¿Cómo se cuenta lo incontable? Así ha titulado Carne Cruda su programa de este jueves, dedicado a la pederastia en la Iglesia en la jornada previa a la visita del Papa a España. Además, ha abordado la violencia sexual contra la infancia y la adolescencia en el ámbito familiar y conocido de la mano de la presidenta de la Fundación Vicki Bernadet y la periodista Olivia Carballar, coordinadora del dossier especial de La Marea 111.

La Marea 111

El programa ha incidido en la responsabilidad de la sociedad y ha puesto el foco en el encubrimiento de estos casos por parte de la jerarquía católica a través de la película La luz, que se estrena este viernes en los cines. En la mesa han intervenido su director, Fernando Franco, el actor Alberto San Juan, su productora, Merry Colomer, y el periodista de El País Julio Núñez, cuyo periódico comenzó en 2018 una investigación de la pederastia en la Iglesia española.

«Si tú Julio y tu compañero os sentíais solos como testigos de este horror, imagínate cómo se sentirán las víctimas ante la visita del Papa, que están pidiendo que las escuche y que no se las escuche», reflexionó el actor Alberto San Juan.

Puedes escuchar el programa completo aquí o verlo aquí.

[EVENTO] ‘La Marea’ presenta el especial sobre pederastas el 10 de junio en Sevilla: impacto en las familias y el ‘boom’ de las redes sociales

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«Esta realidad genera una profunda incomodidad social, pero también sentimientos de vergüenza, culpa y miedo, incluso dentro de las propias familias o instituciones, que pueden llegar a traducirse en situaciones o dinámicas de encubrimiento para evitar el estigma social», reflexiona Clara Burriel, especialista en violencia en Save The Children. Desde la organización, insisten en la necesidad de dar un salto en el enfoque de la violencia sexual en la infancia y la adolescencia: no son casos aislados, es un problema estructural.

¿Cuáles son los principales retos a la hora de abordar la violencia sexual en la infancia y adolescencia? 

Uno de los principales retos para abordar la violencia sexual en la infancia radica en que, a pesar de su gravedad, todavía se trata de una realidad muy invisibilizada, que continúa rodeada de tabús, falsos mitos sobre su frecuencia, las víctimas o los contextos en los que se produce. La sociedad todavía no es plenamente consciente de la magnitud de este fenómeno. Por eso, la sensibilización social sigue siendo una tarea pendiente: necesitamos comprender que se trata problemática estructural, y no de casos aislados.

Además, en relación con el conocimiento sobre la prevalencia de la violencia sexual hacia la infancia, persiste también el desafío de conocer su dimensión real: sabemos que las cifras oficiales reflejan solo la punta del iceberg, que muchos casos no se detectan y en ocasiones no se denuncian, en parte por las dinámicas propias del abuso, que suele producirse en entornos de confianza y en contextos de secretismo que dificultan la revelación por parte del niño o niña y de otros familiares. 

En este contexto, es muy complicado tratar de prevenir estos casos.

Otro reto clave tiene que ver con la prevención y la detección temprana. Es todavía necesaria una mayor formación especializada de profesionales (docentes, personal sanitario, fuerzas y cuerpos de seguridad, sistema judicial), así como la elaboración de protocolos para la detección, notificación y coordinación de estos casos, situando siempre al niño o niña en el centro de las intervenciones. En este sentido, también se destaca la falta de desarrollo e implementación de una educación afectivo sexual desde edades tempranas, reglada y adaptada a cada etapa evolutiva, pues esta educación constituye una herramienta clave en la prevención de esta violencia. 

Por otro lado, también persisten los retos en la respuesta que damos a los niños y niñas víctimas de esta violencia. Cuando la prevención falla y la violencia ya se ha producido, el desafío es garantizar una respuesta integral, inmediata y adaptada a las necesidades específicas de niños, niñas y adolescentes. El daño no termina necesariamente cuando cesa la violencia: la forma en que el entorno y las instituciones responden puede mitigar ese impacto o, por el contrario, agravarlo. Evitar la revictimización de los niños y niñas debe ser siempre una prioridad, pero todavía no contamos con procesos de respuesta adaptados a sus derechos y necesidades particulares. 

Y, finalmente, las nuevas tecnologías han añadido nuevos retos: el entorno digital riesgos, generando nuevas formas de violencia sexual y transformando otras preexistentes.. Esto exige respuestas específicas, coordinadas y adaptadas a la realidad digital en la que hoy crecen niños y adolescentes.

Según uno de los informes de Save The Children, que analiza sentencias, se puede deducir que hay características similares en estos casos, que confirman que estamos ante un problema estructural, que no son casos aislados. Pero nos quedamos con los casos «espectaculares».  

Si observamos las cifras oficiales proporcionadas por el Ministerio del Interior, podemos concluir que no estamos ante episodios aislados, sino de un problema social arraigado, persistente y de gran preocupación: en 2024 se interpusieron en España 22.774 por violencia sexual de las cuales casi la mitad (un 41,2%, 9.393) tenía como víctima a una persona menor de 18 años. Esto quiere decir que casi la mitad de las denuncias por violencia sexual en nuestro país tienen como víctima a un niño, niña o adolescente, siendo 8 de cada 10 niñas y chicas adolescentes. Además, se aprecia un aumento en las denuncias de un 182,8% desde 2010. De ninguna manera podemos concluir que se trata de casos aislados.

Esta forma de violencia consiste en la imposición por parte de un adulto o de otro niño, niña o adolescente de una actividad de carácter sexual a un niño o niña, aprovechando la desigualdad de poder para obtener una satisfacción sexual. Respecto a los datos obtenido en nuestro análisis de sentencias (Por una justicia a la altura de la infancia), se revelan características comunes: por ejemplo, en muchos casos, el agresor pertenece al entorno cercano de la víctima, con frecuencia un familiar, y casi en la totalidad de los casos es un hombre. Esto refuerza la idea de que hablamos de una violencia que se produce mayoritariamente en espacios de confianza, donde el secretismo y la desigualdad de poder son claves.

Además, los abusos suelen comenzar de forma progresiva, aumentando en intensidad con el tiempo. Al inicio, el niño o la niña puede no comprender lo que está ocurriendo, y posteriormente pueden aparecer sentimientos de culpa o vergüenza que refuerzan el silencio. En muchos casos, el propio agresor alimenta la idea de responsabilidad en la víctima. Todo ello genera enormes barreras para la revelación, especialmente cuando la violencia procede del entorno de confianza.

La pederastia en la Iglesia, por un lado, y el caso Epstein, por otro –sin comparar por supuesto estos casos tan diferentes– están permitiendo hablar o al menos poner en la agenda mediática y social estos temas. ¿Por qué sigue siendo un tabú? 

Los casos de abuso sexual relacionados con la Iglesia o el caso Epstein son casos de gran impacto mediático, que visibilizan esta forma de violencia en contextos específicos. Al respecto, es importante señalar que la mayoría de abusos sexuales siguen cometiéndose en entornos de confianza del niño o niña y que las figuras familiares se encuentra entre los agresores más comunes en este tipo de violencia. La denuncia y visibilización de los casos más mediáticos es fundamental, pero también lo es poner el foco en la violencia cotidiana, menos visible y mucho más extendida, que ocurre en el ámbito familiar y cercano, y que precisamente por esa cercanía y por el silencio que la rodea resulta más difícil de detectar y abordar.

Precisamente el tabú que todavía rodea a esta forma de violencia está muy vinculado a esos entornos en los que se produce. Aceptar esto implica reconocer que el riesgo y la violencia muchas veces proceden de los entornos que deberían ser protectores. Esa realidad genera una profunda incomodidad social, pero también sentimientos de vergüenza, culpa y miedo, incluso dentro de las propias familias o instituciones, que pueden llegar a traducirse en situaciones o dinámicas de encubrimiento para evitar el estigma social.  

¿Se están tomando medidas efectivas desde las administraciones en el ámbito educativo?

Los centros educativos están en una posición privilegiada para detectar posibles casos de abuso, ya que el profesorado y el personal escolar tienen contacto diario con niños y niñas. Es fundamental que sepan identificar señales de alerta y comprender lo que un niño o niña puede estar revelando, ya sea de forma directa o indirecta. Para ello, es clave la formación de los y las docentes, y también la implementación de las figuras de protección que recoge la LOPIVI para el ámbito educativo (coordinador/a de bienestar). También son necesarios protocolos para la detección, la notificación y la actuación frente a los casos detectados. Sin un protocolo claro, las decisiones pueden quedar en manos de cada docente, quien puede enfrentar dudas sobre cómo proceder, temores a represalias o incertidumbre sobre la veracidad del testimonio. Para evitar que la protección de niños y niñas dependa de la valentía individual o de la percepción subjetiva de cada profesional, todos los centros educativos deberían contar con protocolos internos de protección frente a la violencia, incluyendo mecanismos de prevención y pautas claras de actuación.

¿Y para las familias? 

En el ámbito familiar, la educación afectivo-sexual y la parentalidad positiva son fundamentales en la prevención del abuso, especialmente dentro del propio ámbito familiar. Es clave que niños y niñas aprendan a reconocer estas conductas incluso cuando provienen de personas de confianza, incluidos familiares, y que comprendan que ninguna relación de afecto justifica el abuso. Proporcionarles herramientas para identificar, nombrar y rechazar situaciones de abuso, así como garantizar que cuentan con un entorno seguro donde puedan pedir ayuda sin miedo, es esencial para su protección.

Por supuesto, las familias no deben estar solas en este proceso: las administraciones públicas tienen la responsabilidad de garantizar una educación afectivo-sexual reglada, progresiva, desde edades tempranas, como recogen la LOPIVI y la LOMLOE, impartida por personal educativo con formación específica en la materia. 

La LOPIVI prevé los tribunales especializados. Pero, ¿son suficientes? 

La LOPIVI, aprobada en 2021, prevé la creación de juzgados especializados en violencia contra la infancia tras un año desde su implementación. Sin embargo, la creación de las nuevas secciones especializadas se aprobó finalmente en 2025, con la ley 1/2025 el Real Decreto 422/2025, aprobado el 3 de junio de 2025 por el Consejo de Ministros. Este último instrumento solo prevé la creación de tres secciones especializadas para todo el Estado, en Madrid, Barcelona y Málaga, cada una de ellas con una única plaza judicial.

Aunque la implementación de las secciones en violencia contra la infancia y la adolescencia deba ser paulatina, tres secciones con una plaza cada una para todo el país resultan manifiestamente insuficientes para atender de manera especializada todas las formas de violencia de las que son víctimas niños, niñas y adolescentes, por lo que es necesario una implementación más amplia de estas secciones desde su inicio, así como la creación de plazas judiciales.

¿Cree que hay confusión en el lenguaje a la hora de hablar de este asunto? Muchas veces parece que da miedo a hablar de pederastia, como si no quisiéramos llamar a las cosas por su nombre. 

Es posible que en ocasiones se eviten algunos términos por falta de conocimiento o incluso por la carga emocional y social que pueden conllevar. En este sentido, la sensibilización sigue siendo clave, así como la capacidad de identificar con claridad a los agresores como responsables de la violencia y a las víctimas como tales, sin ambigüedades ni desplazamientos de responsabilidad, y siempre desde un enfoque de derechos.

¿Cree que hay hipocresía al hablar de este tema en ciertas esferas?

Como señalábamos, la violencia sexual contra la infancia sigue siendo en general una realidad invisibilizada. Por eso es necesario un cambio de paradigma: reconocer la violencia contra la infancia como un problema social y no como un asunto aislado o privado. Esto implica poner el foco tanto en la prevención como en una respuesta adecuada, inmediata y centrada en las víctimas. En cualquiera de sus múltiples formas y canales, la violencia ejercida contra niñas, niños y adolescentes es inaceptable, y debemos movilizar todos los recursos disponibles para prevenirla, actuar cuando se produce y restaurar los derechos de quienes la sufren. Como sociedad, nuestro compromiso debe ser claro: enfrentar esta dura realidad, reconocer su existencia y tomar medidas efectivas para proteger a la infancia y la adolescencia.

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Hay libros que incomodan porque dicen en voz alta lo que todos intuyen, pero nadie quiere admitir. Homo criminalis: cómo el crimen organiza el mundo (publicado por Capitán Swing, con traducción de Noelia González Barrancos) del historiador y analista de seguridad Mark Galeotti, es uno de ellos. Su tesis es tan simple como perturbadora: el crimen organizado no es un parásito que se alimenta de la sociedad desde los márgenes, sino uno de sus motores fundacionales. Desde las repúblicas mercantiles del Renacimiento italiano hasta los cárteles que financian iglesias en América Latina, pasando por los piratas que trazaron las rutas del comercio atlántico, Galeotti argumenta que cada vez que la sociedad humana da un salto de complejidad, el crimen organizado da otro a su lado.

Galeotti es doctor en Filosofía por la Universidad de Oxford, ha asesorado a gobiernos y organismos internacionales sobre crimen transnacional y amenazas híbridas, y lleva décadas estudiando el crimen organizado ruso, campo en el que es una referencia mundial. Su trayectoria arrancó, como explica, de forma casi accidental mientras realizaba su doctorado sobre veteranos soviéticos de la guerra de Afganistán. Fue entonces cuando algunos de sus entrevistados le explicaron cómo acabaron entrando en las redes mafiosas que proliferaron en el caos postsoviético. Aquella pista accidental se convirtió en vocación.

Galeotti habla de la imposibilidad de separar historia legítima e historia criminal, de la guerra contra las drogas como fracaso programado, del blanqueo de capitales como columna vertebral de la economía global, del arte como moneda del hampa y de por qué el trumpismo, las Guerras del Opio británicas y los yakuza japoneses responden a una misma lógica: la del poder que ya no necesita disimular.

El título del libro, Homo criminalis, sugiere una suerte ontología del crimen: que transgredir es algo intrínseco a la naturaleza humana o al menos a cualquier forma de organización social. ¿Concibes el crimen organizado como un subproducto inevitable de cualquier estructura social, o más bien como uno de sus motores activos?

En sentido técnico estricto, el crimen es aquello que la ley define como tal. Por eso resulta revelador que en tantas lenguas exista una distinción: el crimen, que delimita el Estado, y el mal, que delimita la sociedad. Uno de los argumentos centrales del libro es precisamente que siempre habrá una brecha entre lo que el Estado criminaliza y lo que la sociedad considera reprochable. Y el crimen organizado florece en esa brecha. En una democracia que funciona bien, esa brecha debería ser estrecha. Pero en muchas sociedades es enorme.

¿Y cuándo emerge históricamente el crimen organizado como tal?

Los grandes momentos de emergencia del crimen organizado coinciden con los grandes momentos de organización social. Tras la caída del Imperio Romano no hubo crimen organizado propiamente dicho, solo bandidaje, porque tampoco había sociedad organizada más allá del nivel local. El crimen organizado reaparece en el Renacimiento, en Italia y en los Países Bajos: las cunas de los nuevos modelos de sociedad, de banca, de comercio. Hoy la sociedad está más organizada que nunca y es, por tanto, un momento extraordinario para ser un criminal organizado. La globalización les ofrece las mismas ventajas que a cualquier empresa transnacional.

¿Por qué la historiografía tradicional ha tendido a tratar el crimen como una anomalía, una patología social, en lugar de como uno de los pilares estructurantes de las sociedades humanas?

