El Movimiento Europeo del Agua (EWM), del cual la Red Agua Pública forma parte, alerta de las consecuencias negativas que conllevaría la modificación de la Directiva Marco del Agua anunciada por la Comisión Europea este 10 de diciembre en la rueda de prensa sobre el Omnibus Ambiental.
El pasado fin de semana, del 5 al 7 de diciembre, Girona ha acogido el encuentro anual del EWM. Uno de los objetivos fue analizar las propuestas de desregulación de las normas de la Unión Europea relativas a la gestión del agua, tanto en términos de derogaciones como de financiación.
“Sin este marco legal común, desaparece cualquier garantía del buen estado ecológico y químico de las masas de agua de la Unión Europea”, alertan los miembros del EWM. La Directiva Marco del Agua es el pilar vital de toda la política hídrica europea, por lo que piden a los eurodiputados que defiendan la norma y sus estándares vigentes.
El EWM denuncia la deriva de la Comisión Europea, “cediendo a lobbies mineros e industriales con intereses particulares que amenazan el derecho a un medio ambiente sano y la salud pública de todos los ciudadanos europeos”. Las organizaciones recuerdan que la Comisión Europea ha repetido numerosas veces que apoya el Derecho Humano al Agua y al Saneamiento, tras los casi 2 millones de ciudadanos que apoyaron la primera Iniciativa Ciudadana Europea (ICE Right2Water) que pide el reconocimiento del derecho al agua.
Estas acusaciones se dan después de que la Comisaria europea de Medio Ambiente, Agua y Economía circular, Jessika Roswall, afirmara la semana pasada que la revisión de la Directiva Marco del Agua responde al objetivo de facilitar la apertura de minas en territorio europeo para dejar de depender de China y EEUU. También para acelerar proyectos considerados estratégicos para la Comisión Europea como son los centros de datos.
El EWM vincula la amenaza ambiental orquestada por la Comisión Europea con su plan de rearme y su aparente plan de competitividad en la carrera global por liderar sectores industriales tecnológicos como el de la Inteligencia Artificial. “Cabe recordar que aún se desconoce el enorme consumo de agua y energía de la IA, lo que debería impedir que la Comisión elimine los procedimientos de evaluación e impacto ambiental, más aún en una región del mundo afectada por la escasez permanente de agua”, denuncian.
La potencial revisión de la Directiva Marco del Agua llega solo unos años después de que la Comisión haya hecho una evaluación de la directiva, con la que concluyó que es adecuada para responder a los objetivos comunes de protección del agua y de la salud.
Organizaciones1 de España, Francia, Italia, Países Bajos, Alemania, Grecia, Bosnia y Herzegovina, Bélgica y Serbia, se encontraron y acordaron priorizar para este 2026 la protección de la Directiva Marco del Agua. Entre los asistentes participaron operadores públicos, administraciones locales y el Relator Especial de la ONU por los Derechos Humanos al Agua y al Saneamiento.
Para ver la reacción del Relator Especial de la ONU por los Derechos Humanos al Agua y al Saneamiento, consulte aquí.
1 Ayuntamiento de Girona, Diputación de Barcelona, Ayuntamiento del Masnou, Ayuntamiento de Torelló, Ayuntamiento de Viladrau, Institut Català de Recerca en Aigua (ICRA), Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental (ICTA-UAB), Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF), CAEB-CSIC, CT BETA UVic, LEQUIA – UdG, Wageningen University, Asociación Española de Operadores Públicos de Agua y Saneamiento (AEOPAS), Aqua Publica Europea (APE), Associació de Municipis per l’Aigua Pública (AMAP), Cicle de l’Aigua del Ter SA (CATSA), Consorci per a la Gestió Integral d’Aigües de Catalunya (CONGIAC), Consorci de Medi Ambient i Salut Pública SIGMA, Castelló d’Empúries 2000 SA, Gestió Urbanística i Serveis Arenys de Munt SA, Aigües Municipals de Xàbia (AMJASA), EYATH SA, Observatori de l’Aigua de Terrassa (OAT), Mesa Social del Agua, European Environmental Bureau (EEB), Ingeniería Sin Fronteras (ISF), Aigua és Vida, Plataforma en Defensa de l’Ebre (PDE), Grup de Defensa del Ter (GDT), Càritas Girona, Naturalistes de Girona, Observatori del Deute en la Globalització, European Public Services Union (EPSU), The Netherlands Trade Union Confederation (FNV), Red Agua Pública (RAP), Plataforma Contra la Privatización del Canal Isabel II, Foro Italiano dei Movimenti per l’Acqua, ENDA Colombia, Eau Secours 31, Coordination Eau Ile de France, Water Observatory Xabia, Water Observatory Terrassa, Water Observatory Girona, CEE Bankwatch Network y Polekol/Pravo na Vodu.
Se va acabando el año y este jueves Edurne y yo tendremos nuestra última intervención pública, en Logroño, donde hablaremos de imaginación y memoria. Llego cansado al final del año, con la sensación de haberme metido en más asuntos de los que puedo abarcar. Lo malo es que una y otra vez constato que no sé frenar. Quiero creer que no es por un exceso de ambición o por un deseo desmedido de figurar, sino más bien porque hay tantos temas que me interesan y trabajar en ellos es una forma de aprender y quizá también de crear algo interesante. Según escribo estas líneas tengo una sensación de déjà vu; seguro que ya he escrito alguna vez frases muy similares y que desde la última tampoco he aprendido a corregir mi tendencia al exceso de trabajo. Y luego hablan de la sabiduría que da la edad.
Hemos pasado unos días en Italia. Presentaciones, entrevistas, lo habitual, pero en un contexto que de lo que te da ganas es de no hacer nada útil. Paseamos por Nápoles, paseamos por Roma y preferiríamos no tener obligaciones.
Nuestra editora y amiga está atravesando una época difícil desde que murió su compañero, hace ahora más de un año. Edurne y yo la escuchamos, sentimos con ella el dolor de la pérdida; luego, a solas, nos decimos que no debemos desperdiciar el tiempo que estamos juntos, que tenemos que aprender a disfrutarlo más; no, no a disfrutarlo, que eso ya lo hacemos, sino a darle más espacio en nuestra vida. Con lo que vuelvo al tema de trabajar menos.
Entretanto leemos que Trump cultiva «en secreto» una política hostil hacia Europa prestando apoyo a la extrema derecha. ¿En secreto? ¿No nos habíamos dado cuenta aún? Rusia y Estados Unidos buscan lo mismo: minar nuestras democracias. Lo que no es distinto de lo que llevan décadas haciendo en Asia, África y Latinoamérica: apoyar a todo régimen autoritario a condición de que se pliegue a los deseos y a los negocios de las superpotencias. Y en Alemania Merz corre a besar el culo de Trump sin el menor embarazo. ¿Es un cambio de actitud que implica ir abandonando el barco europeo para buscar por su cuenta una alianza con Estados Unidos? ¿Estamos ante el principio de la disgregación de la UE? El Reino Unido nunca fue un auténtico defensor del europeísmo, con lo que su salida tampoco lo socavó. Pero si un país como Alemania decide jugar por su cuenta, podremos decir que la política agresiva de Trump y Putin habrán surtido efecto. Es lógico que las ratas abandonen el barco que se hunde, pero es preocupante que sea el capitán quien corre dando codazos para hacerse con un salvavidas.
10 de diciembre
Hay días en los que ni siquiera el diario me sale con fluidez. Como si no fuera capaz de fijarme más que en lo obvio y escribir lo obvio. En días así es mejor no empecinarse. Estudio un rato euskera, pero me canso enseguida. Pongo silicona en unas juntas. Quito una lámpara vieja feísima que estaba en la casa cuando nos mudamos. Traslado trastos. Entremedias sigo el avance del crowdfunding de La Marea y pienso en los millones de euros de dinero público que se gastan para comprar la sumisión de medios informativos que ni siquiera merecen ese nombre. Imagino una pendiente en la que se distribuyen los medios: cuanto más a la izquierda, más arriba de la pendiente; más abajo cuanto más a la derecha. Y el dinero rueda con enorme facilidad pendiente abajo. La cúspide ni la toca, pero la extrema derecha, más bien, corruptos con disfraces fascistoides, reciben millones… Bah, lo dejo aquí para no meterme en una espiral de desánimo. El crowdfunding saldrá adelante, me digo, aunque no convencido del todo.
Entre otras muchas cosas, Trump es un idiota. Anda por ahí proclamando que su ejército ha birlado un petrolero venezolano «muy grande, el más grande que se haya visto nunca»: todo lo que hace es lo más grande, lo más bonito, lo más inteligente. Y ha logrado la paz en por lo menos ocho conflictos bélicos. Es un idiota que habla para idiotas. O para listos a los que viene bien ese discurso.
Y ahora parece que la Administración Trump planea exigir acceso a los contenidos de los últimos cinco años en las redes sociales de los turistas. Me parece bien, por fin una buena idea de los lacayos de Trump. Esta va a ser su mayor contribución a la lucha contra la contaminación atmosférica y el calentamiento global. No tenía la menor intención de viajar a Estados Unidos, pero confío en que la medida disuada a muchos que sí la tenían.
11 de diciembre
Termino de releer Casandra, de Christa Wolf, reeditado hace poco por Malas Tierras; creo que ya se ha publicado la novela en un par de ocasiones en español con muy poca fortuna. Qué extraño esto, la fortuna de los libros. También Claus y Lucas apenas llamó la atención cuando se publicó en España la primera vez –no sé cómo habrá sido en América Latina– y cuando se reeditó se convirtió en un clásico casi instantáneo. Para mí Casandra es una de las novelas más importantes escritas en alemán en el siglo XX. Novela densa, poética, intensa que usa el pasado para hablar del presente sin que la escritura se vuelva mera herramienta para alcanzar un fin. La leí creo que poco después de irme a vivir a Alemania y recuerdo que lloré al cerrar el libro. Sin embargo, no recuerdo por qué lloré: ¿por el destino individual de Casandra, por la muerte de una mujer que había defendido la verdad hasta las últimas consecuencias cuando nadie en Troya quería verla? ¿O por la estupidez brutal de los humanos que son capaces de destruir cualquier signo de vida y de inteligencia con tal de no renunciar a la imagen que tienen de sí mismos?
