• La organización participa en una coalición liderada por Seas at Risk y Low Impact Fishers of Europe y presenta en Bruselas ‘Rethink Fisheries’ (Repensar la Pesca), una visión colectiva y pionera que traza la hoja de ruta hacia un modelo de pesca radicalmente diferente.
• La visión nace como respuesta a la crisis ecológica y social que atraviesa el sector, y busca inspirar la próxima generación de políticas de la UE, situando el bienestar de los océanos y de las comunidades costeras en el centro de la gestión pesquera.
• Esta propuesta tiene como prioridad clave el apoyo y el contacto con las pescadoras y pescadores locales que ya son protagonistas de este cambio.

Ecologistas en Acción, junto a un amplio grupo de actores europeos —entidades del sector pesquero, comercializador, academia y ONG— y bajo el liderazgo de Seas at Risk y Low Impact Fishers of Europe, presentó ayer en el Parlamento Europeo la visión ‘Rethink Fisheries’ (Repensar la pesca). Esta propuesta sitúa en el centro de las políticas pesqueras a las comunidades costeras y el equilibrio con la naturaleza, priorizando la calidad sobre la cantidad.

La visión subraya que solo a través de una transición justa —hacia prácticas de bajo impacto, viables económicamente y socialmente equitativas— se podrán garantizar océanos saludables y comunidades prósperas. Para lograrlo, será necesaria una amplia gama de soluciones locales, desde innovaciones técnicas y nuevas artes de pesca hasta modelos de negocio, transición energética y gestión participativa, que sirvan como semillas de innovación con potencial para replicarse y convertirse en modelos económicos comunes.

En la presentación, Ecologistas en Acción remarcó la prioridad de esta propuesta: apoyar y conectar a los pescadores y pescadoras locales que ya son protagonistas de este cambio. Una  transición que exige, además, una acción deliberada para restaurar los ecosistemas, reconfigurar los sistemas alimentarios y priorizar el consumo humano local y directo.

“La pesca europea se encuentra en una encrucijada”, afirmó Marta Cavallé, secretaria ejecutiva de Low Impact Fishers of Europe y copresidenta del grupo Rethink Fisheries. “A medida que el mundo atraviesa cambios rápidos, tanto ecológicos como sociales, necesitamos una visión compartida de la pesca que nos guíe hacia un futuro mejor. Este futuro reside en sistemas pesqueros de bajo impacto que restauren las funciones de los ecosistemas, defiendan la equidad y la justicia social, y fomenten comunidades pesqueras locales dinámicas y medios de vida dignos”.

El documento se presentó como una contribución clave para inspirar los debates actuales políticos de la UE, como la futura Ley del Océano, la revisión de la Política Pesquera Común o la Visión Estratégica para la Pesca y la Acuicultura 2040.

En su intervención, Cecilia del Castillo, responsable de Pesca de Ecologistas en Acción, concluyó haciendo mención al Estado español: “El Gobierno debe utilizar todas las herramientas de las que ya dispone para impulsar con urgencia la transición hacia un modelo pesquero justo y de bajo impacto. Esto implica, por ejemplo, un reparto justo de los derechos de pesca que favorezca a quienes reducen su impacto y fortalecen las comunidades locales, así como una protección real de los mares, mediante el desarrollo y la apuesta por planes de gestión participativos en los Espacios Marinos Protegidos”.

 

Página web para la consulta y el apoyo a la visión “Repensar la Pesca”.

Enlace al tríptico resumen en diferentes idiomas: Castellano / Aragonés / Catalá / Galego/ Euskara.

 

 

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No, no ha terminado. Dos meses después del alto el fuego acordado con Hamás y la liberación de los rehenes israelíes, la realidad diaria de la población palestina en Gaza sigue siendo de muerte, hambre y desplazamiento. A ello se han sumado esta semana las fuertes lluvias, que han inundado las tiendas de campaña y embarrado sus alrededores en los campamentos de la ciudad. La tormenta, denominada Byron, ha causado el fallecimiento de una bebé de ocho meses por hipotermia en la tienda de campaña donde vivía con su familia, en Jan Younis.

