El sensacionalismo hizo mella en nuestros movimientos. Tanta noticia sobre las cloacas del estado o del servicio secreto militar de Marruecos nos han hecho desviar la atención y creernos participes de una novela de John le Carré. Nada más lejos de la realidad…

Tu móvil no tiene Pegasus ni lo tendrá, en cambio puede que estés vigilado igualmente. Muchos de los agujeros de seguridad y las puertas traseras que nuestras amables instituciones permitieron son de sobra conocidos. Cada generación de GSM trae más velocidad y una nueva forma de control social, me pregunto ¿qué traerá el G6?. Os contaré una historia. Se cree que Bolsonaro llegó al poder gracias a este tipo de brechas que normalmente comercializan empresas israelíes, en concreto explotó una vulnerabilidad en la red GSM. La estrategia de Bolsonaro fue la siguiente, en manifestaciones, en iglesias, en barrios pobres, en barrios ricos… colocaban furgonetas con estos sistemas de interceptación para descubrir los números de teléfono que por las cercanías concurrían. Así sabían qué teléfono era de izquierdas, cuál de derechas, cuál iba a misa o cuál acudía a la mezquita. Además de todo esto Brasil estaba atado a la aplicación Whatsapp, mucha gente en 2018 se informaba con ella. Aprovechando este hábito incluían a las personas en canales que eran de su agrado, confirmaban sus sesgos, se ganaban su confianza mientras los estudiaban mejor. Una vez llegadas las elecciones el equipo de Bolsonaro se dedicó a torpedear mediante noticias falsas con la intención de activar y desactivar el voto. No se trata de convencer, se trata de inmovilizar a determinados votantes mientras movilizas a otros. Se cree que esta fue una de las estrategias claves de Bolsonaro para llegar al poder. Pero seamos realistas, esta historia de Bolsonaro y los móviles había que ponerla en entredicho, era tan probable que fuese cierta como un bulo.

La leyenda de Bolsonaro no acaba aquí, durante su mandato con la ayuda de una empresa israelí llamada Cognyte espió a opositores, jueces, periodistas… No está claro el número de teléfonos que se espiaron durante su mandato, pero se hicieron 61.000 consultas a Cognyte además de confiarle el guardado de los datos espiados. Esta empresa vende algo bastante realista, vende localización, simplemente eso. No se sabe si es capaz de entrar en tu móvil y probablemente no lo sea, dónde se especializa es en detectar la ubicación de números de móvil. En 2022 lo de Bolsonaro y los móviles ya empezaba a oler mal y aquella historia de las caravanas espías empezaba a ser más probable.

Hace unos días, gracias a la filtración de un contrato con el estado de Texas y Cognyte, se descubrió la existencia de FalcoNet. FalcoNet es un producto como aquellos que usaba Bolsonaro pero adaptado a la realidad actual. Como se creía los móviles en la zona de actuación del aparato se identifican y probablemente se analicen gracias a fallos de seguridad conocidos y permitidos de las redes GSM. Este tipo de tecnologías llevan años en nuestra sociedad, incluso Bolsonaro hace ya más de 8 años pudo acceder a ellas sin ser tan siquiera una agencia gubernamental, tan sólo un puto chiringuito partido político recién fundado.

Mientras las noticias hablaban del NSO Group, de Pegasus, spywares y de ataques de “zero click” tu acudías a la manifestación, a las sede de movimientos o a actos políticos sin despegarte de tu móvil. Nos pensamos que la seguridad eran ataques dirigidos y que pagar una licencia de Pegasus para infectar un móvil era el pan nuestro de cada día. La realidad es que una licencia de Pegasus cuesta cerca del millón de euros y cunde más que ese millón de euros se invierta en tecnologías de control masivo. Cognyte trabaja para el estado, está confirmado que lo hace. En 2025 un artículo del medio Directa desveló contratos de esta empresa con la policía catalana y la Guardia Civil. Deberíamos haber dejado más veces el móvil en casa, deberíamos haber llevado el móvil apagado o en modo avión a esa manifestación y aunque no lo hiciésemos eso puede y debe cambiar. ¡Cuidate compañero!.

El mercado mundial del petróleo registra este jueves una fuerte volatilidad por disrupciones simultáneas en varios puntos críticos marítimos y de oleoductos. El barril de Brent ha superado los 85 dólares, un nivel no visto en meses, ante el temor a interrupciones en el suministro global de crudo.

España, altamente dependiente de las importaciones de petróleo, es uno de los países europeos más expuestos a estas turbulencias. La incertidumbre ha afectado también a las bolsas europeas, que han registrado caídas, con el Ibex 35 a la cabeza de los descensos.

Incidentes en puntos clave del tránsito energético

Los incidentes afectan a infraestructuras estratégicas como el estrecho de Ormuz, Bab el-Mandeb y el estrecho de Malaca, que canalizan una parte significativa del tráfico mundial de crudo. El Ministerio para la Transición Ecológica ha activado el protocolo de seguimiento de la situación, aunque por el momento descarta recurrir a las reservas estratégicas de hidrocarburos.

La coincidencia de incidentes en varios cuellos de botella simultáneos no tiene precedentes recientes, según fuentes del sector. Arabia Saudí mantiene su producción estable, pero la OPEP+ aún no ha anunciado una reunión extraordinaria para evaluar la situación.

El Ministerio de Asuntos Exteriores ha confirmado que sigue de cerca la evolución de los incidentes y mantiene contacto con los países ribereños de las zonas afectadas para garantizar la seguridad de los buques con bandera española. La incertidumbre domina las operaciones, mientras los países consumidores instan a la calma.

El precio del barril de crudo Brent ha superado este jueves 23 de julio la barrera de los 100 dólares, su nivel más elevado desde el pasado mes de mayo, según datos del mercado a cierre de la jornada. El repunte se produce por el recrudecimiento de las tensiones en Oriente Medio, que amenazan el tráfico marítimo en el estrecho de Bab el-Mandeb, un paso estratégico que conecta el mar Rojo con el golfo de Adén.

Los mercados energéticos globales temen una interrupción del transporte de crudo a través de esa vía, por la que transita una parte significativa del comercio mundial de petróleo. La escalada de la conflictividad en la región ha disparado la prima de riesgo sobre los suministros procedentes de Oriente Medio y el golfo Pérsico, que dependen de esa ruta para llegar a los mercados europeos y asiáticos.

Impacto asimétrico en exportadores e importadores

La subida del Brent beneficia directamente a los países exportadores. Argelia, cuyo principal ingreso exterior proviene de las ventas de hidrocarburos, ve con buenos ojos la recuperación de los precios por encima de los 100 dólares, según los analistas. Para Argelia, cada dólar adicional en el barril se traduce en un incremento significativo de sus ingresos fiscales y de su balanza comercial.

En el lado opuesto, los países importadores netos como España afrontan un encarecimiento de la factura energética. La dependencia española del crudo importado, combinada con el repunte del Brent, presiona al alza los costes de la electricidad y los carburantes, lo que puede trasladarse a la inflación general de la economía.

