Tras lograr la eliminación del impuesto extraordinario que durante dos años logró redistribuir una mínima parte de los históricos beneficios derivados de la crisis energética bajo la amenaza de retirar inversiones, el oligopolio eléctrico ha vuelto a consumar un chantaje que pone en jaque a la transición energética. Endesa, Iberdrola y EDP han dejado caer que no desembolsarán todo el dinero previsto —casi 3.000 millones de euros— para ampliar y mejorar las redes de distribución eléctrica, al borde de la saturación por el aumento de la electrificación. ¿El motivo? La disconformidad con la tasa de retribución financiera aprobada en diciembre por la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC). “Que las redes no se desarrollen es el veneno para que la transición verde no avance”, advierte Fernando Ferrando, presidente de la Fundación Renovables.
Para entender la extorsión hay que retroceder semanas en el calendario. Cada cuatro años, en España se fija un modelo retributivo a las inversiones en las redes, las infraestructuras que permiten transportar y distribuir la electricidad desde los centros de generación (centrales eléctricas) hasta los usuarios finales (hogares, industrias, comercios).
La red eléctrica en España se divide en transporte y distribución, con propiedad mixta. La red de transporte (alta tensión) es gestionada por Red Eléctrica de España (Redeia), con participación mayoritaria del Estado (SEPI). La red de distribución (baja tensión) es 100% privada y está controlada por cinco grandes compañías: Endesa, Iberdrola, Naturgy, EDP y Viesgo.
Estas empresas reciben una tasa de retorno por sus inversiones, dinero que sale de las facturas de todos los usuarios. El porcentaje de esta tasa lo fija la CNMC, ente que tiene como misión principal promover y defender el “buen funcionamiento del mercado” equilibrando los intereses de los consumidores y de las compañías. En diciembre, la CNMC dio a conocer la cifra para el periodo 2026-2031: 6,58%, 100 puntos básicos más que la tasa del anterior plan (5,58%). ¿El problema? Las eléctricas pedían un suelo de 7,5% “como garantía de rentabilidad para acometer las elevadas inversiones necesarias en la modernización y adaptación de la red eléctrica”.
Fernando Ferrando: “El modelo energético por el que ha apostado España, su proyecto del país, queda en el alero si las eléctricas consuman este recorte”
La respuesta empresarial no se hizo esperar: han adelantado que las inversiones adicionales a las planteadas en sus planes de negocio van a ir a “mercados más competitivos”, con mejores tasas. El recorte, según ha adelantado elEconomista, asciende a 2.800 millones de euros.
“Esto es muy grave. Si las redes no se amplían, el plan energético, el plan económico y las oportunidades de la transición energética de España desaparecen. La transición energética es electricidad. Y si no hay capacidad en redes, no podemos crecer en electricidad. Por tanto, las renovables no van a crecer, los centros de datos no se podrán ejecutar, la industria nueva no se podrá reconvertir a ser más eléctrica, no habrá vehículos eléctricos, etc. En otras palabras, seguiremos siendo un país que depende de los modelos de combustión”, describe Ferrando sobre el impacto de esa desinversión.
88% de saturación
Las redes de distribución eléctrica de buena parte de España están completamente saturadas o a punto de saturarse. Los mapas de capacidad de Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP reflejan prácticamente un tercio de las provincias con un 100% de los nudos de la red ocupados, es decir, ya no admiten nueva demanda para conectarse.
Los datos actualizados a enero de 2026 —desde el año pasado las compañías están obligadas a revelar esta información— muestran que las redes de distribución eléctrica de España están al 88,2% de su capacidad total en conjunto.
El análisis territorial revela un deterioro especialmente acusado en las grandes áreas económicas. En Madrid, el grado de saturación ha pasado del 82% al 84% en pocos meses; en Barcelona, el salto ha sido aún más brusco, del 76% al 90%. Sevilla roza el colapso total, con un 99% de nudos ocupados, mientras que Málaga y Vizcaya ya han alcanzado el 100%.
Sergio Bonati, de WWF: “Sin este refuerzo y esta inversión en redes, es muy difícil que la descarbonización se lleve a cabo”
La patronal de las grandes distribuidoras eléctricas, Aelec, advirtió a finales de diciembre que el estado de las solicitudes de acceso y conexión preliminar en 2025 confirman que sólo el 12% de los que se solicitan acceso a la red eléctrica lo obtienen.
Sergio Bonati, responsable del programa de clima y energía de WWF, explica que la ampliación de las redes es “fundamental para la transición energética”. Se necesita para acoger más renovables y electrificar sectores clave, como el transporte, la industria, o la climatización, rubros que todavía están muy lejos de estar descarbonizados. “Sin este refuerzo y esta inversión en redes, es muy difícil que la descarbonización se lleve a cabo”, resume.
Coincide Cecilia Foronda, directora de energía y personas de la organización Ecodes. Recuerda que para el 2050 se busca que la electrificación de la demanda sea casi del 90 %. “Con lo cual, eso quiere decir que nuestra red eléctrica tiene que ser muchísimo más potente para subir toda la distribución de la mayor demanda eléctrica”, explica.
Ferrando hace una analogía con las carreteras y los coches para dimensionar la importancia de las redes eléctricas. “Esto es como decir que vamos a crecer en dos millones de vehículos y no hay carreteras donde ir”, compara. Y repite: “El modelo energético por el que ha apostado España, su proyecto del país, queda en el alero si las eléctricas consuman este recorte”.
El melón que nadie quiere abrir
Ferrando, ingeniero Superior Industrial del ICAI y licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid, lleva más de 40 años en el sector de las energías renovables. En su opinión, este “chantaje” de las eléctricas es una parte del problema. El melón, dice, es estructural, de modelo. Y ninguna fuerza política se anima, ni siquiera, a revisarlo.
Explica que las redes eléctricas son un “monopolio natural”. No son elementos de mercado. ¿Cuál es el problema de España? Que el monopolio natural se ha desarrollado con un oligopolio empresarial: más del 80% de las redes eléctricas de distribución pertenecen a dos compañías, Endesa e Iberdrola. “¿Qué significa esto? Que aunque sea un monopolio natural y sea básico para el desarrollo de la política energética y económica del país, la decisión de invertir la tienen los propietarios de las redes existentes”.
“Es como que tú compres una casa, firmes una hipoteca, y cuando pagues la hipoteca, la casa sea propiedad del banco”, cuestiona Ferrando
El asterisco, aclara este experto, es que las inversiones en redes, al ser un monopolio natural, son actividades reguladas. “Es decir, a ti te pagan por la inversión que has hecho, no por si esa inversión que tú has hecho está funcionando a tope o está funcionando al 50%. No es una retribución de mercado, nada tiene que ver la evolución del sector eléctrico, si se consume más, se consume menos”.
El dato no menor, agrega en su explicación, es que una actividad regulada “no tiene riesgo”. Es decir, está avalada por el mercado y por el Estado. “Lo primero que nos tendríamos que poner a discutir es que el 7,5% que pedían las compañías eléctricas es una sobreretribución en función de las características que tiene la inversión. Así lo entiende la CNMC”, subraya.
Lo que las empresas no cuentan es que las amortizaciones de las inversiones “dejan de estar retribuidas, pero la parte que los usuarios hemos pagado no es propiedad nuestra, sigue siendo propiedad del sector eléctrico”. “Es como que tú compres una casa, firmes una hipoteca, y cuando pagues la hipoteca, la casa sea propiedad del banco. Porque las redes las hemos amortizado pagándolas los usuarios. Lo lógico es que esas redes acaben en algún momento siendo públicas. Pero no. Estamos hablando de activos que son propiedad de quien los ejecutó y no de quien los pagó”, cuestiona.
Pero hay más, detalla Ferrando. Si una compañía no presenta sus planes de inversión porque considera que no están bien retribuidos, “no existe ninguna capacidad por parte del Estado para buscar una alternativa a esas inversiones”. Debería existir —puntualiza— una regulación que por ley permita “habilitar procedimientos para que sea el Estado o un tercero quien asuma la ampliación de las redes en estos casos”.
“Si tú Endesa o Iberdrola no lo quieres invertir escudándote en la libertad de mercado, yo como Estado tendría que poder habilitar procedimientos para que las inversiones se cumplan. Este mecanismo no existe. Ni tampoco hay voluntad política de que exista”, afirma Ferrando.
La Fundación Renovables, a través de las redes sociales, llama a “no permitir que las eléctricas ejecuten este chantaje”. Su presidente prefiere sacar este término de la discusión, porque las eléctricas tienen una fuerza para negociar y el Gobierno no tiene en su poder ninguna capacidad para quitarle esa fuerza. ¿Cuál es el problema de esta encerrona? “Que estamos hablando de un bien de primera necesidad”.
¿Cuáles son las diferencias entre las normas sobre estos compuestos químicos de los dos bloques, que intercambiaron más de 15.000 millones de euros (unos 17.400 millones de dólares) en productos agrícolas en 2024?
La AFP comparó las normas europeas con las de Brasil, gigante agrícola que representa el 80% de los intercambios de la Unión Europea (UE) con esa alianza suramericana conformada además por Argentina, Paraguay y Uruguay.
A finales de noviembre, Brasil autorizaba 330 sustancias activas. El uso del 60% de ellas no estaba aprobado por la UE, el 37% estaba permitido y el 3% en proceso de revisión, según datos cruzados de la agencia de vigilancia sanitaria brasileña (Anvisa) y la Comisión Europea.
Por el contrario, de las 421 sustancias activas aprobadas por la UE, el 73% no lo estaba formalmente en Brasil.
Sin embargo, estas cifras deben matizarse. Los Estados miembros pueden autorizar temporalmente el uso nacional de químicos no aprobados a nivel europeo.
En Francia, el herbicida flufenacet, reconocido como disruptor endocrino y retirado del mercado europeo en diciembre, se beneficia así de un período de gracia que permite su uso durante un año más.
Por el contrario, un país puede prohibir en su territorio una sustancia autorizada por Bruselas si considera que los riesgos medioambientales y sanitarios son demasiado elevados.
Es el caso del acetamiprid, un neonicotinoide muy nocivo para las abejas, actualmente vedado en Francia pero autorizado en el resto de la UE.
Residuos en productos importados
Aunque los productos importados del Mercosur deben cumplir legalmente las normas de la UE, los agricultores denuncian una falta de controles que da lugar a una competencia desleal.
Los detractores del acuerdo UE-Mercosur señalan una tolerancia a los residuos de plaguicidas (por debajo de un umbral considerado seguro), incluidos los prohibidos en el bloque europeo.
Sobre este tema, la Comisión Europea prometió a principios de enero vetar totalmente la importación de productos que contengan rastros de tres fungicidas: carbendazim, benomilo y tiofanato-metilo.
Los dos primeros ya están prohibidos en Brasil, pero el tiofanato-metilo, retirado del mercado europeo en 2021 por ser sospechoso de ser peligroso para la salud, figura entre las sustancias que aún se pueden comercializar en el gigante suramericano.
Algunos Estados van más allá. Francia ha suspendido las importaciones de productos que contengan residuos de mancozeb o glufosinato, además de los tres fungicidas señalados por Bruselas.
El mancozeb, utilizado en aguacates, mangos o pimientos, está clasificado como disruptor endocrino por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (Efsa) y como sospechoso de ser cancerígeno y tóxico para la reproducción por la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (Echa).
El glufosinato, un herbicida utilizado principalmente en las papas, también se considera nocivo para la reproducción.
Prohibidas en la UE, estas sustancias se encuentran entre las más vendidas en Brasil: el mancozeb ocupa el segundo lugar entre los ingredientes activos más comercializados y el glufosinato, el sexto.
Prohibidos en Europa, enviados al Mercosur
Aún con un veto europeo, algunos pesticidas siguen siendo producidos por industrias europeas y exportados al Mercosur.
En 2024, grupos como BASF, Corteva, Syngenta o Bayer notificaron la exportación a estos países de 18.000 toneladas de productos fitosanitarios prohibidos en Europa, según datos de la Echa y autoridades nacionales obtenidos por la ONG suiza Public Eye y el medio Unearthed de Greenpeace UK.
A la cabeza se encuentra la picoxistrobina, fungicida utilizado en cereales y soja, vedado en la UE desde 2017 debido a sus riesgos genéticos y medioambientales.
La soja, de la que Brasil es el primer exportador mundial, llega a Europa en forma de forraje (residuos fibrosos del prensado de la semilla) para alimentar al ganado. En 2024-2025, Europa importó más de 20 millones de toneladas.
En cuanto a las sustancias señaladas por Bruselas y París la semana pasada, las empresas europeas notificaron la exportación de 2.300 toneladas de glufosinato, 260 toneladas de tiofanato-metilo y 250 toneladas de mancozeb al Mercosur, según cifras de septiembre de 2025.
Un comercio calificado entonces de «cínico y amoral» por asociaciones como Générations Futures, Foodwatch y CCFD-Terre Solidaire, que denunciaron una «política de doble rasero» de prohibir ciertos pesticidas en Europa mientras se siguen exportando.
El regreso de Trump a la Casa Blanca en enero de 2025 marcó el comienzo de una nueva era. Nuestro “mundo de ayer”, por decirlo con Stefan Zweig, ha terminado. Kaputt. Conviene darse cuenta lo antes posible. Hemos entrado en una nueva fase histórica, cuyas características son, naturalmente, aún inciertas. Intentaré esbozar sus contornos a partir de diez tesis.
1. El neoimperialismo sustituye al orden liberal global
El orden liberal global creado al final de la Segunda Guerra Mundial –frágil, perfectible, a menudo no respetado– es sustituido por una lógica imperial regida por una mezcla de ley de la selva –el más fuerte se impone– y reparto de zonas de influencia –se ha definido la nueva doctrina trumpista como “geopolítica hemisférica”– y un enfoque transaccional. Ucrania, Venezuela, Taiwán y Gaza lo demuestran. Probablemente sean solo el comienzo. El enfoque diplomático y el multilateralismo son cosa del pasado: a los organismos supranacionales como las Naciones Unidas ya no se les reconoce ninguna autoridad, ni siquiera formal. Ha llegado “la hora de los depredadores”, por citar a Giuliano da Empoli.
Make Colonialism Great Again es un eslogan que circula en los círculos MAGA
Si queremos hacer un paralelismo histórico, la nueva era se asemeja a la época del imperialismo de finales del siglo XIX: no por casualidad, Make Colonialism Great Again es un eslogan que circula en los círculos MAGA. En el caso de los Estados Unidos, sin embargo, se trataría de un hiperimperialismo, es decir, un nuevo tipo caracterizado por una hegemonía militarizada, coercitiva y tecnológicamente impuesta sobre el Sur Global debido a la fase de declive que atraviesa el Norte Global. Por lo tanto, no se trataría de un retorno a la época imperialista clásica ni al anterior orden westfaliano, sino más bien de la instauración de un sistema internacional “neomonárquico” estructurado por un pequeño grupo de élites hiperprivilegiadas que buscan legitimarse apelando a su excepcionalidad con el objetivo de crear nuevas jerarquías materiales y de estatus.
2. El neoliberalismo ha allanado el camino al nuevo autoritarismo
Los cimientos de la nueva era se están construyendo sobre las ruinas del neoliberalismo1. Hemos llegado a este punto tras tres décadas de hegemonía neoliberal que, a fuerza de golpes de piqueta y motosierra, ha derribado los muros de carga del edificio que con tanto esfuerzo se construyó después de 1945. En primer lugar, las políticas neoliberales –privatizaciones, precariedad laboral, reducción del gasto social, etc.– han debilitado el modelo de Estado del bienestar, aumentando las desigualdades y rompiendo la cohesión social. Todo ello, en segundo lugar, se ha visto reforzado por el hecho de que, como ideología, por muy “invisible” que sea, el neoliberalismo ha inculcado una serie de valores, como el individualismo exacerbado y la competitividad extrema hasta el punto de sellar una alianza con los sectores etnonacionalistas e identitarios de la derecha2. En tercer lugar, el concepto mismo de democracia ha sido vaciado de su componente social: la democracia formal –el respeto de (algunas) normas y procedimientos– ha sustituido a la democracia sustantiva, cuyo objetivo es la igualdad.
El poder efectivo se ha desplazado hacia las élites económicas, con la consiguiente configuración de un sistema posdemocrático
En cuarto lugar, en un contexto marcado por la globalización neoliberal, el poder efectivo se ha desplazado hacia las élites económicas, con la consiguiente configuración de un sistema posdemocrático, en el que los cuerpos intermedios –partidos, sindicatos, asociaciones de la sociedad civil– se han ido desmoronando poco a poco, la participación se ha evaporado y la personalización de la política, facilitada también por la transformación de los medios de comunicación, ha favorecido la aparición de fenómenos “populistas”3. Por último, las políticas neocons posteriores al 11-S de 2001 –guerra contra el terrorismo, invasiones de Afganistán, Irak, Libia– han erosionado el orden internacional, fracasando estrepitosamente en su intento de exportar la democracia liberal.
Como alertó Mark Lilla desde una perspectiva puramente estadounidense, al modelo rooseveltiano le sucedió a finales de los años setenta el modelo reaganiano que, aunque entró en declive con la Gran Recesión de 2008, hasta hace poco aún no había encontrado un sustituto4. En retrospectiva, el obamismo fue el último intento de mantener en pie un paradigma en declive, renovando solo su fachada, pero sin cambiar su esencia.
3. Los tecnoligarcas se apoderan del Estado
En la era del neoliberalismo triunfante, la connivencia entre el poder político y el poder económico ha sido evidente. Ha habido resistencias, más o menos fuertes según los países. Se ha mantenido (no siempre, todo sea dicho) una apariencia de respeto por las reglas del juego: las influencias de las élites económicas eran visibles, pero se intentaba (al menos un poco) disimularlas. En la nueva era, en cambio, lo que se quiere hacer, se hace y se dice, sin ocultarlo. Esto se aplica tanto a la geopolítica como a las relaciones con los poderes económicos.
La palabra “democracia” no aparece en los discursos de Trump, y no es ni de lejos uno de sus objetivos
Por un lado, Trump bombardea Caracas y arresta a Maduro para controlar directamente los pozos petrolíferos venezolanos: la palabra “democracia” no aparece en sus discursos y no es ni de lejos uno de sus objetivos, aunque fuese solo de fachada. Por otro lado, los robber barons del tercer milenio han establecido explícitamente una alianza estratégica con los nuevos líderes autoritarios: los tecnoligarcas de Silicon Valley no solo quieren llenarse los bolsillos de dinero, sino que, en primer lugar, defienden abiertamente proyectos autoritarios y antidemocráticos –nuevas monarquías absolutas eficientistas gobernadas por reyes-CEO, siguiendo el modelo de Qatar o Singapur, según las teorías de uno de sus principales intelectuales-cortesanos, Curtis Yarvin– y, en segundo lugar, quieren ser “intelectuales legisladores”, como afirma Evgeny Morozov.