Es, por cierto, una de las novelas que retratan de forma más descarnada la violencia contra las mujeres. Aquí los héroes guerreros son violadores; los cobardes también. Y Aquiles, el de los pies ligeros, es «Aquiles, el animal» o «Aquiles, la bestia», no sé cómo lo habrán traducido al español.
En estas semanas, la Unión Europea está allanando el terreno para firmar el acuerdo comercial con los países del Mercosur (Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay) y otro acuerdo con México.
Esto se inscribe en la línea de las políticas neoliberales que blindan el control sobre la economía de las multinacionales y los fondos especulativos, en particular los gigantes de la agroindustria, la petroquímica y el sector automotriz.
Pero estos acuerdos tienen importantes impactos en la vida de la gente y en los ecosistemas, por lo que las organizaciones convocantes denunciamos la política comercial de la UE y los tratados de comercio que firma con terceros países, porque agravan la emergencia climática, la pobreza, el hambre, el desempleo y las desigualdades sociales. Así ha pasado con numerosos países de Asia, África y América Latina y también en Europa.
Hoy estamos delante del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación porque rechazamos el acuerdo entre la UE y los países del MERCOSUR. Y porque el ministro Planas es uno de los dirigentes políticos que más apoya este acuerdo, representando los intereses de las grandes empresas, que han hundido al campo, y no el interés general. Con su apoyo a un comercio devastador, el Gobierno de España pone en juego el futuro de la naturaleza, las bases para producir alimentos y nuestra salud. Se trata de un enésimo ataque a la soberanía alimentaria de los países, a los derechos laborales, a la viabilidad económica del trabajo en el sector agrícola en muchas regiones y a la salud de las comunidades.
El acuerdo entre la UE y Mercosur impulsaría, por ejemplo, el comercio de pesticidas prohibidos en la UE exportados a América Latina; tóxicos que vuelven como residuos en los alimentos importados. Esto perjudicaría a la salud de las personas que trabajan en la agricultura y de las consumidoras de ambos lados del Atlántico, a los pueblos originarios y a la biodiversidad, al tiempo que contribuye a la extinción masiva de flora y fauna.
En estos días, se celebra la Cumbre de los Pueblos en Belém, Brasil, coincidiendo con la COP30, señalando los causantes de la crisis climática como los acuerdos comerciales que incrementan los gases de efecto invernadero responsables del cambio climático. La evaluación sobre los impactos del acuerdo comercial UE-Mercosur reconoció que provocaría un aumento de la emisión de los gases contaminantes. La agricultura industrial y la deforestación son el motor de este incremento. Por tanto, este acuerdo comercial, es contrario a la legislación europea e internacional sobre el clima.
Si el acuerdo es perjudicial para el planeta ¿quién se beneficia? Los gigantes de la agroindustria -como Bayer-Monsanto, BASF y otros-, el mayor productor de carne del mundo, JBS, o los comerciantes de soja y maíz, Bunge y Cargill. Estas empresas tienen estrechos vínculos con partidos de extrema derecha en sus respectivos países, así como el apoyo financiero de conocidas entidades bancarias que solo ven en el sector de la alimentación como una fuente de seguir aumentando sus beneficios.
¿Quién sale perdiendo? La pequeña y mediana agricultura y ganadería, los pueblos indígenas y personas migrantes, las personas trabajadoras de la industria y los cuidados, la mayoría de pequeñas y medianas empresas, la economía social y solidaria y, en general, las mayorías sociales.
Pero la reivindicación de la justicia en el comercio va más allá del sector agrícola y de la cuestión de la calidad de los alimentos: es un reto social global, tanto en lo que respecta a los aspectos socioeconómicos como a los climáticos.
Desde hace mucho tiempo nos movilizamos en las calles de muchos países por el trabajo digno y justamente remunerado, los derechos humanos, los pueblos originarios y afrodescendientes, la salud pública, el bienestar animal, el acceso a una alimentación de calidad y la protección del medio ambiente.
Sin embargo, una y otra vez, las clases dirigentes blindan los intereses económicos y financieros que persiguen estos acuerdos comerciales.
Las campesinas y los campesinos, sindicalistas, activistas de organizaciones de solidaridad internacional y ecologistas, colectivos antirracistas, anticoloniales y en defensa de los pueblos originarios, científicas, artistas y la ciudadanía organizada, exigimos la regulación de los mercados internacionales y denunciamos las políticas del mal llamado «libre comercio» que deslocaliza las producciones agrarias, cierra el pequeño comercio y la industria de PYMES, privatiza los servicios públicos así como rebaja las normas sociales y medioambientales.
Esta acción se inscribe plenamente en la movilización social contra el genocidio en Palestina, contra los recortes en los servicios públicos, contra el negacionismo climático y en total solidaridad con las comunidades de los países del Sur global, también víctimas de los acuerdos de comercio y el despojo racista de las grandes empresas europeas y españolas.
Reivindicamos el derecho a unos ingresos dignos de las campesinas y los campesinos, la protección de la agricultura familiar y una alimentación sana y libre de agrotóxicos frente a la lógica del mercado y el dominio de las multinacionales.
Defendemos una verdadera democracia alimentaria y el apoyo a un modelo agrícola que proteja el futuro de las generaciones venideras y de nuestro planeta.
Impedir el acuerdo comercial UE-MERCOSUR abre una oportunidad para cuestionar estructuralmente este sistema económico injusto y sacar la agricultura y la alimentación de la lógica de los mercados.
Hacemos un llamamiento a todas las agricultoras y agricultores para que se rebelen contra estas políticas injustas aplicadas al sector agrícola.
Hacemos un llamamiento a todos los sindicatos para que se movilicen en defensa de una remuneración justa del trabajo, la desglobalización y la relocalización de una industria que funcione respetando los límites del planeta y con criterios de justicia social.
Hacemos un llamamiento a todas las organizaciones preocupadas por las cuestiones de solidaridad internacional, democracia, protección del medio ambiente y salud pública para que digamos claro y alto al Gobierno de España y al parlamento que NO queremos estos acuerdos de comercio que entierran cualquier atisbo de política pública de justicia social y ambiental.
Hacemos un llamamiento a toda la ciudadanía preocupada por la vivienda, el mundo rural, la educación, la sanidad, el transporte público, la cultura, la calidad de los alimentos y la salud a cuestionar el sistema económico.
Ante los colapsos mundiales, necesitamos más cooperación en lugar de comercio de productos nocivos.
¡Por una economía social y solidaria!
¡No más acuerdos de comercio e inversiones!
¡Los ingresos justos para quienes producen nuestra alimentación, junto con los derechos humanos, los derechos laborales, la igualdad real, el bienestar animal, el clima y la biodiversidad deben primar sobre los intereses económicos!
¡Sí a la soberanía alimentaria, la justicia climática y la solidaridad internacionalista!
Attac, Amigas de la Tierra, CGT, Ecologistas en Acción, Entrepueblos, Greenpeace, Justicia Alimentaria, Sindicato Labrego Galego (SLG).
Texto leído en la acción-performance realizada en Madrid, el 18 de noviembre de 2025.
Bajo esta modalidad, en teoría, no hay retribución económica más allá de los gastos médicos y algunas compensaciones en concepto de lucro cesante por dejar de trabajar durante el embarazo. En la normalización de esta práctica ha sido fundamental el papel de asociaciones, agencias de mediación, empresas de reproducción asistida, partidos políticos y medios de comunicación afines.
Foto: VICTOR JOLY / ABACA / REUTERS
En las dos últimas décadas, la gestación subrogada ha pasado de ser una práctica marginal e ilegal en la mayoría de los países de la Unión Europea a acaparar cada vez más atención en el debate político y mediático. Aunque su modalidad comercial continúa prohibida en casi todo el territorio comunitario, varios gobiernos y partidos políticos se muestran partidarios de legalizar fórmulas llamadas “altruistas”, es decir, en los que oficialmente no media una retribución económica que vaya más allá de los gastos médicos y algunas compensaciones específicas como, por ejemplo, las que se justifican por los ingresos que se dejan de percibir por dejar de trabajar durante algunos meses de embarazo.
De hecho, en Greciaya está operativa esta modalidad que, en la práctica, entraña una remuneración mayor que en países cercanos como Ucrania, donde es legal el modelo comercial. Portugal también legalizó la gestación subrogada altruista, a la que solo podrían recurrir parejas heterosexuales o mujeres que no puedan concebir por ellas mismas y sin que mediase compensación económica más que el reembolso de algunos gastos. Sin embargo, esta ley sigue sin implementarse por el rechazo del Tribunal Constitucional a algunos de sus aspectos, como que no recoja el derecho de la madre gestante a revocar su decisión. Recientemente también se aprobó en Dinamarca un modelo que reivindican para sus países muchas de las asociaciones de padres y madres de intención europeas.
Para avanzar en la normalización de esta práctica ha sido fundamental, dependiendo del país en cuestión, el papel desempeñado por las agencias de mediación de la gestación subrogada, algunas empresas de reproducción asistida, los partidos políticos partidarios, los medios de comunicación afines y algunas asociaciones de padres y madres de intención.
Aunque no existe un lobby como tal, sí que hay comunicación entre organizaciones y entidades partidarias, como explica en esta entrevista Ciara Merrigan, presidenta de la asociación Familias Irlandesas por la Gestación Subrogada. Por su parte, la Federación Europea de Asociaciones de Familias LGTBIQ+ (NELFA, por sus siglas en inglés) respalda las demandas de organizaciones a favor de la gestación subrogada. Así lo ha hecho con la española Son nuestros hijos, conformada por padres y madres de intención, en varias ocasiones. Por ejemplo, en 2023, cuando el Gobierno reformó la ley del aborto prohibiendo la publicidad de las agencias, o en 2025, cuando suprimió la inscripción de forma directa en el registro civil de los bebés nacidos por esta vía.
Según la consultora internacional Precedence Research, el mercado global de la gestación subrogada puede pasar de facturar los 25.306 millones de euros calculados para 2025 a casi 89.252 millones en 2034. En Europa, el auge del sector se refleja también en la celebración de cada vez más ferias, congresos y foros en los que se reúnen agencias de mediación, bufetes especializados y asociaciones de padres y madres de intención.
