Después de las protestas populares saharauis de Gdeim Izik, en El Aaiún, en noviembre de 2010 –otro aniversario que se cumple en esta temporada–, la represión por parte de la administración marroquí fue dura. Tras un desmantelamiento de la movilización marcado por la violencia, se estima que alrededor de 200 personas fueron detenidas, 19 de las cuales siguen en prisión. Pero ocurrió algo más, en apariencia mucho menor, pero simbólicamente muy poderoso: desde entonces, en los territorios ocupados está prohibido instalar jaimas.

La tienda tradicional de las tribus nómadas había sido el elemento distintivo de aquella movilización, con más de 6.500 organizadas en un campamento que se considera el precursor de los que en los meses siguientes tomarían muchas ciudades del mundo. Pero en El Aaiún prohibirlas iba mucho más allá de una cuestión policial.

Y es que los elementos culturales también son importantes en la ocupación de un territorio. «Cuando un país ataca a otro, lo primero que intenta es hacer que se disuelva. Y para que se disuelva un país lo primero que hay que usurpar es su identidad, lo que le hace singular», explica Tiba Chagaf, miembro de la representación del Frente Polisario en España. Si hablar de la cultura como campo de batalla es en nuestros días prácticamente un lugar común, en el caso del Sáhara Occidental la expresión se convierte en literal. La administración marroquí es consciente de la importancia política de las prácticas culturales saharauis, cuya potencia intenta neutralizar a través de distintas estrategias que van desde el borrado hasta la apropiación. Mientras, para los y las saharauis, la cultura es un espacio de resistencia y de memoria, fundamental para la identidad y la construcción nacional de un país despojado de su tierra.

La estrategia del borrado

Chagaf, que ha trabajado durante décadas en el ámbito de la política cultural, apunta a una particularidad de este caso: «Los saharauis no tenemos una cultura milenaria caracterizada por construcciones o yacimientos culturales o mezquitas enormes donde uno pueda ir y empaparse de esa cultura. Al contrario. El saharaui lleva la cultura en su mente y en su comportamiento». Por eso, es precisamente a las mentes y a los comportamientos adonde apunta el borrado que intenta llevar a cabo la ocupación.

Además de a las jaimas, este tipo de política afecta por ejemplo a la vestimenta tradicional, prohibida en lugares públicos como las escuelas, o incluso a algunos nombres propios que no se permite inscribir en el registro civil o en el libro de familia. Como señala el investigador en sociología Brahim Aaila, algo que hace especialmente esquivo este tipo de prohibiciones es que no se llevan a cabo a través de medios legales. «Las autoridades ocupantes marroquíes prohíben diversas expresiones culturales de manera ilegal, sin ninguna base», explica. «Por eso, es difícil documentar estas medidas, porque no se basan en una normativa, sino más bien en medidas arbitrarias y en el uso de la fuerza».

En otros casos, los mecanismos son más sutiles. Por ejemplo, como señala Chagaf, a día de hoy no hay ninguna universidad en la zona ocupada del Sáhara. «No es porque no tengan presupuesto», apunta. «Es algo intencionado para que los jóvenes saharauis se vean obligados a ir al norte. En las universidades, por cada saharaui hay tres marroquíes, y se ven obligados a alterar su habla, su vestimenta, sus costumbres…».

Hay ámbitos en los que la aniquilación es menos evidente en su intención, pero al mismo tiempo muy material y fácilmente rastreable. Uno de los que Aaila ha estudiado es la destrucción de yacimientos arqueológicos. La zona es rica en enclaves con pinturas rupestres y otros restos prehistóricos de hasta 80.000 años de antigüedad. Una riqueza que apenas ha podido ser investigada y que se ha visto dañada en las últimas décadas por la guerra, por la actividad de expoliadores y por las actividades de extracción de recursos. Uno de los casos más destacados es el del yacimiento de Al-Asli: según explica Aaila, se concedió licencia a una empresa marroquí para convertirlo en una cantera. La presión social y mediática fue tan fuerte que el Estado se vio obligado a revocar el permiso, pero otros casos no han corrido tanta suerte. Por ejemplo, los que quedaron aplastados por la construcción del muro militar que delimita los territorios ocupados: hay pinturas rupestres bajo las alambradas y las minas.

