Alto al Acuerdo Global y Comercial “modernizado” entre la Unión Europea y México
Attac España suscribe el presente comunicado
Las organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, defensores/as de derechos humanos, de bienestar animal y del medio ambiente que firmamos la presente carta nos dirigimos a las y los responsables políticas/os de México y de la Unión Europea (UE) para exigir que no ratifiquen ni el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y México (TLCUEM) “modernizado” ni el Acuerdo Global que contiene un apartado sobre protección de inversiones y un mecanismo controversial que permite el arbitraje inversor-Estado (ISDS, por sus siglas en inglés).
El texto se negoció a espaldas de la ciudadanía sin debate y ni consulta pública. Se finalizó en abril de 2020, en medio de una de las peores crisis sanitarias, sociales y económicas del mundo, desencadenada por la pandemia de COVID19. Seis años más tarde, en medio de múltiples crisis y conflictos, los mandatarios europeos y mexicanos se apuran a firmar un acuerdo “modernizado” que tendrá peores consecuencias que su versión anterior, vigente desde 2000, por las siguientes razones:
Beneficia a los inversores extranjeros en detrimento de la población local, el ambiente y el clima.
El Acuerdo Global incluye un apartado sobre la protección de inversiones que contiene el recurso del arbitraje inversor-Estado. Este mecanismo, conocido también por sus letras en inglés: ISDS (Investor-State-Dispute Settlement) le concede a inversores extranjeros el acceso privilegiado y exclusivo a un tribunal internacional para resolver sus controversias con estados. México es el 3er país más demandado ante tribunales de arbitraje a nivel mundial. Lleva más de 500 millones de dólares gastados en laudos perdidos y costos de defensa y aún hay demandas pendientes que suman al menos 5.500 millones de dólares. El Acuerdo Global amplía los derechos del arbitraje a inversores de otros países europeos y restringe la soberanía mexicana de decidir sobre sus políticas públicas a favor de la población, del ambiente y del clima y vice versa.
Promueve un modelo extractivo sin fortalecer la producción local
El TLCUEM contiene un capítulo sobre recursos naturales que le impide a México poner precios diferenciales para el uso de sus minerales y recursos energéticos a nivel nacional y para la exportación. El capítulo de inversiones prohíbe la restricción del libre flujo de capitales y la imposición de los llamados requisitos de desempeño. Entonces ni los gobiernos europeos, ni el mexicano pueden obligar a los inversores del otro país a que, por ejemplo, usen un cierto porcentaje de contenido local en su producción o que transfieran tecnología y conocimiento. Sobre todo para México, país con recursos de interés para la Unión Europea, esto implica la restricción de medidas que promuevan el desarrollo económico y social a nivel nacional y local.
Debilita la producción agrícola mexicana
A cambio de obtener tres años más del derecho de regular su mercado energético, México eliminó aún más aranceles para la importación de alimentos a su mercado interno, sobre todo de carne y productos lácteos. Sumado a las concesiones ya dadas para la importación de más lácteos y otros productos agrícolas o alimentos procesados, esto amenaza la producción local de alimentos en México y la situación del campesinado. Además, promueve un comercio innecesario – ya que México no necesita importar ni más carne ni más lácteos para satisfacer la demanda nacional – que contribuye al cambio climático.
Promueve la relocalización de producción de ciertas industrias a México, sin garantizar estándares ambientales y laborales
El TLCUEM constituye el marco para que empresas europeas puedan relocalizar con más facilidad su producción a México. De hecho, muchas empresas europeas ya producen en México. La experiencia de Electrolux en Cd Juarez con su represión a los trabajadores que quieren formar un sindicato es bien conocida. Recientemente, Volkswagen anunció el traslado de más partes de su producción de automóviles a México, donde lxs trabajadorxs ganan considerablemente menos y las leyes ambientales se implementan menos. Al mismo tiempo, la corporación anunció que eliminaría 30,000 puestos de trabajo en sus plantas en Alemania hasta 2030.
Actualmente, 50 zonas en México se encuentran en emergencia sanitaria y ambiental. La razón: la producción industrial indiscriminada. Una de las zonas más afectadas es la de Puebla-Tlaxcala donde Volkswagen y otras empresas europeas tienen sus plantas. El TLCUEM, como todos los tratados firmados por la UE, incluye solo un capítulo sobre comercio y desarrollo sostenible con disposiciones que no son vinculantes. El debilitamiento en la UE de la ley de debida diligencia (CSDDD) empeora esta situación.
A esto se suma que el tema de género es soslayado en el tratado aún cuando este comercio afecta directamente a muchas mujeres en México a nivel laboral y de consumo, pero también a nivel ambiental.
Estos son sólo algunos puntos preocupantes de este acuerdo. Se podría mencionar también la apertura a nivel nacional y de los estados provinciales de las licitaciones públicas a empresas europeas sin precedentes y con un impacto en la promoción de PYMES y el grave impacto sobre los derechos humanos. De hecho, la actualización del Acuerdo Global México–UE se ha realizado sin una evaluación integral de su impacto en derechos humanos. Al reducir el análisis al ámbito comercial, se oculta la responsabilidad de la relación bilateral en contextos de violaciones graves, como la desaparición forzada, el desplazamiento forzado o el asesinato de personas defensoras en México. Ratificar el acuerdo en estas condiciones constituye una decisión política que asume responsabilidad en la continuidad de estas violencias.
El TLCUEM y el Acuerdo Global son instrumentos que profundizan un modelo económico destructor en México y en la Unión Europea con privilegios para inversores y daños para la población. No subsanan la asimetría existente entre las dos economías, ni promueven un desarrollo sostenible o un comercio que respete los límites planetarios. Por eso, instamos a los representantes políticxs de ambos lados del Atlántico a no ratificar estos acuerdos.
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Las ONG, en mayor o menor medida, hacen bien su papel de conciencia de nuestra sociedad. Ser socio no es solo aportar dinero, sino que implica que te llega información que no suele aparecer en los medios de comunicación. Por supuesto, también tendrán sus fallos… pero gracias a ellos se consiguen algunas cosas muy importantes como puedes ver en nuestra lista completa de buenas noticias.
En un rápido y no exhaustivo balance de éxitos recientes del mundillo ecologista, podemos encontrar por ejemplo los siguientes logros (aquí tienes listas más actualizadas):
Los países de la CBD (Convención de Diversidad Biológica) acordaron en la cumbre de Nagoya 2010 poner fin a la sobrepesca y proteger el 10% de todos los océanos y zonas costeras del mundo.
Gracias a WWF, en la cumbre mundial por el Tigre, todos los países participantes acordaron la meta de duplicar la población para el año 2022.
Se suspende la pesca de la anguila en Andalucía por 10 años, especie en la lista roja de la UICN porque queda un 2% de su población histórica.
Miles de árboles se plantan cada año en nuestros montes gracias a la organización y trabajo desinteresado de muchas organizaciones ecologistas locales. En Málaga tenemos las reforestaciones de Ecologistas en Acción y de Aulaga, por ejemplo.
Gracias a SEO y otras organizaciones, varias autopistas no se van a hacer por sus nefastas consecuencias para la biodiversidad. Esta misma ONG ha destacado también otros logros importantes para la biodiversidad, como la prohibición en 2010 de capturas en Cataluña de fringílidos (jilgueros y otros pajarillos), y la tramitación para conseguirlo en toda España.
“Relatos Ecoanimalistas” —Colección de relatos cortos, ideal para regalar a personas, sean o no ecologistas o animalistas. Aumentará la conciencia ambiental del planeta. Gracias.
Relatos Incontables: un blog de historias cortas que hacen amar más el medioambiente y los animales. Lee un relato al azar y es posible que te quedes enganchado y reflexivo.
Manifiesto de la Sociedad civil en contra del Sistema de disputa entre inversor y estado.
El sistema de disputa entre inversor y Estado (ISDS, por sus siglas en inglés) está amenazando una transición sostenible y justa lejos de combustibles fósiles y la urgente necesidad de una transformación ecológica y social para las personas y el planeta. Reconocemos la inclusión de este riesgo en los pilares temáticos de la primera Conferencia sobre Transición para Alejarse de los Combustibles Fósiles.
Hacemos un llamado a los gobiernos para construir una coalición de países comprometidos con salir del ISDS.
El sistema de ISDS se encuentra en miles de tratados de comercio e inversión. Permite que las empresas transnacionales demanden a los gobiernos en tribunales opacos fuera del sistema legal nacional por cambios en leyes o políticas que puedan afectar de cualquier forma sus ganancias esperadas. El ISDS otorga a los inversores transnacionales privilegios que ninguna empresa pequeña o ciudadano/a tiene, en particular las personas y comunidades más afectadas precisamente por esas inversiones.
Los impactos del sistema de arbitraje ISDS son palpables en todas las áreas de la sociedad y la economía, desde la salud pública a los servicios públicos, hasta la seguridad nacional o regulación sobre el uso seguro de sustancias químicas. Es un sistema profundamente antidemocrático que pone en riesgo los derechos, las soberanías y la autodeterminación.
