• Más de 200 organizaciones de todo el Estado español, entre ellas Ecologistas en Acción, llaman al boicot al gigante farmacéutico por su complicidad con la ocupación, apartheid y genocidio en Palestina.
• Defienden que hacer boicot a Teva desde las administraciones, el personal sanitario y la ciudadanía es sencillo: hay alternativa a todos los medicamentos comercializados por Teva.
• Teva paga impuestos al Estado de Israel, dividendos a los fondos sionistas que componen su accionariado y donaciones a las fuerzas de ocupación israelíes. Además, ha apoyado con efectivos y material al ejército israelí durante el genocidio en Gaza.

Un amplio conjunto de organizaciones, colectivos y movimientos sociales de todo el Estado, entre ellos numerosas asociaciones de profesionales sanitarios solidarios con Palestina, presentan la campaña estatal ¿Teva? NO, Gracias, una iniciativa de boicot contra la farmacéutica israelí como medida de solidaridad activa con el pueblo palestino.

Bajo el lema “Que tus medicamentos no sean sus balas”, se han convocado concentraciones frente a consejerías de salud, hospitales y organismos sanitarios de distintos territorios. Reclaman la suspensión de los contratos vigentes de las Administraciones públicas con el gigante farmacéutico e interpelan al personal sanitario y a la ciudadanía para que opten por otros medicamentos.

Representantes de la campaña se han concentrado frente al Ministerio de Sanidad en Madrid para exigir a la ministra Mónica García Gómez “acción política para cumplir con las obligaciones legales que emanan del derecho internacional” y establecer canales de diálogo. Como primer paso urgente, demandan la incorporación inmediata de este asunto a la agenda del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y a la de la Comisión Interministerial de Precios de los medicamentos.

Las organizaciones convocantes, tal y como identifica el movimiento internacional Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS), señalan a Teva como un objetivo prioritario para realizar boicot económico a Israel. En su manifiesto, denuncian que el gigante farmacéutico —líder en el mercado de genéricos en España con una facturación de más de 500 millones de euros al Sistema Nacional de Salud en 2023 y mayor empresa de la bolsa de Israel— financia la ocupación, el apartheid y el genocidio en Palestina, mediante el pago de impuestos al Estado de Israel, dividendos a los fondos sionistas que componen su accionariado y donaciones a las fuerzas de ocupación israelíes.

Además, acusan a Teva de beneficiarse de la ocupación ilegal, del sistema de apartheid y de su posición de privilegio en el mercado cautivo de los territorios ocupados. También le reprochan un abierto apoyo al ejército israelí durante el genocidio en Gaza, mediante la donación de material, la participación de al menos un 10 % de su plantilla en el ejército o el establecimiento de sus sedes como puntos de recogida de suministros para los soldados.

“Hacer boicot a empresas que sustentan un régimen que perpetra crímenes contra la humanidad es una obligación moral, ética y legal ineludible”, señalan, recordando que la cifra oficial de personas asesinadas en Gaza desde el 7 de octubre de 2023 supera las 72.000, aunque según la relatora de la ONU Francesca Albanese, esta podría ser hasta diez veces mayor.

Llamamiento a la acción de la sociedad civil, personal sanitario y farmacéutico e instituciones

“Hacer boicot a Teva es sencillo”, arguye Mar Gimena, médica de familia y portavoz estatal de la campaña, ya que “hay alternativa a todos los medicamentos comercializados por Teva en el Estado español”. Por eso, las organizaciones convocantes apelan a la población general a rechazar los medicamentos “manchados de sangre” del gigante farmacéutico.

No es la primera iniciativa de la sociedad civil encaminada a romper la complicidad de las Administraciones con Teva. A mediados de noviembre, el Gobierno asturiano anunció, tras la presión social, que no renovaría los contratos con la farmacéutica, mientras que Navarra no prorrogará el contrato de tres fármacos suministrados por Teva y estudia el cese del resto de contratos.

“El boicot es necesario y funciona” enfatiza el doctor Pablo Simón, médico de la localidad de Chauchina en Granada. Por dichas declaraciones, una entidad sionista denunció a este facultativo como parte de “un ejercicio de intimidación”. Sin embargo, el Colegio de Médicos de Granada archivó la querella tras la presión de cientos de personas y organizaciones.

Adhesiones y participación

En tan solo diez días, más de 240 organizaciones sociales, sindicatos y partidos políticos se han adherido a la iniciativa. La campaña se estrena con una página web en la que se enumeran las razones para hacer boicot a Teva, con informes detallados que pretenden sacar a la luz los lazos de la farmacéutica con el sionismo y el genocidio. También se puede encontrar información dirigida a diferentes colectivos, así como materiales para su difusión.

Con esta acción, las organizaciones firmantes buscan romper la cadena de complicidad con Israel desde la calle, la consulta, la farmacia y las instituciones, utilizando la herramienta del boicot, que consideran legítima e histórica.

Que tus medicamentos no sean balas

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La Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo del Ayuntamiento de Madrid sigue amenazando con desahuciar a la activista de 77 años.

Foto: Álvaro Minguito • El Salto

La presión social y la organización colectiva han logrado paralizar el desahucio de Paca Blanco, histórica activista social, ecologista y feminista. Esta suspensión supone una victoria fruto de la movilización y del respaldo de más de 150 organizaciones y colectivos de todo el Estado, pero no pone fin al conflicto: Paca sigue en riesgo inminente de desahucio.

