Agobiada por las deudas y su situación de pobreza, Eve, una joven mujer tailandesa de 24 años, se fijó en un anuncio publicado en Facebook para trabajar en Georgia. Nunca había oído hablar de ese país y no tenía mucha idea de la gestación subrogada, que era lo que ofrecía esa oferta: unos 16.400 dólares por ser madre por este procedimiento. El anuncio parecía inocuo, pero aquello se convirtió en una pesadilla, no solo para ella, sino para las docenas de mujeres tailandesas que viajaron 6.400 kilómetros acuciadas por su situación económica.

Son las historias que narra The New York Times en una nueva investigación sobre la industria de los vientres de alquiler, cuya conclusión principal es la misma a la que llegó la investigación realizada por La Marea: no hay altruismo en la gestación subrogada.

La Relatora Especial de la ONU sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, sus causas y consecuencias, Reem Alsalem, lo resume así: «La práctica de la reproducción subrogada se caracteriza por la explotación de las mujeres y los niños, incluidas las niñas, y la violencia contra ellos. Asimismo, refuerza las normas patriarcales al mercantilizar y cosificar el cuerpo de las mujeres y exponer a las madres sustitutas y los niños a graves violaciones de los derechos humanos».

En su investigación, el diario norteamericano pone el foco en la deshumanización de las mujeres, en la mercantilización de su cuerpo por parte de la industria y de cómo se convierten prácticamente en sus esclavas. Tal es la gravedad, según publica The New York Times, que si alguna mujer ya en Georgia cambiaba de opinión, no podía hacerlo: «Además de pagar su propio viaje de vuelta, tenía que reembolsar a los jefes lo que, según ellos, les había costado«. Un dinero que no tenían y que se sumaban a las deudas que las habían llevado hasta allí.

Georgia ha sido, de hecho, uno de los países destacados de la investigación realizada por La Marea, uno de los grandes beneficiados de la crisis que atraviesa la industria del alquiler de vientres en Ucrania a causa de la guerra. Su principal problema, como se recoge en los reportajes, es la escasez de mujeres georgianas dispuestas a gestar.

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La ultraderecha sigue tomando el poder. El último ejemplo: Chile. Con un 58,61%, el candidato ultra José Antonio Kast ha ganado la segunda vuelta de las elecciones presidenciales frente al 41,39% obtenido por Jeannette Jara, quien ha admitido de inmediato su derrota. «La democracia habló fuerte y claro. Me acabo de comunicar con el presidente electo Jose Antonio Kast para desearle éxito por el bien de Chile», ha escrito en su perfil de X.

La candidata de izquierda, exministra del Trabajo del gobierno saliente de Gabriel Boric, ganó por la mínima la primera vuelta, con el 26,8% de los votos. Fue un resultado muy ajustado y por debajo de lo que pronosticaban las encuestas. En esa primera ronda, Kast se quedó a una distancia cortísima, con el 23,9% de los apoyos.

Ahora, la suma de todas las derechas ha dado la victoria a Kast, líder del Partido Republicano, y supone la vuelta de la ultraderecha al Palacio de La Moneda tras la dictadura de Pinochet. Era la tercera vez que Kast, de formación abogado, intentaba llegar al poder. La primera vez fue en 2017, en cuyas elecciones no pasó de la primera vuelta. Posteriormente, en 2021, fue superado por el presidente de izquierdas Gabriel Boric.

Kast, que votó a favor de la continuidad de Pinochet en el plebiscito de 1988, ha ganado con promesas como el cierre de las fronteras a la inmigración o la creación de cárceles de máxima seguridad. Desde que Chile recuperó la democracia, en 1990, solamente ha habido un presidente de derechas, Sebastián Piñera, ya fallecido, quien gobernó entre 2010 y 2014 y entre 2018 y 2022. A diferencia de Kast, Piñera votó en contra de la continuidad de Pinochet.

