Primero fue Ámsterdam, seguida por Fráncfort. Madrid y Milán llegaron más recientemente. En menos de una década, los operadores de centros de datos han fundado asociaciones nacionales en casi todos los grandes mercados europeos. El patrón se repite hasta en los estatutos. La asociación holandesa se presenta como la unión de los data centers líderes del país, con la misión de fortalecer el crecimiento económico y perfilar el sector ante el gobierno, los medios y la sociedad; la española, nacida seis años después, utiliza la misma fórmula, casi palabra por palabra. 

Parecen franquicias de un mismo modelo, fundadas además por las mismas empresas: entre los ocho socios iniciales de la asociación española SpainDC, en octubre de 2021, figuran Equinix, Interxion y Data4. Equinix y Data4 reaparecen un año después, junto a Microsoft y Digital Realty, en el acta fundacional de la asociación italiana.

Por encima de esta red nacional está el paraguas de Bruselas. La European Data Centre Association (EUDCA), creada en 2011, agrupa a operadores, proveedores y a las propias asociaciones nacionales. En enero de 2021, la EUDCA y la patronal europea del cloud (CISPE) impulsaron el Climate Neutral Data Centre Pact, una «iniciativa de autorregulación» apadrinada por la Comisión Europea que compromete al sector a la neutralidad climática en 2030. Pero faltan organismos de control independientes: estos compromisos están basados en sus propias métricas y en autoauditorías, según reconoce el propio pacto.

Expansión al sur

La expansión al sur de Europa podría explicarse con la saturación de las redes eléctricas. Por ejemplo, Dublín concentra ya el segundo mayor parque de centros de datos del continente (1.150 MW en operación, según KPMG, casi a la par de Londres) y estas instalaciones consumen el 22% de la electricidad de Irlanda, más que todos los hogares urbanos del país juntos. El propio informe anual de SpainDC presenta a España como alternativa a unos hubs «limitados por la disponibilidad de energía».

Para facilitar la expansión de las infraestructuras que alimentan el mundo digital y la inteligencia artificial, se invierten grandes cantidades de recursos. Según el análisis del registro de transparencia realizado por Corporate Europe Observatory y LobbyControl, la industria digital gasta 151 millones de euros anuales en hacer lobby ante las instituciones de la UE, un 55% más que en 2021, y sus 890 lobistas a tiempo completo en Bruselas superan ya el número de eurodiputados.

En España, la actividad de cabildeo está principalmente llevada a cabo por la asociación SpainDC, cuya misión incluye «hacer pedagogía sobre la esencialidad de los centros de datos» y contribuir a que el país «disponga de la infraestructura digital que necesita para sostener servicios públicos, actividad económica y competitividad». Según la asociación, la necesidad de construir centros de datos es comparable a otras infraestructuras claves para el desarrollo del país.

«¿Un aeropuerto beneficia a una aerolínea u otra? No», comentó por correo un representante de la asociación. «Los centros de datos son una base operativa para la administración digital, la actividad empresarial, la innovación, la inteligencia artificial y los servicios cotidianos de millones de personas», añadió.

La actividad de la asociación es frenética: en su página web se cuentan más de 150 eventos en tres años, de Madrid a Singapur pasando por Hawái y Mumbai. Durante sus dos primeros meses de vida ya se había reunido con el Ministerio de Economía y el Ayuntamiento de Madrid, y el pasado enero su directora ejecutiva (y exvicealcaldesa de la capital), Begoña Villacís, intervino en el Parlamento Europeo en una mesa redonda sobre el futuro de los centros de datos organizada por el grupo socialista.

Opiniones sin conocimiento

Tras el discurso de la oportunidad histórica –«Es un tren que llega, pero no se puede dejar pasar», dijo Villacís en un evento público en marzo de 2025– asoma el rechazo a medidas de control que el sector percibe como injustificadas. El lobby ha cargado contra el Real Decreto-ley 7/2026, que obliga a los centros de datos a generar energía renovable adicional equivalente a su consumo, permite suspender el acceso a la red a quienes incumplan criterios de eficiencia y uso del agua, y crea un comité para decidir qué proyectos tienen prioridad de conexión. Según SpainDC, ese comité «introduce un nivel de discrecionalidad que resulta difícilmente compatible con la confianza inversora».