Paca Blanco, militante histórica de Ecologistas en Acción y Anticapitalistas, recibió una orden de desahucio por parte del Ayuntamiento de Madrid y la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS), pese a llevar años solicitando la regularización de su situación mediante la subrogación del contrato y habiendo abonado el alquiler durante el último año.

El amplio apoyo social recibido –de sindicatos, movimientos por la vivienda, organizaciones ecologistas, colectivos de pensionistas y asociaciones vecinales– demuestra que el caso de Paca no es una excepción, sino la expresión de una política estructural que expulsa a las clases populares de sus barrios y convierte la vivienda en un negocio al servicio de unos pocos.

La paralización del desahucio no puede interpretarse como una solución, sino como una tregua arrancada por la movilización que nos da fuerza para seguir luchando. Por ello, las organizaciones firmantes advierten de que seguirán organizándose y movilizándose hasta que se reconozca definitivamente el derecho de Paca a permanecer en su hogar, con un alquiler social adecuado a sus ingresos.

Además, a lo largo de los días, la información que ha recibido Paca a través de Servicios Sociales, Juzgados y la Empresa Municipal de Vivienda ha sido contradictoria e insuficiente. La propia paralización no se ha recibido por escrito, sino que los escritos judiciales en los que se afirma la suspensión han sido enviados a periodistas a la vez que se negaba el acceso a los mismos a la persona que reside en la vivienda.

Mientras tanto, los desahucios siguen produciéndose a diario. Gobiernos estatales, autonómicos y municipales continúan protegiendo este modelo injusto, como se ha visto recientemente en el desahucio de cerca de un centenar de personas de un bloque propiedad de la SAREB en Villalba. Un nuevo ejemplo de cómo las instituciones priorizan los intereses inmobiliarios frente al derecho a una vivienda digna.

El intento de desahucio de Paca Blanco tiene además una enorme carga social y simbólica. A sus 77 años y con un estado de salud delicado, se pretende expulsar de su casa a una mujer que ha dedicado toda su vida a la defensa del territorio, del medio ambiente y de los derechos colectivos. Su trayectoria vital está marcada por la lucha social, la precariedad y la represión, desde el internamiento forzoso en instituciones del franquismo como el Patronato de Protección a la Mujer hasta la persecución por su oposición a proyectos especulativos como el resort de lujo Marina Isla de Valdecañas.

Defender a Paca Blanco es defender el derecho a la vivienda de toda la clase trabajadora. Se exige la retirada definitiva del desahucio, el reconocimiento de su derecho a la subrogación del contrato y el acceso a un alquiler social justo. La vivienda no puede seguir siendo un privilegio ni un instrumento de expulsión: es un derecho fundamental que seguirá defendiéndose en las calles y en los barrios.

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• Las entidades trasladan a la representante europea las siguientes preocupaciones con el objetivo de que, desde Europa, no se den pasos atrás en la protección de la biodiversidad: Directiva Marco del Agua, desregularización, financiación, Reglamento de Restauración, de Deforestación, así como la Directiva de Aves y de Hábitats.
• Representantes de Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF exponen sus demandas a la comisaria europea de Medio Ambiente durante un encuentro celebrado en el marco de la visita institucional de la responsable europea en España.

Las cinco principales organizaciones ecologistas de ámbito estatal, Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF, junto a las fundaciones CONAMA, ECODES y Global Nature, solicitan a la comisaria europea de Medio Ambiente, Jessika Roswall, que no impulse modificaciones en la Directiva Marco del Agua (DMA). Además, las entidades trasladan su máxima preocupación por otros temas ambientales que están perdiendo garantías desde Europa.

La actual desregularización con el paquete ómnibus, la falta de financiación y las modificaciones planteadas en el Reglamento de Restauración y de Deforestación, así como en la Directiva de Aves y de Hábitats son los temas centrales que las organizaciones han expresado a la representante europea.

Entre ellos, las entidades inciden en su preocupación ante una posible revisión de la Directiva Marco del Agua, la cual consideran la norma europea más importante para la protección de ríos, acuíferos, lagos y humedales. La directiva establece como objetivo alcanzar el “buen estado ecológico” de las masas de agua en la Unión Europea. Este principio ha sido clave para mejorar la calidad de los ecosistemas acuáticos y reforzar la gestión sostenible de los recursos hídricos.

A juicio de las organizaciones, modificar la directiva podría suponer un debilitamiento de los mecanismos de control y prevención, con mayores riesgos de contaminación y sobreexplotación tanto de aguas superficiales como subterráneas. Asimismo, insisten en que una rebaja de estándares comprometería funciones esenciales de adaptación frente a inundaciones y sequías extremas, fenómenos cada vez más frecuentes e intensos en un contexto de crisis climática.

Las organizaciones ambientales también alertan de que una revisión a la baja podría traducirse en una disminución de la protección de hábitats y especies vinculadas a los ecosistemas acuáticos y a los humedales, muchos de ellos ya sometidos a fuertes presiones. En este sentido, subrayan que la simplificación normativa no puede convertirse en un argumento para reducir estándares ambientales en un ámbito tan estratégico para la salud pública, la biodiversidad y la resiliencia económica.

Las organizaciones expresan además su inquietud ante las distintas iniciativas legislativas conocidas como “ómnibus” que está promoviendo la Comisión Europea. Según señalan, bajo la premisa de simplificar la regulación, estas propuestas estarían reduciendo el alcance y la ambición de marcos normativos ambientales consolidados.

