El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha calificado como “violación de la integridad nacional” la entrada en Ceuta de unas 50.000 personas de manera irregular desde Marruecos. En una comparecencia institucional en la ciudad autónoma, el jefe del Ejecutivo ha atribuido los hechos a las mafias que trafican con seres humanos, que, según Sánchez, han aprovechado un «vacío legal» para promover las entradas a nado en Ceuta. Se refería a la reciente sentencia del Tribunal Supremo contraria a las ‘devoluciones en caliente’ en las llegadas a nado mientras no hubiera frontera física que lo impidiera. «Pondremos todos los recursos», ha dicho el dirigente, que destacó la «colaboración» de Rabat, anunció el despliegue de boyas como barrera física de contención y la devolución cuanto antes de las personas migrantes. Según el Ministerio de Interior, la mitad ya ha regresado a Marruecos voluntariamente.
Hasta el momento, la nueva crisis migratoria ha dejado más de 50 personas muertas, según los datos de la Guardia Civil. Y, en lo que va de año, se han recuperado más de 50 cadáveres de migrantes ahogados en aguas de Ceuta. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido la comparecencia urgente de Sánchez en el Congreso; y el líder de Vox, Santiago Abascal, ha culpado al Gobierno de la situación.
Desde la comunidad internacional, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha dicho que las imágenes son inaceptables: “No podemos permitir que nadie entre en nuestra Unión sin cumplir con nuestras normas”, ha advertido. “Es importante que España actúe con prontitud para recuperar el control de la situación y cumplir con sus compromisos en el marco de la cooperación de Schengen”, ha afirmado el primer ministro de Suecia, Ulf Kristersson.
Finlandia, por su parte, ha apoyado excluir a España del espacio Schengen, una medida que estudiaba Italia: “Los países que no cumplen con su obligación de proteger la frontera exterior no pueden ser miembros de Schengen”, ha escrito la ministra de Interior finlandesa, Mari Rantanen. Y el presidente del PPE y del grupo popular en el Parlamento Europeo, Manfred Weber, ha vinculado directamente la situación con la regulación masiva.
La industria del control migratorio
«La situación que se está viviendo en los últimos días en Ceuta nos retrotrae a imágenes recientes como las de mayo de 2021 en la propia ciudad autónoma o las de los veranos de 2018 y 2014 en las costas andaluzas. Todas estas situaciones tienen como punto en común la instrumentalización por parte de Marruecos de la situación de las personas que desean migrar hacia Europa ante la desigualdad y la falta de oportunidades en sus países de origen», ha denunciado en un comunicado la Asociación Pro Derechos Humanos (APHD-A), que exige un giro radical en las políticas migratorias de España y la Unión Europea.
«Una vez más se ha demostrado que las políticas de externalización son únicamente un parche y que confieren a los Estados limítrofes, como Marruecos, una tremenda capacidad de presión mediática y política. Las vías legales y seguras son la única solución a estas situaciones en la que otros Estados o grupos organizados se aprovechan de la angustia de las personas migrantes», ha añadido. La organización también ha pedido la atención sobre la ausencia de mecanismos de acogida adecuados en Ceuta, a pesar de que esta situación se repite cíclicamente: «El Gobierno estatal debe poner a disposición de la ciudad los instrumentos necesarios para proteger a estas personas. Enviar al Ejército y no a personal de atención humanitaria es una muestra de la dinámica bélica con la que se afronta esta cuestión«.
Como recoge una investigación de la Fundación porCausa, existe una industria del control migratorio, financiada con dinero público, que mueve miles de millones de euros al año en manos de empresas privadas. Muchas de ellas han estado entre las voces que claman y actúan en contra de la regularización extraordinaria de migrantes. ¿Quiénes son? Como explicaba en un artículo el coordinador del equipo de periodismo de investigación de la citada fundación, .José Bautista, Vox, el gobierno de Isabel Díaz Ayuso y la ultraconservadora Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica han presentado recursos ante el Tribunal Supremo para tumbar la regularización. La organización ultra Hazte Oír hizo lo propio el pasado 15 de abril, y el Alto Tribunal admitió su recurso a trámite en apenas 24 horas.
«Hazte Oír es una organización católica ultraconservadora especializada en campañas de acoso y derribo contra las leyes LGTBI, el derecho al aborto o las personas migrantes. Esta asociación española, relacionada con la secta secreta El Yunque, cuenta con amplia presencia global gracias a su brazo internacional, CitizenGO, y está supuestamente vinculada al Kremlin a través de oligarcas del círculo íntimo de Putin. Ha sido acusada de promover campañas que usan el miedo al extranjero como herramienta de agitación y desestabilización en diversos países democráticos, entre ellos España. Estas campañas y acciones están acreditadas en diversas investigaciones e informes del Parlamento Europeo, la Comisión Europea y filtraciones de Wikileaks. Hazte Oír tiene, además, una relación estrecha con grandes actores de la Industria del Control Migratorio», escribe el periodista.
En la “derecha moderada” española que encarna el Partido Popular también hay una larga lista de figuras especialmente agresivas contra el proceso de regularización y vinculadas a empresas que hacen negocio con las políticas de control migratorio.
Primero fue Ámsterdam, seguida por Fráncfort. Madrid y Milán llegaron más recientemente. En menos de una década, los operadores de centros de datos han fundado asociaciones nacionales en casi todos los grandes mercados europeos. El patrón se repite hasta en los estatutos. La asociación holandesa se presenta como la unión de los data centers líderes del país, con la misión de fortalecer el crecimiento económico y perfilar el sector ante el gobierno, los medios y la sociedad; la española, nacida seis años después, utiliza la misma fórmula, casi palabra por palabra.
Parecen franquicias de un mismo modelo, fundadas además por las mismas empresas: entre los ocho socios iniciales de la asociación española SpainDC, en octubre de 2021, figuran Equinix, Interxion y Data4. Equinix y Data4 reaparecen un año después, junto a Microsoft y Digital Realty, en el acta fundacional de la asociación italiana.
Por encima de esta red nacional está el paraguas de Bruselas. La European Data Centre Association (EUDCA), creada en 2011, agrupa a operadores, proveedores y a las propias asociaciones nacionales. En enero de 2021, la EUDCA y la patronal europea del cloud (CISPE) impulsaron el Climate Neutral Data Centre Pact, una «iniciativa de autorregulación» apadrinada por la Comisión Europea que compromete al sector a la neutralidad climática en 2030. Pero faltan organismos de control independientes: estos compromisos están basados en sus propias métricas y en autoauditorías, según reconoce el propio pacto.
Expansión al sur
La expansión al sur de Europa podría explicarse con la saturación de las redes eléctricas. Por ejemplo, Dublín concentra ya el segundo mayor parque de centros de datos del continente (1.150 MW en operación, según KPMG, casi a la par de Londres) y estas instalaciones consumen el 22% de la electricidad de Irlanda, más que todos los hogares urbanos del país juntos. El propio informe anual de SpainDC presenta a España como alternativa a unos hubs «limitados por la disponibilidad de energía».
Para facilitar la expansión de las infraestructuras que alimentan el mundo digital y la inteligencia artificial, se invierten grandes cantidades de recursos. Según el análisis del registro de transparencia realizado por Corporate Europe Observatory y LobbyControl, la industria digital gasta 151 millones de euros anuales en hacer lobby ante las instituciones de la UE, un 55% más que en 2021, y sus 890 lobistas a tiempo completo en Bruselas superan ya el número de eurodiputados.
En España, la actividad de cabildeo está principalmente llevada a cabo por la asociación SpainDC, cuya misión incluye «hacer pedagogía sobre la esencialidad de los centros de datos» y contribuir a que el país «disponga de la infraestructura digital que necesita para sostener servicios públicos, actividad económica y competitividad». Según la asociación, la necesidad de construir centros de datos es comparable a otras infraestructuras claves para el desarrollo del país.
«¿Un aeropuerto beneficia a una aerolínea u otra? No», comentó por correo un representante de la asociación. «Los centros de datos son una base operativa para la administración digital, la actividad empresarial, la innovación, la inteligencia artificial y los servicios cotidianos de millones de personas», añadió.
La actividad de la asociación es frenética: en su página web se cuentan más de 150 eventos en tres años, de Madrid a Singapur pasando por Hawái y Mumbai. Durante sus dos primeros meses de vida ya se había reunido con el Ministerio de Economía y el Ayuntamiento de Madrid, y el pasado enero su directora ejecutiva (y exvicealcaldesa de la capital), Begoña Villacís, intervino en el Parlamento Europeo en una mesa redonda sobre el futuro de los centros de datos organizada por el grupo socialista.
Opiniones sin conocimiento
Tras el discurso de la oportunidad histórica –«Es un tren que llega, pero no se puede dejar pasar», dijo Villacís en un evento público en marzo de 2025– asoma el rechazo a medidas de control que el sector percibe como injustificadas. El lobby ha cargado contra el Real Decreto-ley 7/2026, que obliga a los centros de datos a generar energía renovable adicional equivalente a su consumo, permite suspender el acceso a la red a quienes incumplan criterios de eficiencia y uso del agua, y crea un comité para decidir qué proyectos tienen prioridad de conexión. Según SpainDC, ese comité «introduce un nivel de discrecionalidad que resulta difícilmente compatible con la confianza inversora».
La asociación estima que el sector podría movilizar 66.900 millones de euros hasta 2030 y superar los 16.000 empleos al final de la década, cifras que estarían en peligro si el sector público impusiera mecanismos de control definidos como desproporcionados. «SpainDC apoya el reporte de indicadores energéticos y ambientales, pero también ha advertido de que la regulación debe ser proporcionada, jurídicamente clara y homogénea con Europa», escribió en un correo un representante de la asociación.
SpainDC argumenta que la opinión pública está a su favor. En octubre de 2025 presentó su primer Barómetro de Percepción Social, elaborado con Sigma Dos a partir de 2.100 encuestas. «La sociedad valora el sector con una nota de 8,7 sobre 10, una calificación que obtienen otros servicios esenciales como la sanidad o las Fuerzas Armadas», defendió el representante de la asociación. Pero el barómetro revela lo que la propia asociación llama una «paradoja»: aunque el 85% de los encuestados ha oído hablar de los centros de datos, solo un 11,4% afirma conocerlos «bastante», un 40,4% admite conocerlos apenas «algo» y menos de la mitad ni siquiera sabe con qué energía funcionan. La alta valoración ciudadana convive con el desconocimiento generalizado de aquello que supuestamente se valora.
Las periodistas Magda Bandera y Patricia Simón, coautoras de la investigación sobre agencias de gestación subrogada de La Marea, se unirán a Carmen Aristegui, de Aristegui Noticias, y Dean P. Baquet, ex director de The New York Times, al equipo de profesores colaboradores del Máster de Periodismo de Investigación, Nuevas Narrativas, Datos, Fact-Cheking, Transparencia e Inteligencia Artificial de la Universidad Rey Juan Carlos. Así se comprometieron con el posgrado tras recibir el pasado 16 de junio los premios de Periodismo de Investigación de El Confidencial en las categorías de Nacional, Internacional y Trayectoria, respectivamente.
El posgrado se hace mucho más comprometido e internacional con estas nuevas aportaciones académicas y profesionales. Además, La Marea acaba de firmar un convenio de colaboración con el Máster para que el alumnado pueda realizar prácticas en su medio y publicar en sus soportes (papel y digital) algunas de las investigaciones y Trabajos Fin de Máster (T.F.M.) realizadas durante el periodo académico. Asimismo, algunos de sus profesionales serán profesores del posgrado.
La Marea también apoyará al Máster en la difusión de su programa académico y profesional, y participará en las diversas actividades y eventos que organice en la edición 2026-2027. El posgrado arrancó en 2012 en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Rey Juan Carlos de la mano del catedrático Manuel Gertrudix y del doctor y periodista de investigación Antonio Rubio. La coordinadora es Agustina Pozzi, especializada en factchecker audiovisual.
