numerosos informes, y las políticas de rearme no son una excepción a esta regla, sino todo lo contrario.
El discreto pero poderoso cabildeo de la industria armamentística desempeñó un papel decisivo en la adopción de las primeras subvenciones de la UE hace diez años, y su influencia en las políticas europeas, tanto militares como civiles, no ha dejado de crecer desde entonces. Los presupuestos destinados al cabildeo de las diez mayores empresas armamentísticas aumentaron un 40 % entre 2022 y 2023. Solo en 2025 (hasta octubre), la Comisión se reunió 89 veces con los grupos de presión del sector armamentístico para debatir sobre el rearme y la geopolítica, y solo 15 veces con sindicatos, ONG o científicos sobre los mismos temas. Por su parte, los eurodiputados se reunieron con el lobby armamentístico 197 veces entre junio de 2024 y junio de 2025, frente a las 78 veces de los cinco años anteriores. Como resultado, el llamado plan de «preparación para la defensa» para la supuesta autonomía europea se reduce en última instancia a subvencionar a las grandes empresas militares, a menudo internacionales, impulsar la producción y aumentar las ventas de armas, incluidas las exportaciones fuera de Europa.
El paquete «defensa ómnibus» sigue la misma lógica, ya que desregula aún más las normas sociales y medioambientales, así como las normas éticas y de exportación de armas, desvía recursos de programas civiles como la política de cohesión y pervierte los principios de la financiación sostenible, todo ello en interés del sector armamentístico. ¿Cuándo será suficiente para la industria armamentística?
Además de endeudar a Europa, y por tanto a sus ciudadanos, en beneficio de la industria armamentística y de un modelo económico extractivo e injusto, los planes de rearme desvían recursos financieros, humanos y políticos dela seguridad humana, así como de la prevención y la resolución pacífica de conflictos y de los grandes retos a los que se enfrenta la humanidad, desde el cambio climático hasta la pérdida de biodiversidad o la crisis sanitaria, por nombrar solo algunos.
Y la propuesta para el próximo marco financiero da un paso más en esa dirección, ya que prevé quintuplicar el presupuesto asignado directamente a las políticas de defensa y espaciales, además de que los programas civiles están en gran medida abiertos a la industria armamentística. Dado que el presupuesto global de la UE se mantiene prácticamente estable, esto supone necesariamente un desvío de los recursos financieros anteriormente asignados a las políticas civiles, aunque la profunda reestructuración del MFP hace muy difícil identificar transferencias específicas.
En general, el plan ReArm Europe de marzo de 2025, junto con todas las políticas anteriores y posteriores relacionadas con él, está condenado al fracaso porque, en esencia, reforzará la inseguridad europea y mundial, alimentará la carrera armamentística mundial —que a su vez alimenta los conflictos armados— y agravará el cambio climático y el daño medioambiental, dada la huella de carbono y medioambiental del ejército.
¿Es este el futuro que ustedes y nosotros queremos para la próxima generación? Nosotros no, y estamos convencidos de que ustedes tampoco.
Por lo tanto, les instamos a que destinen el dinero de la guerra a la paz, con el fin de crear las condiciones ambientales, económicas, sociales, políticas y diplomáticas necesarias parauna paz positiva, la seguridad humana y la seguridad común.
Hay una serie de medidas y decisiones concretas que pueden tomar en las próximas semanas y meses para empezar a preparar un futuro mejor. En particular, les instamos a que:
Rechazar el presupuesto para 2026 en la votación plenaria de la próxima semana y solicitar:
Reanudar las negociaciones para reducir las subvenciones a la industria armamentística y aumentar las asignaciones a la diplomacia y a la prevención y resolución pacífica de conflictos con carácter urgente.
El fin de todas las cláusulas de exención que impiden la supervisión parlamentaria normal de todos los programas relacionados con el ámbito militar.
Defender las normas sociales y medioambientales, así como los estándares éticos, oponiéndose a las diferentes propuestas del «paquete global de defensa», en particular:
Rechazar la propuesta actual del próximo Marco Financiero Plurianual (MFP 2028-2034) en lo que respecta a los siguientes aspectos:
rechazar el Fondo de Competitividad que asigna 130 000 millones de euros a armas y al espacio militarizado
rechazar el desvío de programas civiles, en particular de investigación civil como Horizonte, así como de programas digitales, de movilidad, de cohesión y otros, con fines militares.
Reasignar estos fondos al fortalecimiento de la diplomacia y la ayuda exterior, con un claro enfoque en la lucha contra el cambio climático, la pobreza y la desigualdad, así como en la protección de los derechos humanos y el medio ambiente, y un apoyo decidido y coherente a la resolución pacífica de los conflictos con la participación de las mujeres, los jóvenes y las comunidades marginadas.
Si desea interactuar y debatir con nosotros sobre los temas planteados en esta carta, póngase en contacto con nosotros en contact@stoprearm.org . Estaremos encantados de organizar reuniones en línea en las que pueda intercambiar opiniones con muchos de nosotros sobre su visión, sus esperanzas y sus planes para la paz.
Le agradecemos su atención y esperamos tener noticias suyas.
En nombre de la campaña Stop ReArm Europe El equipo de coordinación de StopReArm Europe
En estas semanas, la Unión Europea está allanando el terreno para firmar el acuerdo comercial con los países del Mercosur (Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay) y otro acuerdo con México.
Esto se inscribe en la línea de las políticas neoliberales que blindan el control sobre la economía de las multinacionales y los fondos especulativos, en particular los gigantes de la agroindustria, la petroquímica y el sector automotriz.
Pero estos acuerdos tienen importantes impactos en la vida de la gente y en los ecosistemas, por lo que las organizaciones convocantes denunciamos la política comercial de la UE y los tratados de comercio que firma con terceros países, porque agravan la emergencia climática, la pobreza, el hambre, el desempleo y las desigualdades sociales. Así ha pasado con numerosos países de Asia, África y América Latina y también en Europa.
Hoy estamos delante del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación porque rechazamos el acuerdo entre la UE y los países del MERCOSUR. Y porque el ministro Planas es uno de los dirigentes políticos que más apoya este acuerdo, representando los intereses de las grandes empresas, que han hundido al campo, y no el interés general. Con su apoyo a un comercio devastador, el Gobierno de España pone en juego el futuro de la naturaleza, las bases para producir alimentos y nuestra salud. Se trata de un enésimo ataque a la soberanía alimentaria de los países, a los derechos laborales, a la viabilidad económica del trabajo en el sector agrícola en muchas regiones y a la salud de las comunidades.
El acuerdo entre la UE y Mercosur impulsaría, por ejemplo, el comercio de pesticidas prohibidos en la UE exportados a América Latina; tóxicos que vuelven como residuos en los alimentos importados. Esto perjudicaría a la salud de las personas que trabajan en la agricultura y de las consumidoras de ambos lados del Atlántico, a los pueblos originarios y a la biodiversidad, al tiempo que contribuye a la extinción masiva de flora y fauna.
En estos días, se celebra la Cumbre de los Pueblos en Belém, Brasil, coincidiendo con la COP30, señalando los causantes de la crisis climática como los acuerdos comerciales que incrementan los gases de efecto invernadero responsables del cambio climático. La evaluación sobre los impactos del acuerdo comercial UE-Mercosur reconoció que provocaría un aumento de la emisión de los gases contaminantes. La agricultura industrial y la deforestación son el motor de este incremento. Por tanto, este acuerdo comercial, es contrario a la legislación europea e internacional sobre el clima.
Si el acuerdo es perjudicial para el planeta ¿quién se beneficia? Los gigantes de la agroindustria -como Bayer-Monsanto, BASF y otros-, el mayor productor de carne del mundo, JBS, o los comerciantes de soja y maíz, Bunge y Cargill. Estas empresas tienen estrechos vínculos con partidos de extrema derecha en sus respectivos países, así como el apoyo financiero de conocidas entidades bancarias que solo ven en el sector de la alimentación como una fuente de seguir aumentando sus beneficios.
¿Quién sale perdiendo? La pequeña y mediana agricultura y ganadería, los pueblos indígenas y personas migrantes, las personas trabajadoras de la industria y los cuidados, la mayoría de pequeñas y medianas empresas, la economía social y solidaria y, en general, las mayorías sociales.
Pero la reivindicación de la justicia en el comercio va más allá del sector agrícola y de la cuestión de la calidad de los alimentos: es un reto social global, tanto en lo que respecta a los aspectos socioeconómicos como a los climáticos.
Desde hace mucho tiempo nos movilizamos en las calles de muchos países por el trabajo digno y justamente remunerado, los derechos humanos, los pueblos originarios y afrodescendientes, la salud pública, el bienestar animal, el acceso a una alimentación de calidad y la protección del medio ambiente.
Sin embargo, una y otra vez, las clases dirigentes blindan los intereses económicos y financieros que persiguen estos acuerdos comerciales.
Las campesinas y los campesinos, sindicalistas, activistas de organizaciones de solidaridad internacional y ecologistas, colectivos antirracistas, anticoloniales y en defensa de los pueblos originarios, científicas, artistas y la ciudadanía organizada, exigimos la regulación de los mercados internacionales y denunciamos las políticas del mal llamado «libre comercio» que deslocaliza las producciones agrarias, cierra el pequeño comercio y la industria de PYMES, privatiza los servicios públicos así como rebaja las normas sociales y medioambientales.
Esta acción se inscribe plenamente en la movilización social contra el genocidio en Palestina, contra los recortes en los servicios públicos, contra el negacionismo climático y en total solidaridad con las comunidades de los países del Sur global, también víctimas de los acuerdos de comercio y el despojo racista de las grandes empresas europeas y españolas.
Reivindicamos el derecho a unos ingresos dignos de las campesinas y los campesinos, la protección de la agricultura familiar y una alimentación sana y libre de agrotóxicos frente a la lógica del mercado y el dominio de las multinacionales.
Defendemos una verdadera democracia alimentaria y el apoyo a un modelo agrícola que proteja el futuro de las generaciones venideras y de nuestro planeta.
Impedir el acuerdo comercial UE-MERCOSUR abre una oportunidad para cuestionar estructuralmente este sistema económico injusto y sacar la agricultura y la alimentación de la lógica de los mercados.