La asociación estima que el sector podría movilizar 66.900 millones de euros hasta 2030 y superar los 16.000 empleos al final de la década, cifras que estarían en peligro si el sector público impusiera mecanismos de control definidos como desproporcionados. «SpainDC apoya el reporte de indicadores energéticos y ambientales, pero también ha advertido de que la regulación debe ser proporcionada, jurídicamente clara y homogénea con Europa», escribió en un correo un representante de la asociación.

SpainDC argumenta que la opinión pública está a su favor. En octubre de 2025 presentó su primer Barómetro de Percepción Social, elaborado con Sigma Dos a partir de 2.100 encuestas. «La sociedad valora el sector con una nota de 8,7 sobre 10, una calificación que obtienen otros servicios esenciales como la sanidad o las Fuerzas Armadas», defendió el representante de la asociación. Pero el barómetro revela lo que la propia asociación llama una «paradoja»: aunque el 85% de los encuestados ha oído hablar de los centros de datos, solo un 11,4% afirma conocerlos «bastante», un 40,4% admite conocerlos apenas «algo» y menos de la mitad ni siquiera sabe con qué energía funcionan. La alta valoración ciudadana convive con el desconocimiento generalizado de aquello que supuestamente se valora. 

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«Al visitar un pueblo, es fácil distinguir cuáles eran los centros del poder tan sólo viendo cómo el castillo y la iglesia se distinguen y alzan sobre el resto de edificios. En una ciudad, sucede algo similar con los rascacielos, los palacios y las torres televisivas. Sin embargo, el nuevo poder tecnológico, condensado en centros de datos de hiperescala, pretende pasar desapercibido, como ha denunciado Niklas Maak en su Data Center Manifesto«, explica a La Marea el investigador predoctoral en el CSIC y la UC3M Manuel García Domínguez, un sábado de junio en medio de un ciclo de charlas sobre estas infraestructuras en Extremadura.

«La industria de los centros de datos pretende construir el imaginario social de estas instalaciones a partir de un bombardeo de imágenes pulcras, futuristas, a menudo creadas con IA, de sus salas de servidores. Al mismo tiempo, despliega una arquitectura externa austera, de edificios bajos sin ventanas ni logotipos, que pretende camuflarse entre unas naves logísticas ya habituales en el paisaje español», prosigue. Sin embargo –dice– no es tan sencillo ocultar los impactos de «industrias tan extractivas». 

«Los centros de datos emiten ruido a través de sus refrigeradores, gases contaminantes a través de sus generadores y, entre ambos, grandes cantidades de calor que pueden elevar la temperatura a un par de kilómetros entre dos y nueve grados. Esto reconfigura, radicalmente, la biodiversidad y, con ella, el paisaje en los que se instala», analiza.

Además, no es únicamente el edificio en sí: «Si se instalaran solo los proyectados en Aragón y Extremadura y se alimentaran con renovables, sería necesario cubrir hasta 150.000 y 230.000 hectáreas de terreno con parques renovables». «No se me malinterpete –matiza–: los parques eólicos y fotovoltaicos pueden resultar bellísimos si los vemos como el reflejo de una sociedad más justa que trata de aplacar la crisis ecosocial, pero sus sombras se oscurecen si no sirven para alimentar la descarbonización de la economía, sino para los nuevos centros del poder corporativo», que representan –como los denomina el investigador– los nuevos paisajes del poder.

Múltiples daños

El daño se produce de múltiples maneras: hay un impacto indirecto asociado a la cadena de suministros minerales y energéticos de estas infraestructuras que afecta también a otros ecosistemas. «Sin embargo, este impacto nunca forma parte de las evaluaciones ambientales», explica García. En ese aspecto, el impacto más inmediato es el consumo de suelos: «Un centro de datos de hiperescala suele tener entre 150 y 300 hectáreas de superficie ocupada, que implica la ocupación y asfaltización de un suelo previamente lleno de vida y de historia».

El investigador cita tres impactos sobre las comunidades del entorno. En primer lugar, acaparan el poco espacio disponible en la red eléctrica e impiden a otros proyectos locales acoplarse a la red: «La semejanza con la forma en la que fondos de inversión compran edificios y desplazan a los vecinos ha hecho que autores como Julia Velkova o Frans Libertson hayan acuñado el término ‘gentrificación energética’». 

En segundo lugar, sostiene, los usuarios de la red eléctrica pagarán más en la factura de la luz para compensar la compra de energía de los centros de datos a través de acuerdos «privilegiados» entre las promotoras y las productoras energéticas. Y, en tercer lugar, la ocupación de espacio provoca un aumento del precio de los suelos agrícolas, que afecta al sector primario. 

«A esto podemos sumarle –prosigue– el gasto en personal de los municipios que los acogen, que no se ve compensado por la exención de impuestos municipales; el desgaste de las vías públicas con maquinaria pesada; la desafección y ocupación de caminos públicos; la saturación de las depuradoras locales y el desplazamiento del poder urbanístico desde los municipios a los gobiernos regionales. 

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Mayo es el mes de las graduaciones en Estados Unidos. Es costumbre que una figura distinguida se dirija a los recién graduados antes de su salto al mercado laboral con un discurso pensado para inspirarlos. A veces el efecto es el contrario. «El auge de la inteligencia artificial es la próxima revolución industrial», dijo Gloria Caulfield, alta directiva del sector inmobiliario, a los graduados de la Universidad Central de Florida. Le respondió una ola de abucheos. Sorprendida, la empresaria soltó una risita nerviosa y se giró hacia alguien situado junto al estrado, como si buscara confirmación de lo que acababa de pasar. «Guau… ¿Qué ha pasado?», preguntó Caulfield, visiblemente desconcertada.

Pocas semanas después le ocurrió algo parecido a Eric Schmidt, expresidente ejecutivo de Google, en la Universidad de Arizona. Tras mencionar que la revista Time había elegido a «los arquitectos de la IA» como personas del año 2025, una pitada lo interrumpió. «Sé lo que muchos estáis sintiendo. Os oigo», reaccionó Schmidt mientras los abucheos continuaban. «Hay un miedo en vuestra generación: que el futuro ya esté escrito, que las máquinas vengan, que los empleos se evaporen, que el clima se rompa, que la política esté fracturada y que vosotros heredéis un desastre que no habéis creado. Y entiendo ese miedo. Es racional». Sus palabras de comprensión no calmaron a la audiencia.

La de los estudiantes no es la única posición crítica. En todo el país, de forma transversal, la opinión pública se está posicionando en contra. Según una encuesta del Pew Research Center publicada en junio de 2025, la mitad de los estadounidenses están más preocupados que entusiasmados ante esta tecnología. La manifestación más visible de ese malestar es la oposición creciente a los centros de datos, la cara física de la IA, infraestructuras que rechazan siete de cada 10 estadounidenses, según una encuesta de Gallup. Algunos estados, como Maine, debaten moratorias para evaluar los riesgos ambientales y para la red eléctrica. La oposición, en otros casos, ya ha derivado en amenazas y ataques.

Intentar frenar la máquina

Una mañana de mayo, decenas de vecinos se concentraron frente al Ayuntamiento de Kenilworth, en Nueva Jersey, para oponerse a la construcción de un nuevo centro de datos para inteligencia artificial proyectado por CoreWeave. Llevaban carteles y cencerros. «Sé que quizá sea demasiado tarde para detenerlo», dijo una residente a una cadena de televisión local. «Pero confío en que, si logramos movilizar a suficiente gente de Kenilworth y las comunidades vecinas, tal vez consigamos que el gobierno municipal nos escuche», prosiguió.

Kenilworth es uno entre centenares de núcleos vecinales organizados para frenar la instalación de centros de datos. El observatorio Data Center Watch ha identificado 396 grupos de oposición activos en el país, una cifra en aumento constante. El observatorio cifró en 156.000 millones de dólares las inversiones que el año pasado fueron bloqueadas o aplazadas por la presión vecinal.

«La oposición contra centros de datos ha calado en el discurso dominante», dice Miquel Vila, investigador de la empresa de seguridad informática 10a Labs, que creó Data Center Watch. «Ahora no es solo una cosa que preocupe a los grupos de ciudadanos que tienen un centro de datos en su comunidad», añadió.

Desde que su equipo comenzó a monitorizar el fenómeno, afirma Vila, el ánimo público ha cambiado. Donde antes la gente carecía de una opinión clara o solo se movilizaba ante proyectos concretos, hoy se percibe un rechazo generalizado y transversal en el discurso político. «Vemos rechazo desde todos los sectores. De la izquierda, de la derecha, del centro, de arriba a abajo», asegura Vila.

Esa transversalidad tiene una explicación que va más allá del miedo laboral. Cecilia Rikap, economista argentina, profesora asociada del Institute for Innovation and Public Purpose del University College London y autora de Teoría de la dependencia digital, sostiene que la oposición a los centros de datos descansa también en un cálculo material que hasta ahora se sigue subestimando en el debate público: a diferencia de otras grandes infraestructuras, estos proyectos no devuelven al territorio nada parecido a lo que prometen. «Un centro de datos no es un tipo de inversión tradicional en infraestructura. No son generadores de empleo: lo único que generan es empleo de construcción. Cuando el centro de datos está funcionando, son unas pocas docenas de personas las que trabajan en puestos técnicos», explica Rikap. «Y a su vez destruye las economías regionales, porque por el nivel de consumo de energía eléctrica y de agua potable, nadie puede poner al lado ni un café, ni un local de nada».

A esa ausencia de efecto derrame se suma, según Rikap, una distorsión contable que infla las cifras anunciadas: «En Brasil, el cálculo estaba hecho: el 85% de la inversión declarada eran insumos importados». Frente a esa presión, cada vez más iniciativas legislativas intentan poner límites a la expansión del sector, especialmente en el principal país de esta explosión: Estados Unidos.

En Maine se debate una medida que, de aprobarse, paralizaría la construcción de centros de datos de más de 20 megavatios. En Virginia, los legisladores estatales discuten retirar las exenciones fiscales multimillonarias que han convertido al estado en el principal núcleo mundial de centros de datos. En Carolina del Sur, la congresista republicana Nancy Mace impulsa una moratoria de un año y ha prometido exigir a los operadores que generen su propia electricidad para no encarecer la factura del resto de consumidores. «Las reglas son simples: que los centros de datos paguen lo que les corresponde o por aquí que no vengan», escribió en X. En marzo, el senador progresista Bernie Sanders y la congresista demócrata Alexandria Ocasio-Cortez presentaron una propuesta de moratoria nacional a la construcción. Según lo relevado por Vila y su equipo, muy pocos políticos se atreven a defender estas infraestructuras, sobre todo en el ámbito local. «Independientemente de cuál sea su opinión sobre el tema, tienen que oponerse al centro de datos porque si no, no van a ser elegidos. Y esto va a pasar en ambos partidos», afirma.

La profecía hecha realidad

La oposición, en algunos casos, se ha manifestado a través de protestas violentas. La noche del 6 de abril de 2025, alguien disparó 13 veces contra la puerta principal de la casa de Ron Gibson, concejal demócrata del consejo municipal de Indianápolis, y dejó en el felpudo, dentro de una bolsa hermética, una nota: «No Data Centers». Gibson dormía dentro con su hijo de ocho años. Ninguno resultó herido. Una semana antes, la Comisión Metropolitana de Desarrollo había aprobado la recalificación del suelo para un centro de datos de la empresa Metrobloks en el distrito de Gibson, un proyecto que el concejal había respaldado públicamente. La principal plataforma vecinal contraria a la instalación, Protect Martindale-Brightwood, condenó el ataque y negó cualquier vinculación.

Un mes después, un escenario parecido se repitió en Utah. El 4 de mayo, los tres comisionados del condado de Box Elder aprobaron por unanimidad el proyecto Stratos, impulsado por el inversor canadiense Kevin O’Leary, conocido por el programa de televisión Shark Tank. Será uno de los mayores centros de datos del mundo: una extensión de unas 16.200 hectáreas, más superficie que la isla de Manhattan, y una capacidad prevista de hasta nueve gigavatios, más electricidad de la que consume todo el estado de Utah. Los tres comisionados recibieron amenazas de muerte. Entre los mensajes obtenidos por la cadena ABC4 al amparo de la ley de transparencia, uno decía: «Los tres podéis morir».

Al mismo tiempo, en Rumble, una plataforma que aloja contenidos vetados por YouTube por difundir teorías conspirativas y anticientíficas, abundan los vídeos de influencers con cientos de miles de seguidores que presentan los centros de datos como parte de una guerra contra la humanidad. A principios de mayo, el canal The People’s Voice publicó un vídeo titulado «Centros de datos construidos para matar y reemplazar a 200 millones de estadounidenses antes de 2030». «La IA representa la convergencia de todos los miedos asociados a las nuevas tecnologías», sostiene Mauro Lubrano, profesor de relaciones internacionales de la Universidad de Bath, en Reino Unido, y autor del libro Stop the Machines: The Rise of Anti-Technology Extremism.

Según Lubrano, el sentimiento antitecnológico suele anclarse en tres dimensiones distintas. La material: el temor a la pérdida de empleo y al impacto ambiental. La espiritual: la alienación y la pérdida de agencia. Y la existencial: el miedo a que una tecnología acabe con la humanidad.

«La IA atraviesa todas estas dimensiones», dice Lubrano. «Es la suma de todos los miedos, representa los mayores temores en lo que a tecnología se refiere. Para algunas personas, es una una profecía que se hizo realidad». Si no aumentan la transparencia y la participación ciudadana en estos procesos, Lubrano teme un incremento de los niveles de violencia. «Hay personas para las cuales este es un sistema que no se puede reformar. Y, por lo tanto, debe ser destruido», concluye. 

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En un lugar de La Mancha, pero esta vez en el siglo XXI, los Quijotes que sueñan con un mundo justo y respetuoso con la vida en general han cambiado la lucha contra los molinos por la lucha contra los centros de datos, unas infraestucturas que, con el auge de la inteligencia artificial (IA), están colonizando poco a poco España con la promesa de nuevos empleos. Talavera de la Reina es uno de los centros neurálgicos, pero también Aragón, Madrid y Extremadura.

Los centros de datos consumen gigantescas cantidades de agua y energía eléctrica. Acaparan suelo y dejan contaminación. ¿Es posible que la extracción de estos recursos desestabilice los territorios en los que se instalan? Según muchos expertos, sí, pero tampoco hay cifras exactas. Esa es la principal cualidad de este floreciente negocio: la opacidad, los pactos secretos con las administraciones, el cabildeo, la política de hechos consumados. La Marea dedica el dossier principal de su nueva revista en papel a estos nuevos «paisajes del poder», como los denomina el investigador Manuel García.

La falta de transparencia que los caracteriza impide, en muchas ocasiones, que la ciudadanía conozca el impacto real al que se enfrenta cuando estos nuevos gigantes recalan en sus territorios, donde antes había vida, donde antes había historia o, siendo más directos, donde antes había una línea de transporte público o cosechas o una depuradora de agua. En este número, realizamos una panorámica general de la situación de la mano de especialistas de primer nivel, analizamos el lobby de esta industria en Europa, con Spain DC como epicentro en España, y nos detenemos en los movimientos que ya están diciendo «no» a los gigantes de los nuevos tiempos.

