Día Mundial Del Rock

Sábado 18 de julio, apertura 20:00 h

Polideportivo descubierto, Tarazona de la Mancha

Entradas: socios ARTA 10€ (Socios: la entrada se adquirirá única y exclusivamente en Peluquería Miguel Ángel) / anticipada 15€ / taquilla 20€

 

Conciertos por el Día Mundial del Rock.

Organiza ARTA.

Esas palmas, coño

Anna Dukke

Señor Aliaga

El programa de esta semana es una punky reggae party. La relación del reggae con las islas británicas comienza en los sesenta, pero el punk fue el primer estilo musical en adaptar los ritmos sincopados a sus canciones. Hablamos de The Clash, de Don Letts, de Stiff Little Fingers, de Misty In Roots, de John […]

La entrada Punky reggae party se publicó primero en Radio Topo.

Ecuador atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia reciente. El país que hace apenas quince años era presentado como una de las naciones más seguras de América Latina y mostraba avances significativos en indicadores de desarrollo humano, estabilidad institucional y reducción de desigualdades vive hoy una realidad radicalmente distinta.

La expansión del narcotráfico, la fragmentación del crimen organizado y el colapso de la seguridad pública han convertido a Ecuador en el país más inseguro de la región en términos de crecimiento de la violencia y tasas de homicidios. Pero la crisis no es únicamente de seguridad. Paralelamente, atraviesa un acelerado deterioro democrático e institucional marcado por la concentración de poder, la militarización de la vida pública y una deriva autoritaria cada vez más evidente bajo el gobierno de Daniel Noboa.

Los niveles de violencia e inseguridad ponen de manifiesto la incapacidad para responder con toda la fuerza del Estado de derecho y las instituciones democráticas esta realidad que enfrenta el pueblo ecuatoriano en su día a día. Convertir la lucha contra el crimen organizado en una prioridad política es muy distinto a normalizar un estado de excepción permanente, consolidando lo que deberían ser medidas temporales y excepcionales en una forma de gobierno. La declaración de “conflicto armado interno” y la sucesiva prórroga de estados de excepción desde inicios de 2024 han consolidado un escenario de excepcionalidad que debilita la institucionalidad, difumina los contrapesos democráticos y elimina las garantías constitucionales.

El presidente Noboa sigue el camino marcado por Nayib Bukele en El Salvador, intentando replicar el mismo patrón de gobierno: una progresiva concentración de poder en el Ejecutivo y la militarización de la seguridad pública. Igualmente, se confronta con contundencia a jueces, medios de comunicación y organizaciones de derechos humanos que se han opuesto a algunas reformas legales o han denunciado determinadas prácticas gubernamentales, como la ampliación de competencias de los servicios de inteligencia sin controles judiciales, la criminalización de la protesta social o las denuncias de detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas.

Por elevación, también podría apuntarse a la creciente influencia y alineamiento con las políticas de Donald Trump, cada vez más visibles, en la estrategia de Daniel Noboa, proyectando la imagen de un gobierno supeditado a una agenda regional impulsada desde Estados Unidos. Noboa se ha sumado fervientemente a la iniciativa “Escudo de las Américas” e incluso, hace unos meses, ambos países realizaron una operación militar conjunta contra el narcotráfico. Sin embargo, conviene recordar que su propuesta de volver a permitir la instalación de bases norteamericanas en Ecuador fue rotundamente derrotada en referéndum el año pasado.

Persecución política y judicial

A ello se suma un clima político cada vez más hostil hacia la oposición y hacia cualquier forma de disidencia social o política. En los últimos meses se han multiplicado las denuncias sobre persecución judicial contra dirigentes opositores, retirada de inmunidades parlamentarias y utilización de mecanismos administrativos y judiciales para debilitar espacios políticos críticos con el Gobierno.

La reciente suspensión provisional de Revolución Ciudadana, principal fuerza política de oposición del país, constituye uno de los episodios más graves de esta deriva. La exclusión de una organización política con amplia representación social y electoral afecta gravemente al pluralismo político y al derecho de participación democrática reconocido tanto en la Constitución ecuatoriana como en los instrumentos internacionales de derechos humanos.

La preocupación aumenta si se observa el contexto general marcado por las denuncias de lawfare o guerra judicial iniciada hace años contra el expresidente Rafael Correa y su entorno, contra quienes se han abierto causas penales como parte de una estrategia de persecución o neutralización política del adversario. El caso del exvicepresidente Jorge Glas es un ejemplo paradigmático. Su detención en la Embajada de México en Quito supuso una vulneración sin precedentes de principios básicos del derecho internacional y de la inviolabilidad de las sedes diplomáticas. La operación provocó una grave crisis diplomática y generó numerosos pronunciamientos en contra, entre ellos el de España. Actualmente existe una enorme preocupación por el deterioro acelerado de su estado de salud debido a las condiciones en las que permanece encarcelado.

La experiencia latinoamericana demuestra que las políticas de “mano dura” no solucionan las causas estructurales de la violencia. Por el contrario, suelen producir graves retrocesos democráticos y abrir la puerta a modelos autoritarios difíciles de revertir. No es admisible combatir al crimen organizado a costa de los derechos humanos y el pluralismo político. De esta forma únicamente se agrava la crisis e incluso se acaba generando más violencia. En el caso de Ecuador, además, todos los datos conocidos ponen de manifiesto el fracaso de esta estrategia: el “estado de guerra” no está funcionando.

Lo que hoy ocurre en Ecuador no puede analizarse únicamente como una crisis de seguridad. Es también una profunda crisis democrática y social. Y quizá lo más preocupante sea precisamente la naturalización de esa deriva autoritaria en nombre del orden y de una supuesta estabilidad, pese al retroceso en cuestiones básicas como la sanidad o la educación. Porque cuando la excepción se convierte en forma de gobierno, la democracia empieza a tambalearse y, en ese momento, solo se revierte con una ciudadanía consciente y activa que se rebela contra la normalización del miedo y defiende sus derechos y libertades frente a la deriva autoritaria del poder. 

La entrada Noboa y la deriva autoritaria de Ecuador se publicó primero en lamarea.com.

Acabo de regresar de El Salvador tras una estancia de varios meses dedicados a un proyecto de cooperación, pudiendo constatar que lo que escribí hace dos años en este mismo medio (El Salvador, desigualdad y represión), sigue vigente. 

Y sigue vigente desde la colonización española, pues las estructuras de poder y riqueza no han cambiado, no sólo en El Salvador, sino en muchos países de Latinoamérica. Desde su independencia, triunfó lo que podríamos denominar “cesarismo”, en el sentido de que todos los procesos políticos, quedaron en manos de líderes carismáticos (libertadores, dictadores, caudillos, próceres), la mayoría de los cuales se dedicaron a salvaguardar el orden y mantener el equilibrio colonial, puesto que elevar a todas las personas a la condición de ciudadanos destruía la jerarquía social heredada.

Lentamente se consolidó un proyecto conservador en el que la blanca oligarquía criolla (azucarera, bananera, cafetalera, ganadera, minera, comercial, caucho…) toma las riendas del proyecto emancipador, marginando a nativos (mal llamados indios), a afrodescendientes arrancados de África y, en menor medida, a mestizos. Proyecto conservador que, como he podido ver en El Salvador, llega intacto hasta nuestros días.

El actual presidente Bukele, elegido democráticamente (al igual que Donald Trump), continúa con esa tradición del caudillismo conservador sabedor de encuestas, como la del Latin American Public Opinion Project (LAPOP), que reflejan un escueto apoyo del 28% a la democracia (un 48% en el resto de Latinoamérica), un 58% de la población a la que le da lo mismo vivir en dictadura que en democracia (un 28% en el resto de Latinoamérica) y un 11% de satisfacción con la democracia, frente al 24% del resto de la región.

Según la Fundación para el Debido Proceso, fundada en 1996 por el profesor Thomas Buergenthal, expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, juez de la Corte Penal Internacional y presidente de la Comisión de la Verdad, en un documento titulado Justicia Amordazada, señala que la separación de poderes en El Salvador no existe, detentando el presidente Bukele el control de los tres órganos (ejecutivo, legislativo y judicial).

Desde que empezó su mandato en 2019, el objetivo de Bukele fue la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, hasta que, en 2021, la Asamblea Legislativa, con mayoría absoluta presidencial, destituyó a los magistrados constitucionalistas, designando directamente a sus sustitutos. Les siguieron el fiscal general, el procurador de Derechos Humanos… Derivando todo ello en falta de rendición de cuentas y de mecanismos de control en el uso de fondos públicos, 

Sobre la seguridad, que tanto se habla, Bukele empezó a negociar y pactar con las pandillas en 2014, siendo candidato a alcalde. Continuó con esa táctica siendo presidente, hasta que, en mayo de 2022, tras una matanza de 87 personas en tres días, rompió el pacto con los pandilleros, e instauró un régimen de excepción (suspensión garantías constitucionales, detenciones masivas, ejército en las calles, eliminó el derecho a conocer las razones de una detención, suprimió la presentación ante un juez en 72 horas…), situación que, a fecha de hoy, sigue vigente, tras haber prorrogado el estado de excepción, mes a mes, durante cuatro años.

Hasta mayo de 2026, un total de 91.650 personas han sido detenidas, convirtiendo El Salvador en el país con la tasa de encarcelamiento más alta del mundo. Ninguno de los reclusos detenidos, ha sido juzgado aún, pudiendo permanecer hasta cinco años en prisión preventiva. Según Amnistía Internacional y Grupo Internacional para la Investigación de Violaciones de Derechos Humanos (GIPES), existen sólidos motivos para creer que se están cometiendo crímenes de lesa humanidad bajo el prolongado estado de excepción. Estos crímenes reflejan un patrón generalizado de abuso estatal, detenciones arbitrarias, tortura, desapariciones forzadas, violencia sexual, persecución y fallecimientos en las cárceles (512 muertes, según detalla la organización Socorro Jurídico Humanitario).

Se sabe que miles de detenidos en redadas masivas (aproximadamente un 10%) no tienen ningún vínculo con las pandillas. Además de criminalizar a los pobres, el estado de excepción también ha demostrado ser eficaz para perseguir activistas de la oposición, defensores de derechos humanos y comunidades que se interponen a megaproyectos privados respaldados por el Gobierno. Las cárceles salvadoreñas albergan a docenas de presos políticos, y muchos ciudadanos se han visto obligados a exiliarse por haber criticado, investigado o pedido explicaciones al Gobierno, destacando el dato de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), que, sólo de enero a mayo de 2025, documentó la salida de 43 periodistas.

Aprovechando que la mayoría parlamentaria de Bukele permite cambiar la Constitución, se plantean cambios arbitrarios, claramente enfocados a seguir aumentando su poder, como es el caso de la reforma que va a otorgar seis diputados a los salvadoreños residentes en el exterior, lo cual, en principio, es plausible pero la trampa está en que se mantiene el número total de diputados (60), por lo que los seis diputados de la diáspora van a salir de disminuir en cinco los asignados a San Salvador y uno a La Libertad, que precisamente son los departamentos donde los partidos opositores han logrado representación, con lo cual, el objetivo político es neutralizar las posibilidades de ingreso de diputados opositores.

No mejora tampoco el panorama si centramos la mirada en la vida diaria de la mayoría de la población salvadoreña. La Comisión Económica para América Latina (CEPAL) muestra que El Salvador ocupa el último lugar entre los países de Centroamérica en cuanto a esperanza de vida, debido a deteriorados factores como la calidad del sistema sanitario, la atención primaria en salud, la atención materna e infantil, el acceso a servicios médicos y las condiciones socioeconómicas en general, sobre todo el empleo, los bajos ingresos de la población, la inseguridad alimentaria por el costo de la vida, falta de agua potable y altos niveles de pobreza. Las pandillas ya no matan, pero mucha gente muere antes de tiempo.

Sólo hay que mirar la educación para ver los efectos prácticos de ese abandono social. En El Salvador, el grado promedio de escolaridad llega hasta el séptimo grado (13 años), ocupando el lugar 78 de 81 países en matemáticas, lectura y ciencias. Entre el 50% y 60% de los niños salvadoreños no comprende lo que lee. La matrícula infantil ha caído de 1,85 millones a 1,1 millones y no sólo por el preocupante descenso de la natalidad (según la CEPAL, de 3,86 en el año 2000 a 1,86 en 2023, y prevé 1,68 para 2050).

Es el régimen de excepción lo que ha provocado, a corto plazo, deserción escolar masiva y migración forzada; pero, a largo plazo, puede generar una segunda oleada de posibles pandilleros por la cantidad de menores que afrontan la vida con bajo nivel educativo y con sus progenitores ausentes (encarcelados, migrados o por trabajo). Claro que, llegado ese momento, Bukele ya no estará (o sí).

El Salvador es el país más endeudado de Centroamérica (87% sobre PIB). Y de esa deuda, a los siete años de Bukele le corresponde casi la mitad, el 42%. A pesar de ello, los datos del Banco Mundial muestran la realidad agobiante de la pobreza que sufre un sector significativo de la población, sin que haya indicios de que esa situación revierta en un plazo razonable.

Resumiendo, El Salvador ha experimentado una transformación radical, por una mayor seguridad, tranquilidad y libertad para transitar, pero se están normalizando prácticas que, en tiempos no muy lejanos, hubieran suscitado fuertes reacciones populares. Normalización que ha acostumbrado a la ciudadanía a situaciones claramente arbitrarias o injustas, como el régimen de excepción, los déficits en la educación y la salud, así como el opaco y caciquil funcionamiento institucional.

En El Salvador, hoy por hoy, el reto es saber si solo con la seguridad será suficiente para compensar una realidad social muy sombría, una desigualdad en aumento y multitud de vidas deprimidas y situaciones deprimentes. Como dije al principio, El Salvador suma y sigue.

Marc Cabanilles. Ateneo libertario Al Margen de València.

La entrada El Salvador, suma y sigue se publicó primero en lamarea.com.

Hoy en el programa hablamos del conflicto palestino-israelí y de Nagorno Karabaj, en la sección de discos hablamos del último disco de Elisapie «Inuktitut», en la de cine de Frances Ha y la última película de Nani Moretti «El sol del futuro», en la sección de libros reseñamos el libro de Kristen Ghodsee «¿Por qué […]

La entrada Un punto azul pálido mundo – Multipolar – Programa 4 – Octubre 2023 se publicó primero en Radio Topo.

Como cada año, vuelven Los Mapaches a la madriguera topa y nos traen sus nuevos ingenios: Discos Mapaches y el VIII Mapache Fest. ¡Diversión, musicón y sorpresas aseguradas! Suenan Ukelele Joe & Sus Hula Shakers, Automatic Lovers, Los Roberts y Los Zinkos. Keep the party going on!!! Más información en: Facebook HdA e Instagram HdA.

La entrada HIJOS DEL AGOBIO: «MAPACHE FEST VIII» (21/11/2025) se publicó primero en Radio Topo.

---

News about the latest militaristic and repressive measures has been flowing in such a stream for weeks that it sometimes interrupts attention to events at the front. There is an increasing impression that the Kremlin and the Office of Zelensky are starting to fight not so much with each other, but with those who do not want to fulfill their “duty to their homeland.” The Ukrainian parliament will soon consider bill No. 10062 on a unified electronic register of conscripts and those liable for military service – modeled on the neighboring chamber, where summons will now be considered served from the moment they appear in it. The Ministry of Defense allowed to draft into the Armed Forces of Ukraine those who are of limited fitness due to hepatitis, cured tuberculosis, asymptomatic HIV, mental problems, etc. Bill No. 9672 proposes to cancel the deferment from the army for recipients of the second higher education, post-graduate students and those who first attended the university after 30 years. Doctors are being stormed with large-scale checks for trading in disability documents. Women from among medical staff and pharmacists will be registered with the military from October 1st, and those who have a military record will have to update their data; after the launch of the e-register, they can be screened out when trying to leave Ukraine. Threats of extradition and punishment to men who went abroad, deceiving the authorities (as the authorities themselves did to them all their lives). The Border Guard Service of Ukraine has already begun to publicly show “educational work” with violators of the western border, forcing them to listen to the anthem and the priest’s sermon, after which they are handed over to the enlistment officers. To detect such citizens in the bushes, the border patrols began using drones with thermal imaging cameras, supposedly so necessary for the front. Then, presumably, they will start to drop grenades or hunting nets on the migrants. In turn, the deputy head of the Russian Guard in Donetsk, former separatist field commander Alexander Khodakovsky called for the creation of barrier detachments for Russian soldiers – because “many are ready to wait from prison for their loved one, who threw away their weapons and refused to fight, just so as not to die.”

Against such an informational background, the story of a Kharkov resident at the military recruitment office of Staryi Sambir in the Lviv region received a huge resonance. This is not the first time that they tried to send into the army those captured trying to escape from the “country of dreams”, this time the mobilizers just did a little less work and video records were transferred to bloggers, instantly exploding social networks with anger. The inmate was kept there from September 12th to 19th, beaten on the head with a pistol, starved, not provided with medical care, threatened with death and that “the police would not look for him.” Even before this video, hardly many people doubted that the cops act in conjunction with the enlistment kidnappers, while the State Bureau of Investigation reported on the 19th that the deputy chief of one of the departments in the Sambir districtal recruitment center and its driver are detained. They face up to 10 years in prison under Part 3 of Art. 406 of the Ukrainian Criminal Code (violation of statutory rules, relationships by military personnel using weapons). The Bureau requested that both be taken into custody without bail; the court in Lviv sent them under round-the-clock house arrest for 2 months. The National Agency on Corruption Prevention has found suspicious property worth 4.4 million hryvnias owned by the chief of the same facility. Of course, even if they are found guilty and imprisoned, it will not change anything systemically – power corrupts, and absolute power corrupts absolutely.

The investigation established that the suspects illegally detained at least two men – residents of Kharkov and Krivoy Rog. After being detained by border guards during unauthorized crossing the border with Poland, they were taken to the enlistment office, where the servicemen tried to force them to go through the medical examination. One of these refusers was kept for 10 days, another one for 7 days.

The resident of Krivoy Rog says that his name is Roman Kuzmenko, born November 12, 1985. Our compatriot is 43 years old and he was hospitalized with a concussion; he introduces himself as Vadim Spokoynyi (Ukrainian spelling – Vadym Spokiynyi). “Vadym is an animator. His stage name is Max. The first weeks Vadym was in Kharkiv – he volunteered a lot, helped people, tried to entertain children in bomb shelters so that they would not be so sad and scared. Later, he moved to Staryi Sambir with his acquaintance Dina. They didn't have a home here, so they temporarily lived in a van near the river. I helped them find accommodation. Later, his father also moved in with Vadym, he has a disability, does not walk much, is practically bedridden. His father somehow found the strength to come to the Military Commissariat. But they didn't let him in. They didn't even let me see each other. It's terrible. He is not a criminal and is not in a pre-trial detention center”, his local comrade Sofia Ryzhenko told the LMN newsletter. She does not know whether Vadim has official guardianship over his father. “Can you imagine what it's like to be an animator and work with children? He is very kind, harmless. Well, how can you force a person to sign that he will go to war, if he is afraid of it or cannot?”, the girl asks a rhetorical question. The fact that he, with such a peaceful character, showed an iron will and managed to withstand many days of attempts to break him is what is most shocking in this situation.

Those living in Staryi Sambir note that this is not the first case of such imprisonment of citizens by the enlistment officers. And, as a Kharkov resident named Ivan shared with us on September 20th, hell was going on there long before the full-scale Russian aggression:

“I got into this recruitment center in 2016. I almost got beaten there too. Barely escaped. They even wanted to send me then to the ATO [Anti-Terrorist Operation, the official name for hostilities in Donbass], despite the fact that I had a referral for a surgery in Kharkov. They said I didn't need surgery. I was registered there, went to sign up through the enlistment office, I had documents that I was undergoing surgery, and receipts for payment. Two drunk doctors came (like a medical commission). They said I didn't need surgery. They decided so without practically examining it. They said that the ATO would be just right for me, since I go to the gym and am in good physical shape. I said that I would probably refuse and am informed a little about my rights. They fucked my brain for a very long time and didn’t hand over the documents, and I also communicated in Russian. This really threw them up. Military commissars generally communicated as with cattle. Like you're pissing to go to the ATO, etc., etc. Although they themselves saw this ATO only on television. Something like this, in short.”

The Ukrainian public is more and more asking the question: how does this state with such everyday practices differ from the Russian one? In particular, Yevgenia, the wife of the Russian mobilized Yevgeniy P. from military unit 61899, turned to the Russian liberal pacifists ASTRA. For refusing to go to the assault with injuries, he and other soldiers were sent to the basement in Zaytsevo (a village controlled by the so-called “Lugansk People’s Republic” near the Kharkov region), where they are threatened and forced to continue fighting. The detainee told his wife about this on September 18th by phone, after which contact with him disappeared. In May, in Bakhmut, he received a fragment wound in the leg, due to which he was sent to the hospital. However, Yevgeniy was not given aid there; the fragment was not removed, his wife says. He was sent home for rehabilitation for a month. A month later, the commander changed, the new one sent a unit to Naro-Fominsk near Moscow. The entire company with wounds was locked in the barracks and kept there for a week. The surgeon then concluded that they could all continue to fight despite their injuries. They were taken in the direction of Svatovo and abandoned in the forest without any means of subsistence. “My relatives and I cut off all the hotlines, reached the head of the unit, but our requests and prayers for the salvation of the guys are simply ignored, citing the fact that, they say, there is a war, etc. This is just madness and absurdity, the boys with wounds were thrown just like cannon fodder!”, the woman told this media.

Ukraine is a prison of the people. Russia is a prison of the peoples. That's all the difference.