Elon Musk y Javier Milei en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) de febrero de 2025. / Gage Skidmore
En pocas palabras, con Peter Thiel, Elon Musk, Marc Andreessen y Alex Karp, hemos pasado de la unión entre la política y la economía de tipo neoliberal “clásico” a la voluntad explícita de capturar el Estado mediante la creación de un “complejo tecnológico autoritario” que tiene como objetivo controlar las infraestructuras de gobernanza.
4. Las autocracias electorales sustituyen a las democracias
En la nueva era, la democracia, incluso en su versión formal, se considera un mero adorno. De hecho, se ha reducido a una sombra de lo que fue. Ya en la era del neoliberalismo en declive, es decir, desde 2008 en adelante, el porcentaje de la población mundial que vive en democracia ha disminuido continuamente hasta alcanzar un mísero y preocupante 28 % en 2024. La tendencia es evidente. Desde hace unos veinte años estamos viviendo la primera gran ola de autocratización posterior a la Segunda Guerra Mundial, es decir, cada vez más países se convierten en autocracias electorales. Esto es, mantienen una apariencia de respeto por las reglas democráticas –incluso en la Rusia de Putin se celebran elecciones–, pero la democracia es, en el mejor de los casos, una cáscara vacía. Nos guste o no, la era que se ha iniciado quiere ser la era de las autocracias5.
5. La extrema derecha es el actor principal de la nueva era
Junto con los líderes fuertes –léase autoritarios– que están en el poder en medio mundo –Putin, Xi Jinping, Erdogan, Modi, los petromonarcas del Golfo, etc.–, en Occidente es la extrema derecha la que mejor representa esta nueva era. De hecho, avanza electoralmente en todas partes y ha llegado al poder en varios países: desde Estados Unidos hasta Argentina, desde Israel hasta Italia, desde Hungría hasta El Salvador y Chile. En cuanto tiene la posibilidad, instaura sistemas electorales autocráticos: se erosiona la separación de poderes, se ataca el pluralismo informativo, desaparecen los derechos para amplios sectores de la población. El líder fuerte se presenta como representante del pueblo, desprecia los controles democráticos y pone en marcha un proyecto etnonacionalista reaccionario.
Aunque existen divergencias y peculiaridades nacionales –al fin y al cabo, cada partido es fruto de las culturas políticas de su propio país–, la extrema derecha debe entenderse como una gran familia global. Las referencias ideológicas y las estrategias políticas y comunicativas utilizadas son, de hecho, las mismas. Además, participan en las mismas redes transnacionales formadas por fundaciones, institutos y think tanks que en los últimos años han trabajado incansablemente para elaborar una agenda común, exportable y adaptable a los diferentes contextos: véanse la Heritage Foundation o la red National Conservatism. Además, Trump, Milei, Bukele, Orbán, Netanyahu, Meloni, Abascal, Ventura, Weidel, Le Pen, Farage, Wilders, Bolsonaro, Kast y compañía creen que están librando la misma batalla contra enemigos comunes, es decir, la izquierda, el liberalismo, el globalismo, el wokismo y lo políticamente correcto. Sus coaliciones parecen frágiles porque a menudo están formadas por sectores con intereses diferentes –pensemos en el trumpismo–, pero por el momento la esperanza de que se desmoronen no es más que un deseo inalcanzable.
6. Más que fascismo, se trata de la renovación del pensamiento antiilustrado
A menudo se repite que lo que estamos viviendo es el retorno del fascismo, más o menos bajo otros ropajes. Aunque existen elementos de continuidad entre el fascismo histórico y la extrema derecha del tercer milenio –en algunos países más que en otros–, el concepto de “fascismo eterno” propuesto hace más de treinta años por Umberto Eco nos lleva por mal camino. Como señala Santiago Gerchunoff, el uso compulsivo del término –en sus más diversas variantes: fascismo tardío, fascismo fósil, tecnofascismo, etc.– muestra más bien “el deseo de encontrar una palabra mágica que conjure el peligro de abstracción de nuestro mundo y que, al mismo tiempo, cierre cualquier discusión”6. Nos tranquiliza, por así decirlo, llamar fascistas a las nuevas extremas derecha porque, en cierto sentido, nos da la falsa certeza de saber a qué nos enfrentamos.
Ahora bien, las características de la nueva era no son las mismas que las del período de entreguerras: ha pasado ya un siglo desde los regímenes de Hitler y Mussolini. El mundo ha cambiado profundamente y nuestras sociedades lo han hecho en consecuencia: la política de masas ya no existe, la atomización es el sello distintivo de la nueva era. Por otra parte, ni siquiera en el pasado, en ese “mundo de ayer” muerto y enterrado, todos los autoritarismos eran fascistas. Digámoslo así: se puede ser reaccionario, nacionalista, autoritario y antidemocrático sin ser necesariamente fascista. Pero esto no hace que la situación sea menos grave. Lo que tenemos ante nuestros ojos es una nueva extrema derecha que defiende un autoritarismo posliberal eficientista y antiigualitario. Sus raíces se hunden en el pensamiento antiilustrado y en el reaccionarismo antiliberal de finales del siglo XVIII. En definitiva, se trata de una cultura política –plural, heterogénea– de larga trayectoria que se ha nutrido de diversas fuentes.
7. El extremismo es el nuevo mainstream
En las últimas décadas, las ideas extremistas se han normalizado. La ventana de Overton se ha desplazado radicalmente hacia la extrema derecha: ideas que se consideraban inaceptables se han convertido en sentido común y, como último paso, se incluyen en el ordenamiento jurídico. En Rusia y Hungría, la homosexualidad se compara legalmente con la pedofilia. En Estados Unidos, declararse antifascista implica ser considerado miembro de un grupo terrorista. Ya casi no escandaliza que importantes influencers MAGA afirmen en público que las mujeres no deberían tener derecho de voto, que el presidente argentino Javier Milei considere la justicia social un cáncer que hay que erradicar o que miembros del Gobierno israelí definan a los palestinos como “animales” y reivindiquen un genocidio en mundovisión. Las fantasías conspirativas se afirman a diestro y siniestro, empezando por la del Gran Reemplazo, según la cual las élites globalistas están llevando a cabo un plan para sustituir a la población europea por inmigrantes musulmanes. El presidente de la primera potencia mundial puede repetir que quiere anexionarse otros territorios, incluso de países aliados, como Groenlandia o Canadá, obviando el derecho internacional. Los referentes intelectuales de la nueva extrema derecha, como Curtis Yarvin, encuentran adeptos al afirmar que las democracias deberían ser sustituidas por nuevas monarquías absolutas y que los pobres deberían ser encerrados en una habitación y conectados día y noche a la realidad virtual.
La nueva era no es solo la época de la posverdad, la desinformación y los bulos, sino también aquella en la que el extremismo se ha convertido en mainstream. Además de las consecuencias de la hegemonía neoliberal, no se puede entender este cambio sin tener en cuenta el impacto de las nuevas tecnologías, que han permitido la viralización de ideas y narrativas extremistas y, por lo tanto, la normalización de la extrema derecha y el autoritarismo. No por casualidad, las dos últimas palabras del año del Oxford Dictionary fueron, en 2024, brain rot, es decir, “podredumbre cerebral” o “cerebro podrido”, en relación con el deterioro mental debido al consumo excesivo de contenidos online de baja calidad, y, en 2025, rage bait, es decir, “cebo de ira”, en referencia a los contenidos online creados para causar indignación y generar reacciones emocionales fuertes, aprovechando la polarización y el funcionamiento de los algoritmos de las plataformas sociales.
Trump en el Despacho Oval frente a Starmer, Meloni, Von Der Leyen, Merz, Macron, Stubb, Zelenski y Rutte en agosto de 2025. / TWH / Daniel Torok
8. Los partidos y las instituciones democráticas viven una parálisis incapacitante
A pesar de algunas victorias electorales y algunas decisiones acertadas, la mayoría de los partidos e instituciones democráticas no se han dado cuenta de que todo ha cambiado. Razonan con los viejos paradigmas y proponen recetas de antaño que, además de ser poco realistas en estos años veinte del siglo XXI, ya no tienen ningún atractivo, ni siquiera entre quienes las defienden.
El establishment liberal ha visto cómo se le desmoronaba el terreno bajo sus pies, pero en lugar de dar un salto –o, al menos, intentarlo, como ha instado en repetidas ocasiones Mario Draghi, uno de los pocos exponentes lúcidos de las viejas élites–, intenta aferrarse al último trozo de roca, lo que, en el mejor de los casos, solo conseguirá prolongar su agonía. El ejemplo más claro es la respuesta de la Comisión Europea a las amenazas de Trump, con Ursula Von der Leyen arrodillándose en un campo de golf escocés ante los dictados del nuevo autoproclamado emperador de Mar-a-Lago, y Kaja Kallas fingiendo que nada ha cambiado en las relaciones entre Bruselas y Washington.
En el peor de los casos, mostrando una increíble miopía, el establishment liberal intenta copiar a la extrema derecha con el objetivo de evitar ser canibalizado y superar lo que cree que es un huracán pasajero, lo que acaba por allanar el camino al autoritarismo posliberal. Así, vemos a una derecha democrática en claro declive y en profunda crisis de identidad –desde Merz hasta Macron, desde Tusk hasta Von der Leyen– e incluso a una parte de la izquierda socialdemócrata que ha perdido completamente el rumbo –desde Starmer hasta Frederiksen– aprobando políticas conservadoras y reaccionarias en materia de inmigración, defensa, seguridad, derechos o medio ambiente. A pesar de sus errores e incapacidades, son muy pocos –Lula, Sánchez, Sheinbaum, Petro, Mamdami– los que parecen entender el quid de la cuestión: nada volverá a ser como antes.
9. La religión vuelve a ser un arma política
La nueva era se caracteriza por la renovada centralidad del uso político de la religión en todas las latitudes. Si bien el tema no es nuevo en el mundo musulmán o hindú, sin duda lo es en Occidente, donde, tras décadas de secularización, habíamos dado por amortizada la religión. Aunque aumenta el número de ateos y agnósticos, los nuevos líderes autoritarios utilizan la religión más que nunca, amparándose en la supuesta protección de Dios, como nuevos monarcas absolutos por la gracia divina.
Funeral de Charlie Kirk el 21 de septiembre de 2025 en Arizona. / TWH / Daniel Torok
Encontramos sus variantes más dispares tanto en el mundo católico como en el protestante, evangélico y ortodoxo, pero también en el judaísmo, el hinduismo o el islamismo: la bendición de la invasión de Ucrania por parte del patriarca Kirill; las referencias al Antiguo Testamento de Netanyahu para justificar el genocidio de Gaza o la ocupación de Cisjordania; el uso que Modi hace del hinduismo; Trump, que se considera salvado por Dios por haber escapado al intento de asesinato de Boulder; Milei citando compulsivamente la Torá; Bolsonaro bautizándose en el río Jordán; la defensa de la identidad cristiana de Hungría e Italia por parte de Orbán y Meloni; las referencias a la Reconquista de Abascal y Ventura… Pero, sin salir de Estados Unidos, basta pensar en el funeral del supremacista blanco Charlie Kirk, en los tatuajes del secretario de Guerra, Pete Hegseth –la inscripción “Deus Vult” y la cruz de Jerusalén, símbolo del supremacismo blanco y referencia a las cruzadas medievales– o en las elucubraciones pseudoteológicas de Peter Thiel sobre el apocalipsis y el Anticristo. Un nuevo tipo de nacionalismo cristiano, que va de la mano del sionismo judío, está cada vez más presente con pensadores como Yoram Hazony o Rod Dreher y cada vez más activo también en las bases de la extrema derecha. Es una religión declinada de forma agresiva, excluyente e identitaria.
10. La respuesta al ‘¿Qué hacer?’ solo puede ser colectiva
La respuesta a la vieja pregunta leninista no caerá del cielo, ni será formulada por ningún intelectual. Solo podrá surgir de la sociedad, es decir, solo podrá ser colectiva. Me temo que llevará tiempo –seguramente años, probablemente una generación–, porque lo que hay que reconstruir, desde el punto de vista material y de valores, aumenta cada día que pasa. Ilusionarse con que una derrota de la extrema derecha en una elección concreta signifique un punto de inflexión es solo una mera ilusión. Mientras tanto, al menos se puede evitar caer en el abismo.
Los partidos democráticos deberían evitar ceder a los cantos de sirena de la extrema derecha y defender las instituciones y los derechos conquistados. Las instituciones europeas deberían oponerse con fuerza al neoimperialismo autoritario estadounidense, evitando la no solución del apaciguamiento –un suicidio lento– y saliendo del letargo de la “vasallización feliz”: ahora mismo, hay que desengancharse de lo que se ha convertido en el lazo atlántico, construir una verdadera autonomía estratégica –que no puede ser solo militar y, mucho menos, sobre bases nacionales– y defender lo que queda del multilateralismo abriéndose a los actores democráticos del Sur Global. Como mínimo, se debería intentar gobernar la economía –redistribuyendo la riqueza y reduciendo las desigualdades– y situar en el centro de la acción política la cuestión medioambiental –que ahora ha pasado a un tercer plano– y la tecnológica con todo lo que ello conlleva –el fin de la dependencia de las Big Tech estadounidenses, cuyos proyectos autoritarios deben combatirse sin vacilaciones, y la reducción de la brecha con China7–.
Sin embargo, es necesario replantearse completamente los paradigmas existentes: los antiguos ya no funcionan en esta nueva era. Por lo tanto, hay que empezar desde cero: reconstruir la sociedad –ahora licuada, atomizada–, crear un sentido de comunidad –que no sea el identitario y etnonacionalista de la extrema derecha–, volver a librar la batalla de las ideas –la extrema derecha lo lleva haciendo desde hace años y ahora está cosechando los frutos–, tejer alianzas y redes transnacionales –porque la solución no puede ser solo local–. Todos debemos sentirnos involucrados.
Volviendo a las tres categorías de Hirschman, la “salida” no es una opción porque significaría dejar el campo libre para la imposición definitiva del nuevo orden autoritario, y la “lealtad” tiene poco sentido porque el establishment actual no tiene ideas o sufre una parálisis incapacitante. La única posibilidad es la “voz”, es decir la participación y la protesta8. Este debe ser el punto de partida.
1 Wendy Brown, En las ruinas del neoliberalismo: El ascenso de las políticas antidemocráticas en Occidente, Traficantes de sueños, 2021.
2 Véanse George Monbiot y Peter Hutchison, La doctrina invisible. La historia secreta del neoliberalismo (y cómo ha acabado controlando tu vida), Capitán Swing, 2025 y Quinn Slobodian, Hayek’s Bastards: The Neoliberal Roots of the Populist Right, Allen Lane, 2025.
3 Colin Crouch, Posdemocracia, Taurus, 2004.
4 Mark Lilla, El regreso liberal: Más allá de la política de la identidad, Debate, 2021.
5 Steven Forti, Democracias en extinción. El espectro de las autocracias electorales, Akal, 2024.
6 Santiago Gerchunoff, Un detalle siniestro en el uso de la palabra fascismo. Para qué no sirve la historia, Anagrama, 2025, pp. 80-81.
7 Véase Emanuele Felice, Manifesto per un’altra economia e un’altra politica, Feltrinelli, 2025.
8 Albert O. Hirschman, Salida, voz y lealtad. Respuestas al deterioro de empresas, organizaciones y estados, FCE, 1977.
La presidencia conservadora del Parlamento Europeo ha bloqueado la votación de una resolución que pretendía pedir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) un examen jurídico del acuerdo comercial entre la UE y el Mercosur. La presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola (Partido Nacionalista, Malta), declaró “inadmisible” la propuesta pese a contar con 145 firmas de eurodiputados de cinco grupos políticos. Una decisión sin base legal explícita que ha sido denunciada como una maniobra política para impedir el control democrático del polémico tratado.
Desde septiembre, un grupo informal de eurodiputadas y eurodiputados ha promovido una propuesta de resolución en la que iban a solicitar al TJUE que se pronuncie sobre si el Acuerdo de Asociación UE-Mercosur y del Acuerdo Comercial Provisional UE-Mercosur estén acordes con los Tratados de la Unión.
Tras 25 años de desencuentros, ambos textos se terminaron de negociar en diciembre de 2024 entre la Comisión Europea y los gobiernos del Mercosur, el bloque comercial que agrupa a Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay. Venezuela está suspendido del bloque y a Bolivia se aplicaría más tarde. Aunque en 2019 ya se había alcanzado otro “acuerdo político” —cuando aún presidía Brasil el ultraderechista Jair Bolsonaro, condenado por intento de golpe de Estado— no se logró rematar por la oposición que el asunto suscitó en numerosos países.
El Ejecutivo comunitario de Ursula von der Leyen inició el proceso de ratificación en septiembre y pretende firmar el acuerdo el 20 de diciembre.
Hace dos semanas, se registró la resolución y si se hubiera aprobada en la sesión del Parlamento Europeo, podría haber arruinado el plan de la presidenta de la Comisión Europea de rubricar el acuerdo en Foz do Iguaçu (Brasil) para crear una zona de “libre comercio” con el Mercosur.
La moción ha sido firmada por 145 diputadas y diputados del Partido Popular Europeo (PPE), Renew, S&D, los Verdes/EFA y la Izquierda, de 21 nacionalidades diferentes. Los firmantes proceden en su mayoría de países que tradicionalmente se han opuesto al acuerdo, como Polonia, Francia, Bélgica e Irlanda.
La resolución se apoyaba en el artículo 117 del Reglamento del Parlamento Europeo y en el artículo 218 del Tratado de Funcionamiento de la UE, que permiten solicitar al TJUE un dictamen previo sobre la compatibilidad de un acuerdo internacional con los Tratados antes de su aprobación.
Estas normas ofrecen una vía limitada para ejercer control democrático, dado que el parlamento no participa en las negociaciones comerciales y sólo puede votar sí o no a los textos cerrados por la Comisión Europea, sin añadir ni una sola coma.
Manifestación de la Confédération Paysanne el 14 de octubre en París. Tom Kucharz
“No admisible”
El martes, 18 de noviembre, mientras varias organizaciones protestaron ante el Ministerio de Agricultura en Madrid contra el acuerdo comercial, los representantes del grupo informal recibieron una respuesta oficial de la administración de la eurocámara argumentando que la resolución no era admisible porque el Consejo de la UE (los gobiernos de los 27 Estados Miembros) no había requerido aún el consentimiento del Parlamento.
Los legisladores también solicitaban que el TJUE evaluara la base jurídica utilizada para dividir el acuerdo en dos partes: un capítulo comercial y otro de diálogo político y cooperación
“No han ofrecido ninguna base legal para justificar esta decisión. Por una simple razón, no existe base legal para ello”, respondieron en un comunicado Krzysztof Hetman (EPP), Benoît Cassart (Renew), Chloé Ridel (S&D), Majdouline Sbai (Greens/EFA), Manon Aubry (Left), Céline Imart (EPP), Ciaran Mullooly (Renew), Jean-Marc Germain (S&D), Saskia Bricmont (Greens/EFA) y Lynn Boylan (Left).