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Eran las 23.57 de la noche. Quedaban apenas 24 horas para no perderlo todo. Y, tras unos días de nervios y angustia a la vez, el marcador de Goteo sobrepasó el objetivo mínimo: 85.188 euros. Una vez más, La Marea acaba de conseguir el apoyo necesario para seguir investigando gracias de nuevo a nuestra comunidad, a los lectores y lectoras que creen en un periodismo honesto, riguroso e independiente.

Con aportaciones en su mayoría pequeñas –y que muestran el esfuerzo que muchas personas realizan–más de 1.800 mecenas han contribuido en una recaudación vital para hacer frente a una demanda por la publicación de una investigación sobre la industria de los vientres de alquiler.

A todos y a todas ellas les damos infinitas gracias. También a todas aquellas personas, entidades, asociaciones, colectivos que han empujado estos días con diferentes acciones para que sigamos a contracorriente. Gracias, de verdad, por el compromiso y el esfuerzo.

¿Y si llegamos al óptimo?

La campaña, no obstante, no termina aquí. Se puede seguir donando para llegar a la cantidad óptima y, de paso, llevarte una suscripción. Por 50 euros, recibirás la revista digital durante un año (4 números + el Magazine de Climática) y tendrás acceso a las actividades para las personas suscriptoras. También puedes regalar la suscripción a quien quieras, ahora que vienen las fiestas.

No ha sido fácil llegar hasta este momento tras meses de agotamiento en los que hemos estado preparando la defensa legal con recursos mínimos, tanto económicos como humanos. Por eso no nos cansaremos de dar las gracias y de repetir, por supuesto, que no nos callarán, que seguiremos haciendo nuestro trabajo.

¡Seguimos!

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Tres iniciativas comunitarias, culturales y educativas buscan financiación urgente para continuar su labor social. Todas ellas están activas en la plataforma Goteo y afrontan las últimas semanas de campaña en un contexto excepcional: la reapertura temporal del sistema antes del lanzamiento de la nueva plataforma a comienzos de 2026. Estas son sus historias y por qué necesitan apoyo ahora.

La fuerza de La Marea: blindar la independencia periodística

Como ya te hemos contado, desde La Marea hemos puesto en marcha una campaña de financiación para proteger nuestra independencia editorial frente a una demanda, la primera recibida por una de nuestras investigaciones en más de trece años de trayectoria. El objetivo mínimo es de 85.100 euros.

Los fondos permitirán mantener investigaciones en curso, ampliar el equipo, seguir investigando sobre gestación subrogada y muchos otros temas… En definitiva, nos permitirán reforzar nuestra comunidad de personas críticas y blindar la independencia del medio.

Objetivo mínimo: 85.100 euros
Obtenido: 82%
Tiempo: Quedan 4 días

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Un aula para pensar, crear y sentir: Educación Creadora

La asociación Freetime impulsa un espacio educativo en Saldaña de Burgos basado en los principios de la educación creadora: una práctica donde niñas y niños se expresan sin juicios, sin evaluación y sin exigencias técnicas.

El proyecto necesita un mínimo de 18.830 euros para acondicionar el aula, adquirir materiales y garantizar personal especializado. Hasta ahora ha recaudado alrededor de 1.600 euros, con menos de un mes para completar la financiación. El objetivo es crear un lugar seguro y respetuoso donde la creatividad infantil sea motor de autoestima, juego y bienestar emocional. La iniciativa defiende un modelo alternativo a las prácticas tradicionales del aula de arte.

Objetivo mínimo: 18.830 euros
Obtenido: 42%
Tiempo: Quedan 13 días

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Paremos la macrocentral de biogás más grande del sur de Europa (La Sentiu)

La Plataforma Pobles Vius busca apoyo para financiar la defensa legal y las acciones comunitarias contra la instalación de una macroplanta de biogás en La Sentiu de Sió (Lleida). El proyecto, que ha generado preocupación entre agricultores, vecinos y colectivos ecologistas, necesita reunir un mínimo de 27.220 euros, de los que ya se han conseguido más de 15.000.

Los fondos permitirán costear recursos administrativos, informes técnicos y la organización comunitaria frente a un proyecto industrial que sectores del territorio consideran de alto impacto ambiental y con carencias en sus planes de gestión.

