Lo público se encuentra parasitado por lo privado.

Por Liliana Pineda, representante de ATTAC España en la Red de Agua Pública & Salvador Martínez, coordinador de ATTAC Mallorca. Publicado originalmente para Público.

• Los mercados de los servicios públicos no son libres, ni competitivos, ni transparentes, ni perfectos.
• Es falso que los intereses privados dominantes quieran mercados libres, transparentes y perfectos.
• Lo público se encuentra parasitado por lo privado.
• Es falso que los intereses privados coincidan con los intereses del COMÚN, ni, por supuesto, con los intereses de las personas libres, pues están determinados por el lucro.

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Para hablar de Servicios Públicos (SSPP), primero tenemos que reconocer que, históricamente, los SSPP han conservado rasgos de soberanía que establecen una distancia y una superioridad del gestor sobre el usuario, confundiendo el ejercicio del poder público (potestas publica) con el servicio aportado a la población. Si a eso se añade que, desde hace más de un siglo, venimos soportando el discurso que enfrenta lo público a lo privado y administración pública a gestión privada, comprenderemos por qué hay que desmontar mentiras y clarificar conceptos.

Desde ese discurso, interesadamente se concluye que la gestión privada es mejor y más eficiente que la gestión pública y se identifica la gestión privada con Mercado Libre, competitivo, transparente y con información perfecta, en el que se realizan operaciones conforme a reglas de juego prefijadas. Pero es obvio que el mercado libre no existe, y que por fuerza se apoya sobre un marco institucional y unos derechos muy definidos que condicionan su funcionamiento, como se ve, por ejemplo, en la gestión del agua y de la sanidad. Además, la gestión de los SSPP ya es en buena medida privada e, incluso, las propias competencias públicas de su gestión (la planificación o la atribución de concesiones) están intervenidas por intereses privados, por los forcejeos del poder y por el ánimo de lucro. Los intereses privados se imponen como si fueran públicos y establecen el marco jurídico que les es más propicio. Las compraventas de servicios a las que se llama MERCADO no se ajustan al modelo idealizado. Su único objetivo es la ganancia y están absolutamente determinados por el ánimo de LUCRO.

La gestión de los servicios públicos ya es en buena medida privada e, incluso, las propias competencias públicas de su gestión están intervenidas por intereses privados

Por otra parte, según se trate de SERVICIOS PÚBLICOS (como los abastecimientos de agua, los hospitales y centros de salud, las escuelas, las universidades, los servicios sociales, de cuidados, funerarios, de salvamento, la justicia gratuita, los transportes, la vivienda social…), o de SERVICIOS PRIVADOS (financieros, de seguros, de comunicación y un largo etcétera), lo cierto es que la realidad social y el régimen jurídico que los regula son muy distintos.

Mientras que en los privados el poder de negociación está marcado por el lucro y es claramente desequilibrado, en los públicos es falto de transparencia y su regulación legal es, o muy deficiente, o muy restrictiva, lo cual propicia que las transacciones transcurran en la clandestinidad o con excesiva discrecionalidad (es decir, “hago lo que quiero”) en la propia Administración, cuyos gestores huyen continuamente del derecho público, alejándose de los controles y garantías del procedimiento administrativo. Lo cual facilita la corrupción e implica una evasión de las normativas reguladoras creando oportunidades delictivas propias en la administración pública.

Además, existe un pacto de silencio, una especie de dispensa o privilegio que abarca los modelos de financiación, monopolio, o reparto de las decisiones políticas sobre los SSPP. Dispensa que, asimismo, obra de manera evidente en la promulgación de leyes y normativas en todas las escalas competenciales, que, en la práctica, son cada vez más permisivas con los procesos privatizadores, incluso con las conductas corruptoras. Ese pacto se ha extendido a la creación de redes ocultas de intercambios perdurables de beneficios y favores, con amplia experiencia en ingeniería tributaria a través de asociaciones, sociedades y organizaciones pantalla o vehículo.

Y es que los SSPP, desde un punto de vista inversor no constituyen un terreno propicio para la libre competencia, ya que suponen, todos ellos, inversiones tan fuertes que una vez constituidos o construidos con dinero público no resulta razonable ni lucrativo que empresas competidoras dupliquen o tripliquen costosas infraestructuras, por lo que solo caben las opciones privatizadoras:

1. Subcontratar a las empresas privadas todas o algunas fases de su gestión
2. Vender a la empresa privada la red e infraestructuras del servicio público a precio de saldo o muy inferior a su coste real, para que al privado le resulte lucrativa y rentable la compra situándolo así en una posición monopolista, sólo condicionada por la ley vigente, que puede ser variable y ondeante, a discreción del poder…

En los dos casos se suele establecer una regulación para que la gestión cumpla algunas exigencias ecológicas, sanitarias, sociales, de igualdad, pero que generalmente reducen el lucro entrando en franca confrontación con los intereses privados dominantes.

En España las fórmulas privatizadoras de la gestión de los SSPP que han conducido a la situación actual se llevan experimentando durante más de 140 años

En estas condiciones los intereses privados presionan por adquirir la concesión y el monopolio de determinados SSPP —todo lo contrario a la libre competencia—, lógicamente sin asegurar la gestión transparente, publicitada, asequible, participativa, con rendición de cuentas, y sin garantizar que sea universal, igualitaria e integradora de los ecosistemas vinculados a esos SSPP.

En España, tal y como le hemos escuchado exponer repetidamente a José Manuel Naredo (cuyos escritos son fuente principal de este texto) [1], las fórmulas privatizadoras de la gestión de los SSPP que han conducido a la situación actual se llevan experimentando durante más de 140 años. Es decir, antes de que se acuñara el concepto, privatización.

Lo público se encuentra parasitado por lo privado. La gestión de lo público es SUSTANCIALMENTE privada. Se presupone que lo público es independiente de lo privado y que se gestiona pensando en el bien común o atendiendo a intereses generales. Sin embargo, la manipulación del concepto de «lo público» va unida a una serie de mitos que justifican dicha manipulación. Por ejemplo, el hacer grandes obras públicas con la excusa de resolver carencias (como sucedió en Madrid, durante la pandemia, con la construcción de un hospital a toda prisa). Este tipo de obras contribuyen a expandir la escasez, originando una espiral de insatisfacción y deterioro, y su mala gestión contribuye, además, a ampliar el negocio de las grandes obras y nuevas concesiones, promoviendo “el despilfarro” y configurando el conglomerado de intereses empresariales y corporativos en torno al “negocio” de los servicios, que abarca tanto lo público como lo privado, debido al trasvase mismo de técnicos/gestores entre la administración pública, la universidad y las empresas privadas.

La propia legitimación social, que las políticas públicas acumularon en décadas con sus iniciales efectos liberadores y modernizadores, ha permitido que el complejo de intereses económicos, técnicos y administrativos pueda operar, en torno a su gestión, prácticamente sin límites ni control público. Así las condiciones para el abuso, la corrupción están garantizadas.

Es falso que los intereses privados dominantes quieran mercados libres, transparentes y perfectos

En resumidas cuentas, la penosa situación actual de la gestión de los SSPP no es fruto de la ineficiencia de la Administración Pública, o de la planificación y del intervencionismo estatal, que ingenuamente presumimos orientados al servicio del interés público. Pero desactivar el conglomerado de instituciones, intereses, presiones y justificaciones, para sustituirlo por otro, orientado a promover la buena gestión no puede acometerse sin un acuerdo social firme que lo apoye, y sin cambios importantes en las normativas.

Es falso que los intereses privados dominantes quieran mercados libres, transparentes y perfectos. Curiosamente, los intereses privados hegemónicos no quieren que se cree el marco institucional propicio para que se generen centros de intercambio regulados, en los que se produzcan transacciones libres y transparentes entre concesionarios y usuarios.

El equívoco se produce al presuponer que los mismos intereses privados alcanzan a todos los individuos en general o que los intereses privados son siempre partidarios del “dejar hacer, dejar pasar” mercantil y de la igualdad de derechos y oportunidades. Lo que evidentemente no ocurre en nuestras sociedades desiguales y polarizadas. Y es que ninguna gestión es posible sin conocer la realidad a gestionar.

Los procesos de gestión deberían ser participativos, igualitarios y transparentes, pero da vergüenza ajena oír hablar a representantes de la Administración y la política, de su afán de promover la participación, a la vez que se silencia a las asociaciones de personas usuarias, afectadas, y a los observatorios sociales, que deberían ocupar un lugar prioritario en todo proceso participativo.

La gestión de los SSPP transparente, con rendición de cuentas, asequible, participativa, universal, igualitaria e integradora de ecosistemas vinculados a ellos debe ir unida a la actualización y reajuste del marco legislativo que lo posibilite.