Durante muchos años, empresas petroleras, de gas y mineras así como corporaciones energéticas han demandado a cientos de países usando el ISDS , y esto va en aumento. Empresas de combustibles fósiles y del sector minero han usado el ISDS para ganar más de 87 mil millones de dólares de dinero público desde 1998.
Además de esto, en años recientes hemos visto un aumento en casos que directamente afectan políticas específicas de transición energética. Empresas transnacionales están demandando en relación con medidas que incluyen la descarbonización, por rechazar otorgar nuevas licencias de extracción de carbón o ampliar licencias existentes, impuestos extraordinarios sobre beneficios energéticos excesivos, prohibición de extraer petróleo en alta mar, regulación sobre el fracking y el cierre de yacimientos de gas.
Las comunidades más afectadas por la crisis climática son casi siempre las más afectadas por estas demandas de ISDS ya que precisamente son estas quienes están luchando contra la destrucción del medio ambiente por la actividad minera y otros proyectos extractivos, incluida la creciente demanda de minerales críticos.
Los principales riesgos del ISDS para una transición para alejarse de los combustibles fósiles y realmente avanzar en una transición energética son el aumento significativo de los costes asociados al pago de estas millonarias demandas a los inversores transnacionales y el efecto de congelación regulatoria sobre leyes y políticas necesarias. Las empresas transnacionales pueden demandar cantidades enormes de dinero público a través del ISDS, por lo general mucho mayores de las que obtendrían en un tribunal doméstico. Las reclamaciones recientes han alcanzado miles de millones, lo que supera la capacidad de muchos países para pagar y socava su capacidad para apoyar una transición justa. Como resultado, el temor a ser demandados puede hacer que los países retrasen o decidan no adoptar las medidas necesarias sobre los combustibles fósiles y otras industrias extractivas. Los países ya han admitido que esto está ocurriendo.
Los organismos de la ONU han planteado preocupaciones fundamentales sobre el ISDS, incluido el informe del IPCC de 2022 y los informes de los Relatores Especiales. La Corte Internacional de Justicia ha subrayado que los tratados de inversión no deben interpretarse de forma aislada, sino en armonía con el derecho internacional climático, y que los países tienen obligaciones derivadas de múltiples fuentes del derecho internacional para prevenir, mitigar y reparar el cambio climático y los daños resultantes. La Hoja de Ruta de Bakú a Belém de las presidencias de la COP29 y la COP30 identifica el ISDS como una barrera sistémica.
Hacemos un llamado a los gobiernos para que comiencen a construir una coalición comprometida a liberarse de todas las formas de ISDS. Esta alianza buscaría formas para:
Cancelar tratados con ISDS, o renegociarlos para eliminar el ISDS, entre los gobiernos implicados, de maneras que aborden las «cláusulas de supervivencia».
Participar colectivamente con otros países para apoyar un mayor potencial de alejamiento del ISDS.
Comprometerse a no firmar nuevos acuerdos con ISDS.
Incluir disposiciones sobre la eliminación del ISDS en un futuro Tratado sobre Combustibles Fósiles.
Iniciar negociaciones para un tratado multilateral que permita avanzar hacia un mundo libre de ISDS.
Organizaciones firmantes
Global and regional
350.org
Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC)
Amnesty International
bilaterals.org
CAN Europe
CANLA (Climate Action Network Latin America)
Caritas Europa
Center for International Environmental Law (CIEL)
Centroamérica Hub de Finanzas Sostenibles
CIDSE
Corporate Europe Observatory (CEO)
E3G
European Environmental Bureau
European Trade Justice Coalition
Financial Transparency Coalition
Focus on the Global South
Friends of the Earth Europe
Friends of the Earth International
Global Forest Coalition
GRAIN
Greenpeace
IBON International
JASS – Just Associates
JESC-Jesuit European Social Centre
Natural Justice: Lawyers for Communities and the Environment
Nordic Climate Justice Coalition
Oxfam International
Pacific Network on Globalisation
Peace Brigades International (PBI)
Plataforma América Latina y el Caribe Mejor Sin TLC
Protección Internacional Mesoamérica
Red Europea Oficina Internacional de Derechos Humanos – Acción Colombia
Resource Justice Network
Society for International Development (SID)
Southern and Eastern Africa Trade Information and Negotiations Institute (SEATINI)
Third World Network
Transnational Institute
We Don’t Have Time
Yes to Life No to Mining
National
350 Aotearoa, Aotearoa New Zealand
Campaign Againbst Foreign Control of Aotearoa, Aotearoa New Zealand
Coal Action Murihiku, Aotearoa New Zealand
Coal Action Network Aotearoa, Aotearoa New Zealand
Greenpeace Aotearoa, Aotearoa New Zealand
Lifestock inc Ltd, Aotearoa New Zealand
Ngā Toki Whakarururanga, Aotearoa New Zealand
Sustainable North Trust, Aotearoa New Zealand
Zero Waste Aotearoa, Aotearoa New Zealand
Armenian Environmental Front volunteer initiative, Armenia
AidWatch, Australia
Australian Conservation Foundation, Australia
Australian Fair Trade and Investment Network, Australia
Australian Forests & Climate Alliance (AFCA), Australia
Australian Manufacturing Workers Union, Australia
Australian Religious Response to Climate Change, Australia
Bushfire Survivors for Climate Action, Australia
Climate Action Burwood/Canada Bay, Australia
Climate Action Monaro, Australia
Climate Action Network Australia, Australia
Climate Emergency Australia, Australia
Climate Reality Project Australia & Pacific, Australia
Combined Retired Union Members Association (CRUMA), Australia
Currie Country Social Change Aboriginal Corporation, Australia
Darebin Climate Action Now, Australia
Friends of the Earth Australia, Australia
GeneEthics, Australia
Jubilee Australia, Australia
Lighter Footprints, Australia
Migrante Australia of New South Wales, Australia
Nature Conservation Council of NSW, Australia
New South Wales Nurses & Midwives’ Association, Australia
NSW Retired Teachers’ Association, Australia
Parramatta Climate Action Network, Australia
Peoples Climate Assembly, Australia
SEARCH Foundation, Australia
Social Responsibilities Committee Anglican Church Southern Queensland, Australia
South Coast Labour Council, Australia
Sutherland Shire Environment Centre, Australia
Tax Justice Network Australia, Australia
Union Aid Abroad – APHEDA, Australia
Uniting Church in Australia, Synod of Victoria and Tasmania, Australia
Victorian Trades Hall Council, Australia
Vote Earth Now, Australia
AK Europa, Austria
Anders Handeln Austria, Austria
Attac Austria, Austria
GLOBAL 2000, Austria
Informationsgruppe Lateinamerika – IGLA, Austria
Transform! at, Austria
11.11.11, Belgium
achACT, Belgium
ACV-CSC, Belgium
ATTAC Belgium, Belgium
Broederlijk Delen, Belgium
Centre Tricontinental (CETRI), Belgium
CNCD-11.11.11, Belgium
Entraide & Fraternité, Belgium
Fédération des services sociaux, Belgium
Les Amis de la Terre – Belgique asbl, Belgium
Solsoc, Belgium
vzw Climaxi, Belgium
Fundación Internet Bolivia, Bolivia
Fundación Solón, Bolivia
Programa de Asistencia Agrobioenergetica al Campesino PAAC, Bolivia
SOMOS SUR, Bolivia
TerraJusta, Bolivia
Instituto EQUIT – Gender, Economy and Global Citizenchip, Brazil
REBRIP – Rede Brasileira pela Integração dos Povos, Brazil
Dukingire Isi Yacu (DIY), Burundi
Association for Solidarity through Humanitarian Imperative Action International, Cameroon
Green Development Advocates (GDA), Cameroon
Association québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI), Canada
Atlantic Regional Solidarity Network, Canada
Attac Québec, Canada
BC Casa Vancouver Island, Canada
Black Environmental Initiative, Canada
Canadian Association of the Club of Rome (CACOR), Canada
Canadian Centre for Policy Alternatives, Canada
Canadian Interfaith Fast For the Climate, Canada
Centre québécois du droit de l’environnement (CQDE), Canada
Citizens Climate Lobby Canada, Canada
Climate Action Network Canada (CAN-Rac), Canada
Common Frontiers, Canada
Grandmothers Act to Save the Planet (GASP), Canada
Guatemala Research Group, University of Northern British Columbia, Canada
Legal Advocates for Nature’s Defence, Canada
Maquila Solidarity Network, Canada
Maritimes-Guatemala Breaking the Silence Network, Canada
Mining Injustice Solidarity Network, Canada
MiningWatch Canada, Canada
National Union of Public and General Employees (Canada), Canada
Trade Justice Network, Canada
Chile Mejor sin TLC, Chile
Censat Agua Viva Amigos de la Tierra Colombia, Colombia
Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (CAJAR), Colombia
Comité para la defensa del Agua y el Páramo de Santurbán, Colombia
LazosTech, Colombia
Magazín de la Amazonía y Moviccapp, Colombia
Observatorio Ambiental Ciudadano – Veeduría Ciudadana, Colombia
Shambala, Colombia
Youth Council – La Primavera – Vichada, Colombia
Shujaa-Initiative, Congo DRC
Colombia Solidarity, Denmark
CRAC, Denmark
Den Grønne Ungdomsbevægelse, Denmark
Fossilfri Fremtid, Denmark
Frie Bønder Levende Land (Danish La Via Campesina), Denmark
NOAH – Friends of the Earth Denmark, Denmark