Bajo la presión de von der Leyen y Manfred Weber, presidente del grupo parlamentario del Partido Popular Europeo (PPE), la presidenta Metsola (de la misma fracción) ha utilizado esta interpretación retorcida para abortar el voto e impedir que el Parlamento Europeo obstaculice la firma del acuerdo, ya de por sí altamente controvertido, entre la UE y el Mercosur.
La Conferencia de Presidentes —que reúne a las direcciones de los grupos parlamentarios— avaló el veto de Metsola, aunque algunos “líderes de grupo se pronunciaron en contra de la decisión de Metsola, incluidos los Verdes, la Izquierda y Renew”, indicaron fuentes del Parlamento Europeo a El Salto. Por lo que la resolución no se ha incluido en el orden del día de la sesión plenaria, que se celebra en Estrasburgo. Una cacicada en toda regla.
El movimiento refleja la preocupación de que el Parlamento no cuente con mayoría suficiente para respaldar el pacto. En octubre, 269 eurodiputados rechazaron un párrafo de otra resolución sobre la estrategia política de la UE para América Latina que valoraba positivamente el acuerdo con el Mercosur, frente a 259 a favor.
¿Qué dice el derecho?
Según el artículo 218 del Tratado de Funcionamiento de la UE, cualquier Estado miembro, el Parlamento Europeo, el Consejo o la Comisión pueden solicitar al Tribunal de Justicia un dictamen sobre la compatibilidad con los Tratados de un acuerdo internacional antes de su entrada en vigor. Si el dictamen fuera negativo, el acuerdo no podría aplicarse sin modificarlo o revisar los Tratados. Esta posibilidad, conocida por las juristas como “control preventivo ex ante”, no exige que una institución espere a otra para activar la consulta.
El artículo 117 del Reglamento interno del Parlamento añade que, antes de votar la aprobación de un acuerdo, la comisión competente o al menos una décima parte de los eurodiputados pueden proponer solicitar ese dictamen al Tribunal. Las prerrogativas parlamentarias derivadas de los Tratados no pueden ser restringidas ni por interpretaciones del reglamento interno —norma jerárquicamente inferior— ni por las decisiones de otras instituciones, señalan los promotores de la iniciativa.
El propio TJUE, en su opinión 2/94, reconoció que puede pronunciarse incluso sobre textos preliminares. Además, existe un precedente directo: en abril de 2019 el Parlamento pidió un dictamen sobre la adhesión de la UE al Convenio de Estambul antes de que el Consejo iniciara formalmente la ratificación.
El sector ganadero familiar, especialmente en España, Francia, Irlanda y Polonia, teme pérdidas y cierres ante un aumento de importaciones
Finalmente, ya ha comenzado en la Comisión de Comercio el proceso para elaborar la resolución de acompañamiento del acuerdo UE–Mercosur. Por coherencia institucional, argumentan los legisladores, el Parlamento no puede avanzar hacia su adopción sin haber solicitado previamente la opinión del Tribunal.
Un dictamen del TJUE retrasaría la ratificación
“Más allá de las opiniones sobre los pros y contras del acuerdo con el Mercosur, debemos garantizar que sea plenamente compatible con los Tratados europeos”, señaló la eurodiputada belga Saskia Bricmont. De haberse aprobado la resolución, la votación de ratificación habría quedado suspendida hasta que el TJUE emitiera su dictamen.
Ese trámite podría haber retrasado el proceso, ya que las consultas judiciales en Luxemburgo suelen prolongarse. Un dictamen crítico obligaría a reabrir el texto, reavivando la oposición de gobiernos reticentes —como Francia, Polonia o Irlanda— y tensando la relación con los países del Mercosur. Incluso sin invalidar todo el acuerdo, cualquier cambio podría posponer su aprobación durante un año o más.
Los impulsores de la iniciativa anuncian que volverán a plantearla en 2026, tras la votación del Consejo.
¿Qué dudas debería aclarar el tribunal?
Los miembros del Parlamento Europeo querían que el Tribunal de Justicia analizara varios puntos del acuerdo. El primero es el llamado “mecanismo de reequilibrio”, que permitiría a cualquiera de las partes exigir compensaciones —en forma de aranceles o cuotas— si considera que una medida del otro lado “anula o perjudica” los beneficios comerciales del pacto.
Organizaciones como ClientEarth y Greenpeace alertan de que este mecanismo podría debilitar la aplicación del Reglamento europeo contra la deforestación (EUDR), convirtiendo decisiones ambientales en objeto de disputa comercial y presión política. Con ello, los Estados miembros podrían verse disuadidos de aplicar controles estrictos por temor a represalias, favoreciendo los intereses de grandes multinacionales como Bunge, Cargill o JBS.
Los legisladores también solicitaban que el TJUE evaluara la base jurídica utilizada para dividir el acuerdo en dos partes: un capítulo comercial, que podría ser aprobado rápidamente solo por el Consejo y el Parlamento Europeo, y otro de diálogo político y cooperación, sujeto a un proceso más largo. La coalición Stop EU–Mercosur considera que esta separación es un “truco institucional” para evitar la intervención de los parlamentos nacionales, reducir la capacidad de veto y acelerar la aprobación de la parte comercial, la más lesiva en términos socioambientales. Según estas organizaciones, el “splitting” rebaja la transparencia, el control democrático y la rendición de cuentas.
Por último, los eurodiputados pedían que el Tribunal analizara si el acuerdo respeta el principio de precaución, ante el riesgo de que quede debilitado cuando la UE intente actuar frente a amenazas sanitarias o medioambientales.
La “cláusula de salvaguardia”, bajo sospecha
El cuarto aspecto para ser evaluado por el alto tribunal europeo es la “cláusula de salvaguardia”, introducida por la Comisión para convencer a Estados miembros reticentes, especialmente Francia, de apoyar la ratificación del acuerdo. París había sido uno de los principales opositores por motivos agrícolas y ambientales, pero suavizó su postura tras el anuncio de esta medida.
La cláusula prevé activarse si los precios medios de un producto sensible —como carne de cerdo, azúcar o miel— caen un 10% y las importaciones anuales aumentan un 10% en uno o varios Estados miembros. Sin embargo, la Coordinadora Europea de La Vía Campesina la considera improvisada, arbitraria e ineficaz, diseñada “para no activarse nunca” y sin capacidad para responder a impactos estructurales sobre el mundo rural. Apunta que ignora diferencias territoriales y sectoriales, y que las variaciones de precios pueden deberse a la especulación financiera. El sector ganadero familiar, especialmente en España, Francia, Irlanda y Polonia, teme pérdidas y cierres ante un aumento de importaciones controladas por operadores cárnicas gigantes como JBS.
Acción de la Confédération Paysanne contra la multinacional BASF el 17 de noviembre en Saint Aubin lès Elbeuf. Tom Kucharz
Las organizaciones agrarias subrayan que el mecanismo no permite suspender importaciones ni imponer contingentes adicionales, solo aranceles limitados, mientras los costes de producción en Brasil son tres veces inferiores a los franceses. A su juicio, esto empujará al abandono de explotaciones y desincentivará el relevo generacional. Aunque los contingentes agrícolas del acuerdo son relativamente pequeños respecto a la producción europea, llegan en un contexto de fuerte tensión y tras la pérdida de 4,5 millones de empleos agrarios entre 2005 y 2020.
La abogada Clémentine Baldon advierte además que el reglamento propuesto por la Comisión solo define cómo la UE pretende aplicar la salvaguardia, pero no garantiza que sea considerada legal por los países del Mercosur. Para La Vía Campesina, la cláusula es una herramienta de comunicación destinada a calmar al sector y permitir a los responsables políticos “lavarse las manos” mientras “fingen” preocuparse por la protección del campo.
Un atropello generalizado
Para incorporar la “salvaguardia” al acervo comunitario, los embajadores de los Estados miembros aprobaron el Reglamento sin modificaciones, aunque aún debe validarlo el Parlamento Europeo. El Partido Popular Europeo intentó tramitarlo por vía de urgencia para evitar el paso por las comisiones de Comercio (INTA) y Agricultura (AGRI) y someterlo directamente al pleno esta semana, pero retiró su solicitud a última hora por temor a una derrota.
La maniobra tampoco contó con el apoyo de sus aliados habituales —Conservadores y Reformistas Europeos (ECR) y Patriotas por Europa (PfE)— y fue rechazada por los presidentes de los grupos. Aun así, el PPE ha impuesto un calendario acelerado que apenas permite presentar enmiendas y que “equivale casi a ir directo al plenario”, según fuentes de La Izquierda. Parte de sus propias delegaciones —rumana, irlandesa, polaca y francesa— también se posicionó en contra, un dato relevante dada la incierta postura del Gobierno rumano.
Próximos pasos: la comisión de Comercio votará el texto de las salvaguardias el 8 de diciembre y el pleno el 16 de diciembre, apenas cuatro días antes del viaje previsto de von der Leyen a Brasil para la ceremonia de firma.
Macron traiciona al campo francés
Las organizaciones agrarias francesas han estallado después de que Emmanuel Macron parezca suavizar su oposición al acuerdo UE-Mercosur, lo que llevó al sindicato FNSEA a acusarlo de “traición”. Tras reunirse con el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva durante la COP30 en Belém, el mandatario francés adoptó un tono más conciliador, lo que fue interpretado como una ruptura con los intereses agrícolas.
Aunque Macron intentó rectificar posteriormente y la ministra de Agricultura, Annie Genevard, afirmó que “Francia no puede aprobar por ahora el acuerdo porque no protege a los agricultores”, todo indica que París ya no aspira a liderar una minoría de bloqueo en el Consejo y que se conformará con la cláusula de salvaguardia como garantía simbólica.
Una minoría de bloqueo requiere al menos cuatro Estados miembros que representen el 35% de la población. Por ahora, Hungría y Polonia se oponen; Irlanda y Austria siguen indecisas, mientras que el nuevo gobierno neerlandés ha pasado a una posición favorable.
Además, la Asamblea Nacional francesa votará este jueves una resolución presentada por La Francia Insumisa que insta al Gobierno a no autorizar la firma del acuerdo y denuncia como ilegal que la Comisión evite la aprobación por los parlamentos nacionales.
Movilización en Estrasburgo y Belém
Pese al escaso margen político, la Confédération Paysanne se ha concentrado ante el Parlamento Europeo en Estrasburgo para apoyar la petición de un dictamen del TJUE y reclamar el rechazo del acuerdo UE-Mercosur. La organización alerta de riesgos jurídicos y posibles vulneraciones del derecho comunitario, especialmente porque el mecanismo de reequilibrio podría limitar nuevas medidas de protección ambiental o sanitaria.
Las protestas recuerdan a las tractoradas del invierno de 2024, cuando el descontento rural estalló frente a los tratados comerciales, los recortes en las ayudas agrarias y la futura PAC post-2027. Desde entonces los problemas no se han disipados para la mayoría de explotaciones agrícolas. En este contexto, las principales organizaciones agrarias europeas han convocado una gran protesta en Bruselas para el 18 de diciembre.
En paralelo, durante las movilizaciones de la Cumbre de los Pueblos contra las “falsas soluciones” en la COP30 de Belém, la Asociación de Pueblos Indígenas de Brasil (APIB) y otros actores sociales denunciaron que el comercio con la UE beneficia a grandes empresas agroindustriales a costa de las comunidades indígenas y campesinas, la mitigación climática y bosques como la Amazonía. Las políticas comerciales incentivan la expansión de la ganadería intensiva y el cultivo de soja o algodón para exportación, lo que impulsa la deforestación, destruye ecosistemas y concentra el poder agrícola en grandes empresas, desplazando la producción local y sostenible.
Las organizaciones que integran la Mesa Social del Agua de Andalucía (MSA) lamentan profundamente la exclusión de la Asociación de Operadores Públicos de Agua (AEOPAS) del Observatorio del Agua de Emasesa, que ha celebrado este jueves 27 de noviembre su reunión plenaria. La Mesa del Agua recalca que se trata de una decisión contraria a los principios de gobernanza pública y participación ciudadana que han regido este órgano desde su creación y reclama su restitución inmediata para garantizar una gestión transparente, plural y orientada al interés general en el ciclo urbano del agua en el área metropolitana de Sevilla.
Tras la lectura de una Declaración colectiva las organizaciones que integran la Mesa Social del Agua han abandonado la sesión como acto de protesta.
En su escrito de queja, la Mesa Social del Agua de Andalucía explica que desde hace más de ocho años, organizaciones sociales y ambientales han participado activamente en la mejora del servicio público de agua que presta Emasesa en el Área Metropolitana de Sevilla. Este trabajo colaborativo se ha canalizado a través del Observatorio del Agua, un órgano que desde sus inicios se ha sustentado en la pluralidad, la transparencia y la confianza entre distintas entidades, para la adopción de medidas consensuadas que garanticen una gestión sostenible y equitativa del ciclo urbano del agua.
La Mesa exponen que la reciente expulsión de AEOPAS del Observatorio constituye «una grave ruptura con los principios de participación pública que deben regir un servicio esencial como el abastecimiento y el saneamiento urbano. Tras más de cinco años de cooperación acreditada en ámbitos estratégicos —planes de sequía, adaptación climática, digitalización y planificación a largo plazo— esta decisión carece de justificación técnica y desvirtúa el propósito fundacional del Observatorio del Agua de EMASESA: impulsar una gestión participativa y corresponsable que sitúe a la ciudadanía en el centro de las decisiones».
Las organizaciones de la Mesa consideran que esta exclusión no es un hecho aislado. «En los últimos meses se han producido prácticas que han debilitado la integridad de este órgano de participación, como la atribución indebida de respaldo al incremento tarifario del agua. La exclusión de actores clave convierte el Observatorio en un mero ejercicio de “participación aparente”, alejándolo de su función de análisis técnico y deliberación rigurosa, lo que compromete la transparencia y la calidad de las decisiones».
Las organizaciones que conforman la Mesa Social del Agua de Andalucía, muchas de ellas integrantes del Observatorio, solicitan la restitución inmediata de AEOPAS y la recuperación de los principios de pluralidad y control público que garantizan la gestión democrática del agua. Fortalecer lo público requiere sumar conocimientos y experiencias, no excluirlos. Solo mediante la creación compartida de diagnósticos y soluciones con todas las entidades se podrán afrontar los retos de la gestión hídrica que afectan a nuestras ciudades.
Como forma de manifestar su protesta la organizaciones firmantes junto con otros miembros del Observatorio que se suman a la protesta, abandonan la sesión tras leer una Declaración colectiva.
Componen la Mesa Social del Agua de Andalucía: la Fundación Nueva Cultura del Agua, FACUA-Andalucía, Ecologistas en Acción-Andalucía, GREENPEACE, WWF, SEOBirdLife, Fundación Savia por el Compromiso y los Valores, CCOO-Andalucía, UGT-Andalucía, COAG-Andalucía, UPA-Andalucía, AEOPAS.
La declaración institucional de queja que se ha leído en la sesión plenaria
«Desde hace más de ocho años, las organizaciones sociales y ambientales venimos participando, incluso antes de la creación del Observatorio, en mejorar el servicio que presta EMASESA a la ciudadanía del Área Metropolitana de Sevilla. Ha sido una tarea ilusionante, fecunda, aunque como es lógico no exenta de tensiones. El Observatorio se basaba en la libre expresión de los posicionamientos de los diversos miembros representantes de los sectores ciudadanos y en la confianza de que se adoptarían por EMASESA las mejores y más consensuadas medidas de gestión del ciclo del agua».
«La expulsión de AEOPAS del Observatorio del Agua de EMASESA constituye una ruptura severa con los principios de gobernanza pública que deben estructurar la gestión de un servicio esencial como el agua. Después de más de cinco años de cooperación acreditada en ámbitos estratégicos —planes especiales de sequía, adaptación climática, procesos deliberativos, digitalización operativa, revisión normativa y planificación de largo alcance— la decisión adoptada carece de sustento técnico y desvirtúa el propósito fundacional del propio Observatorio: impulsar una gestión pública del agua urbana participativa, cooperativa, transparente y corresponsable, situando a la ciudadanía en el centro de las decisiones».
«La expulsión de AEOPAS no es un episodio aislado. Durante este mandato se han sucedido prácticas que erosionan la integridad del órgano. El ejemplo más revelador fue la utilización del Observatorio para atribuirle un respaldo inexistente al incremento tarifario del agua. Varias entidades exigieron explicaciones ante aquella manipulación y jamás obtuvieron respuesta. Aquello, que ya fue una grieta, se convierte hoy en fractura».
«El Observatorio está siendo reducido a un ejercicio de citizen-washing: la participación se escenifica, pero se excluye de los procesos reales de planificación hidrológica, del análisis técnico solvente y de la evaluación rigurosa que exigen los sistemas de agua urbana. Este vaciamiento instrumental desnaturaliza su razón de ser y debilita la transparencia, la rendición de cuentas y la calidad técnica de las decisiones estructurales».
«Esta negativa evolución del funcionamiento del Observatorio, alejándose de sus presupuestos originales basados en la pluralidad, la representatividad y la operatividad de la participación ciudadana, ha sido denunciada reiteradas veces sin resultado en las propias sesiones del Observatorio. Tampoco han tenido respuesta solicitudes concretas presentadas por diversas organizaciones participantes en el mismo. Pero la expulsión de AEOPAS constituye un hecho gravísimo que enciende todas las alarmas».
«Por ello, las organizaciones que conformamos la Mesa Social del Agua de Andalucía, muchas de ellas participantes en el Observatorio, reclamamos la restitución inmediata de AEOPAS como miembro del Observatorio, en coherencia con los principios de pluralidad, participación cualificada y control público que deben regir un servicio que es patrimonio común. Un Observatorio sin saber técnico es un órgano hueco; protegerlo exige dialogar, consensuar, sumar, no expulsar, a quienes contribuyen a reforzar la garantía pública y el interés genera»l.
«Las soluciones de gestión del agua pasan por fortalecer lo público a través de la participación real, la concreción de diagnósticos y alternativas con los numerosos actores que configuran la vida de nuestras ciudades».
El acuerdo de la Unión Europea con Mercosur –el bloque económico que aúna Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay– es una quimera que lleva décadas negociándose, pero pronto podría ser una realidad. El Consejo de Asuntos Exteriores de la UE se reunió el 24 de noviembre para conversar sobre este y otros acuerdos comerciales con terceros países, según informan a este medio fuentes del Ministerio de Economía. La firma formal podría tener lugar durante el mes de diciembre y después se espera que el Parlamento Europeo ratifique el texto. Este facilitará las relaciones comerciales entre los Veintisiete y los países del grupo latinoamericano, pero tiene una cara B: importación de pesticidas prohibidos en la UE, impulso a la minería y a las emisiones derivadas de la agroindustria, así como una mayor deforestación de la Amazonía.
«El acuerdo de Europa con Mercosur supondrá la reducción de aranceles entre ambas zonas geográficas», explica a Público Andrés Muñoz, responsable de Soberanía Alimentaria en Amigas de la Tierra. El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa señala que el bloque latinoamericano cuenta con «más de 270 millones de consumidores» y que se encuentra «relativamente cerrado al exterior». Por esta razón, la cartera de Carlos Cuerpo considera que este acuerdo con Bruselas «va a generar grandes beneficios». En concreto, se espera que las exportaciones europeas obtengan «un ahorro arancelario de 4.000 millones de euros anuales«.