El reciente repunte del crudo coincide con un contexto de inestabilidad geopolítica en Oriente Medio que no muestra señales de desescalada. Las autoridades marítimas y los operadores del sector siguen de cerca la evolución de la crisis en el mar Rojo, donde cualquier incidente adicional podría tensionar aún más los precios del petróleo en las próximas semanas.

Estados Unidos y Arabia Saudí han firmado un acuerdo nuclear que otorga al reino saudí derechos de enriquecimiento de uranio, en un movimiento que redefine la geopolítica energética de Oriente Próximo en plena escalada del conflicto entre Washington e Irán.

El pacto concede a Riad la capacidad de enriquecer uranio en su territorio, una prerrogativa que hasta ahora solo poseían unos pocos países y que levanta dudas sobre la proliferación nuclear en una de las regiones más inestables del planeta. Washington busca con este acuerdo contrarrestar la influencia iraní y asegurar la lealtad de Arabia Saudí en el marco de la guerra declarada contra Teherán.

Un giro en la geopolítica energética

El acuerdo supone un punto de inflexión: según fuentes del análisis, «Washington ha reconfigurado la geopolítica energética de Oriente Medio». La decisión estadounidense, al abrir la puerta al enriquecimiento saudí, impacta directamente en el mercado global de uranio y en las relaciones con la OPEP, de la que Riad es el principal socio. Arabia Saudí, que hasta ahora dependía de terceros para el ciclo del combustible nuclear, gana autonomía estratégica en un momento de tensión máxima con Irán.

Desde el punto de vista de la proliferación, el acuerdo introduce un factor de riesgo. El enriquecimiento de uranio es una tecnología de doble uso que puede emplearse tanto para fines civiles como militares. Aunque Arabia Saudí se ha comprometido a no desarrollar armas nucleares, los términos del pacto no incluyen salvaguardias adicionales más allá de las del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP), del que Riad es signatario.

El acuerdo se ha cerrado en paralelo al incremento de la presencia militar estadounidense en el golfo Pérsico. Arabia Saudí, por su parte, ha reiterado su derecho a desarrollar un programa nuclear con fines pacíficos, un argumento que ahora refuerza con la carta del enriquecimiento. Queda por ver cómo reaccionan los socios europeos y el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) ante lo que muchos consideran un precedente peligroso para la región.

Los rebeldes hutíes de Yemen han atacado un petrolero de bandera saudí en el Mar Rojo, en el marco de la escalada del conflicto entre Irán y Estados Unidos. El ataque, que tuvo lugar el 23 de julio de 2026, supone un nuevo desafío a la seguridad del tráfico marítimo en una de las rutas energéticas más estratégicas del mundo.

La milicia chií yemení, aliada de Teherán, busca aumentar la presión sobre Occidente y afectar al suministro energético global en el contexto del actual enfrentamiento entre la República Islámica y Washington. El ataque se produce sin que se hayan reportado víctimas ni daños cuantificados, según las primeras informaciones.

Implicaciones para la seguridad energética

El Mar Rojo es una vía clave para el transporte de crudo hacia Europa y Asia, y cualquier interrupción afecta directamente a los precios del petróleo. España, como consumidor de petróleo y aliado de Arabia Saudí en la coalición internacional, podría verse afectada si la inestabilidad persiste. El Gobierno saudí no ha emitido aún una declaración oficial, mientras los hutíes han reivindicado la acción como parte de su apoyo a Irán en el conflicto regional.

Los hutíes han demostrado su capacidad para golpear infraestructuras energéticas saudíes en el pasado, y este ataque subraya el riesgo para la seguridad energética global en un momento de alta tensión geopolítica.

El ataque se enmarca en la estrategia hutí de desgaste contra Arabia Saudí, principal potencia suní de la región y respaldada por Estados Unidos. La comunidad internacional, incluyendo la Unión Europea, ha condenado la acción y reclama moderación para evitar una escalada mayor.

Las fuerzas hutíes de Yemen, pertenecientes al movimiento Ansar Allah, han atacado este jueves dos petroleros de bandera saudí en el Mar Rojo, en el marco del bloqueo marítimo que imponen contra Arabia Saudí. El portavoz militar de Ansar Allah, Yahya Saree, confirmó la operación y justificó la acción por una supuesta violación del bloqueo por parte de los buques saudíes.

El ataque tuvo lugar cerca del estrecho de Bab el-Mandeb, una de las rutas más sensibles para el comercio mundial de petróleo y gas. Según las primeras informaciones, no se han reportado víctimas ni daños catastróficos de forma inmediata, aunque el incidente eleva la tensión en una vía clave para el suministro energético global.

Una escalada en la guerra regional

La operación hutí se enmarca en la estrategia de presión que el grupo yemení mantiene contra Riad desde que comenzó el conflicto en Yemen. El movimiento Ansar Allah ha establecido un bloqueo naval contra Arabia Saudí que ya ha afectado a varios cargueros en la zona. Este nuevo ataque subraya la capacidad de los hutíes para interferir en el tráfico marítimo a pesar de los bombardeos de la coalición saudí.

«Yemen’s Ansar Allah movement… said on Thursday that it had attacked two Saudi oil tankers in the Red Sea for violating the…»

El estrecho de Bab el-Mandeb es una de las principales vías de tránsito del petróleo del Golfo Pérsico hacia Europa y América. España y otros países de la Unión Europea dependen en gran medida de esta ruta para sus importaciones de crudo, por lo que cualquier interrupción sostenida podría tener repercusiones en los precios y la seguridad energética.

La comunidad internacional sigue de cerca la evolución del bloqueo, mientras los hutíes advierten de que intensificarán las inspecciones y ataques contra cualquier buque que consideren infractor. Arabia Saudí no ha emitido una respuesta oficial inmediata, aunque fuentes de la coalición árabe consultadas por la agencia Reuters han indicado que evalúan medidas para proteger la navegación en la zona.

Estados Unidos y Arabia Saudí han alcanzado un acuerdo de cooperación nuclear civil, anunciado este jueves 23 de julio por el Departamento de Energía estadounidense. El pacto facilita el acceso de empresas estadounidenses al programa atómico saudí, pero ha desatado críticas de expertos en no proliferación, que advierten sobre el riesgo de que Riad pueda desarrollar armas nucleares.

Términos del acuerdo y críticas

Según informó el propio Departamento de Energía en un comunicado, el acuerdo permite una mayor participación de firmas estadounidenses en el desarrollo del programa nuclear saudí. No obstante, el texto debe ser aprobado por el Congreso de EE.UU., donde se espera un intenso debate.

Expertos en no proliferación han alzado la voz, según reportó la agencia Reuters, al considerar que el acuerdo carece de las salvaguardas suficientes para impedir que materiales nucleares sean desviados hacia usos militares. La principal controversia radica en que Arabia Saudí podría obtener el derecho a enriquecer uranio, un paso técnico que acerca a la capacidad de fabricar bombas atómicas.

El pacto, negociado por la administración de Donald Trump, representa un giro en la política estadounidense hacia Riad. Hasta ahora, Washington había condicionado la transferencia de tecnología nuclear a que el país árabe renunciara al enriquecimiento y al reprocesamiento de combustible. La posible flexibilización de esa exigencia ha encendido las alarmas entre los defensores del régimen de no proliferación.