Imagen publicitaria de la feria Wish for a Baby en Berlín.
Una muestra de ello son las ferias Wish for a Baby, organizadas periódicamente por la agencia británica Five Senses en distintas ciudades europeas y australianas. A esta cita se suman los eventos organizados por la asociación estadounidense Men Having Babies, que celebra regularmente encuentros en Bruselas, sede de las principales instituciones europeas. La próxima tendrá lugar a mediados de noviembre de 2025.
En cambio, en España, la última gran feria sobre gestación subrogada se celebró en Madrid en 2017. Surrofair, como se llamó, fue denunciada por la Red Estatal contra el Alquiler de Vientres ante la Fiscalía, que archivó la petición de suspensión.
En cualquier caso, las ferias que promocionan la gestación subrogada siguen organizándose en países europeos en los que está prohibida dicha práctica. Ello es posible gracias a que se introducenen eventos que publicitan de manera general la reproducción asistida, en los que se incluye la gestación subrogada.
Los programas de estos eventos suelen ofrecer información legal y médica sobre cómo llevar a cabo procesos de gestación subrogada en los países donde es legal. Habitualmente, se celebran en hoteles en los que, además de asistir a seminarios y conferencias, pueden encontrarse estands con información comercial de distintas empresas vinculadas con este negocio.
Panorama europeo
En Francia, la gestación subrogada es ilegal, pero el debate sobre su legalización ha cobrado fuerza con el respaldo del partido Renacimiento, liderado por Emmanuel Macron. Una encuesta publicada en 2024 por la Asociación de Familias Homoparentales reflejó que el 71% de la población francesa apoya la gestación subrogada para parejas heterosexuales y el 56% para homosexuales.
El caso con más repercusión pública en la República francesa es el de la familia Menneson, cuya demanda ante la Corte Europea de Derechos Humanos llevó a una sentencia en 2014 que condenó a Francia por no reconocer la filiación de dos niñas nacidas por gestación subrogada en Estados Unidos.
A partir de entonces, la Corte de Casación francesa modificó su jurisprudencia, permitiendo la inscripción de los nacimientos en el registro civil si existe un vínculo biológico con uno de los progenitores de intención. Asociaciones como Les Enfants d’Arc-en-ciel o la Asociación de Padres y Futuros Padres Gays y Lesbianas han tenido un papel decisivo en el acompañamiento jurídico de estos procesos y en la interlocución con las instituciones públicas.
Por su parte, Alemania mantiene una de las legislaciones más restrictivas de Europa. La gestación subrogada está penalizada tanto en la Ley de Protección de Embriones como en la de Adopción, aunque los tribunales permiten registrar a los niños nacidos en el extranjero por esta vía.
En este contexto, la Alianza por la Autodeterminación Reproductiva agrupa a organizaciones que reclaman la legalización de un modelo altruista. Este colectivo ha elaborado propuestas que se debaten en la Comisión para la Autodeterminación Reproductiva y la Medicina Reproductiva, creada por el Gobierno federal en 2022. Hasta ahora, el único partido que apoya públicamente la legalización bajo criterios altruistas es el Partido Democrático Libre (FDP).
Sin embargo, en este país, las ferias de gestación subrogada organizadas por Wish For A Baby están normalizadas hasta el punto de que, sólo en 2025, se celebró una a principios de marzo, en Berlín, y otra en Colonia a mediados de octubre. Esta última contó con la esponsorización de la clínica estadounidense San Diego Fertility Center, que también patrocinará la que tendrá lugar en marzo de 2026 en la capital alemana.
En Bélgica, la gestación subrogada no está regulada, lo que ha permitido que algunas clínicas practiquen desde los años noventa un modelo supuestamente altruista. Aunque parecen ser pocos casos, lo cierto es que no existe ningún registro oficial que los documente. Por otro lado, el vacío legal ha favorecido la existencia de intermediarios que facilitan el contacto entre parejas belgas y clínicas de Estados Unidos, Ucrania o Canadá.
El Comité Consultivo de Bioética belga, en un dictamen de 2023, se pronunció a favor de legalizar un modelo altruista bajo condiciones estrictas, como la imposibilidad médica de gestar o el consentimiento libre de la mujer gestante. El actual Gobierno ha prometido crear un tribunal específico para supervisar estas prácticas y evitar la explotación comercial y el lucro, dando así un paso hacia su institucionalización.
Desde enero de 2025, Dinamarca se ha convertido en el primer país europeo en legalizar un modelo de gestación subrogada altruista con condiciones muy específicas: la mujer gestante debe aportar su propio óvulo, mantener una relación previa con los padres de intención y no recurrir a técnicas de reproducción asistida. Tras el parto, los progenitores deben iniciar un proceso de adopción.
Esta fórmula, respaldada por el Comité Ético de Dinamarca, busca evitar los desplazamientos a terceros países y, supuestamente, reducir el riesgo de explotación. Asociaciones como DARE Dinamarca y LGBT Dinamarca fueron decisivas en la aprobación de esta ley, que ahora sirve de referencia para los partidarios de su legalización en otros Estados miembros.
Italia, por el contrario, ha endurecido su marco legal. En 2024, el Parlamento aprobó una norma que convierte la gestación subrogada en un “delito universal”, castigando también a quienes recurran a esta práctica en el extranjero. Esta medida, impulsada por el gobierno de Georgia Meloni, ha generado protestas y movilizaciones en todo el país. La Associazione Radicale Certi Diritti denunció la ley como “homofóbica” y anunció acciones legales ante instancias internacionales. Según la organización, la norma vulnera los derechos de las familias LGTBIQ+ y aísla a Italia del contexto europeo.
En Países Bajos, la gestación subrogada es legal siempre que se realice sin ánimo de lucro y entre personas con relación previa al embarazo. Los partidarios de su regulación sostienen que falta un desarrollo legislativo que impida la inseguridad jurídica. Desde 2023, su Parlamento debate un proyecto de ley que busca establecer un marco normativo más desarrollado y que reconozca la filiación de los padres de intención antes del nacimiento. Organizaciones como Stichting Zwanger voor een Ander y Meer dan Gewenst han liderado las campañas a favor de su legalización.
Un negocio en expansión
El mapa europeo muestra una tendencia hacia la aceptación de la gestación subrogada altruista, impulsada por una red diversa de actores: asociaciones de padres y madres, colectivos LGTBIQ+, organizaciones del sector de la fertilidad y algunos partidos políticos de centro-derecha. Su discurso se basa en el concepto de la libertad reproductiva y en presentar el deseo de ser padres y madres como un derecho. Asimismo, evitan referirse a cómo pueden afectar estos procesos a la salud de las mujeres gestantes, así como a desigualdades económicas y violaciones en términos de derechos humanos.
A esta corriente se suman las políticas permisivas de los propios Estados, que, aunque prohíben la gestación subrogada en sus territorios, permiten el registro de los bebés nacidos en el extranjero. En la práctica, esta dualidad legal ha contribuido a su normalización hasta el punto de que los países europeos han avalado de facto un modelo transnacional de reproducción que combina, a menudo, la prohibición interna y la tolerancia externa.
De Mario Martínez, publicado originalmente para El Salto.
A veces nos olvidamos que los euros digitales ya existen, pero sólo los pueden utilizar los bancos privados y los tesoros nacionales. Por eso no es raro ver posturas muy diferentes en las instituciones de la Unión Europea (UE). Quienes reconocen, por primera vez, sus sorprendentes beneficios lo celebran a viva voz, mientras la gran banca, que ve su acceso privilegiado a dinero digital del Banco Central Europeo (BCE) en peligro, hace lo posible para frenarlo. Con un BCE ya comprometido con su implementación que ha hecho sus deberes, el respaldo que el Eurogrupo, que reúne a los ministros de finanzas de los países de la UE, acaba de dar al proyecto es clave para que salga adelante. Pero de poco servirá si el Parlamento Europeo sigue aplazando la parte que le toca. El ponente designado, el español Fernando Navarrete del Partido Popular, ya ha admitido que no tendrá lista su propuesta hasta octubre y que la posición definitiva de la Eurocámara no llegará antes de mayo.
Mientras se apela una vez más a argumentos débiles que se vienen repitiendo por la banca durante los últimos años, amplificados por una intensa campaña de bulos en redes para poner en duda la necesidad de esta alternativa pública de pagos, las razones para su implementación se hacen cada vez más evidentes. Hace pocos meses, el BCE publicó unas pérdidas históricas: en 2024 registró un déficit de 7.944 millones de euros, atribuible en gran parte al alza de los tipos de interés y al coste que supone remunerar la liquidez que los bancos depositan en sus arcas, esos euros digitales que sólo ellos pueden tener. La situación es similar para todos los bancos centrales del eurosistema, incluido el español. Los recursos públicos fluyen para sostener privilegios bancarios en abundancia, que siguen ahí para dar una apariencia de seguridad a los mal llamados depósitos bancarios, que no dejan de ser promesas con extrema fragilidad que crea la banca.
Lo cierto es que los bancos tienen acceso a lo que podríamos llamar “dinero digitalizado de banco central” hoy mismo: reservas que mantienen en cuentas del BCE, remuneradas, funcionando como un colchón líquido que ninguna persona ni empresa común puede poseer. Un circuito paralelo de dinero al margen de la economía real. Cuando el BCE remunera esas reservas (una carga económica que recae en última instancia sobre los contribuyentes), los bancos privados obtienen ingresos sin intermediación ni riesgo de crédito directo. Es decir una renta no ganada o beneficio caído del cielo que explica en España más de la mitad de sus beneficios récord durante los últimos años.
El proyecto del euro digital sacude los cimientos del actual sistema monetario abriendo camino para poner fin a este tipo de privilegios
Aunque no es la única medida a nuestro alcance para detener las sangrantes pérdidas de la banca central, el proyecto del euro digital sacude los cimientos del actual sistema monetario abriendo camino para poner fin a este tipo de privilegios. Plantea habilitar una infraestructura pública para que los ciudadanos y empresas puedan usar dinero digital emitido por el banco central directamente, con controles de volumen para evitar que los depósitos bancarios “se escapen” en exceso hacia el euro digital y desestabilicen el modelo privado, que no soporta la más mínima competencia. El BCE ha hablado de límites de tenencia, facturación de comisiones y salvaguardas para la estabilidad financiera.