En resumen, es evidente que la información clara de los SSPP no favorece los intereses hegemónicos vinculados a inversores y empresarios. Tampoco le interesa a los gestores con poder y discrecionalidad suficiente para suscribir contratos, otorgar autorizaciones u obtener la permisividad implícita. Y sólo favorece a los intereses lucrativos, a la espiral de obras y al despilfarro que redunda en perjuicio de la población más vulnerable. Solo hace falta observar el grado de irracionalidad al que han conducido los regímenes concesionales (que no tienen que ver nada con la libre concurrencia a la contratación pública, la cual es prácticamente inexistente).

Las concesiones ahora mismo favorecen acuerdos y cambios sin discutir su contenido concreto

Las concesiones ahora mismo favorecen acuerdos y cambios sin discutir su contenido concreto y es la manera de satisfacer a concesionarios con suficiente poder como para arrancar de la Administración la permisividad necesaria para sus intereses.

Lo cual explica que desde la Administración se arbitren acuerdos discrecionales de cesión, y que operen otros más opacos que se producen de forma desregulada, que generan una especie de mercado sumergido de los SSPP, el cual, desde luego, se sitúa en las antípodas del mercado transparente y de libre competencia que se propugna.

No olvidemos tampoco que la regulación de la gestión de los SSPP está obligadamente asociada a la política propiamente dicha, y que para conseguir una buena gestión de los SSPP, más que proponer soluciones ideales imaginarias, hay que profundizar en el conocimiento riguroso de cada territorio, población y sector.

Las mejoras realizables deben practicarse tomando medidas previas respecto a la modificación o caducidad de las concesiones y a las posibles subvenciones encubiertas unidas a las operaciones de cesión para evitar abusos y consecuencias negativas sobre bienes de dominio público. Para ello, hay que potenciar los foros de discusión adecuados en los que se informen, seleccionen y apoyen los cambios a emprender. A la vez hay que apoyar a las asociaciones de usuarios, incentivando sus funciones como partícipes en la gestión y rompiendo con la inercia de un comportamiento viciado por el paternalismo estatal[2].

Por eso no podemos conformarnos con recuperar el discurso idealizado del Estado sobre él mismo. Más que limitarnos a seguir la línea tradicional de defensa de los SSPP, se trata de transformarlos mediante la creación de órganos democráticos que den a los gestores, pero también a las personas destinatarias de dichos SSPP, un derecho de intervención, de deliberación y de decisión, dentro del respeto a las leyes generales y el sentido propio de los servicios.

Hay que transformar los SSPP en instituciones destinadas a los derechos de uso común y gestionadas democráticamente

La cuestión entonces es transformar los SSPP en instituciones destinadas a los derechos de uso común y gestionadas democráticamente. Para responder a las necesidades de todas las personas conviene que estas necesidades sean expresadas, debatidas, y elaboradas por vías democráticas. Así, tiene que producirse una transformación de la concepción del Estado que se construyó principalmente como imperium, al Estado como obsequium [3], es decir, el que está obligado, el que tiene una responsabilidad.

El Servicio Público no debe ser, por tanto, la manifestación de la soberanía, sino la traducción de una necesidad que debe ser satisfecha; el efecto de una regla objetivamente establecida que engendra derechos individuales. Y la relación entre las personas y lo común no tiene que ser la de la apropiación, sino la de sujetos que actúan para satisfacer necesidades esenciales y hacer efectivos cierto número de derechos no a las cosas sino a su uso.

Todo esto, supone iniciar una potente campaña racionalizadora contando con grupos de usuarios objetivamente interesados en el cambio. Si esto no ocurre, y las fuerzas políticas que por turno gobiernen mantienen o agravan la presión favorable al statu quo, seguirá sin clarificarse el panorama de abuso en la gestión de los SSPP y los ecosistemas asociados. Es decir, frente a la huida del derecho público debemos promover el regreso a la regulación pública efectiva, así como un marco de información exhaustiva, sin el cual el “problema de los SSPP” continuará en conflicto y con crispación social en cada uno de los sectores concernidos. No olvidemos que la desinformación provoca la parcialidad de los análisis, permitiendo que se sigan promoviendo impunemente desde la Administración proyectos socialmente insuficientes, deficitariamente financiados y ecológicamente insostenibles.

Los servicios públicos deberían ser instituciones de la sociedad y no sólo instrumentos del poder público

Los SSPP deberían ser instituciones de la sociedad y no sólo instrumentos del poder público. Esto no significa que haya que esperar del Estado que proteja y extienda lo estatal, ampliando o extendiendo el dominio o imperium de la Administración burocrática sobre la sociedad y la economía, porque al igual que la protección social, la forma estatal no agota la significación histórica de los SSPP, de modo que hay que considerarlos no únicamente como instrumentos de dominación política, sino como servicios comunes de la sociedad, que sólo han podido encontrar históricamente los medios para su crecimiento en el poder encargado del orden público y de la Administración de la población.

Debemos aceptar que la intervención del Estado no es absolutamente indispensable en todos los servicios, pero el Estado sí debe desempeñar un papel jurídico y simbólico como garante de la aplicación de los principios generales de la ley. No se trata ya de concebir el Estado como una gigantesca Administración centralizada, sino más bien como un garante de los derechos de las personas respecto a la satisfacción de las necesidades consideradas esenciales democráticamente.

Los municipios podrían asegurar lo esencial de su financiación, y su gestión podría ser confiada a consejos locales, pero esta gestión local debe entrar en el marco de una ley general, y su aplicación debe estar controlada por cuerpos de inspección, aportando garantías universales en lo que se refiere a la suficiencia financiera, igualitaria y con rendición de cuentas.

Es decir: Democracia participativa y presupuestos participativos. El ejercicio de la democracia participativa no se debe reducir a simples consultas sobre los objetivos de una gestión despolitizada, a niveles locales o micro locales. El ejemplo de lo que algún día fueron consejos de barrio (democracia de proximidad) demuestra que el proceso de deliberación y de decisión puede y debe permanecer bajo el control de los ediles y de las Administraciones locales. En esta práctica, se pudo ver el esbozo, todavía imperfecto, de otra forma de democracia, dirigida a transformar las políticas de SSPP y a instituir servicios comunes a escala local, servicios que a su vez podrían formar una red, implicando a la población en la construcción de sus políticas. Por otra parte, esta democracia participativa podría trascender el nivel «local», y adquirir una dimensión regional o supranacional (como las confederaciones hidrográficas). No se trata entonces sólo de sustraer al mercado cierto número de dominios, sino de impedir que perdure un sistema político basado en la corrupción, la prevaricación y la depredación. Porque el desastre de los SSPP no proviene sólo de la privatización de la gestión entregándosela a las multinacionales, sino también del uso que se ha hecho de la propiedad pública por el sistema de partidos políticos y corporaciones.

El desastre de los SSPP no proviene sólo de la privatización de la gestión, sino también del uso que se ha hecho de la propiedad pública por el sistema de partidos políticos y corporaciones

En últimas, se trata de socavar las bases de una representación política que se nutre de la propiedad pública mediante el clientelismo, el nepotismo, la distribución de cargos, y la desviación de fondos. El rechazo social que provocan estas prácticas, no se logra trasladar con contundencia al ámbito de lo político, pues si las fuerzas políticas se hacen eco de la evidente insostenibilidad económica y ecológica de esta mala gestión, mientras están en la oposición, paradójicamente, cuando llegan al gobierno, se ven atrapadas en la maraña de intereses, leyes e instituciones establecidos y omiten afrontarlos, o directamente terminan reproduciendo las mismas prácticas, pues en el corto horizonte de la política habitual, es más fácil pactar con los grupos de presión que tratar de trascenderlos y modificarlos.

Así que para trascender y modificar el statu quo se necesita, fundamentalmente, un movimiento social bien informado dispuesto a defender, conservar y transformar las instituciones que sostienen el servicio público como algo esencial para la conservación de la vida.

Liliana Pineda, representante de ATTAC España en la Red de Agua Pública.
Salvador Martínez, coordinador de ATTAC Mallorca

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[1] El Rincón de Naredo

[2] La gestión del agua de riego (López –Gálvez y Naredo, 1997).

[3] El Código de Justiniano emplea la fórmula obsequium civilíum munerum para designar a qué está obligado el que tiene una responsabilidad pública.