En parte por una razón muy humana: es cómodo pensar que el crimen ocurre en otro lugar, en países desordenados donde se fabrican las drogas, o entre tipos de aspecto amenazante en bares a los que nunca iríamos. Siempre se externaliza. Pero hay una razón más estructural: la erudición clásica se construye sobre los documentos y registros del Estado. Y el crimen deja pocos registros. Además, hasta hace relativamente poco, la producción académica estaba en gran medida al servicio de los intereses estatales. La idea del intelectual independiente tiene como mucho 200 años. Todo ello ha conspirado para que ignoremos hasta qué punto el crimen organizado no solo es una herramienta útil para entender cómo funcionan las sociedades, sino una fuerza mucho más poderosa de lo que hemos querido reconocer.

Se suele decir que la historia la escriben los vencedores, y tu escribes de la transición del bandido al fundador de naciones como un hecho casi estructural. ¿Puedes darnos algún ejemplo histórico en el que esa transición haya sido tan fluida que hoy celebremos a esos fundadores como héroes legítimos?

Todos los Estados fueron fundados por señores de la guerra. Los más eficaces no fueron solo los que tenían más espadas, sino los que entendieron la importancia de construir legitimidad. La espada más poderosa es la que está en el alma de los súbditos: convencerles de que tienes derecho a gobernar porque Dios lo quiso, o porque sacaste la espada de una piedra. Toda la historia británica está moldeada por la conquista normanda, es decir, por la invasión de una potencia extranjera sin ningún fundamento real. Pero si te quedas el tiempo suficiente, te conviertes en el monarca legítimo. Es exactamente el mismo principio que aplica el mafioso inteligente cuando convence a su comunidad de que está de su lado.

La piratería está muy romantizada en la cultura popular, pero ¿cuál fue su papel real en la formación del capitalismo mercantil? Y en relación a eso: Trump recientemente llegó a referirse a la piratería como «un buen negocio» cuando justificó la incautación de petróleo venezolano. ¿Estamos volviendo a un paradigma en el que la legitimidad ya no se construye discursivamente, sino que se impone por la mera demostración de fuerza?

Los piratas no crearon las estructuras del capitalismo mercantil moderno: fueron un producto de ellas, y también un factor dentro de ellas. Sin esas enormes rutas comerciales, sin las flotas de oro provenientes de América Latina, no habría habido incentivo para el surgimiento de esa subcultura económica pirata. Pero a su vez, la piratería generó rutas alternativas, ciudades enteras que vivían de la venta del botín. Se convirtió en instrumento de guerra entre Estados a través del corso, y en un mecanismo por el cual élites más amplias podían participar en las ganancias del colonialismo. Es, una vez más, la señal de que el crimen es parte del mundo capitalista: se invierte en él, se toman decisiones empresariales, se gana o se pierde.

En cuanto a la cuestión de la legitimidad, creo que hay una legitimación tecnocrática creciente que dice «no he seguido las reglas, pero hago que los trenes lleguen a tiempo». Hay una palabra rusa magnífica, vranyo, que significa una mentira que el otro sabe que es mentira, pero no puede hacer nada al respecto. Antes, Estados Unidos al menos tenía la cortesía de fingir que construía alguna justificación. Lo que vemos con Trump es que ni siquiera hay pretensión de eso. Y no lo veo como un fenómeno Trump sino como un síntoma del declive americano. Igual que las Guerras del Opio marcaron el declive del Imperio Británico, cuando un poder tiene que esforzarse más en aparentar que es fuerte, es porque ya no lo es tanto.

Te pregunto también sobre el mundo de las drogas: ¿qué balance haces de la guerra contra las drogas iniciada en el siglo XX? ¿Y apoyarías la despenalización total como estrategia para desarticular el mercado negro?

No apoyaría la legalización de todas las drogas, porque cuando algo tiene capacidad adictiva química distorsiona la libre voluntad del consumidor. Hay sustancias con efectos genuinamente devastadores. Dicho esto, con el cannabis, por ejemplo, hay que preguntarse si es socialmente o sanitariamente peor que el tabaco. Y una de las razones por las que hoy circulan versiones extraordinariamente potentes de cannabis es precisamente porque ha sido criminalizado: perdemos la capacidad de regularlo y creamos incentivos para que los criminales ofrezcan versiones cada vez más adictivas.

La cuestión de fondo es, de nuevo, la brecha entre Estado y sociedad. Cuando hay una parte importante de la sociedad que no cree que ciertas drogas blandas sean perjudiciales, el traficante se convierte en aliado y el Estado en enemigo. Eso deslegitima al Estado y a las fuerzas del orden. La guerra contra las drogas ha sido además catastrófica porque ha generado expectativas irreales: las guerras se ganan. Esto no es una guerra, es un problema de salud pública. Y se ha centrado obsesivamente en la oferta –quemar cultivos, interceptar correos– sin abordar en serio la demanda, que es más difícil y más incómoda políticamente.

El fentanilo es una epidemia en Estados Unidos, pero no lo es España. ¿No dice eso algo sobre factores sociales más profundos que la mera disponibilidad de la sustancia?

Absolutamente. El fentanilo es en gran medida un producto de un sistema sanitario completamente mercantilizado. La epidemia de opioides empieza en las salas de espera de los médicos, no en las esquinas. La industria farmacéutica prescribió opioides de forma masiva y creó una dependencia que luego encontró su cauce en el mercado negro. Es el ejemplo perfecto de cómo la distinción entre fármaco y droga es, en el fondo, una distinción artificial y política.

Y hablando de política y artificios… ¿Crees que sería posible sostener la economía globalizada actual si pudiéramos purgar todo el dinero de origen criminal?

No. La economía global colapsaría. El dinero sucio ha penetrado en cada rincón del sistema. Y ahora que el dinero es esencialmente una fantasía consensuada que se mueve de un ordenador a otro, rastrear su origen se ha vuelto prácticamente imposible. El mecanismo es conocido: el dinero entra en el sistema bancario a través de jurisdicciones muy opacas, y desde ahí se va desplazando, lentamente, hacia lugares cada vez menos dudosos, hasta llegar a Londres, Nueva York o Fráncfort. Todo el mundo sabe que eso ocurre. El problema es que cuando es responsabilidad de todos, no es responsabilidad de nadie.

Londres es señalada como uno de los principales centros de blanqueo del mundo. Con tu experiencia, ¿puedes explicar un poco su funcionamiento interno?

Antes de hacer el doctorado trabajé un año en la City de Londres. Lo odié, pero fue la mejor decisión que pude tomar, porque cuando volví a la academia supe con certeza que era lo que quería. Lo que escuché durante ese año fue muy revelador: todos eran conscientes de la necesidad de cumplir con la normativa de «compliance», pero la pregunta nunca era «cómo hacemos las cosas bien», sino «cómo nos aseguramos de que no nos pillen haciéndolas mal». Una amiga que trabajó siete años en ese sector me lo dijo con toda claridad antes de dejarlo: su trabajo consistía en asegurarse de que nadie fuera cazado. El sistema no está diseñado para ser ético, está diseñado para parecer que lo es.

En The Wire, el punto culminante de la carrera criminal no es el dinero ni el poder en la calle, sino el acceso al mundo de los abogados, los políticos y los hombres de negocios. ¿Es esa imagen –la del crimen que aspira a fundirse con lo legítimo– una representación fiel de cómo funciona realmente el ascenso en el crimen organizado?

La mayoría de los criminales no llegarán nunca a eso ni de lejos. La mayoría fracasa, acabará muerta, en prisión, o simplemente abandonará el mundo criminal porque no les sale a cuenta. Pero sí, el sueño es exactamente ese: el momento en que has dado el salto. Y mejor aun cuando has institucionalizado el proceso. Piensa en lo que ocurrió en Japón, donde los yakuza fueron durante mucho tiempo legales. Tenías el poder y el dinero que te da el crimen, y la seguridad y la respetabilidad de estar en el lado legítimo de las cosas. Eso es el ideal. En los países occidentales modernos es más difícil de conseguir, pero sigue siendo el horizonte.

En cambio, lo que obtenemos es, a menudo, una división del trabajo: el criminal, por un lado, y la figura legítima –el político, el empresario– que mantiene una alianza discreta con él. Puede que no consigas unir las dos identidades en una sola persona, pero consigues una asociación muy cómoda.

Acabo preguntándote sobre el mundo de los llamados robos de «guante blanco». El tráfico de arte y antigüedades suele presentarse como un crimen «elegante», casi menor. Pero el mercado del arte tiene una característica singular: la opacidad en la formación de precios lo convierte en un vehículo óptimo para el blanqueo. ¿Qué función cumple realmente el arte dentro de las economías criminales?

Es realmente deprimente hasta qué punto los tesoros culturales se han convertido en meros instrumentos de transacción financiera. En el cine y la televisión tendemos a imaginar al coleccionista que roba una obra para tenerla en su bóveda y contemplarla en privado. No digo que eso no ocurra nunca, pero es la excepción. En la mayoría de los casos, el arte simplemente se ha convertido en una unidad de capital muy concentrada.

Las obras se usan como garantía de deudas en el mundo criminal, como mecanismo de blanqueo y como reserva de valor que reposa en un depósito franco con control de climatización, sin que nadie las vea. Pero el dueño sabe que está ahí, y si necesita un millón de dólares extra, la tiene. Se usan también como medio de intercambio internacional entre criminales: una pequeña escultura que, aunque la vea un agente de aduanas, es improbable que identifique como una pieza babilónica original. Sirve para saldar la última remesa de drogas o armas. En el libro menciono el caso de un cuadro que había sido literalmente empotrado en una pared como fondo de reserva: no está expuesto, ni siquiera es visible. Podría ser perfectamente un lingote de oro o una bolsa de diamantes de sangre. El arte se ha convertido en eso: en dinero con buena prensa.

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No nos cansaremos de repetirlo: una de cada cinco personas menores de edad sufre agresiones sexuales, la mayoría de ellas cometidas por familiares o conocidos. No lo queremos ver, no lo queremos asumir. Pero el problema está. No son casos puntuales ni es un asunto privado. Estamos hablando de un problema social, estructural y de salud pública que, pese a su gravedad y magnitud, continúa siendo un tabú en la sociedad.

«Muchas veces siento impotencia«, resumió Vicki Bernadet, que lleva más de 30 años intentando visibilizar este asunto, en la presentación online del especial de La Marea junto a la catedrática en Victimología Noemí Pereda. «Los medios de comunicación tenéis un papel muy importante», añadió Pereda.

En este contexto, en La Marea continuamos también con las presentaciones presenciales, esta vez en Sevilla. El evento se celebrará el próximo 10 de junio a las 19.30 horas en la Sala El Cachorro, en el barrio de Triana. Conducido por Olivia Carballar, contaremos con víctimas y representantes del mundo de la judicatura.

Así, participarán el fiscal delegado de Criminalidad Informática en Sevilla, Gabriel González, la abogada Amparo Díaz y el perito tecnológico Jorge Coronado, que abordarán las claves sobre el impacto de estos delitos en las redes sociales. Desde la asociación Redime, contaremos con la abogada y superviviente de abusos Mari Carmen Heredia y la terapeuta Eva Medina. Y también nos acompañará la superviviente Laura Cuevas, de la asociación Lulacris.

El acto se suma al celebrado el pasado mayo en el Teatro del Barrio, en Madrid, al que acudieron diferentes víctimas, especialistas y la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, que explicó las claves de la ampliación de la Ley de Protección a la Infancia y Adolescencia (Lopivi) tras su aprobación en el Consejo de Ministros.

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Después de varios años de trabajo conjunto, CGT, CNT-Comarcal Sur, Ecologistas en Acción de Madrid, Sindicato de Manteros y Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid han decidido constituir la «Confluencia de luchas», una propuesta que busca reforzar la articulación entre los distintos movimientos sociales y sindicales de la ciudad en un escenario marcado por la crisis ecosistémica, la precarización laboral, la crisis de vivienda o el endurecimiento de las políticas migratorias. En este momento, los miembros de este frente común consideran imprescindible generar espacios compartidos que permitan construir respuestas colectivas.

La iniciativa, que se presenta públicamente el próximo sábado en Orcasur, barrio madrileño con una importante tradición popular y de asociacionismo vecinal, es el resultado de más de dos años de trabajo conjunto, así lo explica Julia Tabernero, integrante del Sindicato de Inquilinas y una de las impulsoras del proyecto: «El proceso lleva armándose casi tres cursos y surge entre organizaciones que ya nos conocíamos y habíamos colaborado en algunas ocasiones, pero necesitábamos de un análisis compartido del contexto. Y, sobre todo, de respuestas coordinadas».

El objetivo de esta suma, según nos cuenta Gonzalo Maestro, de CNT, es el de construir un espacio de encuentro, coordinación y acción, pero también «un proceso político orientado con la idea de construir estructuras militantes y organizativas sólidas, con identidad propia, con capacidad de fortalecer las distintas luchas desde un horizonte político compartido, y ganas de hacer frente a las diferentes formas de dominación del capitalismo contemporáneo».

Estas organizaciones unen fuerzas para proponer alternativas con un componente fundamental de clase: «Entendemos que las luchas de los diferentes colectivos que conforman la confluencia pueden ser diferentes, pero en este momento de policrisis y avance de la extrema derecha, hemos decidido aparcar lo que nos separa y dar el paso a organizarnos desde abajo y desde la izquierda», expone Luis Rico, de Ecologistas en Acción.

«Buscamos romper contradicciones históricas en las que nos ha sumido el capitalismo, las típicas entre sindicalismo y ecologismo, por ejemplo, y así trabajamos en cómo cerrar fábricas contaminantes o de armamento; en plantear un modelo industrial totalmente diferente que también beneficie a la clase trabajadora. Lo mismo decimos del movimiento de inquilinas e inquilinos, con el que coincidimos en que la vivienda debe ser un bien de uso y no para la especulación. Y con los migrantes nos une la solidaridad de clase: entendemos que todo el mundo tiene derecho a vivir aquí, a tener las mismas garantías y mismos derechos. Eso sí, a quienes no queremos aquí es a los capitales especulativos internacionales y a los fondos de inversión», concluye Rico.

Coincide en esa visión Mario Rísquez, integrante de CGT: «La confluencia de organizaciones que desarrollan su actividad en ámbitos aparentemente distintos nace de la lectura que hacemos de la crisis ecosocial en la que estamos inmersos: no podemos entender la precariedad en el trabajo y los bajos salarios de manera desligada del problema habitacional y los precios de la vivienda. Ponemos el foco en las condiciones de vida, del empleo, de la vivienda, del racismo y las políticas migratorias, del cambio climático, etc., todas ellas interrelacionadas. Y para afrontarlas debemos construir diagnósticos comunes, estrategias alineadas y unidad de acción».

Son las mismas razones que han llevado al sindicato de manteros a unirse a la confluencia, tal y como nos cuenta Serigne Mbayé: «Aquí hay personas con papeles, sin papeles y nativas, pero siempre trabajamos desde el apoyo mutuo. Nuestra lucha busca derribar fronteras, tanto las visibles como las invisibles, y romper esa discriminación que sufrimos como migrantes, pero también como clase trabajadora. Somos personas que estamos a pie de calle y luchamos por la igualdad de las personas, por un mundo mejor y más decente, contra las guerras y la explotación, por los servicios públicos… Todo eso nos afecta. No queremos que nos dividan, nuestra lucha es contra el destrozo del medioambiente, contra la especulación con la vivienda… somos los primeros que también sufrimos esto. Por eso es importante dar ese paso: si el sistema pretende dividirnos, nosotros sumamos fuerzas».

