Expulsó a un compañero ecologista que asistía como público oyente al Pleno Municipal celebrado ayer en Barbate porque negaba con la cabeza alguna información del Sr. Alcalde.
Al pleno del Ayuntamiento de Barbate celebrado en la tarde del miércoles, asistieron algunos componentes de la Plataforma Contra Los Macroproyectos Urbanísticos de Barbate: Trafalgar-San Ambrosio, el Següesal y La Sierrezuela, SALVEMOS TRAFALGAR.
La asistencia al pleno se llevó a cabo como una acción más de las actividades que realiza la citada Plataforma, además de recoger firmas, pegar carteles, colocar pancartas, etc.
Los componentes de la Plataforma esperaban pacientemente el turno del punto 8 que trataba la nueva APROBACIÓN PROVISIONAL IV de la urbanización Trafalgar-San Ambrosio, más concretamente, a la Modificación Puntual del PGOU para la implantación del Área de Oportunidad Trafalgar-San Ambrosio; ¡y van ya 4 Aprobaciones Provisionales! (¿hasta cuantas?, ¿hasta que cuele…?). El Alcalde se enfrasca en una discusión airada y a gritos con un concejal de la oposición, al que no se atreve a expulsar, pero, al ver a nuestro compañero negando con la cabeza, se dirigió a él y lo expulsó de la sala. Con el concejal no se atrevió, con nuestro compañero, un ciudadano normal de Barbate, sí.
¡Que valientes son algunos políticos con la gente de a pie y que cobardes y sumisos con los que les mandan! Nuestro compañero ni abrió la boca, no dijo nada, su sola presencia molestaba al Sr. Alcalde. La discrepancia y la protesta silenciosa, molestaban al Sr. Alcalde.
Pues los mandatarios que no admiten ni discrepancias ni protestas tienen un nombre: dictadores, y cuando usan su cargo para comportarse dictatorialmente con los ciudadanos, tienen otro nombre: déspotas.
Esperemos que estas actitudes antidemocráticas ocurridas en el Pleno Municipal, no vuelvan a producirse en Barbate y la ciudadanía pueda manifestarse libremente en el pueblo, en los órganos de participación política y en su propio Ayuntamiento.
Desde el Grupo Ecologista Maigmó (GREMA) Ecologistas en Acción de San Vicente del Raspeig hemos presentado alegaciones al proyecto de modificación puntual número 42 del Plan General de Ordenación (PGMO 1990 Sant Vicent) en el PAU 7 Los Urbanos.
En primer lugar, denunciamos el retraso en la revisión del Plan General de Ordenación que data de 1990, o sea, un Plan General desfasado, que no está acorde a los tiempos que vivimos y a la realidad legislativa actual y que no parece que se vaya a aprobar en esta legislatura.
Con respecto a las alegaciones presentadas el consideramos que su elaboración no se ha sometido a una verdadera participación de los agentes sociales implicados o afectados por el mismo así como a la de los distintos grupos con representación, como es el caso del propio grupo ecologista.
La principal consideración es que se desvirtúa lo previsto en el vigente PGMO, en cuanto a considerar el sector del PAU 7 Los Urbanos, como zona residencial de baja densidad (ratio de 24,33 viviendas por ha.), lo que supone la construcción de un máximo de 700 viviendas. Sin embargo el proyecto contempla un modelo de densidad media, con 42 viv/ha y un máximo de 1.046 viviendas. Por tanto no se ha tenido en cuenta lo dispuesto en las fichas de condiciones del plan de desarrollo del PGMO en el PAU7 Los Urbanos. Por otro lado no existe un estudio de impacto del incremento de densidad sobre la capacidad de los viarios actuales, las redes de servicios y la dotación de espacios públicos existentes.
También consideramos lamentable que se haya eliminado físicamente una balsa de riego que existía en la zona, con valor etnográfico y paisajístico de interés local, por lo que a pesar de que el proyecto se diga que no existe ningún elemento de especial valor patrimonial integrado en el catálogo de bienes y espacios protegidos del término de San Vicente se debería compensar su pérdida con la creación de un espacio verde en su antigua ubicación.
En lo que respecta a la conservación y usos de la Cañada Real el documento reconoce la presencia de la Cañada Real del Camino de Palamó a Peñaroja, con una anchura legal de 75 m, de los cuales 38.973 m2 quedan incluidos en el ámbito del sector. Esta superficie se asigna íntegramente a suelo dotacional de comunicaciones y se integra en un bulevar urbano. Sin embargo el diseño detallado del bulevar no está definido en esta fase, quedando pendiente del Plan Parcial.
También queremos exponer que no existe un Estudio de Movilidad específico del sector y sus conexiones, pese al incremento sustancial de población y tráfico. No existen simulaciones de flujo del tránsito de vehículos, capacidad de aparcamientos o como afecta al transporte público. Por tanto es exigible su confección y aportación antes de la aprobación del Plan Parcial del proyecto.