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Diario de Sevilla / Redacción. ver el artículo en su publicación original

Las organizaciones que integran la Mesa Social del Agua de Andalucía (MSA) lamentan profundamente la exclusión de la Asociación de Operadores Públicos de Agua (AEOPAS) del Observatorio del Agua de Emasesa, que ha celebrado este jueves 27 de noviembre su reunión plenaria. La Mesa del Agua recalca que se trata de una decisión contraria a los principios de gobernanza pública y participación ciudadana que han regido este órgano desde su creación y reclama su restitución inmediata para garantizar una gestión transparente, plural y orientada al interés general en el ciclo urbano del agua en el área metropolitana de Sevilla.

Tras la lectura de una Declaración colectiva las organizaciones que integran la Mesa Social del Agua han abandonado la sesión como acto de protesta.

En su escrito de queja, la Mesa Social del Agua de Andalucía explica que desde hace más de ocho años, organizaciones sociales y ambientales han participado activamente en la mejora del servicio público de agua que presta Emasesa en el Área Metropolitana de Sevilla. Este trabajo colaborativo se ha canalizado a través del Observatorio del Agua, un órgano que desde sus inicios se ha sustentado en la pluralidad, la transparencia y la confianza entre distintas entidades, para la adopción de medidas consensuadas que garanticen una gestión sostenible y equitativa del ciclo urbano del agua.

La Mesa exponen que la reciente expulsión de AEOPAS del Observatorio constituye «una grave ruptura con los principios de participación pública que deben regir un servicio esencial como el abastecimiento y el saneamiento urbano. Tras más de cinco años de cooperación acreditada en ámbitos estratégicos —planes de sequía, adaptación climática, digitalización y planificación a largo plazo— esta decisión carece de justificación técnica y desvirtúa el propósito fundacional del Observatorio del Agua de EMASESA: impulsar una gestión participativa y corresponsable que sitúe a la ciudadanía en el centro de las decisiones».

Las organizaciones de la Mesa consideran que esta exclusión no es un hecho aislado. «En los últimos meses se han producido prácticas que han debilitado la integridad de este órgano de participación, como la atribución indebida de respaldo al incremento tarifario del agua. La exclusión de actores clave convierte el Observatorio en un mero ejercicio de “participación aparente”, alejándolo de su función de análisis técnico y deliberación rigurosa, lo que compromete la transparencia y la calidad de las decisiones».

Las organizaciones que conforman la Mesa Social del Agua de Andalucía, muchas de ellas integrantes del Observatorio, solicitan la restitución inmediata de AEOPAS y la recuperación de los principios de pluralidad y control público que garantizan la gestión democrática del agua. Fortalecer lo público requiere sumar conocimientos y experiencias, no excluirlos. Solo mediante la creación compartida de diagnósticos y soluciones con todas las entidades se podrán afrontar los retos de la gestión hídrica que afectan a nuestras ciudades.

Como forma de manifestar su protesta la organizaciones firmantes junto con otros miembros del Observatorio que se suman a la protesta, abandonan la sesión tras leer una Declaración colectiva.

Componen la Mesa Social del Agua de Andalucía: la Fundación Nueva Cultura del Agua, FACUA-Andalucía, Ecologistas en Acción-Andalucía, GREENPEACE, WWF, SEOBirdLife, Fundación Savia por el Compromiso y los Valores, CCOO-Andalucía, UGT-Andalucía, COAG-Andalucía, UPA-Andalucía, AEOPAS.

La declaración institucional de queja que se ha leído en la sesión plenaria

«Desde hace más de ocho años, las organizaciones sociales y ambientales venimos participando, incluso antes de la creación del Observatorio, en mejorar el servicio que presta EMASESA a la ciudadanía del Área Metropolitana de Sevilla. Ha sido una tarea ilusionante, fecunda, aunque como es lógico no exenta de tensiones. El Observatorio se basaba en la libre expresión de los posicionamientos de los diversos miembros representantes de los sectores ciudadanos y en la confianza de que se adoptarían por EMASESA las mejores y más consensuadas medidas de gestión del ciclo del agua».

«La expulsión de AEOPAS del Observatorio del Agua de EMASESA constituye una ruptura severa con los principios de gobernanza pública que deben estructurar la gestión de un servicio esencial como el agua. Después de más de cinco años de cooperación acreditada en ámbitos estratégicos —planes especiales de sequía, adaptación climática, procesos deliberativos, digitalización operativa, revisión normativa y planificación de largo alcance— la decisión adoptada carece de sustento técnico y desvirtúa el propósito fundacional del propio Observatorio: impulsar una gestión pública del agua urbana participativa, cooperativa, transparente y corresponsable, situando a la ciudadanía en el centro de las decisiones».

«La expulsión de AEOPAS no es un episodio aislado. Durante este mandato se han sucedido prácticas que erosionan la integridad del órgano. El ejemplo más revelador fue la utilización del Observatorio para atribuirle un respaldo inexistente al incremento tarifario del agua. Varias entidades exigieron explicaciones ante aquella manipulación y jamás obtuvieron respuesta. Aquello, que ya fue una grieta, se convierte hoy en fractura».

«El Observatorio está siendo reducido a un ejercicio de citizen-washing: la participación se escenifica, pero se excluye de los procesos reales de planificación hidrológica, del análisis técnico solvente y de la evaluación rigurosa que exigen los sistemas de agua urbana. Este vaciamiento instrumental desnaturaliza su razón de ser y debilita la transparencia, la rendición de cuentas y la calidad técnica de las decisiones estructurales».

«Esta negativa evolución del funcionamiento del Observatorio, alejándose de sus presupuestos originales basados en la pluralidad, la representatividad y la operatividad de la participación ciudadana, ha sido denunciada reiteradas veces sin resultado en las propias sesiones del Observatorio. Tampoco han tenido respuesta solicitudes concretas presentadas por diversas organizaciones participantes en el mismo. Pero la expulsión de AEOPAS constituye un hecho gravísimo que enciende todas las alarmas».

«Por ello, las organizaciones que conformamos la Mesa Social del Agua de Andalucía, muchas de ellas participantes en el Observatorio, reclamamos la restitución inmediata de AEOPAS como miembro del Observatorio, en coherencia con los principios de pluralidad, participación cualificada y control público que deben regir un servicio que es patrimonio común. Un Observatorio sin saber técnico es un órgano hueco; protegerlo exige dialogar, consensuar, sumar, no expulsar, a quienes contribuyen a reforzar la garantía pública y el interés genera»l.

«Las soluciones de gestión del agua pasan por fortalecer lo público a través de la participación real, la concreción de diagnósticos y alternativas con los numerosos actores que configuran la vida de nuestras ciudades».

Porque *se escribe agua y se lee democracia*.

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Podcast de la Plataforma Contra la Privatización del Canal de Isabel II.

Una serie podcast de 4 episodios para «mojarse» hablando del elemento esencial: el agua, su gestión, las sombras de la corrupción, los movimientos sociales y ciudadanos, el cambio climático y mucho más.

Hablemos del agua, es una serie producida por la Plataforma contra la privatización del Canal de Isabel II, con edición y montaje de SINTONIZADAS junto a Radio Galapagar.

Situación del agua en la Comunidad de Madrid

Derechos humanos al agua y al saneamiento

Gestión del ciclo urbano del Agua

Corrupción en el CYII

Escucha nuestros podcast:

Attac en Podcast

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La presente noticia de Reuters sobre la reducción en el Parlamento Europeo de las leyes a favor de la diligencia debida, protección ambiental y otras se comprende mejor con la lectura del otro artículo que publicamos hoy: Los legisladores del Parlamento Europeo llegan a un acuerdo sobre recortes más importantes…

La industria ordena e impone su voluntad sobre la ciudadanía europea y su bienestar.

Noticia de Reuters 9 de octubre de 2025

TotalEnergies (TTEF.PA), y Siemens (SIEGn.DE), han pedido a los gobiernos europeos que deroguen una de las leyes emblemáticas de la UE en materia de sostenibilidad empresarial con el fin de impulsar la competitividad del continente, según se desprende de una carta a la que ha tenido acceso Reuters.
El director ejecutivo de TotalEnergies, Patrick Pouyanne, y su homólogo de Siemens AG, Roland Busch, escribieron la carta al presidente francés Emmanuel Macron y al canciller alemán Friedrich Merz, en nombre de 46 empresas europeas.

La abolición de las normas sería una «señal clara y simbólica para las empresas europeas e internacionales de que los gobiernos y la Comisión están realmente comprometidos con la restauración de la competitividad en Europa», según la carta fechada el 6 de octubre.
Siemens afirmó que mejorar la capacidad de Europa para competir a nivel mundial requería menos «regulación excesiva» en todos los sectores.
La propuesta de eliminar las normas de sostenibilidad era un ejemplo de «medidas significativas que se pueden adoptar para reducir la burocracia», añadía.
Un portavoz de TotalEnergies afirmó el jueves por la noche que la carta reflejaba las cinco prioridades principales de las 46 empresas para mejorar la competitividad de Europa.

