Por Jordi Arcarons, Daniel Raventós & Lluís Torrens. Publicado originalmente para sinpermiso.

La economía política republicano democrática no supone por sí misma una serie de propuestas y medidas económicas definidas y concretas. Más bien establece criterios, indicaciones, máximos y mínimos. No más, pero tampoco menos. Aristóteles, Ibn Jaldún, Thomas Mun, Adam Smith, David Ricardo, Karl Marx, Karl Polanyi, Rudolf Hilferding, Rosa Luxemburgo, Ernest Mandel, entre muchos otros, hacían economía política. Tenían mucho en común, tenían muchas diferencias también, pero todos eran economistas políticos.

Economía política republicano democrática. Hay mucho contenido en tan pocas palabras. Empecemos por la economía política. Después nos detendremos en la republicano democrática.

La economía política

La economía política estudia y analiza la economía como fenómeno social enlazado con estructuras de poder, por lo tanto, con las relaciones sociales, las clases, las desigualdades sociales, el Estado, entre otras. Así, la producción, el consumo y la distribución afectan de forma diferente según la clase a la que se pertenezca. Utiliza el análisis histórico si bien no desdeña el apoyo de cualquier instrumento técnico proveniente de cualquier conocimiento como las matemáticas, la estadística, la econometría, cuando pueda ser útil. El Estado forma parte indispensable de sus análisis puesto que este regula los mercados con lo que de forma derivada redistribuye la riqueza en favor de unas clases y en detrimento de otras. La economía política, según lo dicho, es una forma de entender cómo funciona el mundo social y económico. Una tal manera de analizar el mundo no resultaba cómoda para quien consideraba que el mundo social y económico estaba bien tal como estaba. La teoría del valor trabajo de Smith-Ricardo-Marx, por señalado ejemplo, tocaba demasiados puntos sensibles. Especialmente, la del teórico alemán cuya concepción de la explotación no se debía a las cualidades morales de las personas, aunque algunos particulares sicópatas pudieran añadir más leña al fuego, sino a las reglas del juego, a las relaciones de la forma de producir capitalista. Es decir, a la forma de organización social que nuestra especie se ha dotado en esta particular e histórica manera de producir. Que la teoría del valor trabajo en la versión de Marx fuera la base de la explotación capitalista puesto que la mercancía especial “fuerza de trabajo” produce más valor del que cuesta, y la diferencia entre el valor creado por el obrero y el salario pagado, la plusvalía, es la base de la explotación capitalista, resultaba duro, muy duro de digerir para defensores y teóricos de la realidad social como la mejor posible.

Así que la economía política fue combatida duramente, especialmente a finales del siglo XIX por lo que con mayor o menor fortuna se llamó la revolución marginalista. El marginalismo sentó las bases de la teoría económica neoclásica. Los supuestos neoclásicos son muy distintos, opuestos por decirlo más claramente, a los de la economía política. La teoría neoclásica[1], en claro contraste, está interesada en el comportamiento individual de las personas (“agentes”, en el argot) y las empresas que toman sus decisiones de manera que maximicen su utilidad o más llanamente sus beneficios, o su bienestar en el caso de las personas. Los mercados son analizados en términos de oferta, demanda y equilibrio. Utiliza modelos matemáticos de forma preferente. Considera que los mercados libres son eficientes y que el Estado no debe intervenir salvo para los anómalos fallos del mercado. La teoría neoclásica supone que los individuos actuamos sistemáticamente de forma egoísta[2], lo que matemáticamente se puede representar como funciones de utilidad (de dos personas A y B) indiferentes e independientes entre sí que es como decir de forma más llana: si a B le va bien a A le da igual, si a B le va mal a A le da igual. Más resumidamente: La utilidad de A no depende de la de B.

La teoría del valor trabajo fue combatida por la escuela marginalista-neoclásica. El valor no está en las cosas, sino en la mente de los individuos, así que depende de la utilidad marginal[3] que un bien aporta a la persona. Nada de relaciones sociales, nada de explotación, nada del mundo real. Lo expresó de forma inmejorable y de forma digamos sarcástica el economista keynesiano Abba Lerner en 1972 (The Economics and Politics of Consumer Sovereignty): “Una transacción económica es un problema político resuelto… La economía ha ganado el título de Reina de las Ciencias Sociales eligiendo como su dominio problemas políticos ya resueltos.” ¿Derechos de propiedad?, ¿Relaciones de dominación?, ¿Explotación? Nada de eso, han desaparecido, no hay política ni relaciones sociales conflictivas: el campo de la teoría económica los elimina para que puedan estudiarse las transacciones pertinentes. La teoría neoclásica convierte relaciones sociales en relaciones técnicas: el salario deja de ser una relación social y pasa a ser “producto marginal del trabajo”, la ganancia deja de ser plusvalía y pasa a ser “productividad del capital”, la explotación desaparece del análisis, las instituciones y las clases desaparecen del modelo.

Hasta aquí la economía política, nos queda explicar la variante republicana. Y dentro de la republicana, la republicano democrática[4] que es la que nos interesa[5].

La economía política republicano democrática

¿Qué aporta de específico a la economía política el republicanismo democrático? Brevemente: El republicanismo democrático aporta a la economía política una teoría de la libertad que permite analizar los mercados[6], la propiedad y el trabajo asalariado como relaciones de poder y de dominación. La economía política republicano-democrática no amplía tanto el campo de problemas como el campo de justificación y evaluación. Su contribución no es descubrir que la economía es política, que en sí ya es objeto de la economía política, sino decir qué tipo de política económica es compatible con una república de ciudadanos libres e iguales.

¿Qué criterios defiende una economía política republicana democrática? Entre otros: luchar contra la concentración de poder económico, universalizar la libertad no dominada, garantizar la capacidad colectiva de autogobierno económico, fundamentar el papel activo del Estado (esto es la neutralidad republicana del Estado: intervención activa para asegurar que los más fuertes no impongan sus condiciones), garantizar la existencia material de toda la población (con propuestas como la renta básica incondicional y universal), impedir las grandes fortunas que posibilitan que el dominium se transforme en imperium[7] (con propuestas como la renta máxima y la riqueza máxima),  rechazo de estructuras económicas y legales internacionales que limiten deliberadamente la autonomía de las naciones para su beneficio.

Nos frenamos. Vamos a desarrollar este último punto. Un reciente artículo de María Julia Bertomeu (“Economía política republicana y deuda soberana”) nos lo sugirió. Dentro del rechazo republicano democrático a las estructuras económicas y legales internacionales que limitan arbitrariamente la autonomía de las naciones pueden apuntarse varios tipos: la negación del derecho de autodeterminación de algunas naciones, algunos tratados comerciales, el dominio de determinadas estructuras internacionales como el FMI y los tratados de deuda, entre otras. La arquitectura financiera internacional actual replica a escala planetaria las mismas relaciones de dominación que observamos en el mercado laboral interno de nuestras sociedades, pero con mecanismos específicamente propios. Así como un trabajador sin patrimonio ni renta propia carece del poder de negarse a condiciones laborales abusivas —quedando sometido a la voluntad arbitraria del empleador—, un Estado dominado económico y financieramente por organismos y Estados poderosos, carece del poder de rechazar condiciones financieras leoninas, quedando sometido a la voluntad de sus acreedores y de las instituciones que gestionan el sistema de deuda global. En ambos casos, la ausencia de una base material de independencia transforma una relación que debería ser entre iguales en una relación de dominación.

La deuda soberana funciona hoy como el salario de subsistencia operaba en el capitalismo del siglo XIX: como mecanismo de disciplinamiento. Los países del Sur Global no tienen “existencia material garantizada”, para seguir utilizando el paralelismo, y deben vender soberanía política a cambio de crédito para subsistir. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial no actúan como prestadores neutrales, sino como gestores de una estructura neocolonial que impone condiciones —austeridad fiscal, privatizaciones, desregulación laboral— que garantizan la continuidad del flujo extractivo de recursos del Sur hacia el Norte. Esta extracción no es meramente financiera puesto que opera en múltiples dimensiones.

Recursos naturales, en primer lugar. El Sur Global transfiere al Norte materias primas infravaloradas cuyos precios no incorporan las externalidades ecológicas reales. Cuando Europa importa coltán del Congo o litio de Bolivia, está apropiándose no solo de minerales, sino de ecosistemas destruidos, comunidades desplazadas y territorios contaminados cuyo coste ambiental y social jamás se refleja en el precio de mercado. Esta apropiación desigual del patrimonio natural común genera una deuda ecológica que el Norte ha contraído con el Sur.

En segundo lugar, conocimiento y tecnología. La riqueza acumulada del Norte no es fruto únicamente del ingenio local, sino de siglos de acumulación originaria basada en el expolio colonial y la interconexión global forzada. El conocimiento científico y tecnológico es un producto social de la humanidad entera, desde el control del fuego, de los primeros instrumentos de sílex, la rueda o la agricultura. Sin embargo, este patrimonio común se encuentra blindado tras regímenes de propiedad intelectual (como los Acuerdos sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, TRIPS es el acrónimo en inglés, o las variantes de semillas manipuladas genéticamente) que permiten al Norte cobrar rentas monopolísticas por acceder a innovaciones que se construyeron sobre una base común[8]. Mientras se exige puntualmente el pago del servicio de la deuda soberana, se niega sistemáticamente el pago por el uso privatizado del conocimiento acumulado colectivamente. Como ha expuesto el economista surcoreano Ha-Joon Chang: “Desde finales del siglo XIX, con la producción a gran escala, las tecnologías complejas y los mercados globales, el éxito empresarial es el resultado de un esfuerzo colectivo más que individual, en el que participan no solo los líderes empresariales, sino también los trabajadores, ingenieros, científicos, administradores, responsables de las políticas públicas y hasta los propios consumidores”. Este esfuerzo colectivo hoy se convierte en beneficio privado porque la ley lo permite así. No es una ley natural, es una ley impuesta por sus beneficiarios.

En tercer lugar, la dimensión del trabajo y los cuidados. La “fuga de cerebros” —profesionales sanitarios, ingenieros, científicos formados en el Sur con recursos públicos locales y explotados en el Norte— representa una transferencia masiva de capital humano no compensada. Pero más grave aún es la cadena global de cuidados: mujeres del Sur que migran para sostener la reproducción social del Norte —cuidando niños, ancianos y enfermos de familias europeas o norteamericanas— mientras sus propias familias quedan descuidadas. Esta es una transferencia de valor incalculable que el Norte recibe gratuitamente, sosteniendo su modelo social sobre la sobreexplotación del trabajo reproductivo racializado y feminizado.

En cuarto lugar, los costes del cambio climático que pueden sufrir más algunos países del Sur Global habiendo “contribuido” a ello mucho menos que el Norte.

El Sur Global no es pobre: es un productor neto de riqueza para el Norte. La pobreza del Sur y la riqueza del Norte no son realidades paralelas, sino las dos caras de un mismo proceso de transferencia estructural de valor[9].

La Renta Básica Soberana

Nuestra propuesta de una Renta Básica Soberana (RBS), por llamarla de alguna forma y sin pretensiones de originalidad nominal, que la definimos como una transferencia incondicional entre Estados, del Norte hacia el Sur. En ningún caso debe entenderse como “ayuda al desarrollo”, ni como caridad internacional, sino como un mecanismo de justicia redistributiva global fundamentado en principios normativos de economía política republicana.

El republicano Thomas Paine argumentó en el siglo XVIII que la tierra es herencia común de la humanidad, y que quienes se apropian privadamente de ella deben compensar al resto mediante un dividendo universal. Este principio, trasladado a escala global, adquiere una dimensión adicional: ningún país “creó” el petróleo, el coltán, el litio o la capacidad de absorción de CO₂ de la atmósfera. Son patrimonio común de la humanidad. El Norte Global se ha apropiado desproporcionadamente de estos recursos finitos y de la capacidad de sumidero atmosférico del planeta. El 16 % más rico de la población mundial es responsable de más del 60 % de las emisiones históricas de gases de efecto invernadero, mientras que los países más vulnerables al cambio climático son precisamente aquellos que menos han contribuido a causarlo. Esta apropiación desigual genera una deuda ecológica que debe saldarse. La RBS operaría como el dividendo de este patrimonio común apropiado desigualmente.

Si aceptamos que el conocimiento científico[10] y tecnológico es producto de la acumulación social de la humanidad entera —construido sobre milenios de innovación colectiva, intercambio cultural y experimentación común—, su privatización mediante patentes y su uso como instrumento de extracción de rentas constituye una injusticia patente y un instrumento adicional de dominación. Las empresas farmacéuticas del Norte cobran precios prohibitivos por medicamentos esenciales a países del Sur, mientras simultáneamente estos países deben pagar puntualmente el servicio de su deuda externa. Esta doble injusticia —privatizar el conocimiento común y exigir el pago de deudas muchas veces ilegítimas u odiosas— revela la asimetría brutal del sistema actual. La RBS actuaría como mecanismo de compensación por el uso privatizado de este conocimiento acumulado colectivamente.

Existe además una dimensión de justicia reparadora. El desarrollo capitalista del Norte se construyó sobre siglos de colonialismo, esclavitud, extracción de recursos y destrucción de sistemas económicos locales en África, Asia y América Latina. Las reparaciones por el colonialismo no son una demanda radical: son un reconocimiento elemental de que la riqueza actual del Norte tiene su origen parcial en el expolio sistemático del Sur. La RBS, desde esta perspectiva, no sería una transferencia generosa sino el pago de una deuda histórica pendiente.

La propuesta de la Renta Básica Europea, un antecedente

Ya exploramos anteriormente un paso intermedio en esta dirección al modelizar la viabilidad de una Renta Básica Europea. En aquellos trabajos demostramos que es financieramente posible garantizar la existencia material de la ciudadanía a escala continental mediante reformas fiscales redistributivas dentro de un espacio político y económico integrado.

El modelo europeo mostró que una RB puede financiarse mediante:

* Reformas del IRPF con tarifas únicas o progresivas que graven especialmente las rentas altas.

* Impuestos sobre la riqueza y las herencias.

* Impuestos sobre transacciones financieras y ganancias especulativas.

* Impuestos sobre emisiones de gases de efecto invernadero.

* Eliminación de deducciones y exenciones fiscales regresivas.

El resultado fue una propuesta que reduce drásticamente la pobreza y la desigualdad (el índice de Gini en el Reino de España pasaría de 0,36 a 0,25) sin requerir un aumento insostenible de la presión fiscal agregada, sino una redistribución radical de la carga fiscal de las rentas del trabajo hacia las rentas del capital y la riqueza acumulada.

Ahora, el desafío es llevar esta lógica a escala global, donde no existe un fisco unificado ni un espacio político común, pero sí existe —con toda claridad— una obligación de justicia reparadora y distributiva.

Una propuesta de Renta Básica Soberana (4%)

La RBS no debe diseñarse simplemente para equilibrar balances macroeconómicos ni para “tapar agujeros” presupuestarios. Debe cumplir el objetivo fundamental que justifica cualquier Renta Básica: garantizar incondicionalmente la existencia material de la población, que puede equipararse para lo que aquí nos interesa con la cobertura de las necesidades básicas —alimentación, agua, vivienda, energía— de toda la población, liberando a la ciudadanía de la necesidad de emigrar por pura supervivencia económica o de someterse a relaciones de dominación para acceder a lo esencial.

Si analizamos los flujos financieros que actualmente sostienen a los países de ingreso bajo y medio (LMIC, por sus siglas en inglés), observamos una “arquitectura de la precariedad” que descansa sobre tres pilares profundamente injustos:

1. Remesas de migrantes (1,8% del PIB de los LMIC). La principal fuente de divisas no son inversiones productivas ni comercio justo, sino transferencias de trabajadores migrantes que envían parte de sus salarios —generalmente magros y obtenidos en condiciones de precariedad— a sus familias en origen. No es una transferencia del Norte al Sur, sino una transferencia intra-clase: son los pobres del Norte (migrantes) sosteniendo a los pobres del Sur (sus familias). El coste humano es devastador: familias fragmentadas, migrantes sobreexplotados, niños criados sin sus padres.

2. Ayuda Oficial al Desarrollo (0,7% del PIB de los LMIC). Una transferencia voluntaria, frecuentemente condicionada a intereses geopolíticos y económicos del donante y sujeta a la arbitrariedad política. No genera derecho: es caridad internacional que puede retirarse en cualquier momento y que se utiliza como instrumento de “poder blando” (soft power) diplomático. Un instrumento de dominación, en definitiva.

3. Servicio de la deuda pública (-1,2% del PIB de los LMIC). Un drenaje sistemático y obligatorio de recursos públicos hacia acreedores del Norte. Según datos del Banco Mundial para 2024, los países pobres y de renta media pagaron aproximadamente 471.500 millones de dólares en servicio de su deuda pública externa, de los cuales 144.500 millones fueron únicamente intereses. El resultado neto actual es que el Sur recibe (2,5% del PIB) pero paga (1,2%), quedando un saldo positivo marginal (1,3% del PIB) que apenas sirve para evitar el colapso humanitario inmediato, pero no permite el desarrollo de servicios públicos robustos ni la cobertura universal de necesidades básicas. Es un sistema diseñado para la supervivencia precaria, no para la vida digna.

Existen otros sistemas de explotación limitados, como el franco de la comunidad financiera africana (CFA), que elimina la soberanía monetaria de las excolonias francesas en África, en beneficio de la metrópolis.

Nuestra estimación basada en datos del Banco Mundial sitúa la Renta Básica Soberana (RBS) en aproximadamente el 4% del PIB de los países receptores (unos 1,5 billones de dólares anuales). Esta transferencia se desglosaría en tres pilares estratégicos:

1) 1,2% para neutralizar la deuda: Cubrir automáticamente el servicio de la deuda pública externa. Esto restaura la soberanía fiscal, liberando a los Estados de la tutela permanente de los acreedores.

2) 1,8% para sustituir remesas de subsistencia: Al garantizar un suelo de protección estatal, las remesas dejan de ser vitales para comer y pasan a ser un complemento de bienestar. Esto desmercantiliza la migración: las personas se moverían por elección, no por supervivencia.

3) 1,0% para el déficit de necesidades básicas: Un componente adicional (superior a la actual AOD) para invertir en la cobertura universal de agua, energía y alimentación. El objetivo es simple: que ningún ser humano carezca de techo o comida por razón de su lugar de nacimiento. 

Esta RBS puede complementarse con una Renta Básica propia del país, mediante una reforma fiscal (allá donde existan sistemas fiscales robustos) que transfiera renta de las clases ricas (en general las más beneficiadas por el sistema colonial vigente) hacia las clases medias y pobres.

La RBS como salario de reserva estatal: El poder de decir “no”. Y la viabilidad económica: El coste de la justicia frente a la guerra

Aquí emerge el paralelismo estructural con la Renta Básica individual. Al igual que esta actúa como un salario de reserva que permite al trabajador rechazar los “trabajos de mierda” (como famosamente los bautizó David Graeber) y la “mierda de trabajos” (que no hay que confundir con los anteriores) sin poner en riesgo su existencia material, la RBS otorga a los Estados el poder de rechazar “tratados de mierda”, “condiciones de mierda” o “préstamos de mierda”. Actualmente, los Estados del Sur aceptan la austeridad del FMI, acuerdos comerciales depredadores o el acoso de fondos buitre porque la alternativa es el colapso inmediato. Con una RBS del 4% garantizada, un gobierno adquiere poder de negociación real. Puede rechazar recortes en sanidad, exigir precios justos por sus recursos naturales o resistir litigios abusivos, sabiendo que tiene asegurado el mínimo vital para su población. Transforma una relación de dominación colonial en una negociación entre iguales, o más iguales que ahora, o para ser prudentes de menor dominación que la actual.

Aunque la cifra de 1,5 billones de dólares parezca elevada, su contexto demuestra que la pobreza es una decisión política. Este monto representa apenas el 1,45% del PIB mundial y es, significativamente, inferior al Gasto Militar Global (2,4 billones en 2023 y creciendo). Financiar la existencia material de la humanidad es más barato que prepararse para la guerra.

Además, el coste neto para el Norte sería menor, ya que se estima que entre el 30% y el 40% de la transferencia retornaría vía exportaciones de bienes y tecnología. La propuesta no parte de cero: integra y racionaliza flujos ineficientes como la actual Ayuda Oficial al Desarrollo y el alivio de deuda puntual.

El mayor desafío no es financiero, sino político: evitar que los fondos sean capturados por oligarquías locales corruptas. Para ello, proponemos una arquitectura de doble canal:

1) Canal A. Dividendo Ciudadano Directo (50%): Transferencias monetarias directas a la población (vía dinero móvil y registros biométricos), sin pasar por la burocracia estatal.

2) Canal B. Fondo de Servicios Públicos (50%): Fondos gestionados mediante fideicomisos auditados internacionalmente (escrow accounts, recursos que se liberan sucesivamente cuando se van justificando los gastos), trazables con tecnología blockchain pública y ejecutados mediante smart contracts. Si se detecta desvío de fondos hacia gasto militar o represión, el flujo se suspende automáticamente[11].

Concluyendo (provisionalmente)

Para ir concluyendo, esta propuesta de una RBS no surge del vacío, sino que se presenta como la evolución natural tras décadas dedicadas a asentar los fundamentos ético-filosóficos de la RB y a modelizar rigurosamente su financiación en contextos locales, regionales, nacionales y europeos e incluso sectoriales o por edades. A lo largo de cientos de artículos y en innumerables conferencias divulgativas, una objeción recurrente que nos han hecho ha sido la supuesta inviabilidad de una RB que no fuera planetaria, bajo el temor de un hipotético “efecto llamada” hacia los territorios que la implementaran. Aunque la evidencia empírica desmonta este prejuicio —demostrando que los flujos migratorios se correlacionan con el dinamismo en la creación de empleo y no con la generosidad de la protección social, como se observa en la atracción migratoria de un Reino de España con protección deficiente frente a una Europa más robusta, o en la menor atracción relativa del País Vasco pese a su sistema de garantías superior al resto del Estado—, este artículo acepta el envite intelectual de cerrar el debate por elevación. Y demostramos, en efecto, que una RB a escala mundial no solo es posible, sino que es la pieza que faltaba en el rompecabezas: un mecanismo que, lejos de ser una utopía, ofrece una utilidad pragmática y estabilizadora tanto para el Sur, al que libera de la asfixia de la deuda y posibilita (al menos mucho más que ahora) la existencia material a sus sociedades. Como para el Norte, al que modera la presión migratoria forzosa y de la criminal xenofobia que la extrema derecha fomenta y, visto lo visto, va consiguiendo expandir entre buena parte de la población.  