Amigas de la Tierra, España
ATTAC España, España
Colectivo Sur Cacarica, España
Confederación General del Trabajo, España
Departamento de Ecología Integral, Conferencia Episcopal Española, España
Ecologistas en Acción, España
Enginyeria sense Fronteres, España
Enginyeria sense fronteres de les Illes Balears, España
Fundación Vida Sostenible, España
Intersindical Solidària, España
La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo-España, España
Medicusmundi Spain, España
Observatori del Deute en la Globalització (ODG), España
Recortes Cero, España
REVO Prosperidad Sostenible, España
Salva la Selva, España
Unión Universal Desarrollo Solidario, España
Austrian Trade Union Federation, Europe
Development Alternatives with Women for a New Era (DAWN), Fiji
Amis de la Terre France / Friends of the Earth France, France
Attac France, France
BLOOM, France
CliMates, France
Confédération paysanne, France
France Amérique Latine, France
France Nature Environnement, France
GAFE-France, France
MABD, France
Notre Affaire A Tous, France
Reclaim Finance, France
Veblen Institute, France
Association for Farmers Rights Defense (AFRD), Georgia
Andy Gheorghiu Consulting, Germany
Attac Berlin, Germany
Attac Germany, Germany
BUND Regionalverband Nordschwarzwald/ D, Germany
CADEHO Menschenrechtskollektiv, Germany
FDCL – Center for Research and Documentation Chile-Latin America, Germany
German NGO Forum on Environment and Development, Germany
Hamburger Energietisch e. V., Germany
Hondurasdelegation, Germany
Konstanzer Bündnis für gerechten Welthandel, Germany
Misereor, Germany
Netzwerk gerechter Welthandel, Germany
PowerShift e.V., Germany
Stiftung Asienhaus, Germany
Umweltinstitut München e.V., Germany
Weltladen Hailer, Germany
Zukunftsrat Hamburg, Germany
NatureFriends Greece, Greece
Residencia Pacífica La Puya, Guatemala
Instituto para el Futuro Común Amerindio IFCA, Honduras
Red de abogadas defensoras de derechos humanos, Honduras
National Society of Conservationists – Friends of the Earth Hungary, Hungary
Association for Promotion Sustainable Development, India
Samata, India
The Future We Need, India
Aceh Wetland Forum, Indonesia
Coalition Against Mining in Aceh, Indonesia
Ekologi Maritim Indonesia, Indonesia
Indonesia for Global Justice (IGJ), Indonesia
Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Indonesia
KRuHA – people’s coalition for the right to water, Indonesia
Puanifesto, Indonesia
Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, Indonesia
Think Inc Indonesia Legal Office, Indonesia
Afri (Action from Ireland), Ireland
Christian Aid Ireland, Ireland
Comhlámh, Ireland
Communities Against the Injustice of Mining (CAIM network), Ireland
Earth Restore, Ireland
Financial Justice Ireland, Ireland
Friends of the Earth Ireland, Ireland
Green Greystones, Ireland
National Council for People with Disabilities (NCPD), Ireland
Trócaire, Ireland
ATTAC Italia, Italy
Fairwatch, Italy
Rinascimento Green, Italy
Community Action For Health And Development (CAHED), Kenya
Action Solidarité Tiers Monde (ASTM), Luxembourg
Mouvement Ecologique, Luxembourg
Seniors for Climate Luxembourg, Luxembourg
Consumers’ Association of Penang, Malaysia
Sahabat Alam Malaysia (Friends of the Earth Malaysia), Malaysia
Friends of the Earth Malta, Malta
GeoComunes, México
MIRA Feminismos y Democracias, México
Otros Mundos Chiapas, México
Procesos Integrales para la Autogestion de los pueblos, México
Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER), México
Red de Información y Acción Ambiental de Veracruz, México
Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA), México
Rizoma Entretejiendo la Defensa de los Bienes Comunes, México
Justiça Ambiental JA!, Mozambique
Both ENDS, Netherlands
Centre for Research on Multinational Corporations (SOMO), Netherlands
Diez años después de la publicación de “Los Papeles de Panamá” no se han tomado medidas eficaces para evitar la evasión de capitales en estos “puntos ciegos” para las haciendas de los países.
Plataforma por la Justicia Fiscal. 01/04/2026
Con motivo del Día Mundial por la Abolición de los Paraísos Fiscales que se celebra el 3 de abril, la Plataforma por la Justicia Fiscal ha reclamado al Gobierno de España y a las instituciones europeas “una revisión urgente y profunda” del actual listado de donde grandes fortunas y empresas multinacionales esconden sus beneficios para evitar contribuir a los sistemas públicos de aquellos países donde obtienen sus beneficios.
Una década después de la histórica filtración conocida como Papeles de Panamá que evidenció el uso sistemático de estructuras para ocultar patrimonio y eludir impuestos, la plataforma denuncia que los avances han sido insuficientes y que persisten importantes lagunas en la regulación internacional que siguen permitiendo la evasión de capitales a estas “guaridas fiscales donde se refugian los piratas”
“Los criterios utilizados por la Unión Europea para elaborar su lista siguen siendo claramente ineficaces y dejan fuera a jurisdicciones clave que facilitan la evasión fiscal. La lista negra comunitaria apenas incluye actualmente una decena de territorios, mientras que numerosos países con baja o nula tributación como Bahamas, Bermudas, Islas Caimán o Luxemburgo continúan operando con total normalidad dentro del sistema financiero global. Esta falta de ambición permite mantener un modelo en el que grandes fortunas y multinacionales eluden su responsabilidad fiscal”, destaca el coordinador de la plataforma, el economista Juan A. Gimeno.
Según los cálculos de la plataforma Tax Justice Network, solo en 2024 España perdió cerca de 9.400 millones de euros por culpa del abuso fiscal de las multinacionales y los grandes patrimonios. Además, la Plataforma señala la desigualdad en el sistema tributario actual, puesto que las grandes empresas llegan a pagar tipos efectivos menores que la media de la ciudadanía y son precisamente las grandes fortunas quienes mayor uso hacen estos “refugios”.
Por todo ello, la Plataforma por la Justicia Fiscal insta al Gobierno español a liderar en el ámbito europeo una reforma de los criterios de identificación de paraísos fiscales, así como a apoyar iniciativas internacionales como la futura convención fiscal de Naciones Unidas y la tasa global para gravar con un 2% anual a las grandes fortunas del planeta.
En un informe presentado ya en el año 2020 por la Airef se constataba: “el fuerte esfuerzo inversor realizado en los últimos 35 años Alta Velocidad en España, frente a una inversión insuficiente en Cercanías, pese al fuerte incremento de la demanda de este servicio que es, además, el más utilizado en España”. Al mismo tiempo1 se estimaba “completar nuevas líneas de Alta Velocidad exigiría inversiones muy altas. El vigente Plan de Infraestructuras planificó una red de Alta Velocidad de 8.740 km, por lo que quedarían por construir 5.654 km, lo que implicaría una inversión mínima de 73.000 millones de euros adicionales a los 55.888 ya invertidos”. Una red centrípeta (con epicentro en Madrid) y muy poco transversal que, además, cubre una demanda bastante privilegiada como veremos.
Ya con estas referencias estamos en presencia de los dos vectores que condicionan los graves problemas ferroviarios anotados en España en el comienzo de este año 2026. Por un lado los crecientes (e insuficientes) gastos en el mantenimiento de una red sobre dimensionada2 de alta velocidad -que aumentan los riesgos de graves accidentes- y por otro, y como su otra cara presupuestaria, el abandono del mantenimiento y la mejora de la red convencional (por estar Adif endeudada3 a causa del AVE) como atestiguan los reiterados colapsos en las cercanías.
Todo ello sucede con el agravante de que en un caso (que devora fondos) apenas la usan el 10 % de los pasajeros4 y en el otro -que usan el 90 % restante- el abandono, retrasos y cierres de servicios son la norma. La siguiente tabla resume los datos básicos según el informe que estoy citando.
Viajeros e inversiones en el ferrocarril en España
Fuente: elaboración propia con datos de Airef (2020: 11)
Además la red AVE se hará con una discutible opción de diseño, que condiciona la rentabilidad social de estas lineas en España, al haber descartado el modelo alemán o italiano: “en el caso de las redes italianas y alemanas es posible el uso mixto y es habitual que se utilicen por la noche para el transporte de mercancías” (Airef 2020: 102). Además de hacerse con una separación radical (anchos de vía) entre la red convencional de pasajeros y la red de AVE.
Una red no centrípeta
Fuente: Airef 2020: 159
Se entiende así que, con estas premisas, su volumen de actividad (pasajeros-km por kilómetro de vía) sea de unos 4.500 en España frente a unos 18.000 en Alemania (Airef 2020: 102). Sin ningún volumen en lo relativo a mercancías. Con estos volúmenes de actividad los resultados operativos de Adif AV (resultado de explotación) son ligeramente positivos (Airef 2020: 116), pero lo son siempre bajo la restricción de que no se considera la amortización de los fondos invertidos en la construcción de la infraestructura (que sí provoca una deuda creciente a Adif y pago de intereses), y solo considerando el mantenimiento de la infraestructura5.