La carta también instaba a la Unión Europea a no seguir adelante con sus planes de recortar los permisos de contaminación gratuitos de las industrias el próximo año y a reformar sus normas de competencia para permitir más fusiones, considerándolas en el contexto del mercado global, en lugar de solo en Europa.
La directiva de la UE sobre la diligencia debida en materia de sostenibilidad empresarial se adoptó el año pasado y exige a las empresas que solucionen los problemas relacionados con los derechos humanos y el medio ambiente dentro de sus cadenas de suministro, o se enfrentarán a multas del 5 % de su facturación global.
Se ha convertido en uno de los aspectos más controvertidos políticamente de la agenda ecológica de Europa, y Bruselas está negociando ahora cambios para simplificar las normas para las empresas europeas, tras la oposición de Alemania y Francia, así como de Estados Unidos y Qatar, y de empresas como Exxon Mobil (XOM.N).
Las peticiones de Siemens y Total de eliminar por completo las normas van más allá de los planes que ya están negociando los legisladores y los países de la UE para reducirlas y eximir a más empresas de la ley.

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Decrecimiento para el bienestar: la urgencia de un nuevo modelo ecosocial

26 de septiembre de 2025 

Activar el freno de emergencia 

Con esta Conferencia Más Allá del Crecimiento, en el Congreso, activamos colectivamente el  freno de emergencia ante un modelo que nos está llevando al colapso ecológico y social. Es una  llamada directa a la sociedad y a las instituciones para abrir un debate democrático inaplazable:  cómo vivir con bienestar dentro de los límites del planeta sin depender de la explotación de  otras vidas, humanas y no humanas, presentes o futuras, poniendo la vida en el centro. 

Partimos de una situación en la que nuestros modos de vida han sido moldeados por un sistema  económico basado en la acumulación sin límites, un sistema capitalista, fósil, patriarcal, colonial  y antropocéntrico que no cuida a las personas ni al planeta, que depende de recursos energéticos  y minerales limitados, que se apropia de innumerables trabajos de cuidados para sostenerse, y  que deja de lado a millones de vidas mientras nos empuja hacia la extinción. Un sistema que  carece de legitimidad para guiar la transición ecosocial que necesitamos en un contexto de  creciente autoritarismo y deterioro de las instituciones democráticas.  

Esta Conferencia da continuidad a la Conferencia Beyond Growth celebrada en el Parlamento  Europeo en mayo de 2023, a la que le han seguido hasta el momento conferencias y eventos en  Italia, Austria, Dinamarca, Portugal, Irlanda, Francia, Noruega y Estonia. Todas ellas parten de la  asunción que ha guiado desde su nacimiento al movimiento ecosocial y que la comunidad  científica, desde los años 70 del siglo pasado hasta la actualidad, ha constatado: un modelo social  y económico basado en el crecimiento sin fin es incompatible con el equilibrio ecológico del  planeta y su habitabilidad. Ante esta realidad, es urgente construir una prosperidad  socialmente justa más allá del crecimiento, compatible con los límites biofísicos. 

El lavado verde y las falsas soluciones  

Denunciamos que, en el contexto global y europeo actual, bajo el disfraz de la “sostenibilidad” y  el “crecimiento verde” se esconde la voluntad de perpetuar lo insostenible. Se apuesta por una  transición energética miope que no plantea un cambio real en los patrones de producción y  consumo y se basa exclusivamente en cambios tecnológicos. Se vende la idea de un 

desacoplamiento absoluto entre el crecimiento económico y los impactos ecológicos, un  desacoplamiento imposible, sobre todo teniendo en cuenta la escala global y ritmo a la que  tendría que producirse para evitar el colapso climático, de biodiversidad y de recursos. Se blindan los privilegios de las clases dominantes, ultrarricos y grandes corporaciones, mientras se margina  cualquier intento real de transformación. Se tapa el fracaso del sistema capitalista con promesas  huecas, mientras el crecimiento del PIB se agita como tótem de una prosperidad que nunca llega  para la mayoría ni lo hará para las generaciones futuras. Los resultados de este modelo son  evidentes: la crisis ecológica se agrava, la pobreza no ha retrocedido y las desigualdades no han  hecho más que crecer, dentro y entre países. 

Hoy en día, el dogma del crecimiento económico, permite seguir acumulando riqueza y poder  en pocas manos a costa de la vida y con ello se perpetúan guerras, expolios y genocidios como  el de Palestina. El crecimiento económico se ha hecho más difícil en esta última década a medida  que se constata que los recursos energéticos disponibles son de menor calidad, los minerales son  más escasos y los ecosistemas están más degradados. La carrera por crecer hace que se  incrementen todavía más los gastos militares, se precaricen y desmantelen servicios públicos, se  refuercen estructuras y violencias patriarcales, se acaparen y destruyan ecosistemas esenciales  para la vida, se nieguen derechos básicos como el derecho a la vivienda, el derecho a una  alimentación sana o el derecho a migrar, se reprima el derecho a la protesta, se criminalice la  disidencia y se ignore la soberanía de los territorios y las comunidades para decidir sobre su  presente y futuro, siendo muchos convertidos en zonas de sacrificio dentro y fuera del Estado  español.  

Por todo ello, ante la inviabilidad e indeseabilidad de más crecimiento proponemos una reducción  democrática planificada de la producción y el consumo enfocada en el bienestar social y ecológico  en lugar de la acumulación de capital. Un decrecimiento que debe comenzar por los sectores más  dañinos y grupos y territorios más privilegiados y ofrecer alternativas de reorganización  socioeconómica. Esto no solo conlleva ajustar la economía a los límites planetarios para una  sostenibilidad real, sino que también supone cambiar las reglas del juego en favor de una visión  de largo plazo, una reorganización democrática de la economía y un cambio cultural que haga  posible vivir mejor con menos, rompiendo con las lógicas extractivistas y coloniales del actual  modelo económico, que perpetúan modos de vida imperiales. 

Hacia un nuevo modelo ecosocial 

Dado que los caminos basados únicamente en mejoras tecnológicas son insuficientes al ignorar  los límites biofísicos y el cambio cultural necesario, la encrucijada en la que nos encontramos es  clara: Transitar a modos de vida más justos, deseables, igualitarios, inclusivos y ecocentrados o  seguir acercándonos al abismo de la destrucción y competición militarizada y de creciente  desigualdad. 

Somos conscientes de que contamos con el saber colectivo acumulado y de que tenemos la  capacidad de imaginar y hacer realidad otros mundos posibles. Necesitamos transitar con  urgencia a un nuevo modelo ecosocial donde el bienestar no dependa del crecimiento  económico y sabemos que esto no es posible dentro del sistema capitalista. Debemos  embarcarnos en una transición ecosocial democráticamente planificada basada en la suficiencia  de la producción y el consumo, en línea con los informes científicos del Panel Intergubernamental  del Cambio Climático (IPCC) y la Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios  de los Ecosistemas (IPBES), mejorando las condiciones de habitabilidad presente y futura a la vez  que se posibilita la regeneración y equilibrio de los ecosistemas de los que depende la vida en el  planeta. Esta transformación debe tener una clara perspectiva ecofeminista como forma de  resistencia al sistema patriarcal y ecocida que sostiene este modelo de opresión y explotación, y  como motor de alternativas basadas en el cuidado, la equidad, la participación, la justicia  socioecológica y una ciencia centrada en los bienes comunes.  

Este nuevo modelo ecosocial precisa de una democratización de la economía con mecanismos  deliberativos que permitan la participación directa y permanente de la ciudadanía informada  por la ciencia y los actores sociales en la toma de decisiones. El decrecimiento ecofeminista no  es un sacrificio, sino una oportunidad para reorganizar la sociedad alrededor del cuidado mutuo,  la cooperación, la participación y la justicia, asegurando que todas las personas puedan vivir vidas  dignas en un planeta habitable, siendo ésta la única forma de atender la brecha global y las  responsabilidades históricas y actuales del Norte Global hacia al Sur o Mayoría Global.  