La RBS no es una propuesta fantasiosa. O en todo caso no lo es más que las fantasías distópicas que la realidad nos está mostrando. Con la diferencia que estas son realidades dominadoras y depredadoras para la inmensa mayoría de la población mundial. La diferencia es que frente a la realidad del capitalismo actual, la propuesta de la RBS pretende beneficiar a la población no estrictamente rica. Extiende el principio republicano de libertad como no-dominación a escala interestatal. Permite a los países del Sur implementar políticas soberanas sin la pistola del hambre apuntando a la sien. El precio de la justicia global es ridículamente bajo comparado con el precio que pagamos por mantener la injusticia.

¿Difícil? Claro. Apuntaba Michael Roberts recientemente “La desigualdad […] es el resultado de la propiedad[12] privada del capital y de los gobiernos dedicados a mantenerla. Si no se pone fin a eso, la desigualdad de ingresos y riqueza a nivel mundial y nacional no solo se mantendrá: seguirá empeorando”. No podemos más que darle la razón, pero avanzar propuestas, si están bien fundamentadas, siempre puede ser un estímulo político e intelectual para ofrecer razones adicionales de la sociedad de mierda en la que el 0,001% de la población mundial campa por las suyas. Menos de 60.000 personas en todo el mundo y los poderes económicos y políticos que les satisfacen y obedecen. Esto afecta a la democracia de una manera que ni el más pusilánime podrá negar[13]. Quizás la RBS, con alguna idea que hemos propuesta o con otras que seguro la pueden mejorar, pueda parecer fantasiosa. También lo pareció el derecho de huelga, el derecho de sindicación, el matrimonio homosexual, el sufragio universal, el derecho al aborto y tantas (hoy) realidades que nos parecen conquistas irrenunciables. Y es que, no debe olvidarse, las conquistas que vale la pena defender (aunque vivimos unos momentos que muchas vuelven a estar amenazadas) del mundo actual, son producto de grandes luchas y de grandes movilizaciones contra las injusticias. Lo dijo Bertolt Brecht y lo hemos repetido más de una vez:  la injusticia es humana, pero más humana es la lucha contra la injusticia.

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[1] Que utiliza supuestos muy conocidos. Un resumen: racionalidad individual, información perfecta, equilibrio general, preferencias estables, mercados eficientes, competencia perfecta, Ceteris paribus (se asume que, al estudiar una variable, todas las demás permanecen constantes).

[2] Supuesto el del egoísmo que a algunos partidarios, como Robert Frank, de la teoría de la elección racional no les acaba de convencer. Frank concluye que el supuesto del egoísmo no funciona bien porque no sirve para entender muchas interacciones sociales que podemos comprobar a diario: ayudar a una persona amiga, dar propina en un restaurante que se sabe que jamás se volverá (porque si se ha de volver entra dentro del supuesto del egoísmo dar propina), hacer donaciones desinteresadas, compartir informaciones aunque no aporten beneficio directo, entre muchas otras.

[3] Es decir, la satisfacción adicional que se obtiene por consumir una unidad más de un bien. Normalmente disminuye a medida que se consume más.

[4] La economía republicano socialista la hemos explicada en otras ocasiones, pero para nuestros propósitos en el presente artículo podemos prescindir de la distinción con la republicano democrática. Para no dejarlo ambiguamente: la tradición socialista aportó un análisis actualizado, dado el desarrollo al que el capitalismo ya había llegado en el siglo XIX, de las fuentes de dominación que ponían en peligro la libertad de la ciudadanía en la concepción republicana. Entre otras aportaciones está, como se desarrolla aquí, la demostración de que “la vida social en el capitalismo es una realidad que cabalga a lomos de otras formas de ‘dominación estructural’: determinadas instituciones y relaciones sociales están diseñadas de manera tal que no es preciso que el agente (x, y o z) interfiera de un modo intencional y consciente en nuestras vidas, puesto que las ‘reglas del juego’ ya se encargan de que el grueso de los desposeídos y desposeídas nos veamos obligados a terminar llamando a su puerta para que alguno de los potenciales dominadores acabe estableciendo con nosotros relaciones que nos minorizan socialmente, que nos convierten en actores vulnerables a su potencial despotismo”. Las convergencias entre ambas economías políticas, la republicano democrática y la republicano socialista, son muy grandes: sin independencia material, no hay libertad; sin control democrático de la economía, no hay ciudadanía; y sin limitar el poder del capital, no hay democracia real.

[5] Los autores hemos tratado esta diferencia entre la concepción republicana en general y la republicano democrática, entre otros muchos lugares, por ejemplo aquí.

[6] Es importante distinguir la economía de mercado de la economía con mercados. El republicanismo no es “anti-mercados”, sí es incompatible con una sociedad de mercado. Para el republicanismo, el problema no son los mercados, sino convertir a la sociedad en un mercado como guía para las relaciones sociales. Fue Polanyi que especificó que la tierra, el dinero y el trabajo solo se convirtieron en mercancías con la sociedad de mercado. Ni tierra, ni trabajo, ni dinero fueron destinados a la venta antes de esta sociedad tan particular que las trata como mercancías. La idea machacona de que los mercados libres eran anteriores y luego intervino el Estado es un cuento. Fue el Estado quien creo mercados, destruyó las regulaciones anteriores tradicionales e impuso la disciplina mercantil.

[7] En la tradición republicana dominium se refiere a las relaciones de dominación que se dan en los ámbitos privados que conforman nuestras sociedades (mercados de trabajo, hogares, etc.). Por imperium se refiere a las relaciones de dominación que posibilitan la capacidad de los poderes públicos de favorecer intereses particulares. Las grandes fortunas disponen de dominium y de imperium. La perspectiva republicana defiende la erradicación de ambos tipos de dominación.

[8] Las grandes transnacionales, básicamente del núcleo más potente de alrededor de 1.000, se aprovechan de la situación general de dominación de los países empobrecidos de muchas otras maneras. Pongamos un resumen. Las empresas transnacionales se benefician de los países empobrecidos mediante la explotación de salarios bajos, la debilidad de la regulación laboral y ambiental, y el acceso preferente a recursos naturales. O lo que el colonialismo ha hecho “natural”. Ejemplo: el café se produce hoy principalmente en Sudamérica (Brasil, Colombia) y Asia (Vietnam, Indonesia), pero es una planta africana que se cultivó masivamente por primera vez en Yemen. En cambio, el chocolate que es originario de Sudamérica (Perú y Ecuador) hoy se produce en Costa de Marfil, Nigeria, Camerún, Indonesia y Ghana que son los cinco principales productores de cacao del mundo. Los beneficios de las trasnacionales se ven reforzados por mecanismos de elusión fiscal, presión política sobre estados con poca capacidad reguladora y una inserción subordinada de los países pobres en la economía global, basada en actividades de bajo valor añadido. El resultado es una transferencia estructural de valor hacia los países ricos que tiende a perpetuar desigualdades económicas y dependencia.

[9] “El mundo está dividido en claros niveles de ingresos: regiones de altos ingresos, como América del Norte, Oceanía y Europa; grupos de ingresos medios, como Rusia, Asia Central, Asia Oriental, Oriente Medio y África del Norte; y regiones muy pobladas donde los ingresos medios siguen siendo bajos, como América Latina, Asia Meridional y Sudoriental y África Subsahariana”, como recordaba Michael Roberts en un reciente artículo.

[10] Una definición estandarizada de ciencia, que nos parece bien, según la cual se trata de una práctica racional orientada a la construcción de modelos explicativos del mundo natural y social, basados en evidencia empírica y sometidos a evaluación crítica intersubjetiva, establecerá que es más adecuado situarla temporalmente en los últimos siglos. Si bien la aceleración del conocimiento científico es evidente que se ha producido en los últimos siglos, no es desproporcionado asegurar que son milenios los que contemplan la investigación científica. Con todas las limitaciones que se quiera.

[11] No hay duda, los países del Sur Global tienen dominadores y explotadores de sus respectivas poblaciones. Las élites locales —burguesías compradoras, oligarquías terratenientes, clases políticas extractivas— se han beneficiado históricamente de la estructura del sistema de deuda y tienen incentivos para perpetuarla. Una RBS mal diseñada podría terminar financiando la fuga de capitales, la represión interna o el consumo suntuario de las élites en lugar de garantizar las necesidades básicas de la población.

[12] La propiedad es de primera importancia para el republicanismo, claro está. Nos limitamos a apuntar aquí que fue tratado con detalle en En defensa de la Renta Básica (Deusto, 2023). Decíamos allí: “La propiedad históricamente ha tenido muchas variantes y formas: común con uso privado, privada con uso común, común con uso común y privada con uso privado. Entre otras. La privada con uso privado es la que se ha convertido en la principal y dominante, pero en ningún caso la única, desde el siglo XVIII hasta la actualidad en la mayor parte de países si dejamos al margen los experimentos de propiedad colectiva y burocráticamente centralizada que hemos conocido en algunos países a lo largo del siglo XX y XXI”. Es decir, “La propiedad se configura históricamente en función de las luchas, los compromisos y las treguas temporales entre los diferentes grupos y clases sociales”.

[13] Un editorial de El País del 15 de diciembre concluía a partir del escándalo de desigualdades que supone el último informe del World Inequality Report: “Son por eso urgentes reformas legales que hagan frente a un problema que amenaza seriamente la democracia”. No se trata de un periódico extremista, precisamente.

La entrada Economía política, republicanismo, deuda soberana y renta básica mundial se publicó primero en ATTAC España | Otro mundo es posible.

Por Juan Torres López, del Consejo Científico de Attac. Publicado originalmente en su blog.

LO QUE HAY DETRÁS DE LA SANIDAD PRIVADA Y QUÉ NOS ESTAMOS JUGANDO

La salud es un derecho y convertirla en negocio pone en riesgo la vida, empobrece a las familias y rompe la equidad y la igualdad.

Cuando aparece la enfermedad, el dinero ayuda… pero no sustituye lo esencial: un sistema sanitario con medios y profesionales cuyo objetivo sea cuidarte, no facturarte.

Es fundamental que la ciudadanía esté bien informada sobre lo que implica el avance de la sanidad privada y su penetración en el sistema público.

España dispone de un privilegio: un sistema público universal financiado con impuestos, que permite acceder a la atención sin “pasar la tarjeta” al entrar en urgencias.

Este modelo está en peligro: se deteriora por financiación insuficiente, déficits de personal y políticas que derivan recursos hacia lo privado, generando listas de espera y malestar que alimentan la contratación de seguros.

La privatización avanza de forma soterrada, a menudo presentada como “colaboración” o “eficiencia”, sin reconocer su dirección estructural: sustituir progresivamente servicio público universal por negocio privado.

SE TRATA DE TU VIDA

El debate sobre el tipo de sistema sanitario no es técnico ni menor: afecta directamente a nuestra seguridad, a la calidad de nuestras vidas y al tiempo que podamos vivir.

La sanidad pública cuesta mucho dinero, aunque creamos que es gratis porque no pagamos en el acto Es fundamental saberlo para no creer que un seguro privado “barato” puede cubrir todos los tratamientos que necesitemos.

El seguro privado es un negocio: sólo puede sostenerse si la mayoría paga más de lo que gasta o si se aplican exclusiones, carencias, copagos y selección de riesgos.

Hasta ahora, los seguros médicos de la sanidad privada en España han sido relativamente asequibles porque lo que ésta atiende en mayor medida es lo más rentable, dejando lo más costoso en manos de la sanidad pública. Pero si lo público sigue deteriorándose para impulsar lo privado y éste gana terreno, los seguros subirán, la cobertura se estrechará y muchas personas quedarán desprotegidas, como ocurre en sistemas dominados por el mercado y las finanzas.

COBERTURA Y PROTECCIÓN

En un sistema universal se accede por ciudadanía; en uno privatizado se accede por dinero (pago directo o póliza).

El seguro privado puede facilitar el uso frecuente de ciertos servicios, pero no protege bien cuando aparece una contingencia grave y cara, justo cuando de verdad te juegas el patrimonio y la vida. Cuando eso ocurre, aumenta el riesgo de ruina financiera y se multiplican las quiebras vinculadas a gastos sanitarios.

MORTALIDAD Y OTROS RESULTADOS DE SALUD

El criterio decisivo para valorar lo que proporciona cada sistema sanitario es la mortalidad evitable: muertes que podrían prevenirse o retrasarse con prevención, atención primaria fuerte, diagnóstico a tiempo y tratamientos adecuados.

Cuando el sistema se orienta al lucro aparecen mecanismos que, acumulados, producen más muertes evitables: menor acceso de quienes tienen menos recursos; retraso o renuncia a tratamientos; presión por reducir costes (menos tiempo por paciente, plantillas ajustadas, rotación, precariedad…); menor inversión en prevención, salud pública y seguimiento de crónicos; concentración de recursos donde es rentable y no donde es necesario.

Todo eso se agudiza cuando los centros sanitarios privados son propiedad de fondos de inversión (lo que va a suceder cada vez más): su lógica de rentabilidad rápida se traduce en mayores recortes y estrategias financieras que deterioran la atención.

Un sistema que gana dinero con la enfermedad tiene incentivos incompatibles con minimizarla.

ATENCIÓN SANITARIA, SATISFACCIÓN Y SALUD

Para ganar más dinero, el modelo privado genera incentivos que favorecen la sobreutilización de pruebas, los tratamientos innecesarios y las intervenciones de escaso valor clínico.

El número de cesáreas es un ejemplo de ello: en la sanidad privada es notablemente más alto, lo que sugiere decisiones condicionadas por organización y rentabilidad, no sólo por necesidad médica.

En la sanidad privada se tiende a concentrar los casos simples, programables y rentables, mientras que la pública carga con la alta y más cara complejidad (UCI, trasplantes, oncología compleja, emergencias graves).

COSTES Y EFICIENCIA

En materia de la salud el rendimiento y los resultados no se pueden medir en términos de beneficio por euro, sino en salud obtenida por euro.

La sanidad privada es más cara y menos eficiente. Estados Unidos es el mejor ejemplo de ello: gasto sanitario altísimo y resultados en indicadores básicos mucho peores.

Una causa principal de ello es el alto coste administrativo en el sector privado (facturación, negociación con aseguradoras, autorizaciones, marketing, litigios…), que consume recursos que no se transforman en cuidados y atención sanitarios. Otra, la fragmentación: un sistema sanitario eficiente exige cooperación horizontal (entre centros) y coordinación vertical (entre niveles asistenciales). La lógica competitiva del mercado tiende a romper esa integración y a duplicar pruebas y procesos.

Además, en la sanidad privada, parte del gasto acaba convertido en beneficio financiero, dinero que sale del circuito sanitario.

EQUIDAD E IMPACTO DISTRIBUTIVO

La sanidad pública no solo cura: redistribuye. Al financiarse con impuestos, transfiere “renta en especie” hacia quienes más la necesitan (hogares con menos ingresos, personas enfermas o mayores…). En cambio, la sanidad privada vuelve el gasto sanitario regresivo: los hogares pobres dedican una proporción mayor de su renta a seguros, copagos y pagos directos. Cuando la salud se convierte en negocio, la enfermedad se convierte en motor de desigualdad.

COMPORTAMIENTO EMPRESARIAL E IMPLICACIONES DEL AFAN DE LUCRO

Para ganar dinero hay que facturar más y recortar costes, lo que incentiva sobretratamiento rentable y contención del gasto en el paciente.

En los sistemas dominados por el mercado se estima que entre el 20% y el 30% de los actos médicos no aportan un beneficio real al paciente, pero sí generan ingresos.

La sanidad privada no tiene pacientes a los que atender sea cual sea su circunstancia: tienen clientes a los que se atiende solo si pueden pagar, directamente o a través de un seguro.

Para reducir costes, la sanidad privada costes ajusta plantillas al mínimo, incrementa el número de pacientes por profesional, reduce salarios, precariza contratos y disminuye el tiempo clínico por paciente. Está ampliamente demostrado que toso eso aumenta los errores de diagnóstico, los fallos en la medicación, las complicaciones y la mortalidad evitable. El ahorro empresarial se paga con riesgo para la vida.

Los grandes grupos sanitarios privados y los fondos de inversión que se van quedando con ellos tienen una capacidad de presión política y mediática muy grande y eso hace que la atención sanitaria se convierta en una industria de extracción de rentas. Aunque los profesionales concretos actúan con vocación, el marco empresarial empuja en dirección contraria a la salud colectiva.

EN QUÉ ES MEJOR LA SANIDAD PRIVADA

La sanidad privada puede ser más rápida en consultas, pruebas y cirugías programadas; suele ofrecer más confort; puede generar más innovación y más agilidad organizativa en nichos concretos.

Sin embargo, esas ventajas no prueban la superioridad del modelo. Casi siempre son consecuencia de que lo público ha sido debilitado o financiado insuficientemente, y de que la privada selecciona actividad rentable.

En sanidad, el “mejor servicio” no es el que parece más amable, sino el que cura, previene, acompaña y protege con criterios científicos, no comerciales.

COLABORACIÓN” PÚBLICO-PRIVADA: EVALUACIÓN

En general, la expansión de la sanidad privada no se está produciendo mediante una privatización abierta y explícita, sino a través de la llamada colaboración público-privada presentada como una solución técnica y pragmática a los problemas del sistema público.

La colaboración puede ofrecer ventajas tácticas limitadas, como reducir listas de espera en procesos simples o utilizar capacidad instalada ya existente.

Sin embargo, cuando se generaliza y se hace estructural (como está ocurriendo en España) produce efectos negativos: debilita la capacidad propia del sistema público; este pierde personal, inversión y planificación a largo plazo; lo encarece, al generar dependencia de proveedores privados y renegociaciones al alza; introduce un choque de incentivos (el sector privado gana más cuantos más procedimientos realiza, mientras que el sistema público es más eficiente cuanto más sana está la población); favorece la selección de pacientes y la derivación de los casos más complejos y costosos al sistema público; consolida un sistema sanitario dual, desigual e injusto.

La colaboración público-privada no es neutral. No refuerza simultáneamente ambos sistemas, sino que actúa como mecanismo de sustitución progresiva de la sanidad pública por la privada, utilizando dinero público para expandir el negocio sanitario.

La colaboración público-privada, tal como se viene produciendo, no arregla los problemas de la sanidad pública; los convierte en oportunidad de negocio. Si se normaliza, el futuro es un sistema de dos velocidades, más desigual, más caro, con peor prevención y con más vidas expuestas.

BALANCE

La evidencia acumulada es concluyente: los sistemas sanitarios públicos, universales y bien financiados son superiores en términos de salud, eficiencia, equidad y protección económica.

La privatización no soluciona los problemas de la sanidad pública. Los convierte en negocio.

Defender la sanidad pública no es solo una cuestión ética o ideológica: es una decisión racional de protección vital, social y económica.

Cuando la salud se mercantiliza y se pone en manos del capital privado, antes o después, lo pagas con tu vida.

Si deseas leer el texto completo donde están desarrolladas con más detalles las ideas anteriores puedes hacerlo pinchando aquí.

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Por Gabriel Zucman. Publicado originalmente en ctxt.

No se trata de minimizar los aspectos ideológicos o geopolíticos de la intervención estadounidense: reafirmar la doctrina Monroe, establecer esferas de influencia imperial.

Pero el motivo esencial de este golpe de fuerza es el petróleo: su acaparamiento y la extracción de las reservas de oro negro más importantes del mundo, explotadas durante mucho tiempo con una rentabilidad sin precedentes por las multinacionales estadounidenses y sus accionistas.

Maduro era un dictador brutal y corrupto, pero Trump se lleva muy bien con muchos dictadores brutales y corruptos, lo que no le genera ninguna hostilidad.

El objetivo principal de la expedición trumpista es otro: retomar la explotación del maná petrolero venezolano en beneficio de las grandes fortunas estadounidenses, explotación que alcanzó su primer apogeo en la década de 1950, durante la “edad de oro” mitificada por el movimiento MAGA.

Si queremos comprender la ambición de la Casa Blanca, debemos volver a esta historia poco conocida: la de un extractivismo internacional llevado al extremo, del que Trump busca escribir hoy un nuevo capítulo que, si lo consigue, podría resultar aún más extremo.

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La producción petrolera venezolana comienza en la década de 1910 con un vicio fundacional: el petróleo se entrega, por así decirlo, a las grandes empresas extranjeras.

El dictador Juan Vicente Gómez dio concesiones extraordinariamente generosas a las multinacionales estadounidenses y británicas, que rápidamente desarrollaron la producción.

En 1929, Caracas representaba más del 10 % de la producción mundial de oro negro y era el primer exportador mundial.

En 1957, el equivalente al 12 % del producto interior neto venezolano iba a parar a los accionistas estadounidenses

Inicialmente, británicos y estadounidenses se repartían el pastel. Al término de la Segunda Guerra Mundial, estos últimos acabaron llevándose todo el botín. Venezuela se convirtió en el principal receptor de inversiones internacionales estadounidenses y en su principal fuente de beneficios extranjeros.

En 1957, en el apogeo de este extractivismo transfronterizo, los beneficios registrados por las grandes empresas estadounidenses en Venezuela eran del mismo orden de magnitud que el conjunto de los beneficios obtenidos por todas las multinacionales estadounidenses –de todos los sectores– en todos los demás países de América Latina y todos los países de Europa continental juntos.