El proceso de confluencia ha sido largo y, según nos explican desde las organizaciones que la componen, desde el comienzo se hizo un esfuerzo en la autoformación: «Lo primero fue realizar una serie de encuentros de aprendizaje e intercambio de experiencias, en los que contar también con otras voces que nos parecían interesantes. Por ahí pasaron personas como Pastora Filigrana, Yayo Herrero, Amaia Pérez Orozco… Es decir, se trataba de establecer una serie de encuentros estratégicos con los que ir estructurando propuestas concretas». Estos encuentros de debate han finalizado este curso 2025-2026 en la denominada Escuela de Luchas, en la que han participado cerca de 30 ponentes y varios centenares de asistentes a las sesiones que se han llevado a cabo en la Fundación Anselmo Lorenzo.

Para Julia Tabernero, la escuela «ha sido una experiencia que hemos construido entre todas, un espacio de formación política y social para personas que conocían a alguna de las organizaciones o que estaban cercanas a los movimientos sociales y organizativos, pero que todavía no estaban participando. Y también para esa gente joven a la que le apetecería tener su primera experiencia militante. Los resultados han sido tan interesantes y fructíferos que la intención es volver a repetirla».

La Confluencia de Luchas se presenta ahora en Madrid, pero tiene la vocación de ser un espacio abierto a la incorporación de otros colectivos y organizaciones, sindicales, de vivienda, feministas, antirracistas, ecologistas»“que compartan prácticas políticas similares basadas en el sindicalismo, la generación de contrapoder y la institucionalidad popular como palancas para la transformación social y la transición poscapitalista».

Y de hecho, ya están trabajando para sacar la experiencia de la ciudad, e incluso extenderla fuera de la Comunidad de Madrid, respetando «la autonomía, las dinámicas y las alianzas de las organizaciones en los distintos territorios». Eso sí, «las organizaciones que ahora conformamos la confluencia de luchas compartimos una serie de principios organizativos y estratégicos, como la autonomía frente a partidos políticos y apuestas electorales, la organización de base y asamblearia, o la desobediencia y la acción directa», finaliza Rísquez.

De momento la Confluencia de Luchas se presenta este sábado con el evento I Encuentro Primavera de Luchas, que contará con charlas y mesas de debate sobre la internacional reaccionaria y los retos del antifascismo, la policrisis y el sujeto de la lucha, y la militancia de base y las organizaciones de masas en el siglo XXI. Contará con la participación de periodistas, historiadores y activistas como Mark Bray, Miquel Ramos, Nuria Alabao, Rubén Martínez, Helena Maleno, Josefa Sánchez Contreras y Constanza Cisneros, además de con una programación infantil simultánea durante todo el día, gracias a los colectivos Tartamuda y Ecobloco. La jornada finalizará con las actuaciones del coro de mujeres Malvaloca y las bandas Tremenda Jauría y Biznaga.

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«Maya Angelou tiene una frase que dice que la escucha es lo más curativo que hay. Antes que terapias, antes que todo. La escucha es la mejor terapia porque todo el mundo no se acordará de lo que le has dicho, o no se va a acordar de dónde estaba, o no se va a acordar del momento… Pero siempre, siempre, se acordarán de cómo se han sentido al hablar contigo». Con una voz también sanadora, Vicki Bernadet, hoy con 72 años y media vida dedicada a visibilizar y ayudar a las víctimas de agresiones sexuales en la infancia y adolescencia –como ella–, explica cómo se sienten cuando intentan hablar.

El interlocutor interrumpe o dice cosas como ‘No pasa nada, se te pasará’. O peor aún: ‘¿Por qué no lo has dicho antes?’. O mucho peor incluso: ‘Ah, pero solo te tocó, podía haber sido más’. Como si el tipo de agresión –y no cómo lo vivió la víctima– fuera lo más grave. «Cuando doy una charla pregunto: ‘A ver, imaginad a vuestra familia, a vuestros amigos… que alguno fuera capaz de agredir a vuestros hijos’. Y el 100% te dice que no. Te vas al día siguiente a otro sitio y es que no. Y así durante todos los años que llevo ofreciendo cursos para padres y madres en los colegios. Y resulta que el 80% de los casos se dan en ese ámbito», dice en un resumen preciso de lo que ocurre con este asunto: no queremos ni oír hablar de ello.

«Hasta que las familias no conecten con la idea de que el 20% de la población se ve afectada y que el 85% se produce en el ámbito intrafamiliar, va a continuar ese porcentaje tan doloroso, que es que un 90% de los casos de abuso no se habla hasta la edad adulta. Y no solo es doloroso como sociedad, sino que son vidas que podríamos salvar», concluye. Ese no hablar, no ser escuchado y no recibir ayuda evolucionan con el silencio, el miedo y la vergüenza acumulando diversos episodios de violencia hasta que se es mayor. «Y cuando contamos nuestra vida, pues es: yo sufrí abusos a los cinco años, a los nueve, a los 17, una agresión sexual, un intento de suicidio, maltrato durante 14 hace años… Y este es un patrón normal. Es mi caso, pero en otros será adicciones, será anorexia, bulimia, prostitución…», añade.

Por eso insiste en la máxima divulgación, porque considera que con la detección precoz y ayuda, las po-sibilidades de sufrir todo lo demás son menores o casi nulas: «A tiempo, se trabaja una mala experien-cia con el apoyo de todo el mundo. Pero cuando eres adulto ya no es una mala experiencia, ya es un trauma. Y esto va de salvar vidas», repite.

Pone un ejemplo gráfico: «Puede que no lo puedas evitar, como un accidente. Pero cuando tienes un ac-cidente, sabes a qué hospital irás, a quién llamarás, sabes el número de la ambulancia. Con este tema, sin embargo, existe una resistencia. Hay un miedo irracional. Cuando yo lo conté, en el 97, hace casi 30 años, era normal encontrarse con eso. ¿Pero ahora? No tiene ningún sentido».

Bernadet admite que creó la fundación que hoy preside de manera egoísta, para salvarse también a ella misma. Y es por eso, porque ha hablado muchísimo y la ha escuchado mucha gente, por lo que sabe, como Angelou, por qué canta el pájaro enjaulado.

Publicado por primera vez en 1969, Yo sé por qué canta el pájaro enjaulado recoge la autobiografía de la escritora Maya Angelou. Con siete años, fue violada por el novio de su madre. El agresor fue asesinado tras pasar brevemente por la cárcel y ella enmudeció durante cinco años:«Creí que mi voz lo había ma-tado; yo maté a ese hombre, porque dije su nombre. Y después pensé que nunca volvería a hablar, porque mi voz podría matar a cualquiera…».

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El 17 de junio de 2025, Abderrahim Akkouh, de 35 años, murió por asfixia en Torrejón de Ardoz (Madrid) tras ser inmovilizado durante minutos por un policía municipal de Madrid que estaba fuera de servicio y al que supuestamente iba a robarle el móvil. En los vídeos grabados por vecinos, se puede observar al agente, junto a un compañero jubilado, que no lo suelta a pesar de estar quieto y de las súplicas de los transeúntes para que lo dejara. Mientras el primer agente está siendo investigado por homicidio desde el primer día, el otro policía que le sujetaba las piernas fue declarado testigo por el juzgado.

Ahora, un auto del Juzgado de Instrucción número 4 de Torrejón de Ardoz ha convertido al policía jubilado de testigo a investigado por homicidio. La decisión la ha tomado la jueza tras el informe médico forense de autopsia que considera entre las causas del fallecimiento «la inmovilización (con compresión torácica y presa cervical) y posición en decúbito prono del fallecido», tal y como ha adelantado elDiario.es y explica el auto al que ha accedido a La Marea.

El policía, que responde a la iniciales P. Á. P. C., dijo, según las grabaciones del suceso: «¡Mereces que te mueras ahora mismo, cabrón». El próximo martes 9 de junio tendrá que testificar ante la jueza Marta Gala García.

Rubén Vaquero, abogado de la familia Akkouh, considera que no se trató de homicidio, cargos por los que se investiga a ambos policías, sino de asesinato. En una entrevista a La Marea en 2025, denunció «la falta de humanidad, la xenofobia y el racismo» de los grandes medios de comunicación y ciertos sectores políticos al intentar deshumanizar a Abderrahim y «reducir su vida a un perfil sospechoso, a una amenaza, a una cifra sin valor».

Para recordar a Abderrahim, una manifestación circulará por Torrejón de Ardoz el 20 de junio.

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Una jueza en chándal está sentada en el banco de un parque. Se escucha, levemente, el trino de unos gorriones revoltosos. A su lado, también con ropa deportiva, dos abogadas miran unos papeles con sus piernas cruzadas sobre el césped. Y un poquito más allá, un fiscal, con vaqueros y camiseta de manga corta de su grupo de música favorito, observa los columpios y el tobogán del fondo, junto a unos árboles frondosos que dan sombra.

Ahí, en mitad de ese escenario natural e infantil, la jueza coge una pelota y, mientras la bota, hace preguntas a un señor que va a ser juzgado. El hombre, ataviado con una americana y camisa blanca, mira a un lado y a otro, se frota los ojos una y otra vez. Pero nada, no sale del asombro, no da crédito a lo que está ocurriendo. La jueza pasa la pelota a las abogadas, que se la lanzan entre ellas hasta llegar al columpio. Desde ahí, mientras sube y baja el balanceo, siguen haciendo preguntas. El hombre, incapaz de responder nada, continúa sin entender por qué los representantes de la justicia se visten y actúan de esa forma, por qué su juicio se está celebrando en mitad de un parque, como si aquello fuera un juego. 

Obviamente, la escena no es real. Pero la sensación de desconcierto que está sintiendo ese hombre puede compararse a la de un niño que acude a un juzgado. Es así, con esa imagen, como lo explica de una manera muy gráfica la magistrada de la Sala Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias Glòria Poyatos, experta en la humanización de la justicia. «¿Has ido alguna vez a una sala de vistas, verdad? ¿Sabes cómo es, no? Porque lo que ves es un micrófono ahí en medio donde solo se puede hablar cuando se formula una pregunta y no se puede intervenir en ningún otro momento. Un lugar donde quien únicamente habla, con una voz elevada, es un ser vestido de negro que está en mitad de la sala, en una silla victoriana. Y ahí es donde no puede ir un niño, una niña que, encima, ha sido agredido sexualmente», dice la magistrada, que reconoce que se les trata como si fueran propiedad de alguien, como si no fueran sujetos de derecho.

«Seamos capaces de entenderlos, de ponernos en su lugar, de hacerles declarar de una forma libre, espontánea. ¿Dónde se haría el juicio? Quizá no se hubiera hecho nunca en una sala de vistas, sino en en un parque. Quizás no estaría la jueza o el juez con una toga negra, quizás estaría vestido con un chándal. O quizás estaría en un sitio con más niños hablando con todos ellos», reflexiona Poyatos. 

Lo que dice la magistrada, en el fondo, remite a las casas Barnahús, lugares donde esos niños y niñas se sientan seguros, donde no tengan que contar varias veces a personas diferentes lo que su padre, su tío o su profesor le han hecho, donde se tenga en cuenta la perspectiva de infancia. ¿Y por qué no se hace siempre así si parece lo más razonable? Poyatos es rotunda: «Porque el Derecho no ha sido pensado para las características, experiencias, expectativas, aspiraciones y preocupaciones de los seres humanos menores de edad. Y tampoco ha sido pensado para sus características, sus peculiaridades. Por tanto, su manera de hablar, de expresarse, de funcionar, de sentir, de ser en general es muy diferente», añade. 

Tal es la forma en la que está concebido el Derecho que ella misma tuvo que escribir un voto particular para explicar una sentencia de un modo entendible a un niño al que la administración le había denegado su grado de discapacidad. Esto escribió la jueza, porque no podía redactarse así en la sentencia: «Hemos estudiado tu caso y tienes toda la razón, Aureliano. Te vamos a apoyar porque ahora entendemos por qué te cuesta más hacer las cosas».

Garantías del proceso 

Con su habitual pedagogía –Poyatos es impulsora también de la lucha por incluir la perspectiva de género en la justicia–, la magistrada insiste no solo en que el ordenamiento jurídico se ha concebido con un enfoque adultocéntrico, sino en un adulto muy concreto: «Con unas características muy determinadas: hombre heterosexual, mayor de edad, propietario, sin discapacidad, no demasiado mayor en edad… Aquellos otros sectores de la población, dígase infancia, dígase mujeres, personas con discapacidad, homosexuales, que salgan de ese patronaje para el que fue esculpido el ordenamiento jurídico, se topan con un derecho que no ha sido pensado para ellos y una aplicación mecánica del derecho los excluye directamente».

En el caso de las agresiones sexuales a las niñas, niños y adolescentes, esto afecta además a las garantías del proceso: «Tenemos un ordenamiento jurídico penal garantista, que está muy bien. Obviamente, cualquier Estado de derecho, si es un Estado de derecho social, democrático, debe ser cuanto menos garantista. Pero no se tiene en cuenta quizá, o no hemos dado un paso más, en las garantías que pueda tener la persona en el derecho penal, que deben ponderarse cuando al otro lado tenemos una víctima vulnerable como pueden ser estos niños y niñas. Por ejemplo, la atenuante por dilación indebida. Es decir, cuando el proceso dura demasiado, se entiende que incide negativamente en la persona procesada. Y le aplican esta atenuante con la disminución que corresponda de la pena que se le aplicaría por el delito por el que ha sido procesada. ¿A quién beneficia esto?», se pregunta retóricamente Poyatos. 

Pues en este caso al pederasta. «¿Y qué pasa con las víctimas? ¿Acaso el Derecho ha pensado en las víctimas que tardan demasiado en ver cumplida la pena del agresor? ¿Les da algo? ¿Qué les da a esos niños y niñas que han tardado años en ver cumplida la justicia? Nada. Además, les pega en la cara porque les dice ‘mira, encima voy a beneficiar a tu agresor, le vamos a quitar unos años», analiza. 

Y termina volviendo al principio: «El Derecho es eminentemente adultocéntrico. Y es algo que tenemos que cambiar». Tal vez la escena de un hombre juzgado en el parque nos ayude a visualizarlo, y entenderlo, de una vez. 

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Cuatro personas han sido detenidas tras una carga de la Ertzaintza durante la llegada a Bilbao de varios miembros de la Flotilla, que habían sido secuestrados por Israel. Algunos de los activistas, según han denunciado, ha sido golpeados y arrestados. El consejero de Seguridad ha anunciado una investigación para «aclarar lo sucedido».

«La violencia ejercida contra una acción que simboliza la solidaridad y la defensa de los derechos humanos no tiene ninguna justificación. No es aceptable golpear y detener en Euskal Herria a personas que han sido secuestradas por Israel», ha denunciado EH Bildu.

Israel deportó días atrás a la mayoría de los activistas de la flotilla de apoyo a Gaza. Entre ellos había 44 españoles que fueron trasladados a Turquía, donde denunciaron el trato brutal y humillante recibido por parte del Ejército israelí, que los secuestró ilegalmente en aguas internacionales. Cuatro de ellos necesitaron atención médica.