Con un análisis de los rendimientos socioeconómicos respecto a los costes globales (no solo operativos) mediante un análisis ACB el balance era concluyente6: “El análisis coste beneficio de los cuatro corredores de alta velocidad concluye que los beneficios directos conjuntos en términos de ahorro de tiempo, disposición a pagar, tráfico generado, externalidades y costes evitados en los modos de los que se desvía tráfico, están lejos de compensar los costes fijos de construcción y los costes de operación.” (Airef 2020: 148).
De lo que se deduce que ningún km de AVE debió construirse en España. Salvo que el asunto se centre en que la “flor y nata” de las constructoras españolas se hayan forrado -y lo sigan haciendo- con este disparate nacional que nos hace campeones del mundo. Menos aún con el formato en que se hizo (exclusivo de pasajeros) y con un diseño obsesivamente centrípeto.
Si a este balance socioeconómico agregamos el efecto asociado del escaso esfuerzo inversor en ferrocarril convencional (que no deja de ser un coste de oportunidad para Adif y para la sociedad española en su conjunto), es sorprendente que aún así nos encontremos con que en esta red alternativa -que mueve 562 millones de pasajeros en cercanías y 36 millones en servicios convencionales- se superen los millones de pasajeros-km de la red de AVE (Airef 2020: 161). Todo ellos con un crecimiento sostenido a pesar del abandono de esta red y de su envejecido material móvil.
Estos datos aconsejan rehacer la primera tabla presentada en este análisis, confirmándose de nuevo la enorme discriminación que está suponiendo la gestión del ferrocarril en España: en favor de unos usos (ruinosos socialmente) y en detrimento de los otros (que serían virtuosos). Y aún para los primeros sin poder garantizar ni la recuperación de los costes de la inversión ni un mantenimiento a cada paso más costoso, mientras que para los segundos los resultados de explotación solo podrán cubrir algo menos de la mitad de los costes operativos7.
Viajeros e inversiones en el ferrocarril en España
Fuente: elaboración propia con datos de Airef (2020: 161)
Esta es la semilla de una tormenta ferroviaria perfecta que está detrás de los colapsos ferroviarios de comienzos del año 2026. Pues de los 12.000 millones de inversiones previstas en su día en cercanías solo se llevarían ejecutados algo menos de 1.000 millones (Airef 2020: 174). Unas asimetrías -y una tormenta perfecta- que difícilmente podrán evitar las inversiones previstas -ciertamente más equilibradas- para el período 2022-2026: por doce mil millones para AdifAV y otro tanto para Adif convenciona8 (aún suponiendo que se ejecutasen).
Fuente: elaboración propia con base de datos de la CNMC
Claro que los hechos son tozudos y a la vista de los últimos datos -del tercer trimestre de 2025- los pasajeros movidos por cada medio no cuadran para nada con esas cifras. Seguimos con un esfuerzo público que prima los usos más elitistas (y centrípetos) sobre los más sociales (y más descentralizados).
1 Se detalla además que “para desplegar esta red se han invertido más de 55.888 millones de euros, de los que 14.086 millones (un 25,2%) se han costeado con financiación europea. Otros 15.858 millones han pasado a ser deuda de ADIF Alta Velocidad, la entidad pública empresarial creada para financiar las inversiones y cuyos niveles de déficit y deuda no computan en las cuentas nacionales”. Citaremos este informe como Airef 2020
2 Duplicamos el tamaño de la red de Alemania, cuadriplicando su red por millón de habitantes (Airef 2020: 98-99); un sesgo que se agravará de construirse los cinco mil km previstos. En 2026 Adif gestiona 4.300 km de alta velocidad y 11.700 convencionales (Informe CNMC)
3 Adif AVE tendría una deuda acumulada en 2018 de 16.000 millones (Airef 2020: 111) que se estimaba que en 2024 ya alcanzaría los 23.000 millones. El endeudamiento neto alcanza el 36% de sus fuentes de financiación según la CNMC (Informe CNMC) para 2022-2026.
4 Con una presencia singular de turistas extranjeros en los meses de verano (40%).
5 El no considerar el coste de construcción supone, además, ignorar el coste de oportunidad del uso de estos recursos en la mejora de la red convencional. En suma: “los resultados operativos anuales de tres de los cuatro corredores de alta velocidad son positivos en la actualidad, pero -por su puesto- sin tener en cuenta los enormes costes de su construcción” (Airef 2020: 148).
6 Siempre a la altura del año 2018 pero con previsiones hasta 2057
7 El resto se cubre con subvenciones públicas (MITMA), Airef (2020: 179-180), que alcanzan en este caso el 46 % de sus fuentes de financiación (Informe CNMC) para 2022-2026
8 En concreto 5.300 millones para cercanías frente a 9.700 millones para nuevos desarrollos de alta velocidad. Ver punto 51 y página 25 aquí:Informe CNMC
El 11 de febrero, la presidenta Von der Leyen se reunió de nuevo con cientos de representantes empresariales durante un evento organizado por CEFIC, un poderoso grupo de presión de la industria química europea, apenas unas horas antes de reunirse con los jefes de Estado de la UE. Este patrón recurrente de compromiso exclusivo plantea una pregunta fundamental: ¿la política europea está siendo moldeada por sus 450 millones de ciudadanos o por los mayores grupos de presión industriales del continente? El momento elegido también brinda a la industria una oportunidad privilegiada para transmitir sus demandas directamente a la cumbre de jefes de Estado de la UE sobre competitividad que se celebrará al día siguiente. El retroceso amenaza con intensificarse tras esta cumbre, en la que se debatirá un conjunto de propuestas de desregulación, la mayoría de las cuales provienen directamente de la industria1.
Desde 2024, la Declaración de Amberes ha actuado como una hoja de ruta paralela para la Unión Europea. Lo que se presenta como algo que impulsará la economía se ha convertido cada vez más en un vehículo para desmantelar las salvaguardias democráticas de la UE. Estamos asistiendo a un retroceso sistemático de protecciones climáticas, medioambientales y sociales vitales: los avances conseguidos con tanto esfuerzo se están cambiando ahora por concesiones a las empresas a puerta cerrada. Hasta ahora, la UE ha actuado con rapidez y dureza en favor de los contaminadores, las empresas que violan los derechos y los accionistas, pero no en favor de las personas.
La Comisión ha llegado incluso a socavar sus propias salvaguardias procedimentales, al no proporcionar evaluaciones de impacto ni pruebas científicas o económicas creíbles para propuestas clave, y al descuidar procesos de consulta significativos. Cuando el Defensor del Pueblo Europeo expresó su preocupación, la respuesta de la Comisión no fue corregir su enfoque, sino debilitar sus propias normas de mejora de la regulación.
Al mismo tiempo, el lobby industrial ha conseguido miles de millones en subvenciones públicas, justificadas por alegaciones de crisis económica y escasez de capital que desde entonces han demostrado ser muy exageradas. Muchas de estas mismas empresas siguen dando prioridad a los pagos a corto plazo a los accionistas frente a la inversión en una transición justa y sostenible.
Considerar las normas democráticas como obstáculos para el crecimiento alimenta una peligrosa carrera a la baja, en la que las industrias más perjudiciales se ven recompensadas con normas más laxas y más financiación pública, mientras que la población se enfrenta a la austeridad y a la disminución de las protecciones.
Rechazamos esta agenda de desregulación impulsada por las empresas. La estrategia industrial y económica de Europa debe reforzar, y no sacrificar, la integridad medioambiental, la justicia social, los derechos humanos y la responsabilidad democrática. Las normas estrictas no son una carga, sino la base de la resiliencia económica a largo plazo de Europa. El dinero público y el poder político deben servir a la sociedad en su conjunto, y no afianzar la influencia y los beneficios de las industrias más responsables de las crisis a las que nos enfrentamos.
Para defender los derechos del público a la salud, a un medio ambiente habitable y a condiciones de trabajo dignas, afirmamos que necesitamos
Normas para proteger la democracia, las personas y el planeta
Revitalizar la democracia europea
El enfoque de la segunda Comisión Von der Leyen en la competitividad se refleja en su contacto más intenso con los actores corporativos: el 40 % de las reuniones de los miembros del gabinete de los comisarios fueron con representantes de empresas, el 29 % con asociaciones empresariales y solo el 16 % con ONG. Este desequilibrio supone un riesgo de captura política2; Además, la Comisión ha creado nuevos espacios, como los «talleres de verificación de la realidad» y los «diálogos de implementación», que se han establecido de forma poco transparente y refuerzan aún más este desequilibrio, abriendo nuevas vías para la influencia de las empresas.
Las organizaciones de la sociedad civil, las ONG, las organizaciones medioambientales, los sindicatos y el mundo académico, como representantes clave del interés público, deben ser escuchados, protegidos y tener un acceso significativo a la toma de decisiones.