El equivalente al 12 % del producto interior neto venezolano –es decir, el valor de todos los bienes y servicios producidos cada año en el país– iba a parar a los accionistas estadounidenses. Es decir, aproximadamente lo mismo que recibía la clase popular de Venezuela, el 50 % más pobre del país.

El PIB de Venezuela aumentaba, pero en beneficio de las grandes fortunas estadounidenses que cobraban los dividendos y de los empleados estadounidenses bien remunerados.

A principios de la década de 1960, Venezuela albergaba la mayor comunidad de expatriados estadounidenses. Estos vivían en enclaves reservados para ellos, dotados de hospitales flamantes y lujosos campos de béisbol.

Es la “edad de oro” a la que el poder trumpista desea volver. Un reparto de los ingresos petroleros que difícilmente podría ser más injusto y desigual.

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También es un modelo de desarrollo profundamente inestable, que solo puede provocar reacciones violentas.

¿Cómo aceptar que los ingresos que perciben los accionistas extranjeros sean del mismo orden de magnitud que los que percibe la mitad de la población local?

Hasta la década de 1950, siguiendo los pasos de Gómez, los diferentes regímenes que se sucedieron en el poder en Caracas prefirieron mimar al capital internacional, manteniendo una fiscalidad ligera, plegándose a los deseos de las grandes empresas y, a menudo, enriqueciéndose en el proceso.

A partir de la década de 1960, al igual que en el resto de América Latina, los sucesivos gobiernos intentaron negociar condiciones financieras más equilibradas.

Venezuela se puso al frente de este movimiento. El político venezolano Juan Pablo Pérez Alfonzo fue el impulsor de la creación de la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) en 1960. El país tomó las riendas del movimiento para instaurar un “nuevo orden económico internacional” y exigir una revisión de las reglas del comercio mundial.

Este proceso culminó en 1976 con la nacionalización de los activos de ExxonMobil, Shell y Chevron en Venezuela.

Donald Trump tenía entonces 30 años. Hoy en día no deja de denunciar este “robo”. Y no oculta su principal objetivo: volver a las condiciones leoninas del periodo 1920-1960.

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Si lo consigue, se puede prever una duplicación o incluso una triplicación de los beneficios de la industria petrolera estadounidense, uno de los mayores financiadores de Trump y del Partido Republicano.

Las reservas de oro negro de Venezuela son, en efecto, considerables, las más importantes del mundo. Y están prácticamente sin explotar, ya que la producción se ha desplomado debido a la mala gestión del régimen chavista y al endurecimiento de las sanciones estadounidenses en 2017.

Los intereses financieros son tanto más importantes cuanto que los precios del petróleo son más elevados que en los años cincuenta. Si Trump lograra restablecer las condiciones financieras que prevalecían a mediados del siglo XX, las ganancias obtenidas por las grandes empresas estadounidenses y sus propietarios se verían incrementadas en la misma medida.

Cuando Trump dice que quiere “gobernar” Venezuela, ese es su proyecto.

Para dar una idea de la magnitud, los beneficios de Aramco, el principal productor de petróleo de Arabia Saudí, país que alberga las segundas mayores reservas de oro negro, han ascendido en los últimos años a entre 100.000 y 150.000 millones de dólares al año.

Entre 100.000 y 150.000 millones de dólares al año: esa es la suma que está en juego hoy en día tras el secuestro de Maduro.

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Por Jorge Otero, publicado originalmente para Público.

• El Estado español ya no está bajo la supervisión de la UE después de 13 años, aunque queda por pagar parte del rescate. Mientras, las entidades financieras apenas han reintegrado las ayudas públicas. 
• El economista Carlos Sánchez Mato cree que el coste político del rescate bancario es tan alto, que en los últimos años los Gobiernos de Mariano Rajoy y de Pedro Sánchez han decidido minimizar el asunto. 
• «Pagar el préstamo de la UE no acaba con el verdadero escándalo que ha supuesto el rescate de la banca en España», subraya Sánchez Mato.

«Ya no vendrán más». Con esta palabras, Carlos Cuerpo, ministro de Economía, Comercio y Empresa anunció el pasado martes que los llamados hombres de negro iban a dejar de visitar España dos veces al año después de que el Estado español haya devuelto más del 75% del préstamo del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) que recibió en 2012 para rescatar a la banca, y especialmente a Bankia. El Tesoro realizó este jueves un nuevo pago de 4.575 millones de euros, con lo que ya se han devuelto 34.047 millones de los 41.333 millones que recibió España de las instituciones de la UE. Quedan pendientes de pagar 7.285 millones, que habrá que devolver entre 2026 y 2027.   

El final de las visitas de los hombres de negro tiene una evidente carga simbólica. Oficialmente, desde este jueves 11 de diciembre de 2025, España ya no está bajo supervisión financiera de la Unión Europea por primera vez en 13 años. Como explica el economista Carlos Sánchez Mato, el adiós a los hombres de negro invita a pensar que el Estado español ha terminado de pagar el famoso rescate bancario cuando no es así. «Da una apariencia carpetazo a una historia que está lejos de haber sido estudiada, analizada e incluso judicializada», sostiene Sánchez Mato. 

Porque los hombres de negro no volverán, pero España aún sigue pagando por el rescate bancario, que incluye las ayudas públicas que empezaron en el año 2009 con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. «El rescate a la banca es mucho más amplio», certifica Sánchez Mato, experto en banca y en las ayudas que históricamente ha recibido el sector. 

La devolución al MEDE avanza a buen ritmo, pero el coste para el Estado es mucho mayor que lo que marca ese préstamo. Las cifras bailan según quien haga las cuentas, pero hay una realidad incuestionable: el Estado no va a recuperar, ni de lejos, todo el dinero público destinado a salvar a la banca. Ésta, por su parte, tampoco va a pagar lo que debería. Aquellas promesas del Gobierno presidido por Rajoy de que el rescate bancario no le iba a costar «ni un solo euro al contribuyente» se diluyeron muy pronto como lágrimas en la lluvia. 

El Tribunal de Cuentas sostiene en su último informe que a 1 de enero de 2022 el rescate a la banca había costado hasta ese momento 71.833 millones de euros. De esa cantidad, 50.622 millones de euros corresponden al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), el instrumento creado por el Estado para la reconversión y liquidación de las cajas de ahorros, y otros 21.273 millones son aportaciones de entidades de crédito. Estas cifras, sin embargo, «no pueden considerarse definitivas», advirtió el propio Tribunal de Cuentas la pasada primavera.

Las cifras del FROB son parecidas, pero no exactamente iguales. El organismo informaba el pasado mes de septiembre de que, en total, el Estado ha puesto 58.000 millones de euros de dinero público sobre la mesa para rescatar a la banca desde 2009, pero que hasta ahora solo se han recuperado 6.922, apenas el 11,93% del total. En este sentido, lo acontecido con Bankia es un ejemplo cristalino: de los 22.000 millones destinados a la entidad que presidía Rodrigo Rato, el Estado (que tras la absorción por parte de CaixaBank, tiene una participación del 16,1% en la entidad catalana) espera, en su estimación más optimista, recuperar 9.000 millones de euros. El resto, se ha perdido para siempre. 

En la misma línea que el FROB, el Banco de España nunca se ha mostrado muy optimista respecto a la posibilidad de que el Estado recupere todo el dinero público destinado a mantener los bancos a flote. Entre los años 2013 y 2019, el organismo regulador publicó una nota anual sobre las ayudas financieras a la banca en la que analizaba la situación. Sin embargo, en 2020 dejó de hacerlo. En su última nota sobre este asunto, la del año 2019, el Banco de España asumía que como mucho el Estado iba a recuperar el 21% de todas las ayudas públicas. Desde entonces el organismo regulador ha guardado silencio. 

El lastre de la Sareb

Las cuentas de Carlos Sánchez Mato son distintas. A esos 58.000 millones de euros reconocidos por el FROB, él añade los avales y las garantías que en su día exigió el MEDE para prestar dinero al Estado español y que han terminado por engrosar la factura final. Esas condiciones fueron impuestas por escrito en lo que en su día se denominó Memorando de Entendimiento (MoU por sus siglas en inglés). «El MoU suponía poner rodilla en tierra ante Bruselas. Te daban el dinero pero te ponían condiciones y los hombres de negro supervisaban esas condiciones», ilustra Sánchez Mato.

Con su préstamo, el MEDE exigía la creación de la Sareb, que en su día fue bautizado como el «banco malo». Fundado en 2012 con la participación mayoritaria del Estado, la Sareb, acrónimo de Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, asumió desde un principio los «activos tóxicos» que la banca no quería (esencialmente inmobiliarios) por valor de más de 300.000 millones. Esos activos han sufrido fuertes depreciaciones con el paso de los años hasta acumular un patrimonio negativo que superaba los 14.000 millones a principios de 2024. Solo en ese año la Sareb sufrió pérdidas netas de 2.826 millones de euros.

«Todavía están cayendo los costes de los avales y las garantías proporcionadas en las operaciones de venta y privatización de las cajas. Aún hay garantías vivas que si no se devuelven por parte de quienes se tienen que devolver, el Estado pringa. Pero la parte del león son las enormes pérdidas de la Sareb y los créditos fiscales monetizables, los DTA», puntualiza Sánchez Mato. Por todo ello, Sánchez Mato ofrece una cantidad alternativa, lo que él considera el «coste real» del rescate bancario: «Hasta el año 2024, 102.000 millones de euros», afirma categórico.

Escándalo

«Pagar el préstamo del MEDE no acaba con el verdadero escándalo que ha supuesto el rescate de la banca en España», añade Sánchez Mato. Este experto calcula que el montante final rondará los 140.000 millones de euros allá por el año 2032, que es cuando terminará de pagarse la factura según estableció en su día el Gobierno de Rajoy. 

«Los 140.000 millones no son una cantidad echada al aire. Las pérdidas de la Sareb van a ir a más, porque ya solo le queda la morralla, y además están los créditos fiscales que han salvado entre 70.000 y 80.000 millones de euros en activos de los bancos. Muchos de ellos se terminarán convirtiendo en deuda pública cuando llegue 2032″, afirma Sánchez Mato.

De ese dinero, el Estado va a recuperar muy poco. «Nadie ha dudado nunca de que España iba a poder pagar el préstamo del MEDE. El problema aquí es que no ha pagado quien tenía que pagar [los bancos]», concluye Sánchez Mato. 

El economista asegura que solo hay una razón para que los bancos no paguen lo que les corresponde: «Ha faltado voluntad política». Según su teoría, el coste político del rescate bancario es tan alto, que en los últimos años los Gobiernos de Rajoy y de Pedro Sánchez han decidido echar un tupido velo sobre el asunto y tapar las verdaderas cifras del rescate. 

A todo ello hay que añadir, según Sánchez Mato, la imposición de un relato falso: «Una de las operaciones políticas de mayor calado ha sido establecer la gran mentira de que aquí solo se rescató a las cajas de ahorro controladas por los políticos. Pero la crisis era de todo el sector, incluidos los grandes bancos. Todos estaban en quiebra. Las medidas tomadas durante el rescate y la nacionalización y posterior venta de las cajas salvaron a los grandes bancos», concluye Sánchez Mato.

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Por Javier Franzé. Publicado originalmente para ctxt.

El mal es un viejo conocido de la política. Se diría que es su sombra, aunque eso nos obligaría a identificar la luz que la produce. En cualquier caso, no hay un solo mal, sino muchos y variados. No sólo porque hay muchas acciones malas que cometer, sino también porque hay variados géneros de mal. Pero ¿cuál es el nuestro de hoy? ¿Hay alguno inédito o son los viejos conocidos de siempre? Tenemos la sensación de que algo nuevo ronda por ahí, pero no resulta fácil identificarlo.

Entre las acciones malas tenemos hoy la guerra, la mentira, el engaño y la corrupción, entre otras. Y entre los géneros a la hora de hacer el mal contamos con el disimulo, el banal y también el asumido. Pero esto, que es mucho, no parece ser todo. Hay un nuevo amigo: la desinhibición. En su libro Tiempos nihilistas, Wendy Brown acuña un sugerente nombre para hablar de líderes como Trump u Orban, a los que se puede agregar Milei y también Bolsonaro o Abascal: “liderazgos desinhibidos”.

Aunque es un concepto de la psicología, la desinhibición parece dar cuenta de los muchos vericuetos existentes en la relación entre ética y política. ¿Ética y política? ¿Todavía vamos a seguir hablando de ética y política en un mundo como éste? Sí. Veamos por qué.

El problema clásico de la ética política es que lo bueno a veces choca con lo útil. Por ejemplo, en ocasiones la paz no resulta un medio eficiente para alcanzar la paz, sino que –sin pretenderlo– conduce a la guerra. Es lo que sucedió con los Acuerdos de Múnich de 1938: Gran Bretaña y Francia acordaron con la Alemania nazi cambiar la anexión de los Sudetes por la paz, pero Hitler no cumplió su palabra y de inmediato ocupó el resto de Checoslovaquia. Eso obligó a hacer la guerra para frenar el expansionismo alemán y alcanzar la paz. Una guerra que provocó unos sesenta millones de muertos (la gran mayoría civiles), trajo la democracia social a Europa, pero también consolidó el totalitarismo soviético de Stalin y sus gulags. Quizá no haya caso más descarnado de cómo el mal puede ser más útil que el bien para conseguir algo ni siquiera completamente bueno, porque confirmó males similares a los que combatía como el totalitarismo, la Guerra Fría y el imperialismo, entre otros.

La forma clásica de faltar a la ética política es llamar al mal bien. Es decir, no reconocer el mal hecho y presentarlo en cambio como un bien: una matanza indiscriminada es justificada como un acto de legítima defensa o un ataque terrorista, como un acto de liberación antiimperialista. Sin embargo, cumplir con la ética política consiste en primer término en buscar el bien, pero también –y quizá principalmente– en asumir la necesidad de realizar el mal, no en hacer siempre y mecánicamente el bien, precisamente porque se sabe que a veces el bien puede llevar al mal (y viceversa). Es decir, ser ético en política implica buscar el medio bueno, pero sobre todo asumir el mal, no eludirlo ni arrepentirse si resulta necesario. No equivale a decir “no debería haberlo hecho” o “no volveré a hacerlo”, sino por el contrario mostrar el dolor, la pena e incluso la culpa por tener que haber recurrido en caso extremo al mal para conseguir el bien o, mejor dicho, para evitar un mal mayor.

Ese es el criterio de la ética política: males menores evitan males mayores (o consiguen bienes relativos). Llamar al mal bien o mostrarse indiferente por el mal hecho es lo que expresa la frase –habitualmente mal atribuida a Maquiavelo– “el fin justifica los medios”. En efecto, según este criterio, si el fin se consigue, todo lo que llevó a él queda justificado, sin resquemor ni aflicción alguna, porque el éxito retrospectivamente lo disculpa todo.

Curiosamente, entonces, tanto quien observa la ética política como aquel que la incumple reconocen no obstante la existencia del bien. Ambos aceptan la existencia del límite que toda acción, para ser buena, debe respetar y reconocen, por lo tanto, que si lo franquea estaría entrando en el mal. Es por eso que quien observa la ética política asume el mal cometido, pero por lo mismo el que no la cumple quiere presentar el mal como bien. Ambos buscan cobijarse en el bien, más allá de la forma y la finalidad con que lo hagan.

Pero el mal actual ya no quiere parecer bueno. Cuando Trump dice que podría disparar en la Quinta Avenida e igual sería votado o cuando Milei afirma que “no odiamos lo suficiente a los periodistas” no están siendo espontáneos, ni auténticos, ni transparentes, sino desinhibidos; es decir, están desreconociendo el límite entre el bien y el mal. Por eso no pueden ni lamentar tener que traspasarlo, ni disimular que lo han cruzado.

Antes la discusión consistía en discutir el contenido del bien y del mal; por ejemplo, para la izquierda la igualdad era buena y la iniquidad, mala, mientras que para la derecha la libertad era el bien y el igualitarismo, el mal. Esta controversia se basaba lógicamente en el reconocimiento de la existencia del bien y del mal e, incluso, de las paradójicas relaciones que la política teje entre ellos. Sin embargo, hoy nuestro problema parece ser restituir el sentido de la distinción entre el bien y el mal, cualesquiera sean sus contenidos y los criterios que tengamos para franquear ese límite. La acción de los líderes desinhibidos se sitúa, así, más allá del bien y del mal. Justo ahí parece estar la diferencia y la particularidad de nuestro mal actual.

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Por Manuel Gabarre de Sus. Publicado originalmente para ctxt.

La Sareb (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria) fue creada en 2012 durante el Gobierno de Rajoy a partir de la transferencia de activos de cuatro entidades nacionalizadas (BFA-Bankia, Catalunya Banc, NCG Banco-Banco Gallego y Banco de Valencia), junto con otras en proceso de reestructuración. La entidad que surgió de allí podría haber cambiado el acceso a la vivienda en España, puesto que llegó a adquirir 400.000 inmuebles y 100.000 préstamos a promotores, provenientes de la gran crisis inmobiliaria. Ese patrimonio debería haber sido la base de un sistema público de vivienda similar al de otros países europeos como Francia o Austria. Pero sucedió todo lo contrario: pese a financiar aquellas compras con dinero público, el Estado ha malvendido los bienes para el provecho del sector financiero. De la privatización de Sareb se han beneficiado muchas personas bien conectadas con el mundo político y empresarial, dado que la venta de sus viviendas y solares se ha realizado de manera oculta, pero no ha redundado en provecho de la sociedad española.

Ahora, una pequeña parte de aquellos bienes que todavía le quedan a Sareb pasará al fin a formar parte del sector público a través de la sociedad Casa 47. Esta política debería haberse implantado desde la creación de la entidad hace trece años. A continuación, explicamos cómo se ha llegado a esto.

La creación de Sareb

Luis de Guindos fue la persona clave en la privatización de Sareb. El 25 de junio de 2012 solicitó la asistencia financiera a la Unión Europea para sufragar el rescate de las entidades bancarias. Así, De Guindos, representando al Gobierno de España, firmó el Memorándum de Entendimiento sobre Política Financiera con la Comisión Europea y el Banco de España. 

Este contrato recogía las condiciones que imponía la Comisión Europea para rescatar a la banca española con un préstamo de cien mil millones de euros. A cambio, la troika –formada por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea– imponía su programa político al Gobierno español. Este programa incluía la pérdida de derechos de los trabajadores a través de la reforma laboral, los recortes de los servicios públicos y el fin del sistema de vivienda español basado en el endeudamiento hipotecario.

El rescate también incluía la creación de un organismo que asumiera los bienes inmobiliarios de las entidades financieras con problemas

El dinero de aquel rescate provenía del Mecanismo Europeo de Estabilidad. Los países de la Unión Europea habían dotado a este fondo con 700.000 millones de euros. Su finalidad declarada era rescatar a aquellos países que no pudieran financiarse en los mercados durante una situación de crisis. Pero la finalidad real fue crear un cortafuegos que protegiese a la banca europea de la quiebra de las entidades bancarias españolas, griegas o irlandesas que estaban fuertemente endeudadas con ella.

El contrato del rescate también incluía la creación de Sareb, puesto que se exigió la constitución de una entidad que asumiera los bienes inmobiliarios de las entidades financieras con problemas. Estos bienes estaban formados por las viviendas provenientes de embargos y de desahucios, así como por todos los préstamos a las promotoras inmobiliarias. Además, el contrato de rescate exigía la privatización de los bienes inmobiliarios adquiridos. Era urgente arreglar el problema de la vivienda en España. Pero, en lugar de cambiar de modelo mediante la gestión pública de esas viviendas, la troika obligó a seguir girando la rueda del negocio inmobiliario. Lo hizo para el provecho del sector financiero europeo y, sobre todo, de Estados Unidos. Todo esto en un país donde solo en el año 2014 se produjeron más de 70.000 ejecuciones hipotecarias según el CGPJ. 

Los bienes de Sareb

Sareb llegó a poseer 400.000 bienes inmobiliarios. Desde suelos sin urbanizar hasta solares y viviendas en las mejores zonas

Multitud de bancos y de cajas de ahorro quebraron cuando los deudores hipotecarios quedaron en paro. A su vez, los promotores tampoco podían atender los créditos con los que financiaron la construcción de viviendas. Sareb compró los bienes inmobiliarios de estas entidades financieras pagándoles 51.000 millones de euros. Ese precio era algo menos de la mitad del valor que tenían anotado los bancos por esos bienes (107.000 millones de euros). Los bienes estaban compuestos por más de cien mil viviendas provenientes de embargos, así como por los créditos de los promotores inmobiliarios. Aunque se tratase de promotores solventes que atendían sus créditos en plazo, Sareb se quedó con ellos. Estos préstamos estaban respaldados por locales, hoteles, suelos industriales, viviendas y solares. De esta manera, Sareb llegó a poseer 400.000 bienes inmobiliarios y 100.000 préstamos a promotores. Los había de todas las categorías: desde suelos sin urbanizar hasta solares y viviendas en las mejores zonas de las ciudades españolas.

El trampantojo de Sareb

Los grandes bancos españoles aportaron unos 2.600 millones de euros y el Estado, otros 2.200 millones al capital de Sareb. De este modo, Sareb disponía de 4.800 millones de capital, pero pagó 51.000 millones a las cajas y los bancos quebrados. ¿Cómo fue posible? La respuesta es que Sareb recibió un préstamo de 51.000 millones de euros del Banco Central Europeo. El objetivo declarado era devolver ese préstamo vendiendo sus bienes. Según expuso el Ministerio de Luis de Guindos a la Comisión Europea, Sareb tendría unas ganancias del 14  % anual. El entonces ministro prometió que “Sareb no costaría ni un solo euro a los españoles”. 