Este mismo sábado han llegado también varios activistas a Barcelona y Madrid, donde han sido recibidos con el apoyo de decenas de personas.

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Aficanda en Valencia de Alcántara (Cáceres) tras varios años viviendo en Ecuador, Victoria César Velázquez acaba de defender en la Universidad de Sevilla una tesis doctoral en la que indaga, a través de sus protagonistas, cómo el movimiento memorialista se ha ido forjando como el músculo de la recuperación y reparación a las víctimas del franquismo en España en las últimas dos décadas. Es tal la fuerza de este activismo –defiende la investigadora– que, incluso en este momento de ultraderechización y de discursos contrarios a los derechos humanos, logra mantener vivo un tema que desde muchas instituciones intentan dar por muerto. Para esta investigación, no ha recibido ningún tipo de financiación. «Hay mucha gente haciendo investigación sin recibir retribución económica, a expensas del sacrificio profesional y personal», afirma. 

¿Por qué hizo esta tesis doctoral?

El tema conectaba con mi trabajo de fin de grado, que había versado sobre una propuesta del Parlamento Europeo en 2014 acerca de cómo estudiar la memoria en las escuelas. Esta propuesta iba encaminada fundamentalmente al nazismo y al estalinismo o a los regímenes comunistas. Cuando me quise meter en el doctorado, contacté con el profesor Miguel Vázquez Liñán, que también había sido mi director de TFG, y ya concretamos el tema partiendo del planteamiento de que la memoria histórica en España y en Andalucía, tal y como la conocemos, no se puede entender sin el activismo memorialista, sin el movimiento memorialista. Hay, además, una ausencia o escasez de estudios académicos en los que el movimiento memorialista sea el objeto de estudio principal. Y así fuimos estableciendo el tema inicial de hacer una historia social del movimiento memorialista en Andalucía a través de entrevistas en profundidad, para que fueran las propias personas del movimiento las que describieran sus experiencias y las que contaran cómo había sido todo ese proceso. 

Se la dedica a su abuela. Aparte de que las abuelas siempre son especiales, ¿existe alguna motivación relacionada con la memoria?

No directamente o no del todo. Mi abuela es una figura muy importante en mi vida; es mi segunda madre, yo me crié con ella. Falleció durante el proceso de elaboración de la tesis y no fue nunca muy consciente del doctorado porque en sus últimos años tuvo Alzhéimer. A veces me había hablado de la represión en Lebrija, en mi pueblo, desde un punto de vista crítico. Mi abuelo había sido bastante autoritario, bastante afín al franquismo y a este tipo de ideología, por lo que mi abuela había sido una mujer muy sumisa durante casi toda su vida. Cuando falleció mi abuelo, fue cuando ella empezó a expresarse y hablar mucho más. Y sobre este tema en concreto, sacaba muchísimo a colación a una tía suya, que la crió, que sí fue una represaliada directa del franquismo, a su marido lo desaparecieron, ella quedó viuda con un niño de dos años, se negó a firmar el documento para recibir una ayuda, tuvo una vida bastante difícil y bastante condicionada por esa circunstancia. De hecho, a mí ahora mismo me gustaría intentar recuperar en la medida de lo posible la historia de esa tía abuela.

Mi abuela hablaba de ella como una mujer muy fuerte, muy orgullosa, muy digna. Y también sé que otra de sus tías se fue a Sevilla a vivir en una especie de cooperativa y fue también represaliada directamente, pero no sé todavía ni siquiera el nombre. Todas estas historias van creando una conciencia, una sensibilidad que en las generaciones más jóvenes quizás está menos presente que en generaciones más mayores que han tenido un contacto más directo con personas represaliadas directamente.

La investigación abarca 23 años, de 2000 a 2023. Puede parecer mucho, pero ¿cree que se siguen quedando cortos para todo lo que hay que reparar? Muchas víctimas presentes en ese movimiento memorialista ya han muerto. 

El movimiento ha logrado muchísimas cosas y ha avanzado muchísimo, pero también ha tenido muchísimos obstáculos que han determinado los avances que se han podido hacer. En estos años, aunque en Andalucía ha habido una profusión de iniciativas, incluso políticas institucionales, observas que no es suficiente viendo por ejemplo las cifras de las exhumaciones, de todas las personas que siguen siendo anónimas, como la historia de mi tía y su marido. Y, siendo realista, probablemente vaya a quedar mucho sin recuperar. Veinte años no son suficientes, obviamente, para recuperar la memoria de las personas represaliadas por el franquismo en su totalidad. 

Mantiene que el movimiento memorialista andaluz tiene unas características propias. ¿No es extrapolable al resto de España? 

Hay características propias a nivel de iniciativas, de políticas, de organización de las asociaciones, de medios de comunicación… pero obviamente muchas características sí son extrapolables. Sí sostengo también que Andalucía, sin restar gravedad a la represión en ninguna otra comunidad, es una víctima ejemplarizante, se mandaba un mensaje al exterior de ‘esto es lo que va a seguir pasando’. 

Entrevista a diferentes perfiles dentro del movimiento memorialista y hace una distinción entre familiares biológicos e ideológicos, como Cecilio Gordillo dentro de este último grupo.

Sí, surgía la necesidad de distinguirlos, precisamente por una definición que hace Cecilio Gordillo. Porque la participación en el movimiento memorialista puede empezar no necesariamente por un vínculo familiar sino por una afinidad ideológica,y creo que es muy importante porque es algo que está presente prácticamente en todas las personas que participan en él. A lo mejor las personas que pueden poner un poco más de distancia ideológica son aquellas que participan en la memoria a través de un vínculo profesional, pero incluso en esos casos hay un fuerte componente de compromiso emocional. 

Y muchas de esas personas, como el propio Gordillo, descubren también que son familiares biológicos.

Sí, son dos colectivos que están muy conectados entre sí, porque al final, si nos ponemos a escarbar en nuestras historias familiares, vamos a encontrar algún caso. 

Lo define Andrés Rebolledo, familiar de represaliados, como “trauma colectivo”. 

Eso es.

Divide la investigación en tres fases: los orígenes, la institucionalización y la inanición, que es en la que estamos ahora, con el PP en la Junta de Andalucía. No obstante, el movimiento memorialista fue bastante crítico con el PSOE en la fase de institucionalización. 

El periodo de institucionalización es muy complejo desde el punto de vista ideológico: hay muchas personas muy críticas que entienden que aun habiendo un cierto compromiso institucional con la recuperación de la memoria histórica, era muy limitado. Es decir, todo lo que se hacía tenía que seguir siendo promovido por parte del activismo ciudadano, e incluso en muchas ocasiones llevaba a cabo el trabajo, como con el mapa de fosas. Luego otras instituciones, incluyendo la universidad, validaron esta información. Pero sin la existencia del movimiento memorialista, mucho o casi todo de lo que se ha hecho no se hubiera hecho si se hubiera dejado en manos de la Junta de Andalucía. Y, además, lo que se ha conseguido ha sido a un ritmo que no es coherente con la urgencia de reparar a personas que son mayores. Las instituciones solas no hubieran movido la memoria histórica apenas y, de hecho, incluso las normativas han podido limitar a veces el tema de las exhumaciones, como la burocratización del proceso.

Y también ha habido conflictos internos en el seno del movimiento, ¿no?

Sí, no quiero idealizarlo. Venimos de un movimiento que también tiene sus contradicciones internas, sus propios desafíos internos. Han logrado llevar a cabo iniciativas conjuntas, pero obviamente existe conflicto a la hora de ponerse de acuerdo y de trabajar en el día a día con las personas que ideológicamente no son del mismo grupo, por así decirlo. De todas formas, es un movimiento muy plural, eso me parece algo muy positivo.

El PP ha ganado de nuevo las elecciones en Andalucía, pero ha perdido la mayoría absoluta. ¿Cómo ve al movimiento memorialista ahora, en este contexto de ultraderechización generalizado?

A partir de que entra el PP en la Junta de Andalucía, en 2019, hay un cambio muy claro: recorta brutalmente la financiación, elimina instituciones como la Oficina de Memoria Histórica de Sevilla, elimina también información que antes estaba en la página del Ayuntamiento de Sevilla sin ningún tipo de declaración pública sobre eso, sino que simplemente desaparece y ya está.

Y ahora, aunque en Andalucía pueda parecer que la ultraderechización no es tan explícita, en la práctica sí lo es, porque incluso en el discurso del PP no hay nada que nos invite a pensar que no existe esa hostilidad y esa oposición hacia la recuperación de la memoria histórica. El PP andaluz no se ha manifestado a favor de la recuperación de la memoria histórica, ni ha manifestado ningún compromiso con recuperar la memoria histórica. Por eso creo que, a diferencia de la etapa del PSOE, ahora mismo el movimiento memorialista puede tener una oportunidad de volver a un punto más reivindicativo en su conjunto, de estar en pie de guerra, puede ser un nexo de unión, tener una mayor cohesión interna. También dependerá mucho de cómo evolucione la situación a nivel nacional e incluso internacional en cuanto al auge de la extrema derecha, de la normalización de discursos que son totalmente contrarios al reconocimiento a las víctimas y a los derechos humanos. La inclusión de personas jóvenes, la renovación de liderazgos en el movimiento memorialista, es otro de los desafíos.

Hasta ahora, en el fortalecimiento del movimiento memorialista ha influido también, según explica en su tesis, la enorme producción cultural en torno a la memoria en los últimos años.

Sí, yo creo que gran parte de esto viene gracias a esa divulgación cultural. Entiendo que la producción académica es fundamental y es el origen, también en parte, de esa divulgación cultural. Pero claro, la academia tiene bastantes limitaciones para llegar a la sociedad y eso  es lo que sí logra la divulgación cultural: literatura, cine, música, incluso los medios de comunicación. Por eso me parece muy importante esos últimos diez años desde 2012, más o menos hasta acá, con una producción muy amplia y con un enfoque de derechos humanos.

¿Eso puede cambiar ahora con los nuevos escenarios políticos?

Todos entendemos que aquí hubo una dictadura durante 40 años, pero la justificación de que con Franco no se vivía tan mal viene de invisibilizar a todas las víctimas que el franquismo tiene detrás. Lo hace la extrema derecha pero también la derecha moderada, por así decirlo, o incluso parte de lo que se supone que es izquierda. Creo que ahí también ha jugado un rol en invisibilizar esa violencia tanto del franquismo como de la transición, al no querer poner el punto de atención ahí. Entonces, que exista esa divulgación cultural es súper importante, eso va a quedar ahí, a no ser que empiecen a censurar y a eliminar obras, ¿no? Que esperemos que no tengamos que llegar a ese punto nunca. Lo que pasa es que debería dársele más difusión todavía, por ejemplo, a través de la escuela. Y ahí, de nuevo, la posición institucional se vuelve un límite.

¿Y si desapareciera el movimiento memorialista? 

Si se disolviera en los próximos diez años, la memoria histórica quedaría en lo que se ha recuperado hasta ahora y poco más. Y como conclusión de la investigación, si no existiera el activismo no se habría hecho prácticamente nada. Pero bueno, también es un movimiento que está todavía en actividad, en desarrollo. Y eso para mí ha sido, durante la última etapa, un desafío desde el punto de vista de la investigación, estudiar esos últimos años en los que prácticamente estamos metidos ahora mismo, hacia dónde puede ir. 

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La Llotja de Mar, símbolo del comercio marítimo barcelonés desde el siglo XIV, albergó durante dos días una conversación sobre los flujos invisibles que mueven el mundo contemporáneo: datos, algoritmos, plataformas, derechos. El I Encuentro Internacional por los Derechos Digitales –organizado en el marco de la Mobile World Capital Barcelona y financiado con fondos europeos de NextGenerationEU– acogió mesas redondas, charlas magistrales y sesiones de participación ciudadana sobre un mismo eje temático abordado desde ángulos muy distintos: el impacto de la inteligencia artificial y las plataformas digitales sobre los derechos fundamentales, la democracia y el trabajo.

Y, sin embargo, uno de los mensajes más repetidos a lo largo de las dos jornadas fue precisamente ese: que el debate llega tarde. Que mientras académicos, juristas y representantes sindicales discuten marcos regulatorios y garantías democráticas, las tecnologías que pretenden regular llevan años operando a escala masiva, moldeando conductas, eliminando empleos y concentrando un poder sin precedentes en manos de unas pocas corporaciones privadas. El congreso no podía resolver esa contradicción, pero al menos la nombraba sin eufemismos.

Buena parte de los asistentes que debatían sobre el empoderamiento de los trabajadores y la necesidad de escuchar voces colectivas lo hacían ataviados con traje. Una contradicción menor, quizás, pero elocuente: la urgencia por democratizar el debate digital convive, todavía, con los códigos y los circuitos de siempre.

El vehículo sin carriles

Geertrui Mieke De Ketelaere, ingeniera e investigadora de inteligencia artificial desde los años noventa y autora de The Chatbot Trap, fue una de las voces más contundentes de la primera jornada. Lleva décadas estudiando cómo las sociedades adoptan tecnología y ha aprendido a reconocer ciertos patrones que se van repitiendo, pero el que ve ahora con el desarrollo de la llamada “Inteligencia Artificial” le inquieta: “Cuando hay un accidente de coche, los daños están a la vista, pero con la IA los daños se esconden”. Su diagnóstico fue claro: el modelo habitual –primero optimizar, luego pensar en el impacto– se está repitiendo con la inteligencia artificial, pero a una velocidad y con una opacidad sin precedentes. “Tenemos que apresurarnos en ponerle carriles al vehículo”, resumió. El coche ya está en marcha, pero la carretera todavía no existe.

De Ketelaere fue más allá de la necesidad de regulación para hablar de algo más estructural, lo que ella llamó “la economía del apego”, es decir, la forma en la que las grandes plataformas explotan mecanismos dopamínicos para generar dependencia emocional, presentándola como mejora de las relaciones sociales cuando los efectos reales apuntan en dirección contraria. La adicción como business model.

Este tipo de análisis, que hace apenas una década habría sonado alarmista en un foro institucional, fue recibido en la Llotja de Mar sin apenas cuestionamiento. Algo ha cambiado en el consenso experto. La pregunta es más qué herramientas disponemos para actuar.

«Estamos entrenando a la máquina para que nos sustituya»

Si la sesión sobre sostenibilidad digital habló del problema en términos sistémicos, la mesa dedicada al impacto de las tecnologías emergentes en el trabajo sirvió para bajarlo a ras de suelo. María Luz Rodríguez, catedrática de Derecho del Trabajo de la Universidad de Castilla-La Mancha, arrancó desmontando una coartada habitual: “No estamos hablando del futuro del trabajo. Estamos hablando del presente”. Puso el ejemplo de los centros de atención telefónica, donde la voz de los trabajadores se graba sistemáticamente para entrenar a los bots que acabarán sustituyéndoles. “Estamos trabajando para que nos acaben desalojando”, resumió. Y aquí paz y después gloria.