Hacemos un llamamiento a todas las agricultoras y agricultores para que se rebelen contra estas políticas injustas aplicadas al sector agrícola.
Hacemos un llamamiento a todos los sindicatos para que se movilicen en defensa de una remuneración justa del trabajo, la desglobalización y la relocalización de una industria que funcione respetando los límites del planeta y con criterios de justicia social.
Hacemos un llamamiento a todas las organizaciones preocupadas por las cuestiones de solidaridad internacional, democracia, protección del medio ambiente y salud pública para que digamos claro y alto al Gobierno de España y al parlamento que NO queremos estos acuerdos de comercio que entierran cualquier atisbo de política pública de justicia social y ambiental.
Hacemos un llamamiento a toda la ciudadanía preocupada por la vivienda, el mundo rural, la educación, la sanidad, el transporte público, la cultura, la calidad de los alimentos y la salud a cuestionar el sistema económico.
Ante los colapsos mundiales, necesitamos más cooperación en lugar de comercio de productos nocivos.
¡Por una economía social y solidaria!
¡No más acuerdos de comercio e inversiones!
¡Los ingresos justos para quienes producen nuestra alimentación, junto con los derechos humanos, los derechos laborales, la igualdad real, el bienestar animal, el clima y la biodiversidad deben primar sobre los intereses económicos!
¡Sí a la soberanía alimentaria, la justicia climática y la solidaridad internacionalista!
Attac, Amigas de la Tierra, CGT, Ecologistas en Acción, Entrepueblos, Greenpeace, Justicia Alimentaria, Sindicato Labrego Galego (SLG).
Texto leído en la acción-performance realizada en Madrid, el 18 de noviembre de 2025.
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación se convierte en el escenario de una performance donde una pirámide de barriles derrama productos tóxicos sobre líderes políticos
Con esta acción, Attac, Amigas de la Tierra, CGT, Ecologistas en Acción, Entrepueblos, Greenpeace, Justicia Alimentaria y Sindicato Labrego Galego denuncian que el acuerdo comercial alimentará el colapso climático, el comercio de sustancias tóxicas y la injusticia social
Las organizaciones convocantes coinciden en sus demandas con la Confederación General de Cooperativas Agrarias
El apoyo del Gobierno español al acuerdo comercial contradice sus compromisos frente al cambio climático y los derechos humanos
Madrid (España), 18 de noviembre de 2025 – El Toxic Trade Tour, una protesta itinerante por diversas ciudades europeas contra el acuerdo comercial UE-Mercosur, ha hecho hoy escala en Madrid. Desde finales del pasado mes de octubre y hasta finales de noviembre, una coalición de organizaciones sociales y ambientales europeas coordinadas por la European Trade Justice Coalition, de la que forma parte la Coordinadora Europea de La Vía Campesina, Ecologistas en Acción o Greenpeace, están llevando a cabo esta protesta por diversos países de la UE para denunciar este acuerdo entre la Unión Europea y los países del bloque del Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay).
La protesta se ha celebrado en vísperas de que el Consejo de Asuntos Exteriores de la UE, previsto para el próximo 24 de noviembre, se reúna para tomar una decisión sobre el acuerdo. La firma formal podría tener lugar el 5 de diciembre en la cumbre del Mercosur en Brasil y se espera que la votación del Parlamento Europeo se celebre poco después.
“Este tratado comercial establece una relación tóxica entre la UE y los países del Mercosur, al perpetuar un modelo de relaciones internacionales de corte extractivista y neocolonial, consolidando una forma de globalización que destruye la naturaleza, pone en riesgo la salud y amenaza la pervivencia de culturas y economías locales a ambos lados del Atlántico. Por eso reclamamos al PSOE que no apoye la firma de este acuerdo y sea coherente con sus propias promesas electorales en esta materia”, han afirmado las organizaciones convocantes.
Dentro del Toxic Trade Tour, las organizaciones convocantes en el Estado español —Attac, Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción, Entrepueblos, Greenpeace, Justicia Alimentaria— (2) han realizado una performance en Madrid frente al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para señalar el apoyo del Gobierno español a la firma de este tratado. Durante la acción, han colocado una pirámide de barriles tóxicos ante el Ministerio, mientras que activistas con disfraces de responsables políticos (del presidente español Pedro Sánchez, la presidenta de la Comisión Europea Ursula Von der Leyen y el ministro de Agricultura español Luis Planas) han sido interpelados por el público sobre los riesgos que entraña este acuerdo comercial para el clima, la salud y la justicia social. Ante las respuestas esquivas o no creíbles de los políticos, estos han recibido una reprimenda en forma de ducha de productos tóxicos (3). Acto seguido, se ha leído un manifiesto (4) recordando la gran cantidad de colectivos de la sociedad civil y de lo sectores agrícolas afectados que se oponen a este acuerdo (5).
La semana pasada, la Confederación General de Cooperativas Agrarias de la Unión Europea (COPA-COPEGA) rechazó la firma de este acuerdo comercial denunciado los perjuicios sobre algunas producciones de los países de la UE (maíz, azúcar, carne de vacuno) y señalando también la incoherencia que supone que la UE permita la exportación de agrotóxicos prohibidos en la UE al tiempo que quiere permitir la entrada de materias primas y productos agrícolas con presencia de esas mismas sustancias tóxicas no autorizadas.
Un acuerdo comercial que traerá más emisiones y más pesticidas peligrosos
Según las organizaciones convocantes, “mientras en la COP30 en Belém se está hablando de la necesidad de una mayor ambición a la hora reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, los que negocian este acuerdo comercial caminan en la dirección contraria, incentivando un mayor flujo de productos y materias primas entre continentes, algunas de las cuales (como la soja o la carne de vacuno) están detrás de procesos de deforestación y gran cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero. Sin una reducción inmediata y profunda de las emisiones en todos los sectores será imposible limitar el calentamiento global a 1,5 ºC y evitar los peores efectos”.
Entre los graves problemas que lleva aparejado este acuerdo comercial, los movimientos sociales recuerdan que la Evaluación del Impacto sobre la Sostenibilidad (EIS), realizada a finales de 2020 por encargo de la Comisión Europea, calculó que este tratado comercial provocaría un aumento global de metano y óxido nitroso, así como un aumento de las emisiones de CO2 en la UE, Brasil y Argentina y un “aumento moderado general” de las emisiones de GEI en otros países del Mercosur.
Aunque el propio estudio señalaba que las emisiones derivadas de los cambios en el uso del suelo y la deforestación representan el 55 % de las emisiones de CO2 de Brasil y el 70 % de las de Paraguay, la consultora redactora de la evaluación admitió que estas proyecciones excluyen cualquier cálculo de las emisiones derivadas de los cambios en el uso del suelo y la deforestación.
«La evaluación del impacto social y ambiental de este acuerdo comercial ha sido un mero trámite. La política comercial de la UE no se puede construir escondiendo debajo de la alfombra la deforestación, producida por materias primas como la soja, la caña de azúcar o la producción de carne de vacuno, amén de modernas formas de trabajo esclavo, invasión de tierras indígenas y la vulneración de los derechos humanos”, han declarado las organizaciones.
Asimismo, en la declaración leída durante el acto, las entidades convocantes han recordado que una investigación de Greenpeace Alemania (5) encontró residuos de varios pesticidas en limas producidas en Brasil y vendidas dentro del mercado de la UE, a través del análisis en laboratorio de más de 50 muestras de limas compradas en supermercados y mercados mayoristas en Austria, Bélgica, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, España y Suecia.
Los pesticidas, entre ellos el herbicida glifosato y los insecticidas imidacloprid y cipermetrina, son fabricados en la UE y vendidos por empresas europeas en Brasil, uno de los principales países consumidores de plaguicidas del mundo. Más de la mitad de los pesticidas encontrados son considerados altamente peligrosos porque suponen un grave riesgo para la salud humana, los animales o el medio ambiente. El acuerdo UE-Mercosur propuesto eliminaría los aranceles sobre las exportaciones de plaguicidas de la UE a los países del Mercosur y reduciría el control en los alimentos importados, lo que significa que tanto el uso de pesticidas como sus efectos adversos aumentarían exponencialmente.
“Todo lo que rodea el acuerdo UE-Mercosur es tóxico. Primero, los gigantes de la industria química de la UE ya producen y exportan a Brasil sustancias tóxicas, algunas de las cuales ni siquiera están aprobadas para su uso dentro de la UE; y luego, la UE las reimporta en forma de residuos en los alimentos. Este acuerdo impulsará el comercio de pesticidas y potenciará este ciclo tóxico”, han concluído las entidades convocantes.
En 1975, coincidiendo con la muerte del dictador Francisco Franco, España dio carta de naturaleza a una ilegalidad según el derecho internacional: cedió de facto el Sáhara Occidental al permitir la llamada «Marcha Verde». Así fue conocida en nuestro país, pero los principales afectados no se refieren a ella con ese nombre. Los saharauis hablan de la «Marcha Negra». Ese es el término que también utiliza Ahmed Ettanji, periodista de Équipe Média que vive en los territorios ocupados ilegalmente por Marruecos: «Cincuenta años después de la Marcha Negra, del abandono español y de la ocupación marroquí, lo fundamental es hablar de justicia y de la autodeterminación del pueblo saharaui».
Ettanji, director del premiado documental Tres cámaras robadas (2020), habló para La Marea con motivo del dossier especial dedicado al Sáhara Occidental en nuestra última revista. «Seguimos siendo la última colonia de África: víctimas de la represión, del expolio y del exilio. Pero también somos un pueblo que resiste y defiende su identidad», explica.
En torno al Sáhara Occidental sigue sobrevolando una anomalía que nadie parece querer resolver: España es, todavía a día de hoy y con el derecho en la mano, la potencia administradora del territorio, que está en fase de descolonización. Así lo ha prescrito la ONU. «Hoy lo urgente es que la comunidad internacional asuma su responsabilidad, que se protejan los derechos humanos en los territorios ocupados y que, de una vez, se permita a los saharauis decidir libremente su futuro», exige Ahmed Ettanji. «No pedimos compasión, pedimos justicia y un futuro digno en nuestra tierra».
