Los vigías, de Taina Tervonen, rompe el silencio que rodea a quienes desaparecen en las rutas migratorias y desplaza el foco hacia quienes intentan seguir su rastro: los “vigías”. Cinco voces anónimas que, desde la distancia, acompañan, alertan y reconstruyen historias que el mar amenaza con borrar.
En su nuevo libro, editado por Errata Naturae, la autora franco-finlandesa parte de una imagen íntima: durante años, las trayectorias inciertas de embarcaciones que salían de las costas africanas atravesaban su salón, mientras al otro lado de la ventana seguía el ritmo cotidiano de París. Ese contraste (tan cercano como ignorado) articula todo el libro: la coexistencia entre la comodidad europea y una tragedia persistente que a duras penas logra abrirse paso en la agenda mediática.
En un contexto dominado por el término “crisis migratoria”, la obra cuestiona esa etiqueta por su capacidad de deshumanizar. Más que una crisis abstracta, lo que emerge aquí es una suma de historias atravesadas por la necesidad, la precariedad y, a menudo, la urgencia de sobrevivir. Tervonen lo formula con crudeza: “Se obliga a la gente a emprender la travesía, se los obliga también a morir”. La repetición de estas muertes, sugiere el libro, ha terminado por normalizar lo inaceptable. Todo ello a pesar de que migrar sigue siendo un derecho recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Más que un reportaje o una novela, el texto funciona como un ejercicio de memoria. A través de naufragios, desapariciones y familias que buscan respuestas, esta obra pone rostro a cifras que suelen quedarse cortas. También amplía la mirada, destacando que la pérdida no afecta solo a quienes desaparecen, sino también a los países de origen, vaciados progresivamente de futuro y de relevo generacional.
En paralelo, se dibuja la inacción –o la distancia– de muchos gobiernos europeos. Frente a estructuras oficiales insuficientes emergen redes informales de solidaridad. Ahí aparecen los “vigías”: Marie Dupont, Saliou, Hervé, María y Marie Cosnay, ciudadanos que, armados con un teléfono móvil, siguen embarcaciones en tiempo real, alertan a autoridades, rastrean desaparecidos y acompañan a las familias. “Con un smartphone y las redes sociales, logran lo que las instituciones no consiguen”, apunta la autora.
El libro está construido a partir de horas de conversaciones con estos “centinelas de las fronteras” y adopta un tono cercano, casi coral. Lo relevante no es solo lo que se cuenta, sino desde dónde se cuenta: pantallas, llamadas y mensajes que conectan continentes mientras la vida pende de un hilo en el Atlántico o el Mediterráneo.
Sin caer en el sensacionalismo ni refugiarse en la frialdad del dato, Los vigías encuentra su mayor acierto en ese equilibrio entre testimonio y reflexión. El resultado es un relato que devuelve densidad humana a una realidad a menudo reducida a estadísticas. Porque, como recuerda una de sus voces, “todos necesitamos al prójimo”. Y en esa constatación sencilla se condensa la tesis del libro: detrás de cada cifra hay una vida; detrás de cada silencio, una responsabilidad compartida.
La regularización extraordinaria de personas migrantes ha despertado la oposición de diversos líderes políticos y organizaciones ultraconservadoras. Están en contra de que personas extranjeras adquieran derechos y obligaciones equiparables a las de cualquier ciudadano español. Tras la entrada en vigor de esta medida, Vox ha expandido el concepto de la “prioridad nacional” –otra copia de la extrema derecha francesa de Le Pen– con la ayuda de un amplio número de pseudomedios de comunicación e incluso de dirigentes del PP, partido que a día de hoy sigue siendo el que más regularizaciones de este tipo ha aprobado desde que España es una democracia.
Entre quienes tratan de frenar la regularización emerge un patrón recurrente: la Industria del Control Migratorio. Diversos actores que tradicionalmente han tenido posturas conservadoras, como las patronales empresariales o la Conferencia Episcopal, han expresado apoyo a la regularización. Sin embargo, más allá de ideologías, valores y creencias, destacadas voces detractoras de la regularización de migrantes tienen vínculos claros con empresas que se lucran con el gasto público destinado a militarizar fronteras y endurecer el control migratorio. Dirigentes de Vox y del PP, así como líderes de organizaciones ultras como Hazte Oír, forman parte del ecosistema de la Industria del Control Migratorio en España. ¿Quiénes son?