Rodríguez reclamó que el debate sobre la propiedad de los datos laborales se sitúe en el centro de la agenda política y sindical. Los datos que generan los trabajadores en su actividad cotidiana tienen un valor económico enorme. Ese valor se captura, se monetiza y raramente revierte sobre quien lo produce. “No podremos transformar la sociedad sin la voz de las personas implicadas”, insistió. La transformación digital, advertía, requiere un diseño plural que vaya más allá de la perspectiva empresarial.

La mesa completó ese diagnóstico con otras voces. José Varela, responsable de IA y digitalización de UGT Confederal, distinguió entre empleo y empleabilidad: perder un trabajo es un drama individual, pero cuando una tecnología elimina categorías enteras de ocupación, lo que se destruye es la posibilidad misma de encontrar empleo en ese sector. “Eso está ocurriendo”, advirtió. Eva Rimbau-Gilabert, profesora de la UOC, añadió que el control tecnológico excesivo sobre los trabajadores siempre genera desafección y rompe el contrato psicológico. “La IA se está usando para sustituir, cuando debería ser utilizada para complementar”, concluyó. Las empresas, dijo, se están buscando un problema a medio plazo.

Democracia, juventud y el espejo iberoamericano

La primera jornada cerró con una mesa que amplió el foco geográfico y generacional. Alexandre Pupo, secretario general del Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica, aportó un dato que debería figurar en cualquier informe sobre el estado de las democracias: si en 2010 una mayoría de jóvenes iberoamericanos declaraba apoyar la democracia, en 2020 ese apoyo había caído al 45%. En el mismo período, las tasas de trastorno emocional y depresión se duplicaron.

Ciertamente, correlación no implica necesariamente causalidad. Pero en este caso, y a falta de que baje un estadista y lo certifique, todo apunta a que ambos conceptos se dan de la mano.

Pupo rechazó la narrativa de los que los jóvenes de hoy son “nativos digitales”, identificándola como una trampa conceptual. “Nos toca vivir en esta realidad, pero no nacemos preparados para ella”, dijo. Y apuntó a un dato que da que pensar. “En 2010 ocurre algo…Facebook crea el botón de me gusta”. Correlación no implica causalidad. Pero haríamos bien en recordar estos datos y atar algunos cabos.

Gustavo Gómez, director ejecutivo de OBSERVACOM, señaló la asimetría regulatoria que subyace a todos estos debates: se regula con más intensidad a los usuarios que a los dueños de las plataformas. En América Latina, ese desequilibrio tiene consecuencias políticas directas que los marcos europeos tienden a subestimar. La cuestión de fondo es quién tiene el poder de definir qué se ve, qué se amplifica y qué se silencia en el espacio público.

Lo que queda pendiente

El I Encuentro Internacional por los Derechos Digitales no pretendía resolver los problemas que ponía sobre la mesa, y no los resolvió. Pero consiguió algo más difícil en el clima actual: reunir en un mismo espacio a personas que habitualmente hablan en registros y foros distintos –el académico, el sindical, el jurídico, el activista, el institucional– y forzarlas a escucharse. En un momento en que la velocidad del cambio tecnológico tiende a dejar obsoletos los marcos de análisis antes de que sean adoptados, esa lentitud deliberativa tiene un valor que no debe subestimarse.

Lo que el congreso dejó en evidencia es que el tiempo del diagnóstico se agota. Durante años, investigadores y activistas han documentado los riesgos de la concentración tecnológica, la explotación de datos, la manipulación algorítmica y la destrucción de empleo. Esa documentación existe. Los marcos regulatorios europeos –el AI Act, el Digital Services Act– existen también, aunque sean insuficientes. Lo que falta es, de algún modo, lo de siempre: voluntad política para actuar a la altura de un problema que ya nos está superando, y hacerlo en clave democrática en contra los intereses del poder tecnofeudal creciente.

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El 14 de abril el Consejo de Ministros aprobaba el Real Decreto de regularización administrativa extraordinaria. La norma, que viene a resolver la anomalía administrativa de un amplio colectivo de personas migrantes que, de manera irregular, trabajan y residen en España, ha sido celebrada por ONG y Plataformas como la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), la Red Acoge, Cáritas o el movimiento Regularización Ya. Pero la redacción final esconde también sombras importantes, como la exclusión de los apátridas, un colectivo que figuraba en el borrador del decreto y que finalmente fue eliminado por el Gobierno después de que el Consejo de Estado objetase su inclusión en la misma disposición que la relativa a los solicitantes de asilo. El hecho ha vuelto a poner de actualidad la existencia de un colectivo habitualmente desaparecido de los relatos sobre migración y asilo.

“No ciudadanos”

Para la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954, una de las dos normas de la ONU que tienen como objeto garantizar unos mínimos derechos a estas personas, apátrida sería aquella persona que «no es considerada como nacional por ningún Estado en virtud de la aplicación de su ley». Y dado que se le niega la nacionalidad, tampoco tiene acceso a servicios básicos ni a derechos fundamentales, como la educación o la atención médica, un empleo formal o contraer matrimonio. Además, dichas personas corren un riesgo de ser víctimas de abuso o de explotación. 

Por su parte, la Convención de 1961 es la encargada de reducir los casos de apatridia, estableciendo topes a los requisitos que deben cumplir para acceder a la nacionalidad. En la UE, ni Francia, ni Grecia, ni Eslovenia han llegado a ratificar esta última convención; y Chipre, Estonia y Polonia ni siquiera se han adherido a la de 1954. España lo hizo en 1997, pero no aprobó el Reglamento de reconocimiento del estatuto de apátrida hasta 2001. 

Según informes estadísticos de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), en junio de 2025 había cuatro millones y medio de apátridas en el mundo, pero dado que la mayoría de los países no proporcionan datos relativos a esta situación, se estima que la cifra real es mucho más elevada. Estas personas se encuentran prácticamente en todos los países y regiones del planeta y la mayoría vive en el mismo país en el que nació. 

Entre los principales colectivos de apátridas en el mundo se encuentra el de los Rohinyá en Myanmar, cuya Ley de Ciudadanía de 1982 los excluyó de los grupos étnicos nacionales a pesar de residir en el país desde hace siglos, y actualmente son considerados «extranjeros» por las autoridades birmanas. Otro caso destacable sería el de los palestinos radicados en países vecinos como Líbano, Siria o Egipto, pues carecen de una ciudadanía reconocida que les brinde protección, teniendo que depender de documentos de viaje temporales.

En Europa, atendiendo nuevamente a las cifras de ACNUR, la mayoría se encontraría en las antiguas repúblicas de la Unión Soviética, hoy Estados independientes: Estonia y Letonia, por ejemplo, acaparan la mayoría –255.700 de los 381.000 de la UE– y son normalmente personas de etnia rusa, cuyos Estados, al independizarse, denegaron la ciudadanía automática a los residentes no nativos, convirtiéndolos en «no ciudadanos”. 

En España, saharauis

En España, más del 90% de los apátridas son de origen saharaui, un porcentaje que podría ser incluso mayor, tal y como nos cuenta Mauricio Valiente, presidente de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), ya que “su situación lleva a algunos a usar documentos marroquíes o mauritanos para acceder a España por lo que, en los informes anuales del Ministerio de Interior, es ese el origen con el que aparecen referenciados”.

No es por tanto extraño que una de las principales críticas al Real Decreto venga precisamente del colectivo saharaui, tal y como expresa Salamu Hamudi Bachri, responsable de Asuntos Políticos del Polisario en España: “Valoramos positivamente la regularización de los inmigrantes, pero nos preocupa enormemente que se haya excluido ad hoc a los saharauis. Esto tiene un trasfondo puramente político: agradar a Marruecos, no desestabilizar la supuesta buena relación que mantienen el PSOE y el Majzén. Si en un principio la norma reconocía la regularización de todos, fueran apátridas, refugiados, solicitantes de asilo… al final los únicos excluidos son los saharauis”. El objetivo de esta excepción sería para Hamudi: “Hacer aún más daño a nuestro pueblo, algo que ya se venía evidenciando con la merma de la ayuda humanitaria a la población refugiada en los campamentos”.

Elma Saiz, ministra de Inclusión, seguridad social y migraciones, ha justificado la medida por las recomendaciones del Consejo de Estado, tras las cuales el Gobierno no podía “solapar procedimientos” y era necesario “separar claramente la situación de las personas apátridas porque no están en situación irregular y están protegidas por dicho estatuto». 

“La explicación del Gobierno se basa en una perversión del lenguaje. Cuando dice que los apátridas no están en situación irregular, tienen un procedimiento específico y cuentan con mejores condiciones, está retorciendo la realidad: obviamente, quien ya tiene el estatus de apátrida tiene mejores condiciones jurídicas, permiso de residencia, de trabajo permanente… Pero aquí de lo que estamos hablando es de solicitantes”, razona Sidi Talebbuia, abogado sevillano de origen saharaui, “el que necesita regularizarse es el que no tiene el permiso concedido. Es lo mismo que puede ocurrir con la persona solicitante de asilo. Y sin embargo a estas personas sí se las incluye en el Real Decreto”. El motivo, por tanto, solo puede ser político, a juicio de Talebbuia: “La actual presidenta del Consejo de Estado es Carmen Calvo, ex vicepresidenta primera del Gobierno y exministra de la Presidencia con el PSOE de Pedro Sánchez; y es pública la actitud de la parte socialista del Gobierno con respecto a los saharauis”.

Buena parte del problema viene del proceso burocrático para adquirir el estatuto de apátrida, desarrolla el abogado: “El Reglamento establece un plazo de tres meses para que sea resuelta la solicitud pero en la práctica, el trámite, en lugar de resolverse en los tres meses previstos, dura un plazo que va de dos a tres años, habitualmente, más cerca de tres. Entonces los solicitantes se encuentran ante una situación de extrema vulnerabilidad, pues deben permanecer años esperando una resolución, que en la mayor parte de los casos de estos solicitantes provenientes de los campamentos saharauis suele ser favorable, pero en ese tiempo de espera, no tienen permiso de trabajo, lo que complica su existencia y les obliga a estar sometidos a todo tipo de abusos laborales.

“Aquí el agravio comparativo se hace con respecto a los demandantes de asilo”, continúa Talebbuia, “puesto que si a los seis meses, que es el tiempo que se prevé legalmente para que se resuelva el expediente de los solicitantes de protección internacional, no se ha confirmado, se les puede autorizar a trabajar en lo que conoce vulgarmente como la ‘tarjeta roja’ –en el caso de los apátridas sería la verde—”.

Coinciden en la valoración en la CEAR, tal y como explica Valiente: “Existe un agravio importante con respecto a los solicitantes de asilo: si una de estas personas acude a la policía, automáticamente se le documenta y tiene autorización de permanencia; y a los seis meses, de trabajo, lo que no ocurre con los apátridas, que sufren un procedimiento mucho más largo y genera una evidente indefensión en quienes la solicitan. El Gobierno debería automatizar la permanencia y resolver la situación administrativa para estas personas de manera automática, que dejen de ser invisibles y puedan acceder a derechos fundamentales como el trabajo, la sanidad y la educación”.

“Por otra parte, lo que tendría que hacer el PSOE es desencallar el proyecto de ley para conceder la nacionalidad a los saharauis, que se encuentra en el Congreso desde hace dos años bloqueado únicamente por obcecación del Partido Socialista. Sería una pequeña reparación del daño histórico a la memoria democrática de este país, un daño que todavía no se ha solventado. Y en lo concerniente a los apátridas, es tan sencillo como una orden ministerial que pueda darles el acceso al trabajo en las mismas condiciones que a los solicitantes de protección internacional. De esta manera ya ni siquiera sería necesario incluirles en el proceso de regularización”, zanja Talebbuia.

Apátridas por voluntad propia

Por último, también existen personas que solicitan el estatus de apátrida, pero por razones muy diferentes a las expuestas anteriormente: si la nacionalidad se concibe como una cualidad que infunde a la persona el hecho de pertenecer a una comunidad nacional organizada en forma de Estado, lo que buscan es precisamente rechazar esa nacionalidad como construcción identitaria impuesta. Es el caso de Nuria Güell, artista visual reconocida por sus proyectos de carácter político y social, y cuyo trabajo ha sido expuesto en museos y galerías de todo el mundo. 

La artista, después de varios proyectos que intentaban subvertir la Ley de Extranjería, como Ayuda Humanitaria o TooMuchMelanin, llegó a la conclusión de que había que ir a la raíz, “superar la noción de identidad nacional como supuesto identitario, por ser una categoría artificial, impuesta y segregativa”, también por la experiencia de los “incontables horrores cometidos en nombre de los nacionalismos y de ser la base en la que se sustenta la dialéctica del nosotros y ellos, semilla de la xenofobia y el miedo a la diferencia”.

Con ese objetivo en mente, Güell solicitó renunciar a la nacionalidad adquiriendo el estatuto de apátrida, una petición que le fue denegada sin argumentación. Tras esa primera negativa, encargó un informe legal partiendo de la base del Artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, según el cual todos los seres humanos nacen libres. “El objetivo de este segundo informe era saber si, a través del derecho de autodeterminación, se podía renunciar a su nacionalidad. Yo estaba tensando la cuerda, intentando empujar los límites”. 

Después de un año y medio, el Ministerio de Justicia le notificó que la petición era inviable: el marco legal vigente no contempla que puedan existir personas sin nacionalidad por voluntad propia. Toda persona debe pertenecer obligatoriamente a un Estado… Aunque, eso sí, pese a que el Estado no permite renunciar a él, se reserva paradójicamente el derecho a la expulsión de la nacionalidad como castigo.

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Hace apenas un par de años, Robert Thacker, autor de la biografía de la Nobel de Literatura Alice Munro, se vio obligado a explicar por qué no había incluido en ese libro, publicado en 2011, un episodio muy importante en la vida de la canadiense. El episodio en cuestión lo hizo público en un periódico una hija de Munro, Andrea Robin Skinner, dos meses después de la muerte de la escritora: «A la sombra de mi madre, un icono literario, mi familia y yo hemos ocultado un secreto durante décadas. Ha llegado el momento de contar mi historia». En realidad, Andrea ya la había contado hacía años a su familia, quien tenía que haberla protegido y no lo hizo. «Mi padrastro abusó de mí. Mi madre se quedó a su lado», tituló aquel artículo en Toronto Star en 2024. Ni siquiera una condena al agresor, según explicó Andrea, logró romper el silencio al que su familia la había sometido durante décadas. 

La historia de Andrea Robin Skinner es la historia de tantos niños y niñas que se siguen contando y no se creen hoy en todo el mundo, en España, en tu barrio, en tu propia casa; que se cuentan y no pasa nada. O que incluso continúan sin contarse. Es la historia de tantos y tantos agresores bien reputados, bien vistos, que dicen, en los pocos casos en los que son juzgados, que no es verdad o que fue la niña o el niño quien los sedujo; agresores que entran en el cuarto de su hijo por la noche y le ponen el mejor de los desayunos por la mañana, que siguen delinquiendo amparados por la impunidad, por el mirar para otro lado. Es la misma historia de tantas y tantas familias que se rompen por un delito que continúa siendo un tabú, algo muy fuerte, tan asqueroso, tan perverso, que no entra en cabeza humana. Pero que existe, que lo cometen hombres, familiares y conocidos en su mayoría. No son monstruos, ni psicópatas, no tienen diagnosticada enfermedad alguna. 

 «Eso es, es eso. Nunca es tarde para hablar de ello. No es Epstein, son las casas, es lo que está pasando hoy en las casas», dice hoy desde Sevilla María, una niña ya adulta como Andrea Robin Skinner. María usa este nombre porque no quiere revelar su nombre real, y asegura que su familia está rota porque contó que un familiar cercano la había estado agrediendo sexualmente cuando era una niña. Esta sentencia de 2023, que condena al tío de una pequeña como María, confirma que no estamos ante casos aislados: «La menor explicó que no lo hizo antes –contar que su tío la agredía– porque tenía miedo a que no la creyeran, y porque pensaba que al revelarlo la familia se iba a romper, como ocurrió cuando se supo. Es algo repetitivo en estos casos».

María afirma que en su grupo de terapia, en el 90% de los casos no tuvieron apoyo familiar: «La respuesta sobre cómo respondían las madres era muy similar, hemos sido repudiadas, no hemos tenido apoyo real y práctico», dice en un pasaje que recuerda, a su vez, a la interpretación de Belén Rueda en No tengas miedo, una película dirigida por Montxo Armendáriz en 2011. La niña –Michelle Jenner– se lo cuenta una y otra vez a su madre, pero la madre, que puede representar también a la sociedad, no quiere creerla, no quiere asumir que eso que está narrando su hija se está produciendo, que sea el padre el que lo está cometiendo, o quizá no puede asumir el error de no haberla protegido. 

La ministra Rego, víctimas y especialistas piden mirar de frente a la pederastia en el acto de ‘La Marea’

Esa es otra cuestión que se repite, el perfil (o no perfil) del agresor, porque cualquiera puede serlo. Todas las encuestas realizadas hasta el momento, todos los colectivos que trabajan en este asunto, lo confirman: en torno al 80% de este tipo de violencia se da dentro de la familia o entornos muy conocidos.

«Serán imaginaciones tuyas», concluye la madre sobre lo que le cuenta su hija en la película de Armendáriz, como suele pensar la sociedad ante los casos reales. «Cuando yo lo conté, dos años después, cuando tenía 11 años, me llevé una reprimenda tremenda, me dijeron que aquello era una invención», dice Francisco, hoy con 43 años. Cuenta que en su caso fue un vecino. «No se quiere ver porque faltan herramientas y se tiene miedo al conflicto. Y en nuestra sociedad los abusos sexuales a menores es algo que tenemos bastante asimilado, sabemos que pasa, pero cuando pasa y lo tenemos delante de nuestras narices nos resulta tan espantoso que preferimos mirar para otro lado antes que abordarlo y denunciarlo», prosigue. 

Desde la Fundación ANAR parten de una máxima: «Siempre tenemos que creer a los niños, niñas y adolescentes, hay que darles un espacio, decirles que no les vamos a juzgar, que la culpa la tiene el agresor, y tener oídos para esos niños», explica Shauri Molina. En el 9,4% de los casos atendidos, tuvo que intervenir el departamento jurídico; y en el 9,3%, hubo una coordinación con entidades externas para proteger a esos niños.  

Porque otra supuesta explicación que se esgrime para no mirar es culpar a la víctima: «Serás una puta», le dijo una madre a su hija con 12 años cuando le contó lo que le hacía su padre: «¡Pregúntaselo a tu marido, papá me está tocando y va a mi cuarto todas las noches por mí!». «Imagínate qué ganas tienes tú de hablar de esto», explica la terapeuta Eva Medina ante este caso que trató. El problema, como analiza, es que un niño no imagina lo que no ve, no fantasea con lo que no conoce. «O lo ha visto o se lo han hecho, y en ambos casos es delito», dice. Y se llama pederastia –continúa– por muy dura que suene la palabra: «Es fuerte, pero es la realidad. Una persona que abusa de un menor es un pederasta, sea el padre, el hermano, el tío, la madre o Perico el de los palotes». 

El segundo marido de Alice Munro agredió sexualmente a Andrea cuando ella tenía nueve años. La niña hizo llegar el caso a su padre, que se quedó de brazos cruzados: «La incapacidad de mi padre para tomar una decisión que me protegiera me hizo sentir que yo no formaba parte de ninguna de las dos familias. Estaba sola». La violencia continuó hasta que llegó a la pubertad. Años después, con veintitantos, se lo contó a su madre, aprovechando que había escrito uno de sus cuentos de premio sobre una niña que se suicidó tras ser agredida por su padre. Fuera de la literatura, en la vida real, ante el caso de su hija, Alice Munro también se cruzó de brazos: «Reaccionó exactamente como me temía que haría, como si se hubiese enterado de una infidelidad». 

A lo máximo que llegó, según narra Skinner, fue a hablarle sobre otros niños con los que este hombre mantenía «amistades», como si la traicionada hubiera sido ella, la esposa. «¿Se dio cuenta de que estaba hablando a una víctima y que yo era su hija? Si lo hizo, yo no lo sentí. Cuando intenté decirle cómo el abuso de su esposo me había causado daño, se mostró incrédula». Andrea, que ahora ayuda a personas que han pasado por su misma situación, rompió la relación con su madre cuando nacieron sus hijas. Ella sí tuvo claro que nunca iría con ellas allí donde el agresor estuviera.

Gerald Fremlin, el segundo marido de Munro, el padrastro de Andrea, el agresor, fue condenado en 2005 después de que Andrea, la hija de Alice Munro, la hijastra, la víctima lo denunciara ya mayor: dos años de prisión provisional y una orden de alejamiento de menores de 14 años. Fremlin era ya octogenario. Murió en 2013 y, hasta ese momento, Munro, la madre de la víctima, permaneció al lado del agresor. ¿Por qué no incluyó este episodio, aun conociéndolo, aun con sentencia condenatoria, el biógrafo de la premio nobel? ¿Qué motivo expuso para no hacer nuevamente nada, para cruzarse de brazos ante esta historia? «Yo lo veía como un asunto familiar privado», justificó.

Detrás de ese argumento se ha escondido históricamente uno de los principales problemas a la hora de afrontar –y prevenir– la violencia sexual contra los niños, niñas y adolescentes: lo que le hizo el padrastro a la hija de Alice Munro no es un caso aislado, como tampoco lo es lo que le hicieron los curas pederastas a sus víctimas, ni lo que un tío, un primo, un padre o un abuelo siguen haciéndole a muchos niños y niñas hoy en sus casas, igual de pederastas que estos curas; o lo que los actualizados agresores sexuales continúan haciendo a estas personas vulnerables a través de las pantallas. Lo que les ha pasado históricamente a los niños y niñas, como María o Francisco, y sigue ocurriendo hoy, lo que hacen los agresores sexuales con estos niños y niñas, es un delito público derivado de un problema social estructural, de salud pública, como indican los especialistas consultados.

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El 7 de mayo se convierte en un día histórico para las escuelas infantiles de España. Su profesorado convoca una huelga nacional, la primera del sector, en la que solo ofrecerán los servicios mínimos.

En una rueda de prensa convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT), varios miembros de la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI) y representantes de las trabajadoras de educación infantil en la etapa de 0-3 años han explicado las razones de esta huelga. «Somos la base, somos educación», subrayó Lucía Martínez, miembro de la PLEI, en un momento de su intervención. 

«Esto es algo histórico. Nunca todo el sector 0-3 en la Comunidad de Madrid había hecho una huelga indefinida [iniciaron su paro el pasado 7 de abril]. Que todo el sector se manifieste el 7 de mayo en todas las comunidades autónomas en defensa de una educación pública, gratuita y universal y de unas condiciones dignas para la primera infancia es muy emocionante», cuenta a La Marea Rosa Marín, representante de la PLEI. Desde las escuelas infantiles están ejerciendo presión –«tan necesaria», a juicio de Marín– para que las instituciones públicas les escuchen. Lo denominan la «revolución amarilla».

Además de la huelga estatal, se celebran manifestaciones esta tarde en diversos puntos de España a las que se anima a asistir también a las familias «para luchar por el derecho de sus hijos e hijas a recibir una educación de calidad», anima Marín.

La portavoz de la PLEI reconoce que ya se han reunido con la ministra de Educación y han abierto una línea de trabajo para caminar hacia las mejoras que el sector demanda. Sin embargo, denuncia que «la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid ni nos atiende ni nos ha escuchado; se ha reunido con los sindicatos mayoritarios para ver temas concretos, pero creo que en su cabeza no está la problemática global de la que hablamos».

Qué medidas se solicitan

¿Por qué se manifiestan? «Por dignificar el 0-3. Por la bajada de ratios. Por la subida de salarios. Por el reconocimiento profesional», resumen unos profesores y profesoras de la PLEI en su perfil de Instagram. «Es hora de dejar de ser invisibles, de exigir los recursos que nuestra infancia merece». Estas son sus peticiones.

1. Una aproximación a las ratios europeas

«No te dan las manos para cambiar un pañal mientras otro tiene hambre, otro sueño, otro llora…», admite Rosa Marín. «Queremos una normativa a nivel estatal que estipule unas ratios respetuosas con la infancia y que, por lo menos, se asemejen a las recomendaciones de la Unión Europea». El Decreto 18/2008, de 6 de marzo, establece los requisitos mínimos para los centros que imparten el primer ciclo de Educación Infantil (0-3 años) en la Comunidad de Madrid, unas ratios que, con pequeñas variaciones, se mantienen en todas las comunidades autónomas, y que están alejadas de las cifras europeas.

Cuidar de un solo bebé ya es complicado. En este caso se trata de un/a educador/a para 8 bebés de 0-1 año, una para 14 de 1-2 años, y una para 20 de 2-3 años. En la puerta de una escuela infantil de A Coruña, las docentes han colgado un cartel que compara la ratio actual en España con la de países como Finlandia, Inglaterra o la vecina Portugal. Mientras en España contamos con 8 bebés por aula, en el resto de países mencionados tienen 4, 3 y 5 menores de un año, respectivamente, al cuidado de una persona. «Lo que pedimos es cambiar nuestros ratios por una educadora para 3 bebés de 0-1, una para 5 niños/as de 1-2 años y una para 6 de 2-3 años», cuenta la portavoz de la PLEI.

2. Pareja educativa

La pareja educativa es un modelo de trabajo en el ámbito educativo en el que dos docentes (o un docente y otro profesional) comparten la responsabilidad de un grupo de estudiantes de manera coordinada. «Necesitamos ser dos en el aula para atender la individualidad que requiere esta etapa», sostiene Marín, de la PLEI. Y no solo por bajar las ratios, sino por facilitar que todos los menores consigan construir un vínculo con una de esas dos personas de referencia, y que estas tengan un «conocimiento profundo» de ese niño o niña.

3. Salarios dignos y reconocimiento de las categorías profesionales.

«Con la responsabilidad y formación que tenemos, estamos teniendo tablas salariales por debajo del salario mínimo interprofesional. Es indigno y muy frustrante dejarnos vendidas a un convenio colectivo que es imposible mejorar», insiste Marín. Esa subida salarial debe estar acompañada «de una dotación suficiente de recursos», apunta, por su parte, David Castro, representante de la plataforma Galicia Dignidade 0-3, brazo autonómico de la plataforma estatal.

4. Calendario escolar como el de otras etapas educativas 

«Estamos obligados a abrir 12 meses al año», denuncian desde Galicia Dignidade 0-3. «No entendemos por qué las criaturas más pequeñas, que más necesidad tienen de pasar tiempo con su familia, tienen que estar durante el mes de julio en las aulas», añade desde Madrid Rosa Marín. «¡Y sin climatización! Porque esa es otra cosa: las infraestructuras se nos caen a pedazos, con goteras, moho… Es vergonzoso».

5. En Galicia no son parte de Educación

«En Galicia no estamos ni siquiera reconocidos por la Consellería de Educación; estamos adscritos a Política Social. Y esto, que parece una tontería, implica bastantes cosas», explica David Castro. «El carácter educativo incluiría, por ejemplo, horas reconocidas de atención a la infancia, de programación, de evaluación, de tutorías, reuniones de equipo, reuniones con las familias… Eso no está recogido, eso sale de nuestras horas libres».

Una lucha feminista en un sector feminizado

«La infancia hay que cuidarla. Es nuestro mayor valor como sociedad», subraya Marín, que lleva cinco semanas en huelga indefinida en Madrid. Define esta reivindicación también como una «lucha feminista contra este sistema patriarcal que nos sigue asfixiando y que no pone en valor los cuidados, algo que tradicionalmente han hecho las mujeres». «No somos cuatro locas, es todo un sector».

Coincide con ella Castro, de Galicia Dignidade 0-3: «Este es un sector muy feminizado. Casi el 96% son mujeres. También por eso creo que las reclamaciones que hacen juegan a favor de una política de igualdad real. Porque no vale más fabricar neumáticos que educar a un niño pequeño. Y, sin embargo, se paga más».

La primera infancia, una etapa clave

«La etapa 0-3 no es conciliación». Este es el primer punto del manifiesto de las escuelas infantiles en Galicia, difundido por la plataforma Galicia Dignidade 0-3.

La primera infancia siempre ha sido denostada, como si los receptores de esta educación inicial no se enteraran de nada. La neurociencia y la pedagogía indica, en cambio, que es una etapa fundamental: el cerebro es una esponja y es en esas edades cuando se crea la personalidad, la socialización, la construcción de vínculos, la tolerancia a la frustración, la co-regulación con su figura de referencia… Esa referencia, en el aula, son las educadoras. «No puedes ofrecer lo que no tienes. Y tú no puedes tener una estabilidad emocional cuando tienes a ocho bebés llorando».

«Es una lucha por poner el foco en la infancia y dejar el adultocentrismo, la producción y el capitalismo exacerbado que nos está comiendo», demanda Marín.

Servicios mínimos

Se han marcado en toda España unos servicios mínimos para que las familias que, por conciliación, necesitan llevar a sus niños y niñas, puedan hacerlo con garantías de que serán cuidados. Aunque en el caso de Galicia, «la Xunta nos está marcando unos servicios mínimos abusivos», denuncia Sandra, docente en 0-3 en una escuela pública de A Coruña. «Nosotros aquí somos 14 educadoras y, si seguimos sus pautas, sólo nos podríamos ir a la huelga cuatro personas».

A continuación, se pueden ver los horarios de las manifestaciones en diversas localidades.

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La Marea presentó anoche el último número de su revista en el Teatro del Barrio, en Madrid. Un número especialmente delicado sobre un problema a menudo ignorado: la pederastia. Se calcula que uno de cada cinco niños, niñas y adolescentes sufre violencia sexual en la infancia. La presentación del dossier se produjo el mismo día en el que el Gobierno aprobó la ampliación de la Ley de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (Lopivi), impulsada por el Ministerio de Juventud e Infancia. «Estoy feliz», dijo la ministra Sira Rego nada más comenzar su participación en el acto de La Marea, que estuvo recorrido de principio a fin por dos reivindicaciones: abordar este asunto como un problema estructural y que la justicia cambie para que se adecúe a las víctimas de estos delitos, los y las menores, especialmente los más pequeños.

La presentación, conducida por las periodistas de La Marea Olivia Carballar y Ana Veiga, contó además con la presencia de Juan Cuatrecasas, portavoz de la Asociación Infancia Robada y padre de una víctima de la pederastia en la Iglesia; Carmela del Moral, responsable de Infancia de Save the Children; y Jorge Coronado, perito tecnológico experto en la lucha contra la delincuencia digital.