Fuentes ministeriales afirman a este medio que el acuerdo «actuará como un instrumento para fomentar la cooperación política y económica entre la UE y Mercosur y, por tanto, contribuirá a reforzar la seguridad económica de la UE«. Asimismo, aseguran que la liberalización entre ambos mercados «contribuirá a la diversificación de los flujos comerciales, la resiliencia de las cadenas de suministro, el crecimiento económico y la creación de empleo».
«Un contexto geopolítico difícil»
Desde la cartera añaden que en la reunión mantenida este lunes en Bruselas se ha presentado un informe que «pone de manifiesto cómo la amplia red de acuerdos comerciales de la Unión Europea ayuda a las empresas a encontrar mercados alternativos para sus exportaciones, al tiempo que reduce las dependencias en un entorno geopolítico difícil». Rafael Jiménez Aybar, experto en diplomacia climática, indica a este diario que Europa busca ampliar sus redes comerciales para hacer frente a la guerra arancelaria desatada por EEUU bajo la Administración Trump.
El encuentro de alto nivel incluía en la agenda otros acuerdos de libre comercio además del de Mercosur. Entre ellos, fuentes del ministerio de Carlos Cuerpo mencionan a Público «socios claves en Asia, incluyendo acuerdos ya negociados pero aún pendientes de conclusión formal, así como negociaciones en curso». En el caso de la alianza mercantil con el bloque latinoamericano, Economía destaca que «se estima que la liberalización elevará las exportaciones de mercancías y servicios de la UE a Mercosur entre un 52 y un 68%, y las importaciones de la UE entre un 11 y un 14%».
Agrotóxicos y pesticidas prohibidos
Este potenciado binomio importación-exportación «favorecerá a la industria de pesticidas de Alemania y Francia, que en Europa están prohibidos por su enorme toxicidad tanto ambiental como para la salud humana», pero que se venderán a los países del Mercosur, critica Andrés Muñoz. «El acuerdo comercial prevé la eliminación de los aranceles para más del 90% de las exportaciones europeas de productos químicos, incluidos los pesticidas. Hasta ahora, estos aranceles ascendían hasta un 18%», informa a este medio Tom Kucharz, miembro de Ecologistas en Acción-Madrid. «La reducción de los aranceles aduaneros provocará un aumento de las exportaciones y del uso de estos productos, con consecuencias dramáticas para el medio ambiente y la salud de la población local».
«Entre estos plaguicidas no autorizados en la UE, pero exportados al Mercosur, se encuentran, por ejemplo, el fungicida carbendazim, que puede dañar el material genético, o los insecticidas imidacloprid y fipronil, responsables, entre otras cosas, de la muerte de las abejas», asevera Kucharz. «Este ‘ciclo tóxico’ se agravaría significativamente si se implementara el acuerdo comercial».
«La exposición múltiple a auténticos ‘cócteles de pesticidas’ no se tiene en cuenta a la hora de determinar los límites máximos de residuos permitidos. Esto se debe a que los límites máximos, incluso en la UE, se refieren únicamente a una sola sustancia activa aislada. Sin embargo, las posibles consecuencias de las interacciones entre varias sustancias activas de pesticidas en determinados alimentos apenas se han investigado y, por lo tanto, tampoco se tienen en cuenta a la hora de establecer los límites máximos», añade el activista de Ecologistas en Acción.
Protestas itinerantes contra el acuerdo
Una acción llevada a cabo el pasado 19 de noviembre por varias organizaciones ecologistas y sindicatos protestaba contra el acuerdo de la UE con Mercosur precisamente por este motivo. Las entidades convocantes, Attac, Amigas de la Tierra, CGT, Ecologistas en Acción, Entrepueblos, Greenpeace, Justicia Alimentaria y Sindicato Labrego Galego, colocaron una pirámide de barriles tóxicos mientras iban disfrazados del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la presidenta de la Comisión Europea Ursula Von der Leyen y el ministro de Agricultura, Luis Planas.
La performance formaba parte del Toxic Trade Tour,una protesta itinerante por diversas ciudades europeas contra este acuerdo comercial. «Este tratado establece una relación tóxica entre la UE y los países del Mercosur, al perpetuar un modelo de relaciones internacionales de corte extractivista y neocolonial, consolidando una forma de globalización que destruye la naturaleza, pone en riesgo la salud y amenaza la pervivencia de culturas y economías locales a ambos lados del Atlántico. Por eso reclamamos al PSOE que no apoye la firma de este acuerdo y sea coherente con sus propias promesas electorales en esta materia», afirmaron las organizaciones.
El acuerdo «no incorpora actualmente ‘cláusulas espejo‘ estrictas sobre estándares medioambientales, que reflejen los europeos, según las definiciones promovidas por muchos sectores agrícolas y ambientales en Europa», explica Jiménez Aybar. Este tipo de cláusulas «son disposiciones que exigen que los productos importados cumplan exactamente los mismos estándares medioambientales, sanitarios, sociales o de bienestar animal que se exige a la producción dentro de la Unión Europea, de forma totalmente equivalente«, aclara. Sobre la posibilidad de que se incorporen esta clase de instrumentos, el experto en diplomacia climática considera que no es una prioridad de la actual Comisión Europea, marcada por una tendencia desreguladora de la política verde.
Contra la agricultura y ganadería española
Muñoz también coincide en que «no va a haber salvaguardas, lo cual supone un agravio comparativo con los diferentes estándares que se exigen». De hecho, el tratado comercial también produce disensos entre las propias patronales. La Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) publicó el pasado 18 de noviembre un informe realizado con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA). La patronal valora que el acuerdo abre un abanico de oportunidades comerciales en el sector alimentario y también alude a «un clima de tensión geopolítica y comercial a nivel global«.
La FIAB también «resalta la necesidad de cláusulas espejo que garanticen los mismos estándares de calidad, seguridad y normativas sanitarias y medioambientales europeas para los productos de los países del Mercosur que lleguen a Europa». Sin embargo, su posicionamiento favorable del acuerdo difiere de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG). La organización declara a Público que el tratado comercial con Mercosur es «una amenaza directa para la viabilidad económica de las pequeñas y medianas explotaciones agrarias, las más vulnerables». «Los ganaderos europeos seguimos asumiendo costes crecientes para cumplir normativas ambientales, sanitarias, laborales y de bienestar animal que a nuestros competidores no se les exige (y no tienen en sus países de origen)», lamentan.
Desde la COAG inciden en que «en la UE está prohibido el uso de hormonas y promotores de crecimiento que allí aún se utilizan». Con la regulación derivada del Pacto Verde Europeo, la patronal agraria indica que se llevan a cabo «controles sanitarios exhaustivos» y «trazabilidad total», en sintonía también con las normativas laborales comunitarias. Sin embargo, «las producciones de Mercosur se benefician de prácticas que aquí serían ilegales y, además, están vinculadas en muchos casos a la deforestación del Amazonas«, denuncian. «Es una competencia absolutamente desleal que castiga precisamente a quien produce de forma más sostenible». Por este motivo, abogan también por la inclusión de cláusulas espejo en el acuerdo.
Si bien todavía no existe un texto definitivo sobre el tratado comercial, desde Ministerio de Economía aseguran a este medio que «todas las exportaciones hacia la Unión Europea deben cumplir con los exigentes estándares sanitarios y fitosanitarios europeos, que abarcan tanto la seguridad alimentaria, como la salud animal y vegetal. Esto garantiza que los productos importados cumplan con los niveles de salubridad exigidos por la UE, protegiendo así la salud de los consumidores europeos». Además, abundan que «nada en el acuerdo restringe el derecho a regular en este ámbito y la UE mantiene su derecho a fijar niveles máximos de residuos de plaguicidas, medicamentos veterinarios o contaminantes».
Jiménez Aybar advierte de que la desatención a las peticiones del sector primario por parte del Gobierno puede redundar en un beneficio para la ultraderecha. Vox rechaza frontalmente este acuerdo, pero lo hace asumiendo un discurso de defensa de los intereses nacionales de la agroganadería y a la vez en contra del Pacto Verde Europeo. Por otro lado, el experto en diplomacia climática teme que la Comisión Europea decida rebajar las exigencias comunitarias para salvaguardar la competitividad de los profesionales locales, en lugar de aumentar los estándares de seguridad, sostenibilidad y calidad del Mercosur.
Aumento de las emisiones
Además de los pesticidas, el fomento de prácticas agrícolas menos sostenibles y la competencia con el sector primario europeo, las emisiones de CO2 son otro de los principales puntos que destacan los ecologistas frente al acuerdo de la UE con Mercosur. Los grupos convocantes de la protesta del 19 de noviembre remarcan que el tratado comercial promueve «procesos de deforestación y gran cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero«. Al respecto, existen diferentes informes que han estudiado la inferencia de esta liberalización arancelaria en la contaminación.
El Banco de España publicó uno en enero de 2022. Los análisis realizados concluyeron que sí habría un incremento de emisiones de CO2 derivados del acuerdo entre la UE y el Mercosur, si bien este sería limitado. Asimismo, concluyen que en algunos escenarios «podrían incluso conllevar un descenso» en los países del grupo latinoamericano. Las organizaciones convocantes de la protesta también recuerdan en un comunicado una Evaluación del Impacto sobre la Sostenibilidad (EIS), realizada a finales de 2020 por encargo de la Comisión Europea. Sus cálculos estimaron un «aumento moderado general» de las emisiones.
Los movimientos sociales rechazan cualquier incremento de la contaminación, incluso si este es «limitado» o «moderado». «Sin una reducción inmediata y profunda de las emisiones en todos los sectores será imposible limitar el calentamiento global a 1,5ºC y evitar los peores efectos», reivindicaron en su comunicado. Además, señalan que la EIS no tuvo en cuenta los efectos de la deforestación ni los cambios en los usos de la tierra para sus proyecciones. Algo que tampoco sucedió en el informe del Banco de España y que sin embargo, los ecologistas afirman que «representan el 55% de las emisiones de CO2 de Brasil y el 70% de las de Paraguay».
Además, Tom Kucharz pone de relieve los efectos de la deforestación vinculada a los cambios en los usos del suelo. «La producción de productos agropecuarios para la exportación a la Unión Europea ya está destruyendo grandes extensiones de bosque en Argentina, Brasil y Paraguay. El acuerdo aceleraría la destrucción de la Amazonía y otros ecosistemas en esos países, como el Cerrado, el Pantanal, el Chaco, la Mata Atlántica ya que provocaría un aumento de las exportaciones de productos agrícolas como la soja, la carne de vacuno, el maíz y el algodón que se encuentran entre las principales causas de la deforestación», insiste. «Además, el aumento de las exportaciones socavaría el reglamento de la UE sobre cadenas de suministro libres de deforestación y contradiría el objetivo de la UE de alcanzar la neutralidad climática para 2050″.
«La evaluación del impacto social y ambiental de este acuerdo comercial ha sido un mero trámite. La política comercial de la UE no se puede construir escondiendo debajo de la alfombra la deforestación», afearon las organizaciones. De igual modo, subrayaron que «todo lo que rodea el acuerdo UE-Mercosur es tóxico» y que el apoyo del Gobierno de España «contradice sus compromisos frente al cambio climático y los derechos humanos». En este sentido, COAG reclama al Ejecutivo central y a la Comisión Europea, además de las cláusulas espejo, controles rigurosos en frontera y «un etiquetado obligatorio de origen claro y visible en todos los productos». «Los consumidores tienen derecho a saber qué están comprando y apoyar la producción local«, defienden. Por su parte, los ecologistas van un paso más allá y exigen el rechazo íntegro al acuerdo.
España no sufre un “grave déficit” de producción de vivienda, pese a lo que sostiene el Banco de España. Así lo concluye el estudio Cinco tesis sobre la política de vivienda en España, elaborado por investigadores del Centro de Política de Suelo y Valoraciones (CPSV) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) y divulgado este martes.
El trabajo, firmado por Blanca Arellano y Josep Roca, analiza los informes recientes sobre el encarecimiento del mercado residencial y las herramientas disponibles para las administraciones públicas. Según los autores, el acceso a la vivienda es “cada vez más difícil”, con precios que ya superan los máximos históricos: las viviendas en venta son un 13,8% más caras que en 2007 y los alquileres han subido un 40% respecto a aquel pico.
Un exceso de viviendas, no un déficit
La primera tesis del estudio cuestiona directamente los informes del Banco de España. Entre 2011 y 2021, el parque de viviendas creció muy por encima del número de hogares: 959.554 unidades más. En total, en 2021 existía un excedente acumulado de 8.084.485 viviendas, equivalente al 30% del parque residencial, de las cuales 3.837.328 estaban vacías.
Los investigadores consideran que este “colchón” es más que suficiente para absorber cualquier necesidad coyuntural y que hablar de escasez estructural “no se ajusta a la realidad”.
Construir más no baja los precios
El informe también desmonta otra idea extendida: que aumentar la oferta de vivienda reducirá los precios del mercado. Según la UPC, ocurre lo contrario. Construir más no garantiza accesibilidad si no se actúa sobre el tipo de vivienda:
La solución no es construir más, sino construir vivienda asequible”
El fenómeno no es exclusivo de España: el encarecimiento es “general en Europa”. Aun así, el país destaca por haber sido el mayor consumidor de suelo urbano entre 2000 y 2012 dentro de la Unión Europea, con 2.447 km² urbanizados, más que Italia, Polonia y Reino Unido juntos.
La clave: vivienda social y alquiler regulado
Otra de las conclusiones apunta a la necesidad urgente de aumentar la vivienda social. En España, este tipo de oferta representa menos del 10% de las transmisiones de propiedad y cayó al 7,8% en los primeros trimestres de 2024. Para Arellano y Roca, esta falta de producción es “uno de los estigmas de la política de vivienda en España”.
Entre los beneficios citados: facilitar el acceso a colectivos vulnerables; favorecer la emancipación juvenil; y equilibrar el mercado residencial
Factores que tensionan el mercado
El estudio identifica tres causas principales del aumento de precios:
El crecimiento del alquiler de temporada
La expansión del alojamiento turístico
La escasa movilización de viviendas vacías
La investigación ha sido publicada en el monográfico Arquitectura y vivienda: nuevas formas de habitar de la revista científica Ciudad y Territorio, editada por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, y se presentará el 26 de noviembre en Madrid.
Con motivo de la presentación del libro El regreso de China. La globalización imposiblela (Universidade de Vigo, 2025, y distribuido por el Consorcio Editorial Galego), Rosa Pascual y Emilio Zunzunegui —miembros del Ateneo Atlántico de Vigo— mantuvieron a finales del pasado mes de octubre una conversación —en gallego— con su autor, que aquí transcribimos.
¿Por qué elaboraste este ensayo y por qué lo titulas así?
En un momento dado reparé en que en mis cuatro ensayos precedentes, escritos y publicados entre 2020 y 2023, China aparecía más de doscientas veces, y muchas menos Estados Unidos. Por eso creí que debía abordar el tema de China en un ensayo específico, y hacerlo de forma crítica, ni sinofóbica, ni sinófila. Porque además no observé mucho donde elegir en las bibliotecas o librerías.
En cuanto al título, en la primera parte del ensayo recuerdo que China fue la primera potencia mundial en el siglo XV y luego decidió aislarse del mundo exterior, mientras que hoy vuelve a ser una potencia mundial, pero necesita del mundo exterior; de ahí El regreso de China. El subtítulo Globalización Imposible se debe a que su objetivo principal desde la revolución de la década de 1950 —la soberanía nacional— es ahora más que nunca imposible sin definir cuestiones clave que no estén subordinadas a Estados Unidos, como explico en la tercera parte. En otras palabras, hoy en día el vínculo entre la tecnología (digital, IA, big data, etc.) y la soberanía nacional ocupa un lugar central a nivel mundial y está provocando una globalización —un mundo plano— ya imposible.
¿Podrías describir a grandes rasgos las etapas de China desde la revolución?, en la actualidad, ¿representa Xi un cambio importante de rumbo?
En el ensayo distingo una primera etapa (entre 1950 y 1975) de Mao, con un punto de inflexión en la Revolución Cultural. Antes de él, Li Dazhao tomó nota de la experiencia bolchevique e inspirará a Mao para apostar por una revuelta rural contra el neocolonialismo y el fracaso burgués (consolidando el EPL y el PCCh). Se abrirá así una línea de desafíos para la independencia, primero de Japón (1938), luego de la URSS (1963) y ahora de Estados Unidos (desde 2008). Fue aquella una primera larga etapa de desarrollo de las fuerzas productivas, de mejora de la cobertura de las necesidades básicas (educación y salud) y control demográfico.
La segunda etapa (1978-1997) de Deng será igualmente decisiva y tendrá su momento crítico en la revuelta de Tiananmén. Implica una apertura rotunda, pero controlada, al exterior, la incorporación de tecnología y capital productivo (como predijo Ernest Mandel en 1979), una enorme dotación de infraestructura empresarial y urbana. Y como resultado, la recuperación del PIB per cápita, pasando de ser de una quinta parte a alcanzar la mitad de la media mundial.
Ya en la tercera y actual etapa (2000-2024), terminamos con el liderazgo de Xi, que experimenta un momento de inflexión global durante la pandemia de la COVID-19. Con una vertiginosa homologación con la media mundial en PIB por habitante (aun así, por debajo del 30% del de Estados Unidos y del 40% del de España). Pero también llegando a ser mucho más que la fábrica del mundo. Pasan a tener autonomía y liderazgo tecnológico, a gestionar la dependencia energética y alimentaria del exterior, y a afrontar la simbiosis galopante entre tecnología y soberanía nacional.
Desde Hu Jintao (2002-2012), en esta tercera etapa, se enfrentan a la contradicción entre el “crecimiento cuantitativo” y el “desarrollo armonioso” (en materia ambiental, de desigualdad y de bienestar social), lo que yo llamo una sociedad decente. Porque en la China actual, la desigualdad social ha alcanzado su máximo, como diagnostica Piketty (el 10% más rico y el 50% más pobre partían de un mismo 25% en 1980, y alcanzan el 40% y el 15%, respectivamente en 2017), algo en cualquier caso compatible con una disminución radical del porcentaje de la población en situación de pobreza extrema.
China está acelerando el desarrollo económico pareciera que con la idea de que antes de redistribuir la riqueza, esta debe generarse, ¿estamos ante un sistema económico socialista, un capitalismo de Estado o, más bien, un sistema híbrido?
En mi análisis, existen diferencias sustanciales entre el capitalismo financiero de EE. UU. (o el nuestro, donde las finanzas controlan al Estado y se maximizan los ingresos no salariales) y el capitalismo de Estado de China (donde el partido-Estado controla las finanzas y se destina a la formación y acumulación de capital un máximo de riqueza). Lo llamo capitalismo de Estado como Samir Amin en 2014 (lo que en 2020 Branco Milanovic denomina capitalismo político).