El negocio antimigratorio del ‘cártel’ antiregularización
Vox, el gobierno de Isabel Díaz Ayuso y la ultraconservadora Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica han presentado recursos ante el Tribunal Supremo para tumbar la regularización. La organización ultra Hazte Oír hizo lo propio el pasado 15 de abril, y el Alto Tribunal admitió su recurso a trámite en apenas 24 horas.
Hazte Oír es una organización católica ultraconservadora especializada en campañas de acoso y derribo contra las leyes LGTBI, el derecho al aborto o las personas migrantes. Esta asociación española, relacionada con la secta secreta El Yunque, cuenta con amplia presencia global gracias a su brazo internacional, CitizenGO, y está supuestamente vinculada al Kremlin a través de oligarcas del círculo íntimo de Putin. Ha sido acusada de promover campañas que usan el miedo al extranjero como herramienta de agitación y desestabilización en diversos países democráticos, entre ellos España. Estas campañas y acciones están acreditadas en diversas investigaciones e informes del Parlamento Europeo, la Comisión Europea y filtraciones de Wikileaks. Hazte Oír tiene, además, una relación estrecha con grandes actores de la Industria del Control Migratorio.
Un ejemplo: entre los grandes donantes históricos de Hazte Oír (en concreto, de su famoso Congreso Mundial de Familias) figura el fallecido David Álvarez Díez, fundador y presidente de Grupo EULEN, empresa adjudicataria de, entre otros, servicios en los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes y del mantenimiento de las vallas fronterizas de Ceuta y Melilla y diversos puestos fronterizos. EULEN figura entre las 10 empresas que más dinero público facturan en la Industria del Control Migratorio de España.
Por el consejo de administración de EULEN han desfilado nombres célebres del mundo conservador español, entre ellos los ex ministros del Interior Jaime Mayor Oreja y Rodolfo Martín Villa. Entre otras personas, en su equipo directivo figura Micaela Núñez Feijóo, que lleva 23 años en EULEN y es hermana del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, otra de las voces más destacadas en contra de la regularización de migrantes. “Ni la ilegalidad puede generar derechos, ni se puede premiar el desorden”, afirma el líder de los populares acerca de la regularización extraordinaria. María José Álvarez Mezquíriz, presidenta de EULEN, es una de las consejeras de EDATV, el portal defake newsdel agitador Javier Negre, que a diario divulga bulos sobre el proceso de regularización.
EULEN no responde a las preguntas de este medio sobre su relación con Hazte Oír, sobre la financiación de EDATV ni sobre protocolos internos para evitar conflictos de intereses con el ámbito político. La compañía tampoco aclara si las donaciones de su fundador a Hazte Oír fueron hechas a título individual o en nombre de EULEN.
Entre los empresarios que nutren las arcas de Hazte Oír también figura la marquesa Esther Alcocer Koplowitz, presidenta del consejo de administración de FCC, que se da la mano con EULEN para licitar en procesos de contratación pública de control fronterizo.
La beligerancia de Hazte Oír también ilustra el componente mediático de la campaña de acoso y derribo contra la regularización de migrantes. Hazte Oír está vinculada al Grupo Intereconomía, que engloba medios como Toro TV o Radio Intereconomía, entre otros. Este conglomerado fue fundado por Julio Ariza, exdiputado del PP en el Parlament catalán. En el pasado Grupo Intereconomía también controló La Gaceta, cuyo consejo editorial preside el eurodiputado e hijo de un diplomático y propagandista nazi Hermann Terstch, que define la regularización como operación “criminal”. La Gaceta ahora pertenece a la Fundación Disenso. Este think tank vinculado a Vox se financia con fondos públicos que recibe el partido y sirve de altavoz a las posturas xenófobas de la ultraderecha española.
