Hemos politizado cosas muy importantes como son el comer, el amar o el hablar. Y lo hacemos porque vemos que son necesarias para la construcción de un mundo mejor. Uno que se nos aparece como deseo que yace latente bajo el embrujo de la eficiencia y el control, esa magia podrida que es el capitalismo como única forma posible de vida. Por eso necesitamos recuperar palabras como utopía, política, derechos… Hay mucho de utopía en verbalizar «un mundo mejor» porque esa expresión trae consigo la construcción de unos fundamentos compartidos con los que construir un mundo digno de ser vivido.
En ese compartir formas de entender el mundo hemos caminado por senderos de enormes cambios para la humanidad: el movimiento feminista, el ecologista, los derechos de la infancia, y un largo etcétera. Nos hemos puesto de acuerdo para establecer unos cimientos sobre los que cualquier persona pueda decir: «A partir de aquí podemos empezar a construir una casa común». Esta decisión conjunta significa que hemos politizado las posibilidades de un vivir colectivo. Hemos puesto sobre la mesa del máximo común denominador los valores y derechos sin los cuáles sería impensable empezar a hablar.
Por eso, esto va de derechos. Derechos básicos. Derecho a la libertad de expresión, a la vivienda, a un trabajo digno. Y entre todos esos derechos hay uno que no conseguimos acabar de politizar adecuadamente: el derecho a la comunicación. Y más aún, politizar el sentido y construcción de las herramientas con las que ejercemos ese derecho básico.
El derecho a la comunicación es tan obvio, que su ejercicio nos parece superfluo. Es el derecho que hace que haya alguien al otro lado de la radio contándonos una historia, el que permite que no sólo haya dos canales de televisión, o el que se cuela entre las grietas de los movimientos piratas fanzineros. Y también es aquel que ejercemos cuando escribimos un mensaje de texto desde nuestro móvil. Este derecho no tiene que ver con el contenido de ese mensaje, si es más o menos pertinente, es el mero hecho de que tengas la capacidad de poder realizarlo. Politizar este derecho significa que tengamos, al menos, pensamiento crítico sobre aquellas condiciones que hacen que este derecho pueda ser ejercido con plenas capacidades de autonomía, soberanía y libertad.
Estos últimos días hemos asistido a dos hechos que nos deben hacer reflexionar respecto al derecho a la comunicación, porque con ello estaremos pensando también el tipo de mundo en el que queremos vivir, y no en el que nos dejan vivir. Son dos cosas absolutamente diferentes.
Pensemos primero en la propuesta de legislar la prohibición del acceso a redes sociales a menores de 16 años. Podríamos tener una enorme discusión sobre qué entendemos por red social, pero eso ahora no viene al caso, quedémonos con su selección habitual: los Instagram, Facebook y Tiktok al uso. Ahora, hagamos una disección política del asunto desde el derecho a la comunicación, pero más importante aún, desde el mundo que queremos construir.
Por un lado somos una sociedad que ha evolucionado hasta el punto de contar con desarrollos tecnológicos que nos permiten no sólo comunicarnos muy rápidamente sino además muy lejos, en tiempo real, con texto, audio, vídeo. Durante mucho tiempo estos desarrollos fueron financiados e investigados gracias a financiamiento público. La visión de estar creando un aporte único a la humanidad fue entendida por una gran diversidad de gente, como por ejemplo los creadores de protocolos con los que hoy navegamos por un mismo Internet para todo el mundo en lugar de tener cientos de ellos. Esto era así porque se apostaba por una construcción utópica de la comunicación: una red desde donde todas las personas puedan comunicarse en el mismo nivel de condiciones. Nuestros Estados, gobernados en algunos casos por personas que elegimos democráticamente, sólo tendrían que velar por que el derecho básico a estar conectadas unas con otras fuese algo cuidado y protegido. Poco a poco todo esto mutó a que algunas empresas privadas fuesen las que nos dijesen cómo y cuándo podemos conectarnos, qué es comunicación y que no, y si estás en condiciones de poder saber lo que es verdad y lo que no. De esta forma, muy rápidamente, ya no teníamos una herramienta que se apoyaba en una forma de entender el mundo, sino que teníamos un producto con el que financiar las necesidades de empresas privadas. El cuento es más o menos así y Cory Doctorow y su ya conocidísimo término de mierdificación lo sabe.
Donde antes teníamos la posibilidad de proponer formas de ver el mundo hoy sólo podemos ver alternativas comerciales gestionadas por corporaciones que poco o nada tienen que ver con el derecho a la comunicación. Ellas deciden qué contenidos pueden circular, qué algoritmos deciden qué vemos y cuándo lo hacemos, y sus ganancias son el motor que les mueve a crear novedades. Esta forma de contar el mundo se ha convertido en la única forma de entender el mundo. No hay un afuera, una alternativa, sólo nos queda conformarnos con lo menos malo. No sólo somos incapaces de ver alternativas más allá del capitalismo sino que hemos aceptado que el robo de futuros ha sido a plena luz del día y sin pasamontañas.
Hoy queremos que los menores de 16 años no accedan a herramientas que nos conectan y nos permiten comunicarnos. No queremos que puedan ejercer un derecho básico de construcción social y humana porque las empresas que se hicieron con el entramado que posibilita este derecho han decidido cómo ha de funcionar: con violencia, con culto al cuerpo, con mentiras y bulos, con destrucción. Nuestros Estados y gobernantes miran hacia abajo porque se olvidaron que la luna está arriba, más grande y obvia que nunca. Las redes sociales que nos ofrecen las corporaciones son una mierda, una basura, algoritmos sucios y nocivos que llevan el derecho a la comunicación a su expresión más pueril. Y por todo ello han de ser legislados, pero antes, necesitamos politizarlos. Asumir que podemos mirar arriba y decir basta. Hacia abajo nos queda un gran trabajo por hacer: crear redes que se asemejen al mundo que queremos habitar. Redes desde donde también los jóvenes se politizan, aprenden de música, se acercan a diferentes formas de pensar y a defender sus derechos. Porque hoy el error es hablar de redes sociales como si de la posibilidad de estar conectados sea el problema. Y el problema son las marcas de redes que nos han dicho que debemos usar, y que seguimos usando.
Sumado a este conflicto está, de forma paralela y bastante significativo, el caso de Telegram. Muchas personas que usan ese sistema de mensajería recibieron el 5 de febrero un mensaje de su creador, Pavel Durov, criticando duramente las decisiones de Pedro Sánchez en España. La verborrea libertaria es cada vez más confusa y las energías revolucionarias son captadas excelentemente por el reaccionariado más exaltado. Pero, de fondo, vuelve la misma reflexión: ¿en qué momento pensamos que esa plataforma de mensajería era algo diferente a la mentalidad que su creador imprime sobre ella? Y este «pensamos» es sobre el que deberíamos pararnos a analizar. ¿Desde qué principios analizamos las redes que utilizamos? ¿Nos interesa qué se hace con nuestra información? ¿Dónde viven nuestros datos? ¿Cuáles son las vinculaciones políticas de aquellos que financian la creación de estas plataformas?
Son todas preguntas urgentemente válidas y que hoy se alzan con más pertinencia que nunca. Hay que parar un momento y no dejarse arrastrar por la migración rápida a otra herramienta que alguna web de referencia nos diga que es la adecuada. ¿Qué quiero yo? ¿Qué queremos nosotras? ¿Cómo será mi vida dentro de uno, cinco o 20 años si empiezo a comunicarme a través de esta nueva herramienta?
Debemos aprender a plantearnos las preguntas adecuadas cuando se trata de tecnología. Hoy no le prestamos atención en absoluto porque hemos cedido a una clase política desorientada y unos empresarios ambiciosos la capacidad de gestionar uno de nuestros derechos más valiosos: nuestra comunicación.
Toca parar un momento, hablar con colectivos de tecnología libre, analizar quién es el dueño de una herramienta, cómo se financia, si el algoritmo es auditable y un largo etcétera que, aunque suene raro, debemos empezar a entender qué significa. «Si argumentas que no te preocupa la vigilancia porque no tienes nada que ocultar, es como argumentar que no te interesa la libertad de expresión porque no tienes nada que decir», nos interpelaba Snowden hace años. Hoy nos toca reflexionar sobre esto porque, si no nos interesamos por la forma en que se ejerce nuestro derecho a la comunicación, tal vez es porque en realidad no nos interesa la forma en que se construye nuestra sociedad. Y tú y yo sabemos que no es así. Así que toca sentarse y ponerse a llevar a la práctica un mundo en el que merezca absolutamente la pena vivir y comunicarse.
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Las redes de respuesta rápida y la ayuda mutua no son caridad; son infraestructura compartida para el cuidado colectivo y la supervivencia.