Su mirada tiene especial relevancia por cuanto se enfrenta, en su día a día laboral, con la cara más siniestra del régimen alauita. Reportar desde el Sáhara es prácticamente imposible. El bloqueo informativo es total. Ettanji y sus compañeros hacen frente, de forma cotidiana, a la incautación de sus herramientas de trabajo, además de a amenazas, agresiones y detenciones arbitrarias.
«Informar desde los territorios ocupados del Sáhara Occidental es, en sí mismo, un acto de resistencia», relata. «Nuestro trabajo se desarrolla bajo una vigilancia constante: la policía y los servicios secretos marroquíes nos siguen, nos detienen, nos golpean y confiscan nuestro material. Marruecos no reconoce a los periodistas saharauis, los criminaliza, así que cada grabación, cada foto o cada testimonio que recogemos puede costarnos la cárcel o el exilio».
La consecuencia inmediata, explica, «es el miedo». Y no sólo por la propia integridad física: «Nuestras familias son presionadas, nuestros compañeros encarcelados, y vivimos sabiendo que en cualquier momento pueden entrar en nuestras casas para llevarnos».
Lo lógico, en esas circunstancias, sería tirar la toalla, pero la rendición no entra en los planes de este grupo de periodistas. «Esa represión nos confirma la importancia de lo que hacemos: romper el bloqueo informativo, contar lo que pasa en nuestra tierra y dar voz a quienes Marruecos intenta silenciar», mantiene Ettanji.
«A pesar de todo, seguimos trabajando porque sabemos que nuestro testimonio es la única ventana que tiene el mundo para ver la realidad en el Sáhara ocupado. El precio es alto, pero el silencio sería aún más costoso para nuestro pueblo», concluye.
Testimonios: Laura Casielles | Edición: Manuel Ligero
Esta entrevista con el periodista Ahmed Ettanji forma parte del trabajo realizado para elaborar el dossier que ‘La Marea’ le ha dedicado al Sáhara Occidental en su último número. Puedes comprar la revista aquí o suscribirte para seguir apoyando el periodismo independiente.
Decrecimiento para el bienestar: la urgencia de un nuevo modelo ecosocial
26 de septiembre de 2025
Activar el freno de emergencia
Con esta Conferencia Más Allá del Crecimiento, en el Congreso, activamos colectivamente el freno de emergencia ante un modelo que nos está llevando al colapso ecológico y social. Es una llamada directa a la sociedad y a las instituciones para abrir un debate democrático inaplazable: cómo vivir con bienestar dentro de los límites del planeta sin depender de la explotación de otras vidas, humanas y no humanas, presentes o futuras, poniendo la vida en el centro.
Partimos de una situación en la que nuestros modos de vida han sido moldeados por un sistema económico basado en la acumulación sin límites, un sistema capitalista, fósil, patriarcal, colonial y antropocéntrico que no cuida a las personas ni al planeta, que depende de recursos energéticos y minerales limitados, que se apropia de innumerables trabajos de cuidados para sostenerse, y que deja de lado a millones de vidas mientras nos empuja hacia la extinción. Un sistema que carece de legitimidad para guiar la transición ecosocial que necesitamos en un contexto de creciente autoritarismo y deterioro de las instituciones democráticas.
Esta Conferencia da continuidad a la Conferencia Beyond Growth celebrada en el Parlamento Europeo en mayo de 2023, a la que le han seguido hasta el momento conferencias y eventos en Italia, Austria, Dinamarca, Portugal, Irlanda, Francia, Noruega y Estonia. Todas ellas parten de la asunción que ha guiado desde su nacimiento al movimiento ecosocial y que la comunidad científica, desde los años 70 del siglo pasado hasta la actualidad, ha constatado: un modelo social y económico basado en el crecimiento sin fin es incompatible con el equilibrio ecológico del planeta y su habitabilidad. Ante esta realidad, es urgente construir una prosperidad socialmente justa más allá del crecimiento, compatible con los límites biofísicos.
El lavado verde y las falsas soluciones
Denunciamos que, en el contexto global y europeo actual, bajo el disfraz de la “sostenibilidad” y el “crecimiento verde” se esconde la voluntad de perpetuar lo insostenible. Se apuesta por una transición energética miope que no plantea un cambio real en los patrones de producción y consumo y se basa exclusivamente en cambios tecnológicos. Se vende la idea de un
desacoplamiento absoluto entre el crecimiento económico y los impactos ecológicos, un desacoplamiento imposible, sobre todo teniendo en cuenta la escala global y ritmo a la que tendría que producirse para evitar el colapso climático, de biodiversidad y de recursos. Se blindan los privilegios de las clases dominantes, ultrarricos y grandes corporaciones, mientras se margina cualquier intento real de transformación. Se tapa el fracaso del sistema capitalista con promesas huecas, mientras el crecimiento del PIB se agita como tótem de una prosperidad que nunca llega para la mayoría ni lo hará para las generaciones futuras. Los resultados de este modelo son evidentes: la crisis ecológica se agrava, la pobreza no ha retrocedido y las desigualdades no han hecho más que crecer, dentro y entre países.
Hoy en día, el dogma del crecimiento económico, permite seguir acumulando riqueza y poder en pocas manos a costa de la vida y con ello se perpetúan guerras, expolios y genocidios como el de Palestina. El crecimiento económico se ha hecho más difícil en esta última década a medida que se constata que los recursos energéticos disponibles son de menor calidad, los minerales son más escasos y los ecosistemas están más degradados. La carrera por crecer hace que se incrementen todavía más los gastos militares, se precaricen y desmantelen servicios públicos, se refuercen estructuras y violencias patriarcales, se acaparen y destruyan ecosistemas esenciales para la vida, se nieguen derechos básicos como el derecho a la vivienda, el derecho a una alimentación sana o el derecho a migrar, se reprima el derecho a la protesta, se criminalice la disidencia y se ignore la soberanía de los territorios y las comunidades para decidir sobre su presente y futuro, siendo muchos convertidos en zonas de sacrificio dentro y fuera del Estado español.
Por todo ello, ante la inviabilidad e indeseabilidad de más crecimiento proponemos una reducción democrática planificada de la producción y el consumo enfocada en el bienestar social y ecológico en lugar de la acumulación de capital. Un decrecimiento que debe comenzar por los sectores más dañinos y grupos y territorios más privilegiados y ofrecer alternativas de reorganización socioeconómica. Esto no solo conlleva ajustar la economía a los límites planetarios para una sostenibilidad real, sino que también supone cambiar las reglas del juego en favor de una visión de largo plazo, una reorganización democrática de la economía y un cambio cultural que haga posible vivir mejor con menos, rompiendo con las lógicas extractivistas y coloniales del actual modelo económico, que perpetúan modos de vida imperiales.
Hacia un nuevo modelo ecosocial
Dado que los caminos basados únicamente en mejoras tecnológicas son insuficientes al ignorar los límites biofísicos y el cambio cultural necesario, la encrucijada en la que nos encontramos es clara: Transitar a modos de vida más justos, deseables, igualitarios, inclusivos y ecocentrados o seguir acercándonos al abismo de la destrucción y competición militarizada y de creciente desigualdad.
Somos conscientes de que contamos con el saber colectivo acumulado y de que tenemos la capacidad de imaginar y hacer realidad otros mundos posibles. Necesitamos transitar con urgencia a un nuevo modelo ecosocial donde el bienestar no dependa del crecimiento económico y sabemos que esto no es posible dentro del sistema capitalista. Debemos embarcarnos en una transición ecosocial democráticamente planificada basada en la suficiencia de la producción y el consumo, en línea con los informes científicos del Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC) y la Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas (IPBES), mejorando las condiciones de habitabilidad presente y futura a la vez que se posibilita la regeneración y equilibrio de los ecosistemas de los que depende la vida en el planeta. Esta transformación debe tener una clara perspectiva ecofeminista como forma de resistencia al sistema patriarcal y ecocida que sostiene este modelo de opresión y explotación, y como motor de alternativas basadas en el cuidado, la equidad, la participación, la justicia socioecológica y una ciencia centrada en los bienes comunes.
Este nuevo modelo ecosocial precisa de una democratización de la economía con mecanismos deliberativos que permitan la participación directa y permanente de la ciudadanía informada por la ciencia y los actores sociales en la toma de decisiones. El decrecimiento ecofeminista no es un sacrificio, sino una oportunidad para reorganizar la sociedad alrededor del cuidado mutuo, la cooperación, la participación y la justicia, asegurando que todas las personas puedan vivir vidas dignas en un planeta habitable, siendo ésta la única forma de atender la brecha global y las responsabilidades históricas y actuales del Norte Global hacia al Sur o Mayoría Global.
Una agenda para un pacto post-crecimiento
Hacemos un llamamiento a lograr un pacto post-crecimiento bajo los principios de justicia global, justicia intergeneracional y cuidado de la vida, reinsertando la economía en su base social y ecológica. Un pacto ecosocial que permita, en primer lugar, responder colectivamente a cuestiones centrales como: ¿Qué actividades económicas es necesario reducir y cuáles ampliar?, ¿Cómo abordamos la transición energética y alimentaria teniendo en cuenta a todos los territorios y comunidades?, ¿Cómo afrontamos los conflictos y oportunidades que nos iremos encontrando en el camino? O ¿Cómo generar más espacios de cooperación para una transición ecosocial y feminista justa? Nos reunimos bajo esta declaración para avanzar en una agenda común post-crecimiento que permita precisamente abrir el debate a gran escala y de forma democrática sobre la transición por delante, a nivel del Estado español y más allá de éste. Para ello, proponemos una serie de medidas que permiten crear condiciones más favorables para este diálogo y para la acción colectiva, desde la situación actual, que constituyen la base y ejes de convergencia desde los cuales profundizar y trabajar en las transformaciones necesarias para poner la vida en el centro, lo cual significa priorizar la satisfacción de las necesidades humanas y ecológicas sobre la acumulación.
Medidas base propuestas
1. Servicios básicos universales con perspectiva público-comunitaria:
• Poner topes a los precios de los alquileres de inmediato y avanzar en la desmercantilización y mejora del parque de vivienda con criterios ecosociales, iniciando planes de rehabilitación para acabar con la pobreza energética, reducir el consumo energético y sacar los combustibles fósiles de nuestros hogares.
• Garantizar el acceso a transporte público asequible y de calidad y movilidad sostenible en áreas urbanas y comarcas rurales, mejorando la calidad, la frecuencia y las interconexiones desde un principio de equidad, en el marco de un proceso de transición hacia una reducción de la movilidad y su descarbonización, que reduzca la movilidad individual motorizada fósil en favor de la movilidad colectiva sostenible y las formas de movilidad activa.
• Favorecer la generación energética distribuida y descentralizada en base a energías renovables (ej. comunidades energéticas solares) en el marco de una transición energética justa, basada en la suficiencia y en la reducción del consumo, en el abandono de los combustibles fósiles y la energía nuclear, y que incorpore criterios de planificación territorial y de justicia global, priorizando el ahorro energético y la eficiencia antes de la generación.
• Asegurar la gobernanza democrática del agua desde un enfoque público-comunitario, que establezca un riguroso control de cauces y acuíferos y dé seguridad en el abastecimiento de agua para consumo humano.
• Impulsar sistemas integrales de cuidados basados en la sostenibilidad de la vida, que integren la dimensión ecológica, fomenten una cultura del cuidado y garanticen equidad y justicia social, de género e interseccional.
• Mejorar y ampliar la cobertura de la salud pública sin depender del mercado, al igual que las instituciones e infraestructuras de cuidado y salud comunitaria dirigidas a promover la salud y a prevenir las enfermedades.
• Asegurar la gratuidad y universalidad de la educación pública en todas sus fases, favoreciendo una educación integral con enfoque ecosocial que incluya la formación de personal docente.
• Poner en marcha los medios necesarios para garantizar universalmente las necesidades en el contexto de reducción y/o restructuración de las múltiples ramas de la economía
con fuertes impactos ecosociales. Una medida que podría favorecer este proceso es una garantía de trabajo ecosocial que permita acceder a un empleo con impactos sociales y ecológicos positivos a todas las personas que lo deseen, favoreciendo una transición justa en los sectores que deben reducirse o transformarse.
• Impulsar marcos regulatorios que incidan en la fase de diseño de cualquier producto para permitir la substitución de componentes y la reparabilidad, aumentando así la durabilidad y eliminando la obsolescencia.
• Activar planes de restauración de la naturaleza que pongan freno a los peores efectos del cambio climático a base de la protección de ecosistemas y la regeneración de los suelos.
• Incrementar la resiliencia frente a la emergencia climática y ambiental con políticas públicas preventivas contra los incendios forestales, las inundaciones y sequías con implicación y recursos disponibles a nivel municipal y territorial.
• Favorecer la co-creación de planes municipales de transición ecosocial como herramientas democráticas y transformadoras con un enfoque público-comunitario.
2. Renta básica universal e incondicional como derecho de garantía de ingresos:
• Poner en marcha una renta básica universal, incondicional, individual y suficiente que garantice la seguridad económica de todas las personas, contribuyendo a las actividades dirigidas al sostenimiento cotidiano de la vida y a la participación social y democrática en la transformación socioecológica.
• La puesta en marcha de esta renta básica se fundamenta en un reparto justo y adecuado de la riqueza social y natural, por lo que su financiación conlleva una redistribución de la riqueza con impuestos progresivos, donde quien más contribuya sea el 1% de la población con mayores ingresos y riqueza, mayores responsables de la crisis ecológica actual, junto a otras medidas de fiscalidad ecosocial.
3. Fin de subvenciones a actividades destructivas y finanzas ecosociales:
• Poner fin inmediato a todas las subvenciones públicas destinadas al sector de los combustibles fósiles y a las industrias de alto impacto ambiental y territorial, como es el caso de la agroindustria, asegurando una transición justa en todos los sectores afectados.
• Una política financiera y monetaria que ajuste los flujos de inversión privados, vía crédito guiado, para alinearlos con objetivos sociales y ecológicos definidos a través de procesos democráticos, anulando la lógica del lucro por lucro.
4. Decrecimiento del sector turístico:
• Llevar a cabo un decrecimiento del sector turístico implica controlar los pisos turísticos, poner límites a las plataformas digitales y a la entrada de visitantes y a los vuelos y cruceros en función de la capacidad de carga de los ecosistemas y el bienestar y dignidad de las poblaciones locales, primando la justicia social y el equilibrio territorial.
5. Transición agroecológica:
• Favorecer el desarrollo de sistemas alimentarios agroecológicos con políticas agrarias y alimentarias que favorezcan la producción ecológica, cuidando la fertilidad del suelo, la biodiversidad, la salud de las personas que trabajan en el campo y a las consumidoras. Esto permite al sector primario romper con la dependencia actual de los insumos fósiles cada día más escasos.
• Incorporar la soberanía alimentaria y biorregional y una perspectiva ecofeminista a la transición agroecológica , apoyando rentas dignas, precios justos, dietas saludables para todas las personas, asumiendo las tareas de cuidados de forma equitativa, y reduciendo el transporte y desperdicio alimentario.
• Priorizar en la compra pública los alimentos ecológicos, de temporada, circuito corto, de empresas de la economía social y solidaria, y favorecer la formación – al personal vinculado – en alimentación saludable y ecológica y desperdicio cero.
• Impulsar un desmantelamiento de la agricultura y ganadería industrializada y contaminante mediante planes territoriales de transición agroecológica justa en los que participe la ciudadanía, que impulsen la producción ecológica y su venta en circuitos cortos, la formación a jóvenes y mujeres agricultoras en manejo agroecológico y el acceso a la tierra a través de bancos de tierra u otras formas de acceso social a la tierra, dando prioridad a residentes en los pueblos para frenar el despoblamiento rural y favorecer el relevo generacional.
6. Impulso de la economía social y solidaria:
• Reforzar la presencia de la economía social y solidaria en sectores esenciales que garantizan necesidades básicas para asegurar que se gestionen bajo principios de cooperación, equidad y sostenibilidad ecológica.
• Impulsar una transición hacia modelos circulares y de decrecimiento, priorizando aquellos sectores esenciales para la vida, y desmantelando dinámicas especulativas en
favor de actividades comerciales, industriales, tecnológicas y financieras que se sostengan en fórmulas de economía social y solidaria: cooperativas de producción agroecológica, de comercio justo y de proximidad, supermercados cooperativos, comunidades energéticas, cooperativas de vivienda en cesión de uso y, las finanzas éticas, que impulsen iniciativas que garanticen justicia social y sostenibilidad ecológica.
• Incorporar cláusulas sociales y ambientales en las contrataciones públicas para dar prioridad a los modelos empresariales de la Economía Social y Solidaria.
• Incorporar en los currículos educativos empresariales el modelo de empresa de Economía Social y Solidaria, basado en la toma de decisiones compartida, diversas y democráticas que impulsen la participación, prestando atención a los procesos y las relaciones, e incorporando en su cultura organizativa la salud emocional y la corresponsabilidad en los cuidados.
7. Reforma fiscal justa y verde:
• Poner en marcha una política de ingresos máximos que permita financiar el conjunto de medidas aquí propuestas, estableciendo un tope a los ingresos en el actual 0,1% con mayores ingresos en el Estado español. Esta política debe integrarse dentro de un nuevo marco fiscal donde quienes más contribuyan sean las empresas más contaminantes y el 1% de la población con mayores ingresos y riqueza.
• Impulsar activamente una fiscalidad justa y verde a nivel estatal, europeo e internacional, con medidas como una agenda tributaria de la riqueza y las rentas del capital, en particular a los “super ricos” y grandes patrimonios y hacer que las grandes corporaciones extractivistas paguen por sus daños al medio ambiente y a las sociedades.
• Tener unos presupuestos públicos que garanticen los servicios básicos, los cuidados a lo largo de toda la vida y la transición ecológica justa.
8. Democracia deliberativa permanente y vinculante:
• Diseñar y poner en marcha mecanismos de democracia deliberativa y directa de carácter vinculante que permitan una planificación ecosocial a largo plazo, como es el caso de las asambleas climáticas permanentes. La participación de la ciudadanía es una herramienta clave contra la corrupción, para construir políticas de suficiencia a gran escala y desmantelar el secuestro de la acción pública por los lobbies y grupos de intereses. En definitiva, más democracia para hacer posibles modos de vida definidos desde una autonomía colectiva que acabe con estructuras tecnocráticas y corruptas.
• Defensa de espacios cívicos y autónomos propicios para el trabajo, expresión y participación de la sociedad civil, dentro y fuera de las fronteras del Estado español, generando condiciones favorables para ello.
9. Protección de derechos de las generaciones futuras y de la naturaleza:
• Poner en marcha las medidas legislativas necesarias para proteger los derechos de las generaciones futuras a un planeta habitable.
• Poner en marcha las medidas legislativas de justicia ecológica necesarias para dotar de derechos a la naturaleza, siguiendo el precedente del Mar Menor y los diversos casos a nivel internacional; así como salir de la postura antropocéntrica utilitarista para desarrollar una teoría legal con visión ecocéntrica que reconozca el valor intrínseco de la naturaleza.
• Generar y publicar una métrica ecosocial de progreso “más allá del PIB” en el lNE.
10. Cancelación de los Tratados de Comercio e Inversión:
• Cancelación de los Tratados de Comercio e Inversión, los ya firmados y aquellos que se estén negociando buscando vías multilaterales de cooperación entre países donde el intercambio comercial priorice el cumplimiento de los derechos humanos y los principios acordados en la COP 21 para frenar el cambio climático.
11. Cancelación de deuda y reparación histórica:
• Llevar a cabo la abolición de las deudas odiosas e ilegítimas con los países del Sur o Mayoría Global y favorecer la transferencia de tecnología junto a la cooperación internacional y otras medidas de reparación de las diversas deudas coloniales históricas entre las que se encuentra la deuda ecológica y climática, desde una perspectiva de solidaridad internacional.
12. Decrecimiento digital:
• Poner la esfera digital al servicio del bien común con herramientas efectivas para evitar burbujas tecnológicas – y de centros de datos -, regular inversiones y proteger derechos.
• En educación y salud y los trámites de la administración, garantizar de manera prioritaria la atención y servicio personal y adaptado, dejando los procedimientos digitales como algo voluntario.
• Garantizar la soberanía digital y la protección de la democracia poniendo coto al poder de las grandes empresas tecnológicas, paralizando los planes de extensión de la vigilancia automatizada e implementando masivamente el uso de software libre en las instituciones públicas.