Los bancos llevan años maniobrando para que los límites sean paralizantes, para que la diferenciación y remuneración de sus euros digitales especiales (llamados reservas bancarias) se mantenga, y para que la transición hacia un euro digital realmente universal sea tan pausada e inconveniente que nada cambie. Que cada monedero de euros digitales esté vinculado a una cuenta bancaria, que no puedan atesorarlo empresas o que los límites por persona sean tan bajos como para hacerlo impráctico están ya contemplados en la imperfecta y necesaria propuesta actual. Pero los bancos saben que estas limitaciones no tienen por qué durar para siempre.
El apoyo decidido al proyecto por parte del BCE, la Comisión Europea y ahora también del Eurogrupo encuentra fácil explicación frente amenazas geopolíticas claras, como la actual dependencia de servicios de pago estadounidenses o la posibilidad real de defender y ampliar el rol internacional del euro frente a las Stablecoins denominadas en dólares o yuanes. A su vez otros grupos de presión como consumidores, empresas o grandes tecnológicas, asfixiados por las costosas comisiones o queriendo entrar en el juego de crear dinero en igualdad de condiciones, están forzando este cambio.
El euro digital puede ser una herramienta de justicia financiera si se le exige ambición desde el día uno
El euro digital, si se diseña con garantías, podría ser un punto de inflexión para democratizar el acceso al dinero público y poner un sistema de pagos barato y seguro a disposición de cualquiera. Pero si se imponen las estrictas limitaciones que propone la banca, quedará reducido a un simple complemento de los depósitos privados, sin capacidad real de empoderar a la mayoría.
Más allá de si el dinero es físico o digital, lo que está en juego es quién controla el dinero, quién se beneficia de sus cambios y si los instrumentos públicos sirven para todos o sólo para unos pocos. El euro digital puede ser una herramienta de justicia financiera si se le exige ambición desde el día uno: acceso universal, privacidad y un horizonte claro para reducir todas sus limitaciones.
La presente noticia de ESG Today sobre la reducción en el Parlamento Europeo de las leyes a favor de la diligencia debida, protección ambiental y otras se comprende mejor con la lectura del otro artículo que publicamos hoy: Total Energies y Siemens instan a la UE a abolir la ley climática. La industria impone su voluntad sobre la ciudadanía europea y su bienestar.
Los legisladores del Parlamento Europeo han llegado a un acuerdo sobre una propuesta de posición negociadora parlamentaria sobre la iniciativa Omnibus I de la Comisión Europea, que supondría reducciones más significativas en las normas de la UE sobre información, sobre sostenibilidad y sobre diligencia debida que las propuestas por la Comisión.
El acuerdo supondría recortes especialmente significativos en el número de empresas cubiertas por la Directiva sobre la diligencia debida en materia de sostenibilidad empresarial (CSDDD), excluyendo a todas las empresas, salvo las más grandes, del ámbito de aplicación de la normativa que exige a las empresas abordar sus impactos negativos sobre los derechos humanos y el medio ambiente en todas sus cadenas de valor.
Entre los cambios más significativos propuestos por la iniciativa de la Comisión se encontraba un aumento drástico del ámbito de aplicación de la CSRD, que eliminaba aproximadamente al 80 % de las empresas al ampliar el reglamento para que solo cubriera a las empresas con más de 1000 empleados, frente al umbral actual de 250 empleados, al tiempo que se mantenía el umbral de 1000 empleados de la CSDDD, pero se modificaba la diligencia debida y se exigía una diligencia debida completa principalmente a nivel de los socios comerciales directos, e introduciendo límites a la cantidad de información que se puede solicitar a las empresas más pequeñas de la cadena de suministro en virtud de la normativa.
Los legisladores se han mostrado muy divididos sobre la postura que debe adoptar el Parlamento de cara a las negociaciones sobre el resultado final del paquete ómnibus, con los partidos de izquierda presionando para que se reduzcan los recortes a la normativa, los partidos de extrema derecha buscando eliminar por completo la CSRD y la CSDDD, y el ponente del Omnibus, Jörgen Warborn, del Partido Popular Europeo (PPE), el mayor partido del Parlamento, ha propuesto recientemente elevar los umbrales de la normativa a 3000 empleados.
Tras intensas negociaciones, los partidos de izquierda y de centro se alinearon con un paquete de «compromiso» propuesto la semana pasada por el PPE, que mantendrá el alcance de la CSRD de 1000 empleados, pero añadirá un umbral de ingresos de 450 millones de euros, al tiempo que aumentará drásticamente el umbral de la CSDDD para cubrir solo a las empresas con 5000 empleados y más de 1500 millones de euros de ingresos. La CSDDD también pasará de un enfoque basado en la entidad a un «enfoque basado en el riesgo» en materia de diligencia debida.
El paquete de «compromiso» acordado por los legisladores se alcanzó después de que, según se informa, el PPE amenazara con alinearse con los partidos más a la derecha en un paquete que ampliaría el alcance de la CSRD a 1750 empleados y eliminaría los requisitos de la CSDDD para que las empresas adopten planes de transición climática.
La posición acordada se someterá a votación en la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento a principios de la próxima semana, seguida de una votación plenaria en el Parlamento a finales de este mes para establecer su posición para las negociaciones con el Consejo de la UE. Varios aspectos del acuerdo coinciden con la posición acordada por el Consejo, incluidos los umbrales de la CSRD y la CSDDD, y el enfoque basado en el riesgo para la CSDDD.
La presente noticia de Reuters sobre la reducción en el Parlamento Europeo de las leyes a favor de la diligencia debida, protección ambiental y otras se comprende mejor con la lectura del otro artículo que publicamos hoy: Los legisladores del Parlamento Europeo llegan a un acuerdo sobre recortes más importantes…
La industria ordena e impone su voluntad sobre la ciudadanía europea y su bienestar.
TotalEnergies (TTEF.PA), y Siemens (SIEGn.DE), han pedido a los gobiernos europeos que deroguen una de las leyes emblemáticas de la UE en materia de sostenibilidad empresarial con el fin de impulsar la competitividad del continente, según se desprende de una carta a la que ha tenido acceso Reuters. El director ejecutivo de TotalEnergies, Patrick Pouyanne, y su homólogo de Siemens AG, Roland Busch, escribieron la carta al presidente francés Emmanuel Macron y al canciller alemán Friedrich Merz, en nombre de 46 empresas europeas.
La abolición de las normas sería una «señal clara y simbólica para las empresas europeas e internacionales de que los gobiernos y la Comisión están realmente comprometidos con la restauración de la competitividad en Europa», según la carta fechada el 6 de octubre. Siemens afirmó que mejorar la capacidad de Europa para competir a nivel mundial requería menos «regulación excesiva» en todos los sectores. La propuesta de eliminar las normas de sostenibilidad era un ejemplo de «medidas significativas que se pueden adoptar para reducir la burocracia», añadía. Un portavoz de TotalEnergies afirmó el jueves por la noche que la carta reflejaba las cinco prioridades principales de las 46 empresas para mejorar la competitividad de Europa.
La carta también instaba a la Unión Europea a no seguir adelante con sus planes de recortar los permisos de contaminación gratuitos de las industrias el próximo año y a reformar sus normas de competencia para permitir más fusiones, considerándolas en el contexto del mercado global, en lugar de solo en Europa. La directiva de la UE sobre la diligencia debida en materia de sostenibilidad empresarial se adoptó el año pasado y exige a las empresas que solucionen los problemas relacionados con los derechos humanos y el medio ambiente dentro de sus cadenas de suministro, o se enfrentarán a multas del 5 % de su facturación global. Se ha convertido en uno de los aspectos más controvertidos políticamente de la agenda ecológica de Europa, y Bruselas está negociando ahora cambios para simplificar las normas para las empresas europeas, tras la oposición de Alemania y Francia, así como de Estados Unidos y Qatar, y de empresas como Exxon Mobil (XOM.N). Las peticiones de Siemens y Total de eliminar por completo las normas van más allá de los planes que ya están negociando los legisladores y los países de la UE para reducirlas y eximir a más empresas de la ley.
Fotografía: Concentración en Bruselas en contra del tratado con Mercosur. Foto: Tom Kucharz.
Artículo originanl publiado en osalto.gal por Tom Kucharz
«Histórico” fue el adjetivo manoseado hasta el infinito para anunciar a bombo y platillo un acuerdo comercial de la Unión Europea (UE) con los gobiernos del Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay). Primero se publicó el acuerdo en principio, con tan sólo 17 páginas y que no era un “texto legal», con la intención de confundir a la opinión pública mientras aún se está terminando de redactar el tratado final, que tendrá más de 1500 páginas.
Como en las últimas dos semanas se habían multiplicado las críticas por la falta de transparencia de las negociaciones, el gobierno de Uruguay empezó a publicar partes de los textos consolidados del tratado. Presionada por esta circunstancia, la Comisión Europea tuvo que publicar también una parte de los textos legales en su página web. Lo hizo el viernes a las 23:00.
Una vez finalizada la letra pequeña, habrá una revisión legal del tratado, la traducción en los idiomas de la UE y luego comenzará el proceso de ratificación que puede durar años.
En una entrevista en El Mundo, la comisaria de comercio de la UE, Cecilia Malmström, dijo que «El acuerdo con Mercosur no se puede reabrir ni mejorar». Afirmando así la naturaleza antidemocrática de la política comercial de la UE y enviando una señal clara de que los parlamentos no pintan nada (ni el europeo ni los nacionales), y que ni siquiera los gobiernos puedan modificarlo.
Una cosa parece segura: cuando en octubre se retira la actual Comisión Europea dejará un regalo envenenado. Y se está viendo ya.
Una semana caliente
Las protestas y el debate político en Francia se están extendiendo. El Parlamento holandés ha adoptado 2 mociones sobre el acuerdo comercial, instando al gobierno que se haga público todo y obligándole a evaluar el impacto para la agricultura familiar antes de que el tratado se discute en el Consejo de la UE. También hubo movilizaciones de agricultoras/es en Irlanda y Bélgica. La manifestación de miles de personas en Dublin fue decisivo en el voto simbólico del parlamento de Irlanda que expresó mayoritariamente su oposición al acuerdo con Mercosur.