Objetivo mínimo: 27.220 euros
Obtenido: 96%
Tiempo: Quedan 8 días

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Goteo reabre su plataforma para campañas urgentes

Las tres iniciativas forman parte de la selección de Goteo tras meses de pausa. La plataforma, tras la que se encuentra la Fundación Platoniq, había paralizado temporalmente la web de microfinanciación para dedicarse a la renovación de su diseño.

No obstante, Goteo ha reabierto temporalmente su plataforma para permitir la publicación y apoyo de campañas urgentes. La organización informa de que se podrá colaborar y lanzar proyectos hasta el 29 de diciembre de 2025. Todas las campañas deben finalizar antes de esa fecha, lo que obliga a ajustar la duración de las rondas de financiación. La reapertura es excepcional y responde, según el equipo de Goteo, a la convicción de que ningún proyecto transformador debe quedarse atrás durante el periodo de transición tecnológica. La nueva plataforma verá la luz el 1 de enero de 2026.

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Hoy se cumplen 10 años del Acuerdo de París, el pacto con el que la comunidad internacional se comprometió a reducir la emisión de gases de efecto invernadero a escala global para frenar el cambio climático. Una década después ¿puede decirse que aquel acuerdo, basado en las evidencias y el consenso científico, fue un fracaso? Con los datos en la mano, sí. Cada año que pasa se emite más CO2 a la atmósfera y se superan los registros de temperatura. Cada año es más cálido que el anterior. ¿Quiere decir esto que el objetivo marcado en 2015 era poco realista? O más aún, ¿inútil? Ni mucho menos.

El planeta se comprometió entonces a reducir sus emisiones para mantener el aumento de la temperatura media muy por debajo de los 2 ºC. Llegar a ese límite significaría una catástrofe para la vida en el planeta. Lo ideal, se estableció en aquella cita, sería no superar los 1,5 ºC. Estas temperaturas se refieren a promedios de la temperatura global medidos a lo largo de muchos años. Ese grado y medio de calentamiento ya se alcanzó en 2024 y la tendencia para los próximos años no invita al optimismo. Lo que no significa que todo lo realizado en estos 10 años haya sido en balde o que la humanidad deba resignarse y tirar la toalla.

El límite de 1,5 ºC estaba en consonancia con los datos científicos disponibles en ese momento, sin contar con que los países responsables de la mayor parte de las emisiones iban a desentenderse del problema. Y no sólo eso: sin tener en cuenta que el mayor contaminador del planeta, Estados Unidos, iba a trabajar en sentido contrario, favoreciendo los intereses de la industria fósil, los bancos y los fondos de inversión por encima de la preservación de la vida y de los ecosistemas que la sostienen. La victoria de Donald Trump en 2016 y el auge mundial de la ultraderecha –principal bastión del negacionismo científico en todos los órdenes y singularmente en el climático– han sido decisivos en la parálisis política de la lucha contra el calentamiento global.

En cualquier caso, como dicen los expertos consultados por Climática, la divisoria marcada hace 10 años en aquel grado y medio sigue vigente. «Alcanzar o no los 1,5 °C no importa para la política o la acción», afirma Julia Steinberg, profesora de Economía Ecológica en la Universidad de Lausana y una de las autoras del IPCC, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. Este grupo se encarga de redactar los informes de evaluación que son la base científica de las negociaciones climáticas, con lo que llegamos a otro de los puntos de fricción más polémicos o desalentadores de estos 10 últimos años: ¿sirven para algo las Cumbres del Clima? ¿Sirven para algo las COP?

La ausencia de grandes acuerdos podría inducir a pensar que sí, que las cumbres organizadas por la ONU para frenar el cambio climático no sirven para nada. Pero no es así. «Un mensaje destructivo contra las COP es contraproducente», explica Andreu Escrivà, doctor en Biodiversidad. «Las COP han tenido un papel importante y actualmente representan un nodo de multilateralidad que, en un mundo tan separado, tan reaccionario y tan individualista, es necesario preservar a toda costa», añade.

