Dice Marouane Laabbas el Guennouni, en plena ola de calor, que para gestionar el calor no podemos esperar a que lleguen las temperaturas extremas. «Deberíamos hacerlo cuando está nevando», analiza en esta entrevista en Climática con motivo del estudio que, junto con el investigador Andreas D. Flouris, acaba de publicar en el Instituto Sindical Europeo (ETUI), el centro de investigación y formación de la Confederación Europea de Sindicatos (CES).

Con el título El cambio climático y la salud de los trabajadores, el informe recoge lo que viene siendo una evidencia desde hace tiempo –»El cambio climático está haciendo más vulnerables a ciertas personas trabajadoras”–, pero también incluye entre sus principales conclusiones qué hay que hacer para evitarlo: «El estrés térmico laboral es prevenible, pero solo si la prevención se aborda como una obligación del empleador y una cuestión laboral colectiva, y no como una cuestión de resiliencia individual«. Entre las medidas figuran la evaluación de los riesgos térmicos mediante indicadores adecuados, la hidratación, la disponibilidad de zonas de descanso frescas o a la sombra, los ciclos de trabajo y descanso remunerados, la reprogramación de tareas, la aclimatación, la ventilación, la planificación de emergencias, la formación, la vigilancia de la salud y medidas específicas para los trabajadores con mayor riesgo.

«La necesidad de protección ante la exposición al calor no es cuando el calor sucede –insiste el coautor del estudio– sino que tienes que tener una preparación, medidas, protocolos de actuación que adopten el principio de prevención, es decir, medidas que estén preparadas para proteger antes, durante y después de la exposición». Es decir, no basta con un indicador concreto que solo tenga en cuenta la temperatura, sino otros factores como la humedad, la velocidad del aire… o, incluso, cómo los equipos de protección individual van a afectar o no al calor que experimentan las personas trabajadoras. 

En ese aspecto, el estudio señala asuntos que generan riesgos climáticos: «El diseño del lugar de trabajo, la organización laboral, la intensidad de las tareas, la vestimenta, los equipos de protección individual (EPI), la jornada laboral y el poder de negociación determinan si dichos riesgos se convierten en exposiciones laborales; y la exposición puede derivar en enfermedades, lesiones, pérdida de capacidad laboral, reducción de ingresos e inseguridad”. Y muchas veces, esas lesiones no son vistas como una consecuencia del efecto del calor.

Según recoge el mismo informe, análisis recientes del Centro Común de Investigación prevén que 22 regiones europeas pueden sufrir pérdidas anuales de productividad laboral superiores al 1% para el año 2050, cifra que ascendería a 107 regiones en la década de 2080. Estas pérdidas no se distribuyen de manera uniforme. Si bien el sur de Europa y la región mediterránea ya presentan una exposición elevada, el centro, el este y el norte de Europa también se ven cada vez más afectados, especialmente en zonas de islas de calor urbanas, edificios mal adaptados y sectores que históricamente no se diseñaron teniendo en cuenta las altas temperaturas.

Entre los trabajadores con menor capacidad para afrontar este riesgo se encuentran los migrantes y las personas en situación irregular, los trabajadores estacionales y de plataformas digitales, los falsos autónomos, los trabajadores remunerados a destajo, las trabajadoras embarazadas, los trabajadores de mayor y menor edad, aquellos con enfermedades crónicas y quienes deben utilizar equipos de protección individual o impermeables; no obstante –insiste el documento–, su vulnerabilidad deriva de factores diversos, como la susceptibilidad fisiológica, la concentración en sectores y ocupaciones de alto riesgo, las condiciones laborales precarias y una capacidad más limitada para ejercer sus derechos laborales.

Dice también Marouane Laabbas el Guennouni, que ha visto los efectos del calor en trabajadoras como su abuela y su madre, que en dos de las tres conferencias que ha organizado desde el ETUI este año se han producido situaciones en las que ha habido una emergencia hablando de la propia emergencia: «Es que recuerdo que en Barcelona estábamos en la sala y todos los móviles empezaron a sonar con la alarma. ¿Por qué digo esto? Porque está pasando ya. Es la nueva realidad. Y sin darle respuesta, nos va a atrapar, ya nos está atrapando».