Una agenda para un pacto post-crecimiento 

Hacemos un llamamiento a lograr un pacto post-crecimiento bajo los principios de justicia global,  justicia intergeneracional y cuidado de la vida, reinsertando la economía en su base social y  ecológica. Un pacto ecosocial que permita, en primer lugar, responder colectivamente a  cuestiones centrales como: ¿Qué actividades económicas es necesario reducir y cuáles ampliar?,  ¿Cómo abordamos la transición energética y alimentaria teniendo en cuenta a todos los  territorios y comunidades?, ¿Cómo afrontamos los conflictos y oportunidades que nos iremos  encontrando en el camino? O ¿Cómo generar más espacios de cooperación para una transición  ecosocial y feminista justa? Nos reunimos bajo esta declaración para avanzar en una agenda  común post-crecimiento que permita precisamente abrir el debate a gran escala y de forma  democrática sobre la transición por delante, a nivel del Estado español y más allá de éste. Para  ello, proponemos una serie de medidas que permiten crear condiciones más favorables para este  diálogo y para la acción colectiva, desde la situación actual, que constituyen la base y ejes de  convergencia desde los cuales profundizar y trabajar en las transformaciones necesarias para  poner la vida en el centro, lo cual significa priorizar la satisfacción de las necesidades humanas y  ecológicas sobre la acumulación.

Medidas base propuestas 

1. Servicios básicos universales con perspectiva público-comunitaria: 

• Poner topes a los precios de los alquileres de inmediato y avanzar en la  desmercantilización y mejora del parque de vivienda con criterios ecosociales, iniciando  planes de rehabilitación para acabar con la pobreza energética, reducir el consumo  energético y sacar los combustibles fósiles de nuestros hogares. 

• Garantizar el acceso a transporte público asequible y de calidad y movilidad sostenible  en áreas urbanas y comarcas rurales, mejorando la calidad, la frecuencia y las  interconexiones desde un principio de equidad, en el marco de un proceso de transición  hacia una reducción de la movilidad y su descarbonización, que reduzca la movilidad  individual motorizada fósil en favor de la movilidad colectiva sostenible y las formas de  movilidad activa. 

• Favorecer la generación energética distribuida y descentralizada en base a energías  renovables (ej. comunidades energéticas solares) en el marco de una transición  energética justa, basada en la suficiencia y en la reducción del consumo, en el abandono  de los combustibles fósiles y la energía nuclear, y que incorpore criterios de planificación  territorial y de justicia global, priorizando el ahorro energético y la eficiencia antes de la  generación. 

• Asegurar la gobernanza democrática del agua desde un enfoque público-comunitario,  que establezca un riguroso control de cauces y acuíferos y dé seguridad en el  abastecimiento de agua para consumo humano. 

• Impulsar sistemas integrales de cuidados basados en la sostenibilidad de la vida, que  integren la dimensión ecológica, fomenten una cultura del cuidado y garanticen equidad  y justicia social, de género e interseccional. 

• Mejorar y ampliar la cobertura de la salud pública sin depender del mercado, al igual  que las instituciones e infraestructuras de cuidado y salud comunitaria dirigidas a  promover la salud y a prevenir las enfermedades. 

• Asegurar la gratuidad y universalidad de la educación pública en todas sus fases,  favoreciendo una educación integral con enfoque ecosocial que incluya la formación de  personal docente. 

• Poner en marcha los medios necesarios para garantizar universalmente las necesidades  en el contexto de reducción y/o restructuración de las múltiples ramas de la economía 

con fuertes impactos ecosociales. Una medida que podría favorecer este proceso es una  garantía de trabajo ecosocial que permita acceder a un empleo con impactos sociales y  ecológicos positivos a todas las personas que lo deseen, favoreciendo una transición justa  en los sectores que deben reducirse o transformarse. 

• Impulsar marcos regulatorios que incidan en la fase de diseño de cualquier producto  para permitir la substitución de componentes y la reparabilidad, aumentando así la  durabilidad y eliminando la obsolescencia. 

• Activar planes de restauración de la naturaleza que pongan freno a los peores efectos  del cambio climático a base de la protección de ecosistemas y la regeneración de los  suelos. 

• Incrementar la resiliencia frente a la emergencia climática y ambiental con políticas  públicas preventivas contra los incendios forestales, las inundaciones y sequías con  implicación y recursos disponibles a nivel municipal y territorial. 

• Favorecer la co-creación de planes municipales de transición ecosocial como  herramientas democráticas y transformadoras con un enfoque público-comunitario. 

2. Renta básica universal e incondicional como derecho de garantía de ingresos: 

• Poner en marcha una renta básica universal, incondicional, individual y suficiente que  garantice la seguridad económica de todas las personas, contribuyendo a las actividades  dirigidas al sostenimiento cotidiano de la vida y a la participación social y democrática en  la transformación socioecológica. 

• La puesta en marcha de esta renta básica se fundamenta en un reparto justo y adecuado  de la riqueza social y natural, por lo que su financiación conlleva una redistribución de la  riqueza con impuestos progresivos, donde quien más contribuya sea el 1% de la  población con mayores ingresos y riqueza, mayores responsables de la crisis ecológica  actual, junto a otras medidas de fiscalidad ecosocial.  

3. Fin de subvenciones a actividades destructivas y finanzas ecosociales: 

• Poner fin inmediato a todas las subvenciones públicas destinadas al sector de los  combustibles fósiles y a las industrias de alto impacto ambiental y territorial, como es el  caso de la agroindustria, asegurando una transición justa en todos los sectores  afectados.

• Una política financiera y monetaria que ajuste los flujos de inversión privados, vía crédito  guiado, para alinearlos con objetivos sociales y ecológicos definidos a través de procesos  democráticos, anulando la lógica del lucro por lucro.  

4. Decrecimiento del sector turístico: 

• Llevar a cabo un decrecimiento del sector turístico implica controlar los pisos turísticos,  poner límites a las plataformas digitales y a la entrada de visitantes y a los vuelos y  cruceros en función de la capacidad de carga de los ecosistemas y el bienestar y dignidad  de las poblaciones locales, primando la justicia social y el equilibrio territorial. 

5. Transición agroecológica: 

• Favorecer el desarrollo de sistemas alimentarios agroecológicos con políticas agrarias y  alimentarias que favorezcan la producción ecológica, cuidando la fertilidad del suelo, la  biodiversidad, la salud de las personas que trabajan en el campo y a las consumidoras.  Esto permite al sector primario romper con la dependencia actual de los insumos fósiles  cada día más escasos.  

• Incorporar la soberanía alimentaria y biorregional y una perspectiva ecofeminista a la  transición agroecológica , apoyando rentas dignas, precios justos, dietas saludables para  todas las personas, asumiendo las tareas de cuidados de forma equitativa, y reduciendo  el transporte y desperdicio alimentario.  

• Priorizar en la compra pública los alimentos ecológicos, de temporada, circuito corto, de  empresas de la economía social y solidaria, y favorecer la formación – al personal  vinculado – en alimentación saludable y ecológica y desperdicio cero. 

• Impulsar un desmantelamiento de la agricultura y ganadería industrializada y  contaminante mediante planes territoriales de transición agroecológica justa en los que  participe la ciudadanía, que impulsen la producción ecológica y su venta en circuitos  cortos, la formación a jóvenes y mujeres agricultoras en manejo agroecológico y el acceso  a la tierra a través de bancos de tierra u otras formas de acceso social a la tierra, dando  prioridad a residentes en los pueblos para frenar el despoblamiento rural y favorecer el  relevo generacional. 

6. Impulso de la economía social y solidaria: 

• Reforzar la presencia de la economía social y solidaria en sectores esenciales que  garantizan necesidades básicas para asegurar que se gestionen bajo principios de  cooperación, equidad y sostenibilidad ecológica. 

• Impulsar una transición hacia modelos circulares y de decrecimiento, priorizando  aquellos sectores esenciales para la vida, y desmantelando dinámicas especulativas en 

favor de actividades comerciales, industriales, tecnológicas y financieras que se  sostengan en fórmulas de economía social y solidaria: cooperativas de producción  agroecológica, de comercio justo y de proximidad, supermercados cooperativos,  comunidades energéticas, cooperativas de vivienda en cesión de uso y, las finanzas éticas,  que impulsen iniciativas que garanticen justicia social y sostenibilidad ecológica. 

• Incorporar cláusulas sociales y ambientales en las contrataciones públicas para dar  prioridad a los modelos empresariales de la Economía Social y Solidaria. 

• Incorporar en los currículos educativos empresariales el modelo de empresa de  Economía Social y Solidaria, basado en la toma de decisiones compartida, diversas y  democráticas que impulsen la participación, prestando atención a los procesos y las  relaciones, e incorporando en su cultura organizativa la salud emocional y la  corresponsabilidad en los cuidados. 

7. Reforma fiscal justa y verde: 

• Poner en marcha una política de ingresos máximos que permita financiar el conjunto de  medidas aquí propuestas, estableciendo un tope a los ingresos en el actual 0,1% con  mayores ingresos en el Estado español. Esta política debe integrarse dentro de un nuevo  marco fiscal donde quienes más contribuyan sean las empresas más contaminantes y el  1% de la población con mayores ingresos y riqueza. 