«Sí, el multilateralismo está en crisis», admite Irene Rubiera, abogada y comunicadora especializada en clima y derechos humanos. «Sí, las cumbres avanzan más despacio de lo que deberían. Y no, no podemos abandonar ese espacio. Es importante recordar esto: la razón de ser de las cumbres nunca fue la buena fe de los gobiernos, sino ser el escenario donde la presión social se vuelve imborrable y políticamente ineludible. Sin las decenas de miles de personas en las calles y la voz de los pueblos indígenas, el proceso multilateral habría sucumbido hace años al bloqueo sistemático de los intereses fósiles».

Puedes leer más sobre el tema en ‘Climática’, el medio especializado en clima y biodiversidad.

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No, no ha terminado. Dos meses después del alto el fuego acordado con Hamás y la liberación de los rehenes israelíes, la realidad diaria de la población palestina en Gaza sigue siendo de muerte, hambre y desplazamiento. A ello se han sumado esta semana las fuertes lluvias, que han inundado las tiendas de campaña y embarrado sus alrededores en los campamentos de la ciudad. La tormenta, denominada Byron, ha causado el fallecimiento de una bebé de ocho meses por hipotermia en la tienda de campaña donde vivía con su familia, en Jan Younis.

“Esos niños están sufriendo mucho no solo por la lluvia, sino también por el frío. En la Franja hay 6°C o 7°C”, afirma desde Unicef Jonathan Crick. La organización ha llevado 250.000 prendas de invierno para niños, zapatos, unas 8.000 tiendas de campaña y 600.000 mantas, pero todo esto “está lejos de ser suficiente” porque hay más de 1,5 millones de personas que necesitan urgentemente ayuda humanitaria.

Además, el portavoz de Unicef dijo también que están “extremadamente preocupados” por la posibilidad de que el agua traiga más enfermedades. “En las últimas cuatro semanas, hemos observado un aumento de diarrea acuosa aguda entre niños menores de cinco años. Y tememos que esto vaya a expandirse. También tememos que puedan aparecer y propagarse otras enfermedades transmitidas por el agua”, añadió.

Continúan los ataques pese al alto el fuego

La destrucción del enclave por parte de Israel ha dejado también sin vehículos de rescate a la población, y los servicios de auxilio apenas disponen de medios. «Es otra capa de miseria«, ha resumido el máximo responsable de la UNRWA, Philippe Lazzarini.

Esta misma semana, el grupo de personalidades internacionales defensores de la paz y de los derechos humanos conocido como los Elders ha condenado los continuos ataques militares de Israel y la obstrucción a la entrada de ayuda en la franja. Según una información recogida por la ONU, más de 350 palestinos, incluidos numerosos niños, han sido asesinados por las fuerzas israelíes en Gaza desde que entró en vigor el alto el fuego el 10 de octubre pasado. Además, los 320.000 gazatíes menores de cinco años siguen en riesgo de desnutrición aguda.

“Si el presidente [Donald] Trump y otros líderes permiten que esto continúe sin control, pondrá en peligro las perspectivas de una paz justa y destruirá cualquier esperanza de superar el genocidio y la hambruna en Gaza”, alertaron. Los Elders señalaron que Estados Unidos, y las potencias árabes y europeas con influencia, se enfrentan a una prueba crucial, y subrayaron que cualquier presencia internacional en Gaza debe apoyar la revitalización de las estructuras de gobernanza palestinas que allanen el camino hacia la creación de un Estado, no reemplazarlas. “La propuesta de ‘Junta de Paz’ en su forma actual no presenta una vía creíble ni legítima”, argumentaron.

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La presencia de mujeres en la economía social y solidaria es mayoritaria entre las personas trabajadoras (68%), voluntarias (64%) y las que realizan labores de representación (57%). Además, el 73% de las organizaciones mejoran los permisos establecidos por la ley de conciliación familiar y laboral. Y la brecha salarial con respecto a los hombres es mínima: del 0,79%. Son algunos de los resultados obtenidos en la última Auditoría Social de REAS RdR, la Red de Redes de Economía Alternativa y Solidaria. El informe incluye un análisis específico de género y otro del mercado social, y han participado 731 entidades.

