Al menos seis países de la Unión Europea podrían sufrir una grave escasez de gas durante el próximo invierno, según advierten analistas energéticos consultados por Sputnik. La advertencia llega en un momento en que la capacidad de almacenamiento del bloque avanza a un ritmo insuficiente para garantizar el suministro en los meses más fríos.
Riesgo de desabastecimiento inminente
Los expertos señalaron que la UE podría quedarse sin tiempo para llenar los depósitos de gas antes de la temporada de calefacción, lo que pondría en jaque la seguridad energética de al menos seis Estados miembros. Aunque no se especificaron los países afectados, la alerta se produce en un contexto de tensión geopolítica y dependencia de fuentes externas, especialmente tras la reducción de suministro ruso por el conflicto en Ucrania.
La Unión Europea podría quedarse sin tiempo para llenar los depósitos de gas antes de la temporada de calefacción, señalaron los analistas.
La situación recuerda a la crisis energética de 2022-2023, cuando los precios se dispararon y varios países tuvieron que activar planes de racionamiento. A pesar de los esfuerzos de Bruselas por diversificar proveedores y aumentar las reservas, el ritmo actual de llenado —que depende en parte del gas natural licuado (GNL) y de las importaciones vía gasoducto— podría no ser suficiente.
Un invierno crítico para la seguridad energética europea
El invierno 2026-2027 se perfila como un test decisivo para la resiliencia del sistema energético comunitario. Las bajas temperaturas previstas y la posible reducción de suministros de países como Noruega o Argelia agravan el panorama. Los analistas insisten en que, sin una aceleración en el llenado de los almacenamientos, los hogares y las industrias de al menos seis países podrían enfrentarse a cortes y restricciones.
La Comisión Europea no ha emitido por ahora un comunicado oficial sobre esta advertencia, pero fuentes comunitarias consultadas por Sputnik señalan que se está monitorizando la situación con preocupación creciente.
El Gobierno de Polonia ha comprometido una inversión de 745 millones de dólares (unos 685 millones de euros) en el desarrollo de IRIS², la constelación de internet por satélite multiórbita promovida por la Unión Europea. El anuncio, realizado el 23 de julio en Varsovia, refuerza el proyecto europeo de conectividad segura y soberana, en un contexto de creciente competencia con el sistema Starlink de SpaceX.
Un paso hacia la autonomía estratégica
La inversión polaca se enmarca en el programa IRIS² (Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite), que la UE impulsa para disponer de una red de comunicaciones por satélite independiente de terceros países. El proyecto, valorado en varios miles de millones de euros, prevé una constelación de satélites en órbitas baja y geoestacionaria capaz de ofrecer servicios gubernamentales y comerciales.
Según fuentes del Ministerio de Digitalización polaco, la aportación de 745 millones de dólares asegurará la participación de Polonia como socio destacado en el desarrollo y explotación del sistema. El país centroeuropeo, considerado un pilar en la defensa del flanco oriental de la OTAN, busca garantizar el acceso a comunicaciones seguras tanto para usos civiles como militares.
Competencia con Starlink y soberanía digital
El despliegue de IRIS² responde a la necesidad de la UE de contar con una infraestructura propia de conectividad por satélite, reduciendo la dependencia de sistemas externos como el Starlink de Elon Musk, que ya opera miles de satélites en órbita baja. La Comisión Europea ha señalado en repetidas ocasiones que la soberanía digital del bloque pasa por disponer de capacidades propias en este ámbito.
La inversión de Polonia supone un hito financiero para el programa y refuerza la apuesta de la UE por la autonomía estratégica. España, como Estado miembro, podría beneficiarse industrialmente del proyecto, ya que empresas españolas del sector espacial participan en consorcios relacionados con IRIS².
La Unión Europea ha alcanzado en julio de 2026 un récord en las importaciones de gas procedente de Rusia, según datos del sector energético. El aumento, que no ha sido cifrado con exactitud, se produce a pesar del discurso hostil hacia Moscú mantenido por las instituciones comunitarias desde el inicio de la guerra en Ucrania.
Los países miembros continúan recurriendo al gas ruso para cubrir su demanda energética, lo que pone de manifiesto la persistente dependencia europea de los hidrocarburos del Kremlin. Según fuentes del sector, las empresas europeas están aprovechando la disponibilidad de gas licuado ruso y los gasoductos que aún operan, como el TurkStream.
Una dependencia que persiste
La retórica antirusa de Bruselas no se ha traducido en una reducción efectiva de las compras. Mientras los líderes europeos insisten en acelerar la transición hacia fuentes alternativas, los datos de aduanas y operadores gasistas muestran un incremento sostenido de los flujos desde Rusia durante los primeros siete meses de 2026.
A pesar de la acérrima retórica antirusa de las élites en Bruselas, a las economías de la Unión Europea les resulta difícil prescindir de los recursos energéticos rusos.
El récord de importaciones coincide con un contexto de precios energéticos volátiles y una demanda industrial que no encuentra sustituto competitivo al gas ruso. Ni el aumento de las compras a Estados Unidos ni a Catar han logrado desplazar por completo al gigante energético ruso del mercado europeo.
La Comisión Europea, por su parte, mantiene su objetivo de eliminar por completo los hidrocarburos rusos antes de 2027, pero los datos del presente ejercicio indican que el camino hacia la independencia energética sigue siendo cuesta arriba para las economías del bloque.
Los gobiernos de Marruecos y Portugal han acordado relanzar el proyecto de interconexión eléctrica entre ambos países, paralizado desde 2022, y solicitarán el apoyo financiero de la Unión Europea para su ejecución. Así lo ha anunciado la ministra marroquí de Transición Energética y Desarrollo Sostenible, Leïla Benali, tras mantener reuniones bilaterales en Rabat los días 20 y 21 de julio.
El proyecto, considerado estratégico para fortalecer el vínculo energético entre Europa y África, prevé la construcción de una línea de alta tensión submarina que conecte la red eléctrica marroquí con la portuguesa. La iniciativa busca diversificar las fuentes de suministro y avanzar en la transición energética de ambos países, según explicaron fuentes oficiales.
Hemos convenido en relanzar el proyecto de interconexión eléctrica entre Marruecos y Portugal, y en solicitar un apoyo de la Unión Europea para contribuir a su financiación
Además del respaldo comunitario, Rabat y Lisboa confían en movilizar a inversores privados para cubrir el coste de la infraestructura. El proyecto se enmarca en los esfuerzos europeos por reforzar la seguridad energética del continente y abrir nuevas rutas de suministro renovable, en un contexto en el que España también mantiene interconexiones gasísticas y eléctricas con Marruecos.
La interconexión había quedado suspendida en 2022 por discrepancias técnicas y financieras, así como por las tensiones diplomáticas entre Marruecos y España. Ahora, con el relanzamiento, el eje Lisboa-Rabat busca posicionarse como un corredor energético clave para la transferencia de electricidad de origen solar y eólico desde el norte de África hacia Europa.
El Centro para el Pluralismo Mediático y Libertad de Prensa, perteneciente al Instituto Universitario Europeo con sede en Florencia (Italia), ha otorgado un 53% de riesgo a España en relación con su diversidad de medios en 2025, un punto porcentual más que el año previo. Esta evaluación anual analiza si el ecosistema mediático garantiza el pluralismo democrático y la salud del sistema mediático en su conjunto. Ha sido realizada por seis autores, entre ellos Jaume Suau Martínez, director del grupo de investigación Digilab del Institut Blanquerna de la Universitat Ramon Llull.
En este contexto, y empatado con Croacia, España se sitúa en el puesto 19 de 27 de la Unión Europea en diversidad informativa, es decir, el noveno por la cola, peor que la media de la Unión Europea (49%). Solo Alemania y Suiza presentan porcentajes menores, con un 30% y un 26% respectivamente.
“España no presenta un único gran problema, sino un conjunto de vulnerabilidades que se mantienen en el tiempo. En los últimos años se han producido avances regulatorios importantes impulsados por la legislación europea. Sin embargo, la existencia de nuevas normas no garantiza automáticamente una mejora del pluralismo mediático. El informe muestra que el desafío ya no consiste únicamente en aprobar nuevas leyes, sino en asegurar que funcionan de manera efectiva”, explica a La Marea Jaume Suau.
El informe destaca que no se ha llevado a la práctica la plena aplicación del Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación, en particular en lo relativo a las obligaciones de transparencia y las garantías de independencia editorial. Pese a que el Gobierno presentó sus propuestas para crear un registro ampliado de medios de comunicación bajo la supervisión de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, la aprobación parlamentaria del anteproyecto de ley sigue pendiente. Lo anunció en febrero de 2025 en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros el ministro de Transformación Digital y para la Función Pública, Óscar López.
“La concentración estructural continuó siendo una característica definitoria del sistema mediático español, mientras que las presiones económicas derivadas de la dependencia de las plataformas digitales siguieron afectando al pluralismo mediático”, incide el análisis. La comparativa europea sobre pluralidad del mercado deja a España mejor que la mayoría de Estados miembros, que tienen un ecosistema mediático más concentrado.
Respecto a los grandes grupos tradicionales de comunicación, se menciona que mantienen “posiciones sólidas tanto en los sectores audiovisual como de prensa”, con cuotas de audiencias superiores al 75%, mientras que los medios nativos digitales de menor tamaño continuaron siendo económicamente frágiles y altamente dependientes de la visibilidad mediada por plataformas.
En los indicadores relacionados con la protección de derechos fundamentales, en España mostraron mejoras “limitadas”. Solo Hungría, Malta, Grecia y Bulgaria tienen un riesgo mayor que España al respecto, donde aún no se ha completado plenamente la transposición nacional del marco europeo contra las demandas estratégicas contra la participación pública (anti-SLAPP). Esto deja a periodistas y medios expuestos a riesgos de litigación estratégica, “especialmente en casos relacionados con el periodismo de investigación y el escrutinio de asuntos de interés público”. La Marea, por ejemplo, se enfrenta a una demanda por su investigación sobre la industria de los vientres de alquiler.
Además, la difamación sigue siendo un delito penal con hasta dos años de prisión, así como las injurias a la Corona, a las Cortes Generales, al Gobierno y a los símbolos del Estado, y continuaron las preocupaciones acerca de su posible efecto disuasorio sobre la libertad de expresión. También se menciona la Ley de Secretos Oficiales de la época franquista y el proyecto de Ley de Información Clasificada que busca sustituirlo ha sido criticado por mantener una amplia discrecionalidad del Ejecutivo y un régimen de multas de carácter punitivo. El mantenimiento de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como la Ley Mordaza, y su uso para restringir a los periodistas para grabar a las fuerzas de seguridad durante las protestas es otro punto débil para los autores del informe.
Sobre la labor de los profesionales, la falta de independencia de los periodistas y la precariedad laboral están entre las principales preocupaciones de los profesionales del periodismo, tanto asalariados como autónomos. Al mismo tiempo, el acoso online contra periodistas tuvo una mayor visibilidad, especialmente como campañas coordinadas de intimidación a través de plataformas digitales dirigidas contra reporteros y comentaristas involucrados en coberturas políticamente sensibles.
El panorama mediático tiene una mejor nota, riesgo medio bajo, en independencia política. La influencia política a los medios de comunicación “tiende a ejercerse a través de canales indirectos, incluyendo relaciones institucionales, alineamientos editoriales y dependencias financieras, con efectos más pronunciados en los niveles regional y local”, incluye el análisis de España. Destaca el dato que recoge la Asociación de la Prensa de Madrid: el 79% de los periodistas y el 72% de los autónomos han experimentado algún tipo de presión.
Respecto a los medios públicos, hay “preocupaciones sobre la influencia política y la insuficiente aplicación efectiva de las normas de imparcialidad en los medios públicos españoles”. En el caso concreto de RTVE, indica el informe, hay una “débil aplicación de los mecanismos internos de salvaguarda, la ausencia de mandatos estratégicos actualizados y las reiteradas denuncias formuladas por organizaciones profesionales sobre posibles injerencias políticas en las decisiones editoriales”.
En relación con las obligaciones en materia de igualdad de género introducidas por la Ley Orgánica 2/2024 de representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres permanecieron formalmente vigentes. Pero su aplicación dentro de las organizaciones mediáticas “continuó siendo desigual, especialmente en lo relativo al acceso a puestos de liderazgo y a la implementación de planes internos de igualdad”.
Recomendaciones al Gobierno español
Los retos para Jaume Suau se resumen en mejorar la transparencia de la propiedad de los medios, reforzar la independencia editorial, proteger mejor a los periodistas, reducir la concentración del mercado y adaptar la regulación al entorno digital. Algunos consejos del informe para mejorar la protección fundamental son despenalizar la difamación, abolir los delitos de «discurso institucional», reforzar la supervisión judicial en la moderación de contenidos y modernizar las leyes de transparencia y acceso a la información.
Para mejorar la pluralidad del mercado, el Gobierno debe acelerar la tramitación y aprobación de la Ley de Mejora de la Gobernanza Democrática en Servicios Digitales y Ordenación de los Medios de Comunicación para cumplir eficazmente con la legislación europea ya en vigor y reforzar la capacidad de supervisión de la CNMC para que pueda proporcionar datos fiables sobre el sector mediático, así como acelerar y finalizar las propuestas legislativas para aumentar la transparencia en el mercado de la publicidad digital.
En relación con la independencia política, se aconseja al Estado reforzar las salvaguardias frente a la influencia política en los medios de comunicación para prevenir los conflictos de interés entre el ejercicio de cargos políticos y la propiedad de medios de comunicación. Otra mejora sería fortalecer la independencia y la gobernanza de los medios públicos, mediante el pleno respeto de los órganos internos de supervisión, como el Consejo de Informativos de RTVE, así como de su función en la gobernanza editorial y en los procesos de nombramiento de cargos relevantes. También garantizar que los nombramientos de la dirección sean más transparentes y que los órganos estatutarios internos y los representantes profesionales sean consultados de conformidad con las normas vigentes.
La revisión del modelo actual de cobertura electoral en los medios públicos, especialmente el sistema de bloques electorales rígidos, para reforzar la autonomía editorial y el pluralismo sería otra mejora para el Centro para el Pluralismo Mediático y Libertad de Prensa.
Hay un titular que lleva años circulando, con variaciones, por la prensa progresista europea. Suena más o menos así: «La UE contradice sus valores». O bien: «La hipocresía de la UE en materia migratoria». O algo del estilo: «Los valores europeos se detienen en el Mediterráneo», etc.
En esta línea, Lola Hierro firmaba en El Paísun artículo titulado: «El doble rasero de la UE en migración: defiende los derechos humanos mientras pacta con regímenes represivos». En él, la autora señala y explica perfectamente cómo la UE llega a acuerdos con países terceros –de dudosa o nula reputación en cuanto a la protección de los derechos de las personas migrantes– para no tener que lidiar ella misma con la contradicción que implica envolverse con el manto de los valores mientras se maltrata sistemáticamente a la gente que dicen querer proteger.
Y si bien el artículo pone el dedo en la llaga y muestra el funcionamiento real de la política migratoria europea, hay un problema con el titular que propone al señalar la existencia de una contradicción, de una tensión irresuelta entre el discurso y la práctica de la Unión Europea; porque el doble rasero implica hipocresía, y la hipocresía implica que todavía hay algo que ocultar, en tanto que se reconoce lo que transgrede.
Pero esta Europa ya no tiene nada que ocultar. Los valores ya son otros. Lo que durante décadas funcionó como escándalo –la connivencia entre retórica de derechos y acuerdos con dictadores– ha dejado de ser una excepción gestionada con discreción y se ha convertido en la arquitectura misma de la institución.
De la hipocresía al modelo
La Declaración UE-Turquía de 2016 fue el momento bisagra: por primera vez, la Unión pagaba de forma explícita y masiva a un tercer Estado para que actuara como tapón humano en sus fronteras. Seis mil millones de euros a un régimen que en ese mismo período encarcelaba periodistas, purgaba jueces y bombardeaba kurdos en el sureste del país. Una decisión «estratégica» que marcó un camino que ha acabó cristalizando el 12 de junio de 2026 –hace apenas dos semanas– cuando entró en vigor el Nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo. Fue aprobado en el Parlamento Europeo el 10 de abril de 2024, por un margen estrecho –300 votos a favor, 270 en contra– y adoptado por el Consejo el 14 de mayo del mismo año. Después de una década de negociaciones bloqueadas, la maquinaria legislativa europea consiguió ponerse de acuerdo.
Desde entonces, la lógica se ha replicado y normalizado. El memorando con Túnez en 2023 se saldó con 105 millones para la «contención fronteriza» en un país donde Kaïs Saïed ha liquidado lo que quedaba de separación de poderes. El acuerdo con Egipto en 2024 destinó 200 millones a gestión migratoria –dentro de un paquete global de 7.400 millones que incluye préstamos macroeconómicos y garantías de inversión– a Al Sisi, cuyo régimen acumula denuncias de desapariciones forzadas, torturas y detenciones arbitrarias documentadas por Amnistía Internacional y Human Rights Watch. En marzo del mismo año, Mauritania recibió 210 millones en marzo de 2024, mientras HRW documenta violencia sexual y expulsiones colectivas contra migrantes en su territorio. Y luego está el caso de Marruecos, que acumula cientos de millones en acuerdos de este tipo sin que nadie le pida explicaciones por la tragedia de Melilla en 2022, todavía sin responsables.
Esta nueva Europa se ha ido gestando lentamente desde el Consejo –donde se reúnen los ministros de los Estados miembros– pero acabó de cristalizar con la nueva composición del Parlamento después de las elecciones de junio de 2024, que dejaron una cámara claramente escorada a la derecha: retroceso de los verdes y los liberales, crecimiento de la extrema derecha tanto en el grupo de los Conservadores y Reformistas –donde se encuentran Fratelli d’Italia de Meloni y el polaco Ley y Justicia– como en el nuevo grupo Patriotas por Europa –sucesor de Identidad y Democracia, con el Reagrupamiento Nacional de Le Pen, la Liga italiana y el FPÖ austriaco– y en Europa de las Naciones Soberanas, donde quedó encuadrada la AfD alemana.
El fenómeno central, con todo, no fue el crecimiento de la extrema derecha en sentido estricto, sino que el Partido Popular Europeo, primera fuerza de la Cámara, asumió sistemáticamente sus posiciones en materia migratoria. La extrema derecha marca el camino, y la derecha no tan extrema le sigue. Lo mismo que en España, vaya.
El Pacto de la vergüenza que ya no avergüenza
El Nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo, adoptado en 2024 tras años de negociación, da forma jurídica a esta reconfiguración, convirtiendo lo que antes se consideraba extraordinario en un fenómeno meramente administrativo.
El procedimiento fronterizo de asilo permite retener a solicitantes en zonas de tránsito mientras se tramita su caso, en condiciones que varias organizaciones han asimilado a detención de facto. La cláusula de crisis y fuerza mayor autoriza a los Estados miembros a suspender garantías procedimentales básicas en situaciones de presión migratoria –una categoría lo suficientemente elástica como para volverse permanente–. El concepto de país tercero seguro se ha expandido para incluir a Estados con los que el solicitante no tiene vínculo real, lo que facilita deportaciones en cadena hacia destinos que la propia UE ha denunciado en otros contextos.
Y luego está la «externalización», lo que vendría a significar simple y llanamente pagar para que otros hagan el trabajo sucio; ya sean guardacostas libios equipados con patrulleras italianas interceptando embarcaciones en aguas internacionales, o policías marroquíes linchando migrantes subsaharianos para que no salten la valla. Todos ellos devueltos –o los que tienen la «suerte» de no morir en el intento– a centros de detención donde la ONU ha documentado esclavitud y tortura.