En conclusión, hemos solicitado que las alegaciones sean estimadas y que se reformule la Modificación Puntual para incorporar:
Un estudio de impacto del incremento de densidad sobre la capacidad de los viarios actuales, las redes de servicios y la dotación de espacios públicos existentes.
Estudio de creación de zona verde especial en compensación por la pérdida de la balsa de riego.
Estudio de Integración de la Vía Pecuaria – Cañada Real,
Estudio de Movilidad específico del sector y sus conexiones.
Estudio de Conectividad y Funcionalidad Ecológica de las zonas verdes.
Representantes de las distintas asociaciones de la provincia han celebrado la asamblea anual de la federación sevillana de Ecologistas en Acción. En esta edición, la asociación ADTA Ecologistas en Acción Aljarafe ha ejercido de entidad anfitriona, poniendo a disposición de la federación un espacio en Castilleja de la Cuesta.
Durante la reunión, las organizaciones integrantes tuvieron la oportunidad de analizar en detalle algunos de los principales problemas ambientales que afectan a la comarca del Aljarafe. Entre ellos, destacó la situación de la planificación urbanística de los municipios de la zona, lo que motivó la elaboración de un pronunciamiento específico.
Según se expuso en la asamblea, numerosos planes urbanísticos del Aljarafe se encuentran actualmente en proceso de actualización. La mayoría fueron aprobados hace décadas, en un contexto social y económico muy distinto al actual. Tras el estallido de la burbuja inmobiliaria y el colapso de numerosas empresas promotoras y constructoras, buena parte del suelo urbanizable quedó a la espera de uso, mientras la vivienda continuó tratándose más como un activo financiero que como un bien esencial.
A día de hoy, la situación sigue siendo compleja: existe un gran volumen de suelo urbanizable sin utilizar, abundan las viviendas vacías y la población apenas crece, mientras los precios de la vivienda continúan al alza. A estas tensiones se suman nuevos factores que están transformando la vida en la comarca: el teletrabajo, las dificultades de movilidad, la pérdida de suelos fértiles, la crisis climática, la transición energética, los cambios en el comercio local, los retos en materia de salud pública y la aceleración tecnológica.
Ecologistas en Acción subraya que todas estas dinámicas impactan directamente en los modos de vida, cada vez más condicionados por las presiones del área metropolitana de Sevilla y por la globalización, que desplazan formas de habitar tradicionalmente más integradas y sostenibles.
La organización defiende que favorecer la creación de comunidades locales supramunicipales –como las energéticas o alimentarias–, promover la producción y el consumo de proximidad, garantizar la accesibilidad a servicios públicos, impulsar procesos de renaturalización urbana y preservar espacios habitables no mercantilizados deberían ser compromisos compartidos entre administraciones y ciudadanía.
En su pronunciamiento, ADTA (Asociación en Defensa del Territorio del Aljarafe) y Ecologistas en Acción alertan de que los Ayuntamientos continúan demasiado expuestos a las presiones de promotores y urbanizadores, cuyo principal objetivo es obtener beneficios económicos y políticos en torno a proyectos y obras. En este contexto, las entidades financieras siguen actuando de espaldas al reconocimiento de la vivienda como un bien de uso, lo que agrava las dificultades de acceso para la población no rentista y aumenta el malestar social.
Asimismo, denuncian que las cadenas de suministro alimentario están fuertemente condicionadas por grandes industrias que imponen modelos de consumo ambientalmente insostenibles; que el transporte público continúa relegado a un papel secundario; y que los espacios de ocio y socialización avanzan hacia una creciente privatización.
Ante esta realidad, la federación reclama que los nuevos planes urbanísticos y de ordenación del territorio incorporen una perspectiva orientada a mejorar las condiciones de vida de las personas y de los ecosistemas presentes y futuros. Para ello, consideran imprescindible garantizar procesos de transparencia, acceso a la información y participación pública real y efectiva, especialmente de las comunidades más afectadas.
ADTA y Ecologistas en Acción instan a los Ayuntamientos a cumplir con su responsabilidad de escuchar y atender las aspiraciones de la ciudadanía, promoviendo planes y normativas respetuosas con el territorio y elaboradas democráticamente.
“Por un urbanismo para las personas y la vida”, reivindican desde la organización.
En sentencia de 3 de noviembre, el juzgado de lo Contencioso Administrativo de Palencia estima el recurso interpuesto por Ecologistas en Acción, declarando no ser conforme a derecho la Resolución de la Concejalía de Urbanismo por la que se desestimaba el recurso de reposición formulado contra otra Resolución por la que se otorgaba licencia de uso provisional en suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable.
Ecologistas en Acción interpuso recurso contencioso-administrativo frente a la Resolución de 5 de Febrero de 2025 de la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Palencia, por la que se resolvía de forma desestimatoria el recurso potestativo de reposición interpuesto contra la Resolución de 29 de Noviembre de 2024, de la misma Concejalía, por la que se otorgaba licencia de uso provisional en suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable para el proyecto de aparcamiento disuasorio, con emplazamiento en la Calle Cerro del Otero de Palencia.
En Julio de 2024 se presentó y se aprobó el proyecto tras la avocación de la competencia de la Junta de Gobierno Local a favor de la Alcaldía, un mes después, en agosto, la concejalía de Urbanismo inició la tramitación acordando que se emitiera un informe técnico por parte del Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística sobre la compatibilidad de las actuaciones previstas en el proyecto. Informe que es preceptivo antes de la aprobación, un aspecto determinante para el fallo de la sentencia.
Con fecha 3 de diciembre de 2024 una nueva Resolución de Alcaldía convalidó la resolución anterior, por la que se aprobaba el proyecto de obra, una actuación que implica reconocer claramente que la Resolución del mes de julio concedió autorización para uso provisional en suelo urbano no consolidado y en suelo urbanizable, sin seguir el procedimiento legalmente establecido en el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León (RUCYL); se omitió el procedimiento debido, de manera que la aprobación del proyecto no es conforme a derecho no pudiendo surtir efecto como autorización de uso provisional del suelo.
La organización ambiental valora de manera positiva esta sentencia y aboga por la responsabilidad del equipo de gobierno para no dañar más la imagen del Ayuntamiento, la falta de una dirección cualificada al mando de la concejalía de urbanismo pone de relieve que lejos de mejorar el bagaje de la anterior legislatura, se siguen cometiendo los mismos errores que lastran el buen funcionamiento del Servicio.
Ecologistas en Acción lamenta la actitud del Ayuntamiento al permitir talar tres árboles y hacer una poda abusiva en varios ejemplares, para construir el vial de acceso al aparcamiento, a pesar de no estar contempladas estas actuaciones en la memoria del proyecto y dejando constancia que la palabra de algunos miembros del equipo de gobierno tiene el mismo valor que para ellos tiene el valor de los árboles, ninguno.
Cuando se cumple un año de la tragedia provocada por la DANA, el pasado miércoles 29 de octubre la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) activó el aviso naranja en la campiña sevillana ante la previsión de precipitaciones acumuladas de hasta 50 litros por hora y 100 litros en 12 horas. La estación meteorológica del Aeropuerto de Sevilla registró 83,2 litros por metro cuadrado, con una precipitación acumulada de 63,9 mm.
De acuerdo con el último informe de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias (2019), las inundaciones han pasado a ser la principal causa de mortalidad por fenómenos meteorológicos en el Estado español, superando a las olas de calor y los temporales marítimos. Según el consenso científico, el cambio climático está intensificando y aumentando la frecuencia de estos fenómenos extremos.
Durante la jornada del miércoles pasado, Andalucía Occidental —especialmente las provincias de Huelva y Sevilla— sufrió las consecuencias de lluvias torrenciales que provocaron centenares de incidencias y graves daños materiales. En Mazagón (Huelva), las precipitaciones generaron un enorme socavón, mientras que en Sevilla capital Protección Civil atendió cerca de un millar de avisos.
Impresionaba ver las calles anegadas, vehículos sumergidos, alcantarillas rebosantes hasta un metro de altura, semáforos apagados y cortes de tráfico, escenas que duraron toda la tarde. El agua arrastró además gran cantidad de residuos, poniendo de manifiesto la contaminación oculta que circula por la red de saneamiento urbana, especialmente las toallitas de fibra no degradable que nunca deben arrojarse por los desagües. Infraestructuras insuficientes ante un problema creciente
A pesar de las importantes inversiones públicas en colectores y tanques de tormenta —como los de la Alameda de Hércules o Kansas City—, las inundaciones volvieron a repetirse en numerosos barrios de Sevilla, incluidos Cerro del Águila, Sevilla Este y San Pablo con pérdidas materiales.
El nuevo colector entre la avenida Emilio Lemos y la calle Birmania, con un coste de más de 11 millones y medios de euros, tampoco evitó los daños por inundaciones en sótanos y garajes.
Ecologistas en Acción lejos de señalar al estado de la red de saneamiento, apunta a evaluar la eficacia de estas obras de ingeniería que no bastan para frenar los efectos de lluvias torrenciales cada vez más frecuentes. Mientras la administración continúa apostando por soluciones grises (colectores, depósitos y cemento impermeable cada vez que hay obras), la ciudad sigue sin adaptarse a la nueva realidad climática. Una Ecometrópolis permeable como alternativa
Ecologistas en Acción y especialistas en urbanismo sostienen que la solución pasa por apostar por una ciudad más permeable, que recupere su capacidad natural para absorber y canalizar el agua de lluvia en superficie.
Las denominadas “infraestructuras verdes y azules” —como parques inundables, lagunas urbanas, corredores ecológicos o cauces naturalizados— permiten reducir el riesgo de inundaciones, restaurar los ecosistemas y mejorar la calidad de vida de la población.
“Cada parterre sustituido por cemento o césped artificial aumenta la temperatura y reduce la capacidad de drenaje del suelo”, señalan. En su lugar, se propone impulsar pavimentos permeables y espacios que actúen como esponjas urbanas; espacios verdes, aprovechando los antiguos cauces y los parques, donde el agua pueda extenderse que, sumado a las redes de saneamiento habituales incapaces de conducir hasta 60 litros de agua por metro cuadrado en tan poco tiempo, permitan superar los umbrales de riesgo de inundación tan limitados en estos momentos.
Ejemplos como las Lagunas de El Sapo, en el Este de Sevilla, demuestran el valor ecológico de mantener y restaurar humedales urbanos en zonas verdes. Estos espacios sirven como áreas de laminación de avenidas, al tiempo que recargan los acuíferos subterráneos, esenciales como reservas de agua dulce frente a futuros episodios de sequía.
Replantear el urbanismo para adaptarse a la emergencia climática
El comunicado concluye recordando que el modelo urbanístico de Sevilla ha ocupado los antiguos cauces naturales —como el Tagarete, Tamarguillo o Miraflores—, transformando zonas de inundación en suelos urbanos consolidados, en prados como el de San Sebastián o Santa Justa. Ante el escenario actual de emergencia climática, Ecologistas en Acción considera imprescindible naturalizar los ríos y sus llanuras de inundación, evitando construir sobre ellas y devolviéndoles su función ecológica y permitiendo que realicen regulación hídrica.
“Los acuíferos son nuestras mejores reservas de agua dulce para el fururo. El agua no debe considerarse un residuo a eliminar cuanto antes, sino un recurso vital que gestionado de forma adecuada, permita la vida en la ciudad”, concluye el texto.
La victoria del urbanismo capitalista que hoy asola nuestras ciudades será total si también se impone en las subjetividades e imaginarios, no solo por la aceptación resignada de la misma, sino como censura, autocensura, represión y rechazo de las experiencias sensibles que todavía resisten y sobreviven: esas turbulencias de la ciudad insurrecta que late y respira bajo su piel artificial, síntomas de una vida imprevisible e imprevista que todavía no está planificada.
Por ello no basta la resistencia práctica a ultranza contra la megalópolis embargada por la publicidad, la vigilancia, los comportamientos estandarizados, la alergia al otro y lo otro, la adulteración de los barrios por el turismo y la gentrificación. No nos basta si en el fragor de la lucha se desdeñan las percepciones y vivencias de la psicogeografía, la deriva o el paseo surrealista, y todos aquellos testimonios y procedimientos que tal vez escapan, se desvían o transgreden las definiciones canónicas, que no se reconocen exactamente en ninguna etiqueta…y que ni falta les hace, en tanto que por sus propios medios convocan y encuentran el vértigo de lo maravilloso y la subversión poética que atraviesa la parte maldita de la ciudad: lo que todavía esconde, y estalla en la revuelta donde y cuando la ciudad se siente verdaderamente como propia.
Por todo ello querríamos investigar y compartir las acciones, juegos e intervenciones, así como los síntomas, testimonios o premoniciones, del derecho a la ciudad, del deseo de ciudad. Acciones, juegos e intervenciones, que aun partiendo de la conciencia de su crisis casi terminal, se resisten y niegan a sabiendas tal diagnóstico en tanto autoprofecía fatalista, en cuanto determinismo nihilista. A sabiendas: porque buscan y encuentran los rastros de la Ballena Blanca, de la ciudad que pugna por reemerger. Y nuestra vida con ella.
Las charlas serán los viernes y sábados por la tarde de los siguientes fines de semana de noviembre a parir de las 18.30, repartidos en tres espacios distintos:
Ecologistas en Acción denuncia el vallado del Parque de los Olivos, previo a la extracción de los olivos centenarios que le dan nombre.
Esto se produce tras la tala de los olmos que compartían parcela y la denegación por el juzgado de las medidas cautelares hasta la resolución del Recurso Contencioso Administrativo (RCA) en tramitación.
Animan a la ciudadanía de Móstoles a movilizarse contra esta y otras actuaciones contra las zonas verdes y parques de la ciudad.
A la segunda va la vencida. Tras el fallido intento de vallar la parcela del Parque de los Olivos en el verano de 2024, el pasado martes 28 de octubre se ejecutó. Varios operarios y un capataz perimetraron con pilotes y valla metálica opaca la decena de olivos condenados a dejar su lugar de toda la vida. Las vecinas hicieron fotos del proceso y llamaron a la policía municipal por si estuvieran incurriendo en alguna infracción. A pesar de ello, la tareas acabaron sin mayores obstáculos.
Vallado y Portón instalados en el Parque de los Olivos. Ecologistas en Acción.
Vallado del Parque de los Olivos. Ecologistas en Acción.
Aparte de estas agresiones al Patrimonio Verde Municipal, Ecologistas en Acción denuncia que la parcela afectada tiene cortado el riego. Las praderas aparecen completamente secas y agostadas. Según los ecologistas “el Ayuntamiento da por hecho que el RCA será favorable a la inmobiliaria y está dejando morir el jardín”.
Por todo ello, la asociación ecologista llama a toda la ciudadanía mostoleña, vecinos o no del Parque de los Olivos, a movilizarse contra este atropello. Igual que los vecinos de Azorín improvisaron una concentración contra el Ruido en el recinto ferial de Parque Liana, llegando a cortar la Avda. De Portugal hace unos días, la ciudadanía mostoleña debería moverse para defender sus zonas verdes contra la avaricia de inmobiliarias y propietarios del suelo.
El pasado 13 de mayo, la Junta de Gobierno Local aprobó un documento desestimando las alegaciones presentadas por ciudadanas y partidos, así como aprobando definitivamente el Proyecto de Reparcelación AOS 19,2. A pesar de ello, sigue en los juzgados el Recurso Contencioso-Administrativo contra la Aprobación definitiva del PEMU 19.2. presentado por Mas Madrid Móstoles. Para Raúl Navarrete, portavoz de Ecologistas en Acción, “a nuestro entender, hasta que no se resuelva el RCA, no debería hacerse ninguna obra en el parque que no sea de mantenimiento del mismo.”
Por contra, hay que recordar que inmobiliarias locales, llevan más de año y medio anunciando y vendiendo los pisos de la Cooperativa Málaga Futura, sin ser propietaria efectiva del suelo donde construir, antes incluso de la Aprobación Definitiva del PEMU 19.2 por parte del Ayuntamiento en julio de 2024. Según Navarrete, “han querido vender la piel del Oso antes de cazarlo. Hay que recordar, que cuando intentaron vallar la parcela del parque en conflicto, en pleno mes de agosto de 2024, tuvieron que parar y retirar todo material, por orden municipal, ante las denuncias de vecinas, ecologistas y el partido Mas Madrid Móstoles.”
A eso hay que añadir toda una serie de irregularidades es su tramitación como denunció Más Madrid Móstoles en el pleno de julio de 2024. También fue este partido el que presentó el Recurso Contencioso-Administrativo que paraliza todo el proceso. Recientemente, los denunciantes confirmaron dicho Recurso, reactivando la tramitación del mismo, que aún no ha sido resuelto por la Justicia.
Este episodio de Colmenas Tapizadas es un programa dedicado a lo quinqui, sin embargo, hemos querido empezarlo con los Sham 69, porque esta canción, The Cockney Kids Are Innocent, resume en cierta manera la tesis de partida de este episodio: los chicos y las chicas quinquis son inocentes. Hacemos un viaje sociológico a la época […]
Programa grabado el 23 de Abril en el parque del Tío Jorge sobre el INFORME: Urbanismo Neoliberal en Zaragoza. Planes de regeneración urbana y efectos socio-económicos en el barrio de San Pablo – El Gancho. Como activistas sociales y vecinos de Zaragoza, contemplamos cómo se ha transformado San Pablo durante las últimas décadas. Resulta sorprendente […]
El 12 de agosto, la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, abrió el plazo de quince días hábiles para presentar alegaciones al proyecto de decreto del Consejo de Gobierno, por el que se crea y regula la Aceleradora Urbanística de la Comunidad de Madrid. El texto de la nueva norma coloca la inversión privada y la lógica del mercado en el centro de la planificación territorial, relegando la dimensión social, ambiental y democrática del urbanismo. Ni los ayuntamientos, titulares de la competencia urbanística, ni la ciudadanía organizada disponen de un papel real en un mecanismo que, además, amenaza con duplicar trámites, generar inseguridad jurídica y abrir la puerta a la opacidad.
El urbanismo como inversión, no como derecho
El preámbulo del decreto justifica la creación de la Aceleradora en la supuesta necesidad de atraer inversiones y evitar retrasos, pero no aborda las causas estructurales de la lentitud administrativa ni refuerza los servicios técnicos responsables de los expedientes. La consecuencia es clara, se subordina el planeamiento al interés económico inmediato, olvidando el mandato del artículo 47 de la Constitución y de la Ley de Vivienda de 2023, que vinculan la ordenación del territorio a la función social del suelo y al derecho a un hogar digno.
Un órgano político sin legitimidad democrática
La Aceleradora se configura como un órgano colegiado compuesto casi exclusivamente por viceconsejerías autonómicas. Los ayuntamientos quedan relegados a un papel secundario y discrecional, mientras que la sociedad civil, asociaciones vecinales, ecologistas o colectivos profesionales ni siquiera tienen cabida. En su lugar, se prevé la posible participación de “asesores técnicos externos”, un concepto indeterminado que podría abrir la puerta a intereses privados en la toma de decisiones urbanísticas.