Respecto a la adecuada adaptación del sistema judicial a la infancia, la ministra Rego hizo hincapié en la necesidad de ponerse en la piel de las niñas y niños que han sufrido este tipo de violencia, que son muchísimos. «Las cifras son insoportables», señaló sobre unos crímenes que no están recibiendo la adecuada atención por parte de los medios de comunicación.

«Todos hemos sido niños, no debería ser tan difícil ponerse en su lugar», afirmó para explicar la necesidad de ajustar la justicia a la medida de la infancia. «La mirada de un niño o de una niña es radicalmente diferente a la de un adulto. Hay que imaginar qué supone para ellos la arquitectura institucional. Hay que cambiar todo esto y mirar desde ese lugar».

El texto que se aprobó horas antes en el Consejo de Ministros hace referencia a la necesidad de que los jueces escuchen a los más pequeños. «Hemos eliminado la barrera de los 12 años para que una niña o un niño sea escuchado en un proceso judicial», destacó la ministra sobre la nueva Lopivi. Puedes ver la entrevista completa aquí.

Esa escucha se debe hacer en un entorno seguro para los niños, y aquí es donde cobra importancia una iniciativa como las casas Barnahus. Se trata de espacios adaptados, alejados de la solemnidad de una sala de vistas y en los que las víctimas no tienen que repetir su testimonio a varias personas diferentes. El modelo cuenta ya con una larga trayectoria de eficacia probada en otros países, pero nuestro sistema judicial necesita apostar más por él. Según Carmela del Moral, de Save the Children, este tipo de espacios de acompañamiento a los menores se han desarrollado de manera muy desigual en nuestro país: «Hay comunidades que están más avanzadas, como Catalunya, que abrió su primera Barnahus en Tarragona hace varios años. Y ha dejado datos muy interesantes porque gracias a ella ha habido una mayor resolución de casos».

Pero las casas Barnahus son solo «uno de los recursos», abunda Del Moral. «También es necesaria también una especialización de los juzgados de delitos contra la infancia. A pesar de que esto se aprobó el año pasado, sólo se han puesto en marcha tres secciones especializadas en toda España. Y no hay una especialización por parte de la Fiscalía», añadió.

Las deficiencias en el sistema judicial son el caballo de batalla de Juan Cuatrecasas, padre de un menor agredido sexualmente por un profesor de un colegio del Opus Dei. El delincuente fue condenado a 11 años, pero su condena luego fue rebajada por el Tribunal Supremo a sólo dos. Lo hizo, según explicó, con el agravante de que para aplicar esta reducción, el juez tuvo que contravenir la propia jurisprudencia del Alto Tribunal. Cuatrecasas achaca esta arbitrariedad a la politización de la justicia: «Este señor [el agresor] es sobrino de un político del Partido Popular y todavía no ha habido nadie capaz de explicarme esta sentencia, emitida por la famosa Sala 2 del Supremo».

Cuatrecasas aprovechó su intervención para agradecer el trabajo del Defensor del Pueblo y de los ministerios de Justicia y de Infancia y Juventud: «Cuando mi esposa y yo empezamos con esto, en 2011, no había nada. No teníamos ningún manual. Sólo sabíamos que teníamos que luchar para salvar a un ser humano destrozado, nuestro hijo. Eso está cambiando gracias a las leyes que está aprobando la izquierda. Hay que ponerlo en valor».

«Efectivamente, el sistema judicial hay que arreglarlo», coincidió el perito informático Jorge Coronado, especialista en investigar delitos a través de pruebas digitales. «No puede ser que en un caso se tarden tres años en conceder el permiso para investigar unos dispositivos. No puede ser que las víctimas tengan que esperar tres años para eso». Coronado abundó en la importancia de la educación sexual en la infancia para prevenir este tipo de delitos, que en su caso concreto, el ámbito digital, han crecido exponencialmente en los últimos años.

La periodista de La Marea Ana Veiga participó, además, en calidad de víctima. Con mucho esfuerzo, contó su caso en un artículo hace cuatro años y ayer explicó qué la movió a dar ese paso: «Recuerdo que vi una noticia sobre los abusos machistas de Plácido Domingo y mucha gente reaccionó diciendo: “¿Qué más quieren? Dejen el tema en paz. Ya está”. Pues no. No está. Recuerdo que tras publicar aquel artículo mucha gente me escribió contando experiencias similares. “Fue mi padre”, me decían. O “fue mi hermano”». Veiga, según afirmó, entendió que contar la agresión que sufrió ayudaría a muchas otras personas que pasaron por su misma situación a contar sus casos, a denunciar. En definitiva, «a liberarse».

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Las niñas y los niños deberán ser escuchados en cualquier proceso que les afecte, independientemente de su edad. Esta es una de las claves principales en la ampliación de la Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (Lopivi), que se ha aprobado hoy en el Consejo de Ministros. Hasta el momento, la obligatoriedad de la escucha de la niñas y niños se establecía a partir de los doce años o de una «madurez suficiente» de la persona menor de edad afectada, lo que ha provocado que, en muchos casos, la voz de niñas y niños no haya sido tomada en consideración. 

Impulsada por el Ministerio de Juventud e Infancia, la ampliación refuerza el interés superior del niño o de la niña, de manera que deberá justificarse expresamente en todos los actos y resoluciones administrativas y judiciales cómo se ha valorado ese interés y por qué la decisión adoptada protege mejor el bienestar físico, emocional y psicológico de las personas menores de edad. «En este sentido, se incluye entre los criterios relativos al interés superior del menor el alejamiento del niño o niña de aquella persona que lo violente, de modo que el interés superior del menor nunca es estar con un agresor o presunto agresor«, explican fuentes del ministerio.  

Así, el nuevo texto prohíbe el Síndrome de Alienación Parental, «junto con cualquier reformulación o planteamiento sin aval científico, de forma expresa». Ningún informe público o privado basado en el SAP –insiste el texto– podrá utilizarse en procedimientos judiciales o administrativos. Además las resoluciones que lo utilicen podrán ser impugnadas.

Según el texto aprobado en el Consejo de MInistros, no podrá establecerse custodia compartida cuando existan indicios de que esa decisión puede afectar negativamente a la salud física, psíquica o emocional de la persona menor de edad: «Detallando los criterios interpretativos del interés superior del menor y estableciendo la obligatoriedad de la escucha. Del mismo modo, si un niño o niña expresa rechazo hacia uno de sus progenitores, el sistema deberá investigar las causas del rechazo y proteger a la persona menor de edad».

También se incorpora una medida de enorme impacto: bastará el consentimiento de un solo progenitor para que una persona menor de edad víctima de violencia pueda acceder a atención psicológica, social o jurídica. Se evitará así que el agresor pueda tener capacidad de veto sobre la reparación.

La reforma de la norma endurece los requisitos para acceder y mantenerse en profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con niños, niñas y adolescentes. En esta línea, será requisito para el acceso a dichas profesiones no haber sufrido condena por delitos relacionados con la infancia y la adolescencia. 

Destaca también la obligación de crear turnos de oficio especializados en violencia contra la infancia y la adolescencia dentro de los Colegios de Abogacía. Para el Ministerio, esta ampliación legislativa supone un punto de inflexión en la respuesta del Estado frente a la violencia contra la infancia: «Durante demasiado tiempo, el sistema ha llegado tarde o no ha protegido adecuadamente. Esta reforma actúa precisamente sobre esos fallos y sitúa la protección de niños y niñas como una responsabilidad pública ineludible».

Actualización: 20h

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Cuando se conocen los datos oficiales, resulta difícil entender cómo este problema permanece silenciado en el debate público: según el Estudio de prevalencia de la violencia contra la infancia y la adolescencia en España, publicado por el Ministerio de Juventud e Infancia en 2025, tres de cada 10 jóvenes han sufrido violencia sexual en esas edades. Un escandaloso 30%. La ministra del ramo, Sira Rego (València, 1973), recibe a La Marea para conversar sobre cómo abordan este crimen los poderes públicos y sobre la ampliación de la Ley de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (Lopivi). Esta reforma, pendiente de aprobarse próximamente, aplicará a los niños y niñas que hayan sufrido cualquier tipo de violencia el Estatuto de Víctimas. También contempla la obligatoriedad de escucharles en los procedimientos judiciales que les afecten, independientemente de su edad. 

El gran número de niños y niñas que han sufrido violencia sexual impone una primera pregunta incómoda: ¿está la Administración cuidando adecuadamente a la infancia?

La pregunta nos la tenemos que hacer todos los poderes públicos, pero también la sociedad en su conjunto. Creo que tenemos una deuda pendiente con la infancia en términos generales y especialmente en este asunto. Por eso estamos trabajando para ampliar determinadas leyes y para crear la ley de violencia vicaria. La acción del Gobierno tiene que ser decidida, determinante, rápida y eficaz, porque se trata de un tema muy doloroso. Debe ser una política de Estado. Eso en cuanto a lo legislativo, pero como sociedad también tenemos que cambiar muchas cosas, y uno los grandes retos es que las violencias contra la infancia no sigan formando parte del ámbito privado. Tienen que incluirse en la conversación pública del país. Con un 30% de niños y niñas que están sufriendo violencia sexual, esto no puede seguir siendo un asunto secundario.

Efectivamente, la mayoría de los casos de pederastia ocurren en el entorno familiar o en entornos cercanos. Al tratarse del ámbito privado, ¿hasta dónde se puede llegar?

Los derechos se tienen que garantizar en todos los espacios de la vida. En la vida pública y en la vida privada. En la calle y en las familias. Las violencias machistas también han formado parte del ámbito privado durante mucho tiempo y luego, afortunadamente, han pasado a ser un elemento de conversación pública y de intervención de los poderes públicos. Con las violencias contra las infancias debe operar la misma lógica. Quienes tenemos contacto con niños tenemos una responsabilidad. Nosotros lanzamos el año pasado una campaña en la que interpelábamos a las personas adultas para indicar que hay señales que son alertas. Y ahí un adulto debe intervenir. Puede ser un adulto de la comunidad educativa, o del ámbito médico o de la propia familia, entendiendo la familia como algo más grande que el núcleo familiar. Además, con la ampliación de la Lopivi pretendemos ser más garantistas a la hora de erradicar, prevenir y abordar las violencias sexuales contra la infancia. Por ejemplo, insistimos en la necesidad imperiosa de que la escucha de los niños y las niñas sea un elemento central en los procesos judiciales.

El clima político actual está muy fragmentado, pero estamos hablando de proteger a la parte más frágil de nuestra sociedad: los niños. ¿Quién podría estar en contra de esto en el Parlamento? ¿Qué resistencias esperan encontrar a esta ley?

El sentido común a mí me dice que es una ley a la que no debería oponerse nadie, pero sí he oído voces que ponen en cuestión el derecho de un niño a ser escuchado. Hay casos de jueces que se han negado a escuchar a los niños. Y hablo de casos dramáticos. Se trata de niños que están sufriendo muchísimo. Estamos viendo cosas muy duras. Por supuesto, no te expresas igual cuando tienes 5 años que cuando tienes 25, pero esto no significa que los niños no puedan hablar y que no puedan comunicarse y explicar lo que les ha sucedido. Lógicamente, esto se tiene que hacer con un acompañamiento profesional adecuado y en unas instalaciones que tengan perspectiva de infancia. Esto ya está muy trabajado, está sustentado por el trabajo de los profesionales y por multitud de estudios académicos. Es decir, hay un rigor científico detrás de estos procesos de acompañamiento del niño y de la niña a la hora de tomar testimonios que tienen validez. Como ejemplos tenemos el proyecto Barnahus o las cámaras Gesell, que trabajan con este enfoque. Y funcionan. Hay que adecuar el sistema de justicia para que tenga perspectiva de infancia.

Dado que este es un tema que no está en la agenda pública, ¿usted cree que la ley puede ir por delante de la sociedad? Es decir, hubo muchas voces contrarias a la ley del matrimonio homosexual, pero han pasado los años y eso es un derecho que ya nadie se cuestiona.

No siempre ocurre así. Yo pertenezco a una tradición política [la del PCE] que me indica justo lo contrario: en la mayoría de los casos la sociedad ha ido por delante de la ley. Por ejemplo, la gente trabajadora de este país ha conseguido derechos porque se ha organizado y ha salido a la calle. También el movimiento feminista nos ha dado lecciones maravillosas en ese sentido.

Pero para ello habría que educar antes a la sociedad en la protección de la infancia. A eso me refería cuando hablaba de que la ley irá por delante.

Somos un país pionero en la cuestión de la protección a la infancia. La Lopivi, aunque es muy reciente [se aprobó en 2021], supuso un punto de inflexión. En comparación con otros países, estamos muy por delante. Hemos avanzado, pero nos queda mucho camino por recorrer. Y con cifras tan dolorosas de violencias contra la infancia, necesitamos seguir empujando. Claro, la infancia no es un sujeto político que se pueda organizar de la misma manera que las personas adultas, no ocupan las calles haciendo grandes demandas sociales. Así que, en este caso, sí que creo que la ley puede ser útil, pero se trata de un asunto que tiene que desbordar la propia ley. Lo bueno es que, para afrontar este problema, ahora contamos con un Ministerio de Infancia. Y nos queremos hacer cargo. Yo siempre aprovecho cualquier oportunidad para pedir disculpas por todo lo que la Administración no ha hecho. Pido disculpas, en nombre del Estado, a todas esas infancias porque no hemos llegado a tiempo de evitar muchas situaciones dolorosas. Ahora tenemos la firme determinación de que eso cambie. Con leyes, con pedagogía, con estrategias. Por ejemplo, una parte de las violencias sexuales tienen como canal las plataformas digitales. Ahí estamos incidiendo de una manera muy contundente.

Nadie duda de la buena voluntad de la Ley de Entornos Digitales Seguros, ¿pero prohibir el acceso de los menores de 16 años a las redes sociales es realmente posible a nivel técnico?

Ante un problema tecnológico, siempre hay una solución tecnológica. El problema no es técnico porque ya ha quedado acreditado que si se quiere bloquear una aplicación o el acceso a una web, se puede hacer. Ocurre en muchos lugares del mundo. Si Facebook sabe más cosas de ti que tú mismo, seguramente también podrá saber qué edad tienes y ofrecer una herramienta de verificación de edad con garantías. Pero al margen de esto, desde el Gobierno de España estamos trabajando con una herramienta de verificación que se está probando a nivel europeo y que es muy potente, muy buena. Las pruebas están muy avanzadas y funciona muy bien. El problema no es ese. El problema es saber hasta qué punto hay una voluntad colectiva de ponerle límite a las plataformas y de democratizar el entorno digital. No puede ser que haya multinacionales tecnológicas que estén por encima de la ley, porque eso significa que están por encima de nuestros derechos y de nuestras libertades.

En España quizás no, pero en EE. UU. están claramente por encima de la ley.

Bueno, en España hemos visto que la plataforma de X ha puesto en marcha una inteligencia artificial generativa y ha publicado, en muy pocos días, una gran cantidad de material de violencia contra la infancia… sin consecuencias. ¡Esto es un delito, una vulneración de derechos fundamentales de libro! Y a quienes estamos diciendo que es inadmisible se nos está señalando. 

Seguramente le caiga una multa millonaria por parte de la Unión Europea, lo hemos visto con otras empresas tecnológicas, pero puede que pasen varios años para que eso ocurra.