Entre las medidas que generan mayor preocupación se encuentran la denominada ómnibus de alimentos y piensos, que podría flexibilizar el uso de pesticidas; el anunciado “test” a la Directiva de Aves y Hábitats, que podría rebajar los niveles de protección de ecosistemas y especies amenazadas; y las posibles trabas a la entrada en vigor del Reglamento europeo sobre productos libres de Deforestación (EUDR), considerado pionero a nivel mundial y cuya modificación podría comprometer su efectividad.

Por último, las organizaciones reclaman que el nuevo Marco Financiero Plurianual garantice una línea financiera independiente y estable para el programa LIFE, gestionado directamente por la Comisión Europea, tal como ha ocurrido en los últimos años. Recuerdan así que el programa LIFE es el único instrumento financiero específico de la UE para cofinanciar proyectos de conservación del medio ambiente y acción climática, además, de ser determinante en la recuperación de especies emblemáticas como el lince ibérico, el oso pardo o el águila imperial, así como en la restauración de humedales y otros ecosistemas estratégicos.

Las organizaciones insisten en que la UE debe reforzar, en lugar de debilitar, los marcos regulatorios de protección hídrica y de biodiversidad como la única forma de sostener la transición ecológica.

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• El manifiesto reúne el apoyo de sindicatos, movimientos de vivienda, organizaciones ecologistas, colectivos de pensionistas y asociaciones vecinales de todo el Estado.
• Las firmantes exigen la paralización inmediata del desahucio previsto para el próximo lunes 23 de febrero.
• Paca Blanco, de 77 años, se enfrenta a una orden de desahucio de la EMVS tras más de diez años residiendo en una vivienda pública en la que ha intentado regularizar su situación.

Paremos el desahucio de Paca • 23 de febrero

Más de 150 organizaciones y colectivos de todo el Estado han firmado el manifiesto de apoyo a Paca Blanco. Denuncian la orden de desahucio recibida por la histórica activista y exigen al Ayuntamiento de Madrid y a la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) que reconozcan su derecho a permanecer en su hogar.

El manifiesto, suscrito por sindicatos, movimientos de vivienda, organizaciones ecologistas, colectivos de pensionistas y asociaciones vecinales, señala que el caso de Paca Blanco no es un hecho aislado, sino la expresión de una dinámica estructural que expulsa a las clases populares de sus barrios.

“Paca Blanco es la cara visible de esta práctica descarnada que despoja a muchas personas de un derecho esencial: una vivienda digna”, destacan las organizaciones firmantes.

Recuerdan la trayectoria de Paca como referente en las luchas sociales, ecologistas, feministas y por el derecho a la vivienda. Subrayan su compromiso sostenido durante décadas en defensa del territorio, el medio ambiente y la dignidad de las personas. El intento de desahucio supone una injusticia especialmente grave contra una persona que ha dedicado su vida a la defensa del bien común.

El amplio respaldo recibido refleja el reconocimiento social hacia Paca Blanco y la creciente preocupación por la crisis de vivienda. Desde las organizaciones firmantes se insiste en que la solución es clara y está al alcance de las instituciones: paralizar el desahucio, reconocer su derecho a la subrogación en el contrato y garantizar un alquiler social adecuado a sus ingresos, tal como ella misma ha solicitado durante años.

Las firmantes concluyen que la defensa de Paca es también la defensa de un derecho fundamental. Como señala el manifiesto, reconocer su derecho a permanecer en su hogar implica defender el derecho a la vivienda de toda la clase trabajadora y garantizar condiciones de vida dignas para todas las personas.

Una vida de lucha frente a un nuevo desahucio

Paca Blanco se fue a vivir junto a su hijo al piso de la EMVS que le habían adjudicado. Su hijo se marchó y desde ese momento Paca intentó subrogarse en el contrato. Ha tratado que el Ayuntamiento de Madrid le permita regularizar su situación, algo que se le ha negado, a pesar de haber pagado el alquiler durante el último año.

La trayectoria de Paca ha estado marcada por el compromiso social desde el ecologismo, la lucha antinuclear y el movimiento de vivienda. Su vida ha estado también atravesada por la precariedad y la persecución política. De joven sufrió el internamiento forzado en instituciones del franquista Patronato de Protección a la Mujer. Años después fue expulsada de su vivienda, en la localidad extremeña de El Gordo, cuando era coordinadora de Ecologistas en Acción en ese territorio y lideraba la campaña contra el resort de lujo Marina de Valdecañas.

A sus 77 años y con un estado de salud delicado, Paca se enfrenta ahora a una orden de desahucio, prevista para el próximo lunes 23 de febrero. De hacerse efectivo, la empujarían a la calle o a un nuevo internamiento en una institución para mayores.

Las organizaciones y personas firmantes advierten de que el desahucio de Paca Blanco tendría una enorme gravedad social y simbólica. Como recoge el manifiesto, “Paca lleva toda su vida defendiendo lo que es de todas. […] Exigimos que se reconozca su derecho, y con ella el de toda la clase trabajadora, a una vivienda digna, con un alquiler social adecuado a sus ingresos, y a una vida decente para todas las personas”.

Manifiesto por el derecho a la vivienda: no al desahucio de Paca Blanco

Una vez más nos enfrentamos a un desahucio. No es el primero, pero debería ser el último.

Nuestra compañera Paca Blanco es la cara visible de esta práctica descarnada que despoja a muchas personas –hoy le toca a ella– de un derecho esencial: una vivienda digna.

Ciudades como Madrid se han convertido en centrifugadoras que expulsan a las personas a través de procesos de gentrificación, turistificación y conversión de la propia ciudad, hasta su último rincón. El mercado de la vivienda se constituye en uno de los elementos de generación de riqueza y desigualdad más importantes, dejando el valor social de la vivienda en una caricatura.