Un elemento transversal que se diluye muy eficazmente bajo este tipo de políticas culturales es la lengua. El uso del hasanía, que es la variante del árabe hablada por los saharauis, también se intenta diluir lo más posible en los territorios ocupados. No se venden publicaciones en hasanía, ni siquiera diccionarios. «No está presente en ninguna institución, ni en la calle, ni en el trato profesional, ni en el mercado… El único entorno donde se puede conservar es en el seno de la familia», señala Chagaf. Y ni siquiera ahí es fácil, como continúa explicando: «En las generaciones nacidas en el exilio, nuestros hijos hablan español y un poco de hasanía, y nuestros sobrinos bajo la ocupación hablan dariya –la variante marroquí del árabe– o francés. Son familias fracturadas».

La estrategia de la apropiación

Aunque en la situación lingüística también se refleja una paradoja. Mientras en los territorios ocupados se produce ese borrado, también ocurre que el hasanía es una de las lenguas que Marruecos incluyó en la reforma de la Constitución de 2011 como «parte integral de la identidad cultural marroquí», dentro de un discurso de multiculturalidad del Estado. Esta maniobra es un ejemplo claro de la otra estrategia con la que la ocupación lleva a cabo la batalla cultural: la apropiación.

La investigadora estadounidense Joanna Allan ha estudiado cómo se trata de mecanismos diferentes que se van alternando o sucediendo para un mismo fin. En un artículo reciente publicado en la revista State Crime Journal, repasa la cronología de estas prácticas. Según su análisis, la «opresión violenta genocida de la cultura saharaui» en los primeros años de la ocupación dejó paso a un «intento de apropiación cultural que no engañó a nadie» a principios de la década de 1990, momento de elaboración del censo del prometido referéndum de autodeterminación. Luego llegaría la folklorización del legado para atraer al turismo, y finalmente el actual «proceso de muticulturización» de Marruecos, en el que se apropia elementos culturales de pueblos disidentes como el saharaui o el rifeño mientras trata de neutralizar su contenido político. En esta última estrategia, «lo saharaui se etiqueta como una identidad provincial dentro de una nación marroquí unida», explica Allan en ese artículo.

En lo práctico, esa estrategia se concreta sobre todo en la música y la poesía, dos de las disciplinas más nucleares dentro de la cultura saharaui. Editoriales marroquíes han publicado diversas antologías y libros de poesía en hasanía en la última década; mientras que festivales en los territorios ocupados y también en regiones marroquíes limítrofes con el Sáhara a menudo incluyen a artistas y grupos que ponen en escena música tradicional saharaui.

Tiba Chagaf cuenta que, cada año, en uno de los festivales más conocidos, el de Tan Tan, se montan más de cien jaimas: esas mismas jaimas que están prohibidas en los territorios ocupados. «Todo es folklórico», apunta. En ese sentido, estos festivales también tienen otro efecto sobre el patrimonio: la apropiación de objetos tradicionales. «Cada dos por tres hay un alza en la compra de objetos singulares que acaba por hacerlos desaparecer».

«Incluso esas bandejas de té antiguas, que son amarillas y espesas, de bronce… Con la desesperación y la necesidad, la gente acaba vendiéndolas», apunta, con una comprensión que extiende también a los y las artistas que participan en esos espacios. «Algunos son colonos, otros son promarroquíes, pero también hay poetas saharauis, porque, como en todos los países, por más avanzados que sean, de la cultura nunca es fácil vivir. Entonces, cuando a un poeta se le da un incentivo, se puede cuestionar muchas cosas. Pero no sabe que en el fondo está haciendo un genocidio cultural, falsificando su identidad».

El otro lado de la historia: la cultura como resistencia

Pero si hablamos de una batalla cultural es porque no todo es ataque. Del otro lado, los y las saharauis también han encontrado en las prácticas culturales un campo fundamental para la lucha y la resistencia. Como ocurre también en otros Estados despojados de su tierra, como el palestino –o en comunidades exiliadas o migrantes–, la cultura se convierte en un espacio clave para mantener viva la identidad y la cohesión nacional.