El acuerdo permitiría a EE.UU. compartir tecnología nuclear con los saudíes sin las salvaguardas adecuadas que impedirían que los materiales se utilicen en programas de armas nucleares, según advierten los críticos.

El anuncio se produce en un contexto de tensión regional, donde Arabia Saudí ha manifestado en repetidas ocasiones su interés por desarrollar una capacidad nuclear civil, pero sin descartar abiertamente la opción militar, especialmente ante el programa atómico de Irán. Si el Congreso aprueba el pacto, podría sentar un precedente en Oriente Próximo y reavivar el debate sobre la proliferación nuclear.

Estados Unidos y Arabia Saudí han suscrito este jueves en Washington D.C. un acuerdo nuclear considerado histórico, que sienta las bases para el despliegue de reactores nucleares comerciales en el reino y podría permitir a Riad enriquecer uranio en el futuro. El pacto, anunciado por el Departamento de Energía estadounidense (DOE), representa un giro estratégico en la relación bilateral y en el equilibrio energético de Oriente Próximo.

Un 123 agreement con salvaguardas bilaterales

Según el comunicado oficial del DOE, el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, y su homólogo saudí, el príncipe Abdulaziz bin Salmán, firmaron un «acuerdo de cooperación nuclear pacífica» —conocido como acuerdo 123— junto con un «acuerdo bilateral de salvaguardas». El DOE subrayó que el pacto proporcionará un «gran acceso» a las empresas estadounidenses al programa nuclear saudí.

Los detalles completos del acuerdo no se han hecho públicos, pero el momento del anuncio, coincidiendo con la escalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán, ha suscitado controversia. La referencia a un acuerdo de salvaguardas adicional sugiere que Washington busca garantías de no proliferación en un contexto regional especialmente tenso.

Diversificación energética y competencia geopolítica

Arabia Saudí, el mayor exportador de crudo del mundo, persigue con este acuerdo diversificar su matriz energética y liberar más petróleo para la exportación. Para Estados Unidos, el pacto constituye una herramienta clave para contrarrestar la creciente influencia de China y Rusia en la región, al tiempo que establece condiciones que limiten el riesgo de proliferación nuclear.

La posibilidad de que el reino pueda enriquecer uranio —un paso que muchos países consideran sensible— añade una dimensión compleja al acuerdo. Arabia Saudí ha insistido en su derecho a desarrollar un ciclo completo de combustible nuclear, una postura que hasta ahora había generado resistencia en Washington.

El acuerdo supone un hito en la política de no proliferación de la administración Biden, que se enfrenta al desafío de equilibrar la cooperación civil con la seguridad regional. La comunidad internacional observa con atención los próximos pasos, especialmente en lo relativo a las salvaguardas que acompañarán el desarrollo nuclear saudí.

La Agencia para el Desarrollo Agrícola (ADA) de Marruecos y el Banco Africano de Desarrollo (BAD) han puesto en marcha un programa dotado con 100 millones de euros destinado a dinamizar la agricultura solidaria en el país magrebí. El proyecto, presentado durante un seminario de lanzamiento celebrado recientemente, busca reforzar el desarrollo rural inclusivo y la competitividad del sector agrícola marroquí.

Según informó la ADA, el programa se enmarca en la estrategia del Reino para mejorar las condiciones de vida de los pequeños agricultores y fomentar prácticas agrícolas sostenibles. La colaboración con el BAD, uno de los principales organismos de financiación del continente, permitirá movilizar recursos financieros y técnicos para impulsar proyectos de economía social en el ámbito rural.

La iniciativa tiene implicaciones directas para España, ya que Marruecos es un competidor directo en la exportación de frutas, hortalizas y aceite de oliva al mercado europeo. La inyección de 100 millones de euros en el sector primario marroquí podría reforzar la posición del país en los mercados internacionales, especialmente en un contexto donde la agricultura española enfrenta desafíos como la sequía y el aumento de costes.

El programa, cuyos detalles operativos se concretarán en los próximos meses, se suma a otras iniciativas de cooperación entre Rabat y organismos multilaterales para modernizar el campo marroquí. Según fuentes oficiales, el objetivo es generar empleo en zonas rurales y reducir las desigualdades territoriales, al tiempo que se incrementa la producción agrícola para la exportación.

Estados Unidos y Arabia Saudí negocian un acuerdo de cooperación nuclear civil que permitiría a Riad enriquecer uranio en su territorio. El presidente estadounidense, Donald Trump, ha dado su visto bueno al pacto, según fuentes oficiales alemanas. La posibilidad de que Arabia Saudí desarrolle su propio ciclo de combustible nuclear ha desatado críticas entre quienes advierten del riesgo de una carrera armamentística en Oriente Medio.

El acuerdo, que se enmarca en los esfuerzos de Arabia Saudí por acceder a tecnología nuclear con fines civiles, contempla la capacidad de enriquecimiento de uranio, un punto especialmente sensible por su potencial uso militar. Los críticos alertan de un „atomaren Wettrüsten in der Region“ (una carrera armamentística nuclear en la región), en referencia al histórico rival regional de Riad, Irán.

La administración estadounidense no ha hecho declaraciones oficiales sobre el contenido exacto del memorando. No obstante, la concesión del enriquecimiento in situ representa un giro respecto a la política estadounidense tradicional, que en acuerdos similares con otros países ha exigido la renuncia a esa capacidad.

Implicaciones para la no proliferación

El posible entendimiento llega en un momento de máxima tensión en Oriente Medio, donde Irán continúa su programa nuclear enriquecido al 60% y mantiene un pulso diplomático con las potencias occidentales. Para Arabia Saudí, contar con un ciclo de combustible propio supondría un salto cualitativo en su autonomía energética, pero también encendería las alarmas en Israel y entre los defensores del régimen de no proliferación.

Arabia Saudí es signataria del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP), pero la posesión de tecnología de enriquecimiento en un entorno regional inestable genera dudas sobre sus compromisos. El acuerdo aún debe ser ratificado por el Congreso estadounidense, donde podría enfrentar una fuerte oposición bipartidista, según informó la agencia de noticias alemana DPA citando fuentes diplomáticas.

Los hutíes de Yemen anunciaron este lunes un bloqueo de Arabia Saudí, una escalada que podría aumentar la presión sobre los mercados globales de petróleo, según fuentes del movimiento insurgente. La medida se produce en un contexto de agotamiento de las reservas estratégicas de crudo a nivel mundial y cuando el mar Rojo se ha consolidado como una ruta clave para el transporte de petróleo y grano hacia los países del golfo Pérsico.

El bloqueo, si se materializa, sometería a Arabia Saudí a una guerra económica similar a la que Estados Unidos ha aplicado contra Irán mediante sanciones marítimas. El mar Rojo, bordeado por Yemen por el sureste, es un conducto esencial no solo para el crudo que rodea el estrecho de Ormuz, sino también para las importaciones de cereales y otros suministros vitales para Riad y sus aliados del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG).

Presión sobre Washington y los mercados

La escalada hutí pone al presidente estadounidense, Donald Trump, en una situación comprometida. La amenaza de un bloqueo efectivo podría forzar a la Casa Blanca a reducir sus ataques contra Irán —aliado de los hutíes—, ante el riesgo de un encarecimiento descontrolado del petróleo que golpee la economía global y, en particular, a los socios europeos como España.