En el primer caso, tenemos a un Obama obligado a rescatar a Wall Street en 2008 (y hoy tenemos a un Trump que no puede subordinar la Reserva Federal), y mucho menos a Blackrock o Vanguard. En la UE el actual canciller alemán proviene de Blackrock y en España cambiamos la Constitución en 24 horas. Hablo de capitalismo porque en ambos casos el sector privado empresarial ocupa a más del 70% de los trabajadores en China (en España alcanza el 80% según la EPA del INE), con lo que tenemos un 30% de empleo público en China y un 20% en España. En ambos casos, el poder legislativo-ejecutivo está muy condicionado (por las finanzas o por el Partido-Estado), y siempre con la absoluta subordinación de los trabajadores. Ni siquiera en el sector público de estos capitalismos (ya sea financiero o estatal), un sector que no es de mercado, con trabajadores asalariados y la lógica gerencial del capital, nos encontramos ante un sector socialista.
No obstante, mientras, por ejemplo, el coste de la deuda en España representaba en 2023 tanto como el esfuerzo en I+D e infraestructuras (un 3% del PIB) y se destinaba a los acreedores financieros, en China en ausencia de esos extractores pueden duplicar el esfuerzo en estos gastos. Actualmente, con la irrupción de la IA, el big data y la tecnología digital, este capitalismo de Estado puede considerarse más disruptivo (y no menos invasivo de la privacidad) que el capitalismo financiero, ya que en él estos no compiten entre sí (por ejemplo, en el sector tecnológico —IA— o la banca).
¿Crees que permite el modelo chino una mayor autonomía para construir democracias igualitarias y sociedades decentes?
Para contestar a tu pregunta debemos enfrentamos a la diferencia entre crecimiento económico y desarrollo social (“sociedad armoniosa” en el argot chino, y “sociedad decente” para mí). Como acabo de decir el objetivo central del crecimiento económico, mediante el fomento de las fuerzas productivas en el capitalismo de Estado chino, se traduce (además de la reducción de su brecha en PIB per cápita con respecto al promedio mundial) en una formación bruta de capital fijo (privado y público) muy superior a los niveles de las economías capitalistas occidentales de escala similar (EE.UU. o la UE).
Hablamos de porcentajes anuales que representan más del 40 % del PIB en un caso y el 20 % en el otro. El doble en el modelo chino. Esto explicaría por qué allí los ingresos más altos se concentran en los sectores que controlan este capital creciente (público o privado), en detrimento de los ingresos de los muchos que dependen del consumo público (servicios públicos) o privado. Con lo que a la postre en los dos modelos de capitalismo (estatal o financiero), una cosa (el crecimiento) no garantiza la otra (el desarrollo social). Porque o bien una buena parte del PIB se destina al uno por ciento, o bien a la acelerada acumulación de capital.
Así pues, los salarios directos se gestionan a la baja (con una alta desigualdad personal y una territorial aún mayor), los salarios indirectos están controlados y limitados por el Estado (salud, educación, dependencia, vivienda), los salarios diferidos (sistema público de pensiones) también son escasos y los derechos de las generaciones futuras están infravalorados (medio ambiente, endeudamiento). En ambos casos se impulsan desigualdades crecientes que impiden la existencia de una democracia efectiva basada en la igualdad (ni dentro ni fuera de la empresa).
Además, en sus relaciones comerciales con el mundo exterior (con subordinación militar en un caso y subordinación blanda en el otro), ambos modelos impulsan una igualación global a la baja en derechos que nos aleja del avance hacia una sociedad decente a escala global.
¿Cuál es tu opinión sobre la sostenibilidad ambiental en estos dos modelos de capitalismo…?
En el dilema entre el negacionismo climático trumpista de un imperio en decadencia y el crecentismo de China, creo que debemos apostar por un menor crecimiento con un mayor desarrollo (también ambiental) en ambos casos. Pero sin nunca olvidar que, en las emisiones totales acumuladas por habitante entre 1850 y 2024 (que son las que causan el colapso climático actual), las de Estados Unidos son cinco veces mayores que las de China.
Esto, como criterio de gestión, obligaría a una disminución de la huella ecológica en el Norte (y de su consumismo) convergiendo por ejemplo hacia la media de Portugal, como ya se decía en el informe Meadows de los años 70, y por tanto descartando la media actual del Norte como posible para el Sur global. Tampoco para China, cuyo principal vector de consumo actual y a medio plazo sigue siendo los hidrocarburos, muchos de ellos importados. Por eso, el modelo de movilidad chino (automóvil, aéreo, marítimo, etc.) no puede imitar al occidental, ya que colapsaría los mercados de hidrocarburos y de materiales críticos (para baterías y energía fotovoltaica), lo que aceleraría aún más la crisis climática… o implicaría un enorme crecimiento del parque nuclear, con los consiguientes riesgos ambientales que heredarían las generaciones futuras.
¿Cómo opera la circulación de capital en estos dos modelos?
En cuanto a la circulación de capital (entradas o salidas), lo primero que hay que destacar es que China cuenta con una capacidad de ahorro que le permite no tener que financiar su deuda pública con recurso al exterior, mientras que es un crucial comprador de deuda estadounidense. En el caso de las inversiones en compras o acciones de empresas hasta el año 2000, eran principalmente receptores. Pero en sectores no estratégicos, en operaciones controladas, casi siempre con condiciones diseñadas (empresas conjuntas, transferencias de tecnología, etc.) para obtener capital industrial. Porque su Comisión Estatal de Supervisión y Gestión de Activos establece siete sectores estratégicos en los que el Estado debe tener control absoluto: armamento, carbón, petróleo, generación y distribución de energía, navegación, aviación y telecomunicaciones.
Es cierto que en los últimos veinte años ha aumentado el número de salidas de capital chino que, en ocasiones, han encontrado barreras de entrada en sectores estratégicos (UNOCAL o Rio Tinto en EE. UU. Aixtron en Alemania o recientemente en Nexperia en Países Bajos). No en sectores alimentarios o industriales no estratégicos. Pero siempre en el capitalismo de Estado chino la circulación de capital es controlada (especialmente las entradas a corto plazo e inestables), cosa que no sucede en nuestro modelo.
China suele ser muy celosa de su no dependencia del mundo exterior, y cuando no le queda más remedio que aceptarla (en energía, alimentación, etc.), intenta asegurarla con inversiones en infraestructuras en los países proveedores (de ahí la Iniciativa de la Franja y la Ruta), o bien atarla con el argumento de ser un cliente gigantesco y buen pagador.
¿Cuál es el grado de dependencia y competencia entre ambos modelos de capitalismo?
En mi libro recuerdo los cinco ejes que definen la dependencia o subordinación entre países según analizó en su día Samir Amin: la tecnología, las finanzas, los recursos naturales, las comunicaciones y las armas de destrucción masiva. Dentro de este marco de análisis, y como ya Ernest Mandel predijo en la década de 1970, lo más probable es desembocar en una “competencia Inter imperialista entre unas pocas superpotencias”. Algo que para Mandel sería más probable en la medida en que los sistemas financieros de esas dos superpotencias —como es el caso hoy entre Estados Unidos y China— fueran independientes.
Sabemos que China nunca ha renunciado al control estatal de las finanzas ni de los recursos naturales, mientras ha estado construyendo su no dependencia en tecnología y comunicaciones, áreas que hoy son inseparables de las armas de destrucción masiva (con un arsenal nuclear disuasorio) y de la IA, en relación al imperio estadounidense/OTAN.
En el caso de los financieros, como anota Dani Rodrik, China practica la “intervención en el mercado cambiario y en los flujos de capital a corto plazo”, lo que le permite mantener un tipo de cambio estable del yuan frente al dólar (algo que no estamos logrando en la eurozona). Por lo tanto, no asumen una devaluación competitiva del dólar como pretende Trump, y como está sucediendo con la UE. También evitan la dependencia de ser gigantescos tenedores de bonos norteamericanos (con creciente riesgo de impago o depreciación) al deshacerse de buena parte de ellos en los últimos años (siendo el sistema financiero de la eurozona el que los está reemplazando).
Y en el sector de las TIC, la IA, el big data, etc., su independencia pasa por barreras de seguridad en el software y evitar las aplicaciones GAFAM, e incluso últimamente (en el caso de Nvidia-Intel-EE. UU.) por no adquirir hardware que pudiera ponerlos en riesgo de vulnerabilidad estratégica (industrial o de seguridad).
En resumen, que si a Estados Unidos no le sirve otro papel mundial que el de ser única superpotencia hegemónica, la China actual es demasiado grande, competitiva y celosa de su autonomía para dejarse subordinar. Podríamos decir que Estados Unidos querría hacer de China otro Japón subordinado, algo que es imposible.
En este escenario, ¿sería posible que la Unión Europea se posicionase como tercer agente global?
Frente a la globalización proteccionista de Trump, China practica una globalización de libre comercio que le permite seguir creciendo con la oferta y la demanda externa (sin importarle las políticas internas de sus socios). Porque su demanda interna (salarios directos y sociales) sigue bloqueada por la enorme contribución a la FBCF. Creo que este es un eje claro en la actual competencia Inter imperialista.
Es cierto que la UE tiene una dimensión suficiente para ser un tercer agente global, pero su lógica confederal y no federal le impide actuar como tal. Y los conflictos en Ucrania-Rusia o Israel-Gaza-Irán vemos que constatan el pobre papel que la UE actual desempeña, más allá del ámbito comercial en un mundo bipolar. Y porque —aún en lo comercial— las dos globalizaciones del Pacífico no priorizan ni el medio ambiente, ni el trabajo decente, ni los servicios públicos o el salario social en el diseño de un sistema arancelario decente. Para así impedir la igualación a la baja que favorecen a las dos globalizaciones mencionadas. Además, en esta parte del mundo, abandonamos los servicios (digitales, IA) al control absoluto de las GAFAM.
En consecuencia, en la última cumbre de la OTAN y en los acuerdos comerciales UE/EE. UU. no se dibuja una Unión Federal Europea soberana en el mundo con un Parlamento sólido. Apenas el mantenimiento de una confederación posdemocrática al servicio de los grupos financieros globales de esta parte del mundo. En los cinco ejes de Samir Amin (militar, digital, energético, financiero, armas, recursos) fracasamos. Porque no asumimos ser un tercer polo en el contexto de la actual bipolaridad entre EE. UU. y China. Nos sumamos como un apéndice subordinado al capitalismo financiero global (Vanguard Group, Blackrock, GAFAM) y a la sociedad de mercado pilotada por Estados Unidos.
A lo largo de tu libro se comprueba la lejanía de esos dos capitalismos respecto a la construcción de una sociedad decente; si una sociedad socialista es imposible sin democracia y pluralismo político ¿es posible que China avance hacia esos dos horizontes?
De entrada, reitero que el sector público del capitalismo (ya sea financiero o estatal) (que puede ser decente y no mercantil, pero siempre con trabajadores asalariados y la lógica del capital) no tiene nada que ver con un sector socialista.
Sobra con decir que la transición de una sociedad decente (con necesidades preferentes no cubiertas a través del mercado) a una sociedad socialista implicaría una reducción radical de la jornada laboral y una renta básica universal que desalarice el trabajo, además de una socialización cooperativa del capital en la línea de las propuestas de John Rawls o de Thomas Piketty. En otras palabras, mientras que una sociedad decente implica modificar la distribución de la riqueza y los límites del mercado, una sociedad socialista supone cambiar la producción de riqueza y que el trabajo deje de ser una mercancía más. Sobre todo, esto incluí en mi libro un apéndice final titulado Capitalismo, socialismo, democracia.
Por eso los líderes chinos asumen la necesidad de una etapa muy larga (quizás cien años) antes de lo que sería la etapa socialista; para Mao ya en 1963, “el socialismo sería imposible durante décadas e incluso siglos”, y para Deng, la etapa primaria previa (sociedad harmoniosa) sería muy prolongada y podría durar cien años. Deng llegó a decir que “alcanzaremos el socialismo dando un largo rodeo a través del capitalismo”. Aunque creo que con un creciente deterioro democrático y de la igualdad social se puede perder fácilmente ese norte.
¿El acelerado proceso de crecimiento económico chino sugiere alguna lección para el caso de España o la Unión Europea?
Como afirmó en 2018 Dani Rodrick, un autor nada sospechoso de marxismo o izquierdismo:, “China lo ha hecho extremadamente bien con una heterodoxa combinación entre las fuerzas de mercado y el dirigismo estatal. Han reformado la gestión de su economía, pero siempre a su ritmo. Creo que el resto del mundo no tiene mucho que enseñar a los chinos sobre cómo deben gestionar su economía. Y tampoco hay razones por las cuales los líderes chinos deberían escuchar esos ‘consejos’”.
Por eso creo que España, o el conjunto de la Unión Europea, debiéramos tomar buena nota de la conveniencia de, al menos, tener un control público sobre las finanzas y sobre los recursos energéticos. Y no dejarlos en manos de corporaciones privadas. Para no ser una sociedad desorientada y en decadencia.
Sin embargo, para avanzar hacia una sociedad decente creo que debieran ser ellos los que tomasen nota de nuestra actual cobertura —aunque sea insuficiente en muchos casos— de las necesidades básicas: educativas, sanitarias, dependencia, vivienda, desempleo, jubilación.
Artículo original publicado en jacobinlat por Luciana Ghiotto. Attac Argentina
El segundo gobierno de Donald Trump parece haber modificado el tablero del comercio global. La administración trumpista puso el foco en el libre comercio porque lo entiende como una práctica que ha dañado la hegemonía de Estados Unidos al generar desbalances comerciales con sus socios (especialmente China). Desde esa perspectiva, los altos aranceles podrían ayudar a recuperar parte del poderío industrial y económico perdido con la globalización. «La palabra más bonita del diccionario es arancel», decía Trump en 2024, y desde su asunción en enero hemos entendido que no estaba exagerando.
En este artículo nos proponemos examinar las políticas arancelarias de Trump desde una perspectiva crítica, trascendiendo las interpretaciones predominantes que las presentan como una ruptura radical con el orden económico global previo. Nuestra investigación se estructura en torno a tres objetivos fundamentales. Primero, desarrollar un análisis riguroso sobre la naturaleza, alcance e historicidad de las transformaciones generadas por las políticas arancelarias trumpistas, situándolas en la trayectoria más amplia de las relaciones entre Estado y capital en el capitalismo contemporáneo.
Segundo, problematizar críticamente la concepción dominante del «libre comercio», interrogando si las políticas proteccionistas actuales representan una verdadera ruptura con el paradigma librecambista o si constituyen, más bien, una reconfiguración de los mecanismos de acumulación dentro de la misma lógica sistémica. Tercero, examinar las implicaciones de estas transformaciones para los movimientos sociales que han articulado sus estrategias en torno a la crítica del libre comercio durante las últimas tres décadas, evaluando los desafíos que este nuevo escenario plantea para sus marcos interpretativos y prácticas políticas.
Sostenemos que una lectura crítica del momento actual resulta fundamental para repensar las estrategias de los movimientos sociales, particularmente en lo que respecta a su relación con los Estados nacionales y a las formas de construir solidaridades transnacionales efectivas. Las transformaciones en curso exigen reconsiderar tanto los sujetos políticos protagonistas de las resistencias como las escalas en que estas deben articularse para confrontar un sistema cuyas contradicciones se manifiestan simultáneamente en múltiples niveles.
Rupturas y continuidades en el modelo económico estadounidense
Las políticas proteccionistas de Trump no son una anomalía histórica sino un retorno a estrategias fundamentales en la construcción de Estados Unidos como potencia industrial. Contrariamente a la narrativa liberal dominante, este país desarrolló su economía bajo un intenso proteccionismo durante el siglo XIX, con aranceles que superaban el 40% hasta la Segunda Guerra Mundial. Lejos de representar una «desviación» del libre comercio, esta medida era una herramienta para gestionar asimetrías de poder económico, permitiendo a las potencias emergentes acumular capacidad industrial antes de competir globalmente. La Gran Depresión de 1930 intensificó el proteccionismo con la ley Smoot-Hawley, que elevó aranceles a niveles históricos. Esta crisis representó más que una recesión económica: fue una crisis orgánica del capitalismo donde el proteccionismo funcionó como mecanismo de emergencia para contener el cataclismo dentro de las fronteras nacionales y facilitar la reestructuración de las relaciones capital-trabajo.
El New Deal de Roosevelt supuso la masiva intervención estatal, con inversiones en infraestructura, subsidios industriales y regulación financiera, mientras la Segunda Guerra Mundial justificó una planificación económica centralizada que consolidó el complejo militar-industrial estadounidense. Tras la guerra, el capital de base estadounidense se internacionalizó, lentamente, pero sin pausa. La reconstrucción de Europa y su proceso de integración regional con la nueva Comunidad Europea promovió el aumento de la inversión extranjera directa a ese territorio. En ese mismo periodo se crearon en México las primeras maquiladoras con capital estadounidense, cuando en 1965 el gobierno mexicano implementó el Programa de Industrialización Fronteriza. Para 1970 ya existían 132 maquiladoras en la zona de frontera con Estados Unidos.
Paralelamente, durante estos años aumentaron las protestas sindicales en los países industrializados (con eventos como Mayo Francés y el Otoño Caliente italiano), expresando la insubordinación obrera a los dictados del capital y contribuyendo a la caída de la tasa de ganancia a principios de los años setenta. A este proceso deben añadirse también los procesos de lucha en América Latina, como el Cordobazo argentino, las huelgas del ABC paulista o la masacre estudiantil de Tlatelolco, todo en el contexto de la revolución cubana como horizonte de posibilidad de cambio sistémico.
La liberalización comercial se intensificó con la Ronda Kennedy del GATT (1964-1967), que incluyó no solo aranceles sino también barreras no arancelarias, expandiendo el ámbito regulatorio para satisfacer las necesidades de un capital que se volvía lentamente transnacional. Esta trayectoria culminó con la Ronda Uruguay (1986-1994) y la creación de la Organización Mundial del Comercio (OMC), que extendió radicalmente el alcance regulatorio a áreas como la propiedad intelectual, las inversiones extranjeras, los servicios y las compras gubernamentales.
En este proceso, Estados Unidos actuó como arquitecto principal, impulsando la liberalización en sectores en los que sus corporaciones tenían ventajas (servicios, propiedad intelectual, finanzas) mientras preservaba protecciones en áreas sensibles (agricultura, textiles, acero). Esta estrategia dual —«haz lo que digo, no lo que hago»— permitió al país norteamericano posicionarse como un defensor del libre comercio mientras mantenía elementos proteccionistas en su política doméstica, tales como subsidios encubiertos, compras gubernamentales discriminatorias y medidas antidumping.
Navegando esta dualidad, Estados Unidos se posicionó como el principal defensor y promotor del discurso y la práctica del libre comercio a escala global. Los distintos gobiernos emplearon su influencia diplomática, económica y militar para impulsar la liberalización en aquellos sectores donde sus corporaciones mantenían ventajas competitivas. La transformación del GATT en OMC y la expansión cualitativa del ámbito regulatorio que esto implicó respondió fundamentalmente a esta agenda impulsada por Estados Unidos y sus corporaciones transnacionales, que buscaban instrumentos jurídicos más fuertes para garantizar condiciones favorables para la penetración en los nuevos mercados.
La globalización como reestructuración cualitativa
Siguiendo esta línea, los años noventa no representaron el «nacimiento» de la globalización, sino una nueva disposición de las relaciones entre los Estados nacionales y el mercado mundial, caracterizada por la expansión geográfica de las relaciones capitalistas, el aumento de la inversión extranjera directa y la incorporación de nuevos territorios a los circuitos globales de acumulación. Este periodo no significó una ruptura absoluta con el pasado, sino que expresó una reconfiguración de las relaciones sociales capitalistas en respuesta a las contradicciones de los Estados de bienestar keynesianos.
El desplome soviético y la apertura china ofrecieron al capital acceso a vastos territorios con mano de obra barata, nuevos mercados y recursos estratégicos. Estos espacios ofrecían múltiples ventajas: enormes reservas de fuerza de trabajo disciplinada y de bajo costo, mercados potenciales para la venta de productos y servicios, oportunidades para inversiones de capital fijo en infraestructura, y acceso a recursos naturales estratégicos. Los capitales estadounidenses respondieron a estas transformaciones implementando una serie de estrategias de instalación en los nuevos territorios incorporados al mercado global. En China, adoptaron principalmente la forma de inversión productiva directa en sectores manufactureros intensivos en trabajo, instalando plantas en las Zonas Económicas Especiales.
Esta expansión geográfica de las empresas estadounidenses (y europeas) implicó la transformación cualitativa en la organización del capitalismo global. Facilitó la conformación de un entramado productivo transnacional que profundizaba el proceso de relocalización industrial iniciado en los años sesenta. Las cadenas globales de valor emergieron como la forma organizativa dominante, permitiendo a las corporaciones transnacionales fragmentar los procesos productivos y distribuirlos a través de múltiples territorios para maximizar las ventajas comparativas de cada territorio.
Este proceso económico tuvo su reflejo en un entramado jurídico específico, una nueva «arquitectura jurídica de la impunidad» para las corporaciones, al decir de Juan Hernández Zubizarreta. Esta arquitectura, compuesta por un conjunto de instituciones y tratados internacionales, generó una asimetría normativa articulada en torno a una idea básica: proteger a toda costa los negocios de las multinacionales mediante un ordenamiento jurídico internacional fundamentado en las reglas del comercio y la inversión.
Se conformó, entonces, una lex mercatoria compuesta por miles de normas: contratos de explotación y comercialización, tratados comerciales bilaterales y regionales, acuerdos de protección de las inversiones, políticas de ajuste y préstamos condicionados, laudos arbitrales, etc. Un derecho duro (hard law) (coercitivo y sancionador) que protege con fuerza los intereses empresariales. Y a este entramado se sumó también la creación, en 1995, de la Organización Mundial del Comercio (OMC), institución que reúne los objetivos del libre mercado y los vuelve regla para todos los Estados.
En definitiva, la globalización no está determinada solamente por la integración económica (aunque se trata de un elemento central) ni por las innovaciones tecnológicas (esenciales para la internacionalización) ni por el nuevo entramado jurídico (clave para otorgar seguridad a la propiedad privada). Todo esto define a la globalización, marcando una fase específica de la lucha entre capital y trabajo donde el capital buscó recomponer su dominación frente a las luchas obreras de los años sesenta que habían encarecido el precio del trabajo y reducido la ganancia.
Asimismo, todas las economías que se habían mantenido semicerradas en la posguerra, durante los Estados de bienestar, fueron conectadas en el mercado global. Ya no habría más lugar para economías nacionales autonomizadas, sino que se imponía ahora la regla del mercado. La globalización, entonces, representa una estrategia ofensiva del capital para escapar de las restricciones nacionales y disciplinar a la clase trabajadora mediante la amenaza constante de relocalización y precarización. La movilidad global del capital y la desregulación financiera que caracterizan esta etapa no son más que expresiones de la crisis de la forma tradicional de dominación capitalista y su intento desesperado por restaurar la rentabilidad.
¿Trump contra el libre comercio?
La política económica de la administración Trump marcó un quiebre significativo con el consenso bipartidista «globalizador» y en favor del libre comercio que dominó la política estadounidense durante cuatro décadas. Este «neoproteccionismo» representa una forma explícita de intervención estatal que defiende selectivamente a empresas con base en Estados Unidos ofreciéndoles protección contra los competidores extranjeros. Esto revela la verdadera naturaleza del proyecto económico trumpista: no un rechazo al neoliberalismo ni al libre comercio en sí mismos, sino una reconfiguración de las relaciones entre el Estado, las corporaciones y el mercado mundial, desarrollando un nacionalismo económico con fuerte impacto en la base electoral.
Los partidos Demócrata y Republicano habían convergido en su apoyo a políticas de libre comercio, desde el TLCAN bajo Clinton hasta el TPP con Obama. Trump rompió con esta tradición, calificando al TLCAN como «el peor tratado de la historia» y forzando su renegociación entre 2017 y 2018. Hay que reconocer que Trump no estaba tan errado: el TLCAN redujo empleos en sectores industriales clave de Estados Unidos, particularmente en estados del llamado «cinturón del óxido». Se estiman pérdidas de alrededor de 700 000 puestos de trabajo estadounidenses como resultado directo del acuerdo. Este fenómeno evidencia las contradicciones inherentes a la internacionalización del capital, donde la promesa de prosperidad generalizada chocó con la realidad de una redistribución desigual de costos y beneficios.
En su primer gobierno, Trump redobló la apuesta contra las instituciones del libre comercio. En 2017 boicoteó el Órgano de Solución de Diferencias de la OMC y retiró a Estados Unidos del TPP. A su vez, impuso aranceles a China, México, Canadá y la Unión Europea, e inició una guerra comercial con China desde 2018. El demócrata Joe Biden no modificó los aranceles impuestos por Trump, sino que los mantuvo y profundizó con iniciativas como la Ley de Reducción de la Inflación, la Ley de Chips y Ciencia, y políticas de Buy American, consolidando un nuevo enfoque proteccionista bipartidista.
El proteccionismo de Trump recupera una forma explícita de intervención estatal a favor de empresas con base administrativa en Estados Unidos, cobijándolas de la competencia internacional. Literalmente, los aranceles impuestos actúan como una coraza protectora, un escudo para amplios segmentos del capital estadounidense que habían perdido ventajas competitivas frente a rivales internacionales, especialmente empresas chinas. El objetivo de las políticas de Trump es, reforzar el poder de las corporaciones estadounidenses, no limitarlo.
Asimismo, este proteccionismo es selectivo: mientras defiende sectores industriales tradicionales, desregula el sector financiero y reduce impuestos al gran capital. Implementa altos aranceles para lograr un efecto positivo en sectores manufactureros tradicionales, pero simultáneamente ejecuta una agenda de desregulación financiera que desmantela el andamiaje regulatorio construido tras la crisis de 2008. En 2018, el gobierno de Trump terminó con la Ley Dodd-Frank que había sido aprobada en 2010 para reforzar las exigencias de capital de respaldo a los bancos, obligándolos a llevar a cabo test de resistencia anuales para mostrar su fortaleza y prohibía a las instituciones financieras dedicarse a actividades de alto riesgo con el dinero de sus clientes.
Por otra parte, la Ley de Recortes de Impuestos y Empleos (Tax Cuts and Jobs Act) de 2017 representó la mayor reforma fiscal en tres décadas y constituyó el logro legislativo más significativo del primer mandato de Trump. La pieza central de esta legislación fue la dramática reducción del impuesto federal sobre la renta corporativa del 35% al 21%, un recorte sin precedentes que transformó el panorama tributario empresarial estadounidense. Los legisladores republicanos argumentaron que un entorno fiscal más favorable incentivaría a las empresas a expandir sus operaciones en Estados Unidos y las haría más competitivas en el mercado global.
La drástica reducción del impuesto corporativo reveló una profunda contradicción en el núcleo de la política económica trumpista: mientras se implementaban aranceles y restricciones comerciales bajo el discurso de proteger a los trabajadores estadounidenses, se otorgaban enormes beneficios fiscales a las mismas corporaciones multinacionales que habían relocalizado empleo durante décadas. Esta contradicción aparente revela la verdadera naturaleza del proyecto: no se trata de un retorno al proteccionismo integral del siglo XIX o del período de sustitución de importaciones, sino de una reconfiguración del rol estatal dentro del capitalismo globalizado para defender selectivamente ciertos sectores mientras se mantienen y profundizan las ventajas para el capital financiero y las grandes corporaciones.
Lo que Trump consiguió fue sincerar la relación entre Estado y capital corporativo: abandonó la pretensión neoliberal de separación entre ambos, reconociendo de manera explícita que el poder estatal sigue siendo esencial para garantizar la rentabilidad del capital estadounidense en un contexto de creciente competencia internacional. El proteccionismo trumpista, en este sentido, no es una limitación del capitalismo estadounidense sino un intento de salvarlo de su crisis de rentabilidad y pérdida de ventajas competitivas, utilizando el poder estatal como escudo para preservar posiciones privilegiadas que ya no podían sostenerse mediante la pura competencia en los mercados globales.
La contradicción fundamental del proyecto económico de Trump radica en querer capturar los beneficios de la globalización (ganancias extraordinarias, dominio tecnológico, influencia geopolítica) mientras rechaza sus consecuencias inevitables: la relocalización productiva y los impactos negativos sobre el mercado laboral doméstico. El gobierno pretende reconciliar el nacionalismo económico del siglo XX con la realidad de corporaciones cuyo poder deriva precisamente de su capacidad para operar más allá de las fronteras nacionales. Esta tensión revela que el America First económico no puede materializarse mediante un simple retorno de la producción, sino que requiere una transformación radical de las lógicas de acumulación global que estas mismas corporaciones han construido durante décadas y de las cuales depende actualmente su posición dominante en la economía mundial.
Más allá del dilema: los movimientos anti-TLC en la encrucijada trumpista
Las organizaciones sociales que tradicionalmente se han opuesto a los TLC desde una crítica al neoliberalismo ahora enfrentan un dilema: oponerse frontalmente a las políticas comerciales de Trump podría interpretarse como una defensa implícita del statu quo neoliberal; apoyarlas significaría legitimar un proyecto que, aunque nombradamente contrario al libre comercio, está diseñado para fortalecer el poder del capital estadounidense sin cuestionar las relaciones sociales de explotación y desigualdad que le subyacen.
Pero Trump se ha apropiado de la retórica anti libre comercio desde un foco diferente a las campañas contra los tratados. Es cierto que algunos puntos de su argumento son similares: la crítica a la relocalización productiva, los impactos de los TLC sobre los trabajadores, la oposición a acuerdos como el TPP y las críticas del TLCAN y la OMC. Pero esto lo hace principalmente desde una matriz nacionalista-corporativa que no cuestiona las asimetrías fundamentales del orden económico global ni incorpora demandas de justicia ambiental o laboral internacional. Por el contrario, lo que Trump reivindica es un nacionalismo económico excluyente: su objetivo no es rediscutir el rol de las corporaciones estadounidenses, sino hacerlas nuevamente fuertes. Antes que «Make America Great Again», «Make US Corporations Great Again».
Esta situación revela una crisis más profunda en los marcos interpretativos tradicionales que planteaban «libre comercio vs. proteccionismo». Se evidencia ahora la necesidad de desarrollar un análisis más sofisticado que juegue en dos niveles: por un lado, una crítica del neoliberalismo y del libre comercio, pero, por otro, una crítica radical basada en el entendimiento de cómo funciona el capitalismo en su conjunto, y cómo el tema de comercio se entreteje con los temas financieros, ambientales, digitales, productivos, etc.
Lo que el trumpismo ha puesto en crisis es la mirada centrada en el nacionalismo económico que muchos movimientos sociales han sostenido desde los años noventa, cuando el foco era la crítica al neoliberalismo. La reivindicación de la centralidad del Estado y su capacidad regulatoria se convirtió en el eje articulador de proyectos progresistas que buscaban recuperar espacios de autonomía para las políticas públicas nacionales frente al avance de la globalización neoliberal. Sin embargo, esta estrategia política ha encontrado su límite en la profunda transformación estructural que el capitalismo global ha experimentado.
El problema fundamental es que estas políticas centradas en la recuperación de la soberanía económica nacional chocan inevitablemente contra la realidad de una interconexión económica global que ha reconfigurado las bases materiales de reproducción social. El neoliberalismo no fue simplemente un conjunto de políticas reversibles mediante la voluntad estatal, sino un proceso de reorganización profunda de las relaciones de producción a escala planetaria. Las economías nacionales fueron orgánicamente integradas en cadenas globales de valor, circuitos financieros transnacionales y redes tecnológicas que reducen drásticamente el margen de maniobra para experimentos económicos autonomizados.
En este contexto, los movimientos sociales que se oponen a los tratados de libre comercio enfrentan varios desafíos. La superación del nacionalismo metodológico constituye quizás el más importante y urgente, en tanto implica trascender una visión que ha estructurado tanto el análisis como la praxis política de numerosos movimientos populares durante décadas: la centralidad incuestionada del Estado-nación como articulador del horizonte utópico y como contenedor natural de los procesos sociales.
Esto no es meramente una cuestión ideológica ni un enamoramiento con los debates históricos dentro de las izquierdas sobre el rol del Estado en los procesos emancipatorios. La crisis de este enfoque refleja las transformaciones estructurales en el capitalismo. Frente a esta realidad, la reivindicación de la soberanía económica nacional como horizonte estratégico principal resulta insuficiente. Sin embargo, reconocer los límites del nacionalismo metodológico tampoco implica abrazar un internacionalismo abstracto que ignore las asimetrías de poder entre naciones y regiones, o que desconozca la importancia que los espacios nacional-estatales siguen teniendo como terrenos de disputa política. Se trata, más bien, de desarrollar perspectivas analíticas y estrategias políticas que puedan operar simultáneamente en múltiples escalas.
Desde los años noventa, el foco político puesto en los tratados de libre comercio ha permitido visibilizar los mecanismos concretos mediante los cuales el poder corporativo transnacional se institucionalizaba y expandía. La creación de alianzas transnacionales efectivas que superen las tentaciones del nacionalismo económico sin diluir las especificidades de cada contexto constituye otro reto significativo. Hoy, la solidaridad internacional requiere la identificación de la contradicción fundamental del capitalismo contemporáneo (la cual a menudo queda invisibilizada en los análisis políticos convencionales). Efectivamente, el libre comercio no es simplemente un conjunto de políticas erróneas, sino un mecanismo estructural que produce necesariamente sectores «sacrificables» cuya exclusión y precarización no es un efecto colateral, sino una condición constitutiva del modelo de acumulación global. Esta expulsión no podría corregirse mediante mejores políticas públicas dentro del mismo marco, sino que se ha vuelto una necesidad estructural del sistema.
Las comunidades afectadas por el extractivismo minero y petrolero constituyen los territorios que deben ser despojados para alimentar las cadenas globales de producción y consumo. Su desplazamiento y la destrucción de sus formas de vida no son «daños colaterales» sino requisitos operativos de la acumulación por desposesión que caracteriza al capitalismo contemporáneo. Del mismo modo, los trabajadores informales y autónomos que proliferan en las economías periféricas representan la materialización de un proceso donde el trabajo formal, regulado y con derechos laborales se convierte en una excepción histórica, no en la norma. La economía global requiere esta masa creciente de trabajo precarizado, disponible y desprovisto de protecciones sociales para mantener las tasas de ganancia.
Esta comprensión tiene efectos profundos sobre la construcción de solidaridades políticas. Significa que los movimientos sociales deben centrar su atención precisamente en estos sectores cuya opresión es constitutiva del sistema, no accidental. Las comunidades despojadas por el extractivismo, los trabajadores informalizados, los migrantes precarizados, las comunidades indígenas y campesinas amenazadas por megaproyectos: todos ellos expresan, en sus luchas concretas, las contradicciones fundamentales que el sistema no puede resolver mediante reformas parciales.
La solidaridad política debe construirse, entonces, no a partir de la promesa ilusoria de una inclusión plena en el capitalismo global, sino desde el reconocimiento de que la emancipación de estos sectores requiere necesariamente trascender la lógica misma del sistema que los sacrifica. La tarea, en síntesis, es transitar de una crítica al neoliberalismo hacia una crítica integral al capitalismo, comprendiendo que el libre comercio no es simplemente una «política equivocada» sino una expresión orgánica de las tendencias expansivas inherentes al capital como relación social.
La pregunta que se abre entonces es: ¿puede el movimiento trascender la dicotomía libre comercio/proteccionismo? ¿Es posible desarrollar una praxis internacionalista que reconozca los límites estructurales del nacionalismo económico sin caer en la resignación ante el poder del capital global? Esta crítica más profunda no implica abandonar la lucha contra los tratados de libre comercio, sino recontextualizarla en una comprensión más profunda de las dinámicas del capitalismo contemporáneo y en un proyecto de transformación radical que abarque simultáneamente las múltiples dimensiones de la dominación capitalista.
Una perspectiva integrada abriría posibilidades para una praxis más efectiva. No basta con oponerse a acuerdos específicos; es necesario construir modelos alternativos de relaciones económicas internacionales que cuestionen la propia lógica capitalista. Esto hará posible tender puentes entre distintos niveles de análisis, conectando las críticas a las cláusulas específicas de los TLC con cuestionamientos más profundos al sistema capitalista, al tiempo que permitirá ir más allá de los debates reduccionistas entre «nacionalismo económico» versus «globalismo neoliberal», reconociendo que ambos operan dentro de la misma lógica sistémica.
Fotografía: La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante el escrache sufrido en la UCM. EP/Archivo.
Artículo original publicado en elprural.com por Eva Aladro Vico
Desde hace más de treinta años, en que en la Comunidad de Madrid gobierna la derecha del PP, se ha producido una muerte lenta en la Educación y la Sanidad Públicas. La situación en la Enseñanza Universitaria Pública ha empeorado con los gobiernos de Esperanza Aguirre y especialmente de Isabel Díaz Ayuso, cuya estrategia supone unaverdadera eutanasia de los servicios públicos de la Educación Universitaria. Díaz Ayuso emplea desde 2019 una doble tenaza mortífera con la universidad pública, basada en dos eutanasias, activa y pasiva, que los lectores reconocerán en seguida.
Con los sucesivos gobiernos del PP en Comunidad de Madrid, las universidades han perdido ni más ni menos que un 40% de su poder adquisitivo. Desde la crisis mundial de 2007, en que los presupuestos públicos se hundieron en todas las instituciones, la Comunidad de Madrid sólo ha recuperado un 5% de incremento sobre los fondosque se destinan a las 6 universidades de Madrid. En su Gobierno se jactan ruidosamente de esta subida, pero si tenemos en cuenta la inflación en estos casi 20 años desde aquella crisis, que supera el 45%, entonces en realidad lo que se ha hecho es mermar los fondos destinados a la universidad pública. Al mismo tiempo, en los últimos 6 años se han creado y consolidado, a pesar de informes académicos negativos, hasta 16 universidades privadas.
Esta es la eutanasia pasiva que Díaz Ayuso ha aplicado, cada vez con mayor crudeza, a la universidad pública madrileña. En 2024 los rectores de los 6 centros públicos solicitaron un mínimo de 200 millones de euros para poder salir a flote en una universidad debilitada por décadas de infrafinanciación. La respuesta fueron 60 millones de euros, una cuarta parte de lo que los 6 académicos pedían en nombre de sus comunidades investigadoras y docentes. Díaz Ayuso pretendía subir los presupuestos de las universidades en sólo un 0,5,y los rectores consiguieron unos puntos más, aún insuficientes. Este otoño, se aprueba una “subida” de presupuestos de un 6% que, compensada con la inflación, se queda en la misma cantidad del año anterior. Recordemos que la economía en la región de Madrid está creciendo a un ritmo del 3%. No hay motivos para aplicar este régimen draconiano. ¿O sí?
El segundo tipo de eutanasia, la activa, está llevando a las universidades a una privatización encubierta que completa la estrategia del Ángel de la Muerte: la misma Ley LESUC que normaliza la infrafinanciación de las universidades -porque legitima que las instituciones madrileñas no cubran más allá del 70% de los presupuestos universitarios anuales- realiza de un modo sutil un cambio radical: ante la situación, las universidades serán fiscalizadas y controladas por un Consejo Asesor Económico nombrado a dedo desde Gobierno CAM, en sus dos terceras partes, con poder, hasta ahora inédito, de censurar o recortar las decisiones de Rectorado en materia de grados, contrataciones, investigación, reglamento. Y aquí viene la Eutanasia activa, la inyección letal a la autonomía económica, académica y política de las universidades. Porque ese Consejo Económico será ocupado por representantes elegidos a dedo desde el gobierno CAM, de las universidades privadas, de empresas con intereses en el sector, y de representantes de otros poderes cercanos al PP, como medios de comunicación, empresas con intereses incluso cercanos a Israel. Así, si la LESUC sale adelante, personajes mediáticos que dirigen medios y son decanos en una universidad privada, tendrán poder decisivo sobre el consejo de gobierno y el rectorado de una universidad pública. Esta es la eutanasia activa de Díaz Ayuso sobre la universidad. Empobrecida y dirigida por la competencia, la universidad será un cadáver exquisito, leña que aprovechar en el negocio privado.
La doble estrategia del Ángel de la muerte, que primero debilita a sus enfermos y después les aplica la mortífera dosis de veneno, es clásica en los gobiernos neoliberales desde hace décadas: primero se estrangulan los servicios públicos, y luego, con un interés oculto, se fiscalizan y tiran por el precipicio con la excusa de que sólo tratan de ayudarlos. Esta estrategia ya ha incorporado sutilmente las herramientas exterminadoras en las universidades públicas, y ya tenemos a las personas encargadas del derribo final metidas en los Consejos Sociales de las universidades, haciendo campaña a favor de la LESUC y filtrando información y bulos a medios interesados en esta operación de triaje.
Sin embargo, las universidades públicas queremos enviar un mensaje a la presidenta de la Comunidad de Madrid: el enfermo está muy fuerte y puede salirle muy cara la película de terror, como en anteriores ocasiones. Las universidades están unidas, en todo su capital intelectual, de investigación, de educación, para luchar contra una Ley que empobrece y que invade la autonomía universitaria. Vamos a luchar en la calle, en los medios, y en los tribunales, en una estrategia de tres puntas. Porque la LESUC es una Ley inconstitucional: incumple el objetivo de financiación de la Ley Orgánica LOSU que establece un 1% de financiación del PIB para las universidades- Pero incumple también la Autonomía política y de gestión de las universidades, al introducir intereses particulares en sus órganos de gestión, provenientes de claras especulaciones en el sector educativo. El conflicto de intereses es obvio, y la inconstitucionalidad de la LESUC también. Y si no, al tiempo. Tenemos muchos especialistas en Derecho para defender este punto.
or último, para nuestra querida Enfermera, tenemos un mensaje de futuro: haciendo este daño a las universidades públicas, hace daño al 75% de los jóvenes madrileños que estudian en ellas. Y con ellos, hace daño a millones de familias madrileñas. Si piensa que los familiares del enfermo eutanasiado sin motivo no van a reaccionar en las urnas, va lista. Las universidades son el corazón de la sociedad, y ésta late con fuerza por ellas.
Artículo original publicado en jubileosur.org por Jubileo Sur Américas
El lunes 13 de octubre, se realizó de manera virtual la Audiencia sobre Agua, Clima y Energía del Tribunal de los Pueblos y de la Naturaleza contra el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM). El Tribunal es una iniciativa de la campaña internacional ¡Alto al FMI-BM! ¡Reparación YA!, lanzada al cumplirse estas instituciones 80 años.
La Audiencia reunió a comunidades, movimientos sociales, organizaciones y especialistas desde Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Haití y Perú, quienes evidenciaron cómo los créditos, condicionamientos y programas de ajuste neoliberal promovidos por estos organismos financieros han generado violaciones de derechos humanos, deterioro ambiental y profundización de las desigualdades sociales. Participaron además los integrantes del Jurado Popular del Tribunal, David Abdulah (Trinidad y Tobago) y Camille Chalmers (Haití), la fiscala Verónica Heredia (Argentina) y por la Secretaría del Tribunal, Beverly Keene (Arg.)
El Tribunal invita a conocer las demandas de justicia presentadas en esta Audiencia, por quienes además destacaron las luchas permanentes por lograr el fin de los daños, la anulación de las deudas generadas y la reparación integral de las comunidades afectadas:
– El papel de la Deuda, el FMI y el Banco Mundial en Ecuador. Alberto Acosta, expresidente de la Asamblea Constituyente de Ecuador (2007-2008) y fiscal de la Audiencia Ecuador del Tribunal de los Pueblos y la Naturaleza (octubre 2024). Presentó un resumen del veredicto de aquella Audiencia, vinculándolo con el paro y levantamiento indígena en curso, ante la exigencia del FMI de aumentar el IVA y suprimir el subsidio al gasoil, y la represión que recrudecía en simultáneo. Entre otras demandas solicitó la intervención del Tribunal en defensa de la Constitución de Montecristi (2008), amenazada por los planes del gobierno de Noboa y la complicidad de estas instituciones financieras internacionales.
– Canje de deuda para apoyar la conservación terrestre y de agua dulce en la Amazonía. Aurora Donoso, cofundadora del Instituto de Estudios Ecologistas del Tercer Mundo e integrante de Acción Ecológica. Denunció esta operación que convierte deuda comercial en bonos de la naturaleza como “una falsa solución que no frena la crisis ecológica ni climática y perpetúa el endeudamiento ilegítimo,” convirtiendo la naturaleza en un activo económico transable en los mercados financieros internacionales y violando los derechos territoriales y culturales de los pueblos, así como su soberanía y autodeterminación.
– Megaproyectos eólicos y la Quilombola do Cumbe, Ceará, Brasil. Andrea Camurça, coordinadora de incidencia política del Instituto Terramar y representante de la Cumbre Nordestina de los Pueblos y de la Red Brasileña de Justicia Ambiental. Presentó la demanda de reparación integral de las comunidades tradicionales, quilombolas y de pescadores artesanales, afectadas por la instalación inconsulta de megagranjas eólicas en sus territorios y denunció el proyecto del Banco Mundial para la expansión de usinas eólicas offshore. “La llamada transición energética funciona en la práctica según una lógica de capitalismo verde -resumió- como una transacción energética guiada por el lucro, la lógica del mercado y ahora también por el poder digital, y no por la justicia climática y la lucha que deberíamos emprender contra las emergencias climáticas.”
– Deuda, Extractivismo y Represión en el Macronorte Perú.Ruth Reyes Pérez, integrante de la Marcha Mundial de las Mujeres Macronorte Perú y fiscala de la Audiencia Cajamarca del Tribunal de los Pueblos y la Naturaleza contra el FMI-BM (noviembre 2024). Resumió las denuncias y el veredicto de aquella Audiencia, reflejados en el tumulto político actual, la demanda de una Asamblea Constituyente y la importancia de fortalecer la administración de justicia comunal por parte de las Rondas Campesinas, haciendo una articulación sólida en el norte del país que pudiera rechazar, bajo sus facultades, las concesiones y operaciones extractivistas en sus territorios, sostenidos por estos organismos internacionales que financian sus deudas.
– Caos planificada, rescate de la independencia y complicidad con el genocidio silencioso en Haití. Camille Chalmers, director ejecutivo de la Plataforma haitiana para un desarrollo alternativo (PAPDA) y también integrante del Jurado Popular del Tribunal. En esta Audiencia presentó las demandas del pueblo haitiano contra Francia, EE.UU., el FMI y el Banco Mundial, en cuanto responsables y continuadores de las políticas neocolonialistas ejemplificadas en la “doble deuda” que Francia impuso en 1825 para “indemnizar” a los esclavistas contra quienes el pueblo haitiano había rebelado exitosamente, generando un mal ejemplo por lo que se buscaba, y se busca, su aislamiento y fracaso y por lo que precisa la solidaridad para lograr la restitución, la reparación y la posibilidad de un desarrollo soberano.
– Privatización del Agua y Saneamiento en el Área Metropolitano de Buenos Aires, Argentina.Silvia Ferreyra y Sergio González,en representación ambes de la campaña NO a la privatización de AySA, y de ¡Fuera Mekorot! y la Autoconvocatoria Deuda y del Foro Hídrico de Lanús/Espacio Intercuencas respectivamente. Denunciaron la violación del derecho humano al agua con los tarifazos, la rebaja de la calidad, cortes de servicio y la no expansión del servicio en los barrios populares que ya se han producidos en la previa de la privatización en curso y que fueron objeto de denodadas luchas en la privatización anterior, ambas veces exigencias del FMI y del BM para supuestamente resolver el problema de la deuda e incorporar capitales frescos que solo llegaron en la forma de más deuda.
– El rol del Banco Mundial en la expansión de los mercados de carbono y las vulneraciones a derechos en Colombia. Johana Peña, de CENSAT-Agua Viva. Denunció el papel central que ha desempeñado este organismo financiero, actuando como arquitecto y financiador de la infraestructura normativa, técnica y financiera que sostiene tanto el mercado voluntario como el regulado, apoyando proyectos como los de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación forestal, REDD+, que “lejos de reducir las emisiones o transformar las causas estructurales de la crisis climática, mercantilizan la naturaleza y profundizan las desigualdades socioambientales en los territorios.”
– El Centro y Fondo Bosques Tropicales Para Siempre (TFFF/TFIF), Ivonne Yanez, integrante de Acción Ecológica (Ecuador) y la Plataforma Latinoamericana y del Caribe por la Justicia Climática. Aunque no pudo ser presentada en vivo, se incorporó a la Audiencia su denuncia de este Fondo cuyo lanzamiento se espera en la COP30 y que será administrado por el Banco Mundial, presentándose como una iniciativa para la conservación de bosques tropicales pero que será otro mecanismo colonial para transferir riqueza del Sur al Norte, siendo diseñado de manera que distrae la atención de las causas subyacentes de la deforestación, profundizando la financierización de los bosques en desmedro de las comunidades indígenas y tradicionales que viven y los cuíden y aumentando tanto la deuda financiera del Sur con el Norte como la deuda ecológica del Norte con el Sur.
Los resultados de esta Audiencia, que formó parte de la Semana Mundial de Acción sobre el FMI y el Banco Mundial, serán compartidos en la Cumbre de los Pueblos hacia la COP30 y otras actividades en Belém do Pará, Brasil, en noviembre, para fortalecer la lucha por la justicia socioecológica y climática, la anulación de las deudas ilegítimas, el fin de estas políticas criminales de las instituciones financieras internacionales y la reparación de los daños. Serán incorporados al proceso global del Tribunal de los Pueblos y la Naturaleza contra el FMI-BM, que construirá su veredicto final sobre lo recabado en todas sus sesiones.
Hace ya tiempo que los fiscalistas acuñaron un término para describir la esencia y las características del Impuesto de Sociedades: el queso gruyère. La metáfora alimentaria resulta evidente: el tributo está lleno de agujeros por los que se va el dinero que no pagan los que deberían hacerlo.
Los últimos datos publicados este pasado miércoles de las cuentas anuales consolidadas del año 2023 —el último disponible— del Impuesto de Sociedades, una estadística exhaustiva en la que se disecciona de forma minuciosa el tributo y que se publica desde el año 2016, confirman, efectivamente, que el queso gruyère sigue en el plato: a pesar de que ha aumentado la recaudación cerca de un 9%, banca y grandes empresas, aquellas con una cifra de negocio superior a los 1.000 millones de euros anuales —en este grupo entran las eléctricas y las energéticas—, siguen tributando muy poco sobre sus beneficios y son las grandes favorecidas del Impuesto de Sociedades.
En el año 2023, Hacienda recaudó 35.198 millones de euros en el Impuesto de Sociedades, con un tipo medio efectivo sobre beneficios para todas las empresas españolas del 12,05% (frente al 25% del gravamen general del impuesto). Sin embargo, en la práctica el reparto es muy desigual: en un momento en el que sus beneficios baten récords, banca y grandes empresas tributan proporcionalmente menos que las pymes. La banca paga solo el 4,26% de sus beneficios y las grandes compañías que más facturan, el 6,97%. Solo las compañías con más de 5.000 empleados tributan de forma parecida: de media, pagan el 4,75% de lo que ganan.
Los agujeros del gruyère se extienden a lo largo de todo el impuesto. Da igual la dimensión de la empresa y su cifra de negocio: las más grandes y más ricas pagan menos, proporcionalmente. Las pequeñas empresas tributan al 18,65% y las medianas al 16,92%. Incluso las empresas sin asalariados tributan por sus beneficios más que la banca, al 9,27%, y más que la media de las empresas con más de 250 empleados, independientemente de su volumen de negocio, que lo hacen al 8,87% de sus beneficios.
Traducido a cifras absolutas, las diferencias se pueden entender mejor. Sirva como ejemplo la banca española: obtuvo unos beneficios en 2023 de 32.394 millones de euros, pero solo pagó 1.379 en el Impuesto de Sociedades, según la propia Agencia Tributaria. Las 283 empresas con un volumen de negocio de más de 1.000 millones de euros pagaron 8.360 después de haber obtenido un beneficio de casi 120.000 millones. Banca y grandes empresas aportaron 9.739 millones a las arcas públicas. Las pymes pagaron de tipo efectivo 21.250 millones de euros con unos beneficios que rondaron los 133.000 millones, aunque es cierto que representan casi el 98% de los declarantes.
Por aportar algo de contexto, las empresas aseguradoras pagaron 1.192 millones de euros, el 16,83% de sus ganancias, tras declarar 7.087 millones de beneficios. Las constructoras tributaron el 14,06% de los 35.233 millones que ganaron en 2023.
Sobre el papel el Impuesto de Sociedades está concebido para recaudar más: el tipo impositivo está fijado por ley en el 25% con carácter general y en 30% en el caso de la banca y las energéticas. Es más, en los últimas cuentas consolidadas del tributo la banca tributa sobre su base imponible —el importe de la renta obtenida en el período impositivo por el contribuyente— un 22,94% y las empresas de más de 1.000 millones, un 20,76%. Sin embargo, a la hora de pagar, la factura se reduce de manera considerable.
¿Por qué ocurre eso? Carlos Cruzado, presidente del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), certificaba el año pasado en una entrevista enPúblico con motivo de la publicación de su libro Los ricos no pagan IRPF que el Impuesto de Sociedades permite muchas vías de escape en forma de exenciones y deducciones. «Los ricos de verdad utilizan mecanismos de elusión fiscal: sociedades, sobre todo grandes empresas, sicav y demás», concluía Cruzado en aquella entrevista.
Un vericueto de deducciones
La principal deducción es la denominada «compensación de bases imponibles», una compensación en forma de crédito fiscal por las pérdidas que tenga una empresa y que pueden imputarse en años venideros. En 2023 esta exención sumó 27.752 millones de euros; lo curioso es que esa cantidad se dividió a partes casi iguales entre las pymes y las grandes empresas. También hay otra serie de deducciones, bonificaciones y amortizaciones, gracias a lo cual, la base imponible siempre es inferior al beneficio, lo que rebaja sustancialmente la cuota efectiva a pagar.
En las últimas cuentas consolidadas, las deducciones y exenciones crecieron significativamente respecto al año anterior, 2022: un 42% las bonificaciones por pérdidas —la compensación de bases imponibles— y un 18,3% el resto de deducciones.
También existe la deducción por doble imposición, tanto interna como internacional. En este sentido, las grandes empresas suelen alegar a modo de excusa que pagan menos porque sus filiales también pagan el Impuesto de Sociedades en otros países. Sin embargo, en la mayoría de los países europeos el tributo para las empresas es incluso menor que aquí. Sin embargo, esa deducción no es especialmente alta: la internacional apenas alcanzó los 906 millones de euros en 2023.
Hacienda y el Gobierno ya han expresado en más de una ocasión su voluntad de estrechar la brecha entre la base imponible de las grandes empresas y su beneficio real. Para ello, el Consejo de Ministros aprobó en junio de 2024 el proyecto de Ley que transpone la directiva europea que fija un nivel mínimo global de imposición del 15% en el Impuesto sobre Sociedades para los grupos de empresas multinacionales y los grupos nacionales de gran magnitud, con una cifra de negocios superior a los 750 millones de euros, en la línea con la propuesta lanzada por la OCDE y adoptada por el G20 en octubre de 2021. El Congreso la aprobó en noviembre de 2024. Esa medida estaba destinada a evitar la evasión fiscal a nivel global. Ahora hay que empezar a implementarla.
En el año 2000, cuando el mundo se rendía al espejismo de internet, advertí que la exuberancia alrededor de las puntocom no podía sostenerse: las valoraciones se habían divorciado de la realidad económica. Poco después, el Nasdaq se desplomó. En 2008, ante un mercado eufórico con la deuda hipotecaria, sostuve que el riesgo sistémico era evidente. También entonces el tiempo me dio la razón.
Hoy, dos décadas después, percibo señales inquietantemente familiares. La Inteligencia Artificial (IA) se ha convertido en el nuevo fetiche financiero, el activo al que todo inversor quiere exponerse. Pero bajo el brillo tecnológico se esconde un andamiaje de deuda y expectativas insostenibles. Creo sinceramente que nos acercamos al estallido de la burbuja de la IA, un evento que podría desencadenar la mayor crisis de deuda corporativa privada en la historia reciente de Estados Unidos.
La IA ha pasado, en cuestión de meses, de ser una promesa a convertirse en el núcleo de una nueva fiebre tecnológica. Los inversores se comportan como si asistieran a la irrupción de una economía paralela. Los balances de las grandes tecnológicas baten récords, las startups captan capital a ritmos desorbitados y los fondos de inversión reestructuran carteras para incluir cualquier empresa que mencione “AI” en su nombre.
Las valoraciones de algunas compañías del sector ya superan las de 1999, y la deuda utilizada para financiar esta expansión está alcanzando niveles críticos
Pero los números no mienten: las valoraciones de algunas compañías del sector ya superan las de 1999, y la deuda utilizada para financiar esta expansión está alcanzando niveles críticos. La fiebre del oro digital se ha vuelto a encender, solo que ahora el metal precioso es el algoritmo. El problema es que el entusiasmo está sustituyendo al análisis. El capital barato y la narrativa del progreso ilimitado han generado un ecosistema donde se confunde inversión con fe.
Sin tierras raras no hay chips, sin chips no hay IA
Detrás de cada chip, cada GPU y cada servidor que alimenta la revolución de la IA, hay un componente invisible pero indispensable: las tierras raras. Se trata de un conjunto de 17 elementos químicos esenciales para fabricar dispositivos electrónicos, semiconductores, motores eléctricos, sistemas láser y equipamiento militar. Sin ellos, la inteligencia artificial —literalmente— dejaría de funcionar.
Un corte en el flujo de tierras raras no solo pondría en jaque la producción de hardware: podría paralizar el motor mismo de la inteligencia artificial global
China controla cerca del 70% de la extracción mundial y más del 90% de la capacidad de refinado. Ningún país dispone de los medios industriales necesarios para sustituir esa hegemonía. Estados Unidos, pese a su músculo financiero, depende estructuralmente del suministro chino para mantener operativa su industria tecnológica y militar. Esa dependencia constituye el auténtico talón de Aquiles del modelo tecnológico estadounidense. Un corte en el flujo de tierras raras no solo pondría en jaque la producción de hardware: podría paralizar el motor mismo de la inteligencia artificial global.
Aranceles, amenazas y una trampa estratégica
La administración Trump parece dispuesta a reavivar la guerra comercial con China. Los nuevos aranceles y restricciones buscan recuperar un sueño ya perdido, el liderazgo industrial estadounidense. Pero el cálculo estratégico es erróneo. Jugar a la presión con un país que controla los materiales más críticos del siglo XXI es una apuesta temeraria. Pekín no necesita recurrir a sanciones ni a medidas agresivas para responder: basta con ralentizar las exportaciones de tierras raras, endurecer los permisos o introducir inspecciones medioambientales adicionales. Pequeños ajustes burocráticos bastarían para bloquear el suministro global.
Pekín tiene en su mano la capacidad de provocar el pinchazo de la burbuja de la IA con un simple movimiento administrativo
En tal escenario, Estados Unidos se encontraría ante un choque de oferta devastador. La industria militar sufriría retrasos en la producción del F-35 o de misiles de precisión; el sector tecnológico vería incrementos de costes inmediatos; y la cadena global de hardware colapsaría. Si la administración Trump insiste en su política arancelaria, Pekín tiene en su mano la capacidad de provocar el pinchazo de la burbuja de la IA con un simple movimiento administrativo.
El escenario no es hipotético. En 2010, China ya suspendió temporalmente las exportaciones de tierras raras a Japón, disparando los precios globales. En 2019 insinuó lo mismo frente a Estados Unidos. Hoy, con el control total del procesamiento, el impacto sería aún mayor. Un retraso de pocas semanas en los suministros podría obligar a empresas como Nvidia o AMD a frenar la producción de chips. Los costes de hardware se dispararían y las previsiones de crecimiento del sector se revisarían drásticamente a la baja. En ese momento, el mercado perdería la fe. Las acciones tecnológicas caerían en bloque, los fondos de inversión rotarían hacia activos refugio y el flujo de capital hacia proyectos de IA se detendría. Lo que comenzó como un problema de logística se convertiría en una corrección bursátil masiva en un contexto de clara sobrevaloración de la bolsa estadounidense. El equilibrio actual es tan frágil que un movimiento táctico de China bastaría para desencadenar el proceso.
Del optimismo al miedo: la reacción de los mercados
El estallido de una burbuja tecnológica suele seguir el mismo guion: primero llega la desilusión, luego el pánico y finalmente la búsqueda de culpables. En este caso, el detonante podría venir revestido de geopolítica. Pero el origen es otro, la generación de una clásica burbuja financiera basada en el tradicional cuento de la lechera. Ante una restricción de tierras raras, los inversores anticiparían una desaceleración inmediata de la productividad en el sector tecnológico. Las grandes corporaciones, sobreendeudadas tras años de expansión, tendrían dificultades para refinanciar su pasivo. Los índices tecnológicos —el Nasdaq en particular— sufrirían correcciones históricas. El efecto psicológico sería devastador. Aumentaría la aversión global al riesgo, los capitales huirían de los activos de crecimiento y se refugiarían en deuda soberana, oro y liquidez. Los países emergentes —especialmente aquellos con deuda denominada en dólares— sufrirían salidas de capital masivas. En pocos meses, el sueño de la revolución tecnológica se transformaría en un recordatorio de la fragilidad estructural del capitalismo digital.
Las amenazas comerciales de Trump solo fortalecen la posición china. Mientras Estados Unidos habla de sanciones, China actúa con paciencia
Washington parece no comprender que el poder de Pekín no reside solo en su tamaño económico, sino en su capacidad para condicionar el funcionamiento del sistema global. Las tierras raras son la herramienta perfecta: un recurso estratégico, irremplazable y políticamente controlable. Las amenazas comerciales de Trump solo fortalecen la posición china. Mientras Estados Unidos habla de sanciones, China actúa con paciencia. Cada licencia denegada, cada control de exportación adicional, equivale a una presión indirecta sobre Wall Street. Si la Casa Blanca mantiene el pulso, el desenlace será inevitable: el sector de la IA estadounidense enfrentará cuellos de botella, los márgenes se reducirán y los inversores perderán confianza, y la burbuja de la IA estallará.
Epílogo: el preludio de una crisis mayor
El verdadero peligro no está solo en la caída bursátil, sino en lo que vendrá después. Cuando la burbuja se desinfle, el apalancamiento que la alimentó se convertirá en una trampa mortal. Miles de empresas tecnológicas, financiadas con deuda barata, deberán refinanciarse en un entorno de tipos altos y ventas decrecientes. Los bonos corporativos perderán valor, los fondos de crédito sufrirán reembolsos y la cadena de confianza se romperá. El sistema financiero estadounidense, ya tensionado por la proliferación de deuda BBB y préstamos privados de alto riesgo, podría enfrentar una crisis de deuda corporativa sin precedentes.
El pinchazo de la burbuja de la IA será el detonante de una nueva crisis financiera global. El foco se desplazará a otro frente igual de peligroso: el de la deuda privada corporativa estadounidense
El auge de la Inteligencia Artificial ha generado innovación, sí, pero también una peligrosa ilusión colectiva. El mercado ha confundido el progreso tecnológico con la rentabilidad garantizada. Y la política comercial estadounidense, en lugar de fortalecer su posición, podría acelerar su caída. China no necesita disparar misiles ni imponer sanciones: controla la llave de los materiales que hacen funcionar el siglo XXI. Si decide utilizarla, el castillo de naipes de la inteligencia artificial podría derrumbarse más rápido de lo que nadie imagina.
El pinchazo de la burbuja de la IA será el detonante de una nueva crisis financiera global. El foco se desplazará a otro frente igual de peligroso: el de la deuda privada corporativa estadounidense. Ese será el tema del próximo análisis: cómo el estallido de la burbuja de la IA desencadenará una crisis de crédito que sacuda los cimientos de la economía norteamericana.
Apostaría a que la mayoría de las personas que lean este artículo no han oído hablar nunca de las «monedas estables» (stablecoins, en inglés), a pesar de que son una de las innovaciones financieras más importantes de los últimos tiempos y, sobre todo, a pesar de que su uso mal regulado entraña un gran peligro, como voy a tratar de explicar a continuación de la forma más clara y resumida posible.
¿Qué es una moneda estable?
Una moneda estable es un tipo de criptomoneda con una característica singular.
Como criptomoneda, una moneda estable es lo que hoy día se llama un token, es decir, algo sin soporte físico que representa un valor, como una ficha (token, en inglés) o un código. Su existencia se basa en algo inmaterial como un algoritmo (un conjunto de tareas u operaciones definidas para plantear o resolver algún problema) o una «cadena de bloques» (blockchain, en inglés) que es un gran conjunto de datos (una especie de gran libro de contabilidad digital) organizados en bloques entrelazados con operaciones complejas que le proporcionan seguridad.
Como todas las demás criptomonedas, las monedas estables son un activo (cualquier cosa en poder de alguien y que puede proporcionar rendimiento) de naturaleza digital, cuyo propietario tiene la clave para poder desbloquearlo y realizar así transacciones por un precio equivalente al que tenga en ese momento.
La característica singular de las monedas estables es que su precio no va a variar (de ahí su nombre). Eso es posible porque, a diferencia de lo que sucede con las demás criptomonedas -que depende de la oferta y demanda que de ellas haya en el mercado-, las monedas estables fijan su precio en relación con algún otro activo (una moneda oficial u otra criptomoneda) y lo mantienen siempre constante.
Para que eso sea posible, quien las emite (en principio, cualquier sujeto) crea al mismo tiempo herramientas de estabilización. Su funcionamiento es complejo y no lo voy a explicar aquí. Baste saber que pueden ser los llamados «activos de reserva» que se pueden ir canjeando en cualquier momento para asegurar que la moneda estable mantiene su valor, o bien algoritmos que automáticamente llevan a cabo operaciones de compra y venta para estabilizarlo.
Crecimiento vertiginoso
Aunque empezaron como algo anecdótico y de poco alcance, la expansión de estas monedas estables es hoy día extraordinaria. Según los datos que proporciona la plataforma Allium Labs, el valor total de las que están en circulación a primeros de octubre de 2025 era de 260.000 millones de dólares (según coingecko, 312.000 millones), 65 veces más que hace tan sólo 5 años. En los últimos doce meses se habrían utilizado para realizar 9.600 millones de transacciones por un valor total de 46,8 billones de dólares. De ser así (otras estimaciones dan valores más bajos) significa que casi triplican el valor de las realizadas con tarjetas Visa.
¿Para qué usar monedas estables?
Cuando se conoce la extraordinaria expansión de las monedas estables es inevitable que surja una pregunta: ¿qué sentido o interés tiene utilizarlas si están referenciadas en dólares o en cualquier otra moneda por un valor que no va a cambiar? Es decir, ¿no es lo mismo que usar estas monedas?
Podría decirse que se usan porque hoy día pueden ser más rápidas y menos costosas que las transacciones realizadas, por ejemplo, con tarjetas de crédito o débito. Aunque eso quizá no sea del todo exacto y sea una ventaja que seguramente desaparecería si estas últimas tuvieran que competir con las monedas estables, porque el retraso y las comisiones que cobran sólamente son el resultado de su poder de mercado y no de razones tecnológicas insuperables.
También se podría justificar su uso por la estabilidad, pero en su breve historia ya se ha podido comprobar que las monedas estables no son tan estables como dice su nombre. Ha habido un buen número de casos de desvinculación del dólar o de imposibilidad de liquidar. Sencillamente porque, como diré enseguida, carecen de garantía o de una institución que las respalde.
Igualmente, podría argumentarse que se utilizan pero básicamente en operaciones específicas y no en las transacciones comerciales más habituales. De hecho, su uso principal (90 %) es la compra y venta de criptomonedas y la realización de operaciones en las llamadas finanzas descentralizadas, es decir, las que se mueven al margen de la banca y la bolsa tradicionales. Pero la opinión generalizada es que su próxima e inmediata batalla será la de superar las dificultades que su utilización supone hoy día para el comercio generalizado y expandirse también entre las transacciones más convencionales.
Algunos economistas, como Paul Krugman, creen que esto último no tiene sentido: «No hay nada que se pueda hacer con ellas que no se pueda hacer de forma más económica y sencilla con tarjetas de débito, transferencias bancarias, etc. Es decir, ¿por qué no usar dólares en lugar de tokens que supuestamente están respaldados por dólares?».
El verdadero interés de las monedas estables
A pesar de las desventajas y limitaciones que acabo de señalar, la pregunta de Krugman tiene respuestas. Sí que hay razones por las que está interesando impulsar el crecimiento de las monedas estables, aunque no son las que habitualmente se están dando por quienes las defienden.
Por supuesto y en primer lugar, la que el propio Krugman señala: con las monedas estables se pueden hacer operaciones sin dejar rastro, puesto que su uso es completamente anónimo. Según un informe de Chainanalysis, el 60 % de las transacciones ilegales de criptomonedas (estafas, evasión fiscal y de controles de capital o blanqueo) y en el 80 % de todas las transacciones de criptomonedas por regímenes sancionados y grupos terroristas llevadas a cabo en 2023 se realizaron con monedas estables.
En segundo lugar, las monedas estables van a seguir expandiéndose porque lo desean las grandes corporaciones que dominan el mundo e imponen la agenda de los gobiernos porque serán ellas las que hagan un gran negocio creándolas a su antojo. Cuando las emitan, cuando creen sus propios medios de pago, podrán desentenderse (al menos, en muy gran medida) de las restricciones monetarias que establecen los bancos centrales o los gobiernos, crear sus propios medios de pago, y convertirse en auténticas entidades financieras, dando créditos y financiando a otros o a sí mismas, libremente y con rentabilidad. Además de tener una gran cantidad de datos e información personal de quienes las utilicen.
En tercer lugar, también están interesados en la utilización de las monedas estables quienes realizan remesas transfronteras de cierto valor (un 6 % del total de su uso) y gobiernos y empresas de países con alta inflación, divisas frágiles o inestables, y sistemas bancarios poco fiables. Aunque es cierto que otros, sin embargo, las rechazan precisamente por los motivos que señalo a continuación.
En cuarto lugar, no se puede olvidar que, hoy día, el 97,4% por las monedas estables está referenciado en dólares. Eso quiere decir que, en la práctica totalidad de los casos, disponer de monedas estables equivale a ser titular de un depósito en esa moneda; usar monedas estables vinculadas al dólar sería lo mismo, en realidad, que utilizar dólares.
Por tanto, es Estados Unidos quien está claramente interesado en que se incremente lo más posible la circulación de monedas estables, emitidas como he dicho por todo tipo de grandes empresas, porque eso es lo mismo que incrementar el uso del dólar cuando este, como ya es bien sabido, está siendo mucho menos deseado o incluso rechazado por muchos países. Fue el propio presidente Donald Trump quien reconoció expresamente en su orden ejecutiva de 23 de enero de 2025 que era política de su Administración «promover y proteger la soberanía del dólar de los Estados Unidos, incluso mediante acciones para promover el desarrollo y el crecimiento de monedas estables respaldadas por dólares legales y legítimas en todo el mundo».
Y con ese fin, Trump firmó el pasado18 de julio la llamada ley Genius (Ley de Orientación y Establecimiento de Innovación Nacional para Stablecoins de Estados Unidos) que había sido aprobada en el Senado y la Cámara de Representantes, no sólo con el voto republicano sino también con el de un buen número de legisladores demócratas.
Y es precisamente esta ley la que ha abierto la espita para que las monedas estables (como vía que Estados Unidos quiere utilizar para evitar su declive como potencia monetaria imperial) se conviertan en una bomba financiera de relojería. Entre otras, por las siguiente razones:
– La ley permite que las empresas emisoras de monedas de estables se conviertan en depositantes de fondos y de reservas que no van a estar asegurados de ninguna forma, a diferencia de lo que ocurre con los bancarios que lo están hasta 250.000 dólares, en Estados Unidos.
– El régimen regulatorio que establece para las monedas estables creadas por las grandes empresas es muy débil y no contempla los riesgos que conlleva lo anterior, ni medidas suficientes para evitarlos y hacerles frente.
– En lugar de impedirlo, la ley da amplios poderes a las autoridades para permitir que las empresas emisoras vendan derivados de las monedas estables y todo tipo de productos especulativos, difundiendo el riesgo por todo el sistema financiero.
– No se crea ningún fondo de seguro, ni prestamista de última instancia que pueda garantizar el reembolso si las monedas estables se encuentran con problemas. En realidad, más bien incentiva las quiebras, de modo que al menor problema los emisores se retirarán del mercado.
– No se establecen garantías para que la emisión de monedas estables se sostenga en tecnologías que permitan pagos rápidos, confiables, subsanables en caso de error, y capaces de operar con transacciones de gran volumen al mismo tiempo.
– Aunque la ley establece que los emisores de monedas estables no pueden proporcionar rendimiento a quienes las posean, lo cierto es que esa posibilidad no está claramente prohibida, y de hecho hay plataformas que lo proporcionan. Eso podría ser un mecanismo adicional de drenaje de fondos desde la banca tradicional que puede debilitarla extraordinariamente. A lo cual hay. que añadir que los emisores podrían utilizar la liquidez obtenida para depositarla en los bancos por cantidades superiores a las que están aseguradas, lo que igualmente agranda la vulnerabilidad del sistema financiero.
– Finalmente, la ley no contempla los riesgos que conlleva la gran concentración que se produce hoy día en el sector y la que igualmente habría incluso cuando las grandes empresas comiencen a emitirlas. Si en algún momento hubiera que rescatar a los emisores, lo que antes o después ocurrirá en las condiciones que acabo de señalar, sería extraordinariamente costoso hacerlo, pero no habrá manera de evitar rescatarlos porque se dirá, como en 2008 con los bancos, que son demasiados grandes para dejarlos caer.
Una irresponsabilidad que, eso sí, hace aún más ricos a los multimillonarios, empezando por Donald Trump
El impulso a las monedas estables con la regulación que está estableciendo Estados Unidos comporta un riesgo financiero muy grande y sistémico, porque cualquier crisis se extendería al conjunto de la economía. Su enorme expansión se asume sólo para tratar de evitar el inevitable declive del dólar por un procedimiento que, mientras tanto, dará enormes beneficios a las grandes corporaciones y a los ya multimillonarios.
Donald Trump, quien hasta poco se había mostrado muy enemigo de las criptomonedas, ha sido inteligente asumiendo que son un instrumento adecuado para aliviar el declive del dólar como moneda imperial. Lo ha aprovechado para convertir el apoyo legal que le presta su Administración en un gran negocio personal y familiar, creando algunas y especulando con información privilegiada. Según Forbes, su fortuna en criptomonedas ya supera todas las propiedades de su cartera inmobiliaria y puede haber ganado unos 1.000 millones de dólares en los últimos nueves meses.
No está solo. Según Henley & Partners y New World Wealth, en todo el mundo hay 450 personas con activos en criptomonedas por valor de más de 100 millones de dólares y 36 con más de 1.000 millones. Añadan a eso y háganse una idea de lo que ganarán, a las grandes empresas cuando comiencen a emitir en masa monedas estables.
Es para ellos para quien se pone en marcha un negocio colosal. Tan colosal como la crisis que traerá consigo cuando caiga sobre su base, construida sobre humo y especulación constantes, y que volverá a pagar el resto de la población. Salvo que la gente no se deje atontar, despierte, se entere de estas cosas, las difunda y se movilice para evitarlas.