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El término del día, que, con toda seguridad, tendrá más recorrido: el absentismo laboral. Declaraciones recientes de Feijóo sobre el coste económico del mismo para las empresas y el erario público, recogiendo el testigo de las patronales y la economía y los economistas conservadores. Como si absentismo fuera una argucia de los currantes para trabajar menos o con menos intensidad, sin renunciar a sus ingresos. 

En realidad, nada nuevo en el firmamento. El objetivo es mezclarlo todo para no hablar de lo verdaderamente trascendente. El denominado absentismo laboral, expresión claramente tendenciosa, incluye, entre otros conceptos, la incapacidad temporal –como las bajas médicas– y los permisos retribuidos y no retribuidos. Es una expresión que arremete de forma infame contra derechos conquistados por los trabajadores y trabajadoras. Resulta sencillamente inaceptable que ese sea el debate y no la precariedad en el trabajo y los bajos salarios, que impiden llevar una vida decente y ejercer plenamente los derechos laborales y sociales. 

Pero el asunto en cuestión presenta mucho más recorrido. Tiene que ver con el lenguaje utilizado que pretende incorporar (imponer) un sentido común que, supuestamente, debe tomarse como punto de partida de un debate racional y razonable… ¡un espacio donde se darían cita la buena economía y los buenos economistas! 

Sin pretender ser exhaustivo, algunos ejemplos que pretenden reflejar el sentido común al que acabo de hacer referencia y que constituyen manipulaciones de gran calado:

a) La utilización del término “mercado de trabajo”, cuando en realidad las condiciones de vida de los trabajadores están indisociablemente unidas al ejercicio de los derechos laborales y humanos, derechos que ni pueden ni deben abordarse en clave mercantil.

b) Cuando se aplican políticas para, supuestamente, “flexibilizar” el mercado laboral cuando en realidad se pretende, y se ha conseguido en buena medida, debilitar o anular la capacidad de lucha y negociación de las personas trabajadoras, creando las condiciones para presionar a la baja los salarios.

c) Cuando se asocia “contención salarial” con competitividad, pretendiendo, errónea y sesgadamente, que este es el factor determinante de la misma.

d) Cuando se pretende establecer una relación de causa/efecto entre los salarios y la inflación, ocultando que esta tiene que ver sobre todo con el desorden estructural del capitalismo y el poder de las grandes firmas.

e) Cuando con estos enunciados se desvía descaradamente el foco donde en realidad debería situarse: las retribuciones de las élites empresariales y los grandes accionistas de las empresas, un terreno intocable, que, sin embargo, es fundamental para entender la economía realmente existente y los intereses que la articulan.

Sobre estos y otros temas cruciales se pasa, en el mejor de los casos, de puntillas. El debate queda, de este modo, atrapado y contaminado. 

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Si uno decide visitar el Museo Nacional y Centro de Arte Reina Sofía (MCARS) de Madrid, seguramente en la puerta se encuentre con varios trabajadores que advierten de la huelga del servicio de atención al público que realizan desde el 13 de junio. Se trata de algo más de una veintena de empleados que cumplen con un trabajo estructural y continuado en la pinacoteca pero que, sin embargo, son gestionados a través de contratos externalizados a terceras empresas. La gota que ha colmado un vaso ya demasiado rebosante han sido los nuevos pliegos. Según explica Víctor –prefiere no dar su apellido–, portavoz del sindicato Solidaridad y Unidad de los Trabajadores (SUT), que da cobertura a los paros, el Museo ha licitado el servicio con la desaparición de dos puestos de atención al público por turno.

De esta forma, la nueva compañía adjudicataria tendrá que ejecutar dicha reducción como despido o como reducción horaria con la consiguiente reducción salarial. Desde el Reina Sofía han respondido a La Marea que esta reducción “responde precisamente a una reivindicación sindical reiterada sobre las condiciones climáticas intolerables que presentan los puntos de información situados en el Palacio de Velázquez y el Palacio de Cristal”. 