El préstamo con el Banco Central Europeo escondía un truco: el Estado lo había avalado

Eran conscientes de que eso era imposible. Sareb estaba destinada a perder decenas de miles de millones de euros con cargo a la ciudadanía. El motivo era que el préstamo con el Banco Central Europeo escondía un truco: el Estado lo había avalado. Todo lo que Sareb no pudiese devolver recaería sobre la Administración. Esa es la razón por la que su quiebra en el año 2022 incrementó la deuda pública en 30.000 millones. La Unión Europea premió a Luis de Guindos por su gestión y actualmente es vicepresidente del Banco Central Europeo. Cabe preguntarse para quién se gobierna en Europa.

La opacidad de Sareb

La entidad vendió los solares y las viviendas de manera opaca. Gracias al trampantojo con el que había ocultado lo que realmente era –una gran inmobiliaria pública– pudieron funcionar como una organización de naturaleza privada y escapar de los controles administrativos. 

La legislación exige que la Administración venda sus bienes a través de subastas públicas. Cuando la venta de bienes inmuebles supera los 20 millones de euros, el Consejo de Ministros debe rubricarla. Sin embargo, Sareb esquivó todos estos controles debido a su condición fraudulenta de empresa privada. De esta manera, las inmobiliarias de los tres grandes bancos que habían aportado capital en Sareb –Santander, La Caixa y Banco Sabadell– vendieron las viviendas y los suelos de Sareb de manera opaca. Se desconoce el precio de venta, quién las compró y dónde estaban ubicados. Las inmobiliarias de los bancos cobraban comisiones a la entidad por las ventas de su patrimonio, con las que recuperaban lo perdido en su capital. Sareb es probablemente la mayor estafa a la ciudadanía de las últimas décadas. 

El fondo oportunista Cerberus se coló entre los vendedores de los bienes de Sareb. Cerberus es un fondo de inversión vinculado con el Partido Republicano: su fundador y consejero delegado es Steve Feinberg. Donald Trump lo nombró a comienzos de 2025 subsecretario de Defensa de los Estados Unidos, y desde ese cargo dirige el colosal presupuesto militar americano. Por otra parte, el principal enlace de los republicanos en España es José María Aznar desde que apoyó la guerra de Irak. Así que Cerberus contrató como consejero a José María Aznar Botella. También contrató como presidente de su inmobiliaria Haya a Juan de Hoyos, el mejor amigo del expresidente. Inmediatamente Sareb le encomendó a Haya las ventas de los bienes de la antigua Caja Madrid. Así, el entorno de los Aznar pudo vender con total opacidad los bienes de la caja que habían contribuido a arruinar con el nombramiento de Miguel Blesa. 

La quiebra de Sareb

A finales de 2020, la Comisión Europea manifestó que el engaño de que Sareb fuese una entidad privada había durado lo suficiente

Sareb generaba pérdidas de miles de millones de euros cada año. A los tres años de su creación ya debería haber declarado su quiebra. Pero el Gobierno la eximió de esta obligación. Entre los compradores de los bienes de Sareb se encuentran los fondos oportunistas de Estados Unidos como Blackstone y Goldman Sachs. Adquirieron miles de viviendas, así como el suelo urbano por donde debían crecer las ciudades españolas. Así fue cómo perdimos la oportunidad de crear un potente parque público de vivienda.

A finales del año 2020, la Comisión Europea manifestó que el engaño de que Sareb fuese una entidad privada había durado lo suficiente. Eurostat exigió a las autoridades españolas que calificasen la deuda de Sareb como pública. En el año 2022, Sareb pasó a ser una empresa pública donde el Estado tenía más de la mitad del capital. A pesar de su condición pública, el Ministerio de Economía decidió que Sareb no tenía que seguir los mismos criterios de transparencia que cualquier empresa estatal. De este modo, encomendó a los fondos oportunistas Blackstone y KKR la venta de su patrimonio. Por supuesto, las ventas continuaron realizándose de manera opaca.

Casa 47: ¿Un final feliz?

Este año, el Gobierno ha anunciado la incorporación de una parte de los bienes de Sareb a una empresa pública de vivienda llamada Casa 47. La creación de Casa 47 es una noticia excelente. Se puede ver como una victoria de los movimientos sociales, e incluso podría ser el inicio de un cambio en el sistema de vivienda. Sin embargo, desde la perspectiva de lo que pudo ser Sareb es una noticia triste: solo se traspasarán 40.000 viviendas a Casa 47, junto con 2.400 solares para construir otras 55.000 viviendas. Esas casi cien mil viviendas públicas son una cantidad muy importante, pero apenas suponen una décima parte de los bienes que tuvo Sareb en su día. 

Sareb podría haber sido el germen de una entidad pública con un millón de viviendas. Con ese volumen el gobierno habría sido capaz de intervenir en los precios y de crear unas ciudades más agradables. Aunque el Estado se ha quedado con un buen número de viviendas y solares a través de Casa 47, esa cantidad es insuficiente para determinar las condiciones del acceso a la vivienda. Además, Sareb nos ha causado unas pérdidas de unos 25.000 millones de euros. En suma: Sareb es la historia de un gran desfalco de proporciones históricas.

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Por Juan Torres López, Consejo Científico de Attac. Publicado originalmente para ctxt.

El problema de fondo no es Trump, sino que el imperio en declive ya no puede pagar aliados, que debe defenderse a sí mismo y que hará lo que sea necesario para que Europa desaparezca del tablero internacional.

Hay muchos motivos por los que el año que está a punto de acabar merece ser recordado con frustración y dolor. Hemos vuelto a contemplar auténticos genocidios. Según el Instituto para la Economía y la Paz (IEP), el número de conflictos armados ha vuelto a ser el más elevado desde la Segunda Guerra Mundial, involucrándose en algunos de ellos potencias nucleares, con el riesgo añadido que eso conlleva. Amnistía Internacional ha mostrado que la situación de los derechos humanos se deteriora en todo el mundo. Las causas, según esta organización, son la “inacción colectiva para abordar la crisis climática, revertir las desigualdades cada vez más profundas y restringir el poder de las empresas”, así como “la deriva hacia prácticas autoritarias y crueles medidas represivas contra la disidencia en todo el mundo”.

Hay, pues, numerosos elementos que podrían ser tomados como muestra de la desastrosa situación en la que se encuentra el planeta. Sin embargo, me parece que hay uno que tiene una especial relevancia geopolítica y estratégica, y que yo elegiría como referente de 2025: la renuncia de la Unión Europea a ser un baluarte libre y autónomo de la paz y la democracia, y el reconocimiento público de su sometimiento servil e indigno hacia Estados Unidos.

Costaría trabajo señalar un solo mes en el que no se haya producido una ofensa, un insulto, una amenaza, alguna muestra de enemistad de la administración Trump hacia la UE

Costaría trabajo señalar un solo mes del año en el que no se haya producido una ofensa, un insulto, una amenaza, alguna muestra, en fin, de desprecio, agresividad y enemistad de la administración de Donald Trump hacia la Unión Europea, sus valores fundacionales y su ciudadanía. Y el mismo esfuerzo llevaría encontrar alguna respuesta firme, digna y con coraje por parte de sus mandatarios. 

En febrero de 2025, durante la Conferencia de Seguridad de Múnich, el vicepresidente JD Vance criticó que Europa defienda la democracia, y señaló a la extrema derecha neofascista como la portadora de los valores que Estados Unidos quiere compartir en nuestro continente. Poco más tarde, Trump ridiculizó a Zelenski y después los líderes europeos lo visitaron para ser recibidos como alumnos a quienes el director de la escuela apercibe y da instrucciones. Después, la mayoría de los gobiernos europeos se arrodillaron ante “papito”, según llamó el secretario general de la OTAN a Trump, y aceptaron un caprichoso, irracional e injustificado compromiso de llegar al 5 % del PIB en gasto militar. Por si eso fuese poco, la presidenta de la Comisión Europea superó todas las marcas de la indignidad aceptando las imposiciones comerciales del presidente estadounidense en un campo de golf propiedad de este último. La Estrategia Nacional de Seguridad publicada hace unas semanas confirmó de la forma más nítida posible que Estados Unidos desprecia a la Unión Europea y que se dispone a apoyar a las fuerzas políticas que ponen en cuestión su propia existencia. El año termina con sanciones a dirigentes europeos que pusieron en marcha normas comunitarias en defensa de libertades y derechos de ciudadanía elementales.

Ante todo eso, la Unión Europea apenas ha abierto la boca. O ha callado, o no ha ido más allá de mostrar algunas respuestas tibias, tan tímidas, impotentes e ineficaces que, en lugar de reforzar o marcar su posición, lo que han conseguido es producir vergüenza y quedarse en una situación aún más insignificante, en ridículo y en evidencia en el escenario internacional. Ha sido tan sumisa ante las afrentas de Estados Unidos como silente ante las crueldades de Israel en Palestina. En ambos casos, cobarde y, por tanto, cómplice de la autocracia y del crimen.

La única reacción consistente de Europa ha sido el rearme

La única reacción consistente de Europa ha sido el rearme. Una respuesta, sin embargo, que la debilita aún más porque es una estrategia que carece de elementos esenciales para poder ser una sincera y útil apuesta para garantizar nuestra defensa: unidad política y un ejército auténticamente paneuropeo, no depender del material bélico y de la inteligencia de terceros y en concreto de Estados Unidos, autonomía energética e industria potente y, sobre todo, una ciudadanía dispuesta a tomar las armas bajo una misma bandera. El aumento del presupuesto militar sólo lleva a lo único que saben hacer bien los dirigentes y las instituciones europeos, aumentar las ganancias de las grandes corporaciones.

La Unión Europea ha capitulado ante Estados Unidos cuando este se ha mostrado como enemigo de Europa. Y lo peor no es que lo haya hecho ante los aranceles, las anunciadas sanciones a empresas o las ya establecidas sobre personalidades europeas, como he mencionado, o ni siquiera ante la que va a ser cada vez mayor intromisión trumpista en Europa para apoyar al neofascismo europeo. Lo que realmente está dando por bueno es lo que Estados Unidos ya expresa sin ningún disimulo: su nueva y obligada estrategia para sobrevivir como potencia imperial pasa por reducir Europa a la nada, económica y políticamente hablando.

La pregunta clave en esta situación es si la Unión Europea está en condiciones de responder de otro modo, o si necesariamente ha de darse por vencida, aun a sabiendas de que esto sólo la llevará a la irrelevancia internacional y quizá por un camino sin vuelta atrás hacia su progresiva desintegración.

Johnny Ryan, director de Enforce, una unidad del Consejo Irlandés para las Libertades Civiles que supervisa los derechos humanos en las grandes plataformas digitales, escribió en septiembre pasado un artículo significativamente titulado Europa debe tomar la bazuca o será humillada. De él se deduce que si Europa no se está defendiendo es porque sus dirigentes no lo desean, y no porque carezcan de medios para hacerlo.

El arma a la que se refería Ryan es, simple y llanamente, que Europa cumpla sus propias leyes –en concreto el Reglamento General de Protección de Datos– y que utilice los instrumentos anticoerción de los que dispone. 

Como señala Ryan en otro un artículo posterior publicado en The Guardian, se sabe que las grandes empresas tecnológicas estadounidenses están entrenando sus modelos de IA con grandes cantidades de datos personales, algo que es ilegal en Europa y que sólo salvan gracias a que la Comisión Europea viene haciendo la vista gorda con la normativa muy laxa en ese aspecto de Irlanda. 

Ante las amenazas y agresiones trumpistas, Europa podría recurrir al mismo tipo de restricciones que impone EEUU y bloquear la producción de chips

Si la Unión Europea “tuviera el coraje de ejercer esta presión –dice Ryan– estas empresas tecnológicas estadounidenses tendrían que reconstruir sus tecnologías desde cero para gestionar los datos correctamente”. Y a esto se podría añadir que Europa dispone de otra “bomba” que produciría un daño inmenso a la economía estadounidense si la utilizara: la empresa neerlandesa ASML –sujeta a legislación neerlandesa, normativa europea, y decisiones políticas del gobierno holandés y de la Unión Europea– es la única que fabrica las máquinas de litografía sin las cuales no se pueden grabar los microchips esenciales para las grandes empresas tecnológicas estadounidenses. Ante las amenazas y agresiones trumpistas, Europa podría recurrir al mismo tipo de restricciones que impone Estados Unidos y bloquear la producción de chips.

Como dice Ryan, es poco probable que la burbuja de la inteligencia artificial sobreviviera a este doble impacto. La Unión Europea podría frenar en seco la economía estadounidense, actualmente impulsada por la inversión en inteligencia artificial. 

Son sólo dos ejemplos que fácilmente demuestran que Europa sí dispone de instrumentos para enfrentarse inmediatamente a Estados Unidos y negociar en lugar de someterse, si sus dirigentes quisieran; como han querido los de Brasil, por ejemplo, cuando han plantado cara con dignidad a una potencia mucho más poderosa.

La inacción de Europa es el resultado de muchas décadas de sometimiento al imperio, de democracia inexistente 

No se trata, sin embargo, de una simple falta de voluntad y dignidad de las autoridades europeas. Su inacción es el resultado de muchas décadas de sometimiento al imperio, de democracia inexistente a escala paneuropea, de un diseño institucional concebido para satisfacer la avaricia corporativa en lugar de para generar bienestar y que, por tanto, ha dejado sin suficiente protección ni seguridad a la gente corriente, lo que ahora la lleva a caer cada vez más en brazos de la extrema derecha. En lugar de generar pulsión democrática que le ayudara a defenderse de agresiones exteriores, los dirigentes y las instituciones europeas se han convertido en la fuente de insatisfacción que alimenta al autoritarismo; y la vergüenza y repulsa ante el modo en que se comportan sus dirigentes sustituyen al afecto y la complicidad que son imprescindibles para forjar comunidades unidas, libres y estables.

Quienes han decidido y deciden ahora los destinos de Europa sometiéndose al imperio de las grandes empresas y al interés de Estados Unidos la han convertido en enemiga de sí misma. En una especie de enferma autoinmune, pues ella misma genera los elementos que la atacan, en lugar de producir los valores de la paz, la democracia, el bienestar y la seguridad como las mejores y más efectivas defensas ciudadanas y civilizatorias que son para protegerse de cualquier amenaza exterior. 

Y sólo hay un error mayor que eso: creer que se sufre una simple enfermedad pasajera que desaparecerá cuando Donald Trump abandone la Casa Blanca. En el supuesto optimista que no venga una etapa aún peor en 2028, la vuelta del Partido Demócrata podrá aliviar las formas, pero no evitar lo fundamental, como ya empezó a ocurrir con Obama y Biden, o hubiera sucedido si hubiese ganado Kamala Harris. El problema de fondo no es Trump, sino que el imperio en declive ya no puede pagar aliados, que debe defenderse a sí mismo y que hará lo que sea necesario para que Europa desaparezca del tablero internacional. Es lo que ocurrirá inexorablemente si aquí no se recupera la dignidad y si no se da completamente la vuelta al diseño de la Unión Europea.

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Por Lucía Martínez Elorriaga. Publicado originalmente para Público.

Tras años de lucha contra la socimi Elix Rental Housing los vecinos de Tribulete 7 han conseguido que el Juzgado número 17 de Madrid admita a trámite su querella contra el fondo buitre por acoso inmobiliario. «Es la primera vez que se imputa a un fondo buitre como persona jurídica por acoso a los inquilinos», ha explicado este miércoles Alejandra Jacinto, abogada del Sindicato de Inquilinas. 

La portavoz del Sindicato de Inquilinas, Ruth Galán, ha declarado que entre los imputados se encuentran el socio fundador de Elixir Rental Housing, el director de inversiones de la empresa, la mediadora y el arquitecto responsable de las obras. Todos ellos deberán declarar el próximo 19 de febrero de 2026 como acusados de un delito de carácter penal. Por su parte, el 3 de marzo tendrá que prestar declaración el jefe de obra de la constructora Serrazar, empresa subcontratada por Elix para la realización de las obras en el edificio. 

Los vecinos de Tribulete llevan luchando contra Elix desde marzo de 2024, fecha en la que la empresa compró el bloque de viviendas de Lavapiés. Los vecinos, con la ayuda del Sindicato de Inquilinas, comenzaron la estrategia Nos quedamos que «consiste en resistir en sus viviendas a pesar de la expiración del contrato de alquiler, pero pagando religiosamente al fondo sus respectivas cuotas», ha explicadoRuth Galán. Sin embargo, la propiedad ha respondido -ha asegurado la portavoz- aumentando la presión y el acoso contra las vecinas, en vez de iniciar los trámites legales pertinentes. 

En noviembre de 2024 se iniciaron unas obras en Tribulete que causaron la expulsión de varios de los vecinos. «El objetivo es echarnos a todos«, ha afirmado Cristina Gómez, vecina del inmueble. «Las obras han provocado inundaciones en las viviendas, caídas de casquetes, goteras… están dejando las viviendas inhabitables», ha asegurado. El acoso a las vecinas no ha cesado desde entonces y se ha incrementado acompañado de amenazas y coacciones. 

La querella colectiva se presentó el pasado mayo por prácticas de mobbing inmobiliario, una forma de acoso para conseguir que los individuos abandonen su vivienda. «Esta querella está motivada por la injusticia,» ha relatado Cristina. Asimismo, Alejandra Jacinto ha advertido sobre el reiterado uso de estas prácticas entre los rentistas: «Este caso no es un caso aislado; se está repitiendo una praxis habitual que utilizan muchos fondos de inversión para expulsar a los vecinos y así ahorrarse todos los procedimientos judiciales existentes». 

La abogada ha confirmado que «hay indicios más que suficientes para entender que hay acoso, hostigamiento y una afectación en la salud física, mental y a la integridad moral de los vecinos de Tribulete».  

Además, desde el Sindicato de Inquilinas afirman que «al ser el primer edificio que ha seguido adelante con contra un gran tenedor, va a servir para que otros bloques se acerquen al sindicato y sigan el mismo camino». «La lucha del bloque Tribulete 7 no busca sólo poner fin al acoso inmobiliario, sino que es un paso más para acabar con las expulsiones del barrio de Lavapiés y de todo Madrid», concluyen. 

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Por Paco Cantero, Coordinador de Attac Madrid. Publicado originalmente para Espacio Público.

En el siglo XXI, la ambición de poder ha encontrado una nueva expresión: ya no se manifiesta principalmente mediante la conquista territorial directa, sino a través de una colonización tecnológica, financiera e infraestructural. Una red tecnoautoritaria, con figuras como Donald Trump y capitalistas de la tecnología de Silicon Valley como Peter Thiel a la cabeza, está erigiendo un dominio de carácter global. Su sofisticación y alcance rivalizan con los proyectos de poder más ambiciosos de la historia. Este artículo, apoyándose en lo publicado recientemente por Francesca Bria en medios como La Vanguardia y Le Monde Diplomatique, analiza cómo la imposición de un sistema monetario privado, el adormecimiento crítico de la ciudadanía y la corrosión sistemática de las instituciones democráticas constituyen los pilares de esta invasión silenciosa pero implacable.

La frontera digital y la pérdida de soberanía

El proyecto de poder contemporáneo opera bajo una lógica de captura de las infraestructuras críticas que definen la soberanía de los estados modernos. Como detalla Francesca Bria en sus análisis, no se trata de anexionar territorios, sino de controlar los sistemas operativos de la gobernanza misma. Europa, en su búsqueda de una autonomía estratégica cada vez más elusiva, está cayendo en un vasallaje tecnológico.

Contratos millonarios con empresas como Palantir para gestionar sistemas de salud nacionales (como el NHS británico) o datos de defensa, la integración de Starlink de Elon Musk en las comunicaciones críticas de la OTAN, o el despliegue de drones autónomos de Anduril a través de joint ventures con conglomerados europeos, son los vectores de esta colonización. Estas plataformas tecnológicas se convierten en el sistema nervioso del Estado y que Francesca Bria denomina la Pila Autoritaria.

Al igual que las arterias de comunicación eran vitales para los imperios del pasado, los gobiernos europeos dependen ahora de algoritmos y plataformas estadounidenses para funciones de Estado esenciales: inteligencia, logística, salud e incluso la gestión de la inmigración. La soberanía no se pierde en un campo de batalla convencional, sino que se cede discretamente en la firma de contratos que convierten a los gobiernos en rehenes funcionales de un ecosistema tecnológico cuyos dueños, como Thiel, han declarado abiertamente la incompatibilidad entre libertad y democracia.

El nuevo sistema monetario: exportando inflación y sosteniendo la deuda

En el capitalismo global, el control monetario es la forma suprema de poder. Bajo la Ley GENIUS de Trump, las stablecoins (criptomonedas vinculadas a activos estables como el dólar) están siendo reclasificadas como infraestructura de seguridad nacional. Este no es un cambio técnico menor, sino la piedra angular de un sistema monetario privado y paralelo.

Al otorgar a emisores privados poderes cuasifiduciarios, se está creando un mecanismo para exportar la inflación y financiar la colosal deuda estadounidense, que supera los 37 billones de dólares. Scott Bessent, una figura clave en este escenario, afirma que este sistema podría generar hasta dos billones de dólares en nueva demanda de bonos del tesoro. En esencia, se está construyendo un circuito financiero descentralizado, gobernado por algoritmos de naturaleza profundamente libertaria, que permite a Estados Unidos monetizar su deuda a escala global.

Las stablecoins, operando en una red fuera del control directo de los bancos centrales tradicionales, pueden comprar masivamente deuda pública estadounidense. Esto alivia la presión inflacionaria interna y la externaliza al mundo. Es un mecanismo de dominio financiero de una eficacia brutal: los ciudadanos de todo el planeta, a menudo sin saberlo, acaban sosteniendo la solvencia de este poder a través de un sistema opaco y desregulado.