El uso financiero de la vivienda es una lucha de clases porque constituye un mercado en el que los grandes capitalistas generan beneficios extremos, las clases medias copan parte del pastel acumulando inversiones mientras las clases populares se ven expulsadas.

La ley no protege a los sectores que realmente lo necesitan, tampoco las medidas paliativas como los decretos de escudo social: el caso de Paca forma parte de la mayoría de desahucios judiciales (tres de cada cuatro), que no se están viendo detenidos por estas medidas. La vivienda social es insuficiente y la construcción de vivienda protegida, en muchos casos, solo ha sido una forma de garantizar el negocio de venta de vivienda para las clases medias.

Ante esto, los movimientos de vivienda han desempeñado un papel central en la lucha por mantener y recuperar este derecho esencial. La histórica ecologista Paca Blanco llega a estos movimientos de lucha por la vivienda hace más de 10 años. Hasta ese momento, su papel contra las centrales nucleares, contra las falacias de las grandes corporaciones energéticas, contra el desastre medioambiental que representa el resort de lujo Marina Isla Valdecañas, sus reivindicaciones feministas, su militancia política y su activismo en defensa del territorio y la naturaleza la habían llevado a enfrentarse, en no pocas ocasiones con graves consecuencias personales, con los poderes fácticos.

Paca es una de las miles de historias de precariedad: una mujer que ha trabajado toda su vida, se ha entregado a luchas ecologistas y sociales y ha sacado adelante a cinco hijos. Una mujer con una actividad social de primer nivel y que tiene el reconocimiento de sus compañeras en Madrid, en Extremadura y en todo el Estado español. Paca sufrió el internamiento en el Patronato de la Mujer del franquismo, donde miles de niñas y mujeres fueron encarceladas y torturadas sin proceso ni defensa, donde se robaron niños y se intentó disciplinar a las mujeres de las clases más desfavorecidas. Paca no se dejó disciplinar, pero hereda la persecución a la que toda su clase ha sido sometida: precarización laboral, dificultades económicas y carencia de vivienda. No es la primera vez: Paca ya fue expulsada de una vivienda que había comprado en El Gordo, Extremadura, cuando era coordinadora de Ecologistas en Acción en ese territorio y lideraba la campaña contra el resort de lujo Marina de Valdecañas. Ello le costó la persecución política y la agresión de los sectores más reaccionarios, que la amenazaron e intentaron quemar su vivienda.

Desde entonces, Paca vive en una vivienda de la EMVS que le habían adjudicado a su hijo. Ella lleva años tratando de subrogarse en el contrato y hacer frente al pago de la renta mensual sin que el Ayuntamiento de Madrid y en concreto la EMVS se lo haya permitido, en la línea por desgracia habitual que afecta a centenares de casos más de precaristas en viviendas municipales madrileñas. Ahora quieren desahuciar a Paca. Otra vez las instituciones intentan doblegarla, arrebatándole su hogar y empujándola a la calle o a un nuevo internamiento en una institución para mayores.

Paca representa a los colectivos de vivienda, al ecologismo, a la lucha antinuclear y a la lucha política.

Paca lleva toda su vida defendiendo lo que es de todas. Ahora, esos mismos colectivos y luchas junto al resto de firmantes de este manifiesto, exigimos que se reconozca su derecho, y con ella el de toda la clase trabajadora, a una vivienda digna, con un alquiler social adecuado a sus ingresos, y a una vida decente para todas las personas.

Paca somos todas.

 

Paremos el desahucio de Paca • 23 de febrero

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• Una delegación del Parlamento Europeo visitará el Parque Nacional de Cabañeros y la central nuclear de Almaraz el 16 y 17 de febrero.
• La delegación excluye a organizaciones ecologistas y carece de pluralidad política, territorial y de género.
• Ecologistas en Acción denuncia el uso partidista de los órganos del Parlamento Europeo.

Una delegación de eurodiputados visitará la central nuclear de Almaraz y el Parque Nacional de Cabañeros entre el 16 y el 17 de febrero. Sobre el papel, la visita pretende recoger información de primera mano y equilibrada y completa sobre las implicaciones del cierre de Almaraz y una denuncia sobre el efecto de la ausencia de caza en Cabañeros.

Ecologistas en Acción denuncia el carácter sesgado y partidista de esta visita, que rompe con la tradición de pluralidad, respeto a los procesos democráticos y a las competencias de las diferentes administraciones.

En primer lugar, esta delegación, está formada exclusivamente por hombres, con una clara mayoría de representantes de ultraderecha y de un mismo país, sin cumplir criterios básicos de pluralidad política, territorial ni de género.

La visita se produce en el marco de peticiones ya evaluadas por la Comisión Europea. La referida al Parque Nacional de Cabañeros, la Comisión ha emitido un informe en el que concluye que no ve razones para tomar acciones desde una institución europea. Por otro lado, Miguel Ángel Hernández, portavoz de Ecologistas en Acción de Toledo, añade: “La actividad cinegética que se ha venido desarrollando hasta diciembre de 2020 ha generado impactos que todavía son evidentes en el terreno y en la situación de los ungulados en el parque nacional”.

En el caso de Almaraz, la Comisión aún no ha enviado su respuesta oficial por escrito, aunque ya adelantó que la decisión sobre su cierre corresponde al Gobierno de España y se ajusta a la normativa europea.