Vox y Disenso no responden a ninguna de las preguntas formuladas por este medio. Tampoco aportan detalles sobre los fondos públicos que recibe esta fundación, que no facilita sus cuentas ni la composición de su equipo directivo.
En la “derecha moderada” española que encarna el Partido Popular también hay una larga lista de figuras especialmente agresivas contra el proceso de regularización y vinculadas a empresas que hacen negocio con las políticas de control migratorio.
Un caso poco conocido es el de Elías Bendodo Benasayag, uno de los hombres fuertes de los populares en Andalucía. Bendodo encabezó la Consejería de Presidencia e Interior, y hasta mediados de 2022 fue portavoz de la Junta de Andalucía presidida por Juanma Moreno. Cuando estalló el caso de corrupción conocido como ‘Mediador’ o ‘Tito Berni’, que afecta principalmente al PSOE canario, varios medios informaron de que Bendodo adjudicó al menos un contrato a Asesoramiento y Servicios de Drones SL, empresa central en la trama corrupta. Bendodo afirmó que todo fue legal.
En este mismo escándalo de corrupción destaca Francisco Espinosa, general de división de la Guardia Civil, el escalafón más alto de esta institución. Espinosa procede de lo que en la benemérita llaman “el clan de los Zoido”, en referencia al político sevillano Juan Ignacio Zoido, ministro del Interior en tiempos de Rajoy, que le ascendió a ese puesto. La Justicia investiga el presunto cobro de comisiones por parte de Espinosa y otras personas en los contratos del Gobierno español para transferir drones a países como Mali con el objetivo de combatir los flujos migratorios, una política conocida como ‘externalización de fronteras’.
«Los que vengan de forma irregular no serán bienvenidos, serán expulsados», aseguró Bendodo a finales de abril en un acto de la campaña electoral andaluza en una localidad de Almería, una de las provincias con más casos de explotación laboral de personas migrantes en situación irregular.
Elías Bendodo también es uno de los políticos más cercanos al lobby proisraelí en España. Por ejemplo, en varias ocasiones ha mostrado públicamente su sintonía con David Hatchwell, presidente y cofundador de ACOM, el mayor grupo de influencia de los aliados en España de Netanyahu. Hatchwell es uno de los grandes beneficiarios de la Industria del Control Migratorio en España. Una de sus grandes empresas, Excem, suministra tecnología israelí de vigilancia y análisis de documentos a la Policía Nacional, la Guardia Civil y AENA, entre otros. A pesar del embargo decretado por el Gobierno el año pasado, la frontera española está repleta de tecnología israelí por cielo, mar y tierra.
No acaba ahí la lista de líderes políticos y de organizaciones ultraconservadoras que claman contra la regularización de migrantes al mismo tiempo que se lucran, directa o indirectamente, con el gasto asociado a las políticas de control migratorio. En el ránking español de la Industria del Control Migratorio destacan empresas como Telefónica, Escribano, Indra, Amper, Air Europa o Tecnobit, entre otras. Todas cuentan con ex altos cargos del Estado, la mayoría procedentes del PP (aunque también del PSOE y, en menor medida, del PNV).
El Partido Popular no responde a ninguna de las preguntas formuladas para este artículo.
Los detractores de la regularización argumentan que la regularización de migrantes tiene un efecto negativo sobre el empleo, la economía, la seguridad y la “identidad nacional”. La evidencia científica revela todo lo contrario: la irregularidad produce situaciones de explotación, vulneración de derechos fundamentales y caos, mientras que las anteriores regularizaciones en España tuvieron efectos positivos sobre los derechos de estas personas, reduciendo los casos explotación laboral, y favoreciendo la inclusión social y la contribución de los trabajadores extranjeros a las arcas del Estado. La cercanía de los actores ultraconservadores y las posiciones conspiranoicas contrarias a la ciencia también queda patente en innumerables estudios académicos.
José Bautista es coordinador del equipo de periodismo de investigación de la Fundación porCausa.