El adormecimiento de los pueblos: el ataque a la conciencia crítica

Ningún sistema de dominio puede perpetuarse sin el consentimiento, activo o pasivo, de los gobernados. La estrategia tecnoautoritaria contemporánea es infinitamente más sofisticada que el «pan y circo» de antaño, pero persigue el mismo fin: anular el pensamiento crítico ciudadano.

El método es doble y letal. Por un lado, se libra una guerra cultural contra las instituciones que tradicionalmente han fomentado dicho pensamiento, como la universidad pública. Se la critica y desprestigia sistemáticamente, tachándola de elitista, desconectada o ideologizada, con el objetivo claro de debilitar su autoridad como faro de conocimiento crítico y debate racional.

Por otro lado, se inunda el espacio público con un ecosistema mediático y de entretenimiento diseñado para la pasividad intelectual. Programas de televisión superficiales, narrativas simplistas y una retórica política emocional y anti-intelectual crean una ciudadanía adormecida. Esta ciudadanía se vuelve incapaz de analizar la complejidad de los procesos que la rodean, como la privatización encubierta de su soberanía. Cuando la atención es un recurso escaso y la información veraz es ahogada por un océano de distracción y desinformación, la capacidad de resistencia se diluye. Un pueblo que no piensa críticamente es un pueblo que no puede defender su democracia.

La «extrema derecha patriótica» y la red de corrupción ideológica

Ante este panorama, cabe preguntarse: ¿Qué papel juegan aquellos movimientos que se autoproclaman patriotas y seguidores incondicionales de este proyecto? La respuesta, lejos de basarse en un idealismo genuino, suele encontrarse en los flujos de dinero y poder. Los análisis de Francesca Bria aluden a la enorme influencia de redes de think tanks y organizaciones de lobby, como la Atlas Network, que opera a nivel global.

Estas organizaciones, financiadas de forma opaca por grandes capitales afines al proyecto tecnoautoritario, actúan como mecenas de determinados líderes políticos, intelectuales y medios de comunicación. Su objetivo es claro: promover una agenda de desregulación, privatización y nacionalismo excluyente, al tiempo que desacreditan mediante una lluvia constante de mentiras y medias verdades al sistema actual (las instituciones democráticas, la prensa libre, el estado de derecho).

Esta ultraderecha patriótica no defiende la nación, sino los intereses de una élite que busca reemplazar la soberanía popular por la soberanía privada. Su patriotismo es una fachada que esconde una lealtad inquebrantable a los flujos de capital y a la consolidación de un poder que considera la democracia como un obstáculo técnico a superar.

Un llamamiento a la resistencia colectiva

La invasión silenciosa de la Pila Autoritaria es el desafío definitorio de nuestra era. No llega con estandartes y espadas, sino con contratos, algoritmos y stablecoins. Frente a esta amenaza existencial para la soberanía y la democracia global, es imperativo que todas las organizaciones, movimientos sociales y la ciudadanía progresista en su conjunto superen sus diferencias internas y luchas fragmentadas.

No hay tiempo para divisiones estériles. Se requiere una alianza estratégica y un frente común que priorice la defensa de lo público: una universidad fuerte y crítica, un sistema mediático independiente, una soberanía digital y financiera real, y la recuperación del control democrático sobre las infraestructuras críticas. Debemos exigir transparencia en los contratos públicos, regular el poder de las Big Tech y construir alternativas tecnológicas abiertas y soberanas.

Frente a esta ofensiva, defender la libertad no puede significar regresar a un concepto simplista de ausencia de regulación, que en la práctica solo despeja el camino para que los más poderosos impongan su ley. La verdadera libertad, la que hoy debemos reivindicar con urgencia, es justamente lo contrario a la esclavitud tecnológica y la sumisión a los algoritmos. Es la libertad colectiva de un pueblo que mantiene el control sobre las decisiones que le afectan; es la defensa de la agenda humana frente a la automatización de lo político; y es la deliberación democrática como el único mecanismo legítimo para definir nuestro futuro común.

Se trata, en definitiva, de decidir si seremos ciudadanos con soberanía o meros usuarios en una plataforma de gobernanza dirigida por intereses privados. El futuro que los tecnoautoritarios pretenden construir es un mundo de infraestructuras vivas y opresivas, un sistema de vigilancia total algorítmica donde la elección democrática sea técnicamente imposible. No permitamos que este futuro se concrete. La historia nos juzgará por nuestra capacidad de olvidar las pequeñas diferencias y unirnos para frenar, aquí y ahora, esta nueva y sutil forma de imperio.

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Publicado por Rafael Poch.

Truco número uno: se declara una situación de emergencia que, en todo caso, solo existe en Ucrania. Sin embargo, la UE no es competente en materia de emergencias financieras, como acaba de constatar el BCE.

Truco número dos: se declara que el apoyo a Ucrania es una cuestión existencial para la UE, a pesar de que el país no es miembro de la UE y de que oficialmente no estamos en guerra con Rusia Aufgelesen: Ein Plan zur «Entmachtung» Russlands – Lost in EUrope .

Truco número tres: las sanciones contra Rusia https://lostineu.eu/best-of-2022-sanktionen-made-in-washington/, que hasta ahora tenían una duración limitada de seis meses, se convertirán en permanentes para evitar un posible veto, por ejemplo, de Hungría, y la devolución de los fondos a Rusia.

Truco número cuatro: las sanciones se complementarán con una nueva normativa que obligará a las instituciones financieras como Euroclear a entregar los activos rusos depositados en ellas. Russisches Vermögen: EU plant «Diebstahl» durch die Hintertür – Lost in EUrope Esto se aplicará en toda la UE, también en Alemania.

Truco número cinco: los actos jurídicos decisivos se aprobarán por mayoría cualificada. Esto significa que no habrá veto, ¡ni siquiera Bélgica podría impedir por sí sola el acceso a Euroclear!

Para poner en práctica estos trucos, Von der Leyen quiere invocar el artículo 122 del Tratado de la UE. No soy jurista, pero, en mi opinión, con ello está tergiversando el Derecho de la UE. Pero léalo usted mismo (aquí en español: EUR-Lex – 12012E122 – ES – EUR-Lex ):

(1) Sin perjuicio de los demás procedimientos previstos en los Tratados, el Consejo, a propuesta de la Comisión, podrá adoptar, en un espíritu de solidaridad entre los Estados miembros, las medidas adecuadas a la situación económica, en particular si se producen graves dificultades en el abastecimiento de determinados productos, especialmente en el sector de la energía.

(2) Si un Estado miembro se ve afectado por dificultades o se encuentra seriamente amenazado por dificultades graves como consecuencia de catástrofes naturales o acontecimientos extraordinarios ajenos a su control, el Consejo, a propuesta de la Comisión, podrá decidir conceder a dicho Estado miembro, en determinadas condiciones, ayuda financiera de la Unión. El presidente del Consejo informará al Parlamento Europeo de la decisión.

¿Qué tiene que ver la política económica de la UE con Ucrania? ¿Y desde cuándo es Ucrania miembro? Aquí se está manipulando el Derecho de la UE para poder pasar por alto a Bélgica y sacar a Ucrania del apuro.

No es la primera vez. El reconocimiento de Ucrania como candidato a la adhesión ya se produjo incumpliendo las normas de la UE. Von der Leyen incluso viajó a Kiev en abril de 2022 (¡!) para entregar los formularios de adhesión y echar una mano… Von der Leyen verspricht Ukraine Tempo bei EU-Beitritt – news.ORF.at

P.D.: No soy el único que piensa así. El Financial Times también enumera toda una serie de problemas jurídicos…

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European Water Movement.

El Movimiento Europeo del Agua (EWM), del cual la Red Agua Pública forma parte, alerta de las consecuencias negativas que conllevaría la modificación de la Directiva Marco del Agua anunciada por la Comisión Europea este 10 de diciembre en la rueda de prensa sobre el Omnibus Ambiental. 

El pasado fin de semana, del 5 al 7 de diciembre, Girona ha acogido el encuentro anual del EWM. Uno de los objetivos fue analizar las propuestas de desregulación de las normas de la Unión Europea relativas a la gestión del agua, tanto en términos de derogaciones como de financiación.

“Sin este marco legal común, desaparece cualquier garantía del buen estado ecológico y químico de las masas de agua de la Unión Europea”, alertan los miembros del EWM. La Directiva Marco del Agua es el pilar vital de toda la política hídrica europea, por lo que piden a los eurodiputados que defiendan la norma y sus estándares vigentes.

El EWM denuncia la deriva de la Comisión Europea, “cediendo a lobbies mineros e industriales con intereses particulares que amenazan el derecho a un medio ambiente sano y la salud pública de todos los ciudadanos europeos”. Las organizaciones recuerdan que la Comisión Europea ha repetido numerosas veces que apoya el Derecho Humano al Agua y al Saneamiento, tras los casi 2 millones de ciudadanos que apoyaron la primera Iniciativa Ciudadana Europea (ICE Right2Water) que pide el reconocimiento del derecho al agua.

Estas acusaciones se dan después de que la Comisaria europea de Medio Ambiente, Agua y Economía circular, Jessika Roswall, afirmara la semana pasada que la revisión de la Directiva Marco del Agua responde al objetivo de facilitar la apertura de minas en territorio europeo para dejar de depender de China y EEUU. También para acelerar proyectos considerados estratégicos para la Comisión Europea como son los centros de datos.

El EWM vincula la amenaza ambiental orquestada por la Comisión Europea con su plan de rearme y su aparente plan de competitividad en la carrera global por liderar sectores industriales tecnológicos como el de la Inteligencia Artificial. “Cabe recordar que aún se desconoce el enorme consumo de agua y energía de la IA, lo que debería impedir que la Comisión elimine los procedimientos de evaluación e impacto ambiental, más aún en una región del mundo afectada por la escasez permanente de agua”, denuncian.

La potencial revisión de la Directiva Marco del Agua llega solo unos años después de que la Comisión haya hecho una evaluación de la directiva, con la que concluyó que es adecuada para responder a los objetivos comunes de protección del agua y de la salud.

Organizaciones¹ de España, Francia, Italia, Países Bajos, Alemania, Grecia, Bosnia y Herzegovina, Bélgica y Serbia, se encontraron y acordaron priorizar para este 2026 la protección de la Directiva Marco del Agua. Entre los asistentes participaron operadores públicos, administraciones locales y el Relator Especial de la ONU por los Derechos Humanos al Agua y al Saneamiento.

Para ver la reacción del Relator Especial de la ONU por los Derechos Humanos al Agua y al Saneamiento, consulte
aquí.

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1 Ayuntamiento de Girona, Diputación de Barcelona, Ayuntamiento del Masnou, Ayuntamiento de Torelló, Ayuntamiento de Viladrau, Institut Català de Recerca en Aigua (ICRA), Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental (ICTA-UAB), Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF), CAEB-CSIC, CT BETA UVic, LEQUIA – UdG, Wageningen University, Asociación Española de Operadores Públicos de Agua y Saneamiento (AEOPAS), Aqua Publica Europea (APE), Associació de Municipis per l’Aigua Pública (AMAP), Cicle de l’Aigua del Ter SA (CATSA), Consorci per a la Gestió Integral d’Aigües de Catalunya (CONGIAC), Consorci de Medi Ambient i Salut Pública SIGMA, Castelló d’Empúries 2000 SA, Gestió Urbanística i Serveis Arenys de Munt SA, Aigües Municipals de Xàbia (AMJASA), EYATH SA, Observatori de l’Aigua de Terrassa (OAT), Mesa Social del Agua, European Environmental Bureau (EEB), Ingeniería Sin Fronteras (ISF), Aigua és Vida, Plataforma en Defensa de l’Ebre (PDE), Grup de Defensa del Ter (GDT), Càritas Girona, Naturalistes de Girona, Observatori del Deute en la Globalització, European Public Services Union (EPSU), The Netherlands Trade Union Confederation (FNV), Red Agua Pública (RAP), Plataforma Contra la Privatización del Canal Isabel II, Foro Italiano dei Movimenti per l’Acqua, ENDA Colombia, Eau Secours 31, Coordination Eau Ile de France, Water Observatory Xabia, Water Observatory Terrassa, Water Observatory Girona, CEE Bankwatch Network y Polekol/Pravo na Vodu.

La entrada Organizaciones sociales piden conservar la Directiva Marco del Agua después del anuncio de su revisión por parte de la Comisión Europea se publicó primero en ATTAC España | Otro mundo es posible.

Por Julen Bollain. Publicado originalmente para Público.

El debate sobre la vivienda en la izquierda española se ha convertido en un intercambio de eslóganes que rara vez aterriza en la realidad material. Y, sin embargo, la cuestión es bastante sencilla. O la izquierda asume que es imprescindible aumentar de forma sostenida la vivienda asequible o seguirá administrando la escasez mientras la extrema derecha convierte la frustración cotidiana en combustible político.

En los últimos días ha vuelto la idea de que ciudades como Viena «no son comparables» con España porque surgieron en condiciones históricas irrepetibles. Es una objeción elegante, pero profundamente conservadora. Porque, si aceptáramos ese marco, no podríamos usar referencias internacionales para nada. Ni educación, ni fiscalidad, ni política industrial. Viena no es un modelo perfecto ni plenamente trasladable, pero sí demuestra algo que atraviesa toda la evidencia internacional y es que, cuando un país combina regulación firme con construcción sostenida de vivienda asequible, los precios dejan de comportarse como un mecanismo de expulsión social.

La anomalía, en realidad, está aquí. Hemos convertido la construcción en un debate identitario, como si edificar vivienda protegida fuese una concesión ideológica y la regulación fuese la única forma legítima de intervenir. Todo esto tendría cierta gracia si no fuera porque detrás hay vidas muy concretas: jóvenes que no pueden emanciparse, familias que destinan más del 50% de sus ingresos al alquiler, ciudades donde es normal pagar 1.300 euros por un UCZ (un-casi-zulo) y donde la vivienda social continúa siendo una rareza estadística.

Si uno observa el paisaje actual de posiciones dentro de la izquierda, se pueden distinguir tres grandes enfoques:

El primero es el de la izquierda reguladora, que sitúa el problema en el poder de fijación de precios y la captura de rentas. Sin esta mirada, no habría topes al alquiler, protección frente a desahucios injustos o control del alquiler turístico. Y esta izquierda tiene razón, sobre todo, en un punto nuclear: dejar la vivienda completamente en manos del mercado conduce a procesos de exclusión rápida. Pero, desde mi modesta opinión, cuando esta posición se absolutiza —cuando se concibe la regulación como sustituto de la producción de vivienda asequible— se termina gobernando la escasez, no resolviéndola.

El segundo enfoque es el de la izquierda que reivindica la planificación y la provisión pública. Aquí el diagnóstico es que ningún país ha garantizado el derecho a la vivienda sin un parque público o cooperativo robusto. España tiene apenas un 3% de vivienda con algún tipo de protección, frente a medias europeas mucho mayores. No es casual que los precios se comporten como lo hacen. Y no es solo Viena. También son Países Bajos, Dinamarca o Austria, quienes llevan décadas construyendo vivienda asequible de manera estable. La clave no es replicar modelos, sino asumir que la oferta pública y concertada debe crecer de forma sostenida, año tras año, para que el alquiler deje de ser un mecanismo de selección por renta.

El tercer enfoque es el de la izquierda que considera que, dadas las limitaciones fiscales y técnicas de muchas administraciones, no se podrá escalar la vivienda asequible sin colaboración con actores privados sometidos a reglas estrictas. Es decir, sometidos a topes de rentabilidad, cesiones obligatorias de suelo, precios congelados de por vida o participación de cooperativas de uso. Este enfoque no busca entregar la ciudad al mercado, sino utilizar la capacidad regulatoria del Estado para orientar inversiones y multiplicar el impacto del suelo público disponible.

El problema no es que existan tres sensibilidades. El problema es que la izquierda española sigue atrapada en un marco dicotómico que no ayuda. Regular o construir, intervención o colaboración, Estado o mercado. Ese marco es falso. Y, además, a quien beneficia es a la derecha, porque mientras se discute la pureza doctrinal, los precios siguen subiendo, la oferta asequible sigue siendo insuficiente y los sectores más vulnerables del mercado del alquiler se encuentran cada vez más solos.

La realidad es bastante más prosaica y más urgente. En 2024, el alquiler medio de un piso en Barcelona rozó los 1.600 euros. En Madrid superó los 1.450. En ciudades intermedias como Málaga, Bilbao o Palma, es habitual que un piso cueste entre 1.100 y 1.300 euros al mes. Y, claro, no hablamos de lujo. Hablamos de viviendas estándar. Con salarios medios de 1.500 a 1.800 euros, la aritmética se vuelve devastadora.

España necesita regulación firme para contener abusos, pero también necesita construir vivienda pública. Necesita limitar el alquiler turístico, pero también necesita promover vivienda en cesión de uso, en alquiler público y en fórmulas de precio tasado permanente. Necesita colaboración con cooperativas, fundaciones y, en determinados marcos, con promotores privados sometidos a condiciones estrictas.

Lo que no necesita es seguir creyendo que el mercado, si se le deja «respirar», resolverá mágicamente la crisis. Ese es el camino que nos ha traído hasta aquí. Un camino que ha desembocado en un país con uno de los mayores porcentajes de viviendas vacías de Europa, pero con un parque público raquítico y una presión de precios que golpea de forma desigual a jóvenes, migrantes, familias monoparentales y trabajadores con salarios medios.

No se trata de elegir entre intervenir o construir. Se trata de asumir que una política de vivienda seria debe hacer ambas cosas y debe hacerlas bien. Regular para frenar abusos. Construir para reducir la escasez. Planificar para evitar que la ciudad se convierta en un mecanismo de selección por renta. Y, sobre todo, consolidar un parque estable de vivienda asequible que dé seguridad y horizonte vital a quienes hoy viven pendientes de cada renovación contractual.

La vivienda no es un símbolo. Es una infraestructura social. Si la izquierda renuncia a construirla —material y políticamente— otros decidirán cómo, dónde y para quién se construyen las ciudades del futuro. Y la mayoría social no puede permitirse que eso vuelva a ocurrir.

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Por Juan Gimeno. Publicado originalmente para El Salto.

La globalización financiera ha implicado en el campo tributario la impunidad fiscal de los más poderosos. Empresas y personas con alta capacidad de pago eluden pagar impuestos. Las clases medias y trabajadoras, en paralelo, sostienen los sistemas tributarios y ven decrecer su capacidad económica.

Rodrik señalaba que los Estados no pueden optar al mismo tiempo por ​ globalización, soberanía nacional y democracia. Es cada vez más notoria la presión de los superricos contra normas o acuerdos contrarias a sus intereses y su apoyo a partidos de extrema derecha y antidemocráticos.

Quienes tienen iniciativa, quienes crean empleo, merecen reconocimiento y recompensa. No tanto quienes se enriquecen utilizando medios ilegales e inmorales, o por la especulación o una herencia no ganada. Lo que se trata es de que los rentistas contribuyan a los gastos comunes no menos que cualquier trabajador con los mismos ingresos, y progresivamente más cuando su nivel de ingresos crece desmesuradamente.

Pensemos un decálogo de medidas para avanzar hacia ese objetivo de justicia fiscal.

1.  Gravar los grandes patrimonios

El objetivo es que los superricos paguen sus impuestos como el resto de contribuyentes, sin que puedan refugiarse en territorios con impuestos bajos o nulos. Una decisión mundial vinculante, de acuerdo con las iniciativas ya existentes (G-20, Sevilla, Zucman, Tax the super rich…) reforzaría los esfuerzos nacionales, debilitados por la movilidad financiera.

2.  Combatir las Guaridas fiscales

Las Guaridas fiscales provocan no solo pérdidas fiscales y de consiguiente bienestar social, sino que favorecen la corrupción, las mafias de todo tipo y el terrorismo, que encuentran en esos refugios la base financiera que los posibilita.

Es necesario exigir criterios más estrictos para que se incluyan automáticamente en la lista negra a todos los países con tipos impositivos muy bajos o inexistentes; que se aplique el criterio sobre transparencia de la propiedad efectiva de las empresas; que se incluya la evasión fiscal de los particulares ricos; y que se impida que las administraciones públicas realicen contrataciones u otorguen beneficios fiscales a quienes operen en guaridas fiscales.

3.  Hacer tributar adecuadamente a las finanzas

La propuesta de un impuesto sobre las transacciones financieras tiene más de un cuarto de siglo. España, Italia, Francia, Grecia, Bélgica ya los han puesto en vigor, aunque de forma limitada.

No tiene sentido que cualquier transacción de bienes o servicios, incluso de primera necesidad, soporte impuestos superiores a lo que se pagan en las operaciones financieras. Por ello, el ámbito del impuesto debería ser más amplio. Dada que la mayor parte de esas operaciones se realizan por los más ricos, es otra vía de ir consiguiendo que contribuyan adecuadamente.

En el impuesto sobre la renta, las de trabajo soportan tipos superiores a los que se aplican a las rentas de capital. Debería seguir el avance en el acercamiento de las dos tarifas del impuesto

4. Tributación de las grandes empresas y los beneficios desorbitados

La importancia de participaciones en empresas y en la percepción de dividendos aumenta notoriamente con la renta. La elusión/evasión fiscal de los superricos guarda una relación directa con la inadecuada tributación de las grandes sociedades.

Las grandes empresas multinacionales imputan ingresos y costes a los territorios donde la fiscalidad es especialmente favorable, cuando no inexistente. Los países de la OCDE y del G20 iniciaron en 2013 un Plan de Acción (BEPS) que busca garantizar la recaudación en cada país alineando la potestad tributaria con la actividad económica y la creación de valor.

Un ejemplo en esa línea es la que se conoció como Tasa Google. En España se ha materializado en el Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales que grava las prestaciones de determinados servicios digitales con usuarios situados en territorio español.