“Hasta ahora, siempre habíamos visto como las peticiones se cerraban cuando la Comisión dictaminaba que no había caso. Aquí hay una clara intención de mantenerla para ejercer presión política, sin ninguna razón técnica”, explica Nuria Blázquez, responsable de Internacional de Ecologistas en Acción.

Pese a ello, se ha decidido organizar una de las dos únicas visitas que organiza cada semestre la comisión de peticiones, un hecho excepcional que indica la preocupante instrumentalización política.

Ecologistas en Acción lamenta, además, que en esta ocasión no se haya invitado a las organizaciones ecologistas, rompiendo con la práctica habitual de escuchar a todas las partes implicadas.

“Han convertido la comisión de peticiones en un chiringuito al servicio de sus intereses políticos, en lugar de la puerta de entrada de demandas de la ciudadanía que solía ser”, declara Julio César Pintos, portavoz de Ecologistas en Acción en Extremadura.

Desde Ecologistas en Acción se reclama al Parlamento Europeo transparencia, rigor y equilibrio en sus investigaciones, especialmente en asuntos tan sensibles como la energía nuclear y la protección de los espacios naturales.

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• Los líderes de la Unión Europea se reúnen para hablar de “competitividad”, bajo la presión del mayor ‘lobby’ empresarial europeo.
• Ecologistas en Acción denuncia que se está utilizando este concepto como excusa para debilitar la protección de las personas y de la naturaleza.

(c) Martin Corlazzoli

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, reúne hoy en un retiro informal, en un castillo cercano a Bruselas, a los jefes de Estado y de Gobierno de la UE. El encuentro tiene como objetivo debatir sobre la competitividad de la Unión.

La reunión se celebra en el momento en el que se han anunciado numerosas propuestas legislativas para reducir la protección ambiental, social y de salud de la población europea. Ya hay aprobados o en tramitación diez paquetes de recortes a la legislación que protege el medio ambiente y la salud de las personas. Ecologistas en Acción se suma a las principales organizaciones ambientales europeas para denunciar que, con estas acciones, la UE está favoreciendo a las empresas más contaminantes en detrimento de los derechos, la seguridad y la calidad de vida de la ciudadanía.

“Llevamos un año de recortes en las normas ambientales. Las instituciones europeas están debilitando leyes que costaron muchos años y esfuerzo aprobar. Estas decisiones benefician a las grandes empresas, a menudo por encima de la salud de las personas, como en el caso de la regulación de sustancias tóxicas”, ha señalado Erika González Briz coordinadora de Ecologistas en Acción. Este encuentro estará fuertemente condicionado por la presencia de los principales lobbies empresariales de Europa (BusinessEurope), aquellas corporaciones más interesadas en acabar con la regulación que protege a las personas y al medio ambiente, según han señalado las organizaciones ambientales en Bruselas.

La coalición europea Hands Off Nature (“Quitad vuestras manos de la naturaleza”), formada por varias organizaciones europeas, entre las que se cuenta Ecologistas en Acción, considera que esta deriva de desregulación ambiental no responde a las preocupaciones reales de la ciudadanía, como el aumento del coste de la vida, la seguridad o los desastres provocados por el cambio climático y la pérdida de biodiversidad.

De hecho, el rechazo social va en aumento. En poco más de una semana, estas organizaciones han reunido 177.000 firmas para exigir que no se debiliten las leyes medioambientales.

“Mientras la ciudadanía reclama aire limpio, espacios naturales sanos, agua segura y un futuro estable, los líderes europeos están dando marcha atrás y cediendo a las presiones de los contaminantes”, ha denunciado Nuria Blázquez, responsable internacional de la organización.

Mi salud y la naturaleza no están en venta

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• La vivienda en la que reside Paca Blanco desde hace más de 10 años fue adjudicada a su hijo. A pesar de que Blanco ha intentado regularizar su situación, la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo del Ayuntamiento de Madrid pretende desahuciar a la conocida activista. 
• Paca Blanco es un referente unánime dentro de las luchas que se han producido durante las últimas décadas en defensa del medio ambiente y de la dignidad de las personas que, como ella, no han tenido una vida fácil.
• Colectivos de vivienda, ecologistas y anticapitalistas de todo el Estado español exigen que se reconozca el derecho de Paca Blanco, y con ella el de toda la clase trabajadora, a una vivienda digna, con un alquiler social adecuado a sus ingresos.

Foto: Álex Gallegos • Cordópolis

Un juzgado de primera instancia de Madrid ha enviado a Paca Blanco, de 77 años, una orden de desahucio de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) del Ayuntamiento de Madrid. Tras más de una década residiendo en una vivienda que la EMVS adjudicó a su hijo, y a pesar de intentar regularizar su situación, la EMVS quiere desahuciar a la histórica activista.

Una batalla de clases

La cuestión de la vivienda es uno de los núcleos de la batalla política y social en el Estado español, y es así porque el mercado de vivienda se constituye en uno de los elementos de generación de riqueza y desigualdad más importantes. Además, el impacto del turismo masivo ha sido enorme en los últimos años y ha multiplicado el uso especulativo de la vivienda, dejando el valor social de la vivienda en una caricatura.

El uso financiero de la vivienda es una lucha de clases porque constituye un mercado en el que los grandes capitalistas generan beneficios extremos, las clases medias copan parte del pastel acumulando inversiones mientras las clases populares se ven expulsadas.

La ley no protege a los sectores que realmente lo necesitan. La vivienda social es insuficiente y la construcción de vivienda protegida, en muchos casos, solo ha sido una forma de garantizar el negocio de venta de vivienda para clases medias.