• Impulsar activamente una fiscalidad justa y verde a nivel estatal, europeo e  internacional, con medidas como una agenda tributaria de la riqueza y las rentas del  capital, en particular a los “super ricos” y grandes patrimonios y hacer que las grandes  corporaciones extractivistas paguen por sus daños al medio ambiente y a las sociedades. 

• Tener unos presupuestos públicos que garanticen los servicios básicos, los cuidados a lo  largo de toda la vida y la transición ecológica justa. 

8. Democracia deliberativa permanente y vinculante: 

• Diseñar y poner en marcha mecanismos de democracia deliberativa y directa de carácter  vinculante que permitan una planificación ecosocial a largo plazo, como es el caso de  las asambleas climáticas permanentes. La participación de la ciudadanía es una  herramienta clave contra la corrupción, para construir políticas de suficiencia a gran  escala y desmantelar el secuestro de la acción pública por los lobbies y grupos de  intereses. En definitiva, más democracia para hacer posibles modos de vida definidos  desde una autonomía colectiva que acabe con estructuras tecnocráticas y corruptas. 

• Defensa de espacios cívicos y autónomos propicios para el trabajo, expresión y  participación de la sociedad civil, dentro y fuera de las fronteras del Estado español,  generando condiciones favorables para ello.

9. Protección de derechos de las generaciones futuras y de la naturaleza: 

• Poner en marcha las medidas legislativas necesarias para proteger los derechos de las  generaciones futuras a un planeta habitable. 

• Poner en marcha las medidas legislativas de justicia ecológica necesarias para dotar de derechos a la naturaleza, siguiendo el precedente del Mar Menor y los diversos casos a  nivel internacional; así como salir de la postura antropocéntrica utilitarista para  desarrollar una teoría legal con visión ecocéntrica que reconozca el valor intrínseco de la  naturaleza. 

• Generar y publicar una métrica ecosocial de progreso “más allá del PIB” en el lNE. 

10. Cancelación de los Tratados de Comercio e Inversión: 

• Cancelación de los Tratados de Comercio e Inversión, los ya firmados y aquellos que se  estén negociando buscando vías multilaterales de cooperación entre países donde el  intercambio comercial priorice el cumplimiento de los derechos humanos y los  principios acordados en la COP 21 para frenar el cambio climático. 

11. Cancelación de deuda y reparación histórica: 

• Llevar a cabo la abolición de las deudas odiosas e ilegítimas con los países del Sur o  Mayoría Global y favorecer la transferencia de tecnología junto a la cooperación  internacional y otras medidas de reparación de las diversas deudas coloniales históricas  entre las que se encuentra la deuda ecológica y climática, desde una perspectiva de  solidaridad internacional. 

12. Decrecimiento digital: 

• Poner la esfera digital al servicio del bien común con herramientas efectivas para evitar  burbujas tecnológicas – y de centros de datos -, regular inversiones y proteger derechos. 

• En educación y salud y los trámites de la administración, garantizar de manera prioritaria  la atención y servicio personal y adaptado, dejando los procedimientos digitales como  algo voluntario. 

• Garantizar la soberanía digital y la protección de la democracia poniendo coto al poder  de las grandes empresas tecnológicas, paralizando los planes de extensión de la vigilancia  automatizada e implementando masivamente el uso de software libre en las instituciones  públicas.

• Reducir el consumo hídrico, material y energético del sector de las TIC fomentando el  uso colectivo de equipos existentes, poniendo fin a la obsolescencia programada y liberando internet de los oligopolios para favorecer su desacoplamiento de los grandes  nodos y su uso descentralizado. Esto implica establecer una moratoria a la construcción  de centros de datos. 

Próximos pasos y compromiso colectivo hacia 2026 

Estas medidas, junto a otras que nos comprometemos a seguir impulsando, profundizan en un  nuevo modelo ecosocial donde lo que está en el centro de la economía es la vida misma y todo  lo que permite que se desarrolle con dignidad. Para ello es preciso avanzar en una gobernanza  global que prime la redistribución, los derechos humanos, la democracia económica, y la  resiliencia ecológica y social, haciendo posible el bienestar colectivo dentro de los límites  planetarios, superando la ficción del crecimiento verde y en clara oposición a la deriva  reaccionaria que pretende monopolizar el control de recursos naturales desde un fascismo fósil.  De este modo, los colectivos, organizaciones y personas firmantes de esta Declaración nos  comprometemos a celebrar en la primera mitad de 2026 un Foro Social que profundice en la  puesta en práctica de los principios y medidas aquí presentadas. 

Adhesiones colectivas e individuales 

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Attac España, La sociedad civil, los sindicatos y los grupos de interés público afirman a la presidenta Von der Leyen, a los comisarios europeos y a los Estados miembros de la UE que nuestros derechos, nuestro planeta, nuestra salud y nuestra justicia no están en venta.

La UE se arriesga a una nueva competición a la baja. Bajo la presidencia de Ursula von der Leyen, la Comisión Europea planea una ola sin precedentes de recortes drásticos en las regulaciones que protegen los derechos laborales y sociales, los derechos humanos, los derechos digitales y el medio ambiente. La Comisión y los Estados miembros de la UE podrían dedicar los próximos cuatro años a desmantelar las normas que rigen para las empresas que operan en la UE. 

Las normas diseñadas para garantizar una vida justa, equitativa y saludable ya se aplican de forma deficiente. A pesar de las claras advertencias, ahora se están retirando, debilitando o vaciando de contenido a un ritmo sin precedentes. 

Ocho meses después de su mandato, es evidente que el nuevo «esfuerzo de simplificación sin precedentes« de la Comisión significa en realidad «desregulación». Las regulaciones que nos protegen a todos de los excesos de la avaricia corporativa, que garantizan que podamos respirar aire limpio y llevar una comida saludable a la mesa de nuestras familias, están siendo recortadas. Las normas que garantizan que podamos trabajar en condiciones justas y seguras, proteger la naturaleza, combatir la discriminación, combatir la corrupción, tener acceso a productos financieros justos y seguros, e impedir que las corporaciones violen nuestra privacidad digital — que nos mantienen a todos seguros hoy y mañana— están siendo recortadas. 

La insistencia de la Comisión en que se trata de eliminar la burocracia superflua no se sustenta en la realidad. Afirman que confiar en que las empresas hagan lo correcto hará al bloque más «competitivo» y que es necesario recortar las normas para impulsar la «innovación» de las empresas de la UE. Pero muchos casos tristes de la historia de la UE cuentan otra historia, como la crisis financiera y el Dieselgate. 

Se están recortando las normas de la UE para que los accionistas puedan explotar a las personas y al planeta con menos límites. Nuestra protección se está vendiendo a cambio de beneficios, y nuestra confianza en la democracia se está erosionando. 

Las nuevas medidas otorgan a las empresas un lugar preponderante en la elaboración de la legislación de la UE¹, mientras que quienes actúan en interés público son excluidos por los responsables de la toma de decisiones. Los métodos de consulta deficientes privilegian aún más el

acceso de las empresas. Mientras tanto, las organizaciones de la sociedad civil que representan diversos intereses sociales corren el riesgo de ser marginadas por los responsables de la toma de decisiones. Para empeorar la situación, las agencias y organismos encargados de hacer cumplir la ley se ven obstaculizados por políticas de austeridad que recortan sus presupuestos y personal. 

La Comisión Europea y el Consejo de los Estados miembros de la UE intentan recortar nuestras protecciones casi a diario. Varias propuestas importantes se han aprobado precipitadamente, sin que la Comisión cumpla con su deber de elaborar evaluaciones de impacto vitales. Esto se ve agravado por el uso del «procedimiento de urgencia», que impide un debate democrático en el Parlamento Europeo.

Los principios de la elaboración de normas son vitales para la democracia. Al tomar atajos, la Comisión silencia las voces críticas y reabre legislación que ya fue resultado de un proceso democrático y, por lo tanto, de un acuerdo entre las fuerzas políticas de la UE. 

Esta tormenta perfecta de desregulación corre el riesgo de empoderar a la extrema derecha y a las fuerzas antidemocráticas, propiciar la corrupción, aumentar las desigualdades, frenar la urgente acción climática y la protección del medio ambiente, y privar a las comunidades y a los trabajadores de protecciones y servicios esenciales. La agenda de «simplificación» ya ha ido demasiado lejos: 

• La rendición de cuentas de la corporaciones y la justicia están más lejos que nunca: La Comisión y el Consejo han socavado drásticamente la acción climática, la protección ambiental y las obligaciones en materia de derechos humanos en las cadenas de suministro, al debilitar drásticamente la Directiva sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad. La transparencia sobre el nivel y los esfuerzos de sostenibilidad de las empresas se está reduciendo drásticamente al reducir significativamente el alcance de la información que las empresas deben presentar en la Directiva sobre información corporativa en materia de sostenibilidad y la Taxonomía de la UE. 

• Nuestros hábitats y biodiversidad podrían perder protecciones esenciales, mientras que las sustancias químicas amenazan la salud pública: La Comisión ha propuesto eliminar las obligaciones ambientales de su Política Agrícola Común, incluyendo medidas para proteger humedales y turberas. Las leyes químicas de la UE sobre cosméticos y las normas de etiquetado para sustancias químicas peligrosas están siendo objeto de crítica, mientras que existen indicios preocupantes de que la prohibición integral propuesta de las «sustancias químicas permanentes» (PFAS) se debilitará. 

• Se reduce la presión sobre las industrias contaminantes: Los retrasos en los planes de transformación obligatorios para que las plantas industriales contaminantes sean más limpias, el ciclo de los materiales usados más circulares y respetuosas con el clima están socavando la transparencia pública y la responsabilidad corporativa en la transformación industrial. 

• El debilitamiento de los objetivos climáticos responde a los deseos corporativos en lugar de a las necesidades planetarias: la Comisión, con un fuerte respaldo de los Estados miembros de la UE, ha propuesto un objetivo para 2040 de reducir las emisiones en un 90 % en comparación con 1990, que incluye planes para debilitar la arquitectura política establecida a través de la legislación climática mediante la introducción de diversas formas de flexibilidad. La introducción de créditos internacionales dentro de los objetivos climáticos de la UE reduciría el nivel de ambición de la UE en comparación con un objetivo puramente nacional, que ya está por debajo de su cuota justa global. 

• Una década de progreso en materia de derechos digitales podría verse desbaratada: la reapertura de la columna vertebral de la regulación digital de la UE —el Reglamento General de Protección de Datos— implica que los datos sensibles de las personas podrían procesarse sin protección. Nuevos ataques a leyes previstas, como la Ley de IA y el Paquete Digital, podrían socavar las normas que protegen nuestra vida digital contra los daños de la IA y la vigilancia por parte de actores estatales y corporativos. 

• Una competición a la baja para las personas trabajadoras: Se avecinan recortes en los derechos laborales y protecciones sociales, ya que la propuesta prevista para un «28º régimen» ofrecería a las empresas un conjunto de normas europeas más permisivas. Esto abre la puerta a la elusión de las leyes laborales nacionales y los derechos sindicales. 

• Más pobreza: La Comisión pretende redirigir los fondos de lucha contra la pobreza para apoyar a empresas e industrias, incluidas las tecnológicas y de defensa. 

• El camino hacia una sociedad justa y equitativa se erosiona ante nuestros ojos: La retirada de la Directiva Horizontal contra la Discriminación indica claramente que las personas y los derechos no son una prioridad para la Comisión Europea. El único ámbito en el que se están incrementando las nuevas normas es el de las sanciones y la vigilancia de las comunidades marginadas, en un contexto de aumento del gasto, la legislación y las políticas centradas en la criminalización, la vigilancia y la militarización. 

• Reformas financieras revertidas, allanando el camino para otra crisis: Se están introduciendo retrasos y numerosas excepciones en los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión acordadas internacionalmente tras la crisis financiera mundial de 20072009. Estas normas tienen como objetivo garantizar que los bancos gestionen sus riesgos con suficientes colchones para amortiguar las pérdidas. Paralelamente, podrían eliminarse las medidas destinadas a apoyar las prácticas financieras sostenibles.

Con estas medidas —una pequeña selección de las numerosas propuestas, iniciativas y estrategias de desregulación— la Comisión afirma estar haciendo que Europa sea más atractiva para las empresas y más competitiva a nivel internacional. Al hacerlo, está creando un mundo tóxico y menos equitativo para las personas trabajadoras, las familias y las comunidades vulnerables, y un campo de juego desigual para las empresas que desean llevar a cabo sus negocios de forma responsable. A largo plazo, la falacia de que proteger a las personas y el medio ambiente hoy es demasiado costoso tendrá un coste irreversible para nuestra salud, seguridad, derechos, igualdad y libertades en el futuro. 

En lugar de desregular, instamos a los legisladores de la UE y de los Estados miembros a proteger y promover los derechos consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y el derecho internacional de los derechos humanos: 

1. Aprobar leyes para una mayor protección del bienestar social, las personas trabajadoras y consumidoras, la lucha contra la discriminación, la justicia social, climática y medioambiental, la privacidad y la protección de datos, y contra las sustancias químicas tóxicas; 

• Exigir mayor transparencia y rendición de cuentas a las empresas, así como acceso a la justicia para las personas perjudicadas;

• Asumir la responsabilidad por el impacto negativo de las actividades de la UE, como la minería, la insuficiencia de objetivos climáticos y las sustancias químicas tóxicas, en otras regiones y comunidades.

• Facilitar la implementación y el cumplimiento de las leyes que protegen los derechos, la justicia y los intereses públicos. Proporcionando más recursos a las autoridades responsables de su aplicación, así como orientación y apoyo para la implementación de las normas digitales.

• Reforzar la protección de las organizaciones de la sociedad civil, los sindicatos, las personas defensoras de los derechos humanos, periodistas y activistas.

• Garantizar que la sociedad civil, los sindicatos, las comunidades afectadas y otros actores representativos del interés público sean consultados, incluidos y respetados de forma significativa en la legislación de la UE y nacional.

En una época de extrema desigualdad, que incluye la extrema concentración de riqueza, exclusión social y financiera, destrucción climática, retroceso democrático, capitalismo de vigilancia, explotación laboral, discriminación y daños estructurales profundamente arraigados, así como amplias violaciones de los derechos humanos: ¡exigimos más protecciones, no menos!

Firman²:

The European Federation of Public Service Unions (EPSU),

Friends of the Earth Europe (FoEE),

Climate Action Network (CAN),

Global 2000,

Corporate Europe Observatory (CEO),

European Environmental Bureau

Firmar esta carta no significa que todas estas organizaciones compartan las mismas prioridades.

Si necesita saber más sobre la ola de desregulación a nivel de la UE, puede comenzar echando un vistazo al curso intensivo del Observatorio Corporativo Europeo: https://corporateeurope.org/en/2025/07/crash-course-eus-deregulation-waveSi necesita saber más sobre la ola de desregulación a nivel de la UE, puede comenzar echando un vistazo al curso intensivo del Observatorio Corporativo Europeo: https://corporateeurope.org/en/2025/07/crash-course-eus-deregulation-wave

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Fernando Prieto y Alejandro Sacristán, originalmente para Público.

«ALIANZA MÁS ALLÁ DEL CRECIMIENTO»

El Cambio Climático ya no es una amenaza lejana: es una realidad que se acelera. En todo el mundo, a final de este siglo, si siguen las tendencias actuales regiones importantes podrían ser inhabitables y en España una parte también. Según las proyecciones científicas España podría enfrentar un aumento de temperatura superior a los 4°C para 2100 si no se toman medidas drásticas. Este escenario, que parecía extremo hace unas décadas, se consolida como una posibilidad cada vez más probable, obligando al país a replantear su estrategia no solo de mitigación, sino también de adaptación urgente.

Actualmente, España ya está sufriendo un aumento temperaturas en torno +1,7°C respecto a niveles preindustriales. Si el calentamiento global alcanza los +3°C de media, a final de siglo, en España, y entonces la Cuenca Mediterránea podríamos alcanzar hasta los 4ºC hemos de concluir que los impactos serán brutales. Desde 1961, año en el que comienzan los datos más exactos, se observa que estos últimos años no podían haber sido peores: 2022 fue el año de máxima temperatura media registrada en el país, pero seguido muy de cerca por 2023 y 2024, que han sido también años muy cálidos; además, los 7 años más calurosos se han producido en los últimos 10 años desde que existen registros. Por si fuera poco, se han sucedido fenómenos meteorológicos extremos como la DANA de Valencia de 2024 con sus 227 muertos junto a las inundaciones de esta primavera de 2025, ha subido el nivel del mar y se estima una media anual de unas 8.000 personas muertas por calor extremo. Este es el escenario actual.

Para 2100 se prevé en España y en el Mediterráneo un futuro todavía más caliente y más extremo. Al que iremos llegando progresivamente, salpicado el camino de fenómenos cada vez más extremos, intensos, extensos y frecuentes. Los últimos informes del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) y de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), además del Informe CLIVAR, advierten que España se calienta más rápido que la media global, con un incremento que podría superar los 4°C en el peor de los casos.