Hay que aplaudir el acuerdo para gravar los beneficios de cualquier sociedad con un tipo mínimo del 15%. Entró en vigor en la UE desde 2024. Es criticable que el tipo impositivo sea bajo, pero es un avance importante porque los grandes grupos pagan de media un 7,24% y los tecnológicos ni siquiera… Como señala Harari, un sistema tributario que solo sabe gravar dinero pronto quedará obsoleto, pues hay innumerables transacciones que ya no implican transacciones de dinero. La lista de las personas más ricas del mundo la encabezan magnates procedentes de ese tipo de empresas. No pagan impuestos al tiempo que se enriquecen con grandes ayudas y contratas estatales.

Es necesario endurecer la legislación sobre sociedades pantalla, sin actividad económica real, y perseguir la utilización de sociedades para esconder ingresos, gastos y patrimonios particulares.

Hay que resaltar el movimiento en favor del gravamen sobre los beneficios extraordinarios “caídos del cielo”, no por éxitos de gestión sino por circunstancias externas. Lo que posibilita esos beneficios extraordinarios es el poder monopolístico de las empresas. Por ello, este tipo de impuestos deberían aplicarse con carácter permanente. Beneficios muy por encima de la media general y sectores oligopolísticos suponen dos pistas importantes de por dónde se puede avanzar.

5.  Gravar las grandes herencias

El 68,8% de la desigualdad en España tiene su causa en la herencia. Dejar libre de gravamen a las grandes herencias es contrario a principios como la igualdad de oportunidades y la meritocracia.

En el caso español, de mantenerse su tributación en el ámbito autonómico, es imprescindible fijar una solución como la aplicada para los grandes patrimonios, de modo que se evite la fuga de ingresos de los más adinerados y la suicida competencia a la baja entre distintas comunidades.

Podría aprovecharse para revisar y actualizar ambos impuestos e impedir las vías de evasión a través de sociedades.

6.  Gravar el lujo

El consumo suntuario es una vía cómoda de hacer pagar más a los super ricos. Puede arbitrarse a través de distintas formas, incluso de forma complementaria: un impuesto sobre el lujo, tipos más elevados del IVA para determinados productos, progresividad más acusada en otros tributos como el IBI sobre viviendas de lujo, etc.

Otra vía interesante sería un impuesto medioambiental especial sobre el consumo de bienes y servicios con elevada intensidad de emisiones de CO2 como jets privados, yates de gran tamaño, turismo de lujo… Es preciso que el impuesto recaiga sobre el consumo y no sobre la propiedad. Es habitual que estos bienes figuren como propiedad o gasto de empresas, aunque el disfrute sea de particulares.

7.  Reducir los beneficios fiscales

Hablamos del conjunto de medidas en casi todas las figuras tributarias que reducen la cuantía final que debe pagar el contribuyente.  En su gran mayoría, suponen una merma importante de ingresos, son regresivos, responden a presiones de lobbies concretos, y tienen dudosa o escasa utilidad social. Además, favorecen la elusión fiscal porque son las personas más ricas y las grandes empresas las que tienen acceso al eficaz asesoramiento para encontrar en esa maraña de beneficios la mejor forma para no pagar.

8.  Combatir eficazmente la evasión y el fraude fiscal

Es evidente que es en los niveles altos de renta y en las grandes empresas donde se encuentran las mayores cifras de defraudación y elusión. La lucha contra las guaridas fiscales y algunas de las advertencias recogidas en los puntos anteriores son medidas cuyo éxito conlleva aumentar la tributación efectiva de los superricos.

Fortalecer los recursos humanos de la Agencia tributaria y reforzar la eficacia, rapidez y proporcionalidad de las sanciones a los defraudadores se añadirían a los principales ajustes que necesita la lucha contra el fraude.

9.  Ingeniería fiscal

La casi totalidad de las grandes vías de elusión de pago de impuestos por los más potentados encuentran la colaboración necesaria en expertos asesores fiscales. Buena parte de ellos provienen de la propia Agencia Tributaria. Procedería reforzar las sanciones penalizadoras a quienes asesoren a defraudadores y penalizar en mayor medida las puertas giratorias.

10.  Renta básica de ciudanía

Es necesario completar el objetivo de que los superricos paguen los impuestos que deben con un apoyo especial a quienes ocupan el lado opuesto en la escala de renta y riqueza. El Ingreso Mínimo Vital fue un gran avance. Pero no llega ni a la mitad de sus potenciales destinatarios. Por ello, es necesario pasar a una prestación universal, incondicional y automática como derecho de ciudadanía a una vida digna. Es muy fácil conseguir después, a través del impuesto sobre la renta, que quienes no la necesiten la devuelvan por vía impositiva de forma progresiva.

En resumen, o se corrigen los efectos negativos de la globalización financiera sobre las haciendas nacionales y se consigue que los más ricos paguen los impuestos que deben y no pagan, o estamos poniendo en grave peligro los sistemas de bienestar europeos e, incluso, la democracia.

[1] La versión extensa de este artículo, con datos y referencias puede encontrarse en >>  “Economistas frente a la crisis”

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Ginebra, noviembre de 2025

Nosotros, los movimientos sociales y las organizaciones de la sociedad civil abajo firmantes, estamos profundamente preocupados por los intentos de desmantelar el derecho internacional, en particular desde la llegada al poder de la administración Trump y sus ataques contra el sistema multilateral. Mientras varios Estados poderosos violan el derecho internacional en diversos contextos, Estados Unidos comete abusos sin precedentes que socavan directamente los principios fundamentales del multilateralismo y del derecho internacional.

Estados Unidos no solo se ha retirado de organismos clave de las Naciones Unidas y de acuerdos internacionales, como el Consejo de Derechos Humanos, la Organización Mundial de la Salud la UNESCO, y han animado activamente a otros Estados a abandonar o socavar los marcos multilaterales, sino que también han dejado de pagar sus contribuciones financieras obligatorias, lo que ha provocado graves perturbaciones operativas en todo el sistema de las Naciones Unidas. Además, el Gobierno estadounidense ha impuesto sanciones a titulares de mandatos de las Naciones Unidas, en particular a la Sra. Francesca Albanese, Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados, lo que ha obstaculizado gravemente su capacidad para cumplir su mandato de manera independiente y eficaz. También ha atacado a la Corte Penal Internacional (CPI) mediante sanciones e intimidaciones políticas destinadas a paralizar su labor.

Estados Unidos ha restringido la libertad de circulación o ha denegado en repetidas ocasiones la concesión de visados a representantes debidamente acreditados de los Estados miembros de las Naciones Unidas, en particular a funcionarios de la Autoridad Palestina y a representantes de organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales, impidiéndoles así participar en los períodos de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. Esto constituye un obstáculo directo al derecho de los Estados miembros a acceder al principal foro multilateral mundial, un derecho garantizado explícitamente por el derecho internacional y el acuerdo de sede de 1947. El hecho de que el país anfitrión abuse de su posición privilegiada para obstaculizar la participación en las propias Naciones Unidas constituye una violación intolerable de los principios sobre los que se fundó la ONU.

Además, el plan del presidente estadounidense para Gaza (octubre de 2025) es una nueva demostración del desprecio de este país por el derecho internacional. Si bien apoyamos plenamente el cese inmediato de las masacres y el envío urgente de ayuda humanitaria, como reclaman las ciudadana y los ciudadanos de todo el mundo, este plan tiene en realidad por objeto perpetuar la dominación colonial bajo nuevas formas y niega el derecho del pueblo palestino a la libre determinación. Al privilegiar la seguridad de las fuerzas colonizadares en detrimento de la justicia, en realidad concede impunidad a los autores de genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, cuando el derecho internacional prohíbe categóricamente cualquier amnistía por tales crímenes. Por lo tanto, cualquier plan de paz auténtico debe incluir mecanismos de justicia transicional y reparadora, de rendición de cuentas y garantizar el acceso de las víctimas a la justicia y a la reparación.

En este contexto, hacemos un llamamiento a la movilización de los pueblos, los movimientos sociales y las organizaciones de la sociedad civil para defender el derecho internacional basado en la Carta de las Naciones Unidas y los derechos inalienables de los pueblos. Juntos debemos reforzar un multilateralismo centrado en los pueblos, capaz de hacer respetar la justicia y la responsabilidad. Nuestra acción colectiva será esencial para promover la justicia reparadora para las víctimas y garantizar que los responsables de genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad rindan cuentas plenamente.

Con este fin, también instamos a los Estados miembros de las Naciones Unidas a que:

• asuman sus responsabilidades y adopten medidas concretas para luchar contra la erosión sistemática del derecho internacional, defendiendo al mismo tiempo el sistema multilateral en la perspectiva de la búsqueda de la paz, los derechos humanos, la justicia social y la protección del medio ambiente;
• consideren el traslado inmediato de la sede de la ONU de Nueva York a Ginebra, a la espera de una decisión colectiva sobre la futura ubicación de la sede principal de la ONU, con el fin de poner fin a la injerencia arbitraria e ilegal del Gobierno estadounidense en el funcionamiento de la Organización.

En este sentido, abogamos por un sistema multilateral libre del dominio omnipotente de los Estados poderosos y los intereses económicos, un sistema que garantice así un multilateralismo democrático, inclusivo y participativo. La defensa y el fortalecimiento de dicho sistema exigen una oposición decidida a la ley del más fuerte y un compromiso firme con la defensa de la igualdad de derechos de todos los pueblos y Estados a ser escuchados, representados y protegidos en virtud del derecho internacional.

Enlace para la firma de las asociaciones

Primeros firmantes (al 14 de noviembre de 2025)

* Asociación de Abogados Democráticos (IADL)
* Emmaus Internacional
* Centro Europa – Tercer Mundo (CETIM)
* La Vía Campesina (LVC)
* Instituto Transnacional (TNI)
* Movimiento por la Salud de los Pueblos (PHM)
* Derecho Igualitario
* Marcha Mundial de las Mujeres
* Amigos de la Tierra Internacional FOEI-ATI
* FIAN Internacional
* Flotilla Global Sumud
* Paraguas Global de Cirugía (GSU)
* Justicia Social Global
* Convergencia Global de Luchas por la Tierra y el Agua en África Occidental (CGLTE-OA)
* Federación Internacional para la Protección de los Derechos de las Minorías Étnicas, Religiosas, Lingüísticas y Otras (IFPRERLOM)
* Fraternidad Internacional de Reconciliación (IFOR)
* Buró Internacional de la Paz (IPB)
* Coalición Internacional del Hábitat (HIC)
* Red Internacional de Cátedras, Instituciones y Personalidades para el Estudio de la Deuda Pública (RICDP)
* Reparaciones Revolucionarias
* Asociación para la Defensa de los Derechos de los Agricultores (AFRD)
* Red de ONG Libanesas
* Congreso de los Pueblos – Colombia
* Red de Alimentación Patrimonial Africana y Caribeña
* Coordinación Europea Vía Campesina (ECVC)
* Red de Derechos de la Vivienda y la Tierra – Coalición Internacional del Hábitat
* Asociación Belgacem Yagoubi para la Cultura y la Creatividad
* Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH)
* Convergencia Maliense contra el Acaparamiento de Tierras (CMAT)
* Liga Yibutiana de Derechos Humanos
* Mariposa Negra – Patrimonio Cultural para África
* Confederación de Trabajadores Unificados y Progresistas (SENTRO) – Filipinas
* Centro Nuevos Modelos de Desarrollo (CNMS Italia)
* Centro para los Derechos Humanos y el Desarrollo
* Coordinación por la Soberanía Alimentaria en MENA
* Foro de Personas con Discapacidad de Uganda
* Federación Internacional de la Diáspora Afar (FIDA)
* Fundación ALICA – Bosnia y Herzegovina
* Alianza de Trabajadores de la Cadena Alimentaria
* Foro para la Democracia y la Paz
* Observatorio DESCA – Cataluña (España)
* Asociación Tierra y Cielo
* Pax Christi Uvira – RDC
* Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (CAJAR) – Colombia
* Movimiento por la Buena Gobernanza y la Promoción en Gabón
* SOHRAM-CASRA – Centro de Acción Social para la Rehabilitación y Reintegración de Víctimas de Tortura y Guerra
* Asociación para la Promoción y Protección de Defensores de Derechos Humanos Xumek – Argentina
* Asociación Americana de Juristas (AAJ)
* Asociación de Empleados y Trabajadores de la Conservación Ambiental (AGOEC) – Argentina
* COECOCEIBA – Movimiento Ecologista de Costa Rica
* Asociación PoleRani – Bulgaria
* Movimiento Anti-Jindal y Anti-POSCO (JPPSS) – India
* Fundación Jeshil – Pristina
* Movimiento Pacifista Vrede vzw – Bélgica
* Foro Indio de Acción Social
* Magazine du Monde – Suiza
* Red Wiphalas
* ATTAC España
* ATTAC France
* Coalición Internacional del Hábitat – América Latina (HIC-AL)
* SOLIFONDS
* Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo SJ” (CSMM)
* Asociación Ecuatoriana de Amistad con el Pueblo Saharaui (AEAPS)
* RESF 04 Digne-les-Bains
* Red Hospitalidad

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Lo público se encuentra parasitado por lo privado.

Por Liliana Pineda, representante de ATTAC España en la Red de Agua Pública & Salvador Martínez, coordinador de ATTAC Mallorca. Publicado originalmente para Público.

• Los mercados de los servicios públicos no son libres, ni competitivos, ni transparentes, ni perfectos.
• Es falso que los intereses privados dominantes quieran mercados libres, transparentes y perfectos.
• Lo público se encuentra parasitado por lo privado.
• Es falso que los intereses privados coincidan con los intereses del COMÚN, ni, por supuesto, con los intereses de las personas libres, pues están determinados por el lucro.

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Para hablar de Servicios Públicos (SSPP), primero tenemos que reconocer que, históricamente, los SSPP han conservado rasgos de soberanía que establecen una distancia y una superioridad del gestor sobre el usuario, confundiendo el ejercicio del poder público (potestas publica) con el servicio aportado a la población. Si a eso se añade que, desde hace más de un siglo, venimos soportando el discurso que enfrenta lo público a lo privado y administración pública a gestión privada, comprenderemos por qué hay que desmontar mentiras y clarificar conceptos.

Desde ese discurso, interesadamente se concluye que la gestión privada es mejor y más eficiente que la gestión pública y se identifica la gestión privada con Mercado Libre, competitivo, transparente y con información perfecta, en el que se realizan operaciones conforme a reglas de juego prefijadas. Pero es obvio que el mercado libre no existe, y que por fuerza se apoya sobre un marco institucional y unos derechos muy definidos que condicionan su funcionamiento, como se ve, por ejemplo, en la gestión del agua y de la sanidad. Además, la gestión de los SSPP ya es en buena medida privada e, incluso, las propias competencias públicas de su gestión (la planificación o la atribución de concesiones) están intervenidas por intereses privados, por los forcejeos del poder y por el ánimo de lucro. Los intereses privados se imponen como si fueran públicos y establecen el marco jurídico que les es más propicio. Las compraventas de servicios a las que se llama MERCADO no se ajustan al modelo idealizado. Su único objetivo es la ganancia y están absolutamente determinados por el ánimo de LUCRO.

La gestión de los servicios públicos ya es en buena medida privada e, incluso, las propias competencias públicas de su gestión están intervenidas por intereses privados

Por otra parte, según se trate de SERVICIOS PÚBLICOS (como los abastecimientos de agua, los hospitales y centros de salud, las escuelas, las universidades, los servicios sociales, de cuidados, funerarios, de salvamento, la justicia gratuita, los transportes, la vivienda social…), o de SERVICIOS PRIVADOS (financieros, de seguros, de comunicación y un largo etcétera), lo cierto es que la realidad social y el régimen jurídico que los regula son muy distintos.

Mientras que en los privados el poder de negociación está marcado por el lucro y es claramente desequilibrado, en los públicos es falto de transparencia y su regulación legal es, o muy deficiente, o muy restrictiva, lo cual propicia que las transacciones transcurran en la clandestinidad o con excesiva discrecionalidad (es decir, “hago lo que quiero”) en la propia Administración, cuyos gestores huyen continuamente del derecho público, alejándose de los controles y garantías del procedimiento administrativo. Lo cual facilita la corrupción e implica una evasión de las normativas reguladoras creando oportunidades delictivas propias en la administración pública.

Además, existe un pacto de silencio, una especie de dispensa o privilegio que abarca los modelos de financiación, monopolio, o reparto de las decisiones políticas sobre los SSPP. Dispensa que, asimismo, obra de manera evidente en la promulgación de leyes y normativas en todas las escalas competenciales, que, en la práctica, son cada vez más permisivas con los procesos privatizadores, incluso con las conductas corruptoras. Ese pacto se ha extendido a la creación de redes ocultas de intercambios perdurables de beneficios y favores, con amplia experiencia en ingeniería tributaria a través de asociaciones, sociedades y organizaciones pantalla o vehículo.

Y es que los SSPP, desde un punto de vista inversor no constituyen un terreno propicio para la libre competencia, ya que suponen, todos ellos, inversiones tan fuertes que una vez constituidos o construidos con dinero público no resulta razonable ni lucrativo que empresas competidoras dupliquen o tripliquen costosas infraestructuras, por lo que solo caben las opciones privatizadoras:

1. Subcontratar a las empresas privadas todas o algunas fases de su gestión
2. Vender a la empresa privada la red e infraestructuras del servicio público a precio de saldo o muy inferior a su coste real, para que al privado le resulte lucrativa y rentable la compra situándolo así en una posición monopolista, sólo condicionada por la ley vigente, que puede ser variable y ondeante, a discreción del poder…

En los dos casos se suele establecer una regulación para que la gestión cumpla algunas exigencias ecológicas, sanitarias, sociales, de igualdad, pero que generalmente reducen el lucro entrando en franca confrontación con los intereses privados dominantes.

En España las fórmulas privatizadoras de la gestión de los SSPP que han conducido a la situación actual se llevan experimentando durante más de 140 años

En estas condiciones los intereses privados presionan por adquirir la concesión y el monopolio de determinados SSPP —todo lo contrario a la libre competencia—, lógicamente sin asegurar la gestión transparente, publicitada, asequible, participativa, con rendición de cuentas, y sin garantizar que sea universal, igualitaria e integradora de los ecosistemas vinculados a esos SSPP.

En España, tal y como le hemos escuchado exponer repetidamente a José Manuel Naredo (cuyos escritos son fuente principal de este texto) [1], las fórmulas privatizadoras de la gestión de los SSPP que han conducido a la situación actual se llevan experimentando durante más de 140 años. Es decir, antes de que se acuñara el concepto, privatización.

Lo público se encuentra parasitado por lo privado. La gestión de lo público es SUSTANCIALMENTE privada. Se presupone que lo público es independiente de lo privado y que se gestiona pensando en el bien común o atendiendo a intereses generales. Sin embargo, la manipulación del concepto de «lo público» va unida a una serie de mitos que justifican dicha manipulación. Por ejemplo, el hacer grandes obras públicas con la excusa de resolver carencias (como sucedió en Madrid, durante la pandemia, con la construcción de un hospital a toda prisa). Este tipo de obras contribuyen a expandir la escasez, originando una espiral de insatisfacción y deterioro, y su mala gestión contribuye, además, a ampliar el negocio de las grandes obras y nuevas concesiones, promoviendo “el despilfarro” y configurando el conglomerado de intereses empresariales y corporativos en torno al “negocio” de los servicios, que abarca tanto lo público como lo privado, debido al trasvase mismo de técnicos/gestores entre la administración pública, la universidad y las empresas privadas.

La propia legitimación social, que las políticas públicas acumularon en décadas con sus iniciales efectos liberadores y modernizadores, ha permitido que el complejo de intereses económicos, técnicos y administrativos pueda operar, en torno a su gestión, prácticamente sin límites ni control público. Así las condiciones para el abuso, la corrupción están garantizadas.

Es falso que los intereses privados dominantes quieran mercados libres, transparentes y perfectos

En resumidas cuentas, la penosa situación actual de la gestión de los SSPP no es fruto de la ineficiencia de la Administración Pública, o de la planificación y del intervencionismo estatal, que ingenuamente presumimos orientados al servicio del interés público. Pero desactivar el conglomerado de instituciones, intereses, presiones y justificaciones, para sustituirlo por otro, orientado a promover la buena gestión no puede acometerse sin un acuerdo social firme que lo apoye, y sin cambios importantes en las normativas.

Es falso que los intereses privados dominantes quieran mercados libres, transparentes y perfectos. Curiosamente, los intereses privados hegemónicos no quieren que se cree el marco institucional propicio para que se generen centros de intercambio regulados, en los que se produzcan transacciones libres y transparentes entre concesionarios y usuarios.

El equívoco se produce al presuponer que los mismos intereses privados alcanzan a todos los individuos en general o que los intereses privados son siempre partidarios del “dejar hacer, dejar pasar” mercantil y de la igualdad de derechos y oportunidades. Lo que evidentemente no ocurre en nuestras sociedades desiguales y polarizadas. Y es que ninguna gestión es posible sin conocer la realidad a gestionar.

Los procesos de gestión deberían ser participativos, igualitarios y transparentes, pero da vergüenza ajena oír hablar a representantes de la Administración y la política, de su afán de promover la participación, a la vez que se silencia a las asociaciones de personas usuarias, afectadas, y a los observatorios sociales, que deberían ocupar un lugar prioritario en todo proceso participativo.

La gestión de los SSPP transparente, con rendición de cuentas, asequible, participativa, universal, igualitaria e integradora de ecosistemas vinculados a ellos debe ir unida a la actualización y reajuste del marco legislativo que lo posibilite.

En resumen, es evidente que la información clara de los SSPP no favorece los intereses hegemónicos vinculados a inversores y empresarios. Tampoco le interesa a los gestores con poder y discrecionalidad suficiente para suscribir contratos, otorgar autorizaciones u obtener la permisividad implícita. Y sólo favorece a los intereses lucrativos, a la espiral de obras y al despilfarro que redunda en perjuicio de la población más vulnerable. Solo hace falta observar el grado de irracionalidad al que han conducido los regímenes concesionales (que no tienen que ver nada con la libre concurrencia a la contratación pública, la cual es prácticamente inexistente).