• Reducir el consumo hídrico, material y energético del sector de las TIC fomentando el uso colectivo de equipos existentes, poniendo fin a la obsolescencia programada y liberando internet de los oligopolios para favorecer su desacoplamiento de los grandes nodos y su uso descentralizado. Esto implica establecer una moratoria a la construcción de centros de datos.
Próximos pasos y compromiso colectivo hacia 2026
Estas medidas, junto a otras que nos comprometemos a seguir impulsando, profundizan en un nuevo modelo ecosocial donde lo que está en el centro de la economía es la vida misma y todo lo que permite que se desarrolle con dignidad. Para ello es preciso avanzar en una gobernanza global que prime la redistribución, los derechos humanos, la democracia económica, y la resiliencia ecológica y social, haciendo posible el bienestar colectivo dentro de los límites planetarios, superando la ficción del crecimiento verde y en clara oposición a la deriva reaccionaria que pretende monopolizar el control de recursos naturales desde un fascismo fósil. De este modo, los colectivos, organizaciones y personas firmantes de esta Declaración nos comprometemos a celebrar en la primera mitad de 2026 un Foro Social que profundice en la puesta en práctica de los principios y medidas aquí presentadas.
La asociación sionista ACOM (Acción y Comunicación sobre Oriente Medio), presidida por Ángel Mas, y el diario digital, Okdiario, dirigido por Eduardo Inda, firmaron un contrato en el año 2019 por el cual acordaban que el medio publicaría propaganda de esta organización como “branded content” [contenido patrocinado] por 75.000 euros anuales. El documento incluía una cláusula que exigía no publicar ninguna información negativa que pudiera perjudicar la imagen de ACOM.
ACOM se distingue por la litigiosidad contra cualquier persona, asociación o entidad que considere que atenta contra los intereses del Estado de Israel o la comunidad judía. Durante la actual masacre de Gaza, ha realizado distintas acciones contra los críticos a la actuación del Gobierno israelí. Entre estas, destaca la querella presentada contra el presidente Pedro Sánchez y varios ministros del ejecutivo de España; la denuncia ante la Audiencia Nacional de las protestas contra el genocidio en la vuelta ciclista a España; la denuncia contra las Universidades que han cancelado los contratos de colaboración con Israel y la interpuesta contra la académica arabista Luz Gómez por sus comentarios sobre el conflicto entre Israel y Palestina.
Entre las cláusulas del contrato, que se negoció en junio de 2019, se establecía que Okdiario publicaría 10 notas de branded content a partir de las informaciones proporcionadas por ACOM a cambio de una contraprestación económica de 75.000 euros anuales.
De forma específica, el contrato al que ha tenido acceso La Marea dice: “Realización de 10 Branded Content. Estos contenidos se realizarán a partir de una información facilitada por el cliente, responsabilizándose de la veracidad de los mismos. Así mismo, enviará fotos en alta calidad y video si procede. Una vez creado el contenido por el MEDIO y aceptado por el cliente, se publicará durante tres días en la HOME [la portada web] de Okdiario.com. No obstante, el MEDIO se reserva el derecho de su publicación. Contará con un Destacado de Portada en HOME y se impulsará por el MEDIO por Redes Sociales para una mayor difusión. Al finalizar, se enviarán las métricas obtenidas” [sic].
Una de las partes del contrato más relevantes es que ACOM exigía a Okdiario que el medio de Eduardo Inda tendría prohibido publicar cualquier información que perjudicara la buena imagen de esta entidad, que ha defendido de forma explícita la política de apartheid y colonización de los territorios ocupados por parte del Gobierno de Israel contraviniendo el derecho internacional. En una de sus cláusulas, decía: “El MEDIO se obliga a no difundir contenidos que, de algún modo, pudieran atentar contra la buena imagen de ACOM”.
El contrato no es en modo alguno ilegal, sino una práctica frecuente en algunos medios. Sin embargo, el branded content que hace pasar por información lo que en realidad es propaganda pagada va en contra del compromiso periodístico y de su función crítica.
Tras la firma del contrato no se han encontrado en Okdiario artículos sobre ACOM con el indicativo branded content habitual en estos casos. Sí aparecen varias noticias sobre esta organización con contenido que se ajusta a los intereses de la organización de Ángel Mas, que trabaja para difundir una buena imagen del Estado de Israel.
El contrato tenía una vigencia de seis meses ampliables mediante anexos. Desde Okdiario han confirmado a este medio la existencia del mismo, pero aseguran que en los años posteriores no hubo más acuerdos con ACOM. Desde esta asociación, nadie ha contestado a las preguntas enviadas.
Attac España, La sociedad civil, los sindicatos y los grupos de interés público afirman a la presidenta Von der Leyen, a los comisarios europeos y a los Estados miembros de la UE que nuestros derechos, nuestro planeta, nuestra salud y nuestra justicia no están en venta.
La UE se arriesga a una nueva competición a la baja. Bajo la presidencia de Ursula von der Leyen, la Comisión Europea planea una ola sin precedentes de recortes drásticos en las regulaciones que protegen los derechos laborales y sociales, los derechos humanos, los derechos digitales y el medio ambiente. La Comisión y los Estados miembros de la UE podrían dedicar los próximos cuatro años a desmantelarlas normasque rigen para las empresas que operan en la UE.
Las normas diseñadas para garantizar una vida justa, equitativa y saludable ya se aplican de forma deficiente. A pesar de las claras advertencias, ahora se están retirando, debilitando o vaciando de contenido a un ritmo sin precedentes.
Ocho meses después de su mandato, es evidente que el nuevo «esfuerzo de simplificación sinprecedentes« de la Comisión significa en realidad «desregulación». Las regulaciones que nos protegen a todos de los excesos de la avaricia corporativa, que garantizan que podamos respirar aire limpio y llevar una comida saludable a la mesa de nuestras familias, están siendo recortadas. Las normas que garantizan que podamos trabajar en condiciones justas y seguras, proteger la naturaleza, combatir la discriminación, combatir la corrupción, tener acceso a productos financieros justos y seguros, e impedir que las corporaciones violen nuestra privacidad digital — que nos mantienen a todos seguros hoy y mañana— están siendo recortadas.
La insistencia de la Comisión en que se trata de eliminar la burocracia superflua no se sustenta en la realidad. Afirmanque confiar en que las empresas hagan lo correcto hará al bloque más «competitivo» y que es necesario recortar las normas para impulsar la «innovación» de las empresas de la UE. Pero muchos casos tristes de la historia de la UE cuentan otra historia, como la crisis financiera y el Dieselgate.
Se están recortando las normas de la UE para que los accionistas puedan explotar a las personas y al planeta con menos límites. Nuestra protección se está vendiendo a cambio de beneficios, y nuestra confianza en la democracia se está erosionando.
acceso de las empresas. Mientras tanto, las organizaciones de la sociedad civil que representan diversos intereses sociales corren el riesgo de ser marginadas por los responsables de la toma de decisiones. Para empeorar la situación, las agencias y organismos encargados de hacer cumplir la ley se ven obstaculizados por políticas de austeridad que recortan sus presupuestos y personal.
La Comisión Europea y el Consejo de los Estados miembros de la UE intentan recortar nuestras protecciones casi a diario. Varias propuestas importantes se han aprobado precipitadamente, sin que la Comisión cumpla con su deberde elaborar evaluaciones de impacto vitales. Esto se ve agravado por el uso del «procedimiento de urgencia», que impide un debate democrático en el Parlamento Europeo.
Los principios de la elaboración de normas son vitales para la democracia. Al tomar atajos, la Comisión silencia las voces críticas y reabre legislación que ya fue resultado de un proceso democrático y, por lo tanto, de un acuerdo entre las fuerzas políticas de la UE.
Esta tormenta perfecta de desregulación corre el riesgo de empoderar a la extrema derecha y a las fuerzas antidemocráticas, propiciar la corrupción, aumentar las desigualdades, frenar la urgente acción climática y la protección del medio ambiente, y privar a las comunidades y a los trabajadores de protecciones y servicios esenciales. La agenda de «simplificación» ya ha ido demasiado lejos:
La rendición de cuentas de la corporaciones y la justicia están más lejos que nunca: La Comisión y el Consejo han socavado drásticamente la acción climática, la protección ambiental y lasobligaciones en materia de derechos humanosen las cadenas de suministro, al debilitar drásticamente la Directiva sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad. La transparencia sobre el nivel y los esfuerzos de sostenibilidad de las empresas se está reduciendo drásticamente al reducir significativamente el alcance de la información que las empresas deben presentar en la Directiva sobre información corporativa en materia de sostenibilidad y la Taxonomía de la UE.
Nuestros hábitats y biodiversidad podrían perder protecciones esenciales, mientras que las sustancias químicas amenazan la salud pública: La Comisión ha propuesto eliminar lasobligaciones ambientalesde su Política Agrícola Común, incluyendo medidas para proteger humedales y turberas. Las leyes químicas de la UE sobre cosméticos y las normas de etiquetado para sustancias químicas peligrosas están siendo objeto de crítica, mientras que existen indicios preocupantes de que la prohibición integral propuesta de las «sustancias químicas permanentes» (PFAS) se debilitará.
Se reduce la presión sobre las industrias contaminantes: Los retrasos en los planes de transformación obligatorios para que las plantas industriales contaminantes sean más limpias, el ciclo de los materiales usados más circulares y respetuosas con el clima están socavando la transparencia pública y la responsabilidad corporativa en la transformación industrial.
El debilitamiento de los objetivos climáticos responde a los deseos corporativos en lugar de a las necesidades planetarias: la Comisión, con un fuerte respaldo de los Estados miembros de la UE, ha propuesto un objetivo para 2040 de reducir las emisiones en un 90 % en comparación con 1990, que incluye planes para debilitar la arquitectura política establecida a través de la legislación climática mediante la introducción de diversas formas de flexibilidad. La introducción de créditos internacionales dentro de los objetivos climáticos de la UE reduciría el nivel de ambición de la UE en comparación con un objetivo puramente nacional, que ya está por debajo de su cuota justa global.