Todas ellas, con un número medio de 26 personas trabajadoras y unos ingresos medios de cerca de 1,19 millones de euros, daban empleo en el año 2024 a más de 19.000 personas. En sus 30 años de andadura, desde su constitución en 1995, REAS RdR ha buscado el fortalecimiento del
movimiento de la economía social y solidaria en todo el Estado español, profundizando en su
capacidad como sujeto de transformación social a partir de los valores y prácticas recogidas
en su Carta de Principios.

Y, comenzando por la equidad, según los principales datos recogidos, las organizaciones auditadas cumplen con buena nota. Con respecto a la distribución justa de la riqueza, los datos también son positivos: el 59% dedica el reparto de beneficios a reservas, compensación de pérdidas o inversiones propias. El 19% lo destina a causas sociales y solidarias. Y el 7% a inversiones en entidades financieras de la economía social y solidaria.

Sus principales fuentes de ingresos provienen de la facturación y el 33% de subvenciones. En este capítulo, la forma jurídica con más dependencia de las subvenciones son las asociaciones (51%), mientras que las cooperativas de servicio y de trabajo asociado dependen de ellas un 12,32% y un 26%, respectivamente.

Entre las cuestiones relacionadas con el trabajo digno, el salario medio en estas entidades asciende a 25.795 euros. Por otro lado, un 68% cuenta con un reglamento interno que incluye medidas de mejora de las condiciones laborales establecidas en el convenio de aplicación. En los sectores más representativos de la muestra, la formación ocupa más del 60% de las entidades y en más del 80% la formación se contempla para personas trabajadoras.

Sobre la sostenibilidad ecológica, numerosas entidades afirman que hacen esfuerzos para mejorar sus prácticas de consumo. Un 95% de ellas señalan que tienen en cuenta que sean de proximidad y ecológicos a la hora de adquirir productos. En lo que se refiere a energía renovable, el 54% contrata el servicio eléctrico con una proveedora de energía de fuentes 100% renovables; un 19% lo hace de manera parcial y un 26,5% no contrata con servicio eléctrico renovable.

Sobre la movilidad, el 60% incorpora, ofrece o facilita alguna alternativa o ayuda relacionada con el transporte hacia el centro de trabajo, incluidos el teletrabajo, compartir coche, aparcamiento para bicis, etc. Por otro lado, el 46% facilita un transporte ambientalmente sostenible a las personas que necesitan desplazarse por necesidades de los proyectos de la propia organización.

Los datos también reflejan el alto compromiso con la cooperación. Así, el 95% de las entidades se articulan en intercooperación sectorial. Mayoritariamente comparten conocimiento y proyectos, pero menos de la mitad comparte local o gestión. Solo un 4% de las entidades no cooperan.

Además, un 75% de las entidades prevén acciones para fomentar la diversidad dentro de la organización, cifra que asciende al 81% en el caso de acciones positivas hacia fuera de la organización. “Los datos permiten comprobar la relevancia económica que alcanzan en España las entidades de la economía social y solidaria”, concluye REAS.

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La cifra de personas sin hogar que acudieron a recursos públicos en busca de ayuda ha registrado un incremento nunca antes visto: un aumento del 57%. Son los datos disponibles desde 2022 a 2024 en el Instituto Nacional de Estadística (INE), recogidos en el Informe Pobreza Sur 2025: sin hogar e invisibles a la vista de todos. «Es tan solo la punta del iceberg de un problema mucho más grave”, ha afirmado Diego Boza, coordinador general de APDHA, en la presentación del informe.

Boza ha puesto el foco sobre “la invisibilidad que sufre este colectivo en situación de vulnerabilidad” y ha denunciado “no solo la falta de recursos públicos para brindarles una atención digna, sino también las medidas arquitectónicas agresivas, las actuaciones policiales y las sanciones que sufren por parte de las administraciones públicas”.