Las consecuencias serán devastadoras, con olas de calor más intensas y prolongadas, con temperaturas que podrían rozar los 50-55 º C en zonas del sur, aumento de noches tropicales por encima de 28-30ºC, inundaciones costeras por subida del mar, sequías prolongadas en el sur con impacto en la agricultura y en el suministro de agua, una reducción de hasta un 30% de las precipitaciones en algunas regiones, inundaciones relámpago por lluvias torrenciales, especialmente en la Cuenca Mediterránea, pérdida de biodiversidad en ecosistemas como Doñana, La Albufera, el Delta del Ebro, o Daimiel, desaparición total de los glaciares, fuerte reducción del manto de nieve  y reducción del permafrost en los Pirineos; aumento del riesgo en incendios tanto en cultivos forestales, como eucaliptos y pinos, como en zonas de matorrales sin gestionar; impactos en la agricultura, con cultivos tradicionales (como el olivo o la vid) desplazándose o viendo reducida su producción; gran pérdida de turismo, que preferirá otros entornos con un clima más benigno; aumento del calor en el mar en verano y olas de calor marinas intensificadas; aumento del nivel del mar amenazando a ciudades costeras como Barcelona, Valencia o Cádiz.

Basado en el informe francés sobre escenarios de +4°C como referente podemos analizar los sectores clave que requieren acción inmediata para España por sus elevados riesgos son:

• Salud pública: olas de calor y enfermedades emergentes por aumento de muertes por calor extremo (especialmente entre ancianos y trabajadores al aire libre), expansión de enfermedades tropicales (dengue, chikungunya y otras) por mosquitos invasores, barrios sin aire acondicionado que se vuelven trampas mortales (por ejemplo, poblaciones mayores en extrarradios con viviendas sin rehabilitar), mayor contaminación del aire y alergias por polen más agresivas.
• Aumento del nivel del mar y tormentas extremas en la costa: Benidorm, Málaga, Barcelona y Cádiz perderán playas y sufrirán inundaciones recurrentes.
• Turismo: colapso del turismo debido al excesivo calor en las áreas costeras; nieve artificial insostenible en Sierra Nevada y los Pirineos.
• Agua: sequía crónica, inundaciones y conflictos por el recurso; reducción del 40% en disponibilidad de agua en cuencas como la del Guadalquivir o el Segura; menor disponibilidad de agua para riego; colapso en regadíos por acuíferos sobreexplotados; salinización de acuíferos en Delta del Ebro y Doñana, arruinando la agricultura; conflictos entre agricultura, industria y consumo humano; insostenibilidad de infraestructuras y actividades como centros de datos; deterioro de parques nacionales.
• Agricultura y ganadería: crisis alimentaria en ciernes, con riesgos de pérdida del 30% de la productividad en cultivos clave (trigo, olivo, vid), con necesidades mucho mas importantes de energía para refrigeración en la ganadería intensiva por estrés térmico animal y por la falta de pastos; necesidad de importación de alimentos de otras partes del mundo; viñedos y olivares desplazados hacia el norte por falta de agua en La Mancha y Jaén; avance de plagas y enfermedades en cultivos (por ejemplo, Xylella en olivos).
• Actividad forestal: incendios devastadores y grandes incendios en todas las estaciones del año, incluso en invierno (por ejemplo, en Galicia o Cataluña); desertificación del 80% del sur peninsular (Andalucía, Murcia, Castilla-La Mancha); pérdida masiva de biodiversidad (encinas, alcornoques, abejas).
• Afección a infraestructuras críticas: riesgos de colapso por calor extremo, deformación de raíles y carreteras, cortes de energía por sobrecarga en sistemas de refrigeración, aumento de riesgo de inundaciones en infraestructuras críticas, aumento de costes logísticos, falta de agua para refrigeración de centrales nucleares
• Suministro de agua en zonas urbanizadas: problemas de acceso al agua en toda la dorsal mediterránea y, sobre todo, afección a las ciudades, en las cuales se concentra el 80% de la población y el 60% en las grandes áreas urbanas (mayores de 50.000 habitantes)
• Las zonas urbanas se pueden transformar en infiernos urbanos con islas de calor urbano de más de 5-7°C respecto a zonas rurales; migración climática desde zonas invivibles (sur y centro) hacia el norte.

Por todo ello, la adaptación radical es una prioridad inmediata, es absolutamente imprescindible desde ya iniciarla. El tiempo apremia para acelerar la adaptación a un clima más hostil en España desde este verano de 2025.

Por ello conviene iniciar la adopción de medidas de adaptación muy concretas en numerosos sectores para aplicar cuanto antes. Tanto en reducción de riesgo y salud pública, refuerzo de sistemas de alerta temprana, creación de refugios climáticos, adaptación de hospitales y protocolos sanitarios a patologías emergentes, control de vectores (mosquitos, garrapatas) en zonas de riesgo. Retirada estratégica de barrios e infraestructuras en zonas inundables, creación de llanuras de inundación, ciudades esponja, trazados alternativos en ríos y ramblas, desarrollar y aplicar alertas tempranas y protocolos de actuación, multar a quien urbanice en zonas de riesgo (como en Francia con sus «zonas rojas» inundables. Recarga de acuíferos, reducción de superficies y de consumo en regadíos, reutilización masiva de aguas residuales (hoy solo se usa el 10%). En protección costera, planes de relocalización en zonas inundables y restauración de humedales. En transporte, materiales resistentes a altas temperaturas en vías férreas y asfalto, horarios laborales nocturnos en sectores expuestos (construcción, reparto), inversión en transporte público eléctrico con climatización eficiente. Promoción de cultivos resistentes a la sequía, prohibición de cultivos hiper demandantes de agua, agricultura regenerativa, impuestos progresivos al agua para penalizar usos ineficientes, transición a cultivos resistentes a sequía (quinoa, almendro y olivo en secano), subvenciones para sombreado y refrigeración en granjas, promoción de agroforestería y suelos regenerativos para retener agua, pastoreo controlado y cortafuegos naturales, prohibición de cultivos forestales pirófitos y de urbanizar en zonas de alto riesgo de incendios, restauración y reforestación con especies autóctonas adaptadas, realización de dehesas y ecosistemas menos proclives a arder rápidamente.

El ecosistema urbano deberá hacer una adaptación especialmente urgente, teniendo en cuenta que algunas de las principales ciudades españolas podrán llegar a tener un clima comparable a estas otras: Madrid como Bagdad (Irak), Sevilla como Kuwait City (Kuwait), Valencia como Dubái (Emiratos Árabes) Barcelona como Argel, Zaragoza como Marrakech (Marruecos) o Phoenix (EE.UU.), Bilbao como Túnez (Túnez). Algunas medidas urgentes en las ciudades para este verano de 2025 y siguientes deberían incluir la adaptación de las ciudades al calor extremo, tales como alertas tempranas, mapeo y vigilancia de la población más vulnerable, instalación de acondicionadores, bonos para paliar la pobreza energética, creación de sombras, mantenimiento y amplificación de la vegetación urbana, obligatoriedad de techos verdes y de pavimentos permeables, edificios bioclimáticos y planes de contingencia ante olas de calor, rehabilitación energética realizada de forma masiva, anillos verdes, bosques metropolitanos, transformación de calles en zonas verdes, creación de refugios climáticos, de fuentes, tejados y fachadas solares, rediseño de edificios con ventilación pasiva y sombreado. El trabajo por hacer es ingente, la prioridad máxima. La inacción se pagará con muertes y pérdidas económicas.

Darwin ya propuso en 1859, en su capítulo quinto del libro “El origen de las especies”, la idea de “adaptarse o morir”; en 2021 nosotros publicamos: Aclimatarse o morir. España no está preparada para un aumento de 4°C. Pero aún hay margen para evitar lo peor. «Las especies que sobreviven no son las más fuertes ni las más inteligentes, sino aquellas que se adaptan mejor al cambio»: se necesitan leyes de adaptación climática a nivel nacional, en todas las comunidades autónomas y en ayuntamientos, con presupuestos reales. Se necesita gobernanza democrática directa e inteligencia colectiva que exige la participación de la ciudadanía en asambleas climáticas institucionales y un Parlamento Climático ciudadano permanente que provoque una conversación climática de adaptación frente al riesgo y haga un seguimiento de las decisiones políticas para que garanticen actuaciones que la sociedad necesita ya en estos momentos. Y que se haga valer el documento de compromiso Mandato por el Clima firmado por todos los partidos políticos parlamentarios, con una única excepción, en septiembre de 2024.

En 2025 se están superando récords de temperaturas en estas épocas del año y este verano de 2025, dada la tendencia constatada en el último decenio, podría traer otra vez calor y fenómenos extremos. ¿Empezamos ya?

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