Siempre que tengo que referirme a Edurne ante un tercero que no la conoce. Mi reflejo espontáneo es decir «mi mujer», pero me genera incomodidad que no exista el equivalente masculino, «mi hombre», porque sospecho que hay ahí algún machismo agazapado, aunque no acabe de dilucidar en qué consiste. En alemán no existe esa asimetría: Mein Mann, meine Frau, mi hombre, mi mujer, dicen con toda naturalidad. Existe también Gatte/Gattin, cónyuge, pero prácticamente no se usa salvo en los formularios y en plural para referirse a dos personas casadas.
¿Qué decir entonces? «Mi esposa» me resulta rancio porque parece revelar más el estado civil que una relación; «mi compañera» también, pero en la otra dirección, porque da a entender que no hay vínculo administrativo; en ambos casos se añade una información irrelevante o que no tengo por qué dar a la gente con la que hablo. «Mi pareja» parece más neutro, y el término tiene la ventaja de poder ser utilizado independientemente del género al que pertenece cualquiera de los dos, también por personas no binarias.
Me fijaré en qué eligen otras personas y si la palabra que utilizan refleja la idea que me hago de ellas.
En la estación de autobuses de Avenida de América mientras espero al que debe llevarme a Bilbao. Dos policías uniformados y un tercero que supongo policía de paisano, pasean por la estación. Al llegar a la altura de un banco en el que están sentadas varias personas, se dirigen a un joven de aspecto latinoamericano y le piden la identificación. Dos asientos más allá está sentado otro hombre, este de aspecto magrebí –y sé lo subjetivas que son estas apreciaciones–, al que también piden la identificación momentos después.
Ninguno de los dos había hecho nada que pudiera alterar el orden ni dar lugar a sospechas de actividad delictiva. A los demás, ni nos miran.
Estos días hemos leído varias noticias tanto sobre los controles discriminatorios a personas racializadas como de la brutalidad policial que a veces los acompañan. Por un lado se exige a los inmigrantes que se integren en la sociedad española –signifique eso lo que signifique– y por otro se les recuerda una y otra vez que no pertenecen ni pueden pertenecer a ella, humillándolos en público, intimidándolos, tratándolos como criminales potenciales.
Estaría bien que fuesen los policías –y sobre todo sus mandos– quienes se integrasen en la sociedad española entendiendo y apreciando su diversidad.
8 de abril
Semana horrorosa en lo que se refiere a la política internacional; el grado de matonismo despiadado que se está alcanzando es tan ridículo como aterrador. Y resulta repulsivo el servilismo interesado de varios líderes europeos, en especial de Friedrich Merz. Ni conciencia ni vergüenza.
Firmo en la campaña de la Alianza de la Izquierda Europea para que se suspenda el Acuerdo de Asociación UE-Israel. Se necesitan un millón de firmas y van por algo más de setecientas mil. Me llama la atención –y no sabría explicar el motivo– que, mientras algunos países como Austria, República Checa y Luxemburgo tienen una participación bajísima, Francia, Italia, Irlanda y España la tienen muy elevada. En general, los porcentajes más altos se dan en los países con partidos que son miembros de la Alianza, pero hay excepciones: Portugal, con un partido en ella, pero con participación muy baja; y Bélgica e Irlanda, que no lo tienen y sin embargo ha firmado un porcentaje de sus ciudadanos muy por encima de la media.
Seguro que hay una explicación, pero la ignoro.
12 de abril
Me escribe una de mis hijas. Me habla de su miedo a la guerra: como alemana, madre de tres jóvenes alemanes, está espantada por la ley que les obliga a pedir una aprobación previa si desean pasar más de tres meses en el extranjero. Además el canciller ha declarado que su intención es que el Ejército alemán sea el más poderoso de Europa. El rearme militar y mental entran en una nueva etapa en un país destrozado por dos guerras mundiales y con una conciencia –cada vez más débil– de haber sido el mayor responsable de crímenes de guerra de la historia.