El informe denuncia que solo tres de los ocho ayuntamientos de las capitales andaluzas –Almería, Huelva y Jaén– han respondido a la solicitud de información elevada por APDHA bajo el amparo de la Ley de Transparencia. «Parece que los ayuntamientos andaluces están más preocupados en ocultarlos de la vista pública, alejándolos de las zonas más turísticas de nuestras ciudades, que por brindarles la atención que merecen”, prosiguió Boza, que insistió en que la entidad ejercerá sus derechos para que los consistorios andaluces cumplan con sus obligaciones legales y faciliten la información.

Según ha expresado también la vicecoordinadora de la entidad y delegada por Sevilla, Macarena Olid, el perfil de las personas sin hogar ha evolucionado significativamente desde antes de la crisis económica de 2007 hasta el momento actual: «Antes de 2007 asociábamos a las personas sin hogar un perfil vinculado a problemas de salud mental, adicciones y situaciones de exclusión social prolongadas en la trayectoria vital de quienes padecían situaciones de sinhogarismo. Pero a partir de 2007, con una crisis económica que dejó sin empleo a miles de personas y provocó miles y miles de desahucios, pudimos observar cómo numerosas personas que antes jamás lo hubieran imaginado acababan viviendo en situación de calle”.

No obstante, la viccoordinadora de la APDHA ha alertado de que “la actual crisis de la vivienda, los recortes y la precarización de la vida» está llevando a la población a una situación aún peor. A las 8.000 personas que en Andalucía oficialmente viven en situación de sinhogarismo –explica Olid–, hay que añadir a otras muchas personas que no acuden a los recursos públicos y que se ven obligadas a vivir en la calle, en asentamientos o en infraviviendas. «A pesar de que la mayoría de personas en esta situación son hombres, las cifras oficiales apuntan a un significativo aumento de mujeres e incluso de familias con hijos e hijas muy pequeños a su cargo”, ha añadido.

Otro colectivo que se ve obligado a vivir en estas condiciones, destaca Olid, es el de “los jóvenes extutelados por la Junta de Andalucía, los cuales, en cuanto cumplen los 18 años, son expulsados de los centros de acogida en que residían sin tener muchas alternativas”. El informe también incide en que, según los datos oficiales, cada vez son más los migrantes en situación administrativa irregular que, sin poder acceder a recursos públicos, acaban sobreviviendo en situación de calle.

Ante este escenario, la vicecoordinadora de APDHA ha reclamado a las administraciones públicas “un compromiso sincero y honesto con las personas sin hogar” y ha denunciado que “de los 174 centros ubicados en Andalucía para atender a este colectivo tan solo 25 son de carácter público, mientras que hasta 129 son privados”, lo que, según Olid, “demuestra el escaso interés institucional por dar respuesta a estas personas”. Olid también ha precisado que “hasta el 57,1% del personal que trabaja en los centros que prestan atención a este colectivo lo hacen de forma voluntaria”.

Por otra parte, sobre los datos recopilados por la APDHA respecto a la situación socioeconómica en Andalucía, Diego Boza ha destacado que “Andalucía sigue siendo la comunidad autónoma con mayores índices de pobreza, exclusión social y de baja intensidad del empleo en el hogar, tan solo por detrás de Ceuta y Melilla”, aunque, tal y como ha apuntado el propio Boza, “en privación material y social severa, Andalucía se encuentra incluso por detrás de Melilla”.

«Los datos relativos a pobreza y exclusión social, unidos al aumento de la precariedad laboral y de los precios de la vivienda, están colocando a la sociedad andaluza al borde del abismo”, ha concluido también la vicecoordinadora de la entidad andaluza, que ha precisado que “hasta un 46,2% de las familias con hijos menores a su cargo están riesgo de pobreza, como también lo está el 45,8% de quienes viven de alquiler o el 64,8% de las personas en situación de desempleo”.

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La última canción del primer disco de Robe Iniesta (Plasencia, 1962) en solitario era una declaración de intenciones: «Al camino recto, por el más torcido, vengo derecho». Así iniciaba el periodista Dani Domínguez, extremeño como Robe, un artículo en el que resumía bien quién era el cantante y compositor que, en la últimas décadas, llenó la música española de transgresión y alma, de filosofía y acción, con Extremoduro. Robe Iniesta ha muerto con 63 años tras ser diagnosticado de un “tromboembolismo pulmonar” hace un año, cuando suspendió sus últimos conciertos de manera indefinida.

«Hoy despedimos al último gran filósofo, al último gran humanista y literato contemporáneo de lengua hispana, y al cantante cuyas melodías han conseguido estremecer a generaciones y generaciones», escribe en un comunicado Dromedario Records.
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La frase de esa última canción de sus primer disco –nos contaba Dani– es una manera de resumir su trayectoria: «Cuando veía que la crítica y, sobre todo, el público, le asfaltaban el paso, decidía dejar el camino para evitar que en el alquitrán se le quedaran pegadas las pezuñas».

Su particularidad lo llevó, entre sus desvaríos creativos, a un disco (Pedrá, 1992) compuesto por una única canción de casi media hora de duración y otros dos (La ley innata, 2008, y Mayéutica, 2021) que, aunque divididos en diferentes temas, en realidad componen una obra única. «Es increíble que en la gira de Mayéutica lo que más celebrase el público fuera escuchar una única canción de 45 minutos. No hay nadie con una carrera como la suya, con canciones que son auténticos éxitos, y que consiga que su último disco sea el más celebrado», explicaba el periodista cultural Javier M. Alcaraz en el citado artículo, sobre la carrera de Robe Iniesta.

«Pero por encima de todo esto –añade Dromedario Records–, hoy despedimos al maestro de maestros. Y es que, es unánime, todo el que ha tenido la suerte de trabajar con Robe, después de hacerlo, reconoce ser mucho mejor profesional, y mucho mejor persona».

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Desde que hicimos pública la demanda a la que nos enfrentamos por la investigación sobre la industria de los vientres de alquiler, por la que una agencia nos pide 60.000 euros, en La Marea no hemos parado de recibir apoyos. Y esas muestras, en momentos tan duros como este, con un equipo agotado, nos ayudan muchísimo a seguir adelante. A seguir a contracorriente, como decimos en nuestros mensajes para animar a donar en el crowdfunding que hemos lanzado en Goteo. 

Todos cuentan de la misma manera, pero saber que tus compañeros y compañeras están contigo, nos motiva especialmente. Queríamos agradecer, específicamente, el respaldo recibido desde la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), que nos ha ayudado a difundir, a través de sus redes sociales, nuestra campaña de recaudación de fondos para blindar el periodismo de investigación.

Porque, como explicaron desde Reporteros sin Fronteras, en otro mensaje de apoyo, investigar no es un delito, es un servicio público imprescindible para la democracia: “Como organización defensora de la libertad de prensa, subrayamos que las investigaciones sobre asuntos de interés público son esenciales para la transparencia y el acceso a información veraz. RSF España defiende su derecho –y el de todos los medios– a informar con libertad, sin censura ni intimidación”. Muchas gracias, compañeras y compañeros.

Nada más conocer la demanda, El Salto dedicó un espacio para contar a sus lectores y lectoras la situación a la que estamos haciendo frente. “Tras trece años publicando, es la primera vez que La Marea recibe una demanda por una de sus publicaciones”, destacaban.

Queríamos dar también las gracias a la Agrupación de Periodistas de la FSC de CCOO por sus palabras: “Mostramos nuestro apoyo y solidaridad hacia un medio que ha demostrado siempre su independencia y su máximo respeto por el rigor periodístico, centrado, además, en el servicio público y la defensa de los derechos humanos. Estamos atravesando tiempos complicados, donde los grandes poderes intentan silenciar la información con nuevas estrategias”. 

Algunas de ellas las ha explicado nuestra directora, Magda Bandera, a Marina Lobo, que nos ha abierto también, con esta entrevista, las puertas de Spanish Revolution: «Un proceso judicial de este tipo puede ahogar a un medio pequeño como La Marea«, ha afirmado Bandera.

Ahora no nos queda casi tiempo. Necesitamos tu fuerza, necesitamos cerrar con éxito nuestra campaña de Goteo, que termina ya. Es, por supuesto, una cuestión económica, pero va mucho más allá: es garantizar que seguimos siendo un espacio donde se pueden investigar temas incómodos sin presiones ni censuras. 

En el vídeo que te enviamos, el periodista de investigación José Bautista lo explica muy bien: hay profesionales que solo pueden escribir sobre determinados temas en La Marea, porque aquí sí se permite llegar hasta el fondo. 

Lo saben perfectamente nuestros lectores y lectoras, como Gustavo Rodríguez, que nos escribe desde la página de Goteo este mensaje de apoyo tan especial:

«Querida redacción de La Marea. Hoy más que nunca quiero expresar mi apoyo y admiración por vuestro trabajo valiente y necesario. Vuestra investigación sobre la industria de los vientres de alquiler no solo ha arrojado luz sobre una realidad que muchos preferirían dejar en la sombra, sino que ha puesto en primer plano la importancia de un periodismo independiente y comprometido con la verdad.

Sé que ahora atravesáis momentos difíciles: una demanda y amenazas que buscan acallar vuestra voz y, con ella, el derecho de toda la sociedad a estar informada. Precisamente en estos desafíos se demuestra la fuerza de la prensa libre, aquella que no se deja intimidar y que sigue adelante, incluso cuando el riesgo y la presión aumentan.

Quiero que sepáis que no estáis solos. Vuestro trabajo es imprescindible y merece todo el apoyo posible. Por eso, me sumo a vuestra campaña de fondo y animo a todas las personas que creen en la libertad de prensa y en la defensa de la verdad a respaldaros: cada contribución, cada muestra de solidaridad, cada mensaje compartido es un paso más en la protección de este periodismo valiente que nos representa a todos.

Gracias por seguir adelante. Gracias por no rendiros. Defenderos es, también, defendernos como sociedad. Todo mi ánimo y apoyo en este camino. No dejéis de publicar lo que otros intentan silenciar. Con mucha fuerza y solidaridad».

¿Qué podemos decir? MUCHAS, MUCHAS, MUCHAS GRACIAS.

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El CEO del grupo Ribera, empresa que gestiona el hospital público de Torrejón de Ardoz (Madrid), ha ordenado subir las listas de espera a costa de realizar menos intervenciones y rechazar pacientes o procesos no rentables para aumentar el beneficio, según una información adelantada este miércoles por El País.

“En Torrejón, en el año 22 y 23 decidimos como organización hacer un esfuerzo para bajar la lista de espera. Lo único que pido es: desandemos el camino”, dice el CEO del grupo sanitatio, Pablo Gallart, en en una grabación –a la que ha tenido acceso el citado medio– de la una reunión que mantuvo con jefes del grupo y del hospital el pasado 25 de septiembre. En ese audio, según esa misma información, el empresario reclama ajustes para “alcanzar un EBITDA [beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones] de cuatro o cinco millones”.

«Pues entiendo que somos capaces de determinar la actividad que podemos proveer. O dicho de otra forma, estableciendo la lista de espera quirúrgica, al final nos va a determinar la actividad y, determinando la actividad […], determinaréis cuáles [son] los gastos y qué nivel de EBITDA tendremos. Todos sabéis que la elasticidad de la cuenta de resultados a la lista de espera es directa”, añade el CEO en el audio.

Según recoge El País, Gallart, a través de un portavoz de la empresa, asegura que las grabaciones, sin el contexto, pueden verse alteradas o malinterpretadas y perder el sentido.

El hospital, de titularidad pública, da servicio a los más de 150.000 habitantes de la zona del Corredor del Henares, además de a los pacientes del resto de Madrid que deciden acudir al centro.

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