Por su parte, el presidente valenciano, Ximo Puig, ha viajado a Bruselas para trasladar a la comisaria de Comercio, Cecilia Malmström, el temor del sector citrícola por los perjuicios económicos que el acuerdo provocaría a la región de Valencia.
En clave geopolítica
No fue casual que la noticia se divulgase justo el día que empezó en Osaka la cumbre del G20. La UE, y muy especialmente la canciller alemana, Angela Merkel, pretendían restarle protagonismo al presidente estadounidense, Donald Trump, y a su política de amenazas constantes, en un momento en el que toda la atención mundial está centrada en las negociaciones EE.UU.-China. Las élites europeas intentan —desesperadamente— recuperar cierto poder económico y político y muy concretamente para el capital transnacional europeo y la economía digital (incluso asumiendo los riesgos por hacerse la foto con el ultra Bolsonaro el mismo día, por cierto, del Orgullo LGTBIQ+).
Un regalo para la oligarquía latinoamericana
El retorno de la derecha a los gobiernos de Argentina y Brasil —gobernados por políticos neoliberales, autoritarios y sumisos a los intereses extranjeros— así como la expulsión ilegal de Venezuela del bloque, habían permitido acelerar el proceso negociador con Bruselas. Pero la mayoría de sus poblaciones sufre una crisis económica que sacude la región y va a peor. Al presidente argentino Mauricio Macri le puede ayudar a mejorar sus posibilidades en las elecciones presidenciales el 27 de octubre de 2019. En el contexto brasileño, este acuerdo forma parte de un proyecto del golpe institucional contra Dilma Rousseff que continúa. Y al presidente ultraderechista brasileño, Bolsonaro, le ayuda a limpiar su pésima imagen internacional cuando enfrenta varios escándalos. Entre ellos, las revelaciones sobre Sérgio Moro, ministro de Justicia, su falta de parcialidad como juez y amaños con la fiscalía para encarcelar a Lula da Silva. O la detención de un militar de la comitiva presidencial con 39 kilos de cocaína cuando viajaba a Osaka. Ambos utilizan ahora el acuerdo como medio para evitar que la izquierda vuelva a gobernar y blindar las reformas neoliberales que impulsan en la región (como las privatizaciones).
Neocolonial
El mandato con el que la Comisión Europea negocia con Mercosur es de 1999 y se basa en la vieja doctrina que busca reafirmar el papel dominante y neocolonial de la UE en el mundo a través de su política comercial común. Ambas regiones ya sufren ese modelo comercial depredador. Los países del Mercosur exportan mayoritariamente materias primas —que generan por ejemplo importantes impactos sobre la agricultura y el mundo rural europeos—. A su vez son inundados con productos y servicios de las empresas transnacionales europeas, lo que genera más desempleo, desigualdades, desequilibrios económicos y una concentración de la riqueza.
El modelo Brumadinho
El 25 de enero la empresa minera brasileña Vale, el mayor productor de mineral de hierro del mundo, causó la rotura de una de sus represas con desechos en el estado de Minas Gerais, provocando la muerte a más de 300 personas y derramando millones de metros cúbicos de lodo tóxico que afecta a más de 100 municipios. Sólo tres años antes, una negligencia similar de la multinacional en un pueblo llamado Mariana provocó el peor desastre ecológico en la historia de Brasil y dejó 20 muertos. No son casos aislados. Es el modelo de extractivismo que impera en el Mercosur y el mundo. Los accionistas de VALE, aseguradoras como Mapfre o la industria que compra el hierro (una buena parte llega a Europa), se llenan los bolsillos y las comunidades cargan con todos los impactos sociales y ambientales. El gobierno español y el IBEX35 sólo piensan en la venta de coches, farmacéuticas o bienes de consumo, la importación barata de soja y minerales o en sacar petróleo en las costas de Brasil o la “Vaca Muerta” de Argentina, sin preocuparles las poblaciones, sus derechos, ni el etorno. Esto completa una forma de genocidio que comenzó con el colonialismo español a partir del siglo XIV.
UE cómplice de Bolsonaro
El acuerdo es una amenaza para los derechos humanos. En el caso de Brasil, ampara a Bolsonaro, quien desde el 1 de enero de 2019 ha arremetido contra los defensores de los derechos humanos y los movimientos sociales, cumpliendo su promesa electoral de «poner un punto final a todos los activismos» del país. Se han registrado un aumento dramático de los ataques contra pueblos indígenas, comunidades afrobrasileñas, líderes comunitarios, campesinos y activistas. Es muy sintomático que la policía brasileña haya encontrado vínculos entre el asesino de Marielle Franco y la familia Bolsonaro. La feminista, política brasileña y militante de los derechos humanos fue asesinada el 14 de marzo de 2018 por criticar e investigar la intervención militar y policial en las favelas de Río de Janeiro y asesinatos y abusos contra sus habitantes.
Violencia machista y homofobia
Bolsonaro ha declarado la guerra contra las personas LGTBIQ+ y defiende un proyecto político contra las mujeres que busca lapidar derechos y conquistas del movimiento feminista y LGTBIQ+. En su primer discurso tras jurar el cargo, ha prometido “combatir la ideología de género” igual que la extrema derecha en Europa. Pregona impunemente su homofobia (“Brasil no puede ser un paraíso para el turismo gay”) y misoginia (reivindicó el turismo sexual). Sus discursos y políticas que fomentan el odio y la violencia, deberían ser perseguidos y no premiados con un acuerdo de asociación.
Una bomba climática
El acuerdo comercial exacerbará la deforestación al legitimar el desmontaje de regulaciones ambientales y seguir exportando masivamente productos agrícolas a Europa. Por el otro lado, favorecerá la explotación y la quema de combustibles fósiles así como la exportación de automóviles europeos al Mercosur, especialmente de vehículos 4×4 que tienen una gran huella ecológica. La Asociación de Fabricantes Europeos de Automóviles (ACEA) está encantada.
Deforestar la Amazonía
Se prevé aumentar la exportación de carne, soja y agrocombustibles a Europa. En 2018, el 78,5 % de las importaciones de vacuno de la UE ya procedían del Mercosur, uno de los mayores impulsores agrícolas de la pérdida de bosques y un sector responsable además de trabajo esclavo. Más de 600 científicos europeos y 300 grupos indígenas alertaron a la UE de la deforestación en Brasil. Bolsonaro ha desmantelado protecciones ambientales y ha facilitado el dramático incremento en las tasas de deforestación en la Amazonía, socavando así años de progreso en la materia. Solo el procesador de carne más grande del mundo, la multinacional brasileña JBS, emitió en 2016 más gases con efecto invernadero que Holanda.
Las mentiras de Macron
El presidente francés, Emmanuel Macron, prometió ante la asamblea general de la ONU que no firmaría más acuerdos que comprometieran la lucha contra el cambio climático. En mayo su gobierno dijo en el parlamento francés que no permitiría un tratado con Mercosur. Macron creía que enfatizando con que Brasil cumpliera con el Acuerdo de París iba ser suficiente para esquivar las críticas por apoyar el tratado con Mercosur. Pero no. El debate en Francia está cogiendo impulso. Manifestaciones de agricultores, protestas de ecologistas, sindicatos y ONG de derechos humanos y división interna en la mayoría gubernamental. La extrema derecha de Le Pen e incluso los republicanos critican el texto como «traición». Acusan a Macron de desproteger la agricultura familiar francesa, un tema muy sensible en el país. Solo el fallido acuerdo comercial con Estados Unidos (TTIP) había suscitado tanta oposición en Francia.
La trampa con el Acuerdo de París
El pre-acuerdo habla de “implementar efectivamente el Acuerdo de París”, pero no es vinculante, como tampoco las alusiones a la deforestación o la biodiversidad. Incluir un lenguaje engañoso sobre clima, derechos laborales y género en los tratados comerciales, proporciona a la élites una coartada perfecta para decir que han abordado el problema, sin realmente hacer nada. Aunque Bolsonaro haya dicho a Macron que Brasil permanecerá en el Acuerdo de París (a pesar de la presión de Washington), tanto el Ministerio de Medio Ambiente como el Ministerio de Asuntos Exteriores están encabezados por quienes niegan el calentamiento global. Es improbable que tomen las medidas necesarias para implementar el acuerdo. En estos acuerdos comerciales las medidas para frenar la emergencia climática son consideradas «barreras no arancelarias». Penalizan, por ejemplo, la salida de las energías fósiles, el fomento de la agricultura sostenible o favorecer empresas locales en la contratación pública para los planes de transición energética.
Negocios para la agroindustria, pobreza para el resto
Todos los países involucrados en el acuerdo se encuentran en una situación agronómica catastrófica, con cierre de explotaciones y pérdida masiva de empleos, con la concentración y conflictos por la tenencia de tierras, con suelos esterilizados por el uso masivo de productos fitosanitarios, impactos del cambio climático, así como graves problemas para la salud y la biodiversidad por los pesticidas tóxicos. Este acuerdo complace los intereses de las multinacionales de la agricultura industrial, pero mina los esfuerzos por una la agricultura sostenible. Cuestiones urgentes como la soberanía alimentaria, la transición al modelo ecológico, el vaciamiento del territorio rural, planes para adaptación al cambio climático o los derechos campesinos son vendidas en el altar del comercio internacional. Se rebajarán o incumplirán aún más las normas sanitarias y ambientales. Las organizaciones agrarias españolas advierten que muchos sectores quedarán desprotegidos.
¿Quién puede tumbar el acuerdo?