Así, en los campamentos de personas refugiadas saharauis de Tinduf la política cultural es clave. La música, la poesía y el teatro han sido desde el comienzo del exilio herramientas utilizadas para la sensibilización y la concienciación de la lucha nacionalista, pero también de cuestiones mucho más cotidianas, relativas por ejemplo a la higiene o la salud.

Algunos logros parecen de hecho un espejo de las carencias que Chagaf y Aalia explicaban respecto a la zona ocupada. En los territorios liberados existe desde 2012 una universidad, la de Tifariti, en la que se enseñan las carreras de enfermería, magisterio, informática y periodismo. La promoción de la lengua hasanía también es una prioridad, que ahora se lleva a cabo no solo mediante los programas educativos, sino también a través de series y vídeos que pasan de móvil en móvil hasta convertirse en un «trending jaima», como lo llama Chagaf. En la wilaya de Rabuni, donde se concentran los servicios de los campamentos de refugiados, hay un Museo de la Resistencia que exhibe documentos históricos y creaciones de arte.

Muchos esfuerzos que responden a una misma idea, que resume así: «La cultura es el trasfondo del conflicto. De nada nos sirve que el día de mañana nos independicemos si volvemos mitad cubanos, mitad argelinos, mitad españoles. Si se coloniza la mente, la tierra ya es un hecho consumado».

Este reportaje se publicó originalmente en El Periscopio, el suplemento cultural de La Marea, cuyo último número se dedicó íntegramente a la cultura saharaui. Puedes conseguir la revista aquí o suscribirte para apoyar el periodismo independiente.

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¿Es lo banal algo trivial? ¿Es el mal banal? ¿Y el daño? ¿Son triviales? ¿Qué hay de trivial en matar a alguien? ¿Es eso lo trivial? ¿Hemos naturalizado que el que haya bajas en la guerra sea «normal»? ¿Es eso lo que carece de valor o de interés? ¿Qué hace que un asesinato sea tolerable y otro intolerable? ¿El modo de matar o el modo de morir?

El adjetivo banal hace referencia a un vocablo francés que apunta a lo común de un pueblo que comparte la figura de un gobernante, de ahí bando. Tan común es que carece de importancia, ¿lo común no es importante? ¿Y si es precisamente lo más importante? ¿Y si a lo que debemos prestar atención es precisamente al modo en el que nuestras formas sociales de organizarnos normalizan ciertos actos que deberían causarnos un profundo rechazo? ¿Y si lo banal tuviera que ver con cerrar los ojos?

Entonces la banalidad del mal, según la conocida fórmula de Hannah Arendt, no sería aquella relacionada con la falta de reflexión, sino con la normalización de lo que en realidad va contra toda norma: atentar contra la vida de personas (y otros animales) inocentes. Entonces, ¿atentar contra la vida de culpables sí es lo normal? Con pesar, esta pregunta puede responderse afirmativamente. Ahora bien, ¿quién es culpable en una guerra y de qué? ¿Qué es una guerra? ¿Y qué una matanza? ¿Cuál es la diferencia entre matanza y genocidio?

Para responder a estas cuestiones, volvamos a la palabra trivial: ¿hay un mal trivial o hay un daño trivializado? Lo trivial es asunto intrascendente, elemental y sabido por todo el mundo. Es por ello objeto de conversación vacua y superficial, tema de ascensor o, como apunta el origen del término, de lo que se habla en el cruce de caminos en el que se encontraban viajantes y posadas (lat. trivium). Lo trivial sería, entonces, por un lado, lo común que todos saben y, por otro, tema fácil de conversación.

Desde esta perspectiva, cuando pensamos en una guerra, todo el mundo sabe que mueren personas y pueden darse expresiones circunspectas que dan cuenta de lo mal que está el mundo, como qué horror lo que sucede en la otra punta del planeta. Elemental. Desde este punto de vista, el genocidio en Gaza es trivial: tema de conversación en el que todos saben lo que sucede y todo el mundo opina.

Sin embargo, lo trivial es la conversación, no el asunto mismo, es decir, trivializamos algunas cosas cuando, en lugar de convertirlo en tema sobre el que pensar, lo convertimos en tema del que charlar. Esta sería una banalización del mal (el que se ejerce) y del daño (el que se experimenta). Para pensar en un tema sin trivializarlo es preciso profundizar en él y para ello, en lugar de buscar información que secunde lo que queremos pensar, escuchar también lo impensado por nosotros hasta el momento.

¿Qué hace de una matanza un genocidio? La planificación de la muerte. ¿Es lo acontecido en Gaza uno? Algunos dirán que no, que son víctimas de una guerra, de la que tan responsable es Hamás como Israel. Pero profundicemos un poco más. Tenemos matanzas masivas, torturas, guerras incesantes, prácticas brutales, conflictos de sangre y restos mortales, tenemos desaparición de cuerpos, descuartizamiento de personas, hambrunas por corte de suministro, guetos, caza de brujas, de mujeres, de personas por su identidad u orientación sexual. Hay donde elegir. ¿Todo esto es banal? ¿Todo ello se debe a la falta de reflexión? Afirmar tal cosa es no entender qué se afirma cuando se habla del mal banal o del daño trivializado.  

En otros lugares he señalado que no es cierto que el mal se repita, sino que es nuestra forma de abordarlo la que nos da sensación de ciclicidad y repetición. Decir que el ser humano es violento o malo, sea por naturaleza o a causa de la sociedad, es etiquetarlo y con ello ceder a la pereza de pensar y pensarnos. La etiqueta nos posiciona en un punto de vista que muchas veces es difícil abandonar. No se trata de juzgar, de opinar, de creer, sino de analizar, profundizar y comprender.

Si el ser humano es violento, ¿qué podemos hacer salvo quejarnos, darnos por vencidos, condenarnos o atarnos con leyes que nos protejan de los demás? Porque son los demás, según pensamos muchas veces, los que hacen daño, casi nunca nosotros. Una de las primeras acciones que podemos llevar a cabo es no trivializar el daño, esto es, convertirlo en objeto de una conversación vacua, en la que nos escandalizamos pero al poco tiempo, pasamos a otra cosa. Romper esta inercia a la que tendemos, incluso en la más inocente intención y sincera preocupación, es ya interrumpir el círculo de la repetición para abrir la posibilidad a otro modo de referirse a lo que a alguien le está sucediendo y alguien está realizando.

Ahora bien, ¿entonces cómo hablar de ello? ¿cómo pensarlo? Preguntándonos cómo hablamos de ello y en qué contexto, si se reduce a una conversación aunque sea preocupada o si pensamos en emprender acciones que vayan más allá de lo corriente y que alteren las lógicas de lo común de los modos del mal naturalizados, que no sea motivo de cháchara en encrucijadas de caminos, es decir, que no sea trivial en sentido literal, sino que lo sea en otro sentido: el de ponernos a nosotros mismos en la encrucijada, en el cambio de dirección y de sentido. Que no sea insignificante, digno de olvido, sino que signifique porque en sentido contrario nos significamos como personas superficiales incapaces de responder ante una situación y ejercer la libertad con conciencia. Saber de lo que hablamos es también saber cómo lo hablamos. 

Decía al comenzar que lo común es lo más importante. Por eso no hay que caer en la ceguera de lo corriente: para reconstituir y recomponer lo común. Aunque haya culpables en una guerra, no por ello se merecen la peor de las muertes. Ahora bien, los genocidios, aunque suelan darse en el contexto de una guerra, no son sinónimo de guerra. Son el resultado de todo un mecanismo planificado de exterminio de quien solo es culpable de ser. Asesinar a miles por tener en común la cualidad de ser de una determinada manera. Eso sería un genocidio. Habrá que pensar entonces en el modo en el que lo común de ellos es también lo común que tenemos con ellos.