“Esos niños están sufriendo mucho no solo por la lluvia, sino también por el frío. En la Franja hay 6°C o 7°C”, afirma desde Unicef Jonathan Crick. La organización ha llevado 250.000 prendas de invierno para niños, zapatos, unas 8.000 tiendas de campaña y 600.000 mantas, pero todo esto “está lejos de ser suficiente” porque hay más de 1,5 millones de personas que necesitan urgentemente ayuda humanitaria.

Además, el portavoz de Unicef dijo también que están “extremadamente preocupados” por la posibilidad de que el agua traiga más enfermedades. “En las últimas cuatro semanas, hemos observado un aumento de diarrea acuosa aguda entre niños menores de cinco años. Y tememos que esto vaya a expandirse. También tememos que puedan aparecer y propagarse otras enfermedades transmitidas por el agua”, añadió.

Continúan los ataques pese al alto el fuego

La destrucción del enclave por parte de Israel ha dejado también sin vehículos de rescate a la población, y los servicios de auxilio apenas disponen de medios. «Es otra capa de miseria«, ha resumido el máximo responsable de la UNRWA, Philippe Lazzarini.

Esta misma semana, el grupo de personalidades internacionales defensores de la paz y de los derechos humanos conocido como los Elders ha condenado los continuos ataques militares de Israel y la obstrucción a la entrada de ayuda en la franja. Según una información recogida por la ONU, más de 350 palestinos, incluidos numerosos niños, han sido asesinados por las fuerzas israelíes en Gaza desde que entró en vigor el alto el fuego el 10 de octubre pasado. Además, los 320.000 gazatíes menores de cinco años siguen en riesgo de desnutrición aguda.

“Si el presidente [Donald] Trump y otros líderes permiten que esto continúe sin control, pondrá en peligro las perspectivas de una paz justa y destruirá cualquier esperanza de superar el genocidio y la hambruna en Gaza”, alertaron. Los Elders señalaron que Estados Unidos, y las potencias árabes y europeas con influencia, se enfrentan a una prueba crucial, y subrayaron que cualquier presencia internacional en Gaza debe apoyar la revitalización de las estructuras de gobernanza palestinas que allanen el camino hacia la creación de un Estado, no reemplazarlas. “La propuesta de ‘Junta de Paz’ en su forma actual no presenta una vía creíble ni legítima”, argumentaron.

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La presencia de mujeres en la economía social y solidaria es mayoritaria entre las personas trabajadoras (68%), voluntarias (64%) y las que realizan labores de representación (57%). Además, el 73% de las organizaciones mejoran los permisos establecidos por la ley de conciliación familiar y laboral. Y la brecha salarial con respecto a los hombres es mínima: del 0,79%. Son algunos de los resultados obtenidos en la última Auditoría Social de REAS RdR, la Red de Redes de Economía Alternativa y Solidaria. El informe incluye un análisis específico de género y otro del mercado social, y han participado 731 entidades.

Todas ellas, con un número medio de 26 personas trabajadoras y unos ingresos medios de cerca de 1,19 millones de euros, daban empleo en el año 2024 a más de 19.000 personas. En sus 30 años de andadura, desde su constitución en 1995, REAS RdR ha buscado el fortalecimiento del
movimiento de la economía social y solidaria en todo el Estado español, profundizando en su
capacidad como sujeto de transformación social a partir de los valores y prácticas recogidas
en su Carta de Principios.

Y, comenzando por la equidad, según los principales datos recogidos, las organizaciones auditadas cumplen con buena nota. Con respecto a la distribución justa de la riqueza, los datos también son positivos: el 59% dedica el reparto de beneficios a reservas, compensación de pérdidas o inversiones propias. El 19% lo destina a causas sociales y solidarias. Y el 7% a inversiones en entidades financieras de la economía social y solidaria.