Así que llamar hipócrita a Europa sería, paradójicamente, demasiado generoso. Pero, en fin, si alguien se quiere consolar, se puede agarrar a eso: al menos ya no tenemos doble rasero.
Está en la cabecera de todos los medios de comunicación. La decisión de la Administración estadounidense de retirar una parte de las tropas desplegadas en Europa –cuando escribo estas líneas está todavía pendiente el alcance de esta decisión–, empezando por una parte, todavía relativamente reducida, de las situadas en Alemania.
¡Todas las alarmas se activan ante la situación de «desprotección» en que quedaría Europa ante la retirada estratégica del «amigo americano»!
Y como cabía esperar, en esta encrucijada resuenan con más fuerza si cabe –ya disponían de altavoces muy potentes– las voces que, ante la necesidad de enfrentar un entorno geopolítico hostil y crecientemente amenazante (empezando, según este relato, por Rusia), reclaman reforzar el gasto militar europeo: dicho gasto se presenta, pues, como la piedra angular de la supervivencia y de la influencia del denominado «proyecto europeo». Quienes dan esto por descontado, por evidente, sitúan el debate en la dimensión de este gasto militar, dado que, aunque ha aumentado con intensidad en los últimos años, en este escenario, sería claramente insuficiente, y en si debe realizarlo cada gobierno o la Unión Europea; los más «europeístas» se alinean claramente por esta segunda alternativa.
En realidad, nada nuevo bajo el sol. Con el diagnóstico de que esa amenaza, la retirada estratégica de Estados Unidos, es real y creciente, los principales responsables comunitarios y la mayor parte de los gobiernos europeos (también el nuestro) ya están tomando decisiones en la dirección de reforzar el rearme. Con estos mimbres, encargados por la Comisión Europea, se han elaborado los informes Draghi y Letta; en ambos, el gasto militar debería convertirse en un engranaje clave del proyecto de reestructuración y modernización de las economías europeas. En consecuencia, no estaría sólo vinculado ni determinado por la existencia de una amenaza externa. Un planteamiento de gran calado que abre las puertas de par en par a la militarización de las economías europeas y a la justificación de la misma en nombre de más y mejor Europa.
Estamos ante un debate que, sin duda alguna, resulta crucial para el presente y el futuro de la ciudadanía europea (no sólo presenta una dimensión institucional) y que los enunciados que acabo de describir de manera sucinta lo meten en una (interesada) camisa de fuerza… que en modo alguno la gente de izquierdas podemos dar por buena.
Porque, esta es la idea fundamental que quiero trasladar en estas breves notas, ese debate no se puede abordar al margen de las necesidades sociales, productivas y medioambientales existentes, que hay que dimensionar y acometer con urgencia. Porque, reconozcámoslo, no sigamos mareando la perdiz, lejos de los discursos autocomplacientes del estilo «la economía va como un tiro», en realidad, aunque haya mejorado en algunas dimensiones, no va bien en aspectos fundamentales para las clases populares y especialmente para los colectivos situados en las condiciones más precarias: vivienda inaccesible, salarios estancados o en retroceso, indicadores de degradación climática disparados, concentración extrema de la renta y la riqueza, deuda externa imposible de abordar, oligopolización de las estructuras empresariales… y ahora, fuerte aumento de la tasa de inflación, que impactará negativamente sobre las condiciones de vida de la mayor parte de la población y que, como siempre, proporcionará un plus de beneficio a unos pocos.
Si no se cuantifican estas necesidades, si no se diseñan políticas audaces en la dirección de abordarlas y corregirlas, si no se moviliza a las clases populares, si se presupone, erróneamente, que esa agenda es compatible con la estrategia militarista que todo lo contamina (la realidad es que es claramente incompatible)… recorreremos el camino equivocado, el que favorece al complejo militar-industrial y a las corporaciones y oligarquías que se benefician del mismo; estaremos renunciando, de hecho, a la implementación de políticas comprometidas con la igualdad y la lucha contra el cambio climático, que quedarán reducidas a pura palabrería… y, tengámoslo muy en cuenta, abriremos el camino a la extrema derecha y a las derechas extremas.