Las existencias de crudo en Estados Unidos y en el resto del mundo se encuentran en niveles peligrosamente bajos, según los análisis disponibles, lo que amplifica el impacto potencial de cualquier interrupción en el suministro desde la península arábiga. El anuncio hutí no precisó las medidas concretas del bloqueo ni su calendario, pero la mera declaración elevó la tensión en los mercados energéticos.

El astillero de Navantia en Ferrol ha completado este lunes la puesta de quilla de la fragata F113, correspondiente al programa F110 de la Armada, con un adelanto de siete meses sobre el cronograma previsto. El hito supone un nuevo avance en la construcción de las fragatas que sustituirán a las de la clase Santa María, según informó la empresa pública española.

La fragata F113 es la tercera unidad de la serie de cinco buques contratados por el Ministerio de Defensa para la modernización de la flota de superficie. El programa F110, con un presupuesto superior a los 4.300 millones de euros, contempla la entrega progresiva de los buques a partir de 2028. El adelanto en la puesta de quilla refleja la eficiencia en los procesos industriales del astillero gallego, que ha aplicado lecciones aprendidas de las fragatas anteriores para optimizar los plazos.

Impacto industrial y estratégico

El programa F110 no solo refuerza la capacidad de la Armada, sino que también garantiza carga de trabajo para los astilleros de la ría de Ferrol durante la próxima década. Navantia ha introducido técnicas de construcción modular y sistemas de gestión digital que permiten reducir los tiempos de fabricación. La Armada ha destacado que el adelanto en la F113 supone un hito en la planificación del programa, que busca tener los cinco buques operativos antes de 2032.

La fragata F113, aún sin nombre asignado, incorporará el sistema de combate SCOMBA español, radares AESA y lanzadores verticales para misiles, consolidando la soberanía tecnológica nacional en defensa naval. Navantia prevé que los trabajos de ensamblaje continúen durante los próximos meses, con la botadura programada para 2028.

El astillero de Navantia en Ferrol ha completado este lunes la puesta de quilla de la fragata F-113 ‘Menéndez de Avilés’, el quinto buque del programa F-110 para la Armada española. El acto, presidido por el Director General de Armamento y Material (DIGAM), almirante Aniceto Rosique, y por el presidente de Navantia, Ricardo Domínguez, se ha desarrollado al mediodía como un evento de trabajo dentro de la actividad productiva habitual del astillero gallego.

Siete meses de ventaja sobre el plan original

El nuevo hito del programa F-110 se ha ejecutado siete meses antes de lo inicialmente previsto en el calendario oficial. Este adelanto en la construcción de la fragata F-113 supone un indicador relevante de la eficiencia y madurez del proceso industrial de Navantia, que acumula ya experiencia en las unidades anteriores de la serie (‘Bonifaz’, ‘Roger de Lauria’, ‘Menéndez Núñez’ y ‘F-112’).

Según fuentes de la compañía, el ritmo actual de trabajo en Ferrol permite mantener la previsión de entregas sin desviaciones y refuerza la capacidad del astillero para cumplir con los plazos comprometidos con la Armada. Las fragatas F-110 están llamadas a sustituir a las veteranas F-80 y a dotar a la Armada de una plataforma moderna con capacidades avanzadas en guerra antisuperficie, antisubmarina y defensa antiaérea.

Un programa clave para la industria naval española

El programa F-110, contratado por el Ministerio de Defensa, es uno de los mayores proyectos de construcción naval militar en España. Con la puesta de quilla de la ‘Menéndez de Avilés’, Navantia consolida la carga de trabajo del astillero ferrolano para los próximos años, con impacto directo en el empleo cualificado y en la cadena de suministro del sector de defensa.

El acto, descrito como un evento de trabajo y no como una ceremonia institucional, refleja la voluntad de la compañía de acelerar los plazos industriales en un contexto de demanda creciente de capacidades navales por parte de la Armada. La fragata F-113 toma el nombre del marino del siglo XVI Pedro Menéndez de Avilés, fundador de la ciudad de San Agustín (Florida) y figura histórica vinculada a la Carrera de Indias.

Los precios del petróleo han registrado una subida significativa este lunes, con el barril de Brent de la North Sea superando el umbral de los 90 dólares durante las primeras horas de negociación en los mercados asiáticos. La escalada militar entre Estados Unidos e Irán, centrada en la región del golfo Pérsico, ha disparado la preocupación de los inversores ante una posible interrupción del suministro.

El temor a que el conflicto afecte al tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, por donde transita aproximadamente una quinta parte del crudo mundial, está presionando al alza los futuros del crudo. El Brent ha alcanzado los 90 dólares el barril, un nivel que no se veía desde el estallido de la guerra entre Rusia y Ucrania en 2022, según operadores del mercado.

La cotización del petróleo afecta directamente a la economía española, que depende en gran medida de las importaciones de crudo. Un encarecimiento del barril se traduce en un aumento del precio de los combustibles y, por extensión, de la electricidad y el transporte, lo que eleva la inflación y reduce el poder adquisitivo de los hogares.

El detonante inmediato de la escalada ha sido el intercambio de ataques entre fuerzas estadounidenses y milicias respaldadas por Irán en Irak y Siria, así como las amenazas de Teherán de bloquear el estrecho de Ormuz. Por el momento, no se ha confirmado ninguna interrupción real del suministro. El Brent cotiza en máximos de cuatro años, y todo apunta a que la volatilidad se mantendrá mientras no se despeje el horizonte diplomático.

El Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán ha advertido este domingo de que ningún petrolero podrá atravesar el estrecho de Ormuz sin permiso, después de incidentes con dos buques a los que ha calificado de «infractores». La amenaza, lanzada el 19 de julio de 2026, supone un nuevo desafío a la libertad de navegación en una de las rutas energéticas más estratégicas del mundo, por donde transita cerca del 20% del crudo global.

Incidentes en aguas del golfo Pérsico

Según informó el CGRI, los incidentes ocurrieron durante el fin de semana en la zona del estrecho, sin que se hayan precisado las circunstancias exactas ni la identidad de los barcos implicados. La fuerza naval iraní ha intensificado en los últimos meses las inspecciones y operaciones de disuasión en la región, en el marco de las tensiones con Estados Unidos y sus aliados por el programa nuclear iraní y las sanciones internacionales.

La advertencia iraní afecta directamente a los buques petroleros y metaneros que atraviesan el estrecho de Ormuz, una vía que conecta los productores de Oriente Próximo —Arabia Saudí, Irak, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Catar— con los mercados asiáticos, europeos y americanos. Cualquier interrupción o restricción del paso podría disparar los precios del crudo y del gas licuado (LNG), con graves consecuencias para la economía global.

Reacción internacional y precedentes

El gobierno iraní no ha emitido hasta el momento un comunicado oficial más allá de la declaración del CGRI, aunque fuentes de la República Islámica han señalado en el pasado que el control del estrecho responde a su derecho a garantizar la seguridad marítima y a proteger sus intereses nacionales. La comunidad internacional, encabezada por Estados Unidos, mantiene una presencia naval en la zona para asegurar la libre navegación, en virtud del derecho internacional.

Este tipo de amenazas no son nuevas: en 2019, Irán llegó a interceptar varios petroleros en el estrecho de Ormuz en represalia por las sanciones estadounidenses, lo que provocó un aumento temporal de la tensión militar. La situación actual se produce en un contexto de ausencia de avances en las negociaciones nucleares y de endurecimiento de las sanciones occidentales contra Teherán.

El estrecho de Ormuz, de solo 39 kilómetros de ancho en su punto más estrecho, es considerado un punto crítico para la seguridad energética mundial. La advertencia del CGRI, de materializarse, podría derivar en un bloqueo de facto que obligaría a los países consumidores a buscar rutas alternativas o a recurrir a sus reservas estratégicas.

 

Antorchas Festival 2026

Viernes 19 de junio, desde 17:00 h

Recinto Ferial de Albacete

Sábado 20 de junio, desde 17:00 h

Entradas: desde 50€

 

Albacete vuelve a encender la llama del verano con una nueva edición de Antorchas Festival. Música en directo, gastronomía de autor y experiencias culturales.

El viernes tocan grupos como La M.O.D.A., Ginebras, Sanguijuelas del Guadiana o We Are Scientists.

El viernes entre otros grupos, tocarán Los Enemigos, Carolina Durante o Sidecars.

 

Dicen que los datos son fríos. Es posible, pero también pueden ser esclarecedores, y ser capaces de resumir lo que podría calificarse de despropósito global. Uno de esos datos lo ofreció recientemente Tom Fletcher, responsable de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA): Estados Unidos gastó alrededor de 2.000 millones de dólares al día durante su ofensiva contra Irán; en menos de dos semanas habría superado la cifra de 23.000 millones, la financiación que busca el organismo para tratar de salvar 87 millones de vidas. La conclusión no puede ser más evidente: faltan fondos para sostener la vida, mientras que los recursos para la guerra parecen ilimitados.

Además, al poco de iniciarse los ataques simultáneos a Irán y Líbano, Naciones Unidas alertó sobre cómo las dificultades en el paso por el estrecho de Ormuz, así como el alza de precios de los combustibles, estaban encareciendo –cuando no directamente impidiendo– la entrada de ayuda humanitaria a zonas muy castigadas. Una situación que, de alargarse, pondría en riesgo la vida de 46 millones de personas, alertaban.

«Es la mayor perturbación de la ayuda desde la pandemia de la COVID-19», denuncian desde el Programa Mundial de Alimentos de la ONU. Sobrecostes en el transporte, mayores dificultades en la entrega, compras de menor cantidad de alimentos. Es decir, la guerra no solo acapara recursos que restringen el gasto en otras partidas, sino que ha hecho que el dinero destinado a los programas de cooperación sea menos efectivo.

Tijeras globales, desde Trump hasta Extremadura

Presupuestos para la guerra o para cooperación. Aunque no se trate de vasos comunicantes directos, en los que si baja una partida sube proporcionalmente la otra, lo cierto es que el elevado gasto militar escandaliza en mayor medida a instituciones humanitarias y ONG después de los recortes drásticos a nivel global que han sufrido en los últimos dos años.

Entre 2024 y 2025 la ayuda internacional habría perdido el 30% de sus fondos, debido sobre todo al desmantelamiento por parte de la Administración Trump de USAID. La mayor agencia de cooperación del mundo habría visto cómo se esfumaban el 90% de sus fondos. Pero Estados Unidos no está solo a la hora de coger las tijeras –o la motosierra– con las que recortar esta política, que además de salvar vidas de forma inmediata tiene entre sus objetivos crear condiciones para prevenir conflictos y luchar contra el cambio climático. Países como Alemania, Francia, Reino Unido y Japón han reducido también sus presupuestos. La Red Europea de ONG para el Desarrollo (CONCORD) destacaba cómo por tercer año consecutivo las instituciones de la UE y los Estados miembros han reducido el porcentaje de gasto que destinan a cooperación al desarrollo. En 2025 el descenso fue de casi el 10% respecto al ejercicio anterior.

En un momento en el que se debate si los países europeos deberían destinar hasta el 5% de sus presupuestos a «defensa», solo cuatro países en el mundo –Dinamarca, Luxemburgo, Noruega y Suecia– superaron el objetivo de invertir al menos el 0,7% de la renta nacional en cooperación. España, aunque aumentó ligeramente sus fondos, se quedó en el 0,27%. Es decir, muy lejos no solo del compromiso del 0,7% marcado para 2030 por la Ley de Cooperación, también por debajo de la media de los países de la UE.

Variación en el gasto

La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo confirma que asistimos al «mayor recorte de la historia, en un contexto global enormemente complejo». En declaraciones a La Marea, su presidente Javier Ruiz, afirma que «las políticas de ataque directo a la cooperación están avanzando en todo el planeta y tienen consecuencias incalculables sobre millones de personas». Ruiz considera «muy preocupante» el hecho de que esta ola de recortes internacional esté permeando a todos los niveles y haya llegado hasta los recientes acuerdos de gobierno en comunidadescomo Aragón y Extremadura como parte de una estrategia nacional que persigue «el desmantelamiento de las políticas sociales».

Un marcador dramático

«Mis hijos no comen bien y el pequeño siempre está enfermo. Solo puedo permitirme enviar a tres de mis seis hijos a la escuela. En lugar de continuar con su educación, mi hijo mayor cuida de sus hermanos pequeños cada vez que yo voy a trabajar». Es el lamento desesperado de Nawal, una mujer sudanesa que vive en El Cairo y que nos llega a través de ACNUR.

La agencia para los refugiados de Naciones Unidas es una de las organizaciones que se ha visto más afectada por la falta de financiación. El pasado 16 de abril alertaba de que ya había tenido que reducir las ayudas a la mitad de las 20.000 familias sudanesas refugiadas en Egipto. Hasta ese momento solo había recibido el 2% de lo necesario para mantener los programas en este país, por lo que, si no llegan nuevos fondos, advierten que tendrán que paralizar todas las ayudas que ofrecen.

Las cifras bailan, oscilan según la fuente, se actualizan, pero sobre todo preocupan porque resulta imposible calibrar el sufrimiento que representan. Según la revista sanitaria Lancet, los actuales recortes por parte de los países más ricos podrían provocar entre 9,4 y 22,6 millones de muertes más desde hoy hasta 2030. La mayoría de ellas en África.

La Universidad de Boston ha creado ImpactCounter, un dramático marcador que ya alcanza las 780.000 muertes prematuras debido a los recortes en la financiación únicamente de los programas del USAID. De ellas, más de medio millón habrían sido de niñas y niños.

«Decisiones desgarradoras»

Las principales organizaciones de desarrollo ya han empezado a tener que elegir qué proyectos pueden continuar, y hacen cálculos sobre cómo retrasar lo más posible el cierre de programas vitales para millones de personas. En un informe de la Asociación Española de Fundraising sobre el impacto de los recortes por parte de Estados Unidos, Save the Children reconocía haber tenido que tomar «decisiones desgarradoras para interrumpir programas que tratan a niños y niñas gravemente desnutridos o que proporcionan atención médica a recién nacidos que viven en zonas de guerra». Unas medidas que según la ONG afectarán a más de 10 millones de personas en lugares donde persiste la amenaza de la guerra y la violencia, como República Democrática del Congo o Sudán.

Desde Acción contra el Hambre apuntan cómo los recortes les han obligado a reducir personal y reestructurar operaciones, y destacan cómo la reducción de programas nutricionales amenaza la vida de medio millón de personas en países del Sahel como Níger o Mali. UNICEF, por su parte, lamenta que los recortes en la Ayuda Oficial al Desarrollo pongan en peligro los avances realizados en mortalidad infantil desde el año 2000. Millones de niños y niñas en todo el mundo corren ya mayor riesgo de contraer enfermedades y sufrir violencia según la agencia internacional para la infancia. En Afganistán, nueve millones de mujeres dejarán de recibir servicios de salud básicos como los relacionados con el embarazo y la maternidad.

Hace unas semanas, la tripulación de la nave Artemis II envió un mensaje durante su viaje hacia la Luna al contemplar nuestro planeta en su totalidad. «Desde aquí arriba somos una sola cosa: homo sapiens, todos nosotros, sin importar de dónde vengas ni cómo seas, somos un solo pueblo». No parece que el mensaje haya calado entre quienes optan por dedicar cada vez más fondos a la guerra y menos a cooperar.

La entrada Recortes en cooperación: los otros muertos de la guerra se publicó primero en lamarea.com.

 

Conciertos solidarios

Sábado 18 de abril, 13:00 h

Plaza Mayor, Tarazona de la Mancha 

 

Conciertos de The Fuzzibles y ElectroLlanetes dentro del evento solidario “12 horas x 1000 razones”, una jornada llena de deporte, música, actividades y solidaridad en Tarazona de la Mancha.

 

El 3 de enero de 2026 nos despertamos con el bombardeo estadounidense sobre Caracas y el sibsiguiente secuestro del presidente Nicolás Maduro y Cilia Flores. Se trata de la detención más cara de la historia, para la cual se movilizaron 150 cazas, otros tanto helicópteros y 200 soldados de los Delta Force. Entre 80 y 100 venezolanos y cubanos fueron asesinados y la hasta entonces vicepresidenta Delcy Rodríguez ha asumido el mando del país.

Pese a que la operación viola el Derecho Internacional de forma flagrante, Trump insiste en que está por encima de estas normas y que su único límite es su «moralidad» (de la cual sabemos que anda muy justito). Esto y el hecho de que no haya ocultado que detrás de esta operación está su voluntad de apoderarse del petróleo venezolano constatan que nos encontramos ante la «ley del más fuerte».

«Vivimos en un mundo gobernado por la fuerza, por el poder», afirmó Stephen Miller en la CNN el 5 de enero de 2026, mientras exponía su programa fascista y justificaba la toma de Groenlandia por la fuerza. «Estas son las leyes de hierro que rigen el mundo desde el principio de los tiempos».

En la madrugada del 3 de enero, la Administración Trump llevó a cabo una incursión televisada en Venezuela, bombardeando al menos siete objetivos en Caracas y secuestrando al presidente Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores. Esta operación culminaba una campaña de presión de un año de duración, durante la cual la administración calificó a los inmigrantes venezolanos en Estados Unidos como «narcoterroristas», intentó aplicar la Ley de Enemigos Extranjeros, bombardeó supuestos «barcos de drogas», confiscó petroleros y desplegó la Marina estadounidense para bloquear Venezuela.

El régimen de Trump acusó inicialmente a Maduro de dirigir el llamado «Cártel de los Soles», una invención tan ficticia como la designación de una supuesta organización denominada «Antifa» —es decir, la totalidad del movimiento antifascista— como organización terrorista. Aunque dos días después revisaron esta acusación para articular un caso legal algo menos endeble, este proceder es característico de su método: comenzar con una narrativa falsa y buscar después los medios para imponerla a la realidad.

Uno de los principales objetivos de Donald Trump era difundir una fotografía de Nicolás Maduro encadenado, evocando las imágenes que las agencias federales han publicado de personas secuestradas por el ICE. En lugar de ofrecer mejoras reales en las condiciones de vida de la población, Trump ofrece a sus seguidores la satisfacción vicaria de identificarse con carceleros y torturadores. Su objetivo es deshumanizar a sus adversarios y desensibilizar al conjunto de la sociedad ante la violencia que será necesaria para sostener su dominio y el propio capitalismo en una era de beneficios decrecientes.

Los grandes medios de comunicación corporativos están desempeñando su papel habitual de oposición leal: cuestionan la legalidad de la operación mientras demonizan a Maduro y ensalzan a su rival derechista, María Corina Machado. Para quienes aspiran a oponerse al imperialismo —anarquistas y otros movimientos— resulta imprescindible situar el ataque contra Venezuela en un contexto más amplio, reflexionar sobre qué forma podría adoptar una oposición eficaz e identificar cómo responder.

El manual

El Gobierno de Estados Unidos tiene una larga trayectoria de intervenciones imperialistas en América Latina, que abarca más de un siglo de operaciones contra Cuba, el sangriento golpe militar en Chile en 1973 o la invasión de Panamá ordenada por George Bush padre en 1989. El ataque contra Venezuela se inscribe en la continuidad de iniciativas más recientes: desde las invasiones de Afganistán e Irak bajo George W. Bush en 2002 y 2003, hasta el desmantelamiento, por parte de Joe Biden, del llamado «orden internacional basado en normas» para permitir que Benjamin Netanyahu lleve a cabo un genocidio en Palestina a partir de 2023.

Al mismo tiempo, el programa de la administración Trump supone una ruptura con las formas anteriores. Al apostar por la extracción de recursos mediante la fuerza bruta, sin siquiera la pretensión de una agenda ideológica alternativa, Trump se alinea con Vladimir Putin y Benjamin Netanyahu en la inauguración de una era de rapiña abierta y desacomplejada.

Aunque los subordinados de Trump han invocado las elecciones amañadas celebradas en Venezuela en 2024 para justificar el ataque, no existe ninguna intención real de promover elecciones libres ni «democracia» en el país. Algunas fuentes sostienen que la oposición liderada por María Corina Machado cuenta con el apoyo de cerca del 80 % de la población venezolana, pero Trump afirma que no dispone del respaldo suficiente para gobernar; presumiblemente, se refiere a la falta de apoyo de las Fuerzas Armadas. Trump preferiría tratar con un régimen autocrático que le fuera directamente leal. Al fin y al cabo, tampoco desea rendir cuentas ante las urnas, ni en Venezuela ni en Estados Unidos.

Trump está recurriendo a la guerra para esquivar una crisis interna. Aunque él mismo y un sector del Partido Republicano llevan tiempo impulsando un cambio de régimen y un refuerzo de la presencia naval en el Caribe, este golpe se ha diseñado para copar la atención mediática y desviar el foco del deterioro de las encuestas y de una serie de reveses judiciales relacionados con sus intentos de desplegar la Guardia Nacional. Paralelamente, las pruebas de su implicación en la red de abusos sexuales y violaciones vinculada a Jeffrey Epstein están empezando a resquebrajar su base de apoyo.

A medida que los autócratas ven amenazado su control del poder, se vuelven más peligrosos e imprevisibles. Las maniobras de Netanyahu para mantenerse a flote frente a sus escándalos de corrupción —incluida su disposición a sacrificar rehenes para prolongar el genocidio— son ilustrativas. Cuando la crisis se cierne sobre ellos, estos gobernantes generan nuevas crisis para distraer a la población. Toda oposición eficaz debe esforzarse por mantener la atención sobre aquello que Trump intenta ocultar. Eso es, precisamente, lo que más teme.

Entendido como una operación mediática, el ataque contra Venezuela es un ataque contra todas nosotras: un intento de intimidar a cualquiera que pudiera resistirse al régimen de Trump, de hacernos aceptar que la violencia estatal seguirá intensificándose hagamos lo que hagamos, de convencernos de que no somos protagonistas de nuestro propio tiempo.

Como ya señalamos en 2025, Trump ha copiado buena parte de su estrategia de líderes autoritarios como Vladimir Putin. Cuando Putin fue nombrado primer ministro en agosto de 1999, sus índices de aprobación eran incluso más bajos que los de Trump hoy. Resolvió ese problema mediante la segunda guerra de Chechenia, que disparó su popularidad. Desde entonces, cada vez que su apoyo se ha desplomado, ha recurrido al mismo patrón: Georgia en 2008, Crimea y el Donbás en 2014, Ucrania en 2022, consolidando progresivamente el control de la sociedad rusa hasta poder enviar a cientos de miles de personas al matadero de la guerra.

Putin ha utilizado la guerra en Ucrania como instrumento de control interno, y en Rusia este control va mucho más allá de la represión de protestas. A medida que empeoran las condiciones económicas, necesita proyectar fuerza y brutalidad constantes, al tiempo que gestiona una población cada vez más inquieta y desesperada. Reclutar a jóvenes de familias empobrecidas del interior para enviarlos al frente sirve para mantenerlos ocupados; si decenas de miles no regresan, tanto mejor: no engrosarán las cifras del desempleo ni protagonizarán protestas. El servicio militar obligatorio también ha empujado al exilio a miles de personas que podrían haber encabezado una revuelta. Es una estrategia que veremos reproducirse en otros lugares a medida que se profundice la crisis global del capitalismo.

La diferencia fundamental es que, aunque Estados Unidos es mucho más poderoso que Rusia, el control de Trump sobre el poder es mucho más frágil que el de Putin. Además, tras las desastrosas ocupaciones de Afganistán e Irak, el electorado estadounidense es hoy mucho menos tolerante con operaciones que pongan en riesgo la vida de soldados estadounidenses.

Trump no es un estratega disciplinado ni coherente. Recurre sistemáticamente a la amenaza y la intimidación, explotando la cobardía y la debilidad de sus interlocutores. Confía en que esa intimidación baste para someter a los gobiernos latinoamericanos sin necesidad de nuevas intervenciones militares. Si fracasa, probablemente recurrirá a tecnología militar, mercenarios privados y otros mecanismos para ejercer la fuerza sin desplegar tropas en el terreno. Pero la guerra, una vez iniciada, impone su propia lógica. Si la administración Trump persiste en este camino, las fuerzas estadounidenses podrían verse arrastradas a un conflicto abierto.

Tras el ataque a Venezuela, Trump y su entorno han amenazado con actuar de forma similar contra México, Cuba, Colombia, Dinamarca y otros países. Sin duda lo harán si creen actuar desde una posición de fuerza; pero incluso si las cosas se tuercen, Trump puede intentar utilizar estas maniobras como cortina de humo para ocultar su debilidad.

El regreso del saqueo

El capitalismo nació al calor del saqueo colonial y, a medida que los márgenes de beneficio se reducen en la economía mundial, los gobiernos están retomando esa vieja estrategia de acumulación.

Esto explica tanto la apropiación territorial de Putin en Ucrania como el intento de Netanyahu de utilizar el genocidio como herramienta de gentrificación, o la última aventura de Trump en Venezuela.

En un documento titulado Estrategia de Seguridad Nacional, publicado en noviembre de 2025, la administración Trump asumió explícitamente un «Corolario Trump» de la Doctrina Monroe, cuyo objetivo es «restaurar la preeminencia estadounidense en el hemisferio occidental» para «negar a competidores extrahemisféricos la capacidad de posicionar fuerzas u otras capacidades amenazantes, o de poseer o controlar activos estratégicamente vitales en nuestro hemisferio».

Trump ha bautizado esta estrategia como «Doctrina Donroe», proclamando que «el dominio estadounidense en el hemisferio occidental nunca volverá a ser cuestionado». Se trata, sin duda, del petróleo —Venezuela alberga alrededor del 17 % de las reservas mundiales—, pero también de una pugna geopolítica con China, principal inversor e importador del petróleo venezolano, que adquiere cerca del 80 % de sus exportaciones y ha concedido más de 60.000 millones de dólares en préstamos desde 2007. Esta orientación es anterior a Trump: la revitalización de la Doctrina Monroe, enfocada a competir con China y Rusia en el Sur Global, ya era un eje central de la Comisión 2024 sobre Estrategia de Seguridad Nacional creada bajo la administración Biden. Dicha comisión reclamaba explícitamente disputar a China y Rusia la influencia en América Latina en materia de explotación de recursos naturales y capacidades de proyección de poder. Trump representa el giro autoritario; la lógica económica y geopolítica ya estaba ahí.

En otras palabras, la brutalidad de Trump ofrece a la clase dominante una respuesta a un problema estructural del capitalismo contemporáneo: la evaporación de oportunidades rentables.

El plan de entregar la extracción de recursos venezolanos a empresas petroleras estadounidenses forma parte de una nueva fase de saqueo colonial, caracterizada por la apropiación directa de activos ajenos. Hay que entenderlo en el contexto del estancamiento económico y la financiarización. Históricamente, recuerda a periodos de «caos sistémico», cuando la caída de los beneficios empujó al capital hacia la especulación financiera y el sistema mundial solo logró recomponerse mediante una violencia masiva. El ejemplo más cercano es el periodo 1914-1945, que incluyó las dos guerras mundiales.

No se trata solo del petróleo, sino de reforzar las condiciones que permiten la especulación capitalista en general, y de anticipar una violencia de mayor escala. Estamos entrando en una fase de relaciones basadas en la fuerza desnuda, no en el «imperio de la ley» ni en la diplomacia. Este ataque, como la propia presidencia de Trump, es un síntoma, no la causa.

A diferencia del imperialismo populista del pasado, que redistribuía parte del botín para sostener el consenso interno, el ataque de Trump está diseñado para beneficiar a un grupo cada vez más reducido de capitalistas. La clase media y la clase trabajadora blanca han dejado de ser «socios menores» del proyecto colonial y tienen cada vez menos razones para identificarse con él.

La cuestión del liderazgo

En un primer momento, la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez adoptó un tono desafiante, pero pronto dio un giro hacia una retórica más conciliadora. Esto ha alimentado especulaciones sobre una posible disposición a cooperar con el régimen de Trump, o incluso sobre negociaciones ya en marcha.

Existen múltiples escenarios posibles y resulta difícil discernir cuál es el real. Tal vez Estados Unidos haya colocado a Rodríguez ante una situación extrema que esté afrontando con valentía; tal vez existan acuerdos secretos; tal vez ocurra algo distinto. En cualquier caso, la vulnerabilidad del chavismo ante el secuestro de su líder —y la posibilidad de que sectores del gobierno venezolano se conviertan en cómplices del plan de Trump para apropiarse de los recursos del país— pone de manifiesto que toda jerarquía constituye un punto débil para los procesos de liberación.

La historia reciente ofrece ejemplos claros: antiguos gobiernos revolucionarios, como el de Daniel Ortega en Nicaragua, acabaron integrándose forzosamente en el neoliberalismo y aplicando políticas de austeridad y control estatal. Ante estas derrotas, algunas corrientes concluyen que la única soberanía posible pasa por alinearse con Estados fuertes y armados nuclearmente, lo que sustenta el llamado «campismo».

Sin embargo, Rusia y China operan bajo la misma lógica autoritaria y capitalista que Estados Unidos, y quienes las apoyen no tendrán mayor capacidad de influir en sus decisiones. El resultado es la defensa impotente de autócratas genocidas. La alternativa real no es elegir un bando estatal, sino construir una resistencia internacional desde abajo, capaz de trascender fronteras.

Para que esa alternativa sea viable, la población estadounidense deberá desarrollar la capacidad de impedir que su propio gobierno bombardee y saquee otros países.

Qué esperar, cómo prepararse

El ataque contra Venezuela marca una escalada en una guerra indirecta con China. Reconducir la base industrial —incluida la industria tecnológica— hacia la industria bélica es una forma de afrontar el estancamiento económico, pero solo será viable si la administración Trump logra reavivar el «espíritu nacional» y el patriotismo. En este sentido, puede sostenerse que la prisa por asegurar la financiación y expandir la inteligencia artificial busca, en última instancia, moldear una población más dócil, crédula y fácil de controlar.

A corto plazo, cabe esperar que la administración Trump intente de nuevo recurrir a la Ley de Enemigos Extranjeros contra la población venezolana y otros colectivos. El intento anterior de Trump y Miller fue rechazado por los tribunales porque, en aquel momento, Estados Unidos no se encontraba formalmente en guerra. Ahora que han fabricado una guerra, la utilizarán para declarar nuevas emergencias y justificar una escalada represiva. También es previsible un aumento de la violencia racista contra personas latinoamericanas y chinas, así como represalias contra la política exterior estadounidense por parte de actores no estatales o intermediarios, que la administración Trump tratará de instrumentalizar para reforzar su agenda.

Las elecciones de mitad de mandato están previstas para noviembre de 2026. Trump y el Partido Republicano no parten como favoritos, pero el expresidente ha cruzado tantas líneas rojas que no puede permitirse ninguna amenaza a su poder. Ya sea mediante interferencias electorales, fraude o —más probablemente— la creación de crisis que legitimen un estado de excepción, todo apunta a que estas elecciones serán las menos «democráticas» de los últimos tiempos. Confiar únicamente en las urnas no bastará para salir de esta situación.

A medida que Trump se vea acorralado por crisis, escándalos y obstáculos crecientes, su comportamiento será cada vez más violento, errático y peligroso. Esto es una señal de debilidad, pero se trata de una debilidad respaldada por toda la potencia del aparato militar estadounidense. Debemos anticipar enfrentamientos militares de mayor envergadura antes de octubre de este mismo año, incluidos nuevos despliegues de la Guardia Nacional y, quizá, incluso la imposición de la ley marcial.

Las guerras impopulares y carentes de un mandato claro, especialmente aquellas que implican bajas estadounidenses u otros sacrificios internos, pueden precipitar la caída de un régimen. Nuestra tarea consiste en convertir esta guerra —junto con los demás errores de Trump y los conflictos que se avecinan— en una carga insoportable para toda la clase dominante. Hará falta una fuerza popular enorme para desalojar a Trump del poder, por lo que debemos impulsar propuestas igual de ambiciosas y no limitarnos a reclamar un regreso a un statu quo centrista que ya es profundamente impopular. Las personas revolucionarias deben prepararse para superar las maniobras centristas destinadas a estabilizar el Estado sin transformarlo. Aunque ahora pueda parecer difícil de imaginar, los levantamientos y las revoluciones se desarrollan con rapidez: a lo largo de 2024, las revoluciones protagonizadas por la llamada «Generación Z» derribaron regímenes en distintas partes del mundo.

En todo Estados Unidos se han repetido consignas como «No más sangre por petróleo». Sin embargo, Trump ha llegado a la conclusión de que su base social desea ambas cosas: petróleo y sangre. Los movimientos contra la guerra tienden a adoptar un enfoque conservador, centrado en presionar a las instituciones estatales; pero, como ya hicieron administraciones anteriores, el régimen de Trump ha dejado claro que no se siente condicionado por la oposición. En lugar de limitarse a protestas simbólicas y a la formulación de demandas, es necesario construir movimientos horizontales capaces de responder a las necesidades reales mediante la acción directa. Estos movimientos deben centrarse en las condiciones compartidas por la gente común, desde Caracas hasta Minneapolis: pobreza, austeridad, expolio de recursos básicos, control ejercido por mercenarios violentos y gobiernos de magnates que no rinden cuentas. En este sentido, la resistencia contra la Oficina de Inmigración y Aduanas en distintos puntos de Estados Unidos constituye un paso prometedor.

Si, como sugiere Stephen Miller, los gobiernos no representan ni los deseos ni la voluntad de quienes gobiernan; si —como ya debería resultar evidente— no actúan en defensa de nuestros intereses, sino únicamente para acaparar la mayor cantidad de riqueza posible, entonces nadie está moralmente obligado a obedecerlos. La única cuestión es cómo acumular la fuerza colectiva suficiente —el poder popular, el poder horizontal— para derrotarlos.

Apéndice: lecturas adicionales

Como punto de partida, se recomienda consultar «Denunciamos la ofensiva imperialista contra Venezuela», una declaración internacional de organizaciones anarquistas latinoamericanas publicada en diciembre de 2025.

Para profundizar en la situación venezolana, las personas lectoras hispanohablantes pueden acudir al archivo de la ya desaparecida publicación anarquista venezolana El Libertario. Allí se encuentran, entre otros materiales, una evaluación crítica de las organizaciones sociales bolivarianas de 2006 y una recopilación de textos sobre el papel de la industria petrolera en la represión de los movimientos populares de base y su integración en la economía global. Por ejemplo:

«Venezuela forma parte de un proceso de construcción de nuevas formas de gobernanza en la región, que han desmovilizado a los movimientos sociales surgidos en respuesta a las políticas de ajuste estructural de la década de 1990, relegitimando tanto al Estado como a la democracia representativa para cumplir con las cuotas de exportación de recursos naturales hacia los principales mercados mundiales» — Ley Habilitante: dictadura para el capital energético, en El Libertario, nº 62, marzo-abril de 2011.

Desde esta perspectiva, el ataque de Trump contra Venezuela puede entenderse como una continuación contemporánea de ese mismo «proceso de construcción de nuevas formas de gobernanza en la región».

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