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Este reportaje se publicó originalmente en #LaMarea109, dentro del dossier ‘El mundo según Trump’. Puedes conseguir la revista aquí o suscribirte para seguir apoyando el periodismo independiente

El mundo se ha transformado tanto en una década que a veces resulta difícil orientarse. Se siente un poco como pasear por Times Square: la sensación de estar atrapado en un filtro de realidad donde toda experiencia de lo nuevo surge como un anuncio, y la noción del tiempo auténtico y genuino se funde en lo frenético del scroll. La jerga tecnopopulista que a veces utiliza la izquierda tampoco ayuda mucho a entender los problemas sistémicos en el presente. ¿Vivimos bajo el «tecnofeudalismo»? ¿Seguimos en el «capitalismo de la vigilancia»? ¿El «capitalismo de plataforma»? ¿El «capitalismo cognitivo»? ¿Acaso el «4.0»? ¿O el «5.0»? ¿Ha acontecido un «tecnogolpe de Estado» invisible ante nuestros feeds? ¿Asistimos a un régimen «tecnoautoritario»? Esperen, ¿pero Internet no era una promesa utópica?

Para responder a estas preguntas de manera seria lo más recomendable es actualizar la famosa frase popularizada por el caso Watergate: «Seguir la pista de las infraestructuras», en lugar de focalizarse en el análisis superficial del discurso de las élites. Eso es lo que ha hecho recientemente la economista italiana Francesca Bria –profesora de la UCL Institute for Innovation and Public Purpose, promotora de la New European Bauhaus de la Comisión Europea, antigua directora de tecnología de Barcelona y fundadora de Decode– en The Authoritarian Stack, un estudio con XOF Research en el que ha participado el periodista de investigación José Bautista. «Los multimillonarios tecnológicos están construyendo una América posdemocrática», indica Bria, que sostiene que Europa será la siguiente pieza en caer. Ya alertó de este riesgo en su anterior investigación, EuroStack, que sitúa la dependencia estructural de las firmas estadounideneses en el centro del debate político sobre la soberanía digital: «Silicon Valley ya no crea aplicaciones. Construye imperios».

La transformación del sector tecnológico en el segundo mandato de Trump, señala Bria en su síntesis para Le Monde Diplomatique, parte de la maduración de lo que Evgeny Morozov denomina «oligarcas-intelectuales». Ahora, los consejos de administración de los fondos diseñan las políticas públicas, no los políticos; también determinan la cultura, estética y arte de nuestro tiempo, y configuran la ideología sobre cómo interpretar las proyecciones tecnológicas futuras.

Inversión, control y política

A diferencia de los intelectuales de antaño, que debatían ideas, la riqueza, ambición y filosofía del capital riesgo determina la realidad mediante la inversión en infraestructura, el control de los medios de comunicación, pero también a través de la influencia política en sectores estratégicos de la administración. «No es una usurpación de las prerrogativas del Estado, sino una forma más rápida de profundizar su alcance», señalaba Morozov en su intervención en READ Barcelona.

Como documenta The Authoritarian Stack, las puertas giratorias entre la Casa Blanca y los proveedores de software militar, Anduril o Palantir, están plenamemte engrasadas. Los lazos son tan fluidos que directamente se ha producido la integración de estas y otras firmas (Meta u OpenAI) en la Armada, donde han desembarcado hasta cuatro ejecutivos tecnológicos.

Por no señalar la llegada al frente de DOGE de Elon Musk, el CEO de SpaceX y Tesla, mimadas por el Gobierno, xAI y X, que inició el giro de Trump hacia el sector privado como solución a los problemas públicos. Los datos de la investigación son concluyentes: al menos 22.450 millones de dólares del dinero de los contribuyentes estadounidenses ha ido a parar al Pentágono, a los servicios de inteligencia o a DOGE.

Básicamente, este dinero se canaliza a través de contratos públicos a dichos proveedores, inflando la rentabilidad de los oligarcas-intelectuales trumpistas, quienes habían invertido en las mismas empresas que ofrecen los servicios de seguridad nacional del Estado.