Aunque la política comercial sea una competencia exclusiva de la UE, el Acuerdo de Asociación UE-Mercosur será en principio de competencia compartida, al incluir elementos de diálogo político y cooperación. Eso significa que debe ser adoptado primero por el Consejo de la UE (los gobiernos) y por unanimidad (si un sólo gobierno se opone, el tratado cae). Luego, el Parlamento Europeo decide por mayoría. Finalmente, al igual que con el acuerdo comercial con Canadá (CETA), los parlamentos nacionales (y regionales en el caso belga) tendrán la posibilidad de pararlo. Podría pasar que la Comisión Europea divida el acuerdo en dos partes para acelerar la ratificación. Los gobiernos de la UE decidieron en mayo de 2018 que Bruselas puede dividir los acuerdos comerciales para aprobar sus partes de comercio por una vía rápida excluyendo a los parlamentos nacionales. Este procedimiento ya se aplicó para los acuerdos con Japón, Singapur y Vietnam. Sin embargo, el Consejo decidió el año pasado que México, Mercosur y Chile sigan siendo acuerdos mixtos. La trampa está en que mientras llegue a los parlamentos nacionales (pueden pasar años e incluso décadas), las partes de “competencia exclusiva” podrían aplicarse de forma provisional después del voto del Parlamento Europeo, sin esperar a la decisión del poder legislativo. Antes de eso, los gobiernos y los parlamentos del Mercosur tendrán que ratificarlo y no está nada claro que eso ocurra sin dificultades. En marzo el Parlamento Europeo rechazó abrir negociaciones comerciales con Trump. ¿Por qué no puede repetirlo?
Necesitamos movilizarnos
Es posible frustrar el acuerdo y hay muchas oportunidades. Primero, de cara al Consejo de la UE (donde decide el gobierno de Pedro Sánchez), luego en el Parlamento Europeo (donde Iratxe García preside al grupo socialdemócrata S&D) y, si no ha dado frutos, en Las Cortes. Si hay una mayoría para investir a Sánchez como presidente de gobierno, debe haber una mayoría para vetar a estos tratados neoliberales. Necesitaremos un frente amplio entre movimientos ecologistas, feministas, LGTBIQ+, campesinos y organizaciones en defensa de los derechos humanos. Nuestros aliados son los movimientos de resistencia en Europa y América Latina.
Attac España, La sociedad civil, los sindicatos y los grupos de interés público afirman a la presidenta Von der Leyen, a los comisarios europeos y a los Estados miembros de la UE que nuestros derechos, nuestro planeta, nuestra salud y nuestra justicia no están en venta.
La UE se arriesga a una nueva competición a la baja. Bajo la presidencia de Ursula von der Leyen, la Comisión Europea planea una ola sin precedentes de recortes drásticos en las regulaciones que protegen los derechos laborales y sociales, los derechos humanos, los derechos digitales y el medio ambiente. La Comisión y los Estados miembros de la UE podrían dedicar los próximos cuatro años a desmantelarlas normasque rigen para las empresas que operan en la UE.
Las normas diseñadas para garantizar una vida justa, equitativa y saludable ya se aplican de forma deficiente. A pesar de las claras advertencias, ahora se están retirando, debilitando o vaciando de contenido a un ritmo sin precedentes.
Ocho meses después de su mandato, es evidente que el nuevo «esfuerzo de simplificación sinprecedentes« de la Comisión significa en realidad «desregulación». Las regulaciones que nos protegen a todos de los excesos de la avaricia corporativa, que garantizan que podamos respirar aire limpio y llevar una comida saludable a la mesa de nuestras familias, están siendo recortadas. Las normas que garantizan que podamos trabajar en condiciones justas y seguras, proteger la naturaleza, combatir la discriminación, combatir la corrupción, tener acceso a productos financieros justos y seguros, e impedir que las corporaciones violen nuestra privacidad digital — que nos mantienen a todos seguros hoy y mañana— están siendo recortadas.
La insistencia de la Comisión en que se trata de eliminar la burocracia superflua no se sustenta en la realidad. Afirmanque confiar en que las empresas hagan lo correcto hará al bloque más «competitivo» y que es necesario recortar las normas para impulsar la «innovación» de las empresas de la UE. Pero muchos casos tristes de la historia de la UE cuentan otra historia, como la crisis financiera y el Dieselgate.
Se están recortando las normas de la UE para que los accionistas puedan explotar a las personas y al planeta con menos límites. Nuestra protección se está vendiendo a cambio de beneficios, y nuestra confianza en la democracia se está erosionando.
acceso de las empresas. Mientras tanto, las organizaciones de la sociedad civil que representan diversos intereses sociales corren el riesgo de ser marginadas por los responsables de la toma de decisiones. Para empeorar la situación, las agencias y organismos encargados de hacer cumplir la ley se ven obstaculizados por políticas de austeridad que recortan sus presupuestos y personal.
La Comisión Europea y el Consejo de los Estados miembros de la UE intentan recortar nuestras protecciones casi a diario. Varias propuestas importantes se han aprobado precipitadamente, sin que la Comisión cumpla con su deberde elaborar evaluaciones de impacto vitales. Esto se ve agravado por el uso del «procedimiento de urgencia», que impide un debate democrático en el Parlamento Europeo.
Los principios de la elaboración de normas son vitales para la democracia. Al tomar atajos, la Comisión silencia las voces críticas y reabre legislación que ya fue resultado de un proceso democrático y, por lo tanto, de un acuerdo entre las fuerzas políticas de la UE.
Esta tormenta perfecta de desregulación corre el riesgo de empoderar a la extrema derecha y a las fuerzas antidemocráticas, propiciar la corrupción, aumentar las desigualdades, frenar la urgente acción climática y la protección del medio ambiente, y privar a las comunidades y a los trabajadores de protecciones y servicios esenciales. La agenda de «simplificación» ya ha ido demasiado lejos:
La rendición de cuentas de la corporaciones y la justicia están más lejos que nunca: La Comisión y el Consejo han socavado drásticamente la acción climática, la protección ambiental y lasobligaciones en materia de derechos humanosen las cadenas de suministro, al debilitar drásticamente la Directiva sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad. La transparencia sobre el nivel y los esfuerzos de sostenibilidad de las empresas se está reduciendo drásticamente al reducir significativamente el alcance de la información que las empresas deben presentar en la Directiva sobre información corporativa en materia de sostenibilidad y la Taxonomía de la UE.
Nuestros hábitats y biodiversidad podrían perder protecciones esenciales, mientras que las sustancias químicas amenazan la salud pública: La Comisión ha propuesto eliminar lasobligaciones ambientalesde su Política Agrícola Común, incluyendo medidas para proteger humedales y turberas. Las leyes químicas de la UE sobre cosméticos y las normas de etiquetado para sustancias químicas peligrosas están siendo objeto de crítica, mientras que existen indicios preocupantes de que la prohibición integral propuesta de las «sustancias químicas permanentes» (PFAS) se debilitará.
Se reduce la presión sobre las industrias contaminantes: Los retrasos en los planes de transformación obligatorios para que las plantas industriales contaminantes sean más limpias, el ciclo de los materiales usados más circulares y respetuosas con el clima están socavando la transparencia pública y la responsabilidad corporativa en la transformación industrial.
El debilitamiento de los objetivos climáticos responde a los deseos corporativos en lugar de a las necesidades planetarias: la Comisión, con un fuerte respaldo de los Estados miembros de la UE, ha propuesto un objetivo para 2040 de reducir las emisiones en un 90 % en comparación con 1990, que incluye planes para debilitar la arquitectura política establecida a través de la legislación climática mediante la introducción de diversas formas de flexibilidad. La introducción de créditos internacionales dentro de los objetivos climáticos de la UE reduciría el nivel de ambición de la UE en comparación con un objetivo puramente nacional, que ya está por debajo de su cuota justa global.
Una década de progreso en materia de derechos digitales podría verse desbaratada: la reapertura de lacolumna vertebral de laregulacióndigital de la UE—el Reglamento General de Protección de Datos— implica que los datos sensibles de las personas podrían procesarse sinprotección. Nuevos ataques a leyes previstas, como la Ley de IA y el Paquete Digital, podrían socavar las normas que protegen nuestra vida digital contra los daños de la IA y la vigilancia por parte de actores estatales y corporativos.
Una competición a la baja para las personas trabajadoras: Se avecinan recortes en los derechos laborales y protecciones sociales, ya que la propuesta prevista para un «28º régimen» ofrecería a las empresas un conjunto de normas europeas más permisivas. Esto abre la puerta a la elusión de las leyes laborales nacionales y los derechos sindicales.
Más pobreza: La Comisión pretende redirigir los fondos de lucha contra la pobrezapara apoyar a empresas e industrias, incluidas las tecnológicas y de defensa.
El camino hacia una sociedad justa y equitativa se erosiona ante nuestros ojos: La retiradade la Directiva Horizontal contra la Discriminación indica claramente que las personas y los derechos no son una prioridad para la Comisión Europea. El único ámbito en el que se están incrementando las nuevas normas es el de las sanciones y la vigilancia de las comunidades marginadas, en un contexto de aumento del gasto, la legislación y las políticas centradas en la criminalización, la vigilancia y la militarización.
Reformas financieras revertidas, allanando el camino para otra crisis: Se están introduciendo retrasos y numerosas excepciones en los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión acordadas internacionalmente tras la crisis financiera mundial de 20072009. Estas normas tienen como objetivo garantizar que los bancos gestionen sus riesgos con suficientes colchones para amortiguar las pérdidas. Paralelamente, podrían eliminarse las medidas destinadas a apoyar las prácticas financieras sostenibles.
Con estas medidas —una pequeña selección de las numerosas propuestas, iniciativas y estrategias de desregulación— la Comisión afirma estar haciendo que Europa sea más atractiva para las empresas y más competitiva a nivel internacional. Al hacerlo, está creando un mundo tóxico y menos equitativo para las personas trabajadoras, las familias y las comunidades vulnerables, y un campo de juego desigual para las empresas que desean llevar a cabo sus negocios de forma responsable. A largo plazo, la falacia de que proteger a las personas y el medio ambiente hoy es demasiado costoso tendrá un coste irreversible para nuestra salud, seguridad, derechos, igualdad y libertades en el futuro.
En lugar de desregular, instamos a los legisladores de la UE y de los Estados miembros a proteger y promover los derechos consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y el derecho internacional de los derechos humanos:
Aprobar leyes para una mayor protección del bienestar social, las personas trabajadoras y consumidoras, la lucha contra la discriminación, la justicia social, climática y medioambiental, la privacidad y la protección de datos, y contra las sustancias químicas tóxicas;
Exigir mayor transparencia y rendición de cuentas a las empresas, así como acceso a la justicia para las personas perjudicadas;
Asumir la responsabilidad por el impacto negativo de las actividades de la UE, como la minería, la insuficiencia de objetivos climáticos y las sustancias químicas tóxicas, en otras regiones y comunidades.
Facilitar la implementación y el cumplimiento de las leyes que protegen los derechos, la justicia y los intereses públicos. Proporcionando más recursos a las autoridades responsables de su aplicación, así como orientación y apoyo para la implementación de las normas digitales.
Reforzar la protección de las organizaciones de la sociedad civil, los sindicatos, las personas defensoras de los derechos humanos, periodistas y activistas.
Garantizar que la sociedad civil, los sindicatos, las comunidades afectadas y otros actores representativos del interés público sean consultados, incluidos y respetados de forma significativa en la legislación de la UE y nacional.
En una época de extrema desigualdad, que incluye la extrema concentración de riqueza, exclusión social y financiera, destrucción climática, retroceso democrático, capitalismo de vigilancia, explotación laboral, discriminación y daños estructurales profundamente arraigados, así como amplias violaciones de los derechos humanos: ¡exigimos más protecciones, no menos!
Firman2:
The European Federation of Public Service Unions (EPSU),
Friends of the Earth Europe (FoEE),
Climate Action Network (CAN),
Global 2000,
Corporate Europe Observatory (CEO),
European Environmental Bureau
Firmar esta carta no significa que todas estas organizaciones compartan las mismas prioridades.
1 Medidas como los «Diálogos de Implementación», las «Consultas Específicas» y las «Verificaciones de la Realidad».
2 No todos los firmantes trabajan en profundidad en todos los temas. Firmar esta carta no significa que todas estas organizaciones compartan las mismas prioridades.
Fotografía: Ursula von der Leyen, y el presidente de EEUU, Donald Trump en Irlanda.REUTERS/Evelyn Hockstein
Publicado el en Espacio Público
Paco Cantero. Coordinador de Attac Madrid
La imagen de Ursula von der Leyen en el campo de golf de Trump en Escocia el pasado mes de julio, sonriendo mientras sellaba un acuerdo que estrangula la soberanía europea, quedará como símbolo imperecedero de la capitulación continental.
Hace apenas unos días, el mundo fue testigo de un nuevo y grotesco espectáculo de sumisión en el Despacho Oval: Trump, sentado imponente detrás de su escritorio, recibió como súbditos a la propia Von der Leyen y a otros líderes europeos, a quienes hizo esperar de pie, inmóviles y en silencio, mientras él realizaba una llamada directa a Vladimir Putin en Moscú. Este acto, diseñado para demostrar quién manda, es la perfecta ilustración del vasallaje que Europa acepta.
A juicio de ATTAC España, este acuerdo es la certificación de que la Unión Europea, bajo un liderazgo ilegítimo y opaco, ha aceptado convertirse en vasallo energético, industrial y militar de una administración estadounidense abiertamente hostil. La humillación no es solo económica; es democrática, estratégica y existencial.
¿Quién eligió a Ursula von der Leyen para capitular?
La primera y más grave humillación es institucional, ya que ningún órgano democrático europeo otorgó a Von der Leyen mandato para negociar un acuerdo que compromete el futuro de 450 millones de personas. Su elección en 2024 fue un pacto entre élites en salones cerrados, lejos del Parlamento Europeo y la ciudadanía. Analistas como Alberto Alemanno señalan su estilo presidencialista y la creciente demanda de responsabilidad democrática que ignora. ¿Cómo puede una líder debilitada, que ni siquiera conserva el apoyo unánime de su propio partido (PPE), vender el futuro industrial y energético de Europa, así como renunciar a principios básicos de seguridad de la Unión Europea?
640.000 millones de euros para sustituir una dependencia por otra
El núcleo del acuerdo es un acto de sumisión: Europa comprará 640.000 millones de euros en energía estadounidense (petróleo y gas) en tres años. Este compromiso no solo es económicamente irracional (la energía rusa era significativamente más barata) sino técnicamente inviable y estratégicamente suicida:
Estados Unidos carece de infraestructura (barcos, plantas de licuefacción) para exportar tal volumen, y llevaría años aumentar la capacidad.
Triplicar las importaciones actuales haría que el 60% de la energía europea procediera de EEUU, anulando la diversificación buscada tras la guerra en Ucrania.
La UE, mientras predica la transición verde, firma un pacto que la ata a los hidrocarburos hasta 2028.
600.000 millones de euros para vaciar Europa
El segundo pilar del acuerdo es igualmente lesivo: La UE incentivará a sus empresas a invertir 600.000 millones de euros en EEUU, bajo la amenaza de aplicar un 35% a las exportaciones europeas a EEUU si no se cumple. La Comisión admite cínicamente que no puede obligar a las empresas, pero las presionará. Esto equivale a financiar la competencia y acelerar la deslocalización industrial en sectores estratégicos (tecnología, automoción, farmacia), justo cuando Europa necesita reforzar su autonomía. ¿Qué ha sido de ese informe Draghi que proponía un ambicioso Plan de Inversión Conjunto de 800.000 millones anuales para reforzar la base industrial y tecnológica europea? Europa pagará su propia decadencia industrial.
La imposición de un arancel del 15%: un golpe económico estratégico
Además de las cláusulas de inversión forzada, Estados Unidos ha impuesto un arancel general del 15% a la mayoría de los productos europeos que importa. Esta medida, lejos de ser una mera herramienta comercial, es un instrumento de dominación económica que:
Asfixia la competitividad de sectores clave europeos al encarecer artificialmente sus precios en el mercado estadounidense.
Debilita aún más la industria europea, ya de por sí afectada por la deslocalización y la dependencia energética, al reducir sus exportaciones y marginar su presencia en una de las economías más grandes del mundo.
Fomenta la sumisión comercial, pues la Unión Europea se ve forzada a aceptar estas condiciones asimétricas so pena de sufrir represalias aún mayores en caso de incumplir los compromisos de inversión en Estados Unidos.
Eliminación del principio de precaución: la vida y el ambiente al servicio del mercado
Este acuerdo supone una claudicación regulatoria de profundas consecuencias, ya que la Unión Europea ha aceptado de facto la sustitución del principio de precaución (pilar fundamental de la legislación comunitaria en materia de salud pública, alimentación y medio ambiente) por el principio de mercado. Esto significa que, para no crear barreras comerciales injustificadas, se priorizan los intereses económicos y la libre circulación de mercancías sobre la protección de los ciudadanos y el planeta. Es la victoria de la lógica corporativa sobre el interés general.
Cesión de soberanía financiera: el marco de los criptoactivos
La sumisión se extiende también al ámbito financiero. En 2024, la Unión Europea aprobó un Marco Regulatorio para los criptoactivos (MiCA) que, en su propuesta inicial, pretendía limitar la circulación de stablecoins (criptomonedas estables) basadas en divisas extranjeras, como el dólar, para proteger la soberanía monetaria y financiera de la Unión Europea. Sin embargo, ante las presiones de los lobbies financieros y la administración estadounidense, esta limitación fue eliminada. El resultado es que el euro se ve ahora más amenazado por la posible dominación de stablecoins emitidas por grandes corporaciones tecnológicas estadounidenses, que operarán con mínimas restricciones en el mercado único. Es otra cesión de soberanía que allana el camino para que el dólar fortalezca su hegemonía incluso en el espacio digital europeo.
Von der Leyen y el Silencio ante el genocidio palestino
La humillación europea ante Trump no es el único frente de sumisión. Existe una capitulación más grave y moralmente obscena: la complicidad estructural de la Unión Europea en el genocidio del pueblo palestino.
Europa no es solo víctima de la humillación trumpista; es verdugo activo por omisión en Gaza. Al priorizar sus intereses comerciales y geopolíticos con Israel y EEUU, ha traicionado sus propios valores fundacionales. Mientras Von der Leyen aguantaba estoicamente su papel secundario en el Despacho Oval, su Comisión bloqueaba medidas que podrían salvar miles de vidas palestinas. Como advierte Agnés Callamard de Amnistía Internacional: La supervivencia de 2,2 millones de personas palestinas en Gaza depende de que la UE actúe. Hoy esa opción brilla por su ausencia. Europa no solo se desindustrializa, además se deshumaniza.
Gastar el 5% del PIB para enriquecer al Complejo Armamentístico Militar Estadounidense
Trump ha convertido la OTAN en un instrumento de chantaje: exige a los aliados dedicar el 5% de su PIB a defensa, so pena de «dejar de protegerles». Von der Leyen y la mayoría de los gobiernos europeos claudican, aun sabiendo que:
Europa no se enfrenta a amenazas existenciales de la magnitud que se pregona. La exigencia carece de una justificación estratégica realista para el nivel de gasto propuesto.
El gasto se desvía a comprar armas estadounidenses: Los enormes presupuestos destinados significan que Europa financia principalmente la industria bélica de EEUU en lugar de construir su propia defensa integrada y soberana.
Se sacrifican políticas sociales: En varios países, se anuncian recortes en pensiones, sanidad y empleo público, mientras se protege el gasto militar y los intereses de la deuda pública, priorizando los intereses de la industria armamentística y financiera.
La ironía es trágica. Europa gasta más que nunca en defensa, pero es más vulnerable al depender de un aliado que la desprecia y la humilla públicamente, obligándola a financiar su propio sometimiento.
Hacia una Europa Soberana: Democracia, Autonomía Estratégica y Defensa Común
La rendición ante Trump no es inevitable. Para ATTAC España, Europa necesita con urgencia:
Reforma democrática radical: La Comisión debe elegirse por sufragio directo y el Parlamento Europeo necesita iniciativa legislativa para que las decisiones vitales dejen de tomarse en salones cerrados.
Autonomía energética real: Acelerar un proceso integral de transición energética para minimizar las dependencias de combustibles fósiles basado en políticas intensivas de ahorro energético, generación distribuida, autoconsumo y sometiendo a una estricta planificación eléctrica, ambiental y territorial, el despliegue de grandes instalaciones de energías renovables y de almacenamiento.
Inversión industrial pública y protección: Un «New Deal» verde y digital europeo, con mecanismos que prohíban las deslocalizaciones estratégicas y fortalezcan la base industrial comunitaria.
Soberanía Tecnológica: Es imperativo destinar recursos masivos (públicos y coordinados a nivel europeo) al desarrollo de tecnologías críticas como los semiconductores, la inteligencia artificial, las telecomunicaciones seguras y la ciberseguridad. Depender de terceros países en estos ámbitos no solo nos debilita económicamente, sino que nos expone a chantajes estratégicos y limita nuestra capacidad de tomar decisiones autónomas en un mundo cada vez más digitalizado.
Defensa Común Autónoma: Avanzar de manera decidida en la construcción de una defensa europea integrada y soberana, con estructuras de mando y capacidades propias, que permita tomar decisiones independientes y deje de depender de un protector que exige tributo a cambio de desprecio.
Europa necesita rebelarse
Francia ya sufre recortes, Alemania ve desmantelada su industria automotriz, y así irán cayendo todos los países de la UE bajo una crisis de consecuencias imprevisibles. Si Europa no despierta y pone fin a esta serie interminable de humillaciones, será, no una potencia, sino un espacio colonizado por EEUU. Solo nos queda dos alternativas:
Aceptar esta humillación y quedarnos callados asumiendo todas las consecuencias y convirtiéndonos en un espacio irrelevante.
Exigir un cambio de rumbo radical que priorice de manera urgente:
La democratización profunda de las instituciones de la UE.
El rechazo a acuerdos comerciales lesivos y a tratos vejatorios que sacrifiquen la soberanía y la dignidad europea.
La construcción de una autonomía estratégica real en energía, industria, defensa y tecnología.
La dignidad no se negocia. Es el momento de defenderla.
Como ha hecho con otros países, Donald Trump no ha buscado ahora con la Unión Europea un buen acuerdo comercial para los intereses de la economía estadounidense, como él se empeña en decir. Y en lo que ha cedido Von der Leyen no es en materia arancelaria para evitar los males mayores de una escalada de guerra comercial, como afirman los dirigentes europeos. El asunto va por otros derroteros.
Von der Leyen y Trump han hecho teatro haciendo creer que negociaban cláusulas comerciales, pero en realidad se han quitado la ropa de la demagogia y los discursos retóricos para mostrar a todo el mundo sus vergüenzas
Los aranceles del 15 por ciento acordados para gravar casi todas las exportaciones europeas los pagarán los estadounidenses y, en algunos casos, con costes indirectos aún más elevados.
Eso pasará, entre otros productos, con los farmacéuticos que se ven afectados. Puesto que en Estados Unidos no hay producción nacional alternativa y siendo generalmente de compra obligada (los economistas decimos de muy baja elasticidad de la demanda respecto al precio) los consumidores terminarán pagando precios más elevados. Suponiendo que fuese posible o interesara la relocalización de las empresas para irse a producir a Estados Unidos (lo que, desde luego no está nada claro), sería a medio plazo (lo expliqué en un artículo anterior).
Los aranceles a los automóviles europeos serán del 15 por ciento, pero los fabricantes estadounidenses deben pagar otros del 50 por ciento por el acero y el cobre, y del 25 por ciento por los componentes que adquieren de Canadá y México. Sería posible, por tanto, que los coches importados de la Unión Europea sean más baratos que los fabricados en Estados Unidos y que a los fabricantes de este país les resulte mejor producirlos en Europa y llevárselos de vuelta. Además, la mayoría de los automóviles de marcas europeas que se venden en Estados Unidos se fabrican allí, de modo que no les afectarán los aranceles, mientras que en Europa apenas se venden coches estadounidenses, no por razones comerciales sino más bien culturales o de gustos. Otros productos en los que Europa tiene ventajas, como los relativos a la industria aeroespacial y algunos químicos, agrícolas, recursos naturales y materias primas no se verán afectados.
En realidad, en términos de exportación e importación de bienes generales, el «acuerdo» no es favorable a Estados Unidos. Como explicó hace unos días Paul Krugman en un artículo titulado El arte del acuerdo realmente estúpido, el que suscribió con Japón (y se puede decir exactamente lo mismo ahora del europeo y de todos los demás) «deja a muchos fabricantes estadounidenses en peor situación que antes de que Trump iniciara su guerra comercial».
El déficit exterior de la economía estadounidense no es una desgracia, sino el resultado deliberadamente provocado para construir sobre él un negocio financiero y especulativo de colosal magnitud
No obstante, todo esto tampoco quiere decir que Europa haya salido beneficiada. Las guerras comerciales no suele ganarlas nadie, y muchas empresas y sectores europeos (los del aceite y el vino español, por ejemplo) se verán afectados negativamente. Pero no perderán porque Trump vaya buscando disminuir el déficit de su comercial exterior, sino como un efecto colateral de otra estrategia aún más peligrosa.
La realidad es que a Estados Unidos no le conviene disminuirlo porque este déficit, por definición, genera superávit y ahorro en otros países que vuelve como inversión financiera a Estados Unidos para alimentar el negocio de la gran banca, de los fondos de inversión y de las grandes multinacionales que no lo dedican a invertir y a localizarse allí, sino a comprar sus propias acciones. El déficit exterior de la economía estadounidense no es una desgracia, sino el resultado deliberadamente provocado para construir sobre él un negocio financiero y especulativo de colosal magnitud.
Lo que verdaderamente busca Estados Unidos con los «acuerdos» comerciales no es eliminar los desequilibrios mediante aranceles (eso es algo que no se ha conseguido prácticamente nunca en ninguna economía). El objetivo real de Estados Unidos es hacer chantaje para extraer rentas de los demás países, obligándoles a realizar compras a los oligopolios y monopolios que dominan sus sectores energético y militar y, por añadidura, humillarlos y someterlos de cara a que acepten más adelante los cambios en el sistema de pagos internacionales que está preparando ante el declive del dólar como moneda de referencia global.
El objetivo real de Estados Unidos es hacer chantaje para extraer rentas de los demás países, obligándoles a realizar compras a los oligopolios y monopolios que dominan sus sectores energético y militar
En el «acuerdo» con la Unión Europea (como en los demás), lo relevante ni siquiera son las cantidades que se han hecho públicas. Los aranceles son una excusa, un señuelo, el arma para cometer el chantaje. Lo que de verdad importa a Trump no es el huevo que se ha repartido, sino el fuero que acaba de establecer. Es decir, la coacción, el sometimiento y el monopolio de voluntad que se establecen, ya formalmente, como nueva norma de gobernanza y dominio de la economía global y que Estados Unidos necesita imponer, ahora por la vía de la fuerza financiera y militar debido a su declive como potencia industrial, comercial y tecnológica.
Siendo Donald Trump un gran negociador, si quisiera lograr auténticas ventajas comerciales para su economía no habría firmado lo que ha «acordado» con Europa (y con los demás países), ni hubiera dejado en el aire y sin concretar sus aspectos más cuantiosos. La cantidad de compras de material militar estadounidense no se ha señalado: «No sabemos cuál es esa cifra», dijo al escenificar el acuerdo con von der Leyen. El compromiso de compra de 750.000 millones de dólares en productos energéticos de Estados Unidos en tres años sólo podría obligar a Europa a desviar una parte de sus compras y tampoco parece que se haya concretado lo suficiente. Y la obligación de inversiones europeas por valor de 600.000 millones de dólares en Estados Unidos es una quimera porque la Unión Europea no dispone de instrumentos (como el fondo soberano de Japón) que le permitan dirigir inversiones a voluntad y de un lado a otro. Además, establecer esta última obligación sería otro disparate si lo que de verdad deseara Trump fuese disminuir su déficit comercial con Europa: si aumenta allí la inversión europea, disminuirán las compras de Europa a Estados Unidos, y lo que se produciría será un mayor déficit y no menor.
Lo que han hecho von der Leyen y Trump (por cierto, en Escocia y ni siquiera en territorio europeo) ha sido desnudarse en público. Han hecho teatro haciendo creer que negociaban cláusulas comerciales, pero en realidad se han quitado la ropa de la demagogia y los discursos retóricos para mostrar a todo el mundo sus vergüenzas manifestadas en cinco grandes realidades:
El final del gobierno de la economía global y el comercio internacional mediante reglas y acuerdos y el comienzo de un nuevo régimen en el que Estados Unidos decidirá ya sin disimulos, a base de chantaje, imposiciones y fuerza militar.
A Estados Unidos no le va a importar provocar graves daños y producir inestabilidad y una crisis segura en la economía internacional para poner en marcha ese nuevo régimen. Quizá, incluso lo vaya buscando, lo mismo que buscará conflictos que justifiquen sus intervenciones militares.
La Unión Europea se ha sometido, se arrodilla ante el poder estadounidense y renuncia a forjar cualquier tipo de proyecto autónomo. Como he dicho, a Trump no le ha importado el huevo, sino mostrar que Europa ya no toma por sí misma decisiones estratégicas en tres grandes pilares de la economía y la geopolítica: defensa, energía e inversiones (en tecnología, hace tiempo que perdió el rumbo y la posibilidad de ser algo en el concierto mundial). Von der Leyen, con el beneplácito de una Comisión Europea de la que no sólo forman parte las diferentes derechas sino también los socialdemócratas (lo que hay que tener en cuenta para comprender el alcance del «acuerdo» y lo difícil que será salir de él), ha aceptado que la Unión Europea sea, de facto, una colonia de Estados Unidos.
Ambas partes han mostrado al mundo que los viejos discursos sobre los mercados, la competencia, la libertad comercial, la democracia, la soberanía o la paz eran lo que ahora vemos que son: humo que se ha llevado el viento, un fraude, una gran mentira.
Por último, han mostrado también que el capitalismo se ha convertido en una especie de gran juego del Monopoly regido por grandes corporaciones industriales y financieras que han capturado a los estados para convertirse en extractoras de privilegios, en una especie de gigantescos propietarios que exprimen a sus inquilinos aumentándoles sin cesar la renta mientras les impiden por la fuerza que se vayan y les hablan de libertad.
La Unión Europea se ha condenado a sí misma. Ha dicho adiós a la posibilidad de ser un polo y referente mundial de la democracia, la paz y el multilateralismo. Ahora hace falta que la gente se entere de todo esto y lo rechace, lo que no será fácil que suceda, pues a esos monopolios se añade el mediático y porque, como he dicho, esta inmolación de Europa la ha llevado a cabo no sólo la derecha, sino también los socialistas europeos que, una vez más, traicionan sus ideales y se unen a quien engaña sin vergüenza alguna a la ciudadanía que los vota.