Paca se fue a vivir junto a su hijo al piso de la EMVS que le habían adjudicado. Su hijo se marchó y desde ese momento Paca intentó subrogarse en el contrato de alquiler. Paca ha vivido y vive allí legítimamente, tratando desde hace años de que el ayuntamiento la reconozca y le permita pagar el alquiler social correspondiente y regularizar su situación. Pero no ha sido así: el Ayuntamiento de Madrid se lo ha negado durante años, y el último año, cuando ha podido pagarlo, lo ha hecho, pero no la han reconocido como inquilina de la vivienda pública por la que envía una renta cada mes.

Paca es una de las miles de historias de precariedad: una mujer que ha trabajado toda su vida, se ha entregado a luchas ecologistas y sociales y ha sacado adelante a cinco hijos. Una mujer con una actividad social de primer nivel y que tiene el reconocimiento de sus compañeras en Madrid, en Extremadura y en todo el Estado español.

Paca sufrió el internamiento en el Patronato de la Mujer del franquismo, donde miles de niñas y mujeres fueron encarceladas y torturadas sin proceso ni defensa, donde se robaron niños y se intentó disciplinar a las mujeres de las clases más desfavorecidas.

Paca no se dejó disciplinar, pero hereda la persecución a la que toda su clase ha sido sometida: precarización laboral, dificultades económicas y carencia de vivienda. No es la primera vez: Paca ya fue expulsada de una vivienda que había comprado en El Gordo, Extremadura, cuando era coordinadora de Ecologistas en Acción en ese territorio y lideraba la campaña contra el resort de lujo Marina de Valdecañas. Ello le costó la persecución política y la agresión de los sectores más reaccionarios, que la amenazaron e intentaron quemar su vivienda.

Otra vez las instituciones intentan doblegar a Paca, arrebatándole su hogar y empujándola a la calle o a un nuevo internamiento en una institución para mayores.

Paca representa a los colectivos de vivienda, al ecologismo, a la lucha antinuclear y a la lucha política. Ahora, esos mismos colectivos y luchas exigen que se reconozca su derecho, y con ella el de toda la clase trabajadora, a una vivienda digna, con un alquiler social adecuado a sus ingresos, y una vida decente para todas las personas.

Paca somos todas.

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¡Extremadura rural viva! – ¡Agila!

Del 28 de marzo al 5 de abril de 2026 celebramos una nueva edición de la Ecomarcha de primavera, que este año recorrerá la Extremadura rural de la provincia de Cáceres. A lo largo de una semana pedalearemos aproximadamente 250 km, comenzando en la ciudad de Cáceres y finalizando en Plasencia, atravesando dehesas, pueblos y caminos rurales.

La Ecomarcha es una acción colectiva que combina movilidad sostenible, convivencia y reivindicación social. Durante el recorrido compartiremos experiencias con colectivos locales y visibilizaremos conflictos socioambientales que afectan al territorio, defendiendo un modelo de medio rural vivo, diverso y con futuro, frente al abandono, la despoblación y los intereses económicos que amenazan estos territorios. El recorrido puede consultarse en este mapa, y el detalle de cada una de ellas está disponible en nuestro perfil de Wikiloc.

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La Ecomarcha es la marcha ciclo-ecologista organizada por Ecologistas en Acción que se celebra desde 2011. No es una competición deportiva: el ritmo es accesible y está pensado para pedalear en grupo, cuidando a las personas y el entorno. Es una experiencia colectiva en la que tan importantes son las pedaladas como los espacios de encuentro, reflexión y apoyo mutuo.

Con el objetivo de seguir construyendo un espacio abierto y diverso, en esta edición el orden de inscripción no será el único criterio para participar. Además del orden de llegada de las preinscripciones, se valorarán otros aspectos relacionados con la vinculación con Ecologistas en Acción, la experiencia previa y la participación de personas y colectivos históricamente infrarepresentados. Esta decisión es fruto de un proceso de reflexión colectiva desarrollado en los últimos años, y busca ampliar la diversidad y el cuidado del grupo.

El formulario de preinscripción estará disponible hasta el 15 de febrero de 2026. Durante la semana posterior se revisarán las solicitudes y se realizará la selección de participantes. Las personas seleccionadas serán contactadas para formalizar la inscripción y realizar el pago.

Para cualquier consulta, puedes echarle un vistado las dudas más frecuentes o escribirnos a ecomarcha[arroba]ecologistasenaccion.org.

Inscríbete a la Ecomarcha

Campaña financiada con el apoyo del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

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Ecologistas en Acción exige la no renovación de las bases de Rota y Morón
· El convenio vigente que regula la presencia de Estados Unidos en las bases militares de Rota y Morón vence el 22 de mayo de 2026.

· Ecologistas en Acción publica un manifiesto en el que exige que no se renueven estas instalaciones en el nuevo convenio.

·La organización ecologista anuncia que esta será también una de las reivindicaciones que se exigirán en las próximas movilizaciones descentralizadas contra el genocidio en Palestina de los días 28, 29 y 30 de noviembre.

El convenio entre Estados Unidos y España se firmó por primera vez el 1 de diciembre de 1988. Desde entonces, fue enmendado y prorrogado varias veces con un periodo de vigencia de ocho años a partir del 21 de mayo del 2013, fecha desde  la que se prorroga de manera automática por períodos anuales, salvo que alguna de las partes lo quiera denunciar.