No sé si se tardará tanto. Lo que sí sé es que en este caso, como en muchos otros, necesitamos plantear un principio de precaución. Igual que se miden los impactos que pueden tener determinados procesos en el medioambiente o en la salud pública, ese mismo principio debe regir en el ámbito digital. Lo que no puede ser es que alguien suelte miles de imágenes de violencia sexual contra la infancia y luego pongamos el remedio.

Algunos de los casos más sangrantes de violencia sexual contra personas menores se han dado en centros de acogida. Fueron muy sonados los casos de Mallorca y de Madrid (el caso Sana). ¿Qué puede hacer su ministerio para garantizar que hechos como estos no vuelvan a ocurrir?

Las competencias las tienen las comunidades autónomas, pero nosotros podemos regular un marco general que diga cómo deben ser los sistemas de protección y de acogida. Y lo estamos haciendo. Sabemos que la prioridad de muchas comunidades no es proteger a los niños en situación de desamparo. Y hay que decirlo claramente: esto es una cuestión de voluntad política. Hay quien usa los presupuestos para hacer regalos fiscales a los ultrarricos o para dopar la sanidad privada. En estos casos, el sistema de protección está externalizado, generando precariedad y dando lugar a realidades de enorme tensión: no hay recursos, no hay suficientes profesionales para atender a los menores, que están viendo vulnerados sus derechos. Por eso estamos tramitando un decreto que lo regulará todo: formación de profesionales, ratios, tipos de centro, prioridad de la acogida familiar sobre la residencial, acompañamiento también más allá de los 18 años, porque no se les puede dejar en la calle en cuanto cumplen la mayoría de edad… El decreto estará muy pronto en el Consejo de Ministros.  

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Cuando ocurre un agresión racista en el fútbol español, la primera persona a la que llaman los medios de comunicación es a Alberto Edjogo-Owono. En esas circunstancias, muy a su pesar, se convierte en «la estrella de la semana», como admite con resignación. Le llaman para comentar el incidente porque es negro, porque ha sido futbolista profesional y porque hoy trabaja en la televisión. Es comentarista de la Liga española en DAZN. Y entonces comienza el bucle: tiene que contestar a las mismas preguntas de siempre, una y otra vez, sin que nada cambie a lo largo del tiempo: ¿es España un país racista? ¿Cómo se puede erradicar el racismo de los campos de fútbol? ¿No es igual de insultante llamar «tonto» a un jugador que llamarle «mono»? «Llevo muchos años comentando partidos. Empecé en Ràdio Sabadell, luego en Radio Marca, ahora en la televisión… y siempre es igual. Si durante este tiempo se hubiera puesto de verdad el foco sobre este problema, si hubieran escuchado con atención lo que he dicho siempre, y llevo más de 10 años hablando del tema, no me preguntarían lo mismo».

Edjogo-Owono acaba de publicar Heridas en la piel. Fútbol, racismo e identidad, un libro editado por GeoPlaneta que presentó recientemente en el Centro Cultural Espacio Afro, en Madrid, en una charla muy amena a pesar de la gravedad del asunto. El volumen no quiere ser una crónica de sucesos racistas. «Para eso, buscas en Internet y te hace una lista. No es necesario que yo escriba un libro», declara. Lo que quiere es «aportar contexto, cómo se vivieron esos incidentes, qué impacto tuvieron después a nivel social».

Lo cierto es que muy pocos lo tuvieron. Una de las excepciones ocurrió en 2006, cuando Samuel Eto’o, entonces delantero del FC Barcelona, fue gravemente insultado en el estadio de La Romareda, en Zaragoza. Una gran parte de la grada imitaba los chillidos del mono cada vez que tocaba el balón. Eto’o quiso abandonar el campo y el partido estuvo a punto de suspenderse. Eso, finalmente, no ocurrió, pero el episodio fue tan sonado que dio pie a la Ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, promovida por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Las cosas han cambiado poco, en cualquier caso: sigue habiendo gritos racistas en los campos españoles y jamás se ha suspendido un partido.

Lo que demuestra que España es un país racista es la incomodidad que provoca este asunto. Tanto, que Edjogo-Owono recurre a una estrategia cada vez que hay que poner el tema sobre la mesa. Él la llama «el movimiento del caballo». Se basa en el ajedrez, donde la pieza del caballo da un paso al lateral antes de ir hacia delante: «Yo he ido de frente. De verdad que lo he intentado y me he dado cuenta de que no funciona. La gente se pone a la defensiva. Busca excusas para disculpar a los racistas, para defender a su equipo, para decir que se trata de la tensión del partido, para señalar que no se puede meter a todos los aficionados en el mismo saco. El not all men también funciona en este caso».

La primera vez que él recibió un insulto racista aún era un niño y fue durante un entrenamiento con los alevines del Espanyol. Tuvo un choque con un compañero y saltaron chispas. La discusión terminó con una frase que nunca ha podido olvidar: «Cállate, negro zumbón». Hasta ese momento no era consciente de que su color de piel pudiera provocar semejante hostilidad. «Me quedé en silencio y continué el entrenamiento casi por inercia. Mi cuerpo estaba presente, pero mi cabeza estaba ya en otro sitio», escribe en el libro. Esa horrible sensación es similar a la que confiesan haber experimentado muchos jugadores profesionales. Pero le ocurrió de niño, cuando estaba más indefenso, y esa es precisamente la razón por la que ha escrito este libro: «Si esto sigue ocurriendo en la élite del fútbol y se deja pasar, si no se castiga, si se ha normalizado, ¿qué no ocurrirá en otros niveles del deporte y de la sociedad en la que las víctimas no están tan protegidas? A Vinicius le insultan en Mestalla y a los dos minutos sale a defenderlo el presidente de Brasil, Lula da Silva, ¿pero qué ocurre cuando lo sufre un chaval de barrio o mi vecino o un compañero de trabajo o el novio de mi hermana, gente que no tiene ese respaldo?».

El caso del jugador del Real Madrid, insultado por sistema en todos los estadios, es especialmente revelador. «Vinicius no es el negro pobrecito, es el negro alborotador, por eso su caso es muy complejo», avanza Edjogo. «¿Qué ocurre con el arquetipo del “negro bueno”? Pues que mientras limpie la casa, mientras conduzca un taxi, mientras ocupe unos determinados espacios donde no moleste y su función principal sea la de servir, no habrá ningún problema. ¿Por qué se insulta a Vinicius y no se insulta a Rodrygo? Porque Rodrygo no molesta a nadie. ¿Pero qué pasa cuando un negro empieza a comportarse de una forma que un individuo autóctono considera incorrecta? Podemos discutir el comportamiento de Vinicius, si está bien o mal que baile delante de la afición rival. Que le diga al equipo contrario que se va “a Segunda”, en eso podemos coincidir todos en que no es un comportamiento deportivo. Pues hablemos de eso, de lo que hace mal. Incluso, como espectador, puedes pitarle. El fútbol no es la ópera. Pero si utilizas su color de piel para insultarle, eres un racista. Si un blanco hace lo mismo y le afeas el comportamiento, pero a un negro le respondes diciendo que es un mono y tirándole plátanos, entonces, evidentemente, eres un racista».

Edjogo-Owono estuvo acompañado en la presentación de su libro por los periodistas Moha Gerehou, Àlex de Llano y Miguel Quintana. Todos ellos hicieron hincapié en la falta de diversidad que hay en las redacciones de los medios de comunicación. Esta es una de las razones que explican que el tema del racismo no se afronte a menudo de la manera correcta. «El periodismo es un espejo de la sociedad de cada momento y queda muy mal retratado en el libro», asegura Quintana. «Es posible que si yo hubiese nacido 30 años antes y hubiese sido periodista en los años noventa, quizás habría replicado las mismas ideas y las mismas palabras. Pero hoy, cuando ves cómo se trataron los casos de Samuel Eto’o, de Roberto Carlos o de Wilfred, yo como periodista me avergüenzo profundamente».

Wilfred Agbonavbare, queridísimo portero nigeriano del Rayo Vallecano, sufrió en 1993, en el estadio Santiago Bernabéu, uno de los episodios racistas más vergonzosos de la historia del fútbol español. Tuvo una actuación estelar, llegando incluso a pararle un penalti a Míchel; la respuesta desde el fondo sur fue gritarle «negro, cabrón, recoge el algodón» y también cánticos a favor del Ku Klux Klan. «Creo que ahora hay una mayor empatía, una mayor sensibilidad –afirma Quintana–. Aunque todavía hay un porcentaje de personas que no cree que sea un problema llamar “mono” a alguien, sí que ve un problema en decirlo. Bueno, ese es un primer paso. Saber que tu pensamiento no es correcto, que ya no te respalda la sociedad, que “lo que siempre se ha hecho” ya no te sirve como excusa, me parece una primera batalla ganada».

Sobre la diversidad en los medios de comunicación, Alberto Edjogo-Owono cuenta una anécdota que le ocurrió cuando estuvo moderando una mesa redonda con directivos de la prensa: «Les pregunté cuántas personas racializadas había en sus redacciones y uno de ellos me respondió: “Bueno… creo que hay un chico que está en prácticas que es latino… no sé muy bien si boliviano o peruano…”. Le tuve que cortar diciendo: “Mira, no sigas”».

El detalle no es menor. A su juicio, aunque los jefes de las redacciones tengan hoy «más empatía o más buena fe, si tienen que encargarse de temas que no les atraviesan directamente, es más difícil que lo hagan de forma correcta. Lo que ocurre en las redacciones es que no tienen ese perfil de periodista». Y añade: «Se dice muchas veces que los medios de comunicación son un reflejo de la sociedad. No es verdad. No estoy hablando de cuotas, no se trata de tener tantos periodistas negros o tantos de origen asiático. Pero si no tienes gente de ese perfil, es muy difícil que abordes estos temas con la sensibilidad y la precisión que requieren».

La llamada «prioridad nacional»

Por su trabajo, Edjogo tiene relación con muchas de las estrellas de la Liga española. Una de ellas, la más grande de todas, Lamine Yamal, le refirió recientemente su incomodidad con una parte de la afición. «Me contó que antes de la Eurocopa [que acabaría ganando España en 2024] se quitó las redes sociales porque había mucha gente que decía que ni él ni Nico Williams les representaban. Sin embargo, hay dos centrales franceses, Le Normand y Laporte, a los que hemos nacionalizado ex profeso para que jueguen con España y no hubo ningún problema con ellos. Con Lamine y con Nico sí. Uno es de Mataró y el otro de Bilbao. Entonces, ¿este lema de la “prioridad nacional” qué quiere decir?».

«Este mismo debate ya se ha tenido en otros países», continúa Edjogo. «Ocurrió en Francia, cuando Jean-Marie Le Pen expresó públicamente su deseo de que su selección perdiera el Mundial de 1998 por lo mismo, porque aquellos “negros importados” no representaban a la nación francesa».

Para Alberto Edjogo-Owono, este asunto de la identidad es muy importante, sobre todo en la etapa formativa: «Cuando tienes 14 o 15 años y se está formando tu personalidad suele ocurrir algo muy complicado: mucha gente te dice “ah, pues no tienes acento” o te preguntan de dónde eres “de verdad”. Con estas actitudes se está impidiendo que mucha gente que está creciendo acabe teniendo un verdadero arraigo. Porque se les está diciendo: “Vale, has nacido aquí, eres de los nuestros… pero no tanto, no te flipes”».

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“Tenemos que desalojar las salas. Donde os quedéis, ahí os habéis quedado. No podemos hacer nada. Se han apagado los ordenadores y desalojad el pasaje. Gracias”. Esta es la llamada de emergencia del puesto de mando en València Sud –a la que ha accedido La Marea– que recibieron todos los maquinistas de todas las líneas ante la inundación que sufrieron sus instalaciones a las 19:45 horas del 29 de octubre de 2024, el peor día de la dana.

El Control de Tráfico Centralizado (CTC) está al sur del nuevo cauce del río Turia y a unos 1.200 metros al norte del barranco del Poyo, que al desbordarse inutilizó las instalaciones. Además, este puesto de mando no estaba duplicado en València, lo que permitiría una actuación en caso de una emergencia como la que estaba ocurriendo aquel día.

Ese 29 de octubre de 2024, en el puesto de mando estaba el secretario autonómico de Infraestructuras, Javier Sendra, quien a las 19:34 llamó a Carlos Mazón, el entonces presidente de la Generalitat, para avisarle de que estaba siendo inundado por el desborde del barranco del Poyo. Esta llamada llevó a Mazón al Centro de Coordinación Operativo Integrado (Cecopi) la tarde de la dana tras su larga sobremesa en el restaurante El Ventorro, según publicó elDiario.es.

Desde Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) han confirmado a La Marea que entre las 19:00 y las 19:30 les llegaron avisos de inundación en Paiporta, Picanya y Torrent y se dio la orden de parar los trenes que circulaban por esa zona, pero se mantuvo la circulación en València ciudad. Eso cambió al inundarse el centro de mando, desde donde se dio la orden de parar al no funcionar los ordenadores, como recoge el audio.

Para las 20.21, el puesto de mando de FGV quedó totalmente anegado. Los trabajadores tuvieron que salir de la sala y subieron a las plantas superiores para evitar morir ahogados, indican desde FGV. Todo el personal que se encontraba en las instalaciones, además de pasajeros, pasó toda la noche en la primera planta, incluido Javier Sendra.

La falta de un sistema de control supone que los trenes circulan sin semáforos, a ciegas, pudiendo provocar colisiones y accidentes. Y, en efecto, no había un sistema duplicado en València, pero tampoco, por ejemplo, en el Metro de Bilbao hasta 2025, cuando se inauguró el puesto redundante que permite mantener el servicio activo, “en las mismas condiciones, en el caso de que el Puesto de Mando Centralizado (PMC) actual quede inoperativo”.

Aunque son casos muy diferentes, el accidente de Adamuz también ha puesto en evidencia la falta de mantenimiento de las infraestructuras: según ha determinado el último informe de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) el descarrilamiento pudo deberse a la rotura de un carril.

Reconstrucción del puesto de mando

La llamada en València ordenó la detención de 68 trenes y tranvías, contactados mediante el dispositivo tren-tierra y telefónicamente, “en una estación que reuniera las debidas condiciones de seguridad”. Se realizó desde la planta baja que ocupaba el puesto de mando en la sede central de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) y que acogía, además del puesto de mando de todo Metrovalencia, talleres, varios edificios de mantenimiento, oficinas y la estación València Sud de las líneas 1, 2 y 7. 

El destrozo del puesto de mando de la red de Metrovalencia llevó a su instalación provisional en talleres Machado, al norte de la ciudad, frente al Estadi Ciutat de València del Levante Unión Deportiva. La Generalitat ha destinado más de 23 millones de euros a la reconstrucción de la sede central de FGV afectada por la dana. Más de tres millones de euros se han destinado a instalar el nuevo puesto de mando en talleres Machado y restaurar el CTC en València Sud.

El nuevo puesto de mando principal se ubica ahora en la primera planta y las oficinas en la planta baja. No se recuperó el servicio de trenes en València Sud hasta el 27 de junio de 2025, indican desde FGV. Hasta este mismo mes de abril no se ha dado por finalizado el proceso de reconstrucción, con la reincorporación completa del personal de oficina.

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