Mucho más en La Marea 112

Además del dossier dedicado a los centros de datos, la revista del trimestre julio / septiembre viene cargada de reportajes y entrevistas ideales para desencriptar la actualidad. Por ejemplo, ¿qué demonios está pasando en el Reino Unido? Nuestro compañero Guillem Pujol responde a esta pregunta en un momento especialmente delicado de la política británica. Roto el bipartidismo laboristas-tories, los neofascistas están llamando fuerte a la puerta del nº 10 de Downing Street.

Patricia Simón, por su parte, viaja hasta el Sáhara Occidental para mostrar la lucha de las mujeres por superar su tradición patriarcal. A pesar de las críticas que reciben, las feministas saharauis lo tienen claro: «Para nosotras no es incompatible luchar por la independencia de nuestra patria y por el respeto a nuestros derechos como mujeres».

En Argentina, Andrés Actis pone el foco en un extractivismo fósil que ha cobrado enorme fuerza bajo la presidencia de Javier Milei: el de las arenas de sílice que se utilizan en el fracking, la fractura de la roca para acceder al petróleo. Esta práctica está destruyendo los humedales del río Paraná.

En el ámbito doméstico, entrevistamos a la dibujante Yeyei Gómez, al fiscal delegado de Criminalidad Informática en Sevilla, Gabriel González, y a la directora general de la Aemet, Alicia López Rejas.

Con el ojo siempre puesto en la ecología, el clima y el medioambiente, analizamos el difícil despegue del veganismo en España, viajamos a Berlín para conocer sus huertos urbanos populares, enumeramos algunos consejos para hacer deporte durante el verano tórrido que nos espera y recomendamos productos e iniciativas sostenibles en un bazar veraniego seleccionado por Carro de Combate.

Pero no acaba ahí la cosa: esta Marea cuenta con los artículos de opinión de Jorge Dioni López, Thilo Schäfer y el tradicional incordio de la filósofa Ana Carrasco-Conde.

Nuestro cuadernillo cultural, El Periscopio, llega con novedades: por voluntad propia, este número es el último que coordinan Laura Casielles y José Ovejero. Durante varios años (muchos de ellos en colaboración con Bob Pop) han tratado de rebasar los límites impuestos por la cultura mainstream. En su despedida se han fijado en el arte de los bertsolaris, en la sororidad de las integrantes del Lyceum Club de Madrid en el centenario de su creación y en la resistencia de la cultura argentina frente a la motosierra libertariana. Además, cierran su labor al frente del Periscopio con un broche de oro: un cuento de Isaac Rosa.

Como veis, La Marea continúa con su compromiso por el periodismo «de interés público», como subrayó el jurado del Premio Nacional de Periodismo de Investigación El Confidencial, cuando distinguió nuestros reportajes sobre la gestación subrogada en España. También seguimos empeñadas en reivindicar el trabajo humano frente a la amenaza de la inteligencia artificial. Por eso, en La Marea nunca habrá ilustraciones generadas por una IA. Al contrario, nos complace enormemente colaborar con artistas como Daniel Gómez Vega y como Adara Sánchez, artífices de las magníficas portadas de la revista 112 y de El Periscopio.

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Banda Sinfónica Municipal de Albacete

Jueves 21 de mayo, 19:30 h

Barrio Centro. Plaza de la Constitución

 

 

Concierto de la Banda Sinfónica Municipal de Albacete. “La Banda en tu Barrio”.

 

Con el comienzo de la nueva temporada este programa también estrena columna en Arainfo.  A partir de ahora todos los jueves podréis leer la acratorial con la que arrancamos y que suele tener que ver con el contenido del programa, aunque a veces es simplemente opinión o teoría. Hoy hablamos de los centros de datos […]

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