Una década de progreso en materia de derechos digitales podría verse desbaratada: la reapertura de lacolumna vertebral de laregulacióndigital de la UE—el Reglamento General de Protección de Datos— implica que los datos sensibles de las personas podrían procesarse sinprotección. Nuevos ataques a leyes previstas, como la Ley de IA y el Paquete Digital, podrían socavar las normas que protegen nuestra vida digital contra los daños de la IA y la vigilancia por parte de actores estatales y corporativos.
Una competición a la baja para las personas trabajadoras: Se avecinan recortes en los derechos laborales y protecciones sociales, ya que la propuesta prevista para un «28º régimen» ofrecería a las empresas un conjunto de normas europeas más permisivas. Esto abre la puerta a la elusión de las leyes laborales nacionales y los derechos sindicales.
Más pobreza: La Comisión pretende redirigir los fondos de lucha contra la pobrezapara apoyar a empresas e industrias, incluidas las tecnológicas y de defensa.
El camino hacia una sociedad justa y equitativa se erosiona ante nuestros ojos: La retiradade la Directiva Horizontal contra la Discriminación indica claramente que las personas y los derechos no son una prioridad para la Comisión Europea. El único ámbito en el que se están incrementando las nuevas normas es el de las sanciones y la vigilancia de las comunidades marginadas, en un contexto de aumento del gasto, la legislación y las políticas centradas en la criminalización, la vigilancia y la militarización.
Reformas financieras revertidas, allanando el camino para otra crisis: Se están introduciendo retrasos y numerosas excepciones en los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión acordadas internacionalmente tras la crisis financiera mundial de 20072009. Estas normas tienen como objetivo garantizar que los bancos gestionen sus riesgos con suficientes colchones para amortiguar las pérdidas. Paralelamente, podrían eliminarse las medidas destinadas a apoyar las prácticas financieras sostenibles.
Con estas medidas —una pequeña selección de las numerosas propuestas, iniciativas y estrategias de desregulación— la Comisión afirma estar haciendo que Europa sea más atractiva para las empresas y más competitiva a nivel internacional. Al hacerlo, está creando un mundo tóxico y menos equitativo para las personas trabajadoras, las familias y las comunidades vulnerables, y un campo de juego desigual para las empresas que desean llevar a cabo sus negocios de forma responsable. A largo plazo, la falacia de que proteger a las personas y el medio ambiente hoy es demasiado costoso tendrá un coste irreversible para nuestra salud, seguridad, derechos, igualdad y libertades en el futuro.
En lugar de desregular, instamos a los legisladores de la UE y de los Estados miembros a proteger y promover los derechos consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y el derecho internacional de los derechos humanos:
Aprobar leyes para una mayor protección del bienestar social, las personas trabajadoras y consumidoras, la lucha contra la discriminación, la justicia social, climática y medioambiental, la privacidad y la protección de datos, y contra las sustancias químicas tóxicas;
Exigir mayor transparencia y rendición de cuentas a las empresas, así como acceso a la justicia para las personas perjudicadas;
Asumir la responsabilidad por el impacto negativo de las actividades de la UE, como la minería, la insuficiencia de objetivos climáticos y las sustancias químicas tóxicas, en otras regiones y comunidades.
Facilitar la implementación y el cumplimiento de las leyes que protegen los derechos, la justicia y los intereses públicos. Proporcionando más recursos a las autoridades responsables de su aplicación, así como orientación y apoyo para la implementación de las normas digitales.
Reforzar la protección de las organizaciones de la sociedad civil, los sindicatos, las personas defensoras de los derechos humanos, periodistas y activistas.
Garantizar que la sociedad civil, los sindicatos, las comunidades afectadas y otros actores representativos del interés público sean consultados, incluidos y respetados de forma significativa en la legislación de la UE y nacional.
En una época de extrema desigualdad, que incluye la extrema concentración de riqueza, exclusión social y financiera, destrucción climática, retroceso democrático, capitalismo de vigilancia, explotación laboral, discriminación y daños estructurales profundamente arraigados, así como amplias violaciones de los derechos humanos: ¡exigimos más protecciones, no menos!
Firman2:
The European Federation of Public Service Unions (EPSU),
Friends of the Earth Europe (FoEE),
Climate Action Network (CAN),
Global 2000,
Corporate Europe Observatory (CEO),
European Environmental Bureau
Firmar esta carta no significa que todas estas organizaciones compartan las mismas prioridades.
1 Medidas como los «Diálogos de Implementación», las «Consultas Específicas» y las «Verificaciones de la Realidad».
2 No todos los firmantes trabajan en profundidad en todos los temas. Firmar esta carta no significa que todas estas organizaciones compartan las mismas prioridades.
Trump está usando aranceles y amenazas comerciales para intimidar a otros países con el fin de mantener el poder global de Estados Unidos. Aunque las reglas comerciales existentes fueron moldeadas por las corporaciones estadounidenses, recientemente esto no ha sido suficiente para garantizar el dominio de Estados Unidos, por lo que Trump está recurriendo a la fuerza bruta. Para hacerlo, ha explotado las frustraciones reales de la gente trabajadora con el sistema comercial actual para rehacer por la fuerza la economía internacional en beneficio de las grandes empresas estadounidenses.
Hacemos un llamado a los gobiernos para que dejen de apaciguar a Trump. Hacemos un llamado a los grupos de la sociedad civil para que se unan a nosotros en impulsar la resistencia y crear un mundo mejor.
El movimiento por la justicia comercial ha pasado muchas décadas luchando contra las reglas comerciales existentes, los acuerdos de libre comercio y las instituciones como la Organización Mundial del Comercio que priorizan «el mercado» por encima de todos los demás objetivos. Teníamos razón. Las reglas comerciales actuales han destruido empleos decentes, dañado el planeta, alimentado la crisis climática y socavado los servicios públicos vitales. La promesa de que el crecimiento económico sería bueno para todos ha sido una mentira: los beneficios se han entregado a los ricos y las corporaciones más grandes, mientras que la desigualdad ha crecido y las empresas locales han perdido.
Las reglas comerciales globales dañan sistemáticamente a los países del Sur Global. Estas reglas pasan por alto día tras día las necesidades de desarrollo de estas naciones, negándoles las mismas estrategias que impulsaron a los países ricos de hoy—un caso muy familiar de ‘patear la escalera’. Mientras tanto, las grandes potencias, y en particular Estados Unidos, duplican las medidas que perjudican a las economías en desarrollo. Las naciones más pobres quedan, como resultado, encerradas en la exportación de bienes extractivos y de bajo valor, incapaces de diversificar o construir economías resilientes y dinámicas.
Actualmente estamos presenciando un movimiento hacia el fascismo y entre los factores impulsores de esto están las reglas comerciales actuales. Con demasiada frecuencia, a las personas cuyos trabajos y comunidades han sido destruidos en nombre del ‘libre comercio’ se les ha dicho que no hay alternativa al sistema comercial actual y no se les ha dado reconocimiento de sus problemas. Sin embargo, lo que Trump propone no es una solución sino un salto de la sartén al fuego.
Las demandas de Trump son un vale todo de ‘la razón del más fuerte’, que favorecen los intereses de los más ricos del mundo a expensas de la abrumadora mayoría de la humanidad y nuestro medio ambiente. Su clamor para que otros países cambien las leyes y políticas nacionales para adaptarse a los intereses corporativos estadounidenses vacía la democracia y hace de la soberanía, una farsa. Debajo del caos hay una consistencia en sus demandas:
Quemar más combustibles fósiles, torpedear la política climática
Gastar dinero público en el ejército y armas estadounidenses, en lugar de servicios públicos
Abandonar cualquier intento de limitar el poder de las Big Tech
Bajar los estándares en alimentación y agricultura, amenazando la salud de las personas
Otorgar acceso privilegiado para que las empresas estadounidenses despojen a las comunidades de recursos minerales
Dar tratos comerciales ventajosos a Trump y sus compinches multimillonarios
Los gobiernos no deberían apaciguar el acoso de Trump: ceder solo lo ha vuelto más recalcitrante. En particular, cuando los países económicamente más poderosos capitulan, esto deja a otros en la línea de fuego. En su lugar, los países deberían desarrollar una estrategia de cooperación para resistir. Hacer acuerdos individuales ya ha costado demasiado, alentando al matón a regresar y exigir más, golpeando a los países con aranceles más altos y coerción económica de todos modos, independientemente de los sacrificios hechos.
Este no es el momento de volver al statu quo, sino de trazar un nuevo camino hacia adelante. En lugar de luchar por acuerdos individuales o reaccionar de forma aislada a los dictados de Trump, los países deberían unirse para construir un sistema comercial global más justo y enfocado en el desarrollo—uno que resista la espiral descendente de división, intimidación y explotación. Las propias acciones de Trump han mostrado cuán vacíos son los acuerdos de libre comercio y las reglas de la OMC, y esta es una oportunidad para salir de su camisa de fuerza. Mientras figuras autoritarias como Trump desconocen cada vez más el derecho internacional, los líderes no deberían apresurarse a defender reglas comerciales que no están a la altura, especialmente para el Sur Global. En última instancia, sólo podemos derrotar a Trump y al fascismo creando una economía internacional capaz de satisfacer las necesidades de la humanidad y asegurar un planeta habitable. Esto incluye:
Uso de aranceles y otras herramientas comerciales para apoyar el desarrollo y la política industrial estratégica y dirigida, particularmente en países en desarrollo. Nunca como medio para extorsionar cambios en la política doméstica de un país soberano
Respetar el principio de trato especial y diferenciado a favor de los países en desarrollo y menos desarrollados como piedra angular en las reglas comerciales internacionales
Priorizar los objetivos climáticos y de biodiversidad dentro y por encima de los objetivos comerciales
Priorizar los derechos humanos y los derechos de los Pueblos Indígenas, especialmente el derecho al consentimiento libre, previo e informado, dentro y por encima de los objetivos comerciales
Promover la soberanía alimentaria y las prácticas agroecológicas, incluyendo altos estándares de bienestar animal e ingresos dignos para los agricultores
Promover los derechos de los trabajadores, salarios dignos, trabajo decente y políticas para buscar el pleno empleo
Promover la inversión en servicios públicos
Asegurar la justicia de recursos para los países en desarrollo, especialmente alrededor de minerales ‘críticos’
Regulación efectiva de las corporaciones, incluyendo la economía digital, IA, monopolización y mercados financieros
Asegurar que la política comercial apoye la cancelación de deuda, la justicia fiscal y mejore la asistencia gubernamental
Deshacerse de los tribunales corporativos secretos (formalmente conocidos como ISDS o ICS)
Deshacerse de las provisiones comerciales que limitan el acceso a medicinas
Desarrollar la política comercial de manera abierta, transparente y democrática
En este momento el comercio está sobre la mesa para un debate real—y no podemos dejar que esta oportunidad se escape. Mientras los demagogos tratan de volver nuestra ira unos contra otros, necesitamos que cada movimiento resista. Las viejas políticas neoliberales están fallando y este es nuestro momento para conectar los puntos y combinar nuestras luchas. Activistas climáticos, organizadores de derechos de migrantes, agricultores y comunidades rurales que luchan contra el acaparamiento corporativo de tierras, movimientos feministas, antifascistas y antigenocidio, sindicatos, jóvenes que exigen un futuro—todos estamos luchando contra la misma bestia. Es hora de unir nuestros movimientos y construir el poder que necesitamos para ganar un mundo que funcione para todos nosotros, no solo para los pocos ricos.