La directora de La Marea, Magda Bandera, define qué es y cómo se trabaja, tanto en el plano digital como en la revista trimestral en papel: “La trayectoria de La Marea se conforma como una cooperativa sin ánimo de lucro y voluntad de servicio público en la que los socios tienen voz y voto sobre la línea editorial y los estándares de publicación”. Y recalca que “esa estructura es la garantía de independencia del medio, que puede tener agenda propia y elegir qué temas quiere investigar sin cortapisas».
Verificar, contrastar, documentar
Creada en el año 2012, La Marea ha recibido múltiples reconocimientos por su periodismo de investigación y largo aliento. El último de ellos es el Premio de Periodismo de Investigación del diario El Confidencial por la serieGestación subrogada: el negocio de alquiler de vientres. El jurado del galardón (presidido por el director de El Confidencial, Nacho Cardero, e integrado por Antonio Rubio, Marta Sánchez Esparza, Edith Rodríguez y Tomás Ocaña, y asistido por Miguel Ángel Gavilanes como secretario) ha considerado que “la investigación realizada se sustenta en información verificada, contrastada y documentada”. También también ha resaltado “la cantidad y calidad de las fuentes utilizadas, los datos aportados y el contexto completo de los reportajes”.
La filosofía, método y compromiso de La Marea coincide con los principios del Máster de Periodismo de Investigación, Nuevas Narrativas, Datos, Fact-Cheking, Transparencia e Inteligencia Artificial de la Universidad Rey Juan Carlos y, a partir de ahora, medio y posgrado.
Además de La Marea, en el curso 2026-2027 se incorporarán como colaboradores del posgrado elDiario.es y PEN España. Todos ellos se suman a una red de medios, organizaciones y entidades nacionales e internacionales que apoyan al Máster en la organización de actividades y eventos. Los últimos, el taller Cómo se hace un libro de Periodismo de Investigación, en la Feria del Libro de Madrid, y el curso de verano de la URJC Escribir en tiempos revueltos, con Martín Caparrós y Olga Rodríguez entre los ponentes.
La lista de entidades que participan en el Máster es extensa y multidisciplinar: Maldita.es, Prodigiosos Volcán, Capa España, Reporteros Sin Fronteras, El Faradio, porCausa, Le Monde Diplomatique en español, Página Internacional, Transparencia Internacional, APDI Group, El Cierre Digital, Servimedia, Confilegal, Comisión Europea, Université Bordeaux Montaigne, Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS), COLPIN, Canarias Ahora, Madrid Diario, Diario Vivo, Primera Página, Iberinform y Esri.
Los periodistas que han salido de las aulas del Máster hoy desarrollan su carrera en medios nacionales e internacionales como elDiario.es, El Confidencial, Maldita.es, El País, InfoLibre, Le Monde, La Nación, La Vanguardia, Servimedia, France TV, Prodigioso Volcán, CAPA, RTVE, La Sexta, ICIJ, CSIC, Vocento, Sud Ouest, France TV, Cadena SER, Netflix, Newtral, Civio y À Punt, entre otros.
Docentes y antiguos alumnos y alumnas del posgrado han obtenido reconocimientos nacionales e internacionales, como el Pulitzer, Ondas Podcast, European Press Prize, Premio API, GO del Gobierno Abierto, Media City Bergen de Noruega, Datos Abiertos de Castilla y León y Protección de Datos. También han sido finalistas de los Premios Gabo y de diversos galardones relacionados con el periodismo de investigación, la innovación y el periodismo de datos.
La nueva edición apuesta por dar continuidad al club de lectura especializado en periodismo y literatura, coordinado por la periodista y propietaria de la librería Primera Página Tamara Crespo. Entre las novedades, incorpora un cinefórum dirigido por el periodista, showrunner y exmánager de contenidos de no ficción en Netflix Tomás Ocaña, dedicado al análisis de documentales, series y películas sobre el oficio periodístico.
La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha iniciado un procedimiento sancionador contra la investigación periodística de la Directa que desvelaba la infiltración de policías sin orden judicial entre los años 2020 y 2023 en movimientos sociales e independentistas de Catalunya y el País Valencià.
Este organismo estatal propone una sanción de 7.000 euros. Asimismo, insta a la Directa a borrar las imágenes y los datos de los cuatro agentes infiltrados que han interpuesto la denuncia ante la AEPD. Solicita incluso la retirada de los nombres ficticios que usaban y que aparecen en la investigación periodística.
La Directa ha defendido hoy en una rueda de prensa convocada junto a Irídia-Centre per la Defensa dels Drets Humans que las investigaciones mediante las cuales ha destapado la infiltración de agentes de la Policía Nacional en el entorno de los movimientos sociales son un ejercicio legítimo del derecho a comunicar y recibir información veraz.
Los casos destapados han tenido gran trascendencia política, social y jurídica. Sin embargo, no se ha abierto ninguna investigación para conocer los detalles sobre la infiltración, lo cual es “revelador”, afirmó el periodista Jesús Rodríguez, quien comparó el caso desvelado por su medio con otro similar sucedido en el Reino Unido: “En las páginas de The Guardian o la BBC continúan apareciendo las identidades reales de los policías descubiertos, hubo una condena penal y el Gobierno pidió disculpas”.
En las últimas horas, varias entidades y medios de comunicación como La Marea, El Salto y Crític han firmado un manifiesto de apoyo a la Directa.
«No aceptamos la inercia de un mundo agotado. Hay otra forma de hacer las cosas y la vamos a demostrar». Con esta contundencia se presenta Rechistando, un festival andaluz de la economía social y solidaria que persigue activar el relevo generacional, financiando de forma digna a sus artistas y equipo. «Rechistamos contra la inercia de precarizar a los creadores o exigir horas gratis a los equipos motores. No podemos sensibilizar sobre otra economía reproduciendo las lógicas del sistema que criticamos», avisan. En ese contexto, la organización apura estos días la campaña de crowdfunding en Goteo, donde ha logrado ya la cantidad óptima, más de 6.300 euros.
El evento, que se celebrará el próximo mes de octubre en Osuna (Sevilla), incide en el liderazgo y potencial del sur: «Un evento dinámico y abierto, donde hacer muchas conexiones con personas diversas y situado en el territorio, construido juntamente con el pueblo, desde y para el sur«. No obstante, está abierto también para cualquier persona a la que le guste la idea y «tenga ganas de disfrutar y aportar a esta experiencia de diversión y transformación».
«No es –avisan– el típico congreso de ponencias donde estar escuchando durante horas. No es un festival de música al uso (aunque habrá música y conciertos). No son unas jornadas formativas (aunque habrá espacios de aprendizaje). No es un evento con un programa súper cerrado (aunque habrá una agenda donde las personas participantes puedan elegir a qué unirse y a qué no)». Es, según insisten, «un lugar para jóvenes que tengan interés y curiosidad por conocer una economía y forma de trabajo alternativa: alineada con sus valores, desde donde puedan tomar decisiones, así como contribuir a la lucha por un mundo más justo».
Para conectar con los códigos, el dinamismo y la energía de este colectivo, el evento desplegará tres escenarios simultáneos. «Rompemos las estructuras rígidas para que nuestras delegaciones, colectivos y participantes elijamos nuestro propio itinerario de saberes y disfrute», dicen. Así, por un lado estará el Ágora (Pensamiento y Debate): «Mesas redondas para la reflexión profunda donde rechistamos colectivamente contra la deriva global, abriendo el espacio central a la palabra sin filtros de nuestro Ágora Juvenil».
También habrá Aulas (Acción e Interactividad): «El espacio más práctico y transformador, donde compartiremos con la juventud herramientas técnicas aplicadas sobre finanzas éticas, vivienda cooperativa, energías limpias y educación ambiental. Demostramos que hay alternativas tangibles listas para ser relevadas». Y un Jardín (Ocio Relacional y Respiro): «El pulmón del encuentro. Un espacio diseñado para nuestro networking permanente, la cultura local, la música y una gran experiencia lúdica compartida para romper distancias mediante el juego: el Escape Room de la economía social».
El 100% de los fondos financiará directamente los cachés artísticos, infraestructura técnica y la retribución digna de las horas de diseño del grupo promotor: «Apoyar esta campaña es un acto de compromiso político para ofrecer un horizonte justo y con futuro a las nuevas generaciones siempre con los valores de la Economía Social y Solidaria», concluyen.
Si echamos un vistazo a los periódicos, al panorama mediático en general, podemos visualizarnos estos días de terribles incendios como en un partido de tenis, mirando de un lado a otro cómo unos y otros golpean la pelota, algunos en nombre de la ciencia y otros casi alardeando de negacionismo. Podríamos personificar estas dos posturas en dos dirigentes políticos muy concretos, que seguramente ya hayan reconocido: Pedro Sánchez a un lado e Isabel Díaz Ayuso a otro. «Hacedle caso a la gente que ahora a lo que está es a ayudar a apagar fuegos, a salvar vidas y a dar información útil», escribe Andreu Escrivà en un artículo publicado en Climática que te recomendamos desde La Marea.
El divulgador, doctor en Biodiversidad y autor de libros como Y ahora yo qué hago, ha formado parte de dos paneles asesores sobre cambio climático y en su análisis deja claro que no hay una única solución: «Quien venda panaceas al por mayor miente. Quien diga que la tenemos delante de nuestras narices pero no la usamos miente. Las soluciones, si es que pueden llamarse así, son múltiples –a veces complementarias, a veces excluyentes–, dependen de cada territorio y de factores tanto humanos como ambientales, cambian con el tiempo y necesitan una adaptación no solo territorial, sino también temporal. De poco sirve presentar un determinado tipo de gestión forestal, reintroducción de especies, política demográfica, incentivo a la descarbonización, medida socioeconómica, regulación agroganadera, práctica silvopastoral o estrategia de protección de la naturaleza como LA clave para evitar el fuego».
Citando al ecólogo Francisco M. Azcárate, Escrivà intenta concienciar sobre el peligro de la simplicación, que es, desde su punto de vista, donde se ha instalado el debate político: la hipersimplificación de la realidad. «Tiene razón Isabel Díaz Ayuso cuando afirma que culpar del fuego a la emergencia climática es ‘brocha gorda’. No, no todo es culpa del innegable y muy real cambio climático. Se despeña, sin embargo, cuando trata de abordar las causas del fuego, señalando a esa bestia negra conocida como la ‘falta de limpieza de los montes’, invocando a la ‘gente del campo’ y marcándose un estrepitoso autogol criticando la gestión de competencias que son exclusivas de su gobierno. En el PP estatal han ido más allá, sacando a relucir el falso argumento de los cambios cíclicos del clima para poner en cuestión la excepcionalidad del calentamiento actual. Qué triste que hayamos retrocedido a 2007, cuando tuvo lugar la famosa chanza del primo de Rajoy; el expresidente ya admitió en 2015 que se había equivocado al dudar del cambio climático».
Pero –prosigue Escrivà–, no es solo el PP el que «retuerce la evidencia sobre el cambio climático» para adaptarlo a sus necesidades discursivas: «Este gobierno en general y su presidente en particular banalizan a diario el calentamiento global. Simplifican hasta el absurdo, utilizándolo como ariete partidista revestido de la irrompible «ciencia» con la que tanto se les llena la boca, con el único objetivo de avivar la polarización y sacar rédito electoral, haciendo por desplazar a la derecha parlamentaria hacia posiciones que –esperan– la ciudadanía perciba como indefendibles y castigue como tales. Por si alguien tiene dudas, no les está funcionando. Como era previsible».
Solo el incendio de Ávila ha calcinado más de 50.000 hectáreas, el mayor fuego en España desde que hay registros. Unas 200.000 hectáreas quemadas con más de una treintena de grandes incendios en lo que va de año. Esa es la situación actual con varios fuegos aún sin control. La cifra supone multiplicar por seis el número de hectáreas afectadas respecto al año pasado. Y el escenario aún puede empeorar más por las condiciones meteorológicas: el viento sigue dificultando enormemente las labores de extinción y el próximo miércoles se aproxima la cuarta ola de calor del verano.