Las concesiones ahora mismo favorecen acuerdos y cambios sin discutir su contenido concreto

Las concesiones ahora mismo favorecen acuerdos y cambios sin discutir su contenido concreto y es la manera de satisfacer a concesionarios con suficiente poder como para arrancar de la Administración la permisividad necesaria para sus intereses.

Lo cual explica que desde la Administración se arbitren acuerdos discrecionales de cesión, y que operen otros más opacos que se producen de forma desregulada, que generan una especie de mercado sumergido de los SSPP, el cual, desde luego, se sitúa en las antípodas del mercado transparente y de libre competencia que se propugna.

No olvidemos tampoco que la regulación de la gestión de los SSPP está obligadamente asociada a la política propiamente dicha, y que para conseguir una buena gestión de los SSPP, más que proponer soluciones ideales imaginarias, hay que profundizar en el conocimiento riguroso de cada territorio, población y sector.

Las mejoras realizables deben practicarse tomando medidas previas respecto a la modificación o caducidad de las concesiones y a las posibles subvenciones encubiertas unidas a las operaciones de cesión para evitar abusos y consecuencias negativas sobre bienes de dominio público. Para ello, hay que potenciar los foros de discusión adecuados en los que se informen, seleccionen y apoyen los cambios a emprender. A la vez hay que apoyar a las asociaciones de usuarios, incentivando sus funciones como partícipes en la gestión y rompiendo con la inercia de un comportamiento viciado por el paternalismo estatal[2].

Por eso no podemos conformarnos con recuperar el discurso idealizado del Estado sobre él mismo. Más que limitarnos a seguir la línea tradicional de defensa de los SSPP, se trata de transformarlos mediante la creación de órganos democráticos que den a los gestores, pero también a las personas destinatarias de dichos SSPP, un derecho de intervención, de deliberación y de decisión, dentro del respeto a las leyes generales y el sentido propio de los servicios.

Hay que transformar los SSPP en instituciones destinadas a los derechos de uso común y gestionadas democráticamente

La cuestión entonces es transformar los SSPP en instituciones destinadas a los derechos de uso común y gestionadas democráticamente. Para responder a las necesidades de todas las personas conviene que estas necesidades sean expresadas, debatidas, y elaboradas por vías democráticas. Así, tiene que producirse una transformación de la concepción del Estado que se construyó principalmente como imperium, al Estado como obsequium [3], es decir, el que está obligado, el que tiene una responsabilidad.

El Servicio Público no debe ser, por tanto, la manifestación de la soberanía, sino la traducción de una necesidad que debe ser satisfecha; el efecto de una regla objetivamente establecida que engendra derechos individuales. Y la relación entre las personas y lo común no tiene que ser la de la apropiación, sino la de sujetos que actúan para satisfacer necesidades esenciales y hacer efectivos cierto número de derechos no a las cosas sino a su uso.

Todo esto, supone iniciar una potente campaña racionalizadora contando con grupos de usuarios objetivamente interesados en el cambio. Si esto no ocurre, y las fuerzas políticas que por turno gobiernen mantienen o agravan la presión favorable al statu quo, seguirá sin clarificarse el panorama de abuso en la gestión de los SSPP y los ecosistemas asociados. Es decir, frente a la huida del derecho público debemos promover el regreso a la regulación pública efectiva, así como un marco de información exhaustiva, sin el cual el “problema de los SSPP” continuará en conflicto y con crispación social en cada uno de los sectores concernidos. No olvidemos que la desinformación provoca la parcialidad de los análisis, permitiendo que se sigan promoviendo impunemente desde la Administración proyectos socialmente insuficientes, deficitariamente financiados y ecológicamente insostenibles.

Los servicios públicos deberían ser instituciones de la sociedad y no sólo instrumentos del poder público

Los SSPP deberían ser instituciones de la sociedad y no sólo instrumentos del poder público. Esto no significa que haya que esperar del Estado que proteja y extienda lo estatal, ampliando o extendiendo el dominio o imperium de la Administración burocrática sobre la sociedad y la economía, porque al igual que la protección social, la forma estatal no agota la significación histórica de los SSPP, de modo que hay que considerarlos no únicamente como instrumentos de dominación política, sino como servicios comunes de la sociedad, que sólo han podido encontrar históricamente los medios para su crecimiento en el poder encargado del orden público y de la Administración de la población.

Debemos aceptar que la intervención del Estado no es absolutamente indispensable en todos los servicios, pero el Estado sí debe desempeñar un papel jurídico y simbólico como garante de la aplicación de los principios generales de la ley. No se trata ya de concebir el Estado como una gigantesca Administración centralizada, sino más bien como un garante de los derechos de las personas respecto a la satisfacción de las necesidades consideradas esenciales democráticamente.

Los municipios podrían asegurar lo esencial de su financiación, y su gestión podría ser confiada a consejos locales, pero esta gestión local debe entrar en el marco de una ley general, y su aplicación debe estar controlada por cuerpos de inspección, aportando garantías universales en lo que se refiere a la suficiencia financiera, igualitaria y con rendición de cuentas.

Es decir: Democracia participativa y presupuestos participativos. El ejercicio de la democracia participativa no se debe reducir a simples consultas sobre los objetivos de una gestión despolitizada, a niveles locales o micro locales. El ejemplo de lo que algún día fueron consejos de barrio (democracia de proximidad) demuestra que el proceso de deliberación y de decisión puede y debe permanecer bajo el control de los ediles y de las Administraciones locales. En esta práctica, se pudo ver el esbozo, todavía imperfecto, de otra forma de democracia, dirigida a transformar las políticas de SSPP y a instituir servicios comunes a escala local, servicios que a su vez podrían formar una red, implicando a la población en la construcción de sus políticas. Por otra parte, esta democracia participativa podría trascender el nivel «local», y adquirir una dimensión regional o supranacional (como las confederaciones hidrográficas). No se trata entonces sólo de sustraer al mercado cierto número de dominios, sino de impedir que perdure un sistema político basado en la corrupción, la prevaricación y la depredación. Porque el desastre de los SSPP no proviene sólo de la privatización de la gestión entregándosela a las multinacionales, sino también del uso que se ha hecho de la propiedad pública por el sistema de partidos políticos y corporaciones.

El desastre de los SSPP no proviene sólo de la privatización de la gestión, sino también del uso que se ha hecho de la propiedad pública por el sistema de partidos políticos y corporaciones

En últimas, se trata de socavar las bases de una representación política que se nutre de la propiedad pública mediante el clientelismo, el nepotismo, la distribución de cargos, y la desviación de fondos. El rechazo social que provocan estas prácticas, no se logra trasladar con contundencia al ámbito de lo político, pues si las fuerzas políticas se hacen eco de la evidente insostenibilidad económica y ecológica de esta mala gestión, mientras están en la oposición, paradójicamente, cuando llegan al gobierno, se ven atrapadas en la maraña de intereses, leyes e instituciones establecidos y omiten afrontarlos, o directamente terminan reproduciendo las mismas prácticas, pues en el corto horizonte de la política habitual, es más fácil pactar con los grupos de presión que tratar de trascenderlos y modificarlos.

Así que para trascender y modificar el statu quo se necesita, fundamentalmente, un movimiento social bien informado dispuesto a defender, conservar y transformar las instituciones que sostienen el servicio público como algo esencial para la conservación de la vida.

Liliana Pineda, representante de ATTAC España en la Red de Agua Pública.
Salvador Martínez, coordinador de ATTAC Mallorca

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[1] El Rincón de Naredo

[2] La gestión del agua de riego (López –Gálvez y Naredo, 1997).

[3] El Código de Justiniano emplea la fórmula obsequium civilíum munerum para designar a qué está obligado el que tiene una responsabilidad pública.

La entrada Desmontando mentiras sobre los servicios públicos se publicó primero en ATTAC España | Otro mundo es posible.

Por Alberto Fraguas Herrero. Ecólogo, coordinador de Ecología Política de ATTAC y de la Alianza Más Allá del Crecimiento. Publicado originalmente para Efeverde.

I. CONTEXTO

Nos encontramos en una crítica encrucijada con una intrincada red de desafíos interconectados (ecológico, sanitario, alimentario, etc…), todos ellos multiplicados por la creciente amenaza del cambio climático, una situación de inestabilidad global que genera inseguridad y que exigiría una profunda reevaluación de los vigentes modelos de pensamiento y acción, de los principios y paradigmas que rigen al menos en el Norte Global.

Las actuales estructuras geopolíticas, ancladas en la competencia interestatal por el poder y el control de los recursos, todas ellas basadas en un imaginario de crecimiento económico permanente, demuestran una alarmante incapacidad para abordar estas crisis sistémicas. En este sentido, cabría preguntarse si todas estas crisis están provocando otra global relativa a la legitimidad de un sistema patriarcal, productivista y capitalista, que como el actual no cuida a la gente ni al planeta.

En este contexto emerge la necesidad imperante de un nuevo enfoque, de una nueva perspectiva ecosocial que integre la Economía y el bienestar social en la Ecología como pilares fundamentales de estabilidad.

Porque la salud del planeta y el bienestar de la humanidad no son objetivos contrapuestos sino intrínsecamente interdependientes. Ignorar los límites ecológicos del planeta incrementa las brechas de desigualdad existentes, socavando la seguridad global.

II. BASES PARA UN NUEVO MODELO ECOSOCIAL

La transición hacia un nuevo modelo ecosocial basado en la equidad, la armonía ecológica y la cooperación no es opcional: debe darse si queremos un futuro más seguro y justo para todos y todas, aunque esto entre en colisión con las estructuras oligárquicas del sistema dominante.

El actual momento exige un nuevo marco cultural, civilizatorio, de relaciones entre sociedad y naturaleza en el cual deben deconstruirse mitos como el de la competencia, la producción y el del relato de permanente crecimiento como paradigmas sociales, un relato donde se entiende que lo civilizado es ir contra la naturaleza, la cual se concibe erróneamente que está a nuestro servicio, justificando así el extractivismo y los colonialismos, señas de identidad del capitalismo.

Pero la tozuda realidad, avalada por la Ciencia desde hace ya más de 50 años¹, cuestiona estos prejuicios demostrando que ese relato de permanente crecimiento choca con la realidad del carácter finito de los recursos, un choque que no ha sido resuelto con la eficacia exigida a pesar de las insuficientes (y fallidas) políticas de crecimiento verde, desarrollo sostenible y hoy transición ecológica, que se han planteado bajo la misma escala de valores que los problemas que pretenden solucionar. Esta insuficiencia se demuestra si nos atenemos a que actualmente estamos ante los peores indicadores ecosociales de la historia².

El necesario cambio implica retos de gran trascendencia y empieza por atender a un nuevo equilibrio de objetivos a corto y largo plazo para ir avanzando en una ecointegración donde se prime el valor de uso sobre el de cambio, y donde se planifique, mirando al interés común, la reducción de determinados flujos metabólicos de energía y materiales. Un decrecimiento que no puede hacerse sin cambiar las reglas del juego que mueven estos flujos.

Una economía de la suficiencia donde desaprender (olvidar mitos); desmaterializar, desmercantilizar y descentralizar, y que abandone el PIB como métrica principal de supuesta calidad de vida; que planifique la contracción buscando redistribuir, incentivando los servicios públicos y bienes comunes, garantizando así los derechos y las necesidades básicas de la ciudadanía.

¹ Informe Meadows: Los Límites del Crecimiento, 1972 (y también otros documentos estratégicos).
² Según los paneles internacionales IPCC e IPBES, y del Instituto de Resiliencia de Estocolmo, así como de otros organismos internacionales independientes.

III. ESTRATEGIA

Pero la configuración e implementación de este nuevo modelo global Más Allá del Crecimiento, donde integrar decrecimientos selectivos explicados a la población como herramientas de equilibrio y esperanza, no tiene una única hoja de ruta. Es preciso buscar lugares comunes para confluir donde se rehúyan estériles debates segregadores y se dé prioridad a lo que nos une (la necesidad de cambio radical) sobre los detalles que separan.

Para ello es esencial generalizar este debate, llevarlo a donde no esté y también salir de ciertas endogamias académicas o activistas que dificultan esta generalización; es decir, atender más la justificación de la necesidad del cambio que a los calificativos que podrían definirlo. Solo así podremos hacer políticamente factible lo que es necesario a nivel ecosocial.

Es imprescindible, pues, abrir un proceso en torno a ir más allá del crecimiento como paradigma, si bien un hecho de tal envergadura requiere de otras estrategias de las que hasta ahora hemos aplicado.

El priorizar este proceso exogámico es tender a la unidad desde la diversidad para la creación de nuevas hegemonías en base a esos denominadores comunes que nos unen y tendiendo al posicionamiento público desde la extensión a toda la sociedad civil dispuesta a hacer autocríticas, que también son críticas.

Y esto es también lo que pretendemos en la recientemente creada Alianza Más Allá del Crecimiento³, una plataforma de organizaciones sociales de distintas naturalezas (economistas, ecologistas, jóvenes científicos, sindicatos, de cooperación, etc.), en la creencia firme de que la configuración de dinámicas postcrecentistas debe alimentar posicionamientos políticos con identidad propia, que superen los fallidos planteamientos del crecimiento verde y en clara oposición a la deriva reaccionaria que tiende a un control oligárquico, con tintes ecofascistas, de los recursos naturales.

Pero es preciso extender el debate de los límites del crecimiento. Para ello se está urdiendo un gran movimiento de pensamiento y acción que confluirá en 2026 en un gran Foro Social, donde centenares de organizaciones de la sociedad civil plantearán alternativas que ya están sobre la mesa. Este foro, que tendrá lugar en la Facultad de Biología de la Universidad Autónoma de Madrid, será la antesala de otros muchos donde se generalice el debate crítico y se avance en los caminos comunes hacia la esperanza activa por el cambio.

Nunca olvidemos a la utopía como porvenir que se esfuerza en nacer y no el pasado que se obstina en seguir.
(Víctor Hugo)

Alberto Fraguas Herrero es ecólogo, coordinador de Ecología Política de ATTAC y de la Alianza Más Allá del Crecimiento.

1 Informe Meadows: Los Límites del Crecimiento 1972 (y también otros documentos estratégicos).

2 Según los Paneles Internaciones IPCC y IPBES, y del Instituto de resiliencia de Estocolmo, así como de otros organismos internacionales independientes.

3 Actualmente la Alianza está integrada por las siguientes organizaciones sociales: ATTAC, ALIANZA POR LA SOLIDARIDAD/ACTION AID, ASOCIACIÓN “MAREAS BLANCAS”, CCOO, CECU, INSTITUTO DE DERECHOS HUNANOS, DEMOCRACIA Y CULTURA DE PAZ Y NO VIOLENCIA (DEMOS PAZ), ECONOMISTAS FRENTE A LA CRISIS, FUNDACION RENOVABLES, ECONOMISTAS SIN FRONTERAS, ECOOO, FORO TRANSICIONES, FUNDACIÓN ALTERNATIVAS, FUNDACIÓN NUEVA CULTURA DEL AGUA, GREENPEACE, REBELIÓN CIENTÍFICA, SOCIEDAD ESPAÑOLA DE AGRICULTURA ECOLÓGICA, UGT, FUNDACIÓN CONAMA, EUREKA. RED POR LA RENTA BÁSICA INCONDICIONAL, PLATAFORMA CONTRA LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO, FUNDACIÓN TRANSICIÓN VERDE, ASOCIACIÓN COOPERATIVA “GARBANCITA ECOLÓGICA”, FUNDACIÓN “ESPACIO PÚBLICO”, PLATAFORMA POR UN NUEVO MODELO ENERGÉTICO, FUNDACIÓN SAVIA, OBSERVATORIO DE SOSTENIBILIDAD, CONSEJO DE LA JUVENTUD, ASOCIACIÓN AMARME, FUTURO ALTERNATIVO.Alberto Fraguas. El actual momento exige un nuevo marco cultural, civilizatorio, de relaciones entre sociedad y naturaleza en el cual deben deconstruirse mitos como el de la competencia, la producción y el del relato de permanente crecimiento como paradigmas sociales, un relato donde se entiende que lo civilizado es ir contra la naturaleza, la cual se concibe erróneamente que está a nuestro servicio, justificando así el extractivismo y los colonialismos, señas de identidad del capitalismo.

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Por Alberto Garzón Espinosa. Publicado originalmente para ElDiario.es.

El exdirigente de extrema derecha Juan García-Gallardo, de 34 años, ha declarado que «la generación boomer está impidiendo la prosperidad de los jóvenes». Los boomers —los que hoy tienen entre 61 y 79 años— son, en su mayoría, jubilados. El ultraderechista no está solo: la periodista de El País Estefanía Molina, también de 34, asegura que «los pensionistas están devorando a sus hijos». Y Analía Plaza, de 36, acaba de publicar La vida cañón, un libro que apunta a los boomers como «el grupo por edad con mayor riqueza del país» y que describe su vida como más cómoda, más fácil, más segura que la de sus padres o la de sus hijos.

El mensaje cala: los mayores serían los culpables de la pobreza y precariedad juvenil. Pero esa lectura es una trampa, como la ha definido el periodista Carlos Sánchez, de 69 años y mucho más escéptico respecto a este relato. En realidad, los datos avalan que la desigualdad creciente no es fundamentalmente un problema entre generaciones, sino entre distintas posiciones en la estructura de clases. No son los jubilados los que devoran a los jóvenes, sino un sistema que permite que la riqueza se concentre arriba mientras el resto se pelea por las migajas.

El debate tiene dos niveles: uno de diagnóstico y otro propositivo. Respecto al segundo, la mayoría de los análisis culmina con una crítica devastadora al sistema de pensiones públicas, considerado como excesivamente generoso. Molina, por ejemplo, justifica que los jóvenes piensen, según ella, que «es un despropósito la indexación de todas las pensiones a un IPC desbocado» y sugiere que la necesidad de rentas de los nuevos jubilados «quizás no es tan elevada». El economista Gonzalo Bernardos, de 62 años y habitual en los medios de comunicación, ha subrayado que «lo de la generosidad de las actuales pensiones es imposible de mantener», mientras que Plaza concluye sobre las pensiones públicas que «ahora mismo el debate está en que no hay dinero suficiente para pagarlas».

Estas críticas parten de un diagnóstico cada vez más compartido: la existencia de una creciente brecha intergeneracional en España. En los últimos meses, dos trabajos sólidos y completos han apuntado en esa dirección: el informe de J. Ignacio Conde-Ruiz y Francisco García-Rodríguez para Fedea, centrado en la riqueza, y el informe de Javier Martínez Santos y Jorge Galindo para EsadeEcPol, que aborda tanto renta como riqueza. A partir de este diagnóstico emerge –por parte de otros actores, como los citados más arriba– la culpabilidad de las pensiones y de los pensionistas. Pero ¿y si ese diagnóstico no justifica realmente la crítica al sistema de pensiones? ¿Y si la brecha intergeneracional está en otro lugar —uno mucho más incómodo de mirar— y poco o nada tiene que ver con las pensiones? ¿Y si más que la edad lo que determina la desigualdad y nuestras posibilidades es la clase social?

La desigual evolución de la renta

El núcleo del diagnóstico tradicional suele resumirse en un mismo gráfico: la evolución de las rentas netas medias desde 2008. Este indicador, utilizado con ligeras variaciones por la mayoría de los analistas, sirve de base para argumentar la existencia de una creciente brecha generacional que se sostiene principalmente por el enriquecimiento muy superior de las generaciones mayores de 65 años.

Como se puede observar, el grupo de más de 65 años (línea en amarillo oscuro) era el tercero con mayor renta media en el año 2008, pero desde el año 2013 es el primero. Es decir, desde que empezaron a jubilarse los boomers, el grupo de más de 65 años pasó a ser el que disfrutaba de mayor renta en España. El estudio de EsadeEcPol usa estos mismos datos para llegar a la conclusión de que «los mayores de 65 experimentan ingresos medios sustancialmente más elevados en 2024 respecto a 2008, unos 2.500 € más, superando en promedio a todos los grupos de edad más jóvenes». También emplea esos datos el siempre atento Kiko Llaneras, en su artículo «¿Jóvenes contra boomers?», aunque en este caso usando la mediana (más adecuada que la media). El problema es que la elección respecto del indicador, al que recurren todos ellos, es incorrecta.

Ese famoso gráfico mide la renta media per cápita, lo que implica dividir el ingreso del hogar entre el número de miembros. Eso genera un sesgo por tamaño de hogar y heterogeneidad de las rentas dentro de cada grupo, al considerar la aportación de todos los miembros por igual. Por esa razón Eurostat considera por defecto otra forma de medirlo: la renta media por unidad de consumo, que asigna a cada miembro del hogar una ponderación establecida por la OCDE. Si recurrimos a este otro indicador, mucho más adecuado, las tendencias se mantienen, pero la fotografía cambia:

Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta de Condiciones de Vida (INE)

Ahora en ningún momento los mayores de 65 años son el grupo con más renta media. Sigue existiendo un crecimiento de las rentas de este grupo durante los años de crisis, mientras la del resto de los grupos descendía, pero el cambio es mucho más modesto que en la medición anterior. La recuperación tras 2015 se presenta similar y solamente en los últimos años el ritmo de crecimiento de la renta media de los mayores de 65 años es superior. Con todo, en esta nueva fotografía los boomers no parecen ni tan extraordinarios ni tan culpables.

De hecho, lo que observamos no es ninguna anomalía. Las rentas laborales de los trabajadores siempre se mueven al compás del ciclo económico: caen cuando el PIB se contrae y suben cuando la economía se recupera. Son, por naturaleza, endógenas a la actividad. Por el contrario, las transferencias públicas, como las pensiones, no siguen ese vaivén: dependen de decisiones políticas y, por tanto, se comportan de forma más estable. Esa diferencia permitió sostener la demanda agregada durante las recesiones, pero también modificó la distancia entre las rentas medias de unas generaciones y otras.