Por ello, y coincidiendo con el papel de Estados Unidos en el genocidio en Palestina, Ecologistas en Acción considera que es un buen momento para que el Gobierno español traslade sus declaraciones pacifistas sobre Palestina a hechos y denuncie el acuerdo con Estados Unidos.

A continuación se transcribe el manifiesto de la organización ecologista.

No a la renovación de las bases de Rota y Morón

Las bases militares de Estados Unidos en el mundo tienen un papel directo en el genocidio contra el pueblo palestino. El convenio permite el envío de armas a Israel, pese al embargo. La gran potencia mundial guerrera y ofensiva es la autora directa o instigadora de decenas de casos de crímenes contra la humanidad. Así ha sido desde el fin de la II guerra mundial (incluso desde antes), tal y como se explica en ‘El imperio ha estado siempre aquí’.  No son bases para la seguridad ni para la defensa.

La situación mundial se asemeja cada vez más a la del terrible momento de la historia en el que las grandes potencias dejaron hacer o alentaron a Hitler, Franco y Musolini.

Nuestro grito permanente “Otan No, bases fuera”, en todas las movilizaciones en las que participamos tiene aún más sentido hoy, en estos días en que es evidente que Estados Unidos ya está actuando sin disimulo ni control alguno. Esto ya fue evidente en su devastadora invasión sobre Iraq y Afganistán. El uso de las bases por parte de la CIA para trasladar a presos a sus cárceles secretas, en las que fueron torturados y no tuvieron garantías judiciales, no puede olvidarse.

Ecologistas en Acción siempre hemos argumentado que el regalo de nuestro territorio a una potencia ofensiva cada vez más descontrolada, no es solo una sumisión brutal de nuestra soberanía, sino que nos hace cómplices de los actos contra la humanidad y de los genocidios, además de poner nuestra propia seguridad en peligro, enemistándonos con los pueblos agredidos, colocándonos en el lado “malo” de la historia. Tener aquí esas bases militares va contra los valores del pacifismo y contra la naturaleza.

El convenio vigente que regula la presencia de Estados Unidos en las bases militares de Rota y de Morón vence exactamente el 22 de mayo de 2026. Este convenio fue firmado  el 1 de diciembre de 1988; y fue enmendado y prorrogado varias veces con un periodo de vigencia de ocho años a partir del 21 de mayo del 2013. Desde entonces, se ha prorrogado de manera automática por períodos anuales, salvo que alguna de las partes lo quiera denunciar.

Durante estos años, las dos bases han seguido modernizando, ampliando y adaptando los muelles para desembarco de barcos españoles y estadounidenses. Gracias a ello, puede servir de lanzadera militar hacia el suroeste asiático, esperándose la llegada de las fragatas F-110 a la base de Rota. De hecho, la ministra Margarita Robles confirmó que Estados Unidos usa aviones cisterna para reabastecer a sus aviones que van destino al Oriente medio, Gaza e Irán.

Por todo ello, ahora es un buen momento para que el Gobierno español traslade su retórica pacifista en Palestina a hechos, y gestione la no renovación del acuerdo con Estados Unidos.

Denunciar el convenio de las bases de Morón y Rota debe volver a ser una clara reivindicación de la sociedad española. Así lo pedimos también en las movilizaciones previstas para los próximos días 28, 29 y 30 de noviembre.

Manifiesto en la web:ecologistasenaccion.org/351855

Ecologistas en Acción exige la no renovación de las bases de Rota y Morón
· El convenio vigente que regula la presencia de Estados Unidos en las bases militares de Rota y Morón vence el 22 de mayo de 2026.

· Ecologistas en Acción publica un manifiesto en el que exige que no se renueven estas instalaciones en el nuevo convenio.

·La organización ecologista anuncia que esta será también una de las reivindicaciones que se exigirán en las próximas movilizaciones descentralizadas contra el genocidio en Palestina de los días 28, 29 y 30 de noviembre.

El convenio entre Estados Unidos y España se firmó por primera vez el 1 de diciembre de 1988. Desde entonces, fue enmendado y prorrogado varias veces con un periodo de vigencia de ocho años a partir del 21 de mayo del 2013, fecha desde  la que se prorroga de manera automática por períodos anuales, salvo que alguna de las partes lo quiera denunciar.

Por ello, y coincidiendo con el papel de Estados Unidos en el genocidio en Palestina, Ecologistas en Acción considera que es un buen momento para que el Gobierno español traslade sus declaraciones pacifistas sobre Palestina a hechos y denuncie el acuerdo con Estados Unidos.

A continuación se transcribe el manifiesto de la organización ecologista.

No a la renovación de las bases de Rota y Morón

Las bases militares de Estados Unidos en el mundo tienen un papel directo en el genocidio contra el pueblo palestino. El convenio permite el envío de armas a Israel, pese al embargo. La gran potencia mundial guerrera y ofensiva es la autora directa o instigadora de decenas de casos de crímenes contra la humanidad. Así ha sido desde el fin de la II guerra mundial (incluso desde antes), tal y como se explica en ‘El imperio ha estado siempre aquí’.  No son bases para la seguridad ni para la defensa.

La situación mundial se asemeja cada vez más a la del terrible momento de la historia en el que las grandes potencias dejaron hacer o alentaron a Hitler, Franco y Musolini.

Nuestro grito permanente “Otan No, bases fuera”, en todas las movilizaciones en las que participamos tiene aún más sentido hoy, en estos días en que es evidente que Estados Unidos ya está actuando sin disimulo ni control alguno. Esto ya fue evidente en su devastadora invasión sobre Iraq y Afganistán. El uso de las bases por parte de la CIA para trasladar a presos a sus cárceles secretas, en las que fueron torturados y no tuvieron garantías judiciales, no puede olvidarse.