Sus principales fuentes de ingresos provienen de la facturación y el 33% de subvenciones. En este capítulo, la forma jurídica con más dependencia de las subvenciones son las asociaciones (51%), mientras que las cooperativas de servicio y de trabajo asociado dependen de ellas un 12,32% y un 26%, respectivamente.

Entre las cuestiones relacionadas con el trabajo digno, el salario medio en estas entidades asciende a 25.795 euros. Por otro lado, un 68% cuenta con un reglamento interno que incluye medidas de mejora de las condiciones laborales establecidas en el convenio de aplicación. En los sectores más representativos de la muestra, la formación ocupa más del 60% de las entidades y en más del 80% la formación se contempla para personas trabajadoras.

Sobre la sostenibilidad ecológica, numerosas entidades afirman que hacen esfuerzos para mejorar sus prácticas de consumo. Un 95% de ellas señalan que tienen en cuenta que sean de proximidad y ecológicos a la hora de adquirir productos. En lo que se refiere a energía renovable, el 54% contrata el servicio eléctrico con una proveedora de energía de fuentes 100% renovables; un 19% lo hace de manera parcial y un 26,5% no contrata con servicio eléctrico renovable.

Sobre la movilidad, el 60% incorpora, ofrece o facilita alguna alternativa o ayuda relacionada con el transporte hacia el centro de trabajo, incluidos el teletrabajo, compartir coche, aparcamiento para bicis, etc. Por otro lado, el 46% facilita un transporte ambientalmente sostenible a las personas que necesitan desplazarse por necesidades de los proyectos de la propia organización.

Los datos también reflejan el alto compromiso con la cooperación. Así, el 95% de las entidades se articulan en intercooperación sectorial. Mayoritariamente comparten conocimiento y proyectos, pero menos de la mitad comparte local o gestión. Solo un 4% de las entidades no cooperan.

Además, un 75% de las entidades prevén acciones para fomentar la diversidad dentro de la organización, cifra que asciende al 81% en el caso de acciones positivas hacia fuera de la organización. “Los datos permiten comprobar la relevancia económica que alcanzan en España las entidades de la economía social y solidaria”, concluye REAS.

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Albacete avanza hacia un escenario ambiental cada vez más comprometido. El Primer Atlas de la Desertificación de España (ADE), elaborado por la Universidad de Alicante en colaboración con el CSIC, confirma con datos contundentes que la provincia se sitúa entre las más afectadas del país por la aridez y la degradación del suelo. La provincia …

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Cada vez son más frecuentes las estafas por internet, y en las últimas semanas numerosos vecinos de Albacete han recibido mensajes fraudulentos que simulan ser notificaciones de la empresa de paquetería SEUR. El mensaje advierte al destinatario de que su «entrega está en espera porque su envío no tiene número de casa» e incluye un …

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Albacete ha despertado en los últimos días con un guiño inesperado al universo de ‘Stranger Things’. Sin previo aviso, una alcantarilla personalizada de la popular serie de Netflix ha llamado la atención de vecinos y visitantes, generando curiosidad y muchas preguntas entre quienes se la encuentran por sorpresa. La pieza se encuentra en plena Plaza …

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La cifra de personas sin hogar que acudieron a recursos públicos en busca de ayuda ha registrado un incremento nunca antes visto: un aumento del 57%. Son los datos disponibles desde 2022 a 2024 en el Instituto Nacional de Estadística (INE), recogidos en el Informe Pobreza Sur 2025: sin hogar e invisibles a la vista de todos. «Es tan solo la punta del iceberg de un problema mucho más grave”, ha afirmado Diego Boza, coordinador general de APDHA, en la presentación del informe.

Boza ha puesto el foco sobre “la invisibilidad que sufre este colectivo en situación de vulnerabilidad” y ha denunciado “no solo la falta de recursos públicos para brindarles una atención digna, sino también las medidas arquitectónicas agresivas, las actuaciones policiales y las sanciones que sufren por parte de las administraciones públicas”.