De este modo cabe argüir que el problema no está en el nivel de las pensiones —que han evolucionado de manera bastante regular y predecible—, sino en el golpe asimétrico que las crisis económicas propinaron a los jóvenes. La precariedad y la inestabilidad laboral hicieron que fueran los primeros expulsados del mercado de trabajo y los últimos en recuperar sus condiciones previas. Los trabajadores de más edad también sufrieron, pero menos, y esa desigualdad en la exposición a la crisis amplió las brechas de renta entre generaciones.

A la diferencia entre la renta de los jóvenes y la de otros grupos la llamamos “brecha intergeneracional”, y puede medirse mediante una ratio: cuando esta aumenta, también lo hace la distancia entre generaciones. Para hacerlo he utilizado distintas fuentes estadísticas, con metodologías algo diferentes, pero todas expresando la misma tendencia:

La línea amarilla expresa la ratio entre la renta del grupo de personas de más de 65 años (al que he llamado ‘jubilados’) y la renta del grupo de los jóvenes, y como hemos visto ya antes, tanto en INE (renta media por unidad de consumo) como Eurostat (renta mediana) es positiva desde 2012. Ese es el momento en el que el grupo de jubilados supera en renta media a los jóvenes. Por otro lado, en INE (renta media per cápita) y LIS (renta media por unidad de consumo) las rentas medias del grupo de jubilados siempre han estado por encima de las de los jóvenes, pero desde 2010 lo han estado mucho más.

La novedad de este gráfico es la incorporación de una nueva ratio (línea azul), que compara las rentas del grupo de 50 a 64 años o trabajadores en su etapa laboral final —a los que denomino ‘seniors’— con las de los jóvenes. Los resultados son reveladores. Salvo en los datos del INE (renta per cápita), en todas las demás fuentes esta ratio es superior a la anterior. Dicho de otro modo: la verdadera brecha generacional no se da entre jóvenes y pensionistas, sino entre jóvenes y quienes están en la fase final de su carrera laboral. Si tienes 30 años, tu diferencial con un trabajador de 60 es mayor que con un jubilado de 70.

Los datos de The Luxemburg Income Study (cuadro inferior derecho) refuerzan esta idea. Su metodología está armonizada para permitir comparaciones a nivel internacional, y de ahí las ligeras diferencias con EU-SILC e INE. Usando los datos de LIS, Gabriele Guaitoli y Roberto Pancrazi analizaron la brecha intergeneracional en medio centenar de países y hallaron un patrón claro: la brecha crece en todas las economías ricas, y lo hace especialmente entre los jóvenes que se incorporan al mercado laboral y los trabajadores seniors. En otras palabras, la desigualdad creciente en las rentas medias no nace del sistema de pensiones, sino del propio funcionamiento del mercado laboral. Si es un fenómeno que se repite en todas las economías avanzadas, la acusación al sistema de pensiones español pierde fundamento.

En este sentido, gran parte del diagnóstico sobre la brecha generacional en rentas sigue siendo válido, pero el foco debe desplazarse: no se trata de un problema nacional ni de las pensiones, sino de un fenómeno internacional ligado a las dinámicas del mercado laboral. Por eso, muchos de los discursos anti-pensiones que escuchamos a diario parten de un diagnóstico equivocado. El problema no está en lo que se ha mantenido estable —la revalorización de las pensiones medias para que los pensionistas no pierdan poder adquisitivo—, sino en lo que ha dejado de funcionar: un mercado laboral capaz de garantizar condiciones de vida dignas y equitativas para todos los trabajadores.

Si queremos evaluar las causas profundas de la desigualdad, es mucho más apropiado mirar la posición de clase. El análisis de clase perdió fuerza en los años noventa, pero está recuperando protagonismo en las últimas décadas. Un reciente estudio para la Comisión Europea realizado por un equipo estupendo de investigadores españoles ha puesto de relieve la importancia de mirar a la clase como factor diferencial. Para destacar su importancia en este debate, he construido una clasificación de clases sociales utilizado los datos de la última Encuesta de Condiciones de Vida y he comparado la desigualdad de clase con la de edad. Este es el resultado:

Como puede ver a simple vista, la desigualdad es mucho mayor cuando miramos por clase social que cuando lo hacemos por edad. Y, en realidad, es puro sentido común: un joven directivo o profesional cualificado gana bastante más que un trabajador manual no cualificado de sesenta años o ya jubilado (a estos últimos, jubilados o desempleados, les he asignado la clase correspondiente a su último empleo). Lo sorprendente es, por tanto, el peso mediático que recibe el conflicto entre generaciones —que existe, sí, pero refleja promedios de grupos muy heterogéneos— y el silencio mucho más doloroso sobre las diferencias entre clases sociales.

Ahora bien, como subrayan con acierto los informes de EsadeEcPol y, con particular brillantez, el de Fedea, hay otra brecha igual o más preocupante y aún más estructural: la de la riqueza.

Desigualdad de riqueza

En condiciones normales, la riqueza se hereda o es el producto de la acumulación de rentas, por lo que una gran desigualdad de estas últimas apunta a una creciente desigualdad de riqueza –en ausencia de políticas redistributivas eficaces. En España, además, se da la circunstancia de que el patrimonio principal de la mayoría de los hogares es la vivienda, cuyo acceso no sólo depende de las rentas y la riqueza sino también de la ‘suerte’: aquellas familias que pudieron acceder a una vivienda cuando el mercado inmobiliario era asequible disfrutan hoy de una riqueza que se presenta inalcanzable para las generaciones actuales.

Como explican Conde-Ruíz y García-Rodríguez, entre 2002 y 2008 todas las familias con propiedades inmobiliarias vieron cómo su riqueza se multiplicaba como efecto del boom inmobiliario. Por ejemplo, las personas entre 55 y 64 años llegaron a ver aumentada su riqueza un 67,4%. Ese es el componente de ‘suerte’, que favoreció particularmente a las personas que adquirieron viviendas en los noventa. Aunque la crisis de 2008-2014 desvalorizó esas viviendas –y, por lo tanto, su riqueza–, la recuperación económica posterior está siendo una carrera desigual entre grupos de edad: algunos comenzaron teniendo ya vivienda, adquirida cuando era asequible y en general ya sin deudas hipotecarias, y otros grupos –como los jóvenes– o bien no pueden adquirirlas o bien lo hacen a costa de un endeudamiento enorme. Actualmente tienen una propiedad inmobiliaria el 60% de los mayores de 65 años, frente a poco más del 20% de los menores de 35 años.

Este fenómeno explica que «los mayores de 75 años han incrementado de forma sostenida su participación en la riqueza total, pasando de aproximadamente un 8,3% en 2002 a un 18,3% en 2022», como recuerda el citado informe de Fedea. Al mismo tiempo, «los menores de 35 años han reducido de forma continua su peso en la riqueza neta total, pasando de 8,2% en 2002 a apenas 2,1% en 2022, lo que indica crecientes dificultades para acceder a la propiedad o construir patrimonio desde edades tempranas». Además, con mayor patrimonio y rentas es más fácil acumular nuevos activos (otras propiedades, productos financieros, etc.), lo que ayuda a explicar por qué los mayores de 65 años tienen de promedio más de 2 propiedades frente a menos de un 0,5 para el caso de los menores de 35 años.

Todas estas desigualdades entre generaciones son grandes y evidentes. Pero, como ocurría con el caso de la renta, ocultan otros fenómenos aún más importantes. Al fin y al cabo, las variables de edad no pueden explicar lo que el informe de Fedea pone negro sobre blanco: «el 1% más rico ha concentrado de forma sostenida una fracción significativa del patrimonio total –en torno al 21,1% en 2022– seguido de los percentiles 91-99, cuya participación también ha aumentado en los últimos años hasta el 32,6%». Esto es lo mismo que decir que el 10% de los hogares más ricos concentran más del 50% de la riqueza en España. La contracara es que la mitad más pobre de la población española solo tiene un 7,1% de la riqueza patrimonial total en España.

¿Qué está pasando aquí? Sencillamente que la desigualdad de riqueza está aumentando por mecanismos endógenos que, de nuevo, nada tienen que ver con las pensiones ni con las transferencias públicas. Al margen de la dinámica del mercado laboral (donde ya vimos que las clases altas reciben significativamente mejores rentas), los hogares más ricos –y las personas que viven en ellos– tienen muchas más oportunidades para enriquecerse aún más. Lo hacen a través de la adquisición de otras propiedades inmobiliarias (para obtener rentas por alquileres, especulación, etc.) y de productos financieros que ofrecen rendimientos fáciles.

Hace unas semanas, el nuevo dirigente británico del partido verde, Zack Polanski, atrajo gran atención mediática al denunciar en un vídeo –magnífico, por cierto– que había gente que se enriquecía mientras dormía, en oposición a quienes viven de las rentas laborales y apenas lograban conciliar el sueño. Lo que Polanski estaba señalando es lo que hace diez años Thomas Piketty denominó capitalismo patrimonial –y que en otros lugares se ha llamado “capitalismo rentista”–. Es decir, un sistema institucional en el que la desigualdad de renta y de riqueza se refuerzan mutuamente cuando el Estado no interviene para corregirlas. En la actualidad esta dinámica está alimentada por una economía profundamente financiarizada y en la que vivienda funciona como un activo especulativo más.

En España los datos más fidedignos a los que podemos recurrir para medir este fenómeno son también los de la Encuesta de Condiciones de Vida. Según su última publicación, un 16% de los hogares (unos tres millones) reciben ingresos por el alquiler de propiedades y un 32% (unos seis millones) reciben rentas del capital en forma de intereses, dividendos, etc. Estos componentes de la renta son los que he definido como “cuota rentista”, ya que se trata de ingresos que “caen del cielo” solo por el sencillo hecho de tener propiedades. Pero, claro, ahí se incluye al que alquila una vivienda en un pueblo rural para obtener unos pocos ingresos complementarios, y el multipropietario que se permite vivir a cuerpo de rey gracias únicamente a esa actividad. Así que la pregunta es: ¿cómo se distribuye en la sociedad esta cuota rentista?

Por no alargarme más, iré al grano: es captada en su mayoría por los más ricos. Prácticamente la mitad de los ingresos por alquiler del año 2024 fueron captados por el 20% de los hogares más ricos de España, quienes también se hicieron con el 65% de los ingresos derivados de intereses, dividendos y otros productos financieros. Por el contrario, el 60% más pobre de los hogares España no captura ni el 30% de los ingresos de alquiler y ni el 20% de las rentas del capital. Estos datos son coherentes con los de la Encuesta Financiera de las Familias analizados en el informe de Fedea, que demuestran una muchísimo mayor presencia de activos financieros entre las familias más ricas.

Por otro lado, cuando pasamos a observar la distribución de los ingresos rentistas por edad o clase social tenemos que hacer el análisis a nivel individual y no de hogares. En este caso no tiene sentido medir la concentración, porque cada grupo está formado por un número distinto de personas (por ejemplo, hay muchos más jubilados y trabajadores no manuales). Sin embargo, podemos medir la prevalencia, es decir, el porcentaje de personas dentro de cada grupo que dispone de ingresos rentistas (por alquiler o por rentas del capital). El gráfico resultante es coherente con el análisis hasta ahora:

Como se puede observar, son las clases altas (profesionales y directivos) los que disponen en mayor medida de ingresos rentistas, mucho más que los trabajadores no cualificados o trabajadores manuales. Y desde luego, la desigualdad entre clases es mucho más pronunciada que entre grupos de edad, donde también esperábamos encontrar una mayor proporción de ingresos rentistas entre los grupos mayores (porque debido al ciclo vital son capaces de acumular más activos desde los que extraer ingresos rentistas).

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CARTA ABIERTA a los eurodiputados, suscrita por Attac.

Estimado miembro del Parlamento Europeo:

La semana que viene se les pedirá que voten sobre una cuestión crucial, el presupuesto para 2026, y se avecinan o ya están en marcha otras votaciones y negociaciones importantes, como el próximo presupuesto a largo plazo de la UE (MFF 2028-2034) y una serie de «paquetes ómnibus», es decir, procesos de desregulación. Todas estas propuestas contienen aumentos masivos del gasto militar y regalos a la industria armamentística. Les pedimos encarecidamente que se opongan a estas peligrosas medidas y que redirijan los recursos hacia políticas de paz auténticas.

Somos Stop ReArm Europe, una coalición de más de 800 organizaciones y movimientos de la sociedad civil de toda Europa, que representamos a una gran variedad de sectores y/o procedencias políticas, y tenemos algo en común:

Queremos una seguridad genuina, es decir, una seguridad centrada en las necesidades humanas, como la seguridad medioambiental y climática, la seguridad alimentaria y económica, la seguridad social y sanitaria, y la seguridad comunitaria y política, tanto para los europeos como para todos los ciudadanos del mundo.

Queremos una paz transformadora y justa que incluya las condiciones necesarias para que las sociedades prosperen, como abordar las causas profundas de los conflictos, la buena gobernanza, la libertad y el fomento del potencial creativo humano.

En resumen, una seguridad común tanto para los Estados como para los pueblos.

Como actores de la sociedad civil, estamos más decididos que nunca a hacer todo lo que esté en nuestra mano para que esto se haga realidad, pero no podemos hacerlo solos.

Necesitamos su ayuda como responsables políticos; necesitamos su ayuda para que los valores universales de los derechos humanos y el Derecho internacional sean los principios rectores de las políticas de la UE, y para poner fin a décadas de prácticas hipócritas que se han vuelto tan evidentes en los últimos años.

La propia historia de la integración europea la hace especialmente vulnerable a la influencia indebida de los intereses empresariales, como demuestran numerosos informes, y las políticas de rearme no son una excepción a esta regla, sino todo lo contrario.

El discreto pero poderoso cabildeo de la industria armamentística desempeñó un papel decisivo en la adopción de las primeras subvenciones de la UE hace diez años, y su influencia en las políticas europeas, tanto militares como civiles, no ha dejado de crecer desde entonces. Los presupuestos destinados al cabildeo de las diez mayores empresas armamentísticas aumentaron un 40 % entre 2022 y 2023. Solo en 2025 (hasta octubre), la Comisión se reunió 89 veces con los grupos de presión del sector armamentístico para debatir sobre el rearme y la geopolítica, y solo 15 veces con sindicatos, ONG o científicos sobre los mismos temas. Por su parte, los eurodiputados se reunieron con el lobby armamentístico 197 veces entre junio de 2024 y junio de 2025, frente a las 78 veces de los cinco años anteriores. Como resultado, el llamado plan de «preparación para la defensa» para la supuesta autonomía europea se reduce en última instancia a subvencionar a las grandes empresas militares, a menudo internacionales, impulsar la producción y aumentar las ventas de armas, incluidas las exportaciones fuera de Europa.

El paquete «defensa ómnibus» sigue la misma lógica, ya que desregula aún más las normas sociales y medioambientales, así como las normas éticas y de exportación de armas, desvía recursos de programas civiles como la política de cohesión y pervierte los principios de la financiación sostenible, todo ello en interés del sector armamentístico. ¿Cuándo será suficiente para la industria armamentística?

Además de endeudar a Europa, y por tanto a sus ciudadanos, en beneficio de la industria armamentística y de un modelo económico extractivo e injusto, los planes de rearme desvían recursos financieros, humanos y políticos de la seguridad humana, así como de la prevención y la resolución pacífica de conflictos y de los grandes retos a los que se enfrenta la humanidad, desde el cambio climático hasta la pérdida de biodiversidad o la crisis sanitaria, por nombrar solo algunos.

Y la propuesta para el próximo marco financiero da un paso más en esa dirección, ya que prevé quintuplicar el presupuesto asignado directamente a las políticas de defensa y espaciales, además de que los programas civiles están en gran medida abiertos a la industria armamentística. Dado que el presupuesto global de la UE se mantiene prácticamente estable, esto supone necesariamente un desvío de los recursos financieros anteriormente asignados a las políticas civiles, aunque la profunda reestructuración del MFP hace muy difícil identificar transferencias específicas.

En general, el plan ReArm Europe de marzo de 2025, junto con todas las políticas anteriores y posteriores relacionadas con él, está condenado al fracaso porque, en esencia, reforzará la inseguridad europea y mundial, alimentará la carrera armamentística mundial —que a su vez alimenta los conflictos armados— y agravará el cambio climático y el daño medioambiental, dada la huella de carbono y medioambiental del ejército.

¿Es este el futuro que ustedes y nosotros queremos para la próxima generación? Nosotros no, y estamos convencidos de que ustedes tampoco.

Por lo tanto, les instamos a que destinen el dinero de la guerra a la paz, con el fin de crear las condiciones ambientales, económicas, sociales, políticas y diplomáticas necesarias para una paz positiva, la seguridad humana y la seguridad común.

Hay una serie de medidas y decisiones concretas que pueden tomar en las próximas semanas y meses para empezar a preparar un futuro mejor. En particular, les instamos a que:

1. Rechazar el presupuesto para 2026 en la votación plenaria de la próxima semana y solicitar:
   • Reanudar las negociaciones para reducir las subvenciones a la industria armamentística y aumentar las asignaciones a la diplomacia y a la prevención y resolución pacífica de conflictos con carácter urgente.
   • El fin de todas las cláusulas de exención que impiden la supervisión parlamentaria normal de todos los programas relacionados con el ámbito militar.
2. Defender las normas sociales y medioambientales, así como los estándares éticos, oponiéndose a las diferentes propuestas del «paquete global de defensa», en particular:
   • impedir que el Fondo de Defensa de la UE comience a financiar actividades de ensayo fuera de Europa, ya que esto permitiría utilizar el dinero de los contribuyentes de la UE para probar armas y tecnologías militares en cualquier zona de guerra, como Gaza y Ucrania;
   • objetar antes del 29 de noviembre la propuesta de limitar la definición de armas controvertidas a las armas prohibidas, mientras la UE financie el desarrollo de armamento disruptivo;
   • rechazar la flexibilización de las transferencias de armas dentro de la UE, que contradice las obligaciones de los países de la UE en virtud del derecho internacional;
   • rechazar la ampliación de las exenciones y derogaciones a las normas laborales, químicas, medioambientales y de otro tipo en favor de la industria armamentística;
   • rechazar la flexibilización de las obligaciones de información sobre la industria armamentística dentro de los marcos existentes de responsabilidad corporativa y sostenibilidad.
3. Rechazar la propuesta actual del próximo Marco Financiero Plurianual (MFP 2028-2034) en lo que respecta a los siguientes aspectos:
   • rechazar el Fondo de Competitividad que asigna 130 000 millones de euros a armas y al espacio militarizado
   • rechazar el desvío de programas civiles, en particular de investigación civil como Horizonte, así como de programas digitales, de movilidad, de cohesión y otros, con fines militares.
   • Reasignar estos fondos al fortalecimiento de la diplomacia y la ayuda exterior, con un claro enfoque en la lucha contra el cambio climático, la pobreza y la desigualdad, así como en la protección de los derechos humanos y el medio ambiente, y un apoyo decidido y coherente a la resolución pacífica de los conflictos con la participación de las mujeres, los jóvenes y las comunidades marginadas.

4. Oponerse firmemente a las presiones actuales para limitar significativamente la capacidad y la legitimidad de los actores de la sociedad civil para contrarrestar la influencia de las empresas a nivel de la UE; el equilibrio de poder actual ya está muy sesgado a favor de los intereses empresariales, y marginar aún más las voces de la sociedad civil supone una amenaza directa para el debate democrático en aras del interés público.

Si desea interactuar y debatir con nosotros sobre los temas planteados en esta carta, póngase en contacto con nosotros en contact@stoprearm.org . Estaremos encantados de organizar reuniones en línea en las que pueda intercambiar opiniones con muchos de nosotros sobre su visión, sus esperanzas y sus planes para la paz.

Le agradecemos su atención y esperamos tener noticias suyas.

En nombre de la campaña Stop ReArm Europe El equipo de coordinación de StopReArm Europe

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Estamos viviendo en una distopía que con frecuencia difiere poco de las fantásticas propuestas que generan la literatura o el cine. Se ridiculiza el pacifismo y las propuestas de desarme; y, desde la caída del muro de Berlín los medios de comunicación han creado la ficción de que no existe una alternativa al neoliberalismo feroz, individualista y competitivo.

El calentamiento global nos advierte de la necesidad de cambiar el sistema, pero no encontramos en la cultura voces que describan un mundo nuevo sin desigualdades, donde el bien común sea el objetivo principal de toda la sociedad, y la humanidad deje de ser depredadora del planeta, y que además sea entretenido y atractivo.

Muy al contrario, la literatura, el cine o los videojuegos están plagados de relatos distópicos, donde el sistema es violento, pero los héroes son seres individualistas que son capaces de vencer la violencia sistémica con violencia. Y cuando llega el final, y el héroe o la heroína vence, nadie describe cómo va a ser esa nueva sociedad, qué valores la van a cohesionar.

Al celebrar el 25 aniversario de la fundación de ATTAC España, veinticinco años de reclamar Otro Mundo Posible, propusimos el concurso “Utopía realizable” para encontrar relatos de cómo sería vivir en esa sociedad utópica. Ha habido respuestas de todo tipo, algunas han plasmado sociedades supervivientes de catástrofes, otros relatos han sido descriptivos de mundos fantásticos, y también hemos tenido algún trol neoliberal que nos enmendaba la plana.

Aquí os dejamos los diez relatos que, a juicio del jurado, se han acercado más a nuestra propuesta. Como podréis ver, la utopía a veces está cerca, y con frecuencia está en la voluntad de cambiar las cosas y compartir esa voluntad con otras personas. Los héroes y heroínas de estas historias no son especialmente fuertes, incluso algunos son vulnerables, pero de la solidaridad, la justicia y el encuentro con otros logran la fortaleza para crear otro mundo posible.

Descarga el libro en formato EPUB:

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