En este contexto, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recordado que los veranos “cada vez serán más difíciles y mortíferos” y ha calificado la emergencia climática de “prioridad nacional”. Por ello, ha vuelto a emplazar a todos los actores políticos, institucionales, civiles y sociales a la exigencia «y el deber» de materializar un gran pacto de Estado frente a la emergencia climática. «Son horas complejas», ha advertido el dirigente, que ha pedido a la ciudadanía precaución y ha agradecido la labor de los medios de comunicación por facilitar información veraz frente a los bulos.
Este martes, el Consejo de Ministros aprobará un Real Decreto ley para calificar los territorios calcinados como zonas gravemente afectadas por emergencias de protección civil. Además, Interior ha ampliado a la provincia de Toledo el ámbito territorial de la declaración de emergencia de interés nacional declarada el pasado 23 de julio, que afectaba a la Comunidad de Madrid y a la provincia de Ávila.
Sobre el incendio en la Vall d’Uixó, el Gobierno ha insistido en esperar al desarrollo de la investigación para confirmar si fue intencionado. Este fuego ha quemado ya más de 7.000 hectáreas.
La última edición de El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo (SOFI 2026), publicada por Naciones Unidas, deja una conclusión clara: el hambre disminuye, pero el mundo sigue muy lejos de alcanzar el objetivo de «Hambre Cero».
Según el informe, 645 millones de personas padecieron hambre en 2025, lo que representa el 7,8% de la población mundial. Aunque la cifra supone una reducción de 14 millones de personas respecto a 2024 y de 43 millones respecto a 2022, todavía se sitúa por encima de los niveles previos a la pandemia y supera en unos 50 millones el número de personas que pasaban hambre hace diez años.
Para Acción contra el Hambre, el informe confirma una realidad cada vez más evidente sobre el terreno: el principal desafío ya no es únicamente producir suficientes alimentos, sino garantizar que las personas puedan acceder a ellos y, especialmente, a alimentos nutritivos.
“Los avances son positivos, pero no podemos caer en la complacencia. Seguimos hablando de 645 millones de personas que pasan hambre y de más de 2.690 millones que no tienen acceso regular a una alimentación adecuada. El hambre no es consecuencia de la falta de alimentos en el mundo, sino de la falta de acceso a ellos. Conflictos, pobreza, desigualdad y cambio climático continúan expulsando a millones de personas de una vida digna”, señala Manuel Sánchez-Montero, director general de Acción contra el Hambre España.
África, epicentro mundial del hambre
El informe refleja un cambio significativo en la geografía global del hambre. Por primera vez, África concentra el mayor número de personas que pasan hambre en el mundo: 309 millones de personas, frente a los 292 millones de Asia. En el continente africano, una de cada cinco personas vive en situación de hambre. Esta tendencia es el resultado de la combinación de conflictos prolongados, fenómenos climáticos extremos, desplazamientos forzados, inflación alimentaria y una creciente fragilidad económica.
Al mismo tiempo, el informe muestra que Asia y América Latina han logrado avances relevantes en los últimos años, demostrando que el hambre puede reducirse cuando existe crecimiento económico inclusivo, inversión social y sistemas de protección adecuados.
Para Acción contra el Hambre, esta es una de las conclusiones más importantes del informe: el hambre no es solo una consecuencia de la pobreza, sino también una de sus principales causas. Las sociedades que logran reducir el hambre generan más oportunidades económicas, fortalecen su capital humano, mejoran la estabilidad institucional y reducen riesgos de conflictividad y exclusión. «En un contexto internacional marcado por crisis sucesivas y crecientes tensiones geopolíticas, combatir el hambre es también una inversión en seguridad, prosperidad y cohesión social. Allí donde aumenta el hambre, aumentan igualmente la vulnerabilidad, la pobreza y el riesgo de inestabilidad; allí donde disminuye, se crean las condiciones necesarias para un desarrollo más sostenible e inclusivo», concluye Acción contra el Hambre.
Varios incendios a la vez, condiciones meteorológicas «especialmente adversas» y la necesidad de movilizar un importante volumen de recursos de administraciones públicas diferentes. En la mañana del domingo, 26 de julio, seguía sin estabilizarse el incendio que llevó al Gobierno a declarar hace dos días la emergencia nacional en la Comunidad de Madrid y Ávila tras la solicitud de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. La medida solo se había activado anteriormente con el apagón generalizado el pasado año.
El sábado por la tarde, el Ministerio del Interior amplió la declaración a la provincia de Toledo ante el avance de los fuegos, que siguen avanzando sin control debido al viento. Según el último balance, habían quemado alrededor de 45.000 hectáreas.
También preocupaba el domingo por la mañana el incendio que afecta a la Vall d’Uixò (Castelló). El incendio en el barranco de Manises (València) causó el sábado la muerte a un hombre de 78 años que quedó atrapado en su coche.
Última actualización el 26 de julio a las 10.30 horas.
El año 2025 arrancó con uno de los proyectos más ambiciosos de La Marea. En enero estábamos preparando la revista dedicada a La industria de los vientres de alquiler (número 105), con reportajes sobre el terreno de las periodistas Patricia Simón y Queralt Castillo desde Ucrania, Georgia y Grecia, cuando desde la redacción decidimos investigar a fondo las agencias que se dedican al negocio de la gestación subrogada desde España.
Fueron meses de trabajo especialmente complejos y agotadores, pero el esfuerzo mereció la pena. El resultado, disponible en abierto a través de una página interactiva, incluye la cobertura por la que recibimos el primer Premio Nacional de Periodismo de Investigación El Confidencial el pasado mes de junio.
Paradójicamente, este trabajo también ha supuesto la única demanda judicial en nuestros casi 14 años de trayectoria. El litigio ha sido considerado como una SLAPP (demanda estratégica contra la participación pública, por sus siglas en inglés) tanto por Media.cat como por el Centro Europeo para la Libertad de Prensa y Medios (ECPMF). Ambas organizaciones lo han incluido en sus respectivos anuarios.
Responder a la demanda de una agencia de gestación subrogada nos ha obligado a destinar recursos adicionales y a dedicar varias semanas a preparar nuestra defensa. Ese impacto tiene también un reflejo contable: las cuentas de 2025 incorporan por primera vez una partida específica de gastos legales, que el año pasado ascendió a 8.300 euros.
Nuevos proyectos
Por suerte, todo ese esfuerzo nos ha reafirmado en nuestra apuesta por el periodismo de investigación y de largo aliento. Es más que obvio que hay temas que apenas se tratan en los medios de comunicación, salvo cuando una efeméride los coloca durante unos días en la agenda mediática. Ocurrió el año pasado con el 50.º aniversario de la traición de España al pueblo saharaui. Pero ni siquiera entonces la cobertura fue tan amplia como cabría esperar en un país que sigue siendo, de iure, la potencia administradora del Sáhara Occidental.
En La Marea 108 publicamos un ambicioso dosier centrado en el Sáhara Occidental, en el que participaron varias personas y para el que asumimos el coste de enviar a una periodista a los territorios ocupados. Pero no nos quedamos ahí, sino que decidimos seguir incluyendo reportajes sobre la realidad del pueblo saharaui en nuestra revista durante los siguientes 12 meses.
La misma lógica guía nuestra reciente cobertura de las agresiones sexuales contra niñas, niños y adolescentes. Un dosier no basta para informar sobre un problema estructural que, según distintos estudios, afecta aproximadamente a una de cada cinco personas menores de edad. Por ello, tras publicar un especial sobre pederastia en el número 111, estamos buscando nuevos enfoques periodísticos que ayuden a concienciar sobre su alcance y consecuencias y, sobre todo, que contribuyan a la prevención.
2025 también fue el año en que tomamos conciencia de cómo la expansión de la inteligencia artificial estaba condicionando el trabajo periodístico. La Marea 106 estuvo dedicada a historias “humanas” sobre la IA. En el último número publicado, el 112, abordamos el tema desde el punto de vista del coste ambiental y social de los centros de datos, y denunciado la opacidad de este negocio en expansión.
Este tipo de periodismo es costoso en todos los sentidos. Por ello, es lógico que los gastos destinados a producir y difundir información sean los más abultados. De los 334.216 euros de gastos que tuvo La Marea el año pasado, 132.200 corresponden a salarios y cotizaciones sociales. A estos se suman los 107.809 en colaboraciones. Ambas partidas suman un 72 % del total del presupuesto.
Le siguen en volumen los gastos generales, desarrollo web y gastos financieros (13,19 %). La impresión, los envíos de revistas y recompensas para mecenas de crowdfunding ascendieron a 27.406 euros (8,2 %). En 2026 se imputarán el resto de gastos asociados a la última campaña de microfinanciación, ya que se están produciendo durante este año.
Ingresos
Al analizar los ingresos, que en 2025 ascendieron a 362.056 euros, se aprecia que el porcentaje más importante corresponde a nuestra comunidad: un 65,5 %. Por primera vez, contabilizamos en la misma partida a las personas que nos apoyan mediante una suscripción y a quienes lo hacen mediante una aportación en una campaña de micromecenazgo, una de las formas preferidas por nuestros lectores y lectoras de cofinanciar este medio editado por una cooperativa sin ánimo de lucro.
La campaña en Goteo en el último trimestre del año obtuvo 100.031 euros brutos, a los que hay que descontar la comisión de la plataforma, los gastos destinados a la campaña y los costes de la producción y envío de recompensas.
Los ingresos por publicidad en La Marea supusieron en 2025 un total de de 17.191 euros (4,75 %). El porcentaje de publicidad institucional sobre los ingresos totales fue un 0,69 %.
La partida de subvenciones y becas sumó 95.377 euros (26,3 %). La principal ayuda corresponde a la segunda parte del proyecto europeo TakTak, en el que participamos ocho entidades. Durante 2025, contabilizamos 58.790 euros por este concepto. De estos, 25.000 euros brutos se destinaron a la elaboración por parte de la Universidad de Málaga de dos libros blancos: uno sobre la situación de los periodistas independientes en Europa y otro sobre la financiación del periodismo independiente europeo.
Asimismo, La Marea recibió 29.450 euros del Ministerio de Trabajo y Economía Social, el 50 % de los costes de los proyectos CRM y Altacoop, el altavoz de las cooperativas.
La organización Journalism Fund concedió 5.700 euros a La Marea para financiar parte de la coordinación y edición de varios reportajes sobre gestación subrogada en Colombia, Irlanda y Países Nórdicos, y para diseñar y producir la página interactiva del proyecto.
El detalle de todas las ayudas, becas y subvenciones recibidas tanto por La Marea como por la cooperativa MásPúblico SCCL puede consultarse en su página de Transparencia.
La cooperativa MásPúblico SCCL
El superávit de 28.000 euros de ‘La Marea’ en 2025 es insuficiente para compensar las pérdidas del año pasado de la cooperativa, que ascienden a 38.542 euros. Estas se deben al déficit de Climática, medio de comunicación también editado por MásPúblico SCCL, que cerró el año con unas pérdidas de 66.381 euros.
A continuación, se detallan las cuentas de MásPúblico aprobadas por la Asamblea General el 25 de junio de 2025. Los resultados de Climática pueden leerse aquí.
Mayo es el mes de las graduaciones en Estados Unidos. Es costumbre que una figura distinguida se dirija a los recién graduados antes de su salto al mercado laboral con un discurso pensado para inspirarlos. A veces el efecto es el contrario. «El auge de la inteligencia artificial es la próxima revolución industrial», dijo Gloria Caulfield, alta directiva del sector inmobiliario, a los graduados de la Universidad Central de Florida. Le respondió una ola de abucheos. Sorprendida, la empresaria soltó una risita nerviosa y se giró hacia alguien situado junto al estrado, como si buscara confirmación de lo que acababa de pasar. «Guau… ¿Qué ha pasado?», preguntó Caulfield, visiblemente desconcertada.