La Plataforma Ecologista Madrileña denuncia que esa exclusión refuerza un modelo centralizado y vertical, contrario a la autonomía local reconocida en la Constitución y a las obligaciones legales de participación ciudadana. Lejos de aportar agilidad, introduce más niveles de decisión política, resta capacidad a los técnicos municipales y crea un filtro opaco que puede condicionar proyectos al margen del interés general.
Riesgo de invasión competencial y opacidad
El decreto crea una unidad técnica de apoyo a la Aceleradora Urbanística pero adscrita a la Dirección General de Urbanismo y le otorga funciones que exceden el ámbito autonómico e invaden competencias municipales, como la tramitación de informes sectoriales. Aunque formalmente la adhesión de los ayuntamientos se presenta como voluntaria, el diseño normativo apunta a una imposición encubierta que vaciaría de contenido la competencia local en materia de planeamiento.
A ello se suma la ausencia de garantías de transparencia. No se prevé la publicación de actas, acuerdos ni deliberaciones del órgano, lo que vulnera la normativa autonómica de transparencia y refuerza la percepción de que se trata de un instrumento de control político al servicio de intereses inversores.
Una aceleradora para la inversión, no para la ciudadanía
Especialmente grave resulta la disposición que convierte en “de especial relevancia” cualquier proyecto previamente declarado de interés por la Aceleradora de Inversiones, sin audiencia a los afectados ni control ciudadano. Esta puerta trasera subordina el urbanismo a decisiones económicas ya tomadas, confundiendo proyectos privados con planeamiento público.
Retirada del proyecto de decreto
La Plataforma Ecologista Madrileña formada por la Asociación para la Recuperaión del Bosque Autóctono (ARBA), la Asociación Ecologista del Jarama El soto, el Grupo de Acción para el Medio Ambiente, Jarama Vivo y Liberum Natura, concluye que el proyecto de Decreto presenta deficiencias estructurales graves: debilita la autonomía municipal, erosiona el derecho de participación ciudadana, desplaza la función social del urbanismo y lo reduce a un mero instrumento de atracción de capital privado.
Por todo ello, solicita su retirada inmediata y la apertura de un proceso participativo que aborde de verdad las necesidades de los municipios y de la ciudadanía madrileña en materia de urbanismo, vivienda y territorio.
Para más información sobre la Plataforma Ecologista Madrileña
El pensamiento libertario ha sido proclive a las visiones futuristas, ya que considera la utopía —el «ideal»— no como algo irrealizable, sino como algo todavía no realizado. Kropotkin imaginó la sociedad liberada como el fruto de una especie de fusión de las antiguas comunas con el conocimiento científico y el trabajo. De acuerdo con su perspectiva, por la misma lógica del progreso humano, la sociedad de clases desembocaría sin mucho esfuerzo en el auto-gobierno y el comunismo anárquico. Los hechos contradijeron el optimismo del príncipe, pero la fórmula espacial de la anarquía propuesta por él encontró en la ciudad histórica —en su alto grado de suficiencia, integración con el entorno e independencia— los elementos necesarios para constituirse.
La ciudad en tanto que lugar de convivencia, autónomo y delimitado, ligado al mercado local, aparece en la historia de la mano de sumerios, babilonios, egipcios y griegos, y decae tras el fin del imperio romano. Se reinventa a lo largo del siglo XI; se desarrolla y jerarquiza en simbiosis con el territorio hasta perder su independencia en provecho del Estado y entrar en crisis con la revolución industrial. Cuando la actividad económica domina y arrincona a cualquier otra actividad, la ciudad histórica se disloca y desestructura. El crecimiento económico y demográfico quiebra definitivamente su unidad y la reduce a un conjunto desordenado y problemático de fragmentos separados. La conversación, la discusión, el discurso elocuente, la política misma, desertan de la plaza pública, y al desaparecer el ágora, la ciudad muere. La identidad y el sentido de pertenencia se evaporan. El régimen capitalista industrial alumbró una clase dominante especial, la burguesía, con un proyecto de ciudad expansivo, industrial, segregado por clases, zonificado, donde el dinero y la vida privada eran determinantes. El urbanismo fue el conjunto de técnicas mediante las cuales la burguesía trató de resolver en su provecho los problemas que la mercantilización del espacio urbano había creado. No obstante, la ciudad fabril fue más que un modelo propuesto por el dominio burgués: fue la plasmación en el espacio del reino de la mercancía. Quien dice mercancía dice beneficio privado. Cuando este se convierte en el motor principal de la actividad humana, la ciudad deviene mera yuxtaposición de edificios, calles, «polígonos» y «barriadas», sin más sentido que el que quiera darle el interés capitalista.