Fotografía: Ursula von der Leyen, y el presidente de EEUU, Donald Trump en Irlanda.REUTERS/Evelyn Hockstein
Publicado el en Espacio Público
Paco Cantero. Coordinador de Attac Madrid
La imagen de Ursula von der Leyen en el campo de golf de Trump en Escocia el pasado mes de julio, sonriendo mientras sellaba un acuerdo que estrangula la soberanía europea, quedará como símbolo imperecedero de la capitulación continental.
Hace apenas unos días, el mundo fue testigo de un nuevo y grotesco espectáculo de sumisión en el Despacho Oval: Trump, sentado imponente detrás de su escritorio, recibió como súbditos a la propia Von der Leyen y a otros líderes europeos, a quienes hizo esperar de pie, inmóviles y en silencio, mientras él realizaba una llamada directa a Vladimir Putin en Moscú. Este acto, diseñado para demostrar quién manda, es la perfecta ilustración del vasallaje que Europa acepta.
A juicio de ATTAC España, este acuerdo es la certificación de que la Unión Europea, bajo un liderazgo ilegítimo y opaco, ha aceptado convertirse en vasallo energético, industrial y militar de una administración estadounidense abiertamente hostil. La humillación no es solo económica; es democrática, estratégica y existencial.
¿Quién eligió a Ursula von der Leyen para capitular?
La primera y más grave humillación es institucional, ya que ningún órgano democrático europeo otorgó a Von der Leyen mandato para negociar un acuerdo que compromete el futuro de 450 millones de personas. Su elección en 2024 fue un pacto entre élites en salones cerrados, lejos del Parlamento Europeo y la ciudadanía. Analistas como Alberto Alemanno señalan su estilo presidencialista y la creciente demanda de responsabilidad democrática que ignora. ¿Cómo puede una líder debilitada, que ni siquiera conserva el apoyo unánime de su propio partido (PPE), vender el futuro industrial y energético de Europa, así como renunciar a principios básicos de seguridad de la Unión Europea?
640.000 millones de euros para sustituir una dependencia por otra
El núcleo del acuerdo es un acto de sumisión: Europa comprará 640.000 millones de euros en energía estadounidense (petróleo y gas) en tres años. Este compromiso no solo es económicamente irracional (la energía rusa era significativamente más barata) sino técnicamente inviable y estratégicamente suicida:
Estados Unidos carece de infraestructura (barcos, plantas de licuefacción) para exportar tal volumen, y llevaría años aumentar la capacidad.
Triplicar las importaciones actuales haría que el 60% de la energía europea procediera de EEUU, anulando la diversificación buscada tras la guerra en Ucrania.
La UE, mientras predica la transición verde, firma un pacto que la ata a los hidrocarburos hasta 2028.
600.000 millones de euros para vaciar Europa
El segundo pilar del acuerdo es igualmente lesivo: La UE incentivará a sus empresas a invertir 600.000 millones de euros en EEUU, bajo la amenaza de aplicar un 35% a las exportaciones europeas a EEUU si no se cumple. La Comisión admite cínicamente que no puede obligar a las empresas, pero las presionará. Esto equivale a financiar la competencia y acelerar la deslocalización industrial en sectores estratégicos (tecnología, automoción, farmacia), justo cuando Europa necesita reforzar su autonomía. ¿Qué ha sido de ese informe Draghi que proponía un ambicioso Plan de Inversión Conjunto de 800.000 millones anuales para reforzar la base industrial y tecnológica europea? Europa pagará su propia decadencia industrial.
La imposición de un arancel del 15%: un golpe económico estratégico
Además de las cláusulas de inversión forzada, Estados Unidos ha impuesto un arancel general del 15% a la mayoría de los productos europeos que importa. Esta medida, lejos de ser una mera herramienta comercial, es un instrumento de dominación económica que:
Asfixia la competitividad de sectores clave europeos al encarecer artificialmente sus precios en el mercado estadounidense.
Debilita aún más la industria europea, ya de por sí afectada por la deslocalización y la dependencia energética, al reducir sus exportaciones y marginar su presencia en una de las economías más grandes del mundo.
Fomenta la sumisión comercial, pues la Unión Europea se ve forzada a aceptar estas condiciones asimétricas so pena de sufrir represalias aún mayores en caso de incumplir los compromisos de inversión en Estados Unidos.
Eliminación del principio de precaución: la vida y el ambiente al servicio del mercado
Este acuerdo supone una claudicación regulatoria de profundas consecuencias, ya que la Unión Europea ha aceptado de facto la sustitución del principio de precaución (pilar fundamental de la legislación comunitaria en materia de salud pública, alimentación y medio ambiente) por el principio de mercado. Esto significa que, para no crear barreras comerciales injustificadas, se priorizan los intereses económicos y la libre circulación de mercancías sobre la protección de los ciudadanos y el planeta. Es la victoria de la lógica corporativa sobre el interés general.
Cesión de soberanía financiera: el marco de los criptoactivos
La sumisión se extiende también al ámbito financiero. En 2024, la Unión Europea aprobó un Marco Regulatorio para los criptoactivos (MiCA) que, en su propuesta inicial, pretendía limitar la circulación de stablecoins (criptomonedas estables) basadas en divisas extranjeras, como el dólar, para proteger la soberanía monetaria y financiera de la Unión Europea. Sin embargo, ante las presiones de los lobbies financieros y la administración estadounidense, esta limitación fue eliminada. El resultado es que el euro se ve ahora más amenazado por la posible dominación de stablecoins emitidas por grandes corporaciones tecnológicas estadounidenses, que operarán con mínimas restricciones en el mercado único. Es otra cesión de soberanía que allana el camino para que el dólar fortalezca su hegemonía incluso en el espacio digital europeo.
Von der Leyen y el Silencio ante el genocidio palestino
La humillación europea ante Trump no es el único frente de sumisión. Existe una capitulación más grave y moralmente obscena: la complicidad estructural de la Unión Europea en el genocidio del pueblo palestino.
Europa no es solo víctima de la humillación trumpista; es verdugo activo por omisión en Gaza. Al priorizar sus intereses comerciales y geopolíticos con Israel y EEUU, ha traicionado sus propios valores fundacionales. Mientras Von der Leyen aguantaba estoicamente su papel secundario en el Despacho Oval, su Comisión bloqueaba medidas que podrían salvar miles de vidas palestinas. Como advierte Agnés Callamard de Amnistía Internacional: La supervivencia de 2,2 millones de personas palestinas en Gaza depende de que la UE actúe. Hoy esa opción brilla por su ausencia. Europa no solo se desindustrializa, además se deshumaniza.
Gastar el 5% del PIB para enriquecer al Complejo Armamentístico Militar Estadounidense
Trump ha convertido la OTAN en un instrumento de chantaje: exige a los aliados dedicar el 5% de su PIB a defensa, so pena de «dejar de protegerles». Von der Leyen y la mayoría de los gobiernos europeos claudican, aun sabiendo que:
Europa no se enfrenta a amenazas existenciales de la magnitud que se pregona. La exigencia carece de una justificación estratégica realista para el nivel de gasto propuesto.
El gasto se desvía a comprar armas estadounidenses: Los enormes presupuestos destinados significan que Europa financia principalmente la industria bélica de EEUU en lugar de construir su propia defensa integrada y soberana.
Se sacrifican políticas sociales: En varios países, se anuncian recortes en pensiones, sanidad y empleo público, mientras se protege el gasto militar y los intereses de la deuda pública, priorizando los intereses de la industria armamentística y financiera.
La ironía es trágica. Europa gasta más que nunca en defensa, pero es más vulnerable al depender de un aliado que la desprecia y la humilla públicamente, obligándola a financiar su propio sometimiento.
Hacia una Europa Soberana: Democracia, Autonomía Estratégica y Defensa Común
La rendición ante Trump no es inevitable. Para ATTAC España, Europa necesita con urgencia:
Reforma democrática radical: La Comisión debe elegirse por sufragio directo y el Parlamento Europeo necesita iniciativa legislativa para que las decisiones vitales dejen de tomarse en salones cerrados.
Autonomía energética real: Acelerar un proceso integral de transición energética para minimizar las dependencias de combustibles fósiles basado en políticas intensivas de ahorro energético, generación distribuida, autoconsumo y sometiendo a una estricta planificación eléctrica, ambiental y territorial, el despliegue de grandes instalaciones de energías renovables y de almacenamiento.
Inversión industrial pública y protección: Un «New Deal» verde y digital europeo, con mecanismos que prohíban las deslocalizaciones estratégicas y fortalezcan la base industrial comunitaria.
Soberanía Tecnológica: Es imperativo destinar recursos masivos (públicos y coordinados a nivel europeo) al desarrollo de tecnologías críticas como los semiconductores, la inteligencia artificial, las telecomunicaciones seguras y la ciberseguridad. Depender de terceros países en estos ámbitos no solo nos debilita económicamente, sino que nos expone a chantajes estratégicos y limita nuestra capacidad de tomar decisiones autónomas en un mundo cada vez más digitalizado.