La máquina del capital es como un bucle perfecto para enriquecer a los nuevos billonarios tecnológicos. «Cada capa refuerza a las demás. La ideología justifica la inversión. La inversión captura el poder estatal. Los contratos construyen la infraestructura, que se vuelve indispensable. Eso genera rendimientos que financian más ideología». Francesca Bria describe así una amplia red que llama «Kingmakers», una fuerza política que influye en las elecciones y en la política exterior estadounidense.

Está compuesta por una amalgama de ultraconservadores radicales cuya doctrina se desarrolla en los think tanks que históricamente han nutrido de ideas a la industria militar del imperio: National Conservatism (NatCon), Edmund Burke Foundation, Heritage Foundation, Cato Institute, America PAC, CNAS, Hudson Institute… Todos, por supuesto, movilizados en torno al Project 25.

El príncipe de la stack es Peter Thiel, cofundador de Palantir, una maquinaria de minería de datos enfocada a la seguridad nacional cuyo valor en bolsa ha pasado de 50.000 millones de dólares hace un año a casi 300.000 millones en la actualidad. Se sienta en la cima de Founders Fund, que maneja 17.000 millones de dólares en inversiones en, por ejemplo, Anduril, Mithrill Capital o Space X. Ahora susurra al oído de J.D. Vance, vicepresidente de los Estados Unidos, pero antes fue el asesor tecnológico de Trump en su primer gobierno, su gran estratega y financiador principal.

¿La línea de puntos? Los ingresos del negocio de Palantir con el Gobierno crecieron un 52% solo en el último trimestre con respecto al año anterior (486 millones de dólares), casi la mitad de los 1.000 millones en ingresos. Entre ellos, InmigrationOS, una tecnología de rastreo diseñada para la caza de migrantes. Thiel también recibe rendimientos de los lazos del Gobierno a través de sus inversiones en Anduril o SpaceX, y en 1789 Capital, lanzada junto a Donald Trump Jr. Canaliza las decenas de millones que llenan el imperio orbital de Musk y la IA militar.

La red también involucra a Marc Andreessen, fundador de Andreessen Horowitz (a16z), una firma de capital riesgo de California, valedora de Facebook, Instagram y Airbnb, entre otras. Tras reunir a toda la clase multimillonaria de Silicon Valley para la campaña de Trump de 2024, Andreessen lidera el fondo American Dynamism, que integra a los «constructores del Estado estadounidense». Desempeña una función similar Alex Karp, CEO de Palantir e ideólogo de las plataformas Foundry y Gotham.

Esta última, diseñada para planificar misiones y ejecutar investigaciones utilizando big data, tiene la fama de haber ayudado a la CIA a encontrar a Bin Laden. Completan el elenco Palmer Luckey, encargado de la «guerra automatizada» en Anduril y Oculus (anteriormente de Meta) y David Sacks, el criptozar, proveniente de la conocida como PayPal Mafia, y ahora con fondos en a16z e inversiones en Anduril y OpenAI. Denominado a sí mismo como «criptonacionalista», Sacks diseñó el GENIUS Act de 2025, la ingeniosa legislación que desregula las industrias del crypto para afianzar la hegemonía del dólar (cualquier transacción estará respaldada por bonos del Tesoro de EE. UU., valores a corto emitidos por el Gobierno estadounidense).

Bajo la bandera de la tecnología patriótica, documenta Bria, este nuevo bloque histórico está construyendo su sistema integrando registros históricamente estáticos (archivos de tráfico, atestados policiales, datos de los servicios sociales, así como historiales de ubicación o mensajes privados) para construir una infraestructura de control y vigilancia planetaria compuesta de nubes, inteligencia artificial, finanzas, drones, satélites: «Las infraestructuras estatales críticas se están privatizando en cinco ámbitos: datos, defensa, espacio, energía y dinero». Estos ámbitos conforman «la arquitectura de la soberanía privatizada», donde el poder político del capital fluye a través de las plataformas corporativas.