El informe denuncia que solo tres de los ocho ayuntamientos de las capitales andaluzas –Almería, Huelva y Jaén– han respondido a la solicitud de información elevada por APDHA bajo el amparo de la Ley de Transparencia. «Parece que los ayuntamientos andaluces están más preocupados en ocultarlos de la vista pública, alejándolos de las zonas más turísticas de nuestras ciudades, que por brindarles la atención que merecen”, prosiguió Boza, que insistió en que la entidad ejercerá sus derechos para que los consistorios andaluces cumplan con sus obligaciones legales y faciliten la información.

Según ha expresado también la vicecoordinadora de la entidad y delegada por Sevilla, Macarena Olid, el perfil de las personas sin hogar ha evolucionado significativamente desde antes de la crisis económica de 2007 hasta el momento actual: «Antes de 2007 asociábamos a las personas sin hogar un perfil vinculado a problemas de salud mental, adicciones y situaciones de exclusión social prolongadas en la trayectoria vital de quienes padecían situaciones de sinhogarismo. Pero a partir de 2007, con una crisis económica que dejó sin empleo a miles de personas y provocó miles y miles de desahucios, pudimos observar cómo numerosas personas que antes jamás lo hubieran imaginado acababan viviendo en situación de calle”.

No obstante, la viccoordinadora de la APDHA ha alertado de que “la actual crisis de la vivienda, los recortes y la precarización de la vida» está llevando a la población a una situación aún peor. A las 8.000 personas que en Andalucía oficialmente viven en situación de sinhogarismo –explica Olid–, hay que añadir a otras muchas personas que no acuden a los recursos públicos y que se ven obligadas a vivir en la calle, en asentamientos o en infraviviendas. «A pesar de que la mayoría de personas en esta situación son hombres, las cifras oficiales apuntan a un significativo aumento de mujeres e incluso de familias con hijos e hijas muy pequeños a su cargo”, ha añadido.

Otro colectivo que se ve obligado a vivir en estas condiciones, destaca Olid, es el de “los jóvenes extutelados por la Junta de Andalucía, los cuales, en cuanto cumplen los 18 años, son expulsados de los centros de acogida en que residían sin tener muchas alternativas”. El informe también incide en que, según los datos oficiales, cada vez son más los migrantes en situación administrativa irregular que, sin poder acceder a recursos públicos, acaban sobreviviendo en situación de calle.

Ante este escenario, la vicecoordinadora de APDHA ha reclamado a las administraciones públicas “un compromiso sincero y honesto con las personas sin hogar” y ha denunciado que “de los 174 centros ubicados en Andalucía para atender a este colectivo tan solo 25 son de carácter público, mientras que hasta 129 son privados”, lo que, según Olid, “demuestra el escaso interés institucional por dar respuesta a estas personas”. Olid también ha precisado que “hasta el 57,1% del personal que trabaja en los centros que prestan atención a este colectivo lo hacen de forma voluntaria”.

Por otra parte, sobre los datos recopilados por la APDHA respecto a la situación socioeconómica en Andalucía, Diego Boza ha destacado que “Andalucía sigue siendo la comunidad autónoma con mayores índices de pobreza, exclusión social y de baja intensidad del empleo en el hogar, tan solo por detrás de Ceuta y Melilla”, aunque, tal y como ha apuntado el propio Boza, “en privación material y social severa, Andalucía se encuentra incluso por detrás de Melilla”.

«Los datos relativos a pobreza y exclusión social, unidos al aumento de la precariedad laboral y de los precios de la vivienda, están colocando a la sociedad andaluza al borde del abismo”, ha concluido también la vicecoordinadora de la entidad andaluza, que ha precisado que “hasta un 46,2% de las familias con hijos menores a su cargo están riesgo de pobreza, como también lo está el 45,8% de quienes viven de alquiler o el 64,8% de las personas en situación de desempleo”.

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El primer informe del Observatorio de Violencias Institucionales Machistas pone en el punto de mira las vulneraciones de derechos a mujeres e infancias por parte de las instituciones públicas españolas.

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