Defensa Común Autónoma: Avanzar de manera decidida en la construcción de una defensa europea integrada y soberana, con estructuras de mando y capacidades propias, que permita tomar decisiones independientes y deje de depender de un protector que exige tributo a cambio de desprecio.
Europa necesita rebelarse
Francia ya sufre recortes, Alemania ve desmantelada su industria automotriz, y así irán cayendo todos los países de la UE bajo una crisis de consecuencias imprevisibles. Si Europa no despierta y pone fin a esta serie interminable de humillaciones, será, no una potencia, sino un espacio colonizado por EEUU. Solo nos queda dos alternativas:
Aceptar esta humillación y quedarnos callados asumiendo todas las consecuencias y convirtiéndonos en un espacio irrelevante.
Exigir un cambio de rumbo radical que priorice de manera urgente:
La democratización profunda de las instituciones de la UE.
El rechazo a acuerdos comerciales lesivos y a tratos vejatorios que sacrifiquen la soberanía y la dignidad europea.
La construcción de una autonomía estratégica real en energía, industria, defensa y tecnología.
La dignidad no se negocia. Es el momento de defenderla.
O exílio nunca é uma decisão fácil. Nunca é uma escolha. Sem recursos, pode se tornar um verdadeiro tormento. Solidariedade é a chave para superar estes tempos difíceis.
Nós entramos em contato com um grupo de anarquistas sudaneses em fevereiro de 2022, que estavam em meio a uma agitação revolucionária que vinha chacoalhando o país desde 2018. Apesar das barreiras linguísticas, aprendemos com eles como entender melhor esta revolução e os comitês de resistência que estão no seu cerne. Esse grupo, formado em sua maioria por estudantes jovens, foi inclusive imitado por um grupo anarquista no norte do país.
Como muitos países durante a Primavera Árabe de 2011, o Sudão mergulhou em uma guerra civil em abril deste ano. General Hemetti, comandante da milícia "Forças de Suporte Rápido", formou uma rebelião contra o exercito nacional sudanês. As forças progressistas e revolucionárias do país se recusaram, de forma unânime, a apoiar um lado contra o outro e se encontraram entre essas duas faccções militarizadas reacionárias. Cerca de 5000 pessoas morretam nesse conflito desnecessário. Dois milhões e meio de pessoas foram obrigadas a deixar suas casas, das quais 500.000 fugiram do país. Saques e estupros estão aumentando e fazem parte do arsenal de armas de guerra utilizadas contra civis.
Nossas companheiras anarquistas ainda estão no Sudão e esperam conseguir dar continuidade às suas atividades de agitação clandestina. Nós garantimos apoio financeiro antes da guerra e também no início dela, mas a situação se tornou insustentável e não nos permite mais qualquer atividade política ou social. Alguns dos membros do grupo decidiram deixar o país o mais rápido possível depois de sua casa ter sido devastada pelo RSF. Outros decidiram ficar por enquanto e nós estamos tentando ajudar eles também.
Junto das companheiras que estão nessa parte no mundo, estamos trabalhando para garantir a todas as melhores condições possíveis de sobrevivência nesse contexto. Para aqueles que pretendem ficar, precisamos garantir as necessidades básicas e também a reserva financeira pro caso de uma fuga de emergência. Para aqueles em exílio agora, precisamos tirá-los do país, evitando tanto quanto for possível os perigos desse tipo de jornada só de ida e permitir que sigam militando junto das pessoas sudanesas exiladas e da classe explorada do país em que estão. Contudo, a região está extremamente instável (guerras civis, golpes de estado e outros regimes autoritários) e e no momento não é possível sair do país.
Pra fazer isso precisamos de dinheiro e o fundo de solidariedade das nossas organizações não é suficiente. Abaixo estão as dispesas estimadas (em dólares estadounidenses):
vistos: $400
viagem: $800 (instável)
primeiro aluguel em outro país: $200
comida pra um mês em outro país: $300
custos pro tempo de espera no sudão: $1000
mínimo: $2700
Esse custo provisório é instável em um contexto econômico e de segurança que muda muito rápido. Cobre apenas os custos mínimos para um mês, mas a situação é tal que nossos companheiros não vão dar conta das suas necessidades em apenas um mês, provavelmente vamos precisar de muito mais dinheiro. Qualquer quantia doada vai ser usada para garantir as necessidades diárias dos companheiros até que consigam se manter.
As doações estão sendo recebidas pelos nossos companheiros da Suíça, que já tem uma estrutura para solidariedade internacional.
Não esqueça de mencionar "Solidarity Sudan" ao fazer a sua doação.
Envie sua doação para:
Association pour la Promotion de la Solidarité Internationale (APSI)
Place Chauderon 5
1003 Lausanne
Suiça
IBAN: CH84 0900 0000 1469 7613 8 SWIFT/BIC: POFICHBEXXX Nome do Banco: PostFinance SA; Mingerstrasse 20; 3030 Bern; Switzerland
El exilio nunca es una decisión fácil. Nunca es una elección. Sin recursos, puede convertirse en un verdadero calvario. La solidaridad es la clave para superar estos tiempos difíciles.
En febrero de 2022 conocimos a un grupo de anarquistas sudaneses en medio de los disturbios revolucionarios que han sacudido al país desde el año 2018. A pesar de las barreras lingüísticas, aprendimos de ellos cómo entender mejor a la revolución y a los comités de resistencia que se encuentran en su corazón. Este grupo, formado principalmente por jóvenes estudiantes, ha sido incluso emulado por un grupo anarquista en el norte del país.
Al igual que muchos otros países que experimentaron la "Primavera Árabe" en 2011, Sudán se sumió en una guerra civil. En abril de este año, el general Hemetti, comandante de la milicia "Fuerzas de Apoyo Rápido", lanzó una rebelión contra el Ejército Nacional Sudanés. Las fuerzas progresistas y revolucionarias del país se han negado unánimemente a apoyar a un bando contra el otro, por lo que se encuentran atrapadas en el vicio entre estas dos facciones reaccionarias militarizadas. Casi 5.000 personas han muerto en este inútil conflicto. Dos millones y medio de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares, 500.000 de las cuales han huido del país. Además, los saqueos y las violaciones, que forman parte del arsenal de armas de guerra utilizadas contra los/as civiles, van en aumento.
Nuestros/as compañeros/as libertarios/as están todavía en Sudán, esperando poder continuar allí sus actividades de agitación clandestinas. Les hemos proporcionado ayuda financiera tanto antes de la guerra como poco después de su comienzo. Pero la situación se ha vuelto insostenible y ya no permite la organización de ninguna actividad social o política. A raíz de que su casa fuera saqueada por las Fuerzas de Apoyo Rápido, algunos miembros del grupo decidieron abandonar el país lo antes posible. Otros/as han decidido quedarse por el momento, y también estamos intentando ayudarles.
Estamos trabajando conjuntamente con compañeros/as radicados/as en esta parte del mundo para proporcionarles las mejores condiciones posibles de supervivencia en este contexto. Tenemos que ayudarles a los/as que se quedan a cubrir sus necesidades y a reservar dinero para una salida de emergencia si resulta necesaria. Por otra parte, a los/as que se exilian ahora, necesitamos evacuarles del país en las mejores condiciones posibles, evitando, preferiblemente, los peligros que entraña este tipo de viaje sin retorno. También debe ser posible que ellos/as continúen su activismo con los/as sudaneses/as en el exilio y las clases explotadas de su país de acogida. No obstante, dado que la región es muy inestable (por la ocurrencia de guerras civiles, golpes de Estado y la presencia de otros regímenes autocráticos), a ellos/as, por el momento, no les ha sido posible la salida del país.
Para esta tarea necesitamos dinero ya que los fondos de solidaridad de nuestras organizaciones no son suficientes. Estos son nuestros gastos estimados que necesitaríamos (en dólares estadounidenses):
Visados: $400 USD
Viaje: $800 USD (esta cifra es aproximada, ya que los costes son muy inestables)
Primer alquiler en el país de acogida: $200 USD
Comida para un mes en el país de acogida: $300 USD
Gastos (alojamiento, comida, Internet) durante el tiempo de espera en Sudán: $1,000 USD
Total mínimo: $2,700 USD
Este presupuesto provisional es aproximado en un contexto económico y de seguridad en rápida evolución y tan sólo cubre los gastos de un mes. Pero la situación es tal que nuestros/as compañeros/as no podrán cubrir sus necesidades con el dinero de un solo mes, de modo que es probable que al final necesitemos mucho más dinero. Por lo tanto, cualquier cantidad donada, incluso por encima de esta cantidad mínima, se utilizará para cubrir las necesidades cotidianas de los/as compañeros/as hasta que puedan valerse por sí mismos/as.
Las donaciones son recolectadas por compañeros/as en Suiza que ya tienen establecida la estructura para gestionar campañas de solidaridad.
No olviden incluir "Campaña de solidaridad en Sudán" como mensaje junto con su donación.
Envíen sus donaciones a:
Association pour la Promotion de la Solidarité Internationale (APSI)
Place Chauderon 5
1003 Lausanne
Suiza
IBAN: CH84 0900 0000 1469 7613 8 SWIFT/BIC: POFICHBEXXX Nombre del banco: PostFinance SA; Mingerstrasse 20; 3030 Bern; Switzerland
☆Coordenação Anarquista Brasileira (CAB) – Brasil
☆Organisation Socialiste Libertaire (OSL) – Suiza
☆Federación Anarquista Uruguaya (FAU) – Uruguay
☆Embat, Organització Llibertària de Catalunya – Catalonia, Estado español
☆Federación Anarquista Santiago (FAS) – Chile
☆Karala – Turquia
☆Black Rose Anarchist Federation / Federación Anarquista Rosa Negra (BRRN) – Estados Unidos
☆Libertäre Aktion (LA) – Suiza
☆Union Communiste Libertaire (UCL) – France
☆Grupo Libertario Vía Libre – Colombia
☆Die Plattform – Alemania
☆Roja y Negra Organización Politíca Anarquista - Argentina
☆Anarchist Communist Group (ACG) Gran Bretaña
☆Tekoşîna Anarşîst (TA) – Rojava
☆Anarchist Yondae – Corea del Sur
☆Alternativa Libertaria (AL/FdCA) – Italia
☆Aotearoa Workers Solidarity Movement (AWSM) – Aotearoa/Neo Zelandia