Pocas semanas después le ocurrió algo parecido a Eric Schmidt, expresidente ejecutivo de Google, en la Universidad de Arizona. Tras mencionar que la revista Time había elegido a «los arquitectos de la IA» como personas del año 2025, una pitada lo interrumpió. «Sé lo que muchos estáis sintiendo. Os oigo», reaccionó Schmidt mientras los abucheos continuaban. «Hay un miedo en vuestra generación: que el futuro ya esté escrito, que las máquinas vengan, que los empleos se evaporen, que el clima se rompa, que la política esté fracturada y que vosotros heredéis un desastre que no habéis creado. Y entiendo ese miedo. Es racional». Sus palabras de comprensión no calmaron a la audiencia.
La de los estudiantes no es la única posición crítica. En todo el país, de forma transversal, la opinión pública se está posicionando en contra. Según una encuesta del Pew Research Center publicada en junio de 2025, la mitad de los estadounidenses están más preocupados que entusiasmados ante esta tecnología. La manifestación más visible de ese malestar es la oposición creciente a los centros de datos, la cara física de la IA, infraestructuras que rechazan siete de cada 10 estadounidenses, según una encuesta de Gallup. Algunos estados, como Maine, debaten moratorias para evaluar los riesgos ambientales y para la red eléctrica. La oposición, en otros casos, ya ha derivado en amenazas y ataques.
Intentar frenar la máquina
Una mañana de mayo, decenas de vecinos se concentraron frente al Ayuntamiento de Kenilworth, en Nueva Jersey, para oponerse a la construcción de un nuevo centro de datos para inteligencia artificial proyectado por CoreWeave. Llevaban carteles y cencerros. «Sé que quizá sea demasiado tarde para detenerlo», dijo una residente a una cadena de televisión local. «Pero confío en que, si logramos movilizar a suficiente gente de Kenilworth y las comunidades vecinas, tal vez consigamos que el gobierno municipal nos escuche», prosiguió.
Kenilworth es uno entre centenares de núcleos vecinales organizados para frenar la instalación de centros de datos. El observatorio Data Center Watch ha identificado 396 grupos de oposición activos en el país, una cifra en aumento constante. El observatorio cifró en 156.000 millones de dólares las inversiones que el año pasado fueron bloqueadas o aplazadas por la presión vecinal.
«La oposición contra centros de datos ha calado en el discurso dominante», dice Miquel Vila, investigador de la empresa de seguridad informática 10a Labs, que creó Data Center Watch. «Ahora no es solo una cosa que preocupe a los grupos de ciudadanos que tienen un centro de datos en su comunidad», añadió.
Desde que su equipo comenzó a monitorizar el fenómeno, afirma Vila, el ánimo público ha cambiado. Donde antes la gente carecía de una opinión clara o solo se movilizaba ante proyectos concretos, hoy se percibe un rechazo generalizado y transversal en el discurso político. «Vemos rechazo desde todos los sectores. De la izquierda, de la derecha, del centro, de arriba a abajo», asegura Vila.
Esa transversalidad tiene una explicación que va más allá del miedo laboral. Cecilia Rikap, economista argentina, profesora asociada del Institute for Innovation and Public Purpose del University College London y autora de Teoría de la dependencia digital, sostiene que la oposición a los centros de datos descansa también en un cálculo material que hasta ahora se sigue subestimando en el debate público: a diferencia de otras grandes infraestructuras, estos proyectos no devuelven al territorio nada parecido a lo que prometen. «Un centro de datos no es un tipo de inversión tradicional en infraestructura. No son generadores de empleo: lo único que generan es empleo de construcción. Cuando el centro de datos está funcionando, son unas pocas docenas de personas las que trabajan en puestos técnicos», explica Rikap. «Y a su vez destruye las economías regionales, porque por el nivel de consumo de energía eléctrica y de agua potable, nadie puede poner al lado ni un café, ni un local de nada».
A esa ausencia de efecto derrame se suma, según Rikap, una distorsión contable que infla las cifras anunciadas: «En Brasil, el cálculo estaba hecho: el 85% de la inversión declarada eran insumos importados». Frente a esa presión, cada vez más iniciativas legislativas intentan poner límites a la expansión del sector, especialmente en el principal país de esta explosión: Estados Unidos.
En Maine se debate una medida que, de aprobarse, paralizaría la construcción de centros de datos de más de 20 megavatios. En Virginia, los legisladores estatales discuten retirar las exenciones fiscales multimillonarias que han convertido al estado en el principal núcleo mundial de centros de datos. En Carolina del Sur, la congresista republicana Nancy Mace impulsa una moratoria de un año y ha prometido exigir a los operadores que generen su propia electricidad para no encarecer la factura del resto de consumidores. «Las reglas son simples: que los centros de datos paguen lo que les corresponde o por aquí que no vengan», escribió en X. En marzo, el senador progresista Bernie Sanders y la congresista demócrata Alexandria Ocasio-Cortez presentaron una propuesta de moratoria nacional a la construcción. Según lo relevado por Vila y su equipo, muy pocos políticos se atreven a defender estas infraestructuras, sobre todo en el ámbito local. «Independientemente de cuál sea su opinión sobre el tema, tienen que oponerse al centro de datos porque si no, no van a ser elegidos. Y esto va a pasar en ambos partidos», afirma.
La profecía hecha realidad
La oposición, en algunos casos, se ha manifestado a través de protestas violentas. La noche del 6 de abril de 2025, alguien disparó 13 veces contra la puerta principal de la casa de Ron Gibson, concejal demócrata del consejo municipal de Indianápolis, y dejó en el felpudo, dentro de una bolsa hermética, una nota: «No Data Centers». Gibson dormía dentro con su hijo de ocho años. Ninguno resultó herido. Una semana antes, la Comisión Metropolitana de Desarrollo había aprobado la recalificación del suelo para un centro de datos de la empresa Metrobloks en el distrito de Gibson, un proyecto que el concejal había respaldado públicamente. La principal plataforma vecinal contraria a la instalación, Protect Martindale-Brightwood, condenó el ataque y negó cualquier vinculación.
Un mes después, un escenario parecido se repitió en Utah. El 4 de mayo, los tres comisionados del condado de Box Elder aprobaron por unanimidad el proyecto Stratos, impulsado por el inversor canadiense Kevin O’Leary, conocido por el programa de televisión Shark Tank. Será uno de los mayores centros de datos del mundo: una extensión de unas 16.200 hectáreas, más superficie que la isla de Manhattan, y una capacidad prevista de hasta nueve gigavatios, más electricidad de la que consume todo el estado de Utah. Los tres comisionados recibieron amenazas de muerte. Entre los mensajes obtenidos por la cadena ABC4 al amparo de la ley de transparencia, uno decía: «Los tres podéis morir».
Al mismo tiempo, en Rumble, una plataforma que aloja contenidos vetados por YouTube por difundir teorías conspirativas y anticientíficas, abundan los vídeos de influencers con cientos de miles de seguidores que presentan los centros de datos como parte de una guerra contra la humanidad. A principios de mayo, el canal The People’s Voice publicó un vídeo titulado «Centros de datos construidos para matar y reemplazar a 200 millones de estadounidenses antes de 2030». «La IA representa la convergencia de todos los miedos asociados a las nuevas tecnologías», sostiene Mauro Lubrano, profesor de relaciones internacionales de la Universidad de Bath, en Reino Unido, y autor del libro Stop the Machines: The Rise of Anti-Technology Extremism.
Según Lubrano, el sentimiento antitecnológico suele anclarse en tres dimensiones distintas. La material: el temor a la pérdida de empleo y al impacto ambiental. La espiritual: la alienación y la pérdida de agencia. Y la existencial: el miedo a que una tecnología acabe con la humanidad.
«La IA atraviesa todas estas dimensiones», dice Lubrano. «Es la suma de todos los miedos, representa los mayores temores en lo que a tecnología se refiere. Para algunas personas, es una una profecía que se hizo realidad». Si no aumentan la transparencia y la participación ciudadana en estos procesos, Lubrano teme un incremento de los niveles de violencia. «Hay personas para las cuales este es un sistema que no se puede reformar. Y, por lo tanto, debe ser destruido», concluye.
Muchas aplicaciones gratuitas de streaming pirata (instaladas en algunos televisores y cajas Android) esconden un pequeño programa que convierte estos dispositivos en una puerta de entrada a la conexión de casa. Eso permite a personas y empresas de cualquier parte del mundo hacer pasar su tráfico por tu conexión a internet. Quien reciba ese tráfico (una web, una tienda online, un banco) verá tu dirección IP, no la de quien realmente está detrás.
Este mercado tiene un nombre, proxies residenciales, y se vende como un servicio legal: las empresas que lo ofrecen alquilan millones de conexiones domésticas a clientes que, en teoría, las usan para tareas comerciales, como comprobar precios desde distintos países. El problema, según una serie de investigaciones de la organización de seguridad digital Qurium Media Foundation, es doble: buena parte de esas conexiones se consiguen sin que sus dueños lo sepan, y buena parte del tráfico que circula por ellas no tiene nada de inocente.
Qurium empezó a tirar del hilo cuando la web de una organización de periodismo de investigación jordana recibió, en apenas un día, una avalancha de visitas automatizadas desde 1,35 millones de direcciones de internet de todo el mundo. Siguiendo el rastro, los investigadores encontraron un componente oculto, conocido en la comunidad de seguridad como «Popa», instalado en decenas de aplicaciones populares que ofrecen contenido sin licencias de distribución para ver deporte y películas gratis, como CRICFy, DooFlix o Sportzfy, y hasta en una versión manipulada de SmartTube, una conocida app para ver YouTube en televisores Android. El programa no pide permiso al usuario, y Google estima que la red llegó a incluir más de dos millones de dispositivos en todo el mundo.
Detrás de todo eso, según las conclusiones de Qurium, está la empresa israelí NetNut, que pertenece al grupo cotizado en bolsa Alarum Technologies. Qurium llegó hasta ella siguiendo el rastro de las sociedades que gestionaban la infraestructura, una de las cuales estaba registrada a nombre de un cofundador de NetNut. En respuesta a los investigadores, la compañía rechaza las acusaciones y sostiene que estos hallazgos son inexactos y que su software solo funciona con el consentimiento de los usuarios.
Qurium, que denomina a esta operación Nutcracker (cascanueces, en inglés), comprobó qué sucedía con las conexiones “prestadas” haciendo que sus propios dispositivos formaran parte de la red. Tras hacerlo, recibió millones de peticiones relacionadas con publicidad, apuestas, criptomonedas y compra masiva de entradas (incluidas entradas del Mundial de fútbol de 2026), además de campañas de correos fraudulentos que podrían utilizarse en actividades maliciosas o de fraude.
«Los operadores afirman que obtienen su infraestructura de forma ética, pero nosotros podemos demostrar que los dispositivos se captan mediante puertas traseras escondidas en aplicaciones, por ejemplo en servicios de streaming gratuito», explica a La Marea Tord Lundström, director ejecutivo de Qurium. Y no se trataría de excepciones. «Todo lo que hemos registrado proveniente de estas redes son actividades enormemente abusivas».
¿Qué puedo hacer yo?
Poca cosa, más allá de no entrar en el juego. «Los usuarios deberían pensárselo dos veces antes de descargar aplicaciones y servicios gratuitos para evitar pagar», advierte Lundström. «Lo mismo aplica a los dispositivos que dan acceso a canales de pago: lo más probable es que tengan una puerta trasera», añade. Detectar la infección por cuenta propia, admite, está fuera del alcance del usuario medio. Tras estos hallazgos Google ha configurado su sistema de protección de Android, Play Protect, para avisar y desactivar las aplicaciones afectadas.