Integraciones peligrosas

La pregunta que Francesca Bria lanza a Europa es si puede reconocer esta formación histórica como lo que es y «crear alternativas antes de que la infraestructura de control se arraigue demasiado como para poder desmantelarla». El panorama político que arrojan sus datos no es halagüeño para las democracias liberales.

En Francia, Palantir se ha integrado en el Ministerio del Interior y desempeña funciones de predicción policial y de lucha antiterrorista. Anduril System, incluso, ha sido propuesto en los programas EU Frontext de 2025 para el control de fronteras y la vigilancia de drones. Italia ha desplegado una red nacional conectada mediante Starlink, de SpaceX, y Palantir y Anduril han iniciado negociaciones con el Ministerio de Defensa. En Alemania, el servicio de contrainteligencia utiliza el programa Gotham y Starlink para sus comunicaciones. Muchas de estas empresas se han integrado en los distintos Estados a través de la OTAN y proveen tanto la infraestructura de comunicación de batallas, tecnología de combate y algoritmos de targeting en Ucrania, como las herramientas de machine learning necesarias para procesar los datos de los pacientes del servicio de salud británico.

¿Y España? El riesgo es que el embargo total de armas a Israel termine siendo sorteado por la dependencia nacional de las empresas que participan del genocidio y testan sus plataformas en Gaza, como Palantir o Anduril. «Los países deben bloquear los contratos con estas empresas y dejar de ceder su soberanía, en particular en lo que respecta a los sistemas de misión críticos», aconseja Bria, también miembro del Consejo de Inteligencia Artificial formado por Pedro Sánchez.

La primera adjudicación a Palantir se produjo en 2023 en un contrato negociado sin publicidad valorado en 256.200 euros. Esto abrió la puerta a la adjudicación del análisis de inteligencia del Sistema de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (SIFAS), de 20 millones, catalogada como secreto oficial. También se puede comprobar que el Centro de Inteligencia de esta entidad utiliza la herramienta Gotham. Cuando la secretaria de Estado de Inteligencia Artificial de entonces, Carme Artigas, entregó un contrato de 2 millones a la consultora Deloitte y OdiseIA, Palantir también estaba allí. En la junta directiva de OdiseIA no había ningún representante de la sociedad civil, pero sí figuraba Javier Fernandez-Castañón (que trabaja para Thiel) como director de Salud. Hasta Som Solidaritat, la web de la Generalitat Valenciana del gobierno de Carlos Mazón, fue delegada a los ingenieros de una empresa hostelera y de una filial española de Palantir, tal y como la Generalitat publicó tan solo seis días después de la dana.

En el caso de Elon Musk, el riesgo de quedar atrapados en las redes de la ultraderecha es aún más extremo. España ha lanzado –desde Cabo Cañaveral, Florida– su segundo satélite de comunicaciones de última generación, SpainSat NG-II, a bordo de un cohete SpaceX Falcon 9. Es el programa de defensa espacial más grande y avanzado del país hasta la fecha: Hisdesat Servicios Estratégicos ha invertido unos 1.300 millones de euros del Ministerio de Defensa para proporcionar a Madrid enlaces de comunicación seguros y fiables para «operaciones militares y misiones humanitarias».

Junto con su satélite gemelo, lanzado en enero, prestará apoyo a las Fuerzas Armadas españolas, la OTAN, la red de comunicaciones gubernamentales por satélite de la Unión Europea y a los países socios. Sus instalaciones estarán en Tres Cantos (Madrid). Todavía no se conoce –es secreto de Estado– cuántos contratos existen. Los registros arrojan acuerdos del Ministerio de Defensa con intendencias locales y también otras ramas de la administración, como el SEPI y RTVE. La pregunta sigue latente, ¿corremos el riesgo de vernos atrapados en una stack autoritaria?

Las conexiones son interminables. Pero, dada la vehemencia con la que Trump ha atacado al Gobierno de Sánchez por no alienar su inversión en Defensa con los nuevos intereses militares de las empresas estadounidenses, la pregunta es cuánto tardarían los fontaneros de Vox en acercarse a estos oligarcas-intelectuales para colocar a las Fuerzas Armadas españolas al servicio de Palantir, Anduril o Space X.

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