Es desolador que estemos otra vez ahí, que el miedo –azuzado convenientemente– pueda llevar a nuestras sociedades a contemplar la autoinmolación y el crimen colectivos como salida. Putin es una amenaza real. Siempre ha habido amenazas reales. Pero la escalada del miedo y del patriotismo también es una amenaza en cualquier país. Y muy particularmente en Alemania. También para los alemanes.
13 de abril
Y aquí estamos, alegrándonos muchísimo porque las elecciones húngaras las ha ganado un conservador que hasta hace poco era miembro destacado de un partido de ultraderecha. Qué tiempos.
Si un día decidiera ser hincha de un equipo de fútbol –cosa no muy probable–, mi equipo sería el Unión Berlín, y no solo por ser el primero de las grandes ligas en nombrar una entrenadora. Hace tiempo que me resulta un equipo simpático por su historial antinazi y su cultura comunitaria. Y que su himno lo cante Nina Hagen es la guinda del pastel.
No falla. Ya sea con el acuerdo Unión Europea-Mercosur, las consecuencias económicas de la guerra de Irán o las elecciones en cualquiera de nuestras comunidades con peso rural, cada vez que los medios se preguntan por los “problemas del campo” acaban dando voz casi exclusivamente a las asociaciones profesionales de agricultores y ganaderos – a veces calificados erróneamente como “sindicatos agrarios”– ASAJA, COAG, UPA… cuando no directamente a Abascal, a caballo y disfrazado de integrante de la familia real británica en una jornada de la caza del zorro. Pero la realidad en el campo es mucho más diversa y cuenta con otras voces que raramente gozan de eco mediático. Aquí van algunas de ellas.
Gustavo Sánchez es jornalero cordobés y hasta hace nada organizador sindical de CNT en el sector agrario. Aunque actualmente trabaja en la Administración, dedicó décadas de su vida laboral a faenar en las campañas agrícolas de la vendimia manchega y la aceituna de la sierra cordobesa. Para Gustavo, los medios “olvidan de manera premeditada a las personas jornaleras migrantes y nativas, y se da una imagen del campo español como la de un sector levantado por propietarios emprendedores que se sirven sólo de su fuerza de trabajo y la de su familia; una imagen completamente falsa”.
“En Andalucía y otros territorios de latifundio, la inmensa mayoría de las propiedades son heredadas, desde los Alba, los Domecq o los duques del Infantado, hasta los medianos o pequeños propietarios (entendiendo por pequeños a extensiones considerables de olivos, viñas, campos de frutos rojos, ganadería…)”, continúa Gustavo. “No estoy hablando de agricultores de pequeñas explotaciones, ni cooperativas que trabajan día a día y que son también las grandes olvidadas, junto a jornaleras y migrantes temporeras. Además, estos últimos no reciben, en su mayoría, subvenciones de la PAC, mientras medianos y grandes propietarios reciben una millonada por extensión de terreno, incluso por tierras no cultivadas”.
“El mundo jornalero no ha desaparecido. Se ha transformado y es más diverso. Hace 30 años había todavía muchas personas de los pueblos andaluces que se dedicaban a tareas relacionadas con el campo, que también salían al extranjero para campañas en Francia o Bélgica. Hoy día los pueblos están vacíos ante la falta de expectativas laborales, y en buena medida esa mano de obra es suplida por personas migrantes de diversas procedencias: África subsahariana, Marruecos, Rumanía, América Latina…”. Con un alto porcentaje de mujeres, además: “En la recogida de los frutos rojos, proceden de Marruecos en su mayoría, pero también de Rumanía, países del Este o Latinoamérica. Hay que poner el foco también en esa realidad, que además suele ser muy precaria”.
El “mar de plástico”
El Poniente almeriense alberga la mayor concentración de invernaderos de toda Europa y cuenta con más de 25.000 hectáreas de cultivo bajo plástico, siendo el núcleo productivo más importante de nuestro continente. Genera, junto con las zonas limítrofes, alrededor de 110.000 puestos de trabajo directos e indirectos. El “mar de plástico” es vital para la agricultura nacional, liderando la exportación de hortalizas durante el invierno y representando una de las mayores fuentes de ingresos y empleo del sector agroalimentario.
En paralelo a la creciente mano de obra, se extiende también un ecosistema de precariedad y explotación laboral: “Llevo muchos años, unos veinte, en invernaderos y también en el manipulado, y las condiciones son de mucha explotación: estamos obligadas a trabajar diariamente nueve horas, más horas extras que deberían ser pagadas, pero que en realidad no lo son; y si protestas te echan. Lo mismo si te coges una baja: te echan. No tienes vacaciones y hay muchísima gente con depresión. Y luego está el tema del salario: teóricamente se paga lo pactado, 50 euros por día, pero si no estás asegurado te quitan 5. Y si quieres tener todo el mes cotizado tienes que pagar al jefe 18 euros al día. Él te cotiza solo 10 días; si quieres más lo pagas tú. Bueno, se lo tienes que dar tú para que cotice por ti”. Quien denuncia el abuso patronal es Mihaela [nombre figurado], trabajadora de origen rumano que lleva varias décadas en España.
Sus palabras son corroboradas por Germinal [nombre figurado], trabajador de una explotación agraria de la zona: “Hay que partir del hecho de que no se respetan el convenio provincial ni las horas estipuladas; en el mejor de los casos, se trabajan ocho horas al día toda la semana, es decir, sábados incluidos, pero es muy común trabajar nueve. Una cosa es lo que pone en nómina y otra lo que se cobra. El salario más común son 45 o 50 euros por día, pero un trabajador puede perfectamente tener una nómina de 400 euros un mes, pese a haber trabajado todos los días menos los domingos, cobrando el resto en negro. Así la empresa se ahorra cotizaciones y seguros sociales. De hecho, está muy extendido cotizar 10 o 12 días, cometiendo fraude a la Seguridad Social. Por supuesto nada de vacaciones, todo lo más 10 o 15 días, y nada de pagas extra, ni días de asuntos propios. Eso, cuando existe un contrato, porque luego está la confianza de la empresa; no se le hace contrato a cualquiera. Es habitual tener personal sin contrato para situaciones excepcionales, o no tan excepcionales, de aumento de producción”.
Las personas con las que hemos hablado coinciden de manera repetida en el abuso empresarial que se sufre en el sector. ¿Causas? Germinal apunta algunas: “Por aquí, el pico de producción se da en los meses de octubre, noviembre, diciembre y enero, y ante la escasez de mano de obra local, se recurre a trabajadores migrantes en su mayor parte. En esos meses puede haber fácilmente un 20 o 25 por ciento sin papeles, principalmente subsaharianos y magrebíes. Estas personas necesitan, entre otras cosas, un contrato de trabajo que varía, según nacionalidad, entre 4 meses y un año”.
Se dan pues condiciones de extrema precariedad que hace que el colectivo migrante se encuentre sometido a la total arbitrariedad del contratador: “Es habitual que un trabajador empiece a trabajar recién llegado a España y esté tres años sin contrato intentando demostrar que es un trabajador de confianza y que se ha ganado el ansiado documento de trabajo”.
La situación del campo en España dista de la realidad que Gustavo ha observado en otros países europeos: “En la vendimia en Francia, mi experiencia ha sido totalmente diferente: condiciones de trabajo, salario y estancias son mucho mejores; los ritmos de trabajo diferentes, e incluso la actitud patronal, ya que aquí la cultura empresarial viene del franquismo y busca esquilmar al máximo al trabajador. Allí hay otra mentalidad. No quiero decir que no haya explotación, pero se notan las diferencias. Como en las nóminas, que se cumplen a rajatabla tanto en las percepciones, horas extras, festivos, desplazamientos, cotizaciones… Eso aquí no ocurre en la mayoría de los casos”.
Sindicatos en el campo
A la precariedad a la que se ven sometidas las personas migrantes, se une la dificultad de representación sindical en el sector. Germinal afirma que “los sindicatos de concertación no existen aquí, no quieren saber nada de precarios ni de inmigrantes, y mucho menos de inmigrantes precarios. La única presencia que se hace notar en la agricultura intensiva bajo plástico es la del SAT, con presencia en El Ejido y Níjar y en explotaciones grandes. Y algo menor, la de CNT. Aquí las explotaciones son relativamente pequeñas: la mayoría de tres o cuatro hectáreas. También existen de 50 hectáreas, pero no es lo habitual. Y el número de trabajadores, relativamente bajo: dos por hectárea en época normal y de cuatro a cinco en épocas de mucha producción”. En esas condiciones se hace difícil desarrollar una implantación sindical efectiva, y hacer un seguimiento de todas las irregularidades se convierte en una tarea titánica.
Mihaela y Germinal, coinciden en que la denuncia por parte del trabajador implica normalmente el señalamiento y la amenaza de despido. A veces incluso acompañada de una respuesta violenta. Lo que no impide, como afirma Gustavo, que las personas migrantes empiecen a organizarse “para conseguir viviendas dignas”, ya que muchas se encuentran en asentamientos de chabolas e infraviviendas, algo habitual en Huelva o Almería. Y de igual manera, para mejorar sus condiciones de trabajo, “como en el caso de las trabajadoras de la fresa en Huelva, con alianzas entre temporeras andaluzas y migrantes luchando juntas”.
El exjornalero incide en las dificultades por las que atraviesa el sindicalismo por hacerse un hueco en el sector: “El sindicalismo tradicional de clase ha perdido un poco la influencia en el campo y por eso están surgiendo asociaciones y colectivos de trabajadores migrantes que suplen esa carencia. En Andalucía, el SAT se mantiene en ciertos pueblos, pero se ha reducido mucho la afiliación”. También influye la temporalidad y la falta de conexión entre jornaleras de diferentes procedencias: “Creo que el sindicalismo de clase tiene que trabajar estos temas y no dejar olvidado el campo, porque, si no, será la extrema derecha la que capitalice el descontento”.
Agresiones sexuales
“Hay que tener presente el internacionalismo como seña de identidad del sindicalismo y de las luchas obreras y jornaleras”, continúa Gustavo. A su juicio, no es conveniente desentenderse del terreno agrícola para que la extrema derecha levante un argumentario falso sobre lo que es el campo y quién lo trabaja. “Hay que dar a conocer la realidad en las explotaciones rurales y cómo sin las personas migrantes sería imposible mantenerlas”, sentencia. “Y hay que hablar de las mujeres, que son invisibilizadas, de las cooperativistas, los cuidados en las zonas rurales o las trabajadoras migrantes que son explotadas en campañas como la fresa o en los invernaderos y se ven sometidas a abusos y agresiones continuas, incluso sexuales”, añade.
Y es que la explotación laboral no es el único desvelo al que tienen que enfrentarse las mujeres migrantes. El colectivo se ve sometido, en no pocas ocasiones, al acoso sexual, tal y como reconoce Mihaela: “Hay muchos casos de acoso, e incluso agresiones sexuales, por ser extranjera. Porque entre ellos se conocen y no van a acosar a una muchacha del pueblo, ¿no? Conocen a los padres, se puede enterar no sé quién… Pero nosotras venimos de fuera, no tenemos familia, no tenemos a nadie y se creen que no tenemos ningún apoyo y que pueden hacer con nosotras lo que les da la gana. Suele pasar más en el campo que en los almacenes del manipulado, donde también existe, aunque es más leve. Pero en los invernaderos se ven casos realmente fuertes”.
Nuevas experiencias
Al igual que en el Poniente almeriense, el cultivo de frutos rojos en Huelva es un pilar estratégico del sector agrario español: concentra el 98% de la producción nacional de berries (fresa, arándano, frambuesa, mora) y cerca del 30% de la Unión Europea. Representa el 11,5% del PIB provincial y genera más de 100.000 puestos de trabajo. Y al igual que en el caso almeriense, viene acompañado de una situación de explotación en el que destaca el colectivo migrante. La realidad ha llegado a ser denunciada por Philip Alston, relator especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos de la ONU, que en 2020 declaraba que las personas del campo onubense vivían “como animales”.
Chabolas al lado de los invernaderos donde trabajan los temporeros. ANA PINTO
Precisamente una de las nuevas experiencias que intentan hacer frente a la situación es la de la asociación Jornaleras de Huelva en Lucha. Así nos lo cuenta Ana Pinto, una de sus portavoces, que además nos comparte la buena nueva de que acaban de constituir la Sindical Obrera Andaluza: “Tenemos por un lado la asociación, y por otra hemos creado el sindicato, que es la herramienta necesaria para poder luchar por los derechos laborales de la gente que trabaja en la zona, que es de una gran diversidad: no todos estamos en las mismas condiciones. La mitad de la gente es de aquí, de Andalucía, pero la otra mitad viene de fuera, aunque con diferente perfil: está quien viene de Europa del Este, del espacio Schengen, quien viene de fuera de ese espacio, de América Latina, del continente africano… Y luego existe otro perfil, el de la gente sin papeles, que malvive en asentamientos chabolistas a los cuales se les vende el empadronamiento y es el perfil más vulnerable debido a las leyes de extranjería”.
Para las jornaleras, la lucha tiene que ser antirracista y desde ese punto de vista, una de sus prioridades es la regularización del colectivo migrante; también pelear por una sensibilización “que ayude a acabar con los discursos del odio”. El sindicalismo que proponen tiene un objetivo integral, no solo laboral: “Es que además está el hecho de la zona donde vivimos, que es una zona de sacrificio donde tenemos de todo: desde la contaminación por fosfoyesos, fertilizantes, pesticidas, etc… que lleva décadas vertiendo Fertiberia en una ría totalmente contaminada; tenemos el Polo Químico y la refinería de crudo, y justo al lado, los invernaderos”.
La llamada «zona de sacrificio»: invernaderos en Huelva con el Polo Químico al fondo. ANA PINTO
Ana nos va desgranando el sistema de monocultivo intensivo del que forma parte el agronegocio en Huelva: “Explotación de la tierra al máximo, producción basada en agroquímicos, en la explotación de las personas, agotamiento del agua… La problemática ambiental que tenemos es enorme. Por eso nuestra lucha es transversal, no entendemos el sindicalismo de otra manera. Es lucha por nuestra vida y la de los pueblos, que la gente pueda quedarse; y que tengamos agua cuando abrimos el grifo”.
El relato de la situación laboral en la zona parece sacado de épocas pretéritas: “En muchos casos te prohíben hasta hablar con compañeros… O lo que me comentaba el otro día una compañera, que por ponerte unos cascos con música le han castigado tres días de empleo y sueldo. Y luego, la lista de productividad, te llaman la atención si no has hecho tanto como otras, te castigan de empleo y sueldo. Te dicen que si no te espabilas te echan. Todo el día corriendo, todo el día gritando, que no te rías o no hables, que no muevas las manos. Tremendo. Y con la gente contratada en origen ya ni te cuento. Estamos hablando con compañeras a las que no se les ha llevado al médico, vulnerando derechos sanitarios; personas que están firmando despidos, que no saben siquiera que son despidos, porque, aunque la ley obligue, no suelen ponerlo en su idioma”.
Y otra vez, las agresiones sexuales: “Bueno, es el patriarcado y el sistema machista. Hay compañeras que están viviendo en los mismos lugares donde trabajan, o sea, fincas alejadas de los pueblos, a veces hasta 15 kilómetros. A menudo sin cobertura de teléfono y sin vehículo. Y si quieren acercarse al pueblo tienen que ir andando. Y claro, toda esa exposición, toda esta vulnerabilidad… Encima, cuando denuncias, te encuentras con que la justicia sigue siendo igual de machista, igual de patriarcal. Y te dicen que las mujeres están denunciando porque se quieren quedar aquí y tener papeles. Si encima no tienes testigos, algo fundamental para demostrar una causa judicial, pues imagínate”.
De momento ya existe una denuncia judicial por parte de algunas temporeras marroquíes contra un encargado de una explotación en Moguer y otra ante la Audiencia Nacional de otras diez temporeras a la empresa Doñana 98por explotación laboral, acoso y agresiones sexuales.