Por su parte, Víctor contradice esta versión. Según asegura, la plantilla en la sede principal del Museo, en la plaza de Juan Goytisolo, siempre ha sido de diez posiciones por turno que ahora se reducen a ocho. “Esto no tiene nada que ver con las posiciones de palacios cuando estaban abiertos hace dos años que eran tres por la mañana, tres por la tarde y tres el fin de semana”, a las que se añadían una decena más en la sede principal.

El SUT recuerda que el Reina Sofía ha experimentado un incremento paulatino del número de visitantes, hasta que este 2025 han superado los 1,6 millones. “Pese a esto, la dirección quiere reducir un 20% la plantilla de atención al público, la que se dedica a la accesibilidad universal al centro, la necesidad de sillas de ruedas, atención e identificación de grupos, validar entradas, así como informar sobre los accesos”, reitera el portavoz.

Este servicio indispensable para el Museo se encuentra externalizado, al igual que el de mediación cultural, cuya plantilla decidió secundar los paros desde su comienzo hasta el pasado 24 de junio. El MNCARS ha detallado que la última oferta de empleo pública resuelta, que corresponde a 2020 pero ofertada en 2025, recogía ocho plazas de informadores que resultaron vacantes. “En los tres años que esta dirección lleva al frente del Museo la plantilla ha aumentado en más de 160 personas, reduciéndose en 140 los contratos externalizados de vigilancia de sala”, han cifrado.

Denuncian los servicios mínimos

La huelga también ha encontrado cierto conflicto con los servicios mínimos establecidos por el Ministerio de Cultura, marcados en un 30%. Desde el SUT denuncian que los servicios mínimos están pensados para servicios de “inaplazable necesidad” que experimentan huelgas por parte de la plantilla que los ofrece. “Y ahora obligan a unos servicios mínimos en un museo que cierra cada martes y domingo por la tarde con la excusa de garantizar el acceso a la cultura”, insiste Víctor. El sindicato considera falso que no poder entrar al Reina Sofía por un conflicto laboral sea motivo suficiente para poder afirmar que por ello se vulnera el derecho a la cultura de la población. Ya han recurrido esta medida implantada por la cartera que tiene a Ernest Urtasun al frente.

“Con esta decisión, que toma el Ministerio, que no es un ente imparcial sino el responsable directo del Museo, sabotean y diluyen totalmente nuestra fuerza frente a la prepotencia institucional y los despidos”, añade Víctor. Cultura ha afirmado a La Marea que el Tribunal Constitucional dictamina que el responsable de establecer los servicios mínimos en una huelga es el órgano gubernamental con competencias en la materia y en los servicios afectados por la misma. “Al ser una cuestión de cultura, le corresponde al Ministerio de Cultura”, han dictaminado.

Tal y como han remarcado, para decretar los servicios mínimos se han basado en jurisprudencia del Tribunal Constitucional y en dos cuestiones: la “relevancia singular dentro del sistema cultural español” que posee el MNCARS por tratarse de la institución nacional de referencia para la conservación, investigación, exhibición y difusión del arte moderno y contemporáneo; y que “el acceso a la cultura es un derecho constitucional que cualquier administración competente debe garantizar”. Según defienden, se han decretado unos servicios mínimos que garantizan tanto el derecho al acceso a la cultura como el derecho a huelga.

Los efectos de la huelga

Pese a los servicios mínimos establecidos, los paros se dejan ver en las largas colas que se forman a la entrada del Museo, sobre todo en las franjas horarias gratuitas o determinados días de especial afluencia, ya que una de las funciones de la plantilla de atención al público es la validación de entradas. “El Museo ha utilizado a personal propio y a vigilantes de seguridad para sustituir a los huelguistas y hacer que su presión se reduzca”, afirma Víctor, quien apunta a que el SUT también ha denunciado estos hechos ante los tribunales de lo Social. El Museo, por su parte, niega cualquier tipo de sustitución de huelguistas.

El primer impacto directo de la protesta laboral ha sido el cierre del acceso por el edificio Nouvel. Asimismo, el SUT reivindica un descenso de hasta un millar de visitantes desde que comenzó la huelga, un extremo confirmado por el MNCARS, aunque no lo relacionan directamente con los paros. “Si el Ministerio no hubiera establecido los servicios mínimos, el Museo ya se tendría que haber sentado con la plantilla para negociar las futuras licitaciones. Así no habría habido ninguna huelga y el servicio no se habría degradado”, esgrime el portavoz del SUT.

Asimismo, Víctor aclara que cualquier comprador online de la entrada al Reina Sofía no sabrá hasta que llegue al museo que menos de un tercio de la plantilla de atención al público estará en disponibilidad de atenderle. “Una parte no desdeñable pero de difícil cuantificación de los visitantes se solidariza con nosotros al conocer nuestras demandas y no entra al ver cómo la institución tiene un discurso específico de puertas para afuera pero que no se corresponde con la realidad”, prosigue el portavoz. Las pantallas del centro de arte sí advierten in situ de los paros en el servicio de atención al público.

El equipo de 22 trabajadores de la plantilla de atención al público mantiene los ánimos altos gracias a la solidaridad de los primeros días de sus compañeros de mediación cultural y de la caja de resistencia que tantas personas están engrosando con sus aportaciones. “Estamos ante cuatro despidos y un enfado muy grande por el desdén y la hipocresía institucional del Museo”, recalcan desde el SUT.

Un cátering cuesta más que un salario anual

La cuantía de los salarios tampoco ayuda. El sindicato sostiene que los trabajadores de atención al público perciben unos 13.000 euros al año cuando el director de la institución, Manuel Segade, se embolsa más de 145.000 euros anuales. Le siguen la subdirectora con casi 96.000 euros y el director de gabinete, con más de 88.000 euros. Solo el cátering que el MNCARS encargó hace unas semanas para celebrar su 40 aniversario ya costó 14.000 euros, tal y como han confirmado fuentes internas del Museo. 

“Aquí hay trabajadores obligados a trabajar que van a ser despedidos dentro de unas semanas. Hoy son imprescindibles, mañana se van a la calle y no pueden hacer huelga contra su propio despido. Que se fomente esto desde un Museo que, al menos desde su márketing, defiende toda una serie de discursos alternativos y progresistas, es especialmente grave”, finaliza el portavoz.

Por último, el MNCARS ha incidido en que la dirección “ha trabajado conjuntamente con las organizaciones sindicales mayoritarias que representan a las más de 700 personas que integran la plantilla del Museo Reina Sofía con el objetivo de mejorar las condiciones laborales dentro de la institución”. Además, han subrayado que en un contexto de tres años con los presupuestos prorrogados se ha disminuido la rotación de personal, se ha reducido la salida de trabajadores y trabajadoras fuera del Museo y existe un buen clima laboral.

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La Llotja de Mar, símbolo del comercio marítimo barcelonés desde el siglo XIV, albergó durante dos días una conversación sobre los flujos invisibles que mueven el mundo contemporáneo: datos, algoritmos, plataformas, derechos. El I Encuentro Internacional por los Derechos Digitales –organizado en el marco de la Mobile World Capital Barcelona y financiado con fondos europeos de NextGenerationEU– acogió mesas redondas, charlas magistrales y sesiones de participación ciudadana sobre un mismo eje temático abordado desde ángulos muy distintos: el impacto de la inteligencia artificial y las plataformas digitales sobre los derechos fundamentales, la democracia y el trabajo.

Y, sin embargo, uno de los mensajes más repetidos a lo largo de las dos jornadas fue precisamente ese: que el debate llega tarde. Que mientras académicos, juristas y representantes sindicales discuten marcos regulatorios y garantías democráticas, las tecnologías que pretenden regular llevan años operando a escala masiva, moldeando conductas, eliminando empleos y concentrando un poder sin precedentes en manos de unas pocas corporaciones privadas. El congreso no podía resolver esa contradicción, pero al menos la nombraba sin eufemismos.

Buena parte de los asistentes que debatían sobre el empoderamiento de los trabajadores y la necesidad de escuchar voces colectivas lo hacían ataviados con traje. Una contradicción menor, quizás, pero elocuente: la urgencia por democratizar el debate digital convive, todavía, con los códigos y los circuitos de siempre.

El vehículo sin carriles

Geertrui Mieke De Ketelaere, ingeniera e investigadora de inteligencia artificial desde los años noventa y autora de The Chatbot Trap, fue una de las voces más contundentes de la primera jornada. Lleva décadas estudiando cómo las sociedades adoptan tecnología y ha aprendido a reconocer ciertos patrones que se van repitiendo, pero el que ve ahora con el desarrollo de la llamada “Inteligencia Artificial” le inquieta: “Cuando hay un accidente de coche, los daños están a la vista, pero con la IA los daños se esconden”. Su diagnóstico fue claro: el modelo habitual –primero optimizar, luego pensar en el impacto– se está repitiendo con la inteligencia artificial, pero a una velocidad y con una opacidad sin precedentes. “Tenemos que apresurarnos en ponerle carriles al vehículo”, resumió. El coche ya está en marcha, pero la carretera todavía no existe.

De Ketelaere fue más allá de la necesidad de regulación para hablar de algo más estructural, lo que ella llamó “la economía del apego”, es decir, la forma en la que las grandes plataformas explotan mecanismos dopamínicos para generar dependencia emocional, presentándola como mejora de las relaciones sociales cuando los efectos reales apuntan en dirección contraria. La adicción como business model.

Este tipo de análisis, que hace apenas una década habría sonado alarmista en un foro institucional, fue recibido en la Llotja de Mar sin apenas cuestionamiento. Algo ha cambiado en el consenso experto. La pregunta es más qué herramientas disponemos para actuar.

«Estamos entrenando a la máquina para que nos sustituya»

Si la sesión sobre sostenibilidad digital habló del problema en términos sistémicos, la mesa dedicada al impacto de las tecnologías emergentes en el trabajo sirvió para bajarlo a ras de suelo. María Luz Rodríguez, catedrática de Derecho del Trabajo de la Universidad de Castilla-La Mancha, arrancó desmontando una coartada habitual: “No estamos hablando del futuro del trabajo. Estamos hablando del presente”. Puso el ejemplo de los centros de atención telefónica, donde la voz de los trabajadores se graba sistemáticamente para entrenar a los bots que acabarán sustituyéndoles. “Estamos trabajando para que nos acaben desalojando”, resumió. Y aquí paz y después gloria.

Rodríguez reclamó que el debate sobre la propiedad de los datos laborales se sitúe en el centro de la agenda política y sindical. Los datos que generan los trabajadores en su actividad cotidiana tienen un valor económico enorme. Ese valor se captura, se monetiza y raramente revierte sobre quien lo produce. “No podremos transformar la sociedad sin la voz de las personas implicadas”, insistió. La transformación digital, advertía, requiere un diseño plural que vaya más allá de la perspectiva empresarial.

La mesa completó ese diagnóstico con otras voces. José Varela, responsable de IA y digitalización de UGT Confederal, distinguió entre empleo y empleabilidad: perder un trabajo es un drama individual, pero cuando una tecnología elimina categorías enteras de ocupación, lo que se destruye es la posibilidad misma de encontrar empleo en ese sector. “Eso está ocurriendo”, advirtió. Eva Rimbau-Gilabert, profesora de la UOC, añadió que el control tecnológico excesivo sobre los trabajadores siempre genera desafección y rompe el contrato psicológico. “La IA se está usando para sustituir, cuando debería ser utilizada para complementar”, concluyó. Las empresas, dijo, se están buscando un problema a medio plazo.

Democracia, juventud y el espejo iberoamericano

La primera jornada cerró con una mesa que amplió el foco geográfico y generacional. Alexandre Pupo, secretario general del Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica, aportó un dato que debería figurar en cualquier informe sobre el estado de las democracias: si en 2010 una mayoría de jóvenes iberoamericanos declaraba apoyar la democracia, en 2020 ese apoyo había caído al 45%. En el mismo período, las tasas de trastorno emocional y depresión se duplicaron.

Ciertamente, correlación no implica necesariamente causalidad. Pero en este caso, y a falta de que baje un estadista y lo certifique, todo apunta a que ambos conceptos se dan de la mano.

Pupo rechazó la narrativa de los que los jóvenes de hoy son “nativos digitales”, identificándola como una trampa conceptual. “Nos toca vivir en esta realidad, pero no nacemos preparados para ella”, dijo. Y apuntó a un dato que da que pensar. “En 2010 ocurre algo…Facebook crea el botón de me gusta”. Correlación no implica causalidad. Pero haríamos bien en recordar estos datos y atar algunos cabos.

Gustavo Gómez, director ejecutivo de OBSERVACOM, señaló la asimetría regulatoria que subyace a todos estos debates: se regula con más intensidad a los usuarios que a los dueños de las plataformas. En América Latina, ese desequilibrio tiene consecuencias políticas directas que los marcos europeos tienden a subestimar. La cuestión de fondo es quién tiene el poder de definir qué se ve, qué se amplifica y qué se silencia en el espacio público.

Lo que queda pendiente

El I Encuentro Internacional por los Derechos Digitales no pretendía resolver los problemas que ponía sobre la mesa, y no los resolvió. Pero consiguió algo más difícil en el clima actual: reunir en un mismo espacio a personas que habitualmente hablan en registros y foros distintos –el académico, el sindical, el jurídico, el activista, el institucional– y forzarlas a escucharse. En un momento en que la velocidad del cambio tecnológico tiende a dejar obsoletos los marcos de análisis antes de que sean adoptados, esa lentitud deliberativa tiene un valor que no debe subestimarse.

Lo que el congreso dejó en evidencia es que el tiempo del diagnóstico se agota. Durante años, investigadores y activistas han documentado los riesgos de la concentración tecnológica, la explotación de datos, la manipulación algorítmica y la destrucción de empleo. Esa documentación existe. Los marcos regulatorios europeos –el AI Act, el Digital Services Act– existen también, aunque sean insuficientes. Lo que falta es, de algún modo, lo de siempre: voluntad política para actuar a la altura de un problema que ya nos está superando, y hacerlo en clave democrática en contra los intereses del poder tecnofeudal creciente.

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En marzo de 2026, Anthropic –la empresa que fabrica el modelo de inteligencia artificial Claude– publicó un informe sobre el impacto de la IA en el mercado laboral. Sus autores, Maxim Massenkoff y Peter McCrory, introducen un nuevo indicador para medir el riesgo de desplazamiento laboral por IA al que llaman observed exposure, una métrica que cruza la capacidad teórica de los modelos de lenguaje con su uso real y automatizado en entornos profesionales.

Los números son reveladores en su frialdad, aunque a estas alturas ya no sorprenderán demasiado: los programadores informáticos encabezan la lista de ocupaciones más expuestas, con un 74,5% de cobertura automatizable. Les siguen los representantes de atención al cliente (70,1%), los técnicos de entrada de datos (67,1%), los especialistas en registros médicos (66,7%) y los analistas de mercado (64,8%). La Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos proyecta, además, que las ocupaciones con mayor exposición observada crecerán menos de aquí a 2034: por cada 10 puntos porcentuales de incremento en la cobertura IA, la proyección de crecimiento del empleo cae 0,6 puntos. Es una pendiente modesta en los decimales, pero inequívoca en la dirección.

El informe también detecta algo que todavía no aparece en las estadísticas de desempleo pero que lo precede: la contratación de jóvenes entre 22 y 25 años en los sectores más expuestos ha caído un 14% en el período post-ChatGPT. Los trabajadores de mayor edad permanecen en sus puestos; los jóvenes, sencillamente, ya no entran. La máquina no expulsa todavía de forma masiva; por ahora, cierra el acceso a quienes aún no han llegado.

Conviene señalar, antes de seguir, algo que ningún modelo econométrico puede capturar: el informe lo publica la misma empresa que construye la herramienta que desplaza los empleos. El capital tecnológico se ha arrogado también la función de diagnóstico, y eso delimita de antemano qué puede ser visto, pensado y, sobre todo, propuesto como solución. El informe mide la exposición al riesgo, pero la pregunta que no formula –a quién va a parar la productividad ganada– la responden los mercados cada trimestre con resultados récord.

La promesa incumplida de la abundancia

En 1930, en plena resaca del crack de Wall Street, John Maynard Keynes publicó un ensayo llamado Economic Possibilities for our Grandchildren en el que imaginó que hacia el año 2030 el progreso tecnológico habría resuelto el problema económico de la humanidad. Su predicción era que por aquel entonces (dentro de cuatro años), la humanidad disfrutaría de una jornada laboral de 15horas semanales, y el resto del tiempo podría ser dedicado al ocio, a la cultura, a lo que a cada cual le diera la gana. Keynes no era un revolucionario ni un utopista de izquierdas; era el economista más influyente de su siglo, y su argumento era puramente aritmético. Si la productividad crece lo suficiente, llega un momento en que las máquinas hacen el trabajo y los seres humanos pueden hacer otra cosa.

Paul Lafargue había llegado a una conclusión similar cincuenta años antes, en El derecho a la pereza (1880), aunque con una carga política que Keynes no compartía: si las máquinas producen más, los seres humanos deberían trabajar menos, y el hecho de que eso no ocurra dice algo sobre quién controla las máquinas, no sobre las máquinas en sí.

Marx lo había formulado en términos más radicales todavía, en los Manuscritos económico-filosóficos de 1844, al describir el trabajo como la forma fundamental de alienación del ser humano bajo el capitalismo. En ese texto, el trabajo se convierte en algo externo al trabajador, en una actividad que no le pertenece y que le arrebata la energía vital para convertirla en mercancía. La tecnología, en este esquema, debería representar la posibilidad histórica de revertir esa alienación: si las máquinas hacen el trabajo, los seres humanos podrían recuperar el tiempo para desarrollarse como tales.

Tres pensadores, tres tradiciones intelectuales distintas, la misma conclusión de fondo…pero lo que estamos viviendo en este momento es exactamente lo contrario de lo que los tres anticiparon. El aumento de productividad que trae la IA no está reduciendo la jornada laboral, ni garantizando una renta de subsistencia a quienes quedan desplazados, ni, por supuesto, financiando sistemas públicos más robustos. Está concentrando el excedente en manos de un número cada vez más reducido de propietarios de infraestructura digital, mientras los trabajadores desplazados navegan solos un mercado que ya no los necesita con la misma urgencia de antes.

La cuestión de fondo, sin embargo, no es que la IA destruya empleos netos, sino que los beneficios extraordinarios separan cada vez a aquellos que necesitan “matarse” a trabajar (a veces se trata de un matarse literal) ante una minoría ultrarrica con un poder económico superior al PIB de varios Estados del mundo.

De alguna manera la ola neoliberal que comenzó en las postrimerías de la primera mitad del siglo XX, ha encontrado en la IA su argumento más poderoso: la inevitabilidad. Si los mercados son eficientes y la tecnología es neutral, cualquier perturbación laboral es simplemente el precio del progreso, y quien no se adapte habrá elegido, en el fondo, su propio destino.

Lo que sería posible si hubiera voluntad política

No existe ninguna razón técnica por la que el aumento de productividad derivado de la IA no pueda distribuirse. Las propuestas son muchas. La renta básica universal, por ejemplo, ofrece un mecanismo: si las máquinas generan riqueza, que esa riqueza financie la vida de quienes las máquinas han desplazado. Una demanda que, lejos de ser una excentricidad de la izquierda, tiene defensores en tradiciones políticas muy diversas, precisamente porque la lógica que la sustenta es difícil de rebatir sin apelar directamente a los intereses de quienes acumulan.

Porque lo que sigue ocurriendo –y lo que el debate técnico sobre la IA sistemáticamente oscurece con sus métricas de cobertura y sus proyecciones de crecimiento sectorial– es que el aumento de la productividad no está sirviendo para liberarnos del trabajo, sino para concentrar la riqueza de muchos en manos de muy pocos. Keynes lo habría reconocido con perplejidad. Lafargue, con rabia. Y Marx, con la amarga satisfacción de quien ya lo habría anticipado.

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