Tampoco la descoyuntada ciudad burguesa tuvo continuidad dentro de la inevitable crisis social que la habitaba, puesto que el crecimiento ilimitado trajo consigo la deslocalización de la industria, el vaciado del campo y la internacionalización de la clase dirigente. La terciarización de la economía —y el subsiguiente desarrollo del sector inmobiliario, de las infraestructuras viarias, de las tecnologías de la comunicación y de los mecanismos financieros— acarreó un escenario urbano cualitativamente diferente, caracterizado por su gigantismo, su masificación y su dispersión, con un urbanismo menos cartesiano que desembocaba en sofisticados métodos de control social y disneyficación, tan típicos de los sistemas totalitarios. Al globalizarse el mercado de capitales, la decisión escapaba a la burguesía local para ir a parar a manos de anónimos cuadros ejecutivos que operaban en nombre de impersonales fondos de inversión y oscuras uniones temporales de empresas. En consecuencia, el proceso de desintegración urbana orientado por la burguesía será prolongado por un proceso de metropolitanización impulsado por las nuevas élites itinerantes, que otorgaba a las aglomeraciones urbanas extensas el papel fundamental en la economía que otrora tuvieron los Estados-nación. La plasmación espacial de la mercancía arriba mencionada, en el momento en que todo era mercantilizable, se materializaba en la suburbanización exponencial e integral del territorio. Las metrópolis eran la forma más acabada de desorganización social que cabe en un territorio colonizado por el capital y moldeado por depredadores inmobiliarios. Desde el punto de vista capitalista, precisamente ese desajuste convivencial supremo y la uniformización del malvivir que le acompañaba era lo que las hacía económicamente viables.
Si la ciudad industrial tuvo a su enemigo dentro, el proletariado de los barrios populares, la metrópolis lo tiene en la periferia, albergado en los bloques de pisos deprimentes de las urbanizaciones más alejadas y peor conectadas, que ya no son unidades de convivencia vecinal como eran los barrios, y ni siquiera forman parte del municipio original. La especulación lo expulsó de sus habitáculos originales y destejió las relaciones que lo cohesionaban. Mediante la gentrificación, la turistización, la hipertecnificación y el maquillaje verde, los centros históricos, los distritos caros y las áreas lúdico-comerciales conforman una especie de parque temático uberizado, lleno de cámaras y sensores, que se vende a sí mismo en tanto que imagen de una ciudad restaurada e «inteligente», fácilmente consumible. Los servicios públicos invariablemente se degradan, la contaminación se cronifica, la anomia se extiende, y mientras tanto, florecen los vehículos privados, las segundas residencias, las grandes superficies y el negocio de las plataformas. La metrópolis ya no pertenece a sus enclaustrados habitantes, no funciona para facilitar la vida de sus vecinos, aunque estos no ejerzan más que como usuarios o consumidores; está hecha para los visitantes, o más concretamente, para los «flujos» de turistas e inversores. El vecindario es más bien el problema, pues es susceptible de convertirse en sujeto político a poco que recomponga una vida comunitaria. El derecho a la ciudad reclamado por Lefebvre queda fijado por el nivel de rentas y la capacidad de gasto.
La metrópolis sucumbirá ante las contradicciones insuperables provocadas por el desarrollismo económico y la guerra contra la naturaleza; la espiral de destrucción en la que se halla inmersa la conducirá a la ruina. La regeneración social dependerá de la importancia y determinación de los sujetos colectivos generados por los antagonismos al ser exacerbados por las crisis catastróficas —«corralitos»—, desvalorización de activos, desabastecimiento generalizado, parálisis del transporte, penuria energética, apagón informático, etc. Dicho de manera más sencilla, las transformaciones sociales radicales se supeditarán a los resultados de las confrontaciones masivas de las masas desalienadas con el poder establecido. Nos referimos a una lucha de clases de nuevo tipo, con anclajes urbanos (cuestión de la vivienda), rurales (defensa del territorio) y medioambientales (soberanía alimentaria), marcadamente anticapitalista, antiestatal, antirracista y antipatriarcal. En otro lugar trataremos ampliamente el tema. Hoy nos atrae más reflexionar sobre las peculiaridades de la posmetrópolis en el poscapitalismo. Con total evidencia, el desmantelamiento de las relaciones de mercado, y por consiguiente, el desmantelamiento de los sistemas metropolitanos no será tarea fácil, puesto que en todo momento el capitalismo, explotando las dificultades de la lucha por la igualdad, la justicia y el bienestar que podrían suscitar la subsistencia de instituciones del orden derrocado, y apoyándose en los sistemas tecnológicos residuales, intentará reproducirse o recomponerse. El proceso de desmantelamiento en Europa debutará con una fase caótica en la que movimientos hacia el campo repobladores y anti-industriales se alternarán con movimientos urbanos asamblearios redistributivos, acompañados de la okupación de viviendas vacías, los mercadillos de trueque y la emancipación de las periferias. Un caos que funcione —que evolucione hacia la auto-organización— será siempre mejor que un ordenamiento autoritario de la demolición metropolitana bajo pretexto de eficacia. ¡Cuidado con los dirigentes disfrazados de coordinadores! El municipalismo revolucionario —léase la revitalización de los barrios y la socialización del hábitat del suelo, de los edificios, de los caminos y las calles— será cosa de las bases activas, no de los aparatos por más representatividad que se atribuyan.
La abolición del capitalismo y la inherente derogación de todas sus leyes nos lleva a un concepto subsistencial de la economía, al oikos, es decir, a la economía sustantiva (Polanyi) o moral (Thompson), o dicho de otro modo, a la economía doméstica sin mercado. Es la economía de la reciprocidad, de la gratuidad, de los cuidados, del don, del intercambio sin dinero… Economía del potlach, como proponían Bataille y los situacionistas; economía circular, como impone la relación equilibrada con el medio ambiente. El beneficio privado, la tecnología productivista, la formación de capitales y sobre todo su acumulación, quedan excluidos por definición. Ahora por economía se entiende una actividad específica que no acapara la vida de las personas ni domina el funcionamiento de las instituciones sociales; la vida vuelve a ser política, o sea, literalmente ciudadana. Conviene aclarar que la ruralización del espacio liberado por la desmetropolitanización no significa la vuelta al paleolítico, como postulan las escuelas primitivistas y anticivilitorias, o el retorno al concejo campesino del Medioevo, fórmula convivencial idealizada por quienes, como Antonio de Guevara, menosprecian la Corte y alaban la aldea. Paradójicamente, la desurbanización de los sistemas conurbados es más bien una vuelta a la ciudad en el sentido profundo del término. Evidentemente, no hay vuelta posible al pasado, a las ciudades-jardín, a los falansterios, a los burgos comerciales o villas «francas», a los concejos abiertos castellanos o a la polis griega, por más que el ejemplo de las ciudades precapitalistas y los tradicionales municipios agrarios no sea desechable en absoluto. El dinamismo cultural, la arquitectura popular, los descubrimientos científicos, el desarrollo del derecho, las prácticas democráticas, etc., son aportaciones históricas irrenunciables. Pero el movimiento de la historia hace imposible la pura reversión y ridiculiza las ideologías pasadistas. Una sociedad sin capitalismo se estructurará no solo con comunidades aldeanas, sino con ciudades libres. Justamente la simbiosis de estas dos realidades, cada una con su propio ritmo y tiempo, es la que sentará las bases de una sociedad igualitaria, justa, solidaria y emancipada.
A Mumford le maravillaba el carácter orgánico de la ciudad histórica. Gestada según reglas propias, no se desarrollaba según un plan preestablecido, ni obedecía a ordenamiento regular alguno, dando lugar a variadas formas de origen diverso salpicadas por puntos de encuentro. Los signos de poder, las catedrales, monumentos, torres y palacios, quedaban sumergidos en la confusión de calles, pasajes y plazuelas. Sitte captó bien esa especial gramática de la habitabilidad. Lo que proporcionaba cohesión al conjunto no era la muralla, el foso o la puerta, sino el ágora, el foro, la plaza, es decir, los lugares de reunión, debate, consenso, pacto y toma colectiva de decisiones. Los espacios de libertad. La ciudad del futuro deberá recrear dichos lugares -recrear la comunidad- en condiciones históricas diferentes. El tamaño importa. Los cálculos de Platón fijaban en 5.040 el número de habitantes de la ciudad perfecta (los esclavos, trabajadores o mujeres no contaban). Eran los miembros de las clases altas que podían conocerse entre sí. En cambio, para Vitrubio, menos clasista, las dimensiones de una ciudad eran las adecuadas si esta podía recorrerse a pie. En propiedad, el recinto ciudadano deberá precisarse a escala humana. Teniendo en cuenta la enormidad de las coronas metropolitanas, queda por delante un largo trabajo de fraccionamiento urbano y autonomización de las porciones. No olvidemos que la ciudad de todos se edificará sobre escombros, carcasas y carrocerías. El origen simbólico de la ciudad fue un cercado. Consecuentemente, también reinventará sus límites, pero estos no serán fijos, ni necesitarán fortificarse. La ciudad recuperada no tendrá puertas, ni por supuesto, urbanistas. No será un mero asentamiento, sino un ideal fraternal de vida no virtual, sin prótesis. Su esencia no radicará pues en el solar donde se emplace, en la trama que la defina o en el centro de procesamiento de datos que la supervise, sino en el conjunto de sus habitantes, los ciudadanos. Allá donde haya verdaderos ciudadanos —donde haya ágora— habrá ciudad.