Ecologistas en Acción siempre hemos argumentado que el regalo de nuestro territorio a una potencia ofensiva cada vez más descontrolada, no es solo una sumisión brutal de nuestra soberanía, sino que nos hace cómplices de los actos contra la humanidad y de los genocidios, además de poner nuestra propia seguridad en peligro, enemistándonos con los pueblos agredidos, colocándonos en el lado “malo” de la historia. Tener aquí esas bases militares va contra los valores del pacifismo y contra la naturaleza.

El convenio vigente que regula la presencia de Estados Unidos en las bases militares de Rota y de Morón vence exactamente el 22 de mayo de 2026. Este convenio fue firmado  el 1 de diciembre de 1988; y fue enmendado y prorrogado varias veces con un periodo de vigencia de ocho años a partir del 21 de mayo del 2013. Desde entonces, se ha prorrogado de manera automática por períodos anuales, salvo que alguna de las partes lo quiera denunciar.

Durante estos años, las dos bases han seguido modernizando, ampliando y adaptando los muelles para desembarco de barcos españoles y estadounidenses. Gracias a ello, puede servir de lanzadera militar hacia el suroeste asiático, esperándose la llegada de las fragatas F-110 a la base de Rota. De hecho, la ministra Margarita Robles confirmó que Estados Unidos usa aviones cisterna para reabastecer a sus aviones que van destino al Oriente medio, Gaza e Irán.

Por todo ello, ahora es un buen momento para que el Gobierno español traslade su retórica pacifista en Palestina a hechos, y gestione la no renovación del acuerdo con Estados Unidos.

Denunciar el convenio de las bases de Morón y Rota debe volver a ser una clara reivindicación de la sociedad española. Así lo pedimos también en las movilizaciones previstas para los próximos días 28, 29 y 30 de noviembre.

Manifiesto en la web:ecologistasenaccion.org/351855

Ni un euro para la guerra, no rotundo al incremento del gasto militar.

Fuera bases, salida de la OTAN.

Basta de complicidad con el genocidio, ruptura de relaciones con Israel.

Gastos militares para casas, escuelas y hospitales.

Manifiesto de la Plataforma Andaluza por la Paz, contra el Rearme y la Guerra.

• Día: sábado, 24 de mayo.
• Lugar: Puente de Triana (Sevilla).
• Hora: 12 horas.
  
  Organiza: Mujeres de Negro contra la Guerra. Isbilya.
  Colaboran: Asamblea Feminista Unitaria.
  Gracias a CGT por el equipo de sonido y a USTEA por la cartelería.
• #fueralaguerradelahistoria #porlapazyeldesarme #marchademujeres

Sábado, 17 de mayo a las 11:30 h.

Un proyecto de digitalización audiovisual sobre el movimiento antimilitarista.

Lugar: Cortijo de la Albarrana (Parque Miraflores).

• 11:30 h. Presentación de la Colección Insumisión. La Digitalizadora de la Memoria Colectiva (Propuestas, procesos y proyecciones). Exposición de «refotos» por Antonio Pérez.
• 12:30 Todas las voces: MIrada retrospectiva: nuevos análisis, programa de respuestas a las nuevas y viejas realidades militaristas.
• 14:00 h. Comida y Bebercio.
• 17:00 h. Romancero Insumiso. Reposición del romancero Insumiso por Rocío Pozo.
• 18:00 h. Concierto. Flamenco. Willy Leal y Antonio Fernández. Malfario.

Organiza: La Digitalizadora de la Memoria Colectiva y MOC Sevilla.

No hay camino para la Paz, la Paz es el camino. No le demos al mundo armas contra nosotr@s, porque las utilizará.

Reafirmamos más que nunca nuestro rechazo a cualquier incremento del gasto militar, que perpetúa la lógica de la violencia como vía para resolver conflictos. En un momento de emergencia ecológica y social sin precedentes, es inaceptable malgastar recursos públicos en la industria armamentística en lugar de proteger el planeta y garantizar derechos fundamentales como la vivienda, la educación y la sanidad.

Ecologistas en Acción rechaza frontalmente la carrera armamentista desatada por la Unión Europea.

Como organización ecologista, social y pacifista, defendemos la vida y nos posicionamos radicalmente contra las guerras y el militarismo, que solo generan destrucción y sufrimiento.
https://www.ecologistasenaccion.org/335812/ecologistas-en-accion-contra-el-incremento-masivo-del-gasto-militar-y-el-regimen-de-guerra-en-la-union-europea/

A veces es bueno ver el mundo desde otra perspectiva.

Reafirmamos más que nunca nuestro rechazo a cualquier incremento del gasto militar, que perpetúa la lógica de la violencia como vía para resolver conflictos. En un momento de emergencia ecológica y social sin precedentes, es inaceptable malgastar recursos públicos en la industria armamentística en lugar de proteger el planeta y garantizar derechos fundamentales como la vivienda, la educación y la sanidad.

• Día: sábado, 24 de mayo.
• Lugar: Puente de Triana (Sevilla).
• Hora: 12 horas.
  
  Organiza: Mujeres de Negro contra la Guerra. Isbilya.
  Colaboran: Asamblea Feminista Unitaria.
  Gracias a CGT por el equipo de sonido y a USTEA por la cartelería.
• #fueralaguerradelahistoria #porlapazyeldesarme #marchademujeres