La actual agenda de desregulación de la UE refleja más el lobby empresarial que las prioridades de la gente común: abordar el coste de la vida, garantizar unos servicios públicos sólidos y tomar medidas decisivas sobre las crisis climática, de biodiversidad y de contaminación. La elaboración de leyes no debe estar dirigida por las mismas industrias responsables de la contaminación, el daño climático, la discriminación, el tratamiento ilegal de datos sensibles, la vigilancia masiva y otros daños. Estas salvaguardias no pueden desmantelarse para satisfacer las demandas de los sectores más contaminantes y riesgosos.
En lugar de reducir el espacio cívico y marginar las voces públicas, la UE debe reforzar la participación democrática.
Las normas existen para proteger al público
Los ciudadanos de toda la UE están cada vez más expuestos a sustancias químicas persistentes (PFAS), a la contaminación por pesticidas y a fenómenos meteorológicos extremos cada vez más frecuentes. Esto genera enormes costes para la sociedad, tanto económicos como en términos de bienestar3. En lugar de más «leyes omnibus4» que socavan las protecciones, necesitamos normas mejores y más estrictas que garanticen el acceso al agua, el aire y los alimentos limpios, garanticen lugares de trabajo más seguros, protejan nuestra privacidad y nuestros datos personales en línea y nos protejan de las aplicaciones peligrosas de la inteligencia artificial.
Las personas no quieren sustancias químicas tóxicas en sus cuerpos, condiciones de trabajo inseguras, alimentos y agua potable contaminados, ni un seguimiento constante en línea. Los niños deben poder jugar en los parques sin estar expuestos a sustancias nocivas como los PFAS, y las familias no deben encontrar sustancias químicas persistentes (TFA5) en sus comidas debido a la desregulación de la legislación sobre pesticidas.
No a los cheques en blanco para las industrias contaminantes
Las industrias contaminantes pagan dividendos astronómicos a sus accionistas, año tras año. Entre 2010 y 2023, las empresas europeas de sectores clave para la transición energética generaron 2,1 billones de euros en beneficios netos y distribuyeron 1,6 billones de euros a los accionistas, lo que supone un asombroso 75,3 % de sus beneficios netos totales (y alrededor del 40 % del PIB de Alemania, a modo de comparación6). No necesitan inyecciones de capital adicionales pagadas por los contribuyentes, que se enfrentan a recortes en sanidad, educación y acción climática. El problema no es la falta de capital, sino la mala asignación de los recursos existentes. Debemos invertir en una economía orientada al futuro, libre de sustancias tóxicas y descarbonizada, y no apoyar a los sectores intensivos en combustibles fósiles tóxicos que se resisten a la transición energética y libre de sustancias tóxicas. Por último, las empresas contaminantes deben asumir los costes de los daños causados por sus productos, y no la sociedad, respetando el principio de «quien contamina paga».
El nuevo espíritu de la elaboración de leyes debe basarse en la evidencia.
Los paquetes ómnibus están desmantelando protecciones cruciales sin pruebas científicas ni evaluaciones de impacto adecuadas7. Las propuestas son miopes, están impulsadas por la industria e ignoran sus efectos sobre las personas y el planeta8. La elaboración de leyes debe basarse en pruebas y salvaguardar la salud, los derechos, el medio ambiente y los objetivos de sostenibilidad a largo plazo de Europa. Basar las leyes en las demandas inmediatas de las industrias impulsadas por los beneficios, que a menudo son las mismas responsables de la contaminación, la explotación, la discriminación impulsada por la tecnología y la crisis climática, es fundamentalmente erróneo.
En cambio, la legislación de la UE debe basarse en pruebas sólidas, en el asesoramiento de expertos y en las opiniones de las comunidades más afectadas. Las organizaciones de la sociedad civil, las ONG, las organizaciones medioambientales y los sindicatos, los científicos y los expertos independientes deben orientar la toma de decisiones, garantizando que las políticas sirvan a las personas y al planeta, y no solo a un puñado de empresas contaminantes y con un alto consumo energético.
4 Un Omnibus de la UE es un paquete legislativo que agrupa múltiples enmiendas, a menudo diversas, en un único documento exhaustivo diseñado para una única votación. Lanzado por la Comisión Europea, su objetivo es debilitar las leyes y reducir la responsabilidad de las empresas, en nombre del impulso de la «competitividad».
5 El ácido trifluoroacético (TFA) es una «sustancia química eterna» altamente móvil y persistente que pertenece al grupo PFAS y se utiliza ampliamente en aplicaciones industriales, agrícolas y farmacéuticas. Como subproducto de los gases fluorados y los pesticidas, se ha vuelto omnipresente en el medio ambiente, incluyendo el agua, el suelo y los alimentos, lo que suscita preocupación por su acumulación a largo plazo. Ver documento
Manifiesto de entidades de la sociedad civil organizada del Estado Español respecto a la anunciada reforma de la Directiva Marco del Agua.
Attac, Integrada en la RAP, defiende el presente comunicado.
El pasado 10 de diciembre la Comisión Europea publicó la Comunicación “Simplificar para lograr una competitividad sostenible”1 (en adelante, la Comunicación), que engloba un amplio paquete de modificaciones en distintas directivas y otras regulaciones europeas para la protección ambiental. El pretexto que se declara para promover estas modificaciones es reducir la carga administrativa asociada a tales normativas para alcanzar los objetivos ambientales de forma más eficiente y menos costosa.
Sin embargo, junto a medidas que facilitan esta reducción de la carga burocrática sin afectar a los objetivos (como por ejemplo, unificar los formatos en los que se comparten los datos de naturaleza ambiental y espacial), se incluyen otras propuestas que suponen dar un paso atrás en la ambición y el alcance de la normativa. Entre ellas, se plantea reducir los requisitos de protección ambiental sobre ciertas actividades industriales o rebajar los mecanismos de control en las autorizaciones de nuevos proyectos.
Un ejemplo de los efectos perjudiciales de las modificaciones previstas sobre el agua y los ecosistemas acuáticos es que se pretende reducir o eliminar las obligaciones del Sistema de Gestión Ambiental de las instalaciones industriales en materia de inventario de sustancias químicas y análisis de riesgos. Otro ejemplo, es que se busca que en las instalaciones de ganadería intensiva y de acuicultura se eliminen de los informes a la Comisión Europea los impactos relativos al agua, la energía y los materiales. También se pretende suspender algunos requerimientos de la Responsabilidad Ampliada del Productor (por el que las empresas son responsables de los contenidos de los residuos que generan sus productos).
Resulta especialmente preocupante que la Comisión Europea haya previsto reformar la Directiva Marco del Agua (DMA) antes del verano de 2026, sin ajustarse a los procedimientos existentes en el propio marco legislativo europeo y obviando por completo la evaluación y el análisis detallado que se desarrolló en 2020 (Fitness-Check). La Comunicación deja claro que en el primer trimestre de 2026 intensificará el diálogo con algunos de los sectores implicados y con los Estados Miembros sobre los permisos ambientales, teniendo en cuenta los objetivos del denominado RESource EU Action Plan. Este Plan pretende reducir la dependencia europea de materiales críticos, para lo que se llevará a cabo una simplificación de las autorizaciones ambientales “incluidos los aspectos relacionados con el sector minero”. La Comunicación señala que “a más tardar en el segundo trimestre de 2026, la Comisión examinará y revisará la Directiva Marco del Agua” … “con el fin de promover la circularidad y el acceso a materias primas”.
¿Qué supone esta reforma de la DMA?
Permitirá acelerar y simplificar las autorizaciones ambientales, debilitando el Principio de No Deterioro, un requerimiento clave de la DMA. Básicamente existe una obligación para los Estados Miembros de mejorar y de evitar el deterioro de los ríos, humedales y acuíferos de toda Europa. Relajar los estrictos requisitos que acompañan a esta obligación para los nuevos proyectos que puedan deteriorar el estado de las aguas dará lugar en muchos casos a un empeoramiento del estado de los ríos, acuíferos y ecosistemas acuáticos.
Facilitará la aprobación de nuevos proyectos mineros sin las suficientes garantías en cuanto a la evaluación ambiental de los impactos sobre la salud de las personas y de los ecosistemas acuáticos y en cuanto a la transparencia y la participación pública en las decisiones que afectan al interés público superior, como es el acceso al agua en cantidad y calidad suficiente. Esto incrementará los riesgos de contaminación y sus impactos sobre la salud humana. También tendrá consecuencias negativas sobre otras actividades económicas, como las del sector agrario e industrial que necesitan de estos recursos hídricos, así como sobre los ecosistemas y la biodiversidad.
Abrirá una puerta que facilitaría que también que otros proyectos y actividades, no sólo mineros, pudieran aprobarse de forma más rápida y simple, aun cuando exista un riesgo claro para la salud humana y para el deterioro de nuestros ríos, humedales y acuíferos. Además, la anunciada reforma exprés de la DMA se salta el procedimiento establecido en dicha Directiva para su revisión; no tiene en cuenta que la evaluación de la DMA (fitness check) ya concluyó que no era necesario revisarla y no viene acompañada del necesario análisis integral de los efectos que tendría (Impact Assessment, algo habitual en la reforma de cualquier directiva), entre otros problemas importantes. Ante esta situación, las organizaciones firmantes manifiestan que:
La aprobación de la DMA fue el resultado de un largo proceso de evaluación de la política de aguas en el conjunto de la Unión Europea que concluyó con el reconocimiento de que nuestra capacidad para atender las necesidades de agua, presentes y futuras, depende directamente del buen estado de las masas de agua y de la superación del enfoque fragmentario e ineficaz de la anterior política del agua.
Desde la sociedad civil organizada se ha defendido enérgicamente que aunque es necesario mejorar la actual aplicación de la DMA por parte de los Estados Miembros de la UE, esta directiva ha sido y sigue siendo un instrumento fundamental para proteger y mejorar el estado de nuestros ríos, acuíferos, humedales, deltas y estuarios en España y en toda Europa.
La DMA pone el foco de la política de aguas en los objetivos ambientales y en el principio básico de No Deterioro del agua, para compatibilizar su protección con actividades económicas que aporten prosperidad, empleo y calidad de vida a la ciudadanía. La DMA es la garantía para esta compatibilidad y para la propia seguridad a largo plazo de las actividades económicas y la calidad de vida, las cuales dependen de la buena salud de nuestras fuentes y ecosistemas del agua. Ninguna de las reformas que se quieren llevar a cabo suponen una mejora para la DMA y sí un claro retroceso.
Esta directiva incluye la aplicación de unos Programas de Medidas para alcanzar los objetivos previstos, los cuales se revisan en la evaluación periódica de los planes hidrológicos, con el fin de mejorar el conocimiento sobre las masas de agua, las medidas a adoptar y la transparencia y participación pública en la toma de decisiones en torno al agua.
La DMA define además el marco en el que se integran o desarrollan otras directivas relacionadas con el agua, como la directiva de prevención de los riesgos de inundación, la de aguas potables o la de aguas residuales, cuyos enfoques de gestión de riesgos dependen de la eficacia de la DMA a la hora de garantizar el buen estado de las masas de agua. El debilitamiento de la DMA por las modificaciones previstas dejaría sin sustento firme a estas otras directivas y normas derivadas, incrementando los riesgos, lo que impactará negativamente sobre la salud humana, sobre actividades económicas tales como las agrarias y sobre los ecosistemas. Por todo ello, un amplio conjunto de organizaciones de la sociedad civil pedimos que la Comisión Europea renuncie a modificar la Directiva Marco del Agua y, en su lugar, se redoblen los esfuerzos de las instituciones europeas y de los Estados Miembros para mejorar y acelerar su aplicación, manteniendo su actual formato, dado que todavía estamos lejos de alcanzar los objetivos planteados.
Para adherirse al manifiesto, puede hacerse en el presente enlace:
Organizaciones promotoras: Aigua és Vida (AéV) Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS) Amigas de la Tierra Comisiones Obreras (CCOO) Ecologistas en Acción Enginyeria Sense Fronteres FACUA Federación de Consumidores y Usuarios (CECU) Fundación Nueva Cultura del Agua (FNCA) Fundación Primero de Mayo Greenpeace España Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS) Plataforma en Defensa de l’Ebre Red Agua Pública (RAP) WWF España
Las organizaciones de la campaña Stop UE-Mercosur denuncian el anuncio hoy de la Comisión Europea sobre la entrada en vigor provisional del acuerdo comercial con Mercosur.
· Califican este paso de la UE como “un grave atropello democrático” y “un intento de imponer por la puerta de atrás un tratado profundamente rechazado por amplios sectores sociales».
· Se prevé que el acuerdo UE-Mercosur tenga fuertes impactos sociales y ambientales, al tiempo que consolida un modelo agroexportador intensivo, dependiente de cadenas largas altamente emisoras, incompatible con los compromisos climáticos europeos.
En una carta abierta dirigida a la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, y al presidente del Consejo Europeo, António Costa, 170 organizaciones sociales, ecologistas, sindicales y agrarias exigen que se detenga la aplicación provisional del acuerdo antes de que el Parlamento Europeo vote y antes de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea emita su dictamen sobre las cuestiones jurídicas planteadas.
“Un desprecio a la democracia”
Las organizaciones señalan que el acuerdo UE-Mercosur arrastra desde su origen una fuerte contestación social por sus impactos previsibles, en ambos lados del Atlántico, sobre la agricultura familiar campesina, los derechos laborales, la seguridad alimentaria, el deterioro de los servicios públicos y la aceleración de la deforestación en América Latina.
“Aplicarlo provisionalmente sin esperar al Parlamento Europeo y sin conocer la opinión del Tribunal es un desprecio frontal a los procedimientos democráticos europeos”, afirman desde la campaña. A su juicio, la Comisión pretende blindar los capítulos comerciales mientras esquiva el debate político de fondo y minimiza la oposición social creciente en varios Estados miembros.
Las organizaciones recuerdan además que la tramitación del acuerdo ya ha estado marcada por decisiones polémicas que excluyeron de la ratificación a los parlamentos nacionales y por una aprobación en el Consejo de la UE sin unanimidad, algo inédito en tratados de esta magnitud.
“Estamos ante un precedente extremadamente peligroso: convertir la política comercial en un ámbito inmune al control democrático real”, advierten.
Impactos sociales y climáticos ignorados
Las 170 organizaciones firmantes, entre las que se encuentra Attac, subrayan que el acuerdo consolida un modelo agroexportador intensivo, dependiente de cadenas largas y altamente emisoras, incompatible con los compromisos climáticos europeos. También alertan de una mayor presión competitiva sobre sectores agrarios y ganaderos europeos ya golpeados por crisis de precios y por la concentración corporativa.
En América Latina, añaden, el tratado incentivaría la expansión de monocultivos y ganadería industrial vinculados a la deforestación y a conflictos socioambientales: “Mientras la ciudadanía exige transición ecológica justa, soberanía alimentaria y protección del empleo, la Comisión insiste en un tratado anclado en la lógica del libre comercio sin límites».
Las organizaciones de la campaña Stop UE-Mercosur exigen que se revierta la aplicación provisional del acuerdo, que se respete el voto del Parlamento Europeo y que se espere el pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la UE.
Asimismo, plantean que se abra un debate público real sobre los impactos sociales, laborales y climáticos del acuerdo y de la política comercial de la UE.
Las 170 organizaciones firmantes anuncian que intensificarán la movilización social y la presión política en los próximos meses para impedir la entrada en vigor de un acuerdo que consideran “social, ambiental y democráticamente inaceptable”.
El Proyecto de Conservación AVIN busca la protección de las especies de golondrinas, aviones y vencejos de manera local, en nuestros pueblos. Nació como una pequeña idea de activismo ante una situación que empieza a ser común en las aves ligadas a medios agrícolas y urbanos: un descenso acusado en sus poblaciones. Por ejemplo, la golondrina común ha sufrido un declive del 30% en la última década.
En 2014 se declaró a esa especie Ave del Año por la organización SEO/Birdlife, y fue entonces cuando surgió el proyecto. Gracias a la difusión que le dio Nicolás López, responsable de la conservación de especies amenazadas en la ONG, llegó a otros lugares de España. Tras casi dos años después de su publicación, hemos llegado a 9 provincias: Huesca, Zaragoza, Segovia, Ávila, Ceuta, Sevilla, Cáceres, Madrid y Castellón. Y somos 13 personas las que luchamos por la conservación de estas aves en el proyecto.
Durante el primer año nos centramos en desarrollar los aspectos más importantes del proyecto, que se resume en cuatro líneas de actuación:
Evitar la destrucción de sus nidos. La difusión y concienciación son los aspectos más importantes que se pueden realizar para proteger estas aves, porque existe una gran indiferencia generalizada sobre las leyes que protegen estas aves y la importantísima labor insecticida que realizan.
Proporcionar lugares adecuados para anidar. Se incluye cualquier actuación con el fin de facilitar la reproducción de estas aves, como por ejemplo colocar nuevos nidos.
Seguimiento de poblaciones. Para conservar cualquier especie es necesario saber su tamaño poblacional y la tendencia de esta a lo largo del tiempo. También es importante recopilar información sobre su fenología (relación con el clima), que posteriormente se manda a SEO.
Recuperar y liberar pollos caídos. Los pollos que nos encontramos son recuperados hasta que finalmente se pueden liberar. No somos ningún centro de recuperación, por lo que este trabajo es exclusivo de cada persona.
Con el poco tiempo que llevamos con el proyecto hemos conseguido muchas cosas, como por ejemplo:
Estamos realizando un importante trabajo de difusión en ciudades como Zaragoza donde en prácticamente todos los edificios con nidos se ha dejado una carta informando de su estatus legal.
El ayuntamiento de Binéfar (Huesca) ha aceptado el proyecto editando mil folletos repartidos en el pueblo, y dando la oportunidad de dar charlas en la “Semana de la Sostenibilidad”.
También se han impartido varias charlas en colegios de educación primaria y se está colaborando con el instituto IES Sierra de San Quílez (Binéfar) elaborando un proyecto de fabricación de cajas nido para vencejos.
Se consiguió que una empresa instalara cuatro nidos de avión común tras su derribo en unas obras de rehabilitación.
También hemos terminado los primeros censos de avión en la comarca oscense de La Litera (2.966 parejas en 2016) y en la ciudad autonómica de Ceuta (unas 50 parejas).
En resumen, es muy fácil movilizarse y hacer algo por ayudarlas. Creemos que gente con ganas de hacer cosas, pueden hacerlas. Y todo el que se quiera unir con nosotros será bien recibido.
A la voz de “quiero productos ecológicos asequibles” da comienzo esta campaña en la Red Social del Consumo Colaborativo: coincidea.com. Aquí ha nacido un Grupo donde nos congregamos los consumidores de toda España de productos ecológicos, vegetarianos, “bio”… junto a sus comerciantes.
Con la unión en masa de los consumidores es posible crear un mercado más justo. ¿Cómo? Apoyando al comerciante ecológico y agrupándonos para generar una gran demanda que permita precios asequibles.
Coincidea es la red social de los Grupos deConsumo Colaborativo (libre y gratuita). El encuentro entre consumidores y comerciantes, donde cualquier usuario puede crear un Grupo de Consumo para convocar a los que estén interesados y hacerse fuertes. Ahora nos estamos uniendo aquellas personas que tenemos una firme conciencia ecológica. Aquellos que creemos que no hay evolución posible sin un desarrollo ecológico de la sociedad. Unidos por una idea: en la unión de los consumidores reside una fuerza soberana capaz de cambiarlo todo, en conjunción con los comerciantes y hacia una conciencia colectiva.
El sistema es muy simple: reunir online a consumidores interesados en adquirir productos ecológicos, junto a comerciantes, distribuidores o productores, impulsando así una gran alianza por el consumo ecológico. De esta forma, los comerciantes harán sus ofertas con el precio y la cantidad mínima a vender para que se mantenga ese precio. De todas estas ofertas, cada consumidor se apunta a la que más le guste (o a ninguna si nada le interesa). Una vez apuntado a una oferta puede abandonarla sin penalización siempre que ésta no se haya activado todavía. La oferta se activa cuando alcanza su cantidad mínima, la que haya estipulado el comerciante. Una vez se activa la oferta el consumidor debe hacer el pedido. Si no lo hace, recibirá una penalización que quedará visible en su perfil, indicando así que noes una persona comprometida con el sistema. La relación es directa entre consumidor y ofertante, y es este último quien establece el procedimiento de compra.
Coincidea es una red social en la que no hay intermediarios y no nos llevamos ningún porcentaje por las compras. No es una web de compras.
Porque sumar es poder: Súmate a la unión en masa para adquirir productos ecológicos. Accede directamente al grupo (registrándote o haciendo login si ya eres usuario/a). Entra, mira, y si te gusta, participa.
Estimada Señora Von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, Estimado Señor Costa, presidente del Consejo Europeo,
Les instamos a que respeten los procesos democráticos y se abstengan de aplicar el acuerdo comercial entre la UE y Mercosur antes de que el Parlamento Europeo haya ejercido su derecho a votar sobre el acuerdo.
El acuerdo UE-Mercosur es muy controvertido y ha suscitado repetidamente la preocupación de muchos ciudadanos y grupos de la sociedad civil, tanto en la UE como en los países del Mercosur, por cuestiones como las normas de seguridad alimentaria, las repercusiones en el empleo y la agricultura, y la deforestación. En una democracia, es fundamental que se escuche la voz de la ciudadanía en asuntos como estos.
La base democrática del acuerdo ya ha sido puesta en tela de juicio. El acuerdo solo ha podido seguir adelante gracias a decisiones polémicas que han eludido a los parlamentos nacionales. Además, la aprobación del Consejo Europeo se obtuvo por una estrecha mayoría, siendo la primera vez que un acuerdo comercial se ha llevado a cabo sin el apoyo unánime de todos los Estados miembros. Ahora, el Parlamento Europeo ha solicitado asesoramiento al Tribunal de Justicia Europeo sobre cuestiones jurídicas relacionadas con el acuerdo, lo que envía una clara señal de que los/as parlamentarios/as no quieren aprobar el acuerdo sin un examen adecuado.
La aplicación provisional, sin la opinión del Tribunal y sin el consentimiento del Parlamento, pisotearía los procesos democráticos que existen precisamente para que las voces de los ciudadanos puedan ser escuchadas, representadas y tenidas en cuenta cuando surgen desacuerdos. Socavaría la confianza pública y la legitimidad democrática de la Unión Europea. En un momento en el que muchos en nuestra sociedad se sienten marginados y están perdiendo la fe en los procesos políticos, optar por la aplicación provisional sería profundamente antidemocrático y correría el riesgo de avivar las tensiones en y entre los Estados miembros de la Unión.
Les pedimos que apoyen los principios democráticos establecidos y se comprometan a esperar la opinión del Tribunal y el voto en el Parlamento Europeo antes de aplicar el acuerdo.
Nuestra amiga Susan George falleció el pasado 14 de febrero.
Nuestra condolencia para nuestros compañeros de Attac Francia en cuya organización fue activista significada, cofundadora en 1999 y presidenta honoraria.
Susan colaboró y ayudó en múltiples ocasiones a ATTAC España. Todavía recordamos su brillante intervención en el centro cultural Galileo el 19 de enero de 2017, con motivo del encuentro abierto que inauguraba los actos de la Red Europea de ATTAC (EAN) en Madrid, en la que analizó la situación social y económica de Europa en aquel momento.
Expresamos nuestro agradecimiento a una figura inspiradora y tejedora del altermundismo. Politizada por su oposición a la guerra de Vietnam y la recepción en Francia de los rebeldes estadounidenses, su fibra internacionalista nunca ha flaqueado. Durante esos años de guerra y represión, trabajó para traer a Europa un think tank estadounidense, el Institute for Policy Studies, que se convirtió en el TNI, el Transnational Institute, con sede en Ámsterdam, y del cual fue presidenta y presidenta honoraria.
Tras encargársele la redacción de un informe para la FAO en 1974, publicó su primer libro en 1976, que le trajo éxito internacional: Comment meurt l’autre moitié du monde (Como muere la otra mitad del mundo (Laffont, 1978). Este fue el comienzo de su lucha contra las multinacionales que matan de hambre al planeta, contra el perverso colonialismo de la «deuda» de los países del Sur y el papel de las instituciones internacionales en su fabricación.
En 2000, publicó The Lugano Report (El Informe Lugano), una explosiva «ficción factual», que presenta a un grupo de expertos en Lugano, Suiza, reunidos para salvar el capitalismo y que hoy sigue siendo relevante. Sensible a las alteraciones ecológicas, fue miembro del Consejo de Administración de Greenpeace International y Greenpeace France desde 1989 y participó en el lanzamiento en Francia de la organización conocida en el Reino Unido como Extinction Rebellion.
Frente al neoliberalismo encarnado por el dogma del mercado generalizado, el libre comercio y el desenlace de las finanzas, ha estado involucrada en todas nuestras luchas, desde el bloqueo de la OMC en Seattle (1999), los Foros Sociales Mundiales iniciados en Porto Alegre (2001), hasta la organización concreta, junto con los comités locales de Attac, de campañas nacionales contra los acuerdos de libre comercio (el GATS en particular, Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios), paraísos fiscales o campañas contra los OGM y Monsanto.
Recordamos su determinación, su disponibilidad, su elegancia y su sentido del humor, a menudo devastadores para sus oponentes. En los tiempos oscuros en los que vivimos, escuchamos su mensaje: «Por supuesto, a veces puedo sentirme desanimada. Pero no creo haber perdido el tiempo. Creo que los efectos de una acción, y aún más de la acumulación de acciones, pueden ocurrir en cualquier momento y a menudo cuando menos se espera»
Nos ha dejado una mujer valiente y luchadora, además de una compañera muy cercana. Estará siempre en nuestro recuerdo, DEP.
20 de enero por Eric Toussaint , CADTM International , Colectivo , Joao Pedro Stedile , Jeremy Corbyn , Yanis Varoufakis , Rafael Bernabe , Fátima Martín , Martín Mosquera , Zoe Konstantopoulou , Jean-Luc Mélenchon , Teresa Rodríguez , Verónica Gago , Olga Rodríguez , Manon Aubry , Annie Ernaux , Ada Colau , Irene Montero , Ana Miranda…
La extrema derecha y neofascista avanza en todos los continentes. La amenaza adopta formas particulares en cada país o región, pero es fácil señalar sus elementos comunes: el objetivo de aniquilar derechos y protecciones laborales, el estrangulamiento de las organizaciones obreras, el desmantelamiento de la seguridad social y la imposición de un régimen de precariedad a empleados y desempleados, la privatización de servicios públicos, la negación del cambio climático, la utilización del pretexto del alto nivel de la deuda pública para intensificar las políticas de austeridad, la desposesión del campesinado para abrir paso al agro-negocio, el fortalecimiento el desplazamiento de pueblos originarios para propiciar el extractivismo desenfrenado, el endurecimiento de las políticas migratorias inhumanas, el aumento del gasto militar. Son políticas que, para imponerse, requieren una restricción del derecho a la huelga, de expresión, de asociación, de reunión, un silenciamiento de la prensa y de las voces críticas en las escuelas y universidades, una negación de la ciencia cuando sus hallazgos contradicen esas políticas y un fortalecimiento de las ramas y aparatos de represión y vigilancia.
La derecha extrema pone el descontento con las consecuencias nefastas del neoliberalismo al servicio de una aceleración de esas políticas. Para lograrlo, al igual que el fascismo clásico, pretende dirigir ese descontento contra sectores oprimidos y desposeídos: los migrantes, las mujeres, las personas LGBTQ+, los sectores que se benefician de programas de inclusión, las personas racializadas, la minorías nacionales o religiosas. El chovinismo nacional, el racismo, la xenofobia, el sexismo, la homofobia, el cultivo del odio, la normalización de la crueldad, acompañan a cada paso el avance de la derecha radical, según las particularidades de cada país.
El deseo de acumular riqueza en manos del capital, la búsqueda desenfrenada del máximo beneficio que sustenta las políticas de extrema derecha, se manifiesta también en la intensificación de las agresiones imperialistas para apoderarse de los recursos y explotar a las poblaciones. Esto va de la mano con la perpetuación de situaciones coloniales que, en el caso de Palestina, toma la forma de un genocidio orquestado por el Estado de Israel, con la complicidad de sus aliados imperialistas.
Más allá de la complicidad con el gobierno de Netanyahu, la extrema derecha teje sus lazos internacionales: congresos, think tanks, declaraciones conjuntas, apoyo mutuo en procesos electorales, colaboración de podcasters y agendas de propaganda y desinformación. Nuestra lucha contra las derechas y las agresiones imperialistas es urgente y, para ser efectiva, tiene que ser internacional.
Las fuerzas que luchan contra el auge de la extrema derecha, el fascismo y las agresiones imperialistas no son monolíticas ni homogéneas. Nunca lo han sido. Son diversas y existen diferencias innegables de análisis, estrategia y tácticas, programa y política de alianzas, de énfasis y prioridades. La experiencia nos enseña que, sin dejar de reconocer esas diferencias, es indispensable coordinar la lucha contra enemigos cada vez más amenazantes. Esa convergencia puede y debe incluir a todas las fuerzas dispuestas a defender la clase trabajadora, el campesinado, los migrantes, las mujeres, las personas LGBTQ+, las personas racializadas, las minorías nacionales o religiosas oprimidas, los pueblos originarios; a defender la naturaleza ante un capitalismo ecocida; a combatir las agresiones imperialistas y coloniales, independientemente de su procedencia, y a apoyar a la lucha de los pueblos que se resisten a ellas, incluso con las armas en la mano si es necesario.
Es urgente compartir análisis, estrechar lazos, acordar acciones concretas. Esos objetivos inspiraron la iniciativa de convocar una Conferencia Internacional Antifascista y Antiimperialista en la ciudad de Porto Alegre, Brasil los días 26 a 29 de marzo 2026 https://antifas2026.org/es/ .
La conferencia de Porto Alegre es una etapa importante en una ruta mucho más larga. Las organizaciones y los individuos que firmamos nos comprometemos a continuar luchando sin descanso, y de la manera más unitaria posible, contra la extrema derecha en ascenso y las agresiones imperialistas, una dimensión esencial de nuestro proyecto emancipador, socialista, ecologista, feminista, antirracista e internacionalista.
Como lo escribió Che Guevara a sus hijos: Sean siempre capaces de sentir en lo más hondo cualquier injusticia cometida contra cualquiera en cualquier parte del mundo. Es la cualidad más linda de un revolucionario.
Primero/as firmantes:
Alemania 1. Angela Klein, redactora jefa responsable de la revista SOZ. 2. Carola Rackete, bióloga, activista, capitana de barco arrestada en Italia en junio de 2019 por proteger a refugiados, exmiembro del Parlamento Europeo.
Argentina 3. Atilio A. Boron, docente Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Nacional de Avellaneda. 4. Verónica Gago, activista feminista e investigadora en la Universidad de Buenos Aires. 5. Julio Gambina, Corriente Política de Izquierda, ATTAC Argentina, CADTM AYNA. 6. Claudio Katz, profesor de la Universidad de Buenos Aires e investigador del CONICET. 7. Beverly Keene, Diálogo 2000-Jubileo Sur Argentina y Autoconvocatoria por la Suspensión del Pago e Investigación de la Deuda. 8. Claudio Lozano, Presidente del Instrumento Electoral por la Unidad Popular. 9. Jorgelina Matusevicius, referente de Vientos del Pueblo Frente por el Poder Popular. 10. Felisa Miceli, Economista, Ex Ministra de Economía de Argentina 2005/2007. 11. Martín Mosquera, editor de Jacobin América Latina (Jacobinlat). 12. María Elena Saludas, integrante ATTAC- Cadtm Argentina, Corriente Política de Izquierda (CPI).
Australia 13. Federico Fuentes, editor LINKS International Journal of Socialist Renewal. 14. Pip Hinman, Coeditora de Green Left. 15. Susan Price, Coeditora de Green Left.
Bélgica 16. Vanessa Amboldi, directora del CEPAG movimiento de educación popular. 17. France Arets, profesora de historia jubilada, activa en el apoyo a personas sin papeles, CRACPE. 18. Eléonore Bronstein, secretaria federal del Mouvement Ouvrier Chrétien Bruselas. 19. Céline Caudron, Gauche Anticapitaliste, militante sindical y feminista. 20. Giulia Contes, Copresidenta de la Coordination Nationale d’Action pour la Paix et la Démocratie (CNAPD). 21. Paul-Emile Dupret, jurista, exfuncionario de The Left en el Parlamento Europeo. 22. Pierre Galand, exsenador, presidente de la Association Belgo-Palestinienne (ABP), presidente de la Conférence européenne de coordination du soutien au peuple sahraoui (EUCOCO). 23. Corinne Gobin, profesora de la Université libre de Bruxelles. 24. Henri Goldman, miembro de la Unión de Judíos Progresistas de Bélgica. 25. Jean-François Tamellini, secretario general de la FGTB wallonne. 26. Éric Toussaint, portavoz de CADTM international. 27. Felipe Van Keirsbilck, secretario general de la Centrale Nationale des Empoyés (CNE/CSC). 28. Arnaud Zacharie, maestro de conferencias en la ULB y en la ULiège, secretario general del Centre National de Coopération au Développement (CNCD).
Benín 29. Émilie Atchaka, feminista, presidenta de la CADD Benín.
Bolivia 30. Gabriela Montaño, médica, ex Presidenta de la Cámara de Diputados y Senadores, exministra de Salud.
Brasil 31. Ricardo Abreu de Melo «Alemão», FMG. 32. Luana Alves, feminista negra, concejala del PSOL en São Paulo. 33. Frei Betto, escritor. 34. Sâmia Bomfim, diputada federal PSOL. 35. Bianca Borges, presidenta de la UNE. 36. Ana Cristina Carvalhaes, Periodista, revista Inprecor. 37. Raul Carrion, Historiador, exdiputado, miembro de la FMG y de la Secretaría de Relaciones Internacionales del PC de Brasil. 38. Rodrigo Dilelio, presidente del Partido dos Trabalhadores de la ciudad de Porto Alegre; Comité Organizador. 39. Olívio Dutra, Ex Gobernador del Estado de Rio Grande do Sul; Ex Ministro de las Ciudades (PT). 40. Israel Dutra, Secretario de Movimientos Sociales del PSOL, miembro de la Dirección Nacional del PSOL. 41. Luciana Genro, diputada estadual de Rio Grande do Sul y presidenta de la Fundação Lauro Campos/Marielle Franco. 42. Tarso Genro, Ex Gobernador del Estado de Rio Grande do Sul; Ex Ministro de Justicia (PT). 43. Socorro Gomes, CEBRAPAZ y Consejo Mundial de la Paz. 44. Amanda Harumy, Analista internacional y latinoamericanista. 45. Elias Jabbour, geógrafo y especialista en China. 46. Joao Machado, economista, PSOL. 47. Fernanda Melchionna, diputada federal PSOL de Rio Grande do Sul. 48. Maria do Rosário Nunes, Diputada Federal; Ex Ministra de Derechos Humanos (PT). 49. Misiara Oliveira, secretaria adjunta de Relaciones Internacionales / Comisión Ejecutiva Nacional (PT). 50. Raul Pont, historiador, exalcalde de Porto Alegre, PT. 51. Ana Maria Prestes, historiadora, doctora en Ciencias Políticas y secretaria de Relaciones Internacionales del CC del PC de Brasil. 52. Edson Puchalski, presidente del PC do B Rio Grande do Sul. 53. Roberto Robaina, concejal y presidente del PSOL de Porto Alegre. 54. Miguel Rossetto, líder del PT en la Asamblea Legislativa de Rio Grande do Sul. 55. Juliana Souza, líder del PT en el Concejo Municipal de Porto Alegre. 56. Joao Pedro Stedile, activista social, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). 57. Gabi Tolotti, presidenta del PSOL Rio Grande do Sul. 58. Thiago Ávila, coordinación internacional de la Global Sumud Flotilla para Gaza.
Cataluña 59. Ada Colau, activista social, ex Alcaldesa de Barcelona, Presidenta de la Fundación Sentit Comú. 60. Gerardo Pisarello, diputado en el Congreso por Comuns. Profesor de derecho. Universitat de Barcelona. 61. Daniel Raventós, profesor de la Universidad de Barcelona. Comité de Redacción de la revista Sin Permiