El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha puesto en entredicho la continuidad del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) al afirmar que el acuerdo comercial solo beneficia a México y a Canadá. Ante esta incertidumbre, un experto consultado por Sputnik sostiene que México tiene ante sí «la gran oportunidad de poder reducir» su histórica dependencia económica de Washington.
Las declaraciones de Trump, realizadas este jueves, no detallan si su intención es renegociar, suspender o abandonar el tratado, pero han generado inquietud en los sectores productivos mexicanos. El T-MEC, que entró en vigor en 2020 como sustituto del NAFTA, canaliza más del 80% de las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos.
Un desequilibrio histórico
El experto consultado por la agencia rusa señala que, pese a las críticas de Trump, Washington ha mantenido una ventaja absoluta en la relación comercial. «Estados Unidos ha tenido una ventaja absoluta», afirma, aunque no precisa si esa ventaja es en términos de balanza comercial, inversiones o control de cadenas de suministro. La oportunidad para México radicaría en diversificar sus socios comerciales y fortalecer su mercado interno.
La postura de Trump se enmarca en su agenda de «América Primero», que ya durante su primer mandato llevó a una renegociación del NAFTA. Analistas mexicanos han advertido que una salida unilateral de Estados Unidos del T-MEC tendría consecuencias graves para la economía mexicana, pero también para las cadenas productivas integradas en América del Norte.
El Gobierno de México, por ahora, no ha emitido una respuesta oficial a las declaraciones de Trump. La secretaria de Economía, en funciones, ha reiterado en foros recientes la importancia de mantener la certidumbre jurídica para los inversores.
La periodista Chantal Flores había escuchado tantas historias de mujeres mexicanas que perdieron a un ser querido que cuando viajó a Bosnia, Serbia y Kosovo para entender el impacto de las desapariciones forzadas allí, no le hizo falta entender las palabras de las mujeres que le compartían sus experiencias en serbocroata o albanés: le bastó con leer su lenguaje corporal.
En su libro Huecos. Retazos de la vida ante la desaparición forzada, Flores, que nació en Monterrey en 1985, sigue a seis mujeres en México, Colombia y los Balcanes –Mirna, Lucy, Dragana, Zekija, Margarita y Valdete– que viven, o sobreviven, con el dolor de la pérdida. Nos cuenta sus historias en una serie de viñetas que a veces adoptan un tono periodístico y otras se leen más como novela o poema. A lo largo del libro, Flores escribe como una persona solidaria que se deja afectar por el duelo de estas seis mujeres que se enfrentan a silencios, intimidaciones, injusticias y sistemas rotos.
Lo que motivó a Flores a escribir este libro fue una sensación de impotencia ante el problema de la desaparición forzada en su propio país, donde se producen entre 35 y 40 desapariciones diarias. Al conectar las experiencias de mujeres mexicanas con las vividas en Colombia y los Balcanes, nos obliga a asumir que el sufrimiento que causa la desaparición forzada es universal, sin borrar la especifidad de cada lugar y cada experiencia individual.
Para comprender México, ha tenido que visitar otros países.
Mi intención nunca fue ser la corresponsal extranjera que le va a enseñar al mundo cómo son las cosas en los Balcanes o Colombia. Mi punto de partida siempre fue: esto que está pasando en mi país, en México, es muy grave. No tenemos un marco de referencia para entenderlo. No se compara con el periodo de desapariciones que México vivió en los años setenta, por ejemplo. Así que viajé a otros países para ver qué podía aprender. Sabía muy bien que los contextos no son los mismos, pero, por otra parte, supuse que algunas de sus luchas son similares.
Hay muchos países con desapariciones. ¿Cómo llegó a Colombia y los Balcanes?
Acabé en Colombia por el papel que allí tiene el narcotráfico, que es uno de varios agentes diferentes que perpetran las desapariciones. Me pareció similar a lo que está sucediendo en México. A los Balcanes llegué más bien por mis lecturas sobre el trabajo de la ciencia forense en la identificación de los restos. En esos libros siempre sale el ejemplo de los Balcanes, donde se ha usado la identificación de ADN con mayor efecto. Mi pregunta era: ¿tendrán paz esos familiares? Lo que ellos sufrieron se reconoció como una guerra –algo que en México no ocurre–. Segundo, atrajo una gran inversión y apoyo internacionales. Dado todo esto, me preguntaba, ¿cómo siguen estas familias, que además ya llevan unos 20 años desde que terminó la guerra? ¿Cómo viven con el dolor, con todo este camino ya recorrido?
¿Qué descubrió?
Más allá de las diferencias que he mencionado, encontré muchas similitudes. Al final del día vi el mismo dolor, la misma forma de organización entre las mujeres, que han construido redes, pero que también se encuentran algo aisladas de sus propias familias. Esta dimensión de género me llamó mucho la atención. Yo sabía que se tenían que comunicar entre ellas. Y como no las pude juntar en un espacio físico, las junté en las páginas de Huecos. Lo que quiero es que sepan que no están solas, que de cierta forma están aprendiendo unas de otras. Y que tienen cosas que enseñar a las otras que están por venir, porque esto no termina. Nunca va a haber suficiente información sobre la desaparición forzada.
Su propia voz y experiencia están muy presentes en el libro.
La verdad es que, cuando empecé Huecos, mi idea era escribir un libro serio de investigación periodística, con datos, cronologías y análisis políticos. Así que, cuando empecé a escribir, me encontré cortando todos los pasajes en los que aparecía yo: todo lo que sucedía después de que se apagara la grabadora –por ejemplo, los momentos en los que Mirna y yo estábamos platicando en la cama–. Pero cuando lo hablé con mi editor, me dijo: “Eso no lo cortes: tú eres la única que estuviste ahí y tienes que contarlo”.
¿Le costó incluir esa dimensión más personal?
Mi miedo inicial era que yo me convirtiera en la protagonista del libro. Yo era muy consciente de que las cosas de las que fui testigo pasaron en parte porque yo estaba allí cubriéndolas como reportera. Las familias que buscan a sus desaparecidos muchas veces sienten la presencia de los medios como una presión para que sucedan cosas, para que encuentren algo. A fin de cuentas, ¿qué son las familias que buscan si no encuentran cuerpos?
El resultado es un libro que logra conectar directamente con las lectoras. A mí, al menos, la lectura ha llegado a afectarme mucho.
Mi idea era, precisamente, que si yo me pongo ahí, a lo mejor el lector o la lectora se va a identificar con más facilidad. No soy la periodista inalcanzable que ni contesta al mail, sino al contrario, soy quien lleva a mis lectores de la mano. Eso era lo que yo quería que sintieran los lectores: ese dolor que te destroza cada vez que entras a estos viajes y entras en contacto con esta realidad. Con Huecos, yo quería aportar esa capa extra. Más que informarte, quiero que sientas y veas que estas son familias como la tuya o como la mía.
¿Cómo lidió usted misma con la carga del dolor?
Los primeros años me sentía mal conmigo misma, porque veía la desaparición por todas partes. Me afectó mucho. Pero acabé por encontrar las herramientas creativas para darle salida a ese dolor, a esa crueldad. Y cuando ahora alguien me dice, “no tengo corazón para leerlo”, le digo: “¡Si yo ya lo mastiqué por ti! Lo que te está llegando por mi libro es el 1%. No te lo estoy dando crudo”.
En algunas de las viñetas más literarias, como “Y no está”, abandona su voz narrativa regular para recurrir a una especie de corriente de conciencia. Me ha parecido muy poderoso.
En realidad, fue mi solución a un problema complicado. Hablé con muchísimas familias sobre sus vivencias. Fue muy difícil escoger a las seis mujeres que acabaron siendo mis protagonistas. Por otro lado, irónicamente, también fue muy fácil, porque ellas son las que estuvieron más dispuestas a contestar a las dudas que me surgían. Aun así, al escribir Huecos no me abandonaban esas otras familias a las que había dejado fuera, por más que también dieran forma a mi proceso de escritura. En esa viñeta que mencionas, intento incluir sus vivencias y algunos de los muchísimos detalles que me contaron. Es mi forma de decirles a mis lectoras: “Todo esto está pasando. Puede que no tenga nombres y fechas para todo, que no tenga los datos concretos, pero esto está pasando”. La verdad es que fue una viñeta que empecé a escribir con hartazgo, vomitándole al lector. Lo que sentí fue algo así como: “Ya me cansé yo de cargarlo todo sola”. Luego, cuando me puse a procesarlo, mi actitud cambió. Me imaginaba diciéndoles a mis lectores: “Quiero compartirte esto; espero puedas ver que no son solo Mirna, Lucy o Chuchita. Es todo esto”.
A las mujeres colombianas y mexicanas les podía hablar en español, pero para las entrevistas en los Balcanes tuvo que recurrir a intérpretes. ¿Cómo funcionaba eso?
El tema me estresaba mucho, la verdad, porque sabía que yo no iba realmente a entender toda la entrevista hasta que leyera la transcripción traducida. Por más rápida que fuera mi traductora, nunca iba a hacer lo mismo que yo en una entrevista en castellano o inglés. Además, cuando llegué a la primera cita en Ilijas, una ciudad bosnia, me encontré con un grupo grande de mujeres, aunque yo me había preparado para una entrevista con la líder. Entonces cerré los ojos y dije: “A ver, no voy a comprender el 100% de lo que se está compartiendo aquí. ¿Qué puedo ver?”. Y empecé a observar cómo esas mujeres se organizaban, cómo se sentaban unas, cómo se paraban otras, cómo se juntaban unas y se apartaban otras… Debo agregar que soy maestra de yoga y que lo que me mantiene sana en este trabajo es mover el cuerpo. Ahora bien, antes de ir a los Balcanes, una amiga me invitó a tomar un cursillo de yoga informada por el trauma. Es una forma de enseñar que enfoca en el impacto de la vida, de las experiencias, del trauma, en el sistema nervioso, y cómo el trauma se manifiesta en los movimientos y en los dolores físicos de las personas.
¿Esa experiencia le sirvió con el grupo de mujeres en Bosnia?
Pasó un proceso muy raro. Yo no podía más que asociar cómo movían el cuerpo las mujeres bosnias con los movimientos corporales de las mujeres que yo ya había visto en México. Entonces entendí: ahora, ella me está platicando de esta parte de la desaparición. En otras palabras, me di cuenta de que yo ya traía una idea de cómo se cuenta la desaparición de un ser querido. Es una estructura narrativa que, de cierta forma, se vuelve rígida con el paso del tiempo. Porque la mayoría de ellas han contado esa historia muchísimas veces: a los medios, a gobiernos, a organizaciones de derechos humanos.
La comprensión de estas dinámicas, ¿también le permite relacionarse de otra forma con sus entrevistadas?
Sí, claro. De hecho, ahora la uso mucho. Por ejemplo, el jueves pasado hicimos unas entrevistas en la cárcel para un proyecto sobre el narcomenudeo en el que estoy metida. Yo nunca había entrado a una cárcel de mujeres, y no era el mejor espacio o el espacio más seguro para hacer ese tipo de entrevistas, que además son por tiempo muy limitado y en presencia de las autoridades. Pero cuando empecé a relajar mi cuerpo, ellas se empezaron a relajar y nuestro lenguaje corporal se conectó. Fluyó muy bien la entrevista a pesar de ese entorno restrictivo. Eso, en fin, es algo que aprendí de las mujeres en los Balcanes: cómo acoplarme al espacio de ellas, a cómo se mueven, cómo sirven el café. Todos esos son detalles que la gente cree que son extras en una entrevista, pero que son realmente parte de crear ese entorno para que la gente comparta realmente lo que siente sobre ese momento de su vida. Y eso fue algo que quise transmitir en Huecos: cómo cargamos las historias con el cuerpo.
Huecos se publicó hace un par de años ya. ¿Sigue con el mismo tema?
Cuando salió Huecos, necesitaba como un refresh mental. Viendo el escenario en México, la falta de cambio, no ayuda. Y lo que sí cambia, es para peor: los métodos de desaparecer a la gente son cada vez más brutales, y es cada vez más cínico el manejo de los casos de desaparición. Todavía noto que tengo una respuesta muy emocional ante eso, lo que me impide cubrirlo de buena forma, periodísticamente hablando. Por tanto, he intentado abordarlo de otra forma. Ahora estamos por lanzar una plataforma que se llama Mapping Absence. Es una plataforma bilingüe enfocada en la desaparición forzada, pero globalmente, desde distintas miradas. Somos un colectivo chiquito de académicos y artistas; yo estoy como periodista. No tenemos recursos, realmente hay mucho de voluntariado, pero el punto es crear una plataforma fija donde podamos estar discutiendo la desaparición forzada desde distintos ángulos y visibilizando a los colectivos que lideran esta búsqueda, no solo en México. La desaparición forzada ha evolucionado mucho y se maneja en diferentes contextos. Ya llegamos a un punto donde hasta se niega que se trate de desapariciones forzadas, como hemos visto en Estados Unidos con el ICE.
Los cambios políticos en la región mesoamericana están obligando a las defensoras de derechos humanos a modificar sus estrategias de lucha y a usar la creatividad para continuar con su labor.
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Alto al Acuerdo Global y Comercial “modernizado” entre la Unión Europea y México
Attac España suscribe el presente comunicado
Las organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, defensores/as de derechos humanos, de bienestar animal y del medio ambiente que firmamos la presente carta nos dirigimos a las y los responsables políticas/os de México y de la Unión Europea (UE) para exigir que no ratifiquen ni el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y México (TLCUEM) “modernizado” ni el Acuerdo Global que contiene un apartado sobre protección de inversiones y un mecanismo controversial que permite el arbitraje inversor-Estado (ISDS, por sus siglas en inglés).
El texto se negoció a espaldas de la ciudadanía sin debate y ni consulta pública. Se finalizó en abril de 2020, en medio de una de las peores crisis sanitarias, sociales y económicas del mundo, desencadenada por la pandemia de COVID19. Seis años más tarde, en medio de múltiples crisis y conflictos, los mandatarios europeos y mexicanos se apuran a firmar un acuerdo “modernizado” que tendrá peores consecuencias que su versión anterior, vigente desde 2000, por las siguientes razones:
Beneficia a los inversores extranjeros en detrimento de la población local, el ambiente y el clima.
El Acuerdo Global incluye un apartado sobre la protección de inversiones que contiene el recurso del arbitraje inversor-Estado. Este mecanismo, conocido también por sus letras en inglés: ISDS (Investor-State-Dispute Settlement) le concede a inversores extranjeros el acceso privilegiado y exclusivo a un tribunal internacional para resolver sus controversias con estados. México es el 3er país más demandado ante tribunales de arbitraje a nivel mundial. Lleva más de 500 millones de dólares gastados en laudos perdidos y costos de defensa y aún hay demandas pendientes que suman al menos 5.500 millones de dólares. El Acuerdo Global amplía los derechos del arbitraje a inversores de otros países europeos y restringe la soberanía mexicana de decidir sobre sus políticas públicas a favor de la población, del ambiente y del clima y vice versa.
Promueve un modelo extractivo sin fortalecer la producción local
El TLCUEM contiene un capítulo sobre recursos naturales que le impide a México poner precios diferenciales para el uso de sus minerales y recursos energéticos a nivel nacional y para la exportación. El capítulo de inversiones prohíbe la restricción del libre flujo de capitales y la imposición de los llamados requisitos de desempeño. Entonces ni los gobiernos europeos, ni el mexicano pueden obligar a los inversores del otro país a que, por ejemplo, usen un cierto porcentaje de contenido local en su producción o que transfieran tecnología y conocimiento. Sobre todo para México, país con recursos de interés para la Unión Europea, esto implica la restricción de medidas que promuevan el desarrollo económico y social a nivel nacional y local.
Debilita la producción agrícola mexicana
A cambio de obtener tres años más del derecho de regular su mercado energético, México eliminó aún más aranceles para la importación de alimentos a su mercado interno, sobre todo de carne y productos lácteos. Sumado a las concesiones ya dadas para la importación de más lácteos y otros productos agrícolas o alimentos procesados, esto amenaza la producción local de alimentos en México y la situación del campesinado. Además, promueve un comercio innecesario – ya que México no necesita importar ni más carne ni más lácteos para satisfacer la demanda nacional – que contribuye al cambio climático.
Promueve la relocalización de producción de ciertas industrias a México, sin garantizar estándares ambientales y laborales
El TLCUEM constituye el marco para que empresas europeas puedan relocalizar con más facilidad su producción a México. De hecho, muchas empresas europeas ya producen en México. La experiencia de Electrolux en Cd Juarez con su represión a los trabajadores que quieren formar un sindicato es bien conocida. Recientemente, Volkswagen anunció el traslado de más partes de su producción de automóviles a México, donde lxs trabajadorxs ganan considerablemente menos y las leyes ambientales se implementan menos. Al mismo tiempo, la corporación anunció que eliminaría 30,000 puestos de trabajo en sus plantas en Alemania hasta 2030.
Actualmente, 50 zonas en México se encuentran en emergencia sanitaria y ambiental. La razón: la producción industrial indiscriminada. Una de las zonas más afectadas es la de Puebla-Tlaxcala donde Volkswagen y otras empresas europeas tienen sus plantas. El TLCUEM, como todos los tratados firmados por la UE, incluye solo un capítulo sobre comercio y desarrollo sostenible con disposiciones que no son vinculantes. El debilitamiento en la UE de la ley de debida diligencia (CSDDD) empeora esta situación.
A esto se suma que el tema de género es soslayado en el tratado aún cuando este comercio afecta directamente a muchas mujeres en México a nivel laboral y de consumo, pero también a nivel ambiental.
Estos son sólo algunos puntos preocupantes de este acuerdo. Se podría mencionar también la apertura a nivel nacional y de los estados provinciales de las licitaciones públicas a empresas europeas sin precedentes y con un impacto en la promoción de PYMES y el grave impacto sobre los derechos humanos. De hecho, la actualización del Acuerdo Global México–UE se ha realizado sin una evaluación integral de su impacto en derechos humanos. Al reducir el análisis al ámbito comercial, se oculta la responsabilidad de la relación bilateral en contextos de violaciones graves, como la desaparición forzada, el desplazamiento forzado o el asesinato de personas defensoras en México. Ratificar el acuerdo en estas condiciones constituye una decisión política que asume responsabilidad en la continuidad de estas violencias.
El TLCUEM y el Acuerdo Global son instrumentos que profundizan un modelo económico destructor en México y en la Unión Europea con privilegios para inversores y daños para la población. No subsanan la asimetría existente entre las dos economías, ni promueven un desarrollo sostenible o un comercio que respete los límites planetarios. Por eso, instamos a los representantes políticxs de ambos lados del Atlántico a no ratificar estos acuerdos.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha conseguido una vez más –y este artículo es ejemplo de ello– que volvamos a hablar de sus disparates. En este caso, la provocación no se ha producido sólo en el debate público español, sino que ha saltado, literalmente, al otro lado del océano Atlántico.
Díaz Ayuso ha decidido viajar a México para realizar una gira de diez días que ha iniciado con un acto diseñado para herir todas las sensibilidades: honrar la figura del conquistador Hernán Cortés, cuyos huesos reposan, de manera discreta y bajo custodia del Instituto Nacional de Antropología e Historia, en una iglesia del Centro Histórico de la Ciudad de México. No lo ha hecho sola, en su corte van empresarios de distintas áreas, también de la musical, como su amigo Nacho Cano, transmutado a director teatral con vocación evangelizadora en la cruzada por la Hispanidad y el “encuentro entre dos mundos”, seguramente convencido de que México sigue siendo la Nueva España. Aunque el pretendido homenaje inicial a Cortés, en forma de misa musical en la Catedral del zócalo, ha sido anulado por la Arquidiócesis Primada de México, el proselitismo pro hispánico y pseudo libertario de Ayuso continúa.
De hecho, toda la tournée de Ayuso es una oda a la evangelización: la de los españoles antiguos y la suya propia. En su voluntad de convertirse en referente de la ultraderecha MAGA en España, disputándole a Santiago Abascal y a Vox el liderazgo de la “Iberosfera” así como el título de achichincle de Donald Trump, Ayuso igual homenajea a María Corina Machado, que invita a Gloria Estefan o trata de sumarse a la ola del poder evangélico que mueve los hilos de la política americana. Ayuso quiere atraer el voto latino en Madrid, transformando la ciudad en un Miami 2.0 donde recalan ya prácticamente todos los opositores a los gobiernos progresistas y de izquierdas latinoamericanos.
No contenta con seguir esta agenda de política global desde casa, ahora va a México en un acto que ha sido interpretado como lo que es, una gran provocación. En sus primeras intervenciones públicas Ayuso ya ha demostrado el carácter ideológico de su visita. Su presencia en México, país altamente sensible a la participación de extranjeros en la política mexicana al punto de tener un artículo constitucional, el 33, que lo prohíbe y cuya aplicación supone la expulsión del país de quien lo infrinja, ha generado amplio resquemor, como era de esperar. De hecho, me atrevería a decir que generar discordia era su propósito al decidir desenterrar, en territorio mexicano, lecturas discriminatorias basadas en una concepción colonialista de la Historia que el proceso de la 4T trata de ir superando.
Su visita, una afrenta tanto para el Gobierno de México como para la mayoría del pueblo, no aporta nada a la relación entre México y España, todo lo contrario. Cuando un representante político de otro país escribe Méjico en lugar del nombre oficial del país, México, en sus redes sociales, o banaliza con el personaje de la Malinche, llamando así a las mujeres latinoamericanas que habitan España sabiendo que malinchismo es sinónimo de traición en México, está teniendo un comportamiento muy poco diplomático. Pero Díaz Ayuso, como buena aprendiz del trumpismo, no tiene límites en su mala educación. De hecho, es su seña de identidad, junto con la demagogia.
Sin embargo, lo grave no son las formas sino el contenido: su voluntad de reescribir la Historia montándose en la ola de un rancio revisionismo histórico, carente de todo rigor científico. Una lectura del pasado que entronca con la historiografía franquista, que pretende legitimarse por el respaldo de pseudohistoriadores y pseudointelectuales vernáculos, aplaudidos por la claque de sus equivalentes en la exmetrópoli que les hacen de cámara de eco, para premiarlos por haberse convertido en los buenos aborígenes, amaestrados para defender los intereses imperiales.
Quizás lo más gracioso de la estrategia de Ayuso sean sus loas a la Hispanidad en México, reivindicar con grandilocuencia el papel de esa España imperial donde nunca se ponía el sol, mientras se mantiene una posición política subordinada, seguidista de la agenda geopolítica del imperialismo estadounidense y del sionismo genocida. Tal vez los empresarios que acompañan a Ayuso en su viaje no se hayan enterado todavía, pero el propósito de Donald Trump, en América Latina y el Caribe, México incluido, pasa por expulsar a las empresas competidoras de un espacio que EE. UU. considera como propio, como se ha encargado de recordar el ídolo de Díaz Ayuso en su última Estrategia de Seguridad Nacional rescatando la Doctrina Monroe y añadiendo un nuevo corolario Trump.
Detrás de la provocación, los intereses económicos y el cálculo político
Detrás del olor a rancio, del colonialismo desacomplejado y del folklore imperial que promociona Ayuso hay cuestiones mucho más prosaicas que sólo pueden entenderse analizando la política interna española. La presidenta de la Comunidad de Madrid mantiene un pulso con el actual Gobierno de España y, en concreto, con Pedro Sánchez. Su decisión de hacer política haciendo oposición a las decisiones del Ejecutivo central, en lugar de enfocarse en los problemas de su comunidad autónoma, vanguardia de la privatización sanitaria y el deterioro de todos los servicios públicos en nombre de la “libertad de elección”, lo demuestra a cada rato.
Junto con su jefe de Gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, Ayuso ha desplegado una agresiva estrategia comunicativa, con grandes tentáculos en el poder mediático, para tapar los presuntos casos de corrupción de su círculo más cercano, como su novio, presunto defraudador fiscal confeso. En realidad, los Ayuso sólo recibirían –presuntamente– las migajas de los grandes beneficiados, empresas sanitarias como Quirón y sectores del poder económico que apuestan por la victoria electoral, en unas generales, de una Javier Milei a la española que les facilite todavía más sus negocios. En su voluntad de arrasar contra cualquier contrincante político, medio o funcionario que devele las tramas de poder y corrupción que hay detrás del construido liderazgo de la presidenta madrileña, su equipo se ha llevado por delante al ex secretario general del PP, Pablo Casado, y al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Y la lista de los que pueden ir “pa’lante”, en palabras de su jefe de Gabinete, quizás siga creciendo.
El viaje de Ayuso tiene, por tanto, múltiples propósitos. Por un lado, antagoniza directamente con el presidente Pedro Sánchez que, en semanas recientes, organizó en Barcelona una cumbre progresista en la que reforzó su perfil como líder de la socialdemocracia mundial. Ayuso, con su participación en la reunión de Mar-a-Lago de febrero, y esta visita a México plagada de encuentros con la ultraderecha local, trata de consolidar un liderazgo antagónico de perfil ultraderechista, que le coma espacio electoral a Vox y a cualquier experimento a su derecha que pueda surgir.
En paralelo a la cumbre progresista, también se celebró a mediados de abril en Barcelona la IV Reunión ‘En Defensa de la Democracia’, a la que acudió la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum. Fue un momento para escenificar la distensión en las relaciones entre México y España, que habían padecido un dilatado desencuentro diplomático desde que en 2019 el presidente Andrés Manuel López Obrador pidiera a la Corona española un gesto simbólico de perdón por los crímenes de la Conquista. La misiva que envió López Obrador fue ignorada e, incluso, ridiculizada en España. El choque creció por las decisiones soberanas del Gobierno de México tratando de limitar el poder y presencia de las multinacionales españolas en su mercado.
Sheinbaum no invitó al rey Felipe VI a su toma de posesión en 2024, como respuesta al silencio con que la Corona, y el Gobierno de España, habían despachado la solicitud del anterior Gobierno de México. Sin embargo, en los últimos meses, ambos gobiernos han limado asperezas, con sutiles gestos de acercamiento públicos por parte de España, que han incluido al rey hablando off the record sobre el “mucho abuso” de la Conquista que “no pueden hacernos sentirnos orgullosos” (sic).
La visita de Díaz Ayuso es una impugnación clara a la política exterior española dirigida desde La Moncloa que salpica, a su vez, a la institución de la Corona. Pretende torpedear el proceso de acercamiento entre ambos gobiernos, incidiendo con su visita en la provocación continua al Gobierno de Claudia Sheinbaum, al que lleva meses tildando de “dictadura de izquierdas” mientras califica a México de narcoestado. Puestos a opinar sobre el narco en México, Isabel Díaz Ayuso podría documentarse antes preguntando al expresidente Felipe Calderón, protegido del PP y residente en la Comunidad de Madrid, por su secretario de seguridad, Genaro García Luna, quien lideró su famosa “guerra contra el narco” pero acabó condenado en EE. UU. a 38 años de prisión por narcotráfico y delincuencia organizada.
Las reacciones en México: del colaboracionismo a la indignación
Por supuesto, la visita de Díaz Ayuso cuenta con la entusiasta colaboración de sectores de las élites económica, política e intelectual de México, hispanistas de pro. Son los colaboracionistas que, en su alianza global de clase, pusieron a México en bandeja de los intereses de las grandes empresas españolas, reforzando la idea de las “narrativas compartidas” sobre un pasado común armonioso que justificó la entrega de parte del mercado energético mexicano a Iberdrola, de infraestructuras a OHL, y bancario a BBVA y Santander.
Son estos sectores sociales los que en México se tildarían de malinchistas, entre otras cosas porque hubieran preferido nacer en Europa o EE. UU., aunque exalten lo mexicano. Detrás de estos perfiles encontramos la mezcla de un falso orgullo mexicano con clasismo y racismo mal disimulado, así como la reivindicación de los orígenes europeos, que les otorgan unas dosis de blanquitud que cotizan al alza en la jerarquía “pigmentocrática” de la sociedad mexicana.
Pero esta visión colonialista, que sustenta el racismo estructural de la sociedad mexicana, no es exclusiva de sus clases dominantes. Décadas de educación acrítica sobre el proceso de violencia, despojo y genocidio sobre los distintos pueblos originarios, a los que se ha invisibilizado y marginado en aras de la defensa del mestizaje y la “raza cósmica”, y de una política de Estado basada en estas premisas, hecha por criollos y mestizos -salvo excepciones como la de Benito Juárez o Lázaro Cárdenas– ha dado lugar a que en el México actual todavía haya quien defienda visiones edulcoradas sobre el proceso de Conquista y la posterior colonización.
Sin embargo, hay una mayoría del pueblo de México que se opone a esta lectura histórica desfasada. Es la ciudadanía anónima que estos días está reaccionando con indignación, reclamando respeto y mostrando su dignidad. En este equipo están la propia presidenta Sheinbaum, el partido gobernante Morena o diversos colectivos antirracistas. Pero, también hay quienes están devolviendo a la provocación, otra provocación, quizás conscientes de que responder seriamente a los despropósitos no tiene ningún efecto.
Así, el periodista Pedro Miguel ha lanzado una recogida de firmas para que Ayuso regrese a Madrid con los huesos de su idolatrado Hernán Cortés, de tal manera que la ultraderecha pueda realizar en España “los rituales que considere adecuados”. Esta petición simbólica, que propone entregar los despojos por la devolución del Códice Trocortesiano que está en España, concluye con una elocuente y seria reflexión: “La exaltación fascista de pasados imperiales violentos no debe tener cabida en la relación bilateral; ésta debe fundarse, por el contrario, en el diálogo, el respeto mutuo y la realización de gestos constructivos como la referida devolución de restos e, idealmente, el intercambio que proponemos”.
Mientras se escriben estas líneas, la gira de Díaz Ayuso prosigue por tierras mexicanas. Las autoridades de Aguascalientes tienen previsto darle la Medalla de la Libertad del Congreso de Aguascalientes y otros honores que, según informan, no le van a salir gratis a la Comunidad de Madrid pues se pueden interpretar como pago a acuerdos de promoción firmados con dicho estado mexicano. Desconocemos si Ayuso, antes de ir a remojarse al Caribe, visitará también Guanajuato. Si es así, nos permitimos sugerirle que vaya a visitar su famoso Museo de las Momias. Quizás sería un buen colofón para quien, como dirían los chilenos, es toda una momia, la mejor representante del espíritu del franquismo en pleno siglo XXI.
En Tijuana, al borde de México y Estados Unidos, un colectivo de parteras tradicionales lleva años ofreciendo atención gratuita a las mujeres en tránsito.
En diciembre de 2013, el gobierno estatal a cargo de Rafael Moreno Valle entregó el control del agua en la zona metropolitana de Puebla a la empresa privada Concesiones Integrales S.A. de C.V., conocida públicamente por su marca «Agua de Puebla para Todos». A más de una década de esta privatización, la población enfrenta aumentos descontrolados en tarifas, interrupciones prolongadas del servicio, conflictos socioambientales crecientes y múltiples indicios de corrupción. Este reporte documenta cómo, bajo la administración privada, el derecho humano al agua se convirtió en mercancía y en privilegio.
La
confusa estructura accionaria de Concesiones Integrales
La empresa concesionaria,
Concesiones Integrales, fue constituida el 19 de diciembre de 2013,
apenas tres días antes del fallo licitatorio. El proceso fue tan
acelerado que al momento de firmar el contrato de concesión por 30
años, el 26 de diciembre, la empresa no tenía experiencia previa en
el sector hídrico. Su inscripción original en el Registro Público
de Comercio se hizo en Aguascalientes, lejos de la jurisdicción de
Puebla. Ahora, saber quiénes son dueños de la empresa es un
laberinto financiero.
Originalmente (entre 2014 y 2023)
la estructura accionaria era la siguiente:
% capital social
Accionista corporativo
75 %
Monex, S.A.P.I. de
C.V.
24.7 %
EPCCOR Servicios,
S.A. de C.V.
0.224 %
Agua de México, S.A.
de C.V.
0.011 %
Tecnología
Intercontinental (TICSA) S.A.P.I. de C.V.
Según el Registro Público de
Comercio (RPC) la estructura accionaria de Concesiones Integrales a
partir de 2024, después de la venta aprobada en 2023 por el Concejo
Directivo de SOAPAP, presidido en ese momento por Sergio Salomón
Céspedes, había quedado más o menos de la siguiente manera:
% capital social
Accionista corporativo
≤ 75 %
Fideicomiso “Xinfra
Fibra E”
≥ 25 %
EPCCOR Servicios,
S.A. de C.V.
≥ 3%
Tecnología
Intercontinental (TICSA)
< 1 %
Agua de México, S.A.
de C.V.
Lo anterior significaría que
Xinfra, un fideicomiso promovido por Promotora MexPac, S.A. de C.V,
administrado por ApxCapital, con Banco Invex, S.A. como fiduciario
pasó a controlar la mayoría accionaria y el consejo directivo,
mientras que EPCCOR, de la familia
Gutiérrez Cortina,
mantuvo una participación minoritaria de aproximadamente el 25% así
como una influencia considerable sobre decisiones técnicas y
contratos de obra pública. Sin embargo, en noviembre de 2024 el
entonces director de Concesiones Integrales, Héctor Durán, en una
comparecencia ante la Comisión de Hacienda del Congreso Local
presentó otra estructura accionaria:
% capital social
Accionista corporativo
56.55%
Hermes Infraestructura
25 %
Fideicomiso “Xinfra
Fibra E”
18 %
Agua de México, S.A.
de C.V.
Estas versiones aparentemente
contradictorias pueden no serlo. En 2022 Grupo Industrial Hermes (de
la familia Hank) compró fuera de libros la participación que
originalmente pertenecía a Grupo Monex y la dejó en un vehículo
intermedio (HI20, S. A. de C. V.) que todavía no ha sido
protocolizado en el RPC. Al no estar inscrito, en el folio mercantil
aún aparece el fideicomiso Xinfra como titular; Durán, sin embargo,
probablemente expuso la identidad de los beneficiarios finales.
Xinfra controla acciones serie A,
que le dan control operativo, pero vende Certificados Bursátiles
Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura (CBFEs) a
Afores; esos certificados son “derechos económicos” sobre la
misma participación. Hermes es posiblemente propietario de parte de
ellas, o de un vehículo tenedor de CBFEs. En la comparecencia Durán
no nombró la porción de EPCCOR porque posiblemente se amortizó o
diluyó al momento en que Grupo Hermes y Xinfra entraron. En el acta
registrada de febrero de 2025 EPCCOR sigue con acciones serie B, pero
podría ya estar pactada su venta en un “segundo tramo” aún no
liquidado, y por eso podría persistir la dualidad.
Dentro de este laberinto
financiero podemos afirmar algunas cosas: que Xinfra tiene el control
operativo; que según lo legalmente inscrito el control accionario
directo sigue repartido entre Xinfra (serie A) y EPCCOR (serie B);
según lo que hasido publicado sobre Xinfra, los Afores poseen la
mayor parte de los CBFE’s; si tomamos en cuenta lo declarado por
Durán, parte de ellos pueden haber sido adquiridos por Hermes
Infraestructura sin haber sido protocolizados aún. Mientras no se
protocolice la compraventa completa ni se publique el registro de
tenedores de CBFEs, la ambigüedad permanece entre la versión
oficial del RPC y la versión “económica” que expuso el
ex-director Durán. Todo este enredo es resultado de la opacidad
crónica bajo la que opera Concesiones Integrales.
¿Quiénes
son los personajes detrás de las corporaciones?
EPCCOR es del empresario Juan
Diego Gutiérrez Cortina (un constructor ligado al ex presidente
Carlos Salinas de Gortari), también es dueño de la constructora
Gutsa (que se encargó de importantes obras en los gobiernos de Fox y
Calderón y que se vieron involucradas en maniobras poco
transparentes que fueron auditadas en su momento). Su hijo, José
Miguel Gutiérrez Sainz, es uno de los dueños de EPCCOR Servicios y
director general de Grupo Agua de México. En la cartera de clientes
de EPCCOR Servicios se encontraban la CFE, Televisa, Pemex, IMSS,
Teletón, CONAGUA y la SCT cuando Enrique Peña Nieto era presidente.
Xinfra Fibra -E es un instrumento
de inversión creado por APX Asset Management S.C. fundado y dirigido
entre otros por Alfredo Vara Alonso. Fundó el primer REIT
hipotecario de México (FHipo)
y la boutique de banca de inversión VACE Partners. Como Director
General de Banobras
administró activos por ~US $40 000 M y copresidió FONADIN.
Su gestión fue criticada por negarse a hacer públicas sus
declaraciones patrimoniales y por la contratación directa de
talleres con la firma Eviromex S.C., ligada a presuntos conflictos de
interés. Durante su gestión Banobras, según señalan fuentes
periodísticas, siguió girando 0.9 mdp al Instituto Tecnológico de
Centla mediante un convenio ya calificado como irregular; la ASF
advirtió ausencia de entregables y posible responsabilidad
administrativa en una serie de operaciones al estilo de la Estafa
Maestra. Además, en la construcción Viaducto Bicentenario en el
Edomex, Vace Partners (fundada por Vara) asesoró el financiamiento
de la autopista señalado por legisladores y el abogado Díez Gargari
como parte de una “red sofisticada de corrupción” ligada al
sexenio de Peña Nieto.
Carlos Hank Rhon es dueño de
Grupo Hermes, un conglomerado industrial y de la construcción. Lo
integran Hermes Construcción, Hermes Concesiones , HOATSA Operación
y Hermer. Carlos Hank Rhon, era dueño del Grupo Financiero
Interacciones, un conglomerado de las finanzas que ya no existe y
tenía su propia casa de bolsa. Vendió su empresa financiera a Grupo
Banorte, tiene lazos familiares con los accionistas de Banorte.
Históricamente ha estado ligado al grupo Atlacomulco, son un ejemplo
de las mayores redes de poder mafioso y político en México.
Curiosamente aunque era parte de lo que alguna vez se nombró como
mafia del poder, logró importantes acuerdos con Morena desde la
administración de López Obrador y aumentó sus riquezas en la
pasada administración. Jorge Hank Rhon, su hijo, ha sido conocido
por su amplio historial criminal, un rey del crimen de cuello blanco
y señalado por múltiples asesinatos. Hank Rohn fue conocido también
por su militancia priísta. En Tijuana extendió sus tentáculos, se
le acusó de mandar a asesinar al
fundador del semanario ZETA, crimen por el que “extrañamente”
nunca fue investigado. Una parte de sus riquezas las generó a partir
de la concesión del Hipódromo Agua Caliente, de donde viene el
famoso centro de apuestas Grupo Caliente.
¿Entonces
quién dirige y administra la empresa?
Desde 2024 el director general es
Jordi Bosch Bragado. Su cargo anterior fue como director de Aguas de
Saltillo (Agsal) en donde enfrentó denuncias sociales por altos
costos y cortes en zonas periféricas. Su llegada coincide con la
reconfiguración accionaria y con la obligación de invertir más de
$7,641 millones de pesos entre 2025-2044 para cumplir su contrato.
Actualmente el Concejo de
Administración de Concesiones Integrales está integrado por cuatro
integrantes de Xinfra (Alfredo Vara Alonso, Lorena Barrientos, Jesús
Ordaz, Emilio Sanders) y cuatro designados por EPCCOR (Juan Diego
Gutiérrez Cortina, José Miguel Gutiérrez. Sainz y Adolfo Gómez
García).
Los cuatro integrantes del
Concejo por parte de Xinfra son ex-funcionarios del Banco Nacional de
Obras y Servicios Públicos (Banobras). Este traspaso revela una
probable «puerta giratoria» entre Banobras y la empresa que
gestiona el agua, comprometiendo la independencia regulatoria y
financiera del servicio.
¿De dóndeextraen el
agua que venden?
Hasta 2023 Concesiones Integrales
tenía una infraestructura de 200 pozos, 505 tomas intermedias, 116
estaciones de rebombeo, 3 387 km de red, seis plantas potabilizadoras
y administra cinco plantas de tratamiento de aguas residuales, sin
embargo, de acuerdo con reportes de pobladores de las zonas cercanas
a ellas operan de manera deficiente o simulada.
Cuatro baterías de pozos dentro
de la ciudad (Loreto, La Constancia, San Baltazar y San Rafael)
siguen siendo el corazón del abastecimiento; bombean agua del
acuífero Valle de Puebla, que hoy muestra abatimientos de 1-3 m
anuales según CONAGUA. El
sistema Nealtican-Acuexcomac donde hay un abatimiento del –60 m;
manantiales secos, pérdida de nivel freático y hundimientos; y
el
sistema Xoxtla
donde se cedió el agua sin consentimiento previo, funcionan como
“llaves de alivio” para sostener el desmedido crecimiento
inmobiliario de la capital (Angelópolis y periferia sur-poniente).
Además, Concesiones Integrales busca diversificar captaciones en
Cuautlancingo
y
rehabilitar más pozos en Xoxtla.
Junto con los pozos operados
directamente por la concesionaria, han sido detectadas por la propias
autoridades decenas de perforaciones sin título en la zona conurbada
que terminan conectadas a la red o al negocio de pipas, complicando
el balance real del acuífero.
En síntesis, el
agua que comercializa Agua de Puebla proviene básicamente del
acuífero Valle de Puebla (dentro de la Ciudad) y de tres campos
periféricos (Nealtican, Acuexcomac y Xoxtla), con nuevos proyectos
en Cuautlancingo.
Cada uno de estos frentes de extracción implica conflictos sociales
y ambientales que hoy condicionan la viabilidad a largo plazo de la
concesión.
Según lo declarado por el
ex-director de Concesiones Integrales, Héctor Durán, ante el
Congreso de Puebla, el cobro del servicio que resulta de toda esa
extracción de agua representó para la empresa ingresos por 80
millones 691 mil 23.74 pesos en 2022, 88 millones 32 mil 750.35 pesos
en 2023, y 65 millones 948 mil 50 pesos hasta octubre de 2024.
Manejo
opaco de recursos y relaciones institucionales
Los estados financieros de la
empresa revelan que Concesiones Integrales está altamente
apalancada. En 2024 contrajo una deuda bancaria por 1,140 millones de
pesos con Banobras y 2,492 millones de pesos con Banorte, creando un
riesgo significativo para las finanzas públicas en caso de rescisión
o incumplimiento. Además, existe evidencia contundente de cobros
indebidos: la empresa ha cobrado mensualmente por un tratamiento de
aguas residuales inexistente. Por ejemplo, la planta
tratadora Alseseca Sur permanece inoperante y las aguas residuales,
muchas de ellas industriales con componentes tóxicos, permanecen a
cielo abierto en lo que queda de los ríos que atraviesan la ciudad.
Desde su creación, la
concesionaria estuvo envuelta en irregularidades. El contrato
menciona a una asociación denominada «Contraloría Ciudadana
para la Rendición de Cuentas A.C.» como testigo social, pero
nunca presentó ningún informe público, violando así los
requisitos mínimos de transparencia y rendición de cuentas en
contrataciones públicas.
Asimismo, la velocidad extrema
del proceso licitatorio (apenas tres días desde la constitución de
la empresa hasta el fallo definitivo) evidencia posibles acuerdos
previos e influencia indebida de actores políticos, particularmente
vinculados al entonces gobernador Rafael Moreno Valle y su gabinete.
La reserva ilegal del contrato, declarada «dolosa y equívoca»
por jueces federales hasta 2020, añadió más opacidad al proceso.
Además, EPCCOR, socio clave de
Concesiones Integrales, tiene un amplio historial de irregularidades
en obras públicas, tales como la construcción defectuosa de la
Estela de Luz y el Paso Exprés en Cuernavaca, lo que genera dudas
sobre la idoneidad y legalidad de su participación en este tipo de
contratos públicos.
Por otro lado, el ex-director
Héctor Durán actualmente es investigado por el Servicio de
Administración Tributaria (SAT) por presunto enriquecimiento
inexplicable, involucrando propiedades de lujo en Puebla y Miami, así
como automóviles de alta gama adquiridos durante su gestión.
Sobreexplotación
del agua y altas tarifas
La gestión privada intensificó
gravemente la explotación de acuíferos, afectando de manera directa
a comunidades periféricas. Poblados como Nealtican, Acuexcomac,
Xoxtla y Sanctorum sufren el agotamiento acelerado de sus fuentes de
agua, lo que ha derivado en movilizaciones y protestas sociales
constantes. En Nealtican, la comunidad clausuró simbólicamente
pozos ante la sequía de sus manantiales; en Acuexcomac instalaron
una guardia permanente; en Xoxtla, vecinos realizaron bloqueos viales
para exigir se cancele la cesión del agua. Estos conflictos
evidencian la insostenibilidad socioambiental del modelo de
extracción promovido por Concesiones Integrales.
Agreguemos la sobreextracción el
inexistente saneamiento de aguas residuales domésticas e
industriales que no solo resultan en un modelo insostenible
ecológicamente, sino que también representa un riesgo sanitario
grave.
Además, en la ciudad de Puebla,
más de 100,000 cortes del servicio por falta de pago y aumentos
tarifarios acumulados de hasta 500% desencadenaron más de 5,000
amparos, la mayoría ganados por usuarios afectados. Esta
conflictividad constante revela una violación sistemática del
derecho humano al agua y una incertidumbre permanente en términos de
costo por el servicio y certeza en su suministro. Lo que también
muestra la insostenibilidad del modelo de servicio de la empresa.
Negligencia
operativa y laboral
El historial operativo de la
empresa revela negligencias que ocasionaron accidentes y muertes
evitables. Un trabajador murió intoxicado en 2018 mientras realizaba
labores en una alcantarilla sin el equipo de seguridad adecuado.
Además, este año el uso improvisado de carrizos y palmeras como
señalización en obras generó múltiples accidentes viales sin que
la empresa enfrentara sanción alguna. Estas acciones constituyen
graves violaciones a los derechos laborales y obligaciones de
seguridad.
Asimismo, desde 2020, Concesiones
Integrales despidió alrededor de 1,200 trabajadores del antiguo
organismo público (SOAPAP), reemplazándolos mediante esquemas
precarios de outsourcing,
generando conflictos laborales permanentes sin solución efectiva que
pone en duda la capacidad de Concesiones Integrales de tener una
plantilla laboral calificada para mantener un servicio tan amplio y
complejo de gestionar adecuadamente.
Para
los pueblos no es sequía, es saqueo
La falta absoluta de consulta y
consentimiento a los poseedores del territorio de donde se saca el
agua, los pueblos indígenas y campesinos, revela un profundo racismo
y clasismo tanto en las grandes corporaciones extractivas (como
Concesiones Integrales) como en el propio Estado. Existe una política
sistemática de desprecio y colonialismo que reduce a estas
comunidades a simples territorios donde imponer políticas, ganar
votos, despojarlos y hacer avanzar proyectos desarrollistas sin su
consentimiento y consenso.
Resulta, además, profundamente
contradictorio que, en medio de una crisis ambiental planetaria y con
discursos “sostenibles” tan en boga, las empresas y el Estado
continúen ejecutando proyectos ecocidas y negocios, mercantilizando
todo lo común. Estas dinámicas son las que, en Puebla, explican el
saqueo del agua y reflejan un problema global. Si de verdad nos
importa la salud del planeta y nuestro bienestar socioambiental,
debemos reconocer que las y los verdaderos guardianes de la
naturaleza son los pueblos originarios. Cuando defienden el agua, no
protegen solo “su” patrimonio, defienden la vida de todo el
planeta.
El Estado puede decir lo que
quiera, pero quienes habitamos la ciudad tenemos la responsabilidad y
el derecho de decir NO a este saqueo y ecocidio sistemático. Como
habitantes de Puebla, podemos y debemos dejar en claro que no
aceptamos más robos de agua en nombre del “desarrollo” o
“progreso”. Manifestarlo es urgente y necesario.
La vieja estrategia de
“consultar” a unas cuantas personas para luego decir que se ha
cumplido con los procesos estipulados en el Convenio 169 de la OIT ha
sido recurrente en las administraciones de la autodenominada Cuarta
Transformación y en todas sus antecesoras. Tanto, que el
nombramiento de Hugo Aguilar Ortiz como magistrado de la SCJN se
convierte en una pieza central de esta política de despojo y
neocolonización disfrazada de transformación. La farsa detrás del
“Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua” firmado entre el
gobierno y las empresas lo demuestra con total claridad: las
preferencias estatales están con las compañías, no con los
pueblos. Los acuerdos se hacen con ellos, la política de
“compensación” de que empresas altamente ecocidas y extractivas
como coca cola regresen unos cuantos litros de agua es una pantomima
para asegurar las concesiones a las mayores corporaciones ecocidas y
criminales del planeta. Así mientras a ese tipo de corporaciones se
les trata como interlocutores se busca despejar el camino y ahí
estorban los pueblos.
Maniobras como el Plan Nacional
Hídrico, las contralorías ciudadanas del agua y toda esa retórica
de “acuerdos sostenibles”, “reordenamientos territoriales” o
“reapropiación” no son más que simulaciones para que el
extractivismo gane aceptación, sea aplaudido y oculte lo que sucede
en realidad: se libra una guerra del mercado contra la población,
del capital contra quienes se le interponen. Ahí está el origen de
un problema que vivimos a diario, que es inocultable y que seguirá
en aumento.
Algunas
cifras de acuerdo con la plataforma Poplab, cada año
en México se extraen 133 mil millones de litros de agua para la
producción de comida chatarra.
Coca-Cola,
por sí misma, ocupa más del 40% del total, que además de la brutal
extracción no regulada ni supervisada eficientemente, con
concesiones bastante cuestionadas y varias veces denunciadas, generan
a su vez toneladas de basura. Solamente por mencionar algunas cifras
alarmantes de extracción de agua al año en México:
Coca
Cola.
55 mil 812 millones de litros.
Pepsi.
32
mil 000 millones de litros.
Danone.
15 mil 437 millones de litros.
Nestlé.
9 mil 778 millones de litros.
La
inconsistente postura de Armenta sobre la cancelación de la
concesión
En febrero de este año Alejandro
Armenta afirmó que se violó la ley para favorecer a Concesiones
Integrales en 2013, pues: «Teníamos
gobernantes corruptos que solo pensaban en las obras, como el Museo
Barroco, que pensaban saquear al estado y tenemos que venir a
arreglar su cochinero, esa es la verdad».
En esa misma declaración sostuvo
que «si de plano
no quieren servir a Puebla y solo están pensando en cuánto ganar»
la empresa debe
retirarse. Señaló que Agua de Puebla era un ejemplo de las empresas
«extractivas»
que priorizan la ganancia sobre el servicio. «Mientras
yo sea gobernador las vamos a perseguir o las vamos a correr de
Puebla, no queremos empresas que saqueen a Puebla» dijo.
Poco tiempo después declaró que
su
administración no retiraría el contrato a Agua de Puebla,
pues esto representaría un gasto enorme para el estado, en esa misma
declaración afirmó que durante su gobierno no
habría más lugar para empresas como Agua de Puebla.
Y unos días después mencionó
una propuesta: “Estamos
trabajando en una propuesta, daremos sorpresas, con Agua de Puebla
hay voluntad, lo importante es que cuando hay voluntad las cosas se
resuelven y el acceso al derecho humano al agua es fundamental para
nosotros y lo vamos resolver”.
Volvió a afirmar que revertir
las concesiones de la privatización del agua a la empresa
Concesiones Integrales costaría al erario un total de 22 mil
millones de pesos, una cifra exageradamente elevada (se estima que la
remunicipalización costaría entre 10 y 15 millones) y que no toma
en cuenta otras posibles rutas que podrían reducir mucho el costo
como una salida “por cesión”, transferir deuda de Concesiones
Integrales con Banobras a un vehículo estatal con garantía federal,
entre muchas otras, más aún tomando en cuenta la posibilidad de
documentar el incumplimiento de los términos de la concesión. En
ninguno de los casos Armenta ha planteado una ruta ni una intención
clara de remunicipalizar el servicio. Las afirmaciones y cambios
tajantes en las posturas de Armenta dan cuenta de una simulación
discursiva a la que hay que poner atención.
Crímenes
de negligencia corporativa
Ante la cadena de
irregularidades, abusos e imposiciones en torno a Concesiones
Integrales podemos concluir que estamos ante actos y omisiones que
generan
un riesgo previsible de daño
a terceros o al interés público. Los indicios de corrupción, la
negligencia, el saqueo, las violaciones a los derechos laborales, los
daños a terceros por sus obras mal hechas no podrían funcionar sin
el apoyo activo, omiso o aquiescente del Estado. Ambos, corporación
y Estado han entablado una relación de interés mutuo.
Esta relación da cuenta de un punto clave del poder corporativo: los delitos y los daños corporativos siempre permitirán que la búsqueda de beneficios financieros prevalezca sobre las necesidades humanas y la protección social. Y es por esta razón que los Estados capitalistas (aunque se nombren como capitalismo humano) nunca podrán ofrecer una solución a este problema, porque son parte esencial de él. De ahí que gran parte de los daños corporativos queden impunes.
El diseño legal de la sociedad
anónima y la selectividad
del Estado en la aplicación de la ley
crean una “garantía mutua”: el Estado habilita a las empresas a
actuar y calibra o retrasa los controles que podrían frenar sus
abusos. En la práctica, la
búsqueda de lucro corporativo prevalece sobre la protección social,
reproduciendo un circuito de poder que hace posibles los daños a
gran escala con escasa sanción penal efectiva, incluso la sanción
civil, cuando ocurre, es mínima en comparación a las ganancias
obtenidas por el daño ocasionado.
Los crímenes
corporativos por negligencia
no son simples “accidentes”, cristalizan una forma
de poder estructural
donde la obtención de beneficio se impone sobre la seguridad, la
salud, el medio ambiente y la vida de los pueblos. En este
funcionamiento del Estado absurdamente funcional a la acumulación de
capital, las reformas penales seguirán chocando con límites
políticos, pues hay una “impunidad por diseño” que hoy
caracteriza a gran parte de los crímenes corporativos y su relación
con el Estado. Son este tipo de crímenes los que están en el centro
del caso de Concesiones Integrales y su relación con las
administraciones estatales en Puebla, desde Rafael Moreno Valle
hasta Alejandro Armenta.
No podía ser de otro modo, y se logró. Con el ejercicio electoral
realizado el 1 de junio el gobierno cuatroteísta ha logrado lo que
se proponía desde que la reforma al Poder Judicial se planteó en
febrero de 2024, incluso mucho antes. Una magra votación antecedida
de múltiples irregularidades y que muy pocos se atreverían a
presumir como dechado de pulcritud, ha permitido, no obstante,
aniquilar uno de los fundamentos constitucionales de la República:
la división de poderes.
Lo que proclama la presidenta Sheinbaum cuando afirma que su
elección judicial fue un éxito es eso: se consumó la apropiación
de los órganos federales de justicia por la fuerza política que ya
tenía en sus manos los poderes Ejecutivo y Legislativo. Lo que sus
turiferarios en los medios de difusión y arrebatados amlólatras
celebran es la inauguración de un aparato de administración de
justicia marcado indeleblemente por el color partidario guinda. El
golpe de Estado contra el Poder Judicial y el estado de derecho
finalmente se consumó, satisfaciendo el apetito de control de la
congregación de clanes que conforma el núcleo del Morena. Y sobre
todo, la Suprema Corte de Justicia quedará casi por completo
integrada por personajes directamente vinculados con el partido en el
poder y especialmente con López Obrador.
Complementariamente, los acordeones lograron que el grupo
actualmente en poder del Ejecutivo y el Legislativo se hiciera
también del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
y del novedoso e inquisitorial Tribunal de Disciplina Judicial. Todo
en familia. Ninguna impugnación electoral contra el Morena podrá
proceder, y serán jueces morenistas los que vigilen y sancionen el
desempeño de todos los juzgadores del país. Esta conformación se
ha reproducido en las instancias de los poderes judiciales de las
entidades federativas, de manera que la captura de la administración
del marco legal sea completa.
Para poner una cereza al pastel, quedó como presidente de la
Suprema Corte, como candidato más votado, un abogado oaxaqueño,
funcionario federal de segundo nivel en el gobierno de Andrés Manuel
López Obrador del que hace una semana casi nadie había oído
hablar, pero estaba en los acordeones oficiales. El electo tiene
señalamientos, desde los propios pueblos indígenas por haber
amañado las consultas en sus territorios para facilitar la
construcción del Tren Maya en el sureste, y por encubrimiento de
actos de acoso sexual contra mujeres indígenas.
Pero no faltan los inconvenientes. El muy alabado pueblo, en cuyo
nombre dice gobernar el variopinto grupo que se ha instalado en el
poder desde 2018, vino a contradecir la cantaleta del triunfo de la
democracia y del éxito de la operación, dándole la espalda. Una
operación, debe repetirse, exhibida previamente por las consabidas
trampas que otrora esperábamos que fueran erradicadas desde que el
PRI fue expulsado del Ejecutivo y de la mayoría de las instancias de
gobierno. El voto corporativo del SNTE, de la central sindical que
posee el senador morenista Pedro Haces y de otras agrupaciones; el
acarreo, el uso político de los programas de asistencia social, la
promoción del voto por autoridades y legisladores, prohibida por la
ley pero “autorizada” por el siempre obsequioso Tribunal
Electoral; y el novedoso recurso de los acordeones distribuidos
masivamente por el oficialismo, no lograron conducir a los ciudadanos
a los centros de votación y sí deslegitimaron el proceso.
Quedará como marca a hierro candente la del acordeonazo guinda como
solución a esta muy cuestionable elección que siempre estuvo lejos
de tener un consenso social, lo cual se vio agravado por el descarado
trampeo. ¿Cómo, ahora, sostener que la reforma judicial de
septiembre pasado fue “pedida” por el pueblo, si éste no acudió
a respaldarla? ¿Cómo que por ella votaron en 2024, si no estaba
incluida en la plataforma electoral del Morena ni de ningún otro
partido? Una reforma ilegítima, que fue aprobada apresuradamente,
sin el amplio debate que hubiera merecido una modificación
constitucional de esa envergadura, por la mayoría artificialmente
abultada en el Congreso y que, como remate, sólo fue respaldada por
uno de cada diez posibles votantes. De éstos, más del 22% acudieron
a la casilla a anular las boletas, escribiendo consignas o
manifestando su desacuerdo con el proceso, o no supieron cómo
llenarlas.
Como partido gobernante, Morena no vive ya sus
mejores momentos. En las elecciones municipales realizadas
simultáneamente a las judiciales en Veracruz y Durango se frenó su
crecimiento y sufrió retrocesos importantes. En Durango frente al
PRI y PAN; y en Veracruz, donde fue el partido que menos
ayuntamientos ganó, a manos de Movimiento Ciudadano y el Partido del
Trabajo. Al interior del mismo Morena se mantiene soterrada pero
creciente la inconformidad por la incorporación en cargos públicos
o de elección popular de elementos priistas y panistas. Un
inconformismo que puede dar, o está dando ya, lugar a rupturas
locales de mayores dimensiones.
El contexto social en el que el proceso se realizó no es tampoco el
más favorable al gobierno y el oficialismo. Mientras
una minoría acudía a elegir juzgadores, el movimiento de la
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CNTE, se
extiende en diversas regiones del país y mantiene desde el 15 de
mayo un gigantesco campamento en la plaza principal de la Ciudad de
México demandando no solamente un incremento sustancial de salarios
sino, sobre todo, la abrogación de la neoliberal ley del ISSSTE
impuesta en 2007 por Felipe Calderón Hinojosa. Es una lucha
predominantemente laboral y progresista por romper el régimen de
retiro con fondos individuales de aportación y tasado en Unidades de
Medida y Actualización (UMA), no en unidades salariales. La
movilización de los maestros en los cuatro puntos cardinales del
país ataca directamente las entrañas de la alianza histórica de
los gobiernos nacionales con el caduco aunque actualizado charrismo
sindical, y pone al desnudo la protección del gobierno de la
autodesignada Cuarta Transformación al sector bancario nacional e
internacional que obtiene en México las utilidades más altas en
América Latina y superiores a las de sus matrices en otros países.
No es una demanda que concierne sólo del sector magisterial, sino a
todos los trabajadores del Estado en sus tres órdenes de gobierno.
El otro momento estelar de la lucha de clases en
el país es el que se levanta desde el Frente Nacional por las 40
Horas. Si bien el gobierno de Claudia Sheinbaum ha reconocido que la
reducción de la jornada laboral —invariada desde 1917, cuando se
estableció en el artículo 123 de la Constitución— es legítima,
ha diferido su aprobación legal hasta 2030, después de consultarla
con el sector patronal, y ha retrasado la instalación de las mesas
para discutir su reglamentación. Paulatinamente, el movimiento ha
ido cobrando importancia en regiones como el Valle de México, la
frontera norte y otros lugares, así como en las redes sociales.
Aunque aparentemente desconectados, estos hechos hablan del desgaste
del consenso que Morena y sus gobiernos han logrado y del agotamiento
de su falaz discurso sobre la lucha contra el neoliberalismo y la
corrupción. Si bien la presidenta mantiene un alto nivel de
aprobación, de 73 por ciento, según la encuesta más reciente de El
Universal —diez puntos menos que en febrero pasado—, la
imagen pública de su partido, cada vez más poblado por sujetos
indeseables provenientes de las derechas del país, el nepotismo
rampante que lo domina y sus pugnas interiores, muy adelantadas,
tanto por el control de la Cámara de Diputados y un gran número de
gobiernos locales en 2027 como por la candidatura presidencial en
2030, configuran un escenario que puede derivar en nuevas crisis del
bloque gobernante. Sigue siendo necesario construir desde las luchas
sociales un polo político independiente que enfrente la creciente
derechización del régimen y sus afanes de centralización
autoritaria del poder.
No hace mucho, el lenguaraz Gerardo Fernández Noroña, presidente en turno del Senado, afirmó que el Morena va a seguir en el poder durante los próximos 40 años. Y la senadora también morenista Margarita Valdez Martínez, en una declaración que no puede sino recordarnos las pretensiones de trascendencia del Tercer Reich, afirmó que la “Cuarta Transformación” no saldrá del Palacio Nacional en un milenio. Ominosos y ridículos presagios de aniquilación del Estado moderno como lo ha conocido el mundo occidental, que no se cumplirán. La sociedad mexicana irá reaccionando, y comienza a hacerlo ya, para frenar el completo perjuicio político y social con que nos amenazan.
No tenemos que asumir con resignación que estamos condenados a padecer a perpetuidad las secuelas de un pésimo diseño institucional en materia de administración de justicia.
La elección judicial se efectuó con una bajísima participación ciudadana, lo que debe entenderse como expresión inequívoca de que debe revisarse su diseño.
De acuerdo con las autoridades electorales, participó alrededor del 13 % del padrón electoral. Más que en la consulta sobre la investigación de expresidentes, menos que en la revocación de mandato del pasado sexenio y mucho menos que cualquier elección intermedia o sexenal.
Claramente, el tránsito a un modelo de jueces electivos no generó en la ciudadanía el entusiasmo democrático que sus impulsores anticipaban. Y así como en el pasado se insistió en que el mandato de las urnas en 2024 era de un incuestionable respaldo a la agenda del llamado “Plan C”, ojalá que ahora con algo de humildad se acepte que el desdén de los mexicanos y las mexicanas frente a la elección judicial es un mensaje de interpretación obligada.
El 87 % de los ciudadanos registrados en el padrón no acudieron a las urnas, dando la espalda a la jornada, que para mayor tristeza quedó marcada por la inexplicable presencia militar en el espacio emblemático del Instituto Nacional Electoral.
Y a ello habría que añadir, claro está, los enormes costos del proceso: el de dejar afuera recursos humanos valiosos y honestos que hacían parte de los poderes judiciales, y que no se ajustaban a las generalizaciones burdas que el Ejecutivo hizo; el de la imagen internacional del país, pues la cobertura mayoritaria de la prensa internacional no fue positiva, y el propio costo del proceso, en un contexto de estrechez presupuestal y múltiples necesidades.
Basta con considerar lo que habrían significado los 40 mil millones de pesos que se se calcula que costó esee proceso, en agendas tan urgentes como el rezago forense que afecta a las familias de personas desaparecidas.
La baja participación en la elección judicial, en suma, debería llevar a revisar el modelo de personas juzgadoras electivas, e impulsar reformas sobre los aprendizajes que deja este fracasado ejercicio. No tenemos porqué asumir con resignación que estamos condenados a padecer a perpetuidad las secuelas de un mal diseño institucional en materia de administración de justicia.
También debería llevar a una reflexión más amplia sobre lo que sigue respecto de la culminación del llamado “Plan C”. Porque si en breve avanza una reforma electoral que se discuta y apruebe como la judicial, se profundizará la senda de la erosión constitucional en el país.
Por lo pronto, hoy, en el día después, la injusticia que más le duele al país, esa que genera la impunidad de los poderosos y que tanto enojo justificado causa, permanece igual: se gesta en miles de averiguaciones y carpetas de investigación que duermen el sueño de los justos en fiscalías que no fueron tocadas por las reformas atribuladas que nos llevaron a la fallida jornada del domingo pasado. Podrán cambiar la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los poderes judiciales de las entidades federativas, y posiblemente lo hagan peor con la elección del domingo, pero el nervio neurálgico de la procuración de justicia, las rebasadas fiscalías que prodigan la impunidad, hoy que despertamos como el dinosaurio de Monterroso, siguen allí.
Absurda interpretación del Instituto Nacional Electoral:
“No hay lugar a dudas”, la Constitución es clara en cuanto a que la persona que haya obtenido una cifra mayor en la contienda de ministros es quien presidirá la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), dijo la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei.
No puede remediar el INE lo irremediable. Tan baja participación no permite calificar a un grupo de mayoría, máxime que estaba tan seguro de la participación ciudadana que no previó el porcentaje triunfador. Esa ridícula elección no puede presentarse como triunfo democrático porque no hubo planillas contendientes y no sólo porque la cifra de participación fue de 13 por ciento.
En ningún documento el INE estableció que una cifra así alcanzada es suficiente para dar por triunfadores a unas pelagatos que aspiran a encabezar la Suprema corte de Justicia.
Si la presidente Sheinbaum logra que el INE imponga a unos candidatos triunfadores, estará cometiendo un error y su caída por marrullera será más rápida.
El debate en torno a la elección del poder judicial se ha envuelto general y mediáticamente en un dilema maniqueo: conservadores vs transformadores, cuya colérica argumentación dista mucho de esclarecer su significado. ¿Representa un avance democrático o se instaura una dictadura? Veamos
La elección de los jueces por el pueblo y su revocabilidad en cualquier momento por decisión de la mayoría de sus electores, es una reivindicación socialista y revolucionaria. Vladimir Ilich Lenin decía que la “elección de los jueces por el pueblo”, es una proclama y consigna de clase, siempre y cuando estos impartidores de justicia procedan de la clase trabajadora. Es evidente que el carácter popular del poder judicial supone el triunfo de la revolución socialista y por tanto, la anulación de las leyes de los gobiernos burgueses derrocados, solo así el Partido del “proletariado da a los jueces elegidos por los ciudadanos la consigna de cumplir la voluntad del proletariado.”i En otras palabras, la plena instauración de un poder judicial popular solo puede lograrse cuando el Estado burgués sea abolido, de lo contrario, cualquier reivindicación popular y proletaria sobre el poder judicial tendrá límites y estará acotado por los márgenes del Estado capitalista.
Bajo la existencia del capitalismo y el estado burgués, la elección de los jueces y ministros por voto popular abre la posibilidad para que se convierta en un espacio de disputa de los sectores populares. En este sentido, se abre una arena de lucha en cuanto a la reivindicación de los derechos democráticos del pueblo trabajador, a saber: el derecho del acceso a la justicia (limitada por los márgenes del Estado burgués). Desde una valoración histórica, que en el capitalismo el pueblo elija a los impartidores de justicia representa un avance, pero solo si el pueblo trabajador tiene la posibilidad real de postular a sus candidatos, esta es la principal contradicción.
En el caso concreto de la elección del poder judicial en México, la participación de sectores populares se encuentra restringida en dos momentos: Primero, porque existe una discriminación de los aspirantes previo a las elecciones, discriminación realizada por el sector del gobierno burgués anidado en las instancias judiciales, legislativas y el ejecutivo, los cuales procuran colocar a sus representantes en las boletas del poder judicial. Segundo, porque, dado el nivel de desarrollo de la conciencia de clase, para poder disputar o ganar la elección se requiere de una estructura corporativa, una maquinaria electoral de acarreo y cooptación de voto, con la cual no cuentan los sectores populares.
Es importante tener muy presente que la reforma al poder judicial no tuvo ni tiene por objetivo mejorar el sistema de impartición de justicia, fantasía de la cual se jactan los defensores del gobierno morenista. Ni la carrera judicial prevenía la ineptitud y la corrupción de jueces y magistrados, ni la elección por voto popular lo solucionará. En esencia la reforma tenía por objetivo: Primero, prevenir cualquier intento de golpe de estado blando (IMPEACHMENT) contra el gobierno de MORENA, tal como ha acontecido contra gobiernos progresistas y socialdemócratas en América Latina. Segundo, eliminar el principal obstáculo para la aprobación de las reformas obradoristas. Por esto, la reforma al poder judicial representa una disputa entre las fracciones políticas de la burguesía por el control de la administración del Estado burgués.
Es un acto de ingenuidad política, pensar que el poder una vez conquistado no se defiende. En este punto la crítica desde la izquierda no es porque exista elecciones o porque el gobierno de MORENA pretenda brindarse de un golpe blando, sino del programa político-judicial que defienden y los perfiles políticos de la mayoría de los candidatos, muchos de ellos impresentables, y otros tantos, que serán servidores del poder ejecutivo, pues ellos los impusieron.
Un punto que debe de quedar claro es que la elección de los impartidores de justicia por voto popular no garantiza la impartición de una justicia popular por los jueces y magistrados electos, de igual forma que la elección por voto popular de diputados y senadores no garantiza una legislatura de vocación popular. La negativa de la bancada de la 4T, ahora mayoritaria, a derogar la Ley del ISSSTE de 2007 que privatizó los ahorros de las y los trabajadores es una muestra de ello.
Las y los jueces que emanarán de la elección, al igual que lo hacen los senadores, diputados, gobernadores y alcaldes, serán presas de los poderes facticos: desde crimen organizado, intereses empresariales y oligárquicos, facciones y pandillas políticas, etc., porque la impartición de justicia no es un acto neutral, sino uno eminentemente político, que no se ejerce en el vacío, lo cual supone siempre que hay correlación de fuerzas y pugnas en cada caso de injusticia.
Más aun, la posibilidad de impartir una justicia popular de forma general se verá constreñida porque existe una institucionalidad burguesa, un Estado burgués y un gobierno burgués, lo cual es por lo general, el origen de las injusticias que padece el pueblo. V.I. Lenin decía que bajo el capitalismo el derecho del pueblo a elegir “sus propios” jueces populares y ejercer la soberanía del pueblo”, no importa que sea la República más democrática, está restringida y limitada por el soborno de los funcionarios por la burguesía.
Es evidente que existió poca participación, 13 por ciento del padrón, pero la elección se diseñó de esa forma. Para la 4T la legitimidad de su gobierno no estaba en juego, su hegemonía goza, por ahora, de buena salud. MORENA se consolidó como dirigente político de un nuevo bloque histórico y por tanto, como administrador general de las instancias del Estado.
Con la elección del nuevo Poder Judicial, los seguidores del gobierno morenista argumentan que se fortaleció la democracia, y que quienes se abstuvieron le hicieron el juego a la derecha. Curiosamente, esta acepción sobre la democracia es muy cercana a la de sus detractores liberales. Cuando escuchas a la insufrible Denise Dresser, en su argumentación siempre subyace una idea, un principio liberal por excelencia: la democracia es igual a elecciones y pluripartidismo. De aquí resulta su derechista aversión por Cuba, la URSS, China o Vietnam, dónde priva el modelo de partido único. Para los liberales o demócratas burgueses lo importante es la forma, las apariencias, de ahí su hipócrita defensa de las «democracias avanzadas», sistemas políticos que por cierto son oligárquicos, cómo en Estados Unidos, o abiertamente monárquicos como el español o británico. Hipócrita también porque, aunque no lo dicen, les gustan las elecciones y el pluripartidismo siempre y cuando gane el centro derecha o la derecha, y cuando no ganan, justifican golpes de Estado, duros o blandos. Los demócratas liberales o burgueses, omiten el carácter de clase de la democracia, los intereses de clase que defienden los partidos que participan en ella o el carácter burgués de los programas de los gobiernos “democráticos”. De ahí su fascinación por la democracia en general o la democracia en abstracto.
En concordancia con los intelectuales liberales y burgueses para los progres y socialdemócratas morenistas se fortaleció la democracia solo porque hubo elecciones del poder judicial, no les importa el contenido de clase de dicha democracia, ni los perfiles de la gente que ganaron estas elecciones o las convicciones que defienden, sino lo que importa es que ganaron. Quizás tengan razón, en este punto, se fortaleció la democracia, pero la democracia burguesa, y con ello, dada el actual momento de la lucha de clases, se reforzó la dictadura del capital sobre la clase trabajadora.
Nota:
i V.I. Lenin. La emancipación de la mujer, recopilación de artículos, Fondo Documental FHK. pág. 54
Independientemente del número de votantes, e independientemente de las personas elegidas, la elección del Poder Judicial por voto popular representa el fin del dominio de la mafia judicial al servicio de la oligarquía.
A partir de ahora no habrá poder personal o institucional que
decida y dicte las resoluciones de jueces y tribunales. El nuevo
Poder Judicial estará libre de la influencia del poder económico y
político.
Nadie dice que a partir de ahora será imposible comprar a un
juez, a un magistrado o a un ministro. Pero ese acto venal no será
por consigna, por orden superior. El juez comprado tendrá que
atenerse a sus propias fuerzas.
Tendrá que valorar cuánto vale su tranquilidad, su prestigio, su
buen nombre, su carrera. Él solito y su conciencia. Y ya rota la
cadena de jerarquías mafiosas y complicidades, deberá ponderar,
como ahora no acontece, el riesgo cierto de ir a la cárcel.
Y no podrá, como ahora ocurre, hacer ostentación de la riqueza
mal habida. La sombra del escándalo lo inhibirá. Y es que hasta hoy
ni riesgo de cárcel ni temor al escándalo ponían freno a la compra
y venta de la justicia.
Digamos que la reforma judicial ha puesto fin al sistema mafioso
en la materia. Y no es lo mismo actuar amafiado que actuar por cuenta
propia. Y no es igual hacer ostentación de la riqueza mal habida con
la protección y complicidad de la mafia que sin estas dos
condiciones.
La elección del Poder Judicial por voto ciudadano es una
verdadera, una auténtica revolución social, política, económica y
moral. Así lo entiende el pueblo, el ciudadano. Y por eso mismo,
aunque un tanto a ciegas por la complejidad de la elección, acudirá,
entusiasmado y esperanzado, a las urnas.
Como ocurrió con la elección del Presidente López Obrador, la
elección judicial ha devuelto al pueblo confianza y esperanza en una
vida mejor, más sana, más democrática, menos mercantilizada, menos
corrupta.
Frente a esta nueva situación, la oligarquía y sus voceros
mediáticos se han quedado pasmados. Y ya sin argumentos, sin
razonamientos, sólo les queda, como a todos nos consta, el recurso
de la descalificación, de la invocación del miedo, del desahogo
estéril.
Pretenden asustar al pueblo, como se dice popularmente, con el
petate del muerto. Pero desde junio de 2018 el pueblo está curado de
espanto.
Ante la derrota y progresiva descomposición de los partidos tradicionales, el PRI y el PAN, el papel de la oposición pasó a ser insólitamente desempeñado por el Poder Judicial
Financiamiento de hasta 5,000 euros