La asociación ADTA Ecologistas en Acción Aljarafe, ha vuelto a reclamar una gestión integral y coordinada del corredor verde del arroyo Riopudio tras denunciar una década de “desamparo institucional” de este importante espacio natural del Aljarafe sevillano.

Según explica la entidad, hace ya diez años, tras finalizar las obras de restauración ambiental ejecutadas por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, ADTA trasladó su preocupación sobre el futuro mantenimiento y gestión del entorno mediante una carta dirigida a la presidencia del organismo. La organización recuerda que, posteriormente, se produjo un intento fallido de implicar a la Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del Aljarafe, aunque lamenta que la falta de voluntad política impidiera consolidar un modelo estable de conservación y dinamización del parque metropolitano.

La asociación señala que el pasado mes de diciembre se detectó una nueva actuación parcial de la Confederación Hidrográfica a la altura del puente romano del Riopudio, lo que generó expectativas positivas sobre una posible recuperación del protagonismo de la CHG en la gestión del espacio. Por ello, ADTA remitió una nueva carta a la presidenta del organismo mostrando su satisfacción por la intervención iniciada.

Sin embargo, cinco meses después, la organización ecologista denuncia que los trabajos se han limitado al desbroce y astillado de las cañas invasoras presentes en los márgenes del arroyo, sin que se hayan aplicado medidas eficaces para evitar su rebrote, que —según advierten— se está produciendo “con gran virulencia”.

Ante esta situación, ADTA ha vuelto a dirigirse a la presidencia de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para reclamar actuaciones más ambiciosas y sostenidas en el tiempo. La entidad propone que la CHG lidere un marco de gestión compartida del parque metropolitano del Riopudio, integrando a las administraciones autonómicas y locales, y ha ofrecido nuevamente su colaboración para avanzar en la protección, conservación y puesta en valor de esta infraestructura verde del Aljarafe.

La asociación lamenta que, tras una década desde la restauración ambiental del arroyo, se hayan perdido numerosas oportunidades para promover el uso social, educativo y ambiental de un espacio considerado estratégico para la biodiversidad, la conectividad ecológica y el disfrute ciudadano en la comarca del Aljarafe.

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• La tala de una araucaria centenaria en Castilleja de la Cuesta ha generado una profunda preocupación social y ambiental al tratarse de uno de los seis únicos ejemplares existentes en el municipio. El árbol se encontraba en la parcela municipal donde se están ejecutando las obras de la nueva sede consistorial y del aparcamiento subterráneo vinculado al proyecto. [Fotos]

Estas actuaciones cuentan con financiación pública a través de programas basados en criterios de sostenibilidad, resiliencia y eficiencia energética para edificios administrativos. Sin embargo, la eliminación de este ejemplar histórico y singular supone una evidente contradicción con los principios ambientales que justifican dichas subvenciones.

La araucaria afectada estaba incluida en el ámbito del “Proyecto Unificado de Nueva Sede Casa Consistorial de Consumo Energético Casi Nulo y Construcción del Sótano de la misma con cargo al Plan Contigo y el PCREM”, donde además resulta de aplicación la “Ordenanza sobre Prevención y Protección de los Bienes y Espacios Públicos en Castilleja de la Cuesta”.

Hace apenas un mes, el equipo redactor presentó un escrito ante el Ayuntamiento alertando expresamente de que “la inviabilidad del trasplante no convierte la tala en la única opción posible cuando existe una alternativa de trazado y acceso compatible con la funcionalidad del sótano y con la conservación del ejemplar”. En dicho documento se solicitaba también “la paralización inmediata y cautelar de cualquier tala, apeo, destoconado, poda severa, movimiento de tierras en la zona radicular o cualquier otra actuación irreversible que pudiera comprometer la conservación de la araucaria existente en la parcela”.

Pese a estas advertencias técnicas y jurídicas, en los últimos días se han iniciado las actuaciones que suponen la destrucción del ejemplar, en lo que numerosas personas consideran ya un auténtico arboricidio.

Diversos colectivos incluido ADTA Ecologistas en Acción Aljarafe y personas defensoras del patrimonio natural reclaman al Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta que cumpla con su obligación de defender la legalidad urbanística, ambiental y patrimonial aplicable, evitando actuaciones irreversibles que atenten contra un patrimonio arbóreo escaso y de gran valor ecológico, paisajístico e histórico.

Asimismo, hacen un llamamiento a la ciudadanía de Castilleja de la Cuesta para que permanezca vigilante y activa ante posibles nuevas agresiones ambientales que puedan afectar a las cinco araucarias restantes del municipio.

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• Ecologistas en Acción valora la resolución desfavorable al crematorio de Mairena del Alcor y pide priorizar la salud pública frente a los intereses económicos.

Ecologistas en Acción ha valorado positivamente la resolución de Calificación Ambiental Desfavorable emitida por el Ayuntamiento de Mairena del Alcor para la instalación de un horno crematorio en el municipio, una decisión que consideran coherente con las advertencias vecinales, sociales y ambientales realizadas durante todo el procedimiento.

La organización ecologista recuerda que el proyecto había generado una importante preocupación social debido a su cercanía a viviendas, centros educativos y espacios frecuentados por población vulnerable. Asimismo, señalan que tanto las alegaciones presentadas por colectivos ciudadanos como los informes emitidos durante la tramitación apuntaban a la necesidad de aplicar el principio de precaución ante posibles afecciones sobre la salud pública y la calidad del aire.

Ecologistas en Acción considera que esta resolución debe servir de ejemplo para otros municipios de la provincia de Sevilla y de Andalucía, reclamando a las administraciones locales que sitúen la protección de la salud de las personas y el bienestar colectivo por encima de intereses económicos privados.

La organización también hace un llamamiento a las empresas del sector funerario para que abandonen modelos de negocio basados únicamente en criterios de rentabilidad económica sin valorar suficientemente los impactos ambientales, territoriales y sociales que determinadas instalaciones pueden generar sobre la población cercana.

En este sentido, Ecologistas en Acción recuerda que situaciones similares continúan produciéndose en otros municipios de la provincia, como ocurre actualmente con el proyecto de crematorio de Alcalá de Guadaíra, donde persisten las protestas vecinales y los recursos presentados por colectivos ecologistas y asociaciones ciudadanas ante la cercanía de la instalación a zonas residenciales y por las posibles afecciones sobre la salud pública y la calidad del aire.

Para la organización ecologista resulta preocupante que, pese a la creciente alarma social y a las movilizaciones ciudadanas registradas en distintos municipios sevillanos, siga predominando una visión centrada en los intereses empresariales y económicos frente a criterios de prevención, salud ambiental y protección de la población.

“El desarrollo económico no puede hacerse a costa de la salud de la ciudadanía. Las administraciones tienen la responsabilidad de actuar con prudencia y garantizar que cualquier actividad potencialmente contaminante se ubique en lugares adecuados y con todas las garantías ambientales y sanitarias”, señalan desde Ecologistas en Acción.

La organización ecologista destaca además la importancia de la movilización vecinal y de la participación pública durante el proceso administrativo, subrayando que la implicación de la ciudadanía ha sido fundamental para visibilizar los riesgos y exigir transparencia en la tramitación de los expedientes.

Finalmente, Ecologistas en Acción insiste en la necesidad de avanzar hacia una planificación territorial y urbanística más responsable, que evite conflictos ambientales y priorice el interés general frente a operaciones impulsadas por criterios exclusivamente económicos.

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Diversos colectivos sociales, sindicales, ecologistas y en defensa de la paz representados en la Plataforma STOP Feria de Armas se han concentrado esta mañana frente al Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla (FIBES) para mostrar su rechazo a la celebración de la feria ADM 2026 Aerospace and Defense Meeting, evento internacional vinculado a la industria militar y armamentística.

La protesta, celebrada a las puertas del recinto donde se desarrolla el encuentro empresarial, ha denunciado el respaldo institucional que recibe la industria de guerra por parte de administraciones públicas andaluzas y locales, así como el papel de Sevilla como sede de una feria destinada a promover negocios relacionados con armamento, tecnología militar y sistemas de defensa.

Entre los participantes, financiadores y patrocinadores del evento se encuentran empresas con vínculos directos con casos de violaciones de derechos humanos, crímenes de guerra y complicidad con el genocidio en Gaza y otros conflictos armados (Accenture, Howmet Aerospace y Dassault Systems).

Durante la concentración, las personas participantes han exhibido pancartas y coreado lemas en favor de la paz y contra la militarización, reclamando que los recursos públicos se destinen a necesidades sociales y ambientales en lugar de favorecer la expansión de la industria armamentística.

Las organizaciones convocantes han señalado que este tipo de eventos contribuyen a normalizar el negocio de la guerra en un contexto internacional marcado por conflictos armados, desplazamientos forzosos y graves crisis humanitarias. Asimismo, han recordado el elevado impacto ambiental asociado a la industria militar, tanto por su consumo energético y de materiales como por su contribución a las emisiones contaminantes y al deterioro ecológico.

Los colectivos participantes consideran incompatible impulsar ferias de armamento mientras se agravan problemas sociales como la precariedad, la crisis de vivienda, el deterioro de los servicios públicos y la emergencia climática.

Con esta movilización, las entidades convocantes han querido reafirmar su apuesta por una cultura de paz, la cooperación entre los pueblos, la justicia social y la transición ecológica, mostrando su rechazo a que Sevilla continúe siendo escaparate de la industria militar internacional.

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