Asimismo, Google anunció el desmantelamiento de las cuentas que controlaban la red el pasado 2 de julio. Ese mismo día, el FBI incautó sus dominios principales, en los que ahora aparece un aviso de decomiso. Tras esta operación, Alarum emtió un comunicado. La compañía asegura que se toma este asunto muy en serio y que cooperará plenamente con las autoridades para garantizar que cualquier uso debido de su infraestrudcdtura sea investigado a fondo y que los responsables rindan cuentas.
Qurium, que sigue la actividad de la red en tiempo real, vio cómo desde ese momento se desplomaba su tráfico a medida que se desmantelaban muchas de sus cuentas, pero advierte de que no es un apagón total. Por el momento, es solo una «victoria simbólica»: buena parte de la infraestructura sigue activa y NetNut no es la única empresa en este negocio. «Necesitamos una rendición de cuentas real. Muchos de estos proveedores son conocidos por la comunidad de investigación, pero se ha tomado poca o ninguna acción contra ellos», argumenta.
Si uno decide visitar el Museo Nacional y Centro de Arte Reina Sofía (MCARS) de Madrid, seguramente en la puerta se encuentre con varios trabajadores que advierten de la huelga del servicio de atención al público que realizan desde el 13 de junio. Se trata de algo más de una veintena de empleados que cumplen con un trabajo estructural y continuado en la pinacoteca pero que, sin embargo, son gestionados a través de contratos externalizados a terceras empresas. La gota que ha colmado un vaso ya demasiado rebosante han sido los nuevos pliegos. Según explica Víctor –prefiere no dar su apellido–, portavoz del sindicato Solidaridad y Unidad de los Trabajadores (SUT), que da cobertura a los paros, el Museo ha licitado el servicio con la desaparición de dos puestos de atención al público por turno.
De esta forma, la nueva compañía adjudicataria tendrá que ejecutar dicha reducción como despido o como reducción horaria con la consiguiente reducción salarial. Desde el Reina Sofía han respondido a La Marea que esta reducción “responde precisamente a una reivindicación sindical reiterada sobre las condiciones climáticas intolerables que presentan los puntos de información situados en el Palacio de Velázquez y el Palacio de Cristal”.
Por su parte, Víctor contradice esta versión. Según asegura, la plantilla en la sede principal del Museo, en la plaza de Juan Goytisolo, siempre ha sido de diez posiciones por turno que ahora se reducen a ocho. “Esto no tiene nada que ver con las posiciones de palacios cuando estaban abiertos hace dos años que eran tres por la mañana, tres por la tarde y tres el fin de semana”, a las que se añadían una decena más en la sede principal.
El SUT recuerda que el Reina Sofía ha experimentado un incremento paulatino del número de visitantes, hasta que este 2025 han superado los 1,6 millones. “Pese a esto, la dirección quiere reducir un 20% la plantilla de atención al público, la que se dedica a la accesibilidad universal al centro, la necesidad de sillas de ruedas, atención e identificación de grupos, validar entradas, así como informar sobre los accesos”, reitera el portavoz.
Este servicio indispensable para el Museo se encuentra externalizado, al igual que el de mediación cultural, cuya plantilla decidió secundar los paros desde su comienzo hasta el pasado 24 de junio. El MNCARS ha detallado que la última oferta de empleo pública resuelta, que corresponde a 2020 pero ofertada en 2025, recogía ocho plazas de informadores que resultaron vacantes. “En los tres años que esta dirección lleva al frente del Museo la plantilla ha aumentado en más de 160 personas, reduciéndose en 140 los contratos externalizados de vigilancia de sala”, han cifrado.
Denuncian los servicios mínimos
La huelga también ha encontrado cierto conflicto con los servicios mínimos establecidos por el Ministerio de Cultura, marcados en un 30%. Desde el SUT denuncian que los servicios mínimos están pensados para servicios de “inaplazable necesidad” que experimentan huelgas por parte de la plantilla que los ofrece. “Y ahora obligan a unos servicios mínimos en un museo que cierra cada martes y domingo por la tarde con la excusa de garantizar el acceso a la cultura”, insiste Víctor. El sindicato considera falso que no poder entrar al Reina Sofía por un conflicto laboral sea motivo suficiente para poder afirmar que por ello se vulnera el derecho a la cultura de la población. Ya han recurrido esta medida implantada por la cartera que tiene a Ernest Urtasun al frente.
“Con esta decisión, que toma el Ministerio, que no es un ente imparcial sino el responsable directo del Museo, sabotean y diluyen totalmente nuestra fuerza frente a la prepotencia institucional y los despidos”, añade Víctor. Cultura ha afirmado a La Marea que el Tribunal Constitucional dictamina que el responsable de establecer los servicios mínimos en una huelga es el órgano gubernamental con competencias en la materia y en los servicios afectados por la misma. “Al ser una cuestión de cultura, le corresponde al Ministerio de Cultura”, han dictaminado.
Tal y como han remarcado, para decretar los servicios mínimos se han basado en jurisprudencia del Tribunal Constitucional y en dos cuestiones: la “relevancia singular dentro del sistema cultural español” que posee el MNCARS por tratarse de la institución nacional de referencia para la conservación, investigación, exhibición y difusión del arte moderno y contemporáneo; y que “el acceso a la cultura es un derecho constitucional que cualquier administración competente debe garantizar”. Según defienden, se han decretado unos servicios mínimos que garantizan tanto el derecho al acceso a la cultura como el derecho a huelga.
Los efectos de la huelga
Pese a los servicios mínimos establecidos, los paros se dejan ver en las largas colas que se forman a la entrada del Museo, sobre todo en las franjas horarias gratuitas o determinados días de especial afluencia, ya que una de las funciones de la plantilla de atención al público es la validación de entradas. “El Museo ha utilizado a personal propio y a vigilantes de seguridad para sustituir a los huelguistas y hacer que su presión se reduzca”, afirma Víctor, quien apunta a que el SUT también ha denunciado estos hechos ante los tribunales de lo Social. El Museo, por su parte, niega cualquier tipo de sustitución de huelguistas.
El primer impacto directo de la protesta laboral ha sido el cierre del acceso por el edificio Nouvel. Asimismo, el SUT reivindica un descenso de hasta un millar de visitantes desde que comenzó la huelga, un extremo confirmado por el MNCARS, aunque no lo relacionan directamente con los paros. “Si el Ministerio no hubiera establecido los servicios mínimos, el Museo ya se tendría que haber sentado con la plantilla para negociar las futuras licitaciones. Así no habría habido ninguna huelga y el servicio no se habría degradado”, esgrime el portavoz del SUT.
Asimismo, Víctor aclara que cualquier comprador online de la entrada al Reina Sofía no sabrá hasta que llegue al museo que menos de un tercio de la plantilla de atención al público estará en disponibilidad de atenderle. “Una parte no desdeñable pero de difícil cuantificación de los visitantes se solidariza con nosotros al conocer nuestras demandas y no entra al ver cómo la institución tiene un discurso específico de puertas para afuera pero que no se corresponde con la realidad”, prosigue el portavoz. Las pantallas del centro de arte sí advierten in situ de los paros en el servicio de atención al público.
El equipo de 22 trabajadores de la plantilla de atención al público mantiene los ánimos altos gracias a la solidaridad de los primeros días de sus compañeros de mediación cultural y de la caja de resistencia que tantas personas están engrosando con sus aportaciones. “Estamos ante cuatro despidos y un enfado muy grande por el desdén y la hipocresía institucional del Museo”, recalcan desde el SUT.
Un cátering cuesta más que un salario anual
La cuantía de los salarios tampoco ayuda. El sindicato sostiene que los trabajadores de atención al público perciben unos 13.000 euros al año cuando el director de la institución, Manuel Segade, se embolsa más de 145.000 euros anuales. Le siguen la subdirectora con casi 96.000 euros y el director de gabinete, con más de 88.000 euros. Solo el cátering que el MNCARS encargó hace unas semanas para celebrar su 40 aniversario ya costó 14.000 euros, tal y como han confirmado fuentes internas del Museo.
“Aquí hay trabajadores obligados a trabajar que van a ser despedidos dentro de unas semanas. Hoy son imprescindibles, mañana se van a la calle y no pueden hacer huelga contra su propio despido. Que se fomente esto desde un Museo que, al menos desde su márketing, defiende toda una serie de discursos alternativos y progresistas, es especialmente grave”, finaliza el portavoz.
Por último, el MNCARS ha incidido en que la dirección “ha trabajado conjuntamente con las organizaciones sindicales mayoritarias que representan a las más de 700 personas que integran la plantilla del Museo Reina Sofía con el objetivo de mejorar las condiciones laborales dentro de la institución”. Además, han subrayado que en un contexto de tres años con los presupuestos prorrogados se ha disminuido la rotación de personal, se ha reducido la salida de trabajadores y trabajadoras fuera del Museo y existe un buen clima laboral.
“La defensa de niñas, niños y adolescentes” es, desde el 25 de junio de 2026, uno de los principios editoriales de MásPúblico SCCL. Así lo decidieron los socios y socias de la cooperativa que edita La Marea y Climática en su Asamblea General, celebrada en Barcelona. La decisión va acompañada del compromiso de informar y concienciar sobre las agresiones sexuales contra las personas menores de edad, un problema estructural que afecta a una de cada cinco personas en su infancia o adolescencia.
Tras publicar un amplio dosier en el número 111 de La Marea, centrado en la necesidad de hablar y escuchar para poder afrontar y prevenir los casos de pederastia –la mayoría cometidos por familiares y conocidos– la redacción de este medio propuso dar un paso más. Desde mayo, publicamos regularmente artículos que contribuyen a la visibilización de un problema considerado todavía un tabú en la sociedad. Todos ellos incluyen al final del texto el teléfono 116111, correspondiente a la línea de atención a la infancia y la adolescencia.
En La Marea entendemos que los medios de comunicación debemos ejercer nuestra función de servicio público para concienciar sobre la dimensión de este problema silenciado e informar también de los recursos y las medidas que pueden ayudar a prevenir las agresiones y a abordarlas adecuadamente cuando se han producido.
La cooperativa MásPúblico nació en 2012 con los siguientes principios editoriales aprobados por sus socios y socias: la defensa de lo público, la igualdad, la laicidad, la economía justa, la memoria histórica, el trabajo digno, la defensa del medio ambiente, el derecho a la vivienda y la cultura libre. Además, manifestaba su interés por informar sobre los movimientos sociales y la regeneración democrática.
En la Asamblea General de 2013, a petición de un socio usuario (lector) y tras un intenso debate, los cooperativas aprobamos incluir como principio editorial el “derecho a la soberanía de los pueblos”, entendiéndolo “como el derecho de éstos a ser reconocidos como tales, a definir sus propias formas de gobierno y modelo político y económico, así como a buscar sus propias formas de desarrollo cultural y humano”.
En 2014, a propuesta de la redacción, se aprobó incorporar el “feminismo” como uno de los principios explícitos de la cooperativa, ya que consideramos que el concepto de “igualdad” era demasiado genérico y que era necesario dejar claro el compromiso del medio con el feminismo como herramienta para avanzar hacia la igualdad real entre mujeres y hombres.
Si deseas más información para ser parte de la cooperativa MásPúblico, escríbenos a consejorector@maspublico.com.
Este reportaje se publicó originalmente en papel, en La Marea 111. Puedes conseguir un ejemplar y suscribirte en nuestro kiosco.
La Guerra Civil podría haber terminado meses antes de aquel 1 de abril de 1939. La victoria del bando golpista vino precedida por una operación de inteligencia, diplomacia y logística sin parangón en la historia bélica hasta aquel momento. La rendición tenía que ser total. No hubo espacio para armisticio alguno. Todos los presos fieles a la República serían tratados como presos comunes, no como prisioneros de guerra. Tampoco alargar la contienda habría significado entrar en la Segunda Guerra Mundial. Aquel primero de abril, la Guerra Civil llegó a muchos lugares que no la habían vivido. La épica cacareada por los gallos de la victoria no fue tal. La rendición al completo estuvo medida al milímetro, no así la crueldad que se desataría en cada lugar en el que los vencedores tuvieran sed de venganza.
Estas son las grandes tesis que deja tras de sí Cómo terminó la guerra civil española (Crítica, 2026), un extenso ensayo que contiene documentación con información procedente de fuentes hasta ahora no accesibles a los investigadores. En él, Gutmaro Gómez Bravo reescribe los días clave en los que el bando franquista pergeñó la victoria incondicional. Este catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) huye de la versión más extendida y se aleja de las desavenencias entre los gerifaltes militares republicanos para poner la mirada sobre los golpistas: «Su operación fue todo un éxito», adelanta.
El investigador asegura que la contienda podría haber concluido el 31 de enero, tras la caída de Barcelona, porque el conflicto ya se encontraba resuelto desde el plano militar. «Es en el cuartel general de Burgos donde se decide otro final. Quieren una rendición sin condiciones de los republicanos y evitar una mediación internacional y un tratado que convirtiera a los presos en prisioneros de guerra», explica Gómez. Lo consiguieron, pero solo tras un trabajo calculado hasta el mínimo resquicio.
Entre el hambre y el perdón
Junto al bando golpista, que se veía a sí mismo más victorioso cada día que pasaba tras la victoria en la batalla del Ebro y la caída de Catalunya, luchaba el hambre. «El hambre es decisiva para esta estrategia de rendición que proyectan, sustentada también en la guerra psicológica», sostiene Gómez. La aviación franquista bombardeaba con pan las grandes ciudades republicanas que sobrevivían con gran dificultad al asedio. En los paquetes, proclamas que aseguraban que las personas que no tuvieran las manos manchadas de sangre no tenían nada que temer.
Ejemplar de octavilla lanzada por el bando golpista sobre las ciudades asediadas. EDITORIAL CRÍTICA
El historiador asegura que los franquistas proyectaron la rendición a través del hambre y la promesa del perdón. «Lo que no querían era tener que combatir en las ciudades, como pasará en la Segunda Guerra Mundial. Buscan una rendición ordenada, planimétrica, y lo comunican dándole la vuelta. Dicen que la culpa del hambre son los republicanos y la resistencia», añade el también director del Grupo de Investigación de la Guerra Civil y el Franquismo de la UCM.
Europa, a favor de Franco
El plano internacional fue determinante en estas últimas semanas de conflicto. En su ensayo, Gómez corta esa línea recta historiográfica trazada entre el final de la Guerra Civil y la posibilidad de que estallara la Segunda Guerra Mundial. Consultada la documentación de Inglaterra y Alemania, el historiador resuelve que «a partir de la caída de Catalunya todo el mundo quiere que la guerra termine». Es precisamente en enero de 1939 cuando tanto soviéticos como alemanes, que pronto firmarían entre ellos el pacto de no agresión, empezarían a virar sus posiciones.
Las jornadas que pasarían a la posteridad se suceden. El 15 de febrero, los británicos reconocen en secreto a Franco como jefe del Estado, una decisión que harán pública el día que Francia también la tome. El día 27 hacen lo propio los franceses, justo una semana después de que España haya firmado, también en secreto, el tratado Antikomintern, que confirma la entrada militar de España en el Eje junto a Alemania, Italia y Japón, y que hará público el 31 de marzo, el último día de guerra en España.
Durante marzo, el último mes antes del fin de la contienda y el inicio de la dictadura, desde Burgos los franquistas se esmeran en hacer llegar a los republicanos las normas que deberán respetar en la rendición. «Se da un encuentro entre los militares del Estado Mayor de los dos ejércitos cuando, en realidad, ya trabajan para el mismo. Ahí se ve cómo el servicio de inteligencia franquista ha absorbido al servicio republicano. Les dan órdenes, trabajan juntos. No los matan, los utilizan», apostilla Gómez tras haber recabado esta información durante visitas a archivos extranjeros.
La entrada en Madrid
El coronel José Ungría es uno de los grandes nombres propios de esta historia. Sabedor de su papel decisivo a la hora de crear un gran aparato de información en el territorio republicano, Francisco Franco le encargó que definiera el desenlace de la guerra desde la perspectiva militar. Gracias a él, el Estado Mayor de Burgos terminó absorbiendo al Estado Mayor leal a la República.
José María Taboada Lago es otro de los nombres determinantes en el fin de la guerra. Secretario de Acción Católica, se movió diplomáticamente para interrumpir la mediación iniciada por el Vaticano en la Navidad de 1938 y, más tarde, se encargó de la unificación de las fuerzas derechistas en la capital, Madrid, republicana hasta el final de la guerra. Para salir de sus escondites y saludar al nuevo régimen que arrebataría la democracia a España durante cuatro décadas, Taboada y sus seguidores tenían que estar atentos a Radio Nacional. «Cataluña está nublado» significaba que la operación no había culminado en la región mediterránea; «geografía extensa», que se acercaban a la capital; y el día que anunciaran un «reparto de caramelos» en Madrid, sería la jornada señalada para que los franquistas tomaran la ciudad tras casi tres años de guerra.
Ungría y Taboada son dos de las entradas que recoge un dramatis personae con el que, acertadamente, la editorial Crítica ha decidido acompañar el ensayo y cuyas definiciones casi alcanzan las siete decenas. Entre ellas se cuentan personajes como Manuel Azaña, Pablo de Azcárate, Julián Besteiro, el cardenal Isidro Gomá y Diego Martínez Barrio, al igual que entidades o conceptos, como Comité propaz civil, Consejo Asesor, Consejo Nacional de Defensa y Servicio de Información y Policía Militar.
Por otro lado, los sindicatos no perdieron su papel predominante. La ocupación de las grandes ciudades por parte de los franquistas estuvo pactada con la UGT y la CNT, «quienes representaban realmente el primer gobierno de Francisco Largo Caballero frente al de Juan Negrín», apunta el historiador. Gómez apunta que la entrega de Madrid tenía que venir acompañada del aseguramiento de industrias como la logística, las comunicaciones, el Metro, el agua o la electricidad. «Hacen coincidir la transición con la ocupación, y es un éxito de manual para ellos», agrega.
Necesidad de rendición
De todas formas, la caída de Madrid el 27 de marzo estuvo precedida por una operación planificada y pensada para que todo concluyera como deseaban los franquistas. Dos días antes tuvo lugar la entrega de toda la aviación republicana que quedaba. «Después vendieron una victoria clara, pero estuvo planeada al milímetro porque no se fiaban: los republicanos que se rendían seguían siendo 400.000 hombres armados», detalla el autor del ensayo. Llegaba el tiempo de las salvas al aire como gritos de rendición, de sacar la bandera blanca, de que los militares republicanos se descosieran una manga de su uniforme.
Gómez recalca que esta versión de los hechos, contada desde la perspectiva interna del bando franquista, quedó opacada con el paso de los años. «Los protagonistas nunca lo contaron y la población en general desconoce que llegaron hasta este nivel de acuerdo, que realmente el ejército de Franco necesitó que los otros se rindieran y entregaran. Siempre ha parecido que se debió a una conquista, algo épico, pero no es así», se explaya.
EDITORIAL CRÍTICA
El historiador, preguntado por aquello que le ha parecido más llamativo de esta investigación que le ha llevado años, responde que «el nivel de orden» que ejecutaron los franquistas a la hora de la rendición. Pero no solo eso. «Ahora vemos las consecuencias que tuvo ese final tan planificado a nivel logístico, diplomático y militar, algo muy complejo. Sin embargo, también vemos que a nivel local se desató una venganza brutal», comenta. Así lo refleja en su trabajo: la fase final de la operación «llevó a la rendición, al cese de las hostilidades, pero también al castigo masivo de la población civil».
El 1 de abril llegó el último parte de guerra, el único firmado a título particular por Franco: «En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado». Sin embargo, la batalla por la verdad se sigue librando investigación tras investigación precisamente para desterrar lo maniqueo, aquello que Gómez describe así en su libro: «Seguimos en una historia de vencedores y vencidos, de héroes y villanos, de ingenuos y clarividentes. Una historia, en definitiva, de buenos y malos».
Cuando en marzo del año pasado Ángel García recibió la multa, no se lo podía creer. “Todavía no sé qué hice, esa es la triste desgracia”, dice este jubilado de 74 años, miembro de la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (COESPE), que fue sancionado por la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza. Y no es el único damnificado del colectivo por esta controvertida norma. Paco Cepeda, sindicalista y colaborador de COESPE, también ha sido multado. En su caso, denunció agresiones policiales. En ambos procedimientos, la versión policial se sustenta únicamente en el testimonio de los agentes.
Por eso, este jueves, la Coordinadora ha registrado en el Congreso alrededor de 130 cartas procedentes de diversas organizaciones y plataformas estatales dirigidas a los parlamentarios y, en concreto, al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. “Queremos que paralicen los expedientes de sanción a nuestros compañeros y la derogación de la Ley Mordaza”, reivindicó Damián Rodríguez, portavoz de COESPE a nivel estatal, antes del acto de entrega.
“En ambos casos hemos hecho todos los recursos posibles para defender que las denuncias realizadas por la Policía Nacional eran absolutamente falsas”, sostiene el portavoz a La Marea. La COESPE insiste en la “arbitrariedad” de la ley y denuncia que persigue “reprimir las movilizaciones sociales y a los activistas”. Rodríguez afirma, asimismo, que la Ley Mordaza es “absolutamente subjetiva y da todo el poder a las interpretaciones de la Policía, lo que provoca situaciones incomprensibles”.
A pesar de ser una promesa electoral repetida hasta la saciedad por parte del PSOE, la norma continúa vigente. “Es un incumplimiento más de los que nos tiene acostumbrados este y otros gobiernos”, añadió el portavoz estatal.
Paco Cepeda, sindicalista y colaborador de COESPE, multado por la Ley Mordaza. G. M.
Sin incidentes: multa de 1.200 euros
Una de esas situaciones incomprensibles de las que habla Rodríguez la está viviendo Ángel García. Sucedió en mayo de 2024 y hasta marzo del año siguiente no tuvo noticia de la sanción. Como cada tercer miércoles de cada mes, el colectivo se manifestaba frente al Congreso: “Yo suelo ser una de las personas que comunica la protesta en Delegación del Gobierno, y normalmente no hay ningún problema con la Policía”, relata.
El también portavoz de la COESPE en la Comunidad de Madrid y en Pinto terminó multado con 1.200 euros por desacato a la autoridad y por haber insultado gravemente a los agentes, siempre según lo esgrimido por la parte denunciante. “A mí no me identificó nadie, excepto al principio de la manifestación como convocante, y luego no pasó absolutamente nada. Nadie recuerda que sucediera lo que dicen que sucedió”, se defiende.
Según la versión policial, García llamó por el megáfono “hijos de puta” a los policías destinados a controlar la protesta. “Yo no suelo utilizar esos términos. Nadie se lo explica porque no hubo ningún tipo de enfrentamiento”, añade el jubilado. La COESPE siempre lleva a cabo movilizaciones pacíficas, en las que corean sus conocidos lemas, como “gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden”. “Sería absurdo que nosotros nos pegáramos o insultáramos a nadie. Con la edad que tenemos, imagínate la violencia que utilizamos. Cero”, completa Rodríguez.
Hasta en tres ocasiones han intentado la retirada de la sanción a García mediante diferentes alegaciones. “Ahora lo tiene que decidir el Ministerio del Interior. Espero que vean cómo no hay ninguna prueba que acredite que yo insulté a los policías, tan solo un informe emitido por un agente que dice que he desobedecido las órdenes y que he faltado gravemente al respeto”, dice este integrante de la Coordinadora en defensa de las pensiones.
Él tampoco entiende cómo un Gobierno que asegura ser progresista continúa al frente del Ejecutivo con la Ley Mordaza en vigor. “Perjudica a todos los que luchamos en la calle. Por protestar, ya tienes las de perder”, asegura el activista. Llegado el caso de que la justicia ratificara la sanción que pesa sobre él, García señala que no la abonaría. “Yo la podría haber pagado ya porque mis circunstancias me lo permiten, pero no voy a aceptar algo que es una mentira, una farsa y que no tiene ni pies ni cabeza”, zanja el asunto.
Denunciado y golpeado por la Policía
Su compañero de Getafe Paco Cepeda tiene 63 años, es delegado sindical de CC. OO. en una empresa de artes gráficas y apoya siempre que puede a COESPE. Todavía recuerda aquel 18 de junio del año pasado: “Al llegar al Congreso en la manifestación de los miércoles, la Policía de alguna manera provocó a las compañeras que portaban la pancarta. Les dijeron que si no estarían mejor en su casa preparando la comida”, introduce.
Al escuchar aquello, Cepeda se acercó al lugar: “sin mediar palabra me empujaron, me tiraron al suelo y me golpearon”, denuncia. El parte médico realizado después atestigua hematomas recientes en la cara interna del brazo derecho de “gran tamaño”, así como un eritema “por presión en brazo izquierdo”.
El encontronazo se saldó con una sanción de 700 euros. Según la versión policial, el sindicalista increpó a los agentes, quienes le dijeron que depusiera su actitud, a lo que hizo caso omiso. “Incitó al resto de manifestantes, lo que provocó un conflicto de orden público. Posteriormente, se le solicita que se identifique, a lo que se niega de manera reiterada a la vez que intenta ocultarse entre la masa y abandonar el lugar, procediendo por tanto a la comisión de una desobediencia a unos agentes de la autoridad en el ejercicio legítimo de sus funciones”, dejaron por escrito.
Una vez más, la Policía no ha aportado ninguna prueba y tan solo el testimonio del agente hace valer su versión de los hechos. “No puede haber nada que secunde su versión, porque no tuvo lugar lo que ellos dicen que pasó. Y tengo que ver bien cómo va mi denuncia por la agresión que sufrí, no sé si está parada en el juzgado o es que la misma comisaría no la ha tramitado”, dice el activista un año después de los hechos.
Llegado el momento, Cepeda admite que no pagará la cuantía. “Lo que yo he hecho es defender el sistema público de pensiones, que no me parece nada malo”, finaliza. Pasadas las 12.30 horas, el registro del Congreso de los Diputados contaba ya con las 130 misivas entregadas por cinco delegados de la COESPE. Así finaliza un intento más de hacer cambiar de opinión, antes de un futurible viraje del Gobierno hacia la derecha, a los parlamentarios que todavía apoyan la vigencia de la Ley Mordaza.
En un lugar de La Mancha, pero esta vez en el siglo XXI, los Quijotes que sueñan con un mundo justo y respetuoso con la vida en general han cambiado la lucha contra los molinos por la lucha contra los centros de datos, unas infraestucturas que, con el auge de la inteligencia artificial (IA), están colonizando poco a poco España con la promesa de nuevos empleos. Talavera de la Reina es uno de los centros neurálgicos, pero también Aragón, Madrid y Extremadura.
Los centros de datos consumen gigantescas cantidades de agua y energía eléctrica. Acaparan suelo y dejan contaminación. ¿Es posible que la extracción de estos recursos desestabilice los territorios en los que se instalan? Según muchos expertos, sí, pero tampoco hay cifras exactas. Esa es la principal cualidad de este floreciente negocio: la opacidad, los pactos secretos con las administraciones, el cabildeo, la política de hechos consumados. La Marea dedica el dossier principal de su nueva revista en papel a estos nuevos «paisajes del poder», como los denomina el investigador Manuel García.
La falta de transparencia que los caracteriza impide, en muchas ocasiones, que la ciudadanía conozca el impacto real al que se enfrenta cuando estos nuevos gigantes recalan en sus territorios, donde antes había vida, donde antes había historia o, siendo más directos, donde antes había una línea de transporte público o cosechas o una depuradora de agua. En este número, realizamos una panorámica general de la situación de la mano de especialistas de primer nivel, analizamos el lobby de esta industria en Europa, con Spain DC como epicentro en España, y nos detenemos en los movimientos que ya están diciendo «no» a los gigantes de los nuevos tiempos.
Mucho más en La Marea 112
Además del dossier dedicado a los centros de datos, la revista del trimestre julio / septiembre viene cargada de reportajes y entrevistas ideales para desencriptar la actualidad. Por ejemplo, ¿qué demonios está pasando en el Reino Unido? Nuestro compañero Guillem Pujol responde a esta pregunta en un momento especialmente delicado de la política británica. Roto el bipartidismo laboristas-tories, los neofascistas están llamando fuerte a la puerta del nº 10 de Downing Street.
Patricia Simón, por su parte, viaja hasta el Sáhara Occidental para mostrar la lucha de las mujeres por superar su tradición patriarcal. A pesar de las críticas que reciben, las feministas saharauis lo tienen claro: «Para nosotras no es incompatible luchar por la independencia de nuestra patria y por el respeto a nuestros derechos como mujeres».
En Argentina, Andrés Actis pone el foco en un extractivismo fósil que ha cobrado enorme fuerza bajo la presidencia de Javier Milei: el de las arenas de sílice que se utilizan en el fracking, la fractura de la roca para acceder al petróleo. Esta práctica está destruyendo los humedales del río Paraná.
En el ámbito doméstico, entrevistamos a la dibujante Yeyei Gómez, al fiscal delegado de Criminalidad Informática en Sevilla, Gabriel González, y a la directora general de la Aemet, Alicia López Rejas.
Con el ojo siempre puesto en la ecología, el clima y el medioambiente, analizamos el difícil despegue del veganismo en España, viajamos a Berlín para conocer sus huertos urbanos populares, enumeramos algunos consejos para hacer deporte durante el verano tórrido que nos espera y recomendamos productos e iniciativas sostenibles en un bazar veraniego seleccionado por Carro de Combate.
Pero no acaba ahí la cosa: esta Marea cuenta con los artículos de opinión de Jorge Dioni López, Thilo Schäfer y el tradicional incordio de la filósofa Ana Carrasco-Conde.
Nuestro cuadernillo cultural, El Periscopio, llega con novedades: por voluntad propia, este número es el último que coordinan Laura Casielles y José Ovejero. Durante varios años (muchos de ellos en colaboración con Bob Pop) han tratado de rebasar los límites impuestos por la cultura mainstream. En su despedida se han fijado en el arte de los bertsolaris, en la sororidad de las integrantes del Lyceum Club de Madrid en el centenario de su creación y en la resistencia de la cultura argentina frente a la motosierra libertariana. Además, cierran su labor al frente del Periscopio con un broche de oro: un cuento de Isaac Rosa.
Como veis, La Marea continúa con su compromiso por el periodismo «de interés público», como subrayó el jurado del Premio Nacional de Periodismo de Investigación El Confidencial, cuando distinguió nuestros reportajes sobre la gestación subrogada en España. También seguimos empeñadas en reivindicar el trabajo humano frente a la amenaza de la inteligencia artificial. Por eso, en La Marea nunca habrá ilustraciones generadas por una IA. Al contrario, nos complace enormemente colaborar con artistas como Daniel Gómez Vega y como Adara Sánchez, artífices de las magníficas portadas de la revista 112 y de El Periscopio.
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BOGOTÁ // Dos grandes altavoces sobre una furgoneta en movimiento pregonan: “Tigre, Tigre de mi vida (…), Firmes por la Patria”. Un pequeño grupo de jóvenes lo abuchean desde un parque: “Fascistas, son unos fascistas”. Una anciana camina y suspira: “Por el amor de dios”. Esta escena nocturna en Bogotá, la capital de Colombia, es el reflejo de un territorio rasgado en dos retazos, sostenidos por un hilo casi invisible.
Dos horas antes se daban a conocer los resultados del preconteo de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, las más reñidas de su historia democrática. El ultraderechista, abogado y autoproclamado outsider, Abelardo de la Espriella, logra el 49,7% de los votos frente al 48,7% del senador y candidato de la izquierda oficialista, Iván Cepeda. La diferencia en el conteo preliminar es de apenas 247.000 votos. Un país fracturado, dividido en dos pulsiones, en dos modelos de gobernanza antagónicos. “Lo que pone de manifiesto esta campaña es que no hemos logrado reconciliarnos como sociedad,” señalaba Martha Lucía Márquez, directora del centro de investigación Cinep.
En el Royal Center, un centro de conciertos y sede improvisada de la campaña del Pacto Histórico para recibir los resultados, cientos de simpatizantes, activistas, políticos y figuras de la izquierda colombiana van llegando a cuentagotas mientras una gran pantalla anuncia los avances del preconteo. Son varios los que tropiezan en los últimos peldaños de las escaleras, cuando levantan la cabeza del suelo para observar los números. El lugar mantiene la respiración con cada boletín, algunos sacan las calculadoras de sus teléfonos para hacer las matemáticas. Su candidato, Cepeda, acorta distancias, pero no logra ponerse por delante del ultraderechista. Entre respiración y tropezón, los más jóvenes cantan arengas que son replicadas por pocos segundos.
Después, la desazón, las manos en posición de rezo frente a la boca, el brazo por encima del hombro del compañero. “Aquí estamos las madres de La Escombrera”, grita Margarita Restrepo, lideresa social y defensora de derechos humanos. De su cuello cuelga la fotografía de Carol Vanessa, desaparecida en Medellín en 2002. El sueño de ver a su candidato, el humanista, filósofo y defensor de derechos humanos y la paz, entrando en la Casa de Nariño se apaga y aparecen las lágrimas.
Margarita Restrepo, lideresa social y defensora de derechos humanos. MARINA SARDIÑA
“Estoy preocupada”. Un emoji de un corazón roto. “Tengo miedo”, son los mensajes de WhatsApp que llegan desde las comunidades afro del Pacífico, el Cauca, el Putumayo o las periferias de Bogotá. “Para los firmantes estos diez años no han sido fáciles, existe el riesgo de retroceder en el acuerdo, el riesgo sobre la vida de los que estamos comprometidos con la paz”, narra desde el departamento amazónico de Guaviare, Andrés, uno de los primeros guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) desmovilizados durante el Acuerdo de Paz de La Habana, en 2016.
“Tengo una gran preocupación por el exterminio de nuestros bosques, de los pueblos indígenas, de los amazónicos”, escribe Libia, lideresa indígena inka. “Para las comunidades negras es un retroceso en las luchas y logros que con tanto sacrificio, tantas vidas, hemos puesto para que haya cambios en este país”, explica Clemencia Carabalí, lideresa afro del norte del Cauca. “Abelardo es un ciudadano que no conoce el país. Él no está en los territorios, él no sabe lo que es vivir en las zonas periféricas. Al no conocer esos contextos difícilmente va a legislar en favor nuestro”, añade.
El mayor número de votos en la historia de la izquierda colombiana
Antes de las seis y media de la tarde, Iván Cepeda sale a la tarima rodeado de su comitiva y su fórmula presidencial, la mayora indígena, Aída Quilcue, y su compañera, Pilar Rueda. Lleva un papel en la mano, lo desdobla sobre el atril y, antes de leer, con su particular tono sosegado, agradece a todas las comunidades y colectivos que participaron activamente en la campaña de la segunda vuelta, a los más de 12.700.000 votantes –un récord sin precedentes para la izquierda colombiana– y anuncia el reconocimiento del preconteo “como un dato no oficial ni vinculante”. El público corea: “Sí se puede”.
Cepeda no habla de fraude, pero sí de la impugnación de 33.000 mesas en todo el país. En su alocución celebró el récord de participación en la jornada electoral, que alcanzó el 63,57%; poco más de 40 millones de colombianos y colombianas estaban llamados a las urnas. Volvió a hablar de su promesa de campaña, del anhelo por un gran acuerdo nacional y del diálogo: “Estamos dispuestos a la concertación siempre y cuando sea respetuosa”. Agradeció también al movimiento Pacto Histórica, la Alianza por la Vida y, por último, al presidente saliente, Gustavo Petro. “Cepeda presidente”, interrumpen entre el público.
Está vez, sin posar la mirada en el papel, enumeró los avances sociales durante los cuatro años del primer mandato de un dirigente de izquierda en Colombia y reiteró que no dejarán que se retroceda en derechos: “No vamos a permitir, lo decimos con claridad, haciendo uso de la fuerza de la democracia, de la movilización y de la acción política que retrocedan las conquistas sociales”. Terminó lanzando mensajes “serenos” a su oponente El Tigre De la Espriella: “No permitiremos que se destruya la naturaleza. No permitiremos que nos quiten el salario mínimo vital (…) Porque somos una fuerza decisoria. Vamos al escrutinio. Vamos a la movilización social”.
Iván Cepeda, candidato de la izquierda tras el preconteo. M. S.
Citando al presidente chileno Salvador Allende, “la historia es nuestra y la hacen los pueblos”, y una proclama sin atisbos de derrotismo: “Viva la revolución de la vida», Cepeda se bajó del escenario. El alarido “Se vive, se siente, Cepeda presidente” se fue diluyendo entre la multitud que, cabizbaja, abandonaba el recinto.
En diversas calles y plazas de Bogotá –y otras ciudades del país– sus seguidores se debatían entre la desazón y la esperanza. “Solicito a todas las abogadas y abogados demócratas para asistir a los escrutinios en toda Colombia,” escribió Petro en su cuenta de X. Respondiendo al llamado, decenas de abogados y cientos de simpatizantes se movilizaron hacia Corferias, el mayor centro de votación para hacer control al escrutinio de los votos. Un cómputo que, como apuntan los analistas, no suele alterar significativamente el resultado del preconteo.
Pero si algo tiene que celebrar la campaña de Cepeda es la movilización de sus electores. Después del fracaso de la primera vuelta, el movimiento “por la vida” se activó precisamente gracias a la sociedad civil progresista: a las jóvenes k-poper, a los universitarios, a las colectivas feministas y de derechos humanos, a los y las artistas, a las comunidades indígenas, campesinas, afrocolombianas, a miles de voluntarios que, desde sus quehaceres, habilidades y sentires, se movilizaron masivamente para “remontar en segunda”.
Sin lugar a dudas, esa activación desde la raíz que hace raigambre es el mayor legado de la izquierda reciente en Colombia: la organización desde la sociedad civil por la defensa de todas las formas de vida que habitan el territorio. “Es muy hermoso lo que están haciendo. Estoy muy feliz por todo el apoyo”, decía emocionada un día antes de los comicios Lorena, de 30 años. “Esta campaña es del pueblo”, repetían desde Bosa, una localidad popular de la capital, miembros del colectivo político Creamos. “Gracias a la izquierda aprendí qué es la política. Tengo 55 años, hasta ahora vine a saber lo que es la política”, relataba detrás de su puesto de arepas, Janet, agradeciendo la pedagogía de las colectivas de izquierda.
Una joven afín a la campaña de Iván Cepeda hace pedagogía política en un barrio popular del sur de Bogotá un día antes de los comicios. M. S.
Lejos del centro del país, la ultraderecha abraza el triunfo
A la espera de los datos oficiales, desde Barranquilla, en la costa Caribe, cientos de seguidores de El Tigre celebran la victoria. Entre música, pirotecnia y figuras de tigres de plástico; vestidos con la camiseta amarilla de la selección de fútbol ondean banderas colombianas –también de Israel–, bailan y alzan la mano imitando el saludo militar al bramido de: “Firmes por la Patria”. En lo alto de un escenario, encerrado en su burbuja anti balística, Abelardo de la Espriella anima el espectáculo más importante de su carrera y se proclama, pese a la ajustada ventaja, presidente: “¡Colombia, aquí está tu presidente!». Antes de que cesen los aplausos y los gritos de la “manada del tigre”, lanza un mensaje al otro espectro: “Petro y Cepeda, abstenerse de desatar un incendio social (…) respeten la voluntad del pueblo colombiano”, advierte afónico. Agradece a veteranos, reservistas, invita a recitar una “oración patria” y agradece, “más que nada” como cristiano converso, “a Cristo Rey”.
Como en la fábula del lobo con piel de cordero, el líder del movimiento Defensores de la Patria se presenta ante las masas con un tono mucho menos incendiario y violento que en las intervenciones de su campaña. Lejos de sus promesas de terminar con la –fracasada– “paz total” de Petro o la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), su apoyo al fracking y la explotación de los recursos naturales del territorio, de sus recurrentes discursos en los que llamaba a “destripar” y “aniquilar” a la izquierda, de estigmatizar y perseguir a periodistas y críticos; ahora De la Espriella señala que, aquellos que no lo votaron, no tendrán que temer por pensar distinto: “No habrá vencedores ni vencidos. No habrá persecuciones. No habrá enemigos irreconciliables”, tampoco contra la biodiversidad.
El show se pausa para dar espacio a la música y los rugidos de un tigre por los altavoces. Después del baile militar, De la Espriella retoma y alerta directamente a su oponente: “El Tigre todavía puede morder más duro de lo que ha mordido hoy en las urnas (…) Podrán ejercer la oposición solo si lo hacen dentro del margen de la ley”. Su conciliación nacional pasa por “refundar la patria” y hacer el “milagro”, como rezan las tres únicas páginas de su programa de gobierno. “La Patria milagro”, como denomina a su proyecto, pasa por acabar –en 90 días– con los cabecillas de los distintos grupos armados que operan en el territorio; la construcción de diez megacárceles de máxima seguridad o recortar en un 40% el Estado, con la ayuda de su vicepresidente, el economista y tecnócrata Juan Manuel Restrepo, exministro de Hacienda durante el gobierno del conservador Iván Duque.
Pese a autodenominarse como un outsider, y si bien nunca ha tenido un cargo público en el Estado, Abelardo de la Espriella cuenta con el apoyo de los políticos tradicionales, como el expresidente derechista Álvaro Uribe Vélez, o el clan de la familia costeña Char, de los que recoge la batuta y los votos. “El primer desafío es formar un gobierno y una coalición legislativa. En su campaña tuvo un discurso que estigmatizaba a la clase política, por lo que no tiene ningún apoyo en el Congreso, pero le va a tocar pactar con esa misma clase política,” apunta el analista político Yann Basset.
El presidente electo de Colombia es, además, ciudadano estadounidense y miembro del Partido Republicano. Por eso, antes de que entrara la noche en Barranquilla, el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, ya lo había reconocido como presidente. Poco después, los líderes conservadores de ultraderecha de la región –modelos a seguir para El Tigre– lo felicitaron. Desde Argentina, Javier Milei, desde Chile, Antonio Kast, desde Brasil, Flávio Bolsonaro, desde Perú, Keiko Fujimori, desde Ecuador, Daniel Noboa, felicitaron al líder de extrema derecha y celebraron la expansión de los movimientos políticos ultraconservadores en la región.
Su victoria es, también, el silbido de los vientos ultraconservadores que se mueven por el continente desde la reelección de Trump. La popularidad del líder colombiano de ultraderecha, una millonaria campaña, y la amnesia colectiva de un pasado cuestionable en el que se codeaba y defendía como abogado a bandidos y paramilitares, o humillaba a víctimas y mujeres, lo alzan como nuevo mandatario de lo que muchos denominan como “el patio trasero de Estados Unidos”, especialmente en materia de narcotráfico –y la fallida guerra contra las drogas– y migración.
A menudo, los ingenieros y arquitectos que llegan a Colombia hablan de las dificultades para construir puentes en el país debido a su geografía hostil, a la espina dorsal que atraviesa el mapa: sus tres cordilleras, los Andes, las montañas, los ríos caudalosos que dibujan y alimentan uno de los países más biodiversos del mundo. Es común ver puentes inacabados –también por la corrupción– o desplomados por las dificultades técnicas.
Esa es, quizás, la metáfora que define esta noche a Colombia, y los dos países que habitan un mismo territorio. La polarización no es solo política. Es la desconexión entre territorios, las desigualdades entre clases sociales, y la complejidad de sus brechas que durante décadas han impedido la conciliación con discursos políticos que apelan al miedo al vecino, al hermano, al visitante, al votante contrario. Un país que no construye puentes, porque sus tierras fértiles están constantemente en ebullición por los que no entienden que la gobernanza es por todas las formas de vida.
“El periodismo de investigación es el más necesario. También es el más caro, el más lento y el más incómodo de todos los géneros periodísticos”, afirmó Nacho Cardero, director de El Confidencial, durante la gala de entrega de los primeros Premios de Investigación creados por este medio con motivo de su 25 aniversario el pasado martes en Madrid.
El Premio Nacional ha sido concedido a La Marea por su investigación sobre la gestación subrogada. En concreto, por la serie de reportajes de Marco Dalla Stella, Patricia Simón y Magda Bandera centrados en las agencias que se dedican a este negocio en España.
El galardón Internacional es para Aristegui Noticias, el medio mexicano que ha publicado los Televisa Leaks. La tercera categoría, el Premio Trayectoria, es para Dean J. Baquet, exdirector de The New York Times, bajo cuyo mandato se desveló la injerencia de Rusia en las elecciones de EE. UU., y las agresiones sexuales cometidas por el productor cinematográfico Harvey Weinstein, entre otras investigaciones de gran impacto.
«La obligación de publicar»
Durante su intervención, Cardero subrayó que el periodismo de investigación “es una decisión, una decisión que se toma cada vez que un periodista sigue adelante sabiendo que va a incomodar, que va a recibir presiones, que va a quedarse solo durante algún tramo del camino y que, aun así, tiene la obligación de publicar».
En este sentido, el jurado ha destacado que La Marea “demuestra que el periodismo de calidad no es patrimonio de las grandes cabeceras, sino una elección que se ejerce cada día desde la vocación, la autonomía y el compromiso con el interés público”, resaltaron los miembros del jurado al conceder por unanimidad el premio a este medio.
La misma idea remarcó Nacho Cardero durante la entrega de los galardones: «Lo que tienen en común [los premiados] no es el tamaño de su medio ni el alcance de su audiencia. Es que cuando tuvieron que publicar, publicaron».
Los miembros del jurado, que han concedido por unanimidad el Premio Nacional, son Antonio Rubio, Marta Sánchez Esparza, Edith Rodríguez y Tomás Ocaña, y Miguel Ángel Gavilanes como secretario. En su argumentación, han destacado que la serie de reportajes premiada se trata de “un trabajo de indudable interés público en el que confluyen la salud, la maternidad, los derechos de las mujeres y los límites éticos de las técnicas reproductivas”.
“Información verificada, contrastada y documentada»
El jurado ha valorado especialmente que la investigación de La Marea se sustenta en “información verificada, contrastada y documentada, en la práctica constante de la diligencia informativa y en la combinación rigurosa de fuentes”. También resaltan que el medio se conforma como una cooperativa, “una estructura que es garantía de su independencia”.
Los premios de El Confidencial, medio que se autodefine como «el diario de los lectores influyentes”, fueron entregados por los reyes en una gala que se celebró en el Marandin Oriental Ritz. Entre los asistentes, se encontraban la ministra de Defensa, Margarita Robles; el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido; el líder del Partido Popular, Alberto Feijóo, y varios presidentes autonómicos de su formación; empresarios como Ana Patricia Botín; el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi; directores de medios de comunicación como Pedro J. Ramírez e Ignacio Escolar; y expolíticos como Ana Botella y Felipe González.
La artista Lita Cabellut es la autora de las estatuas que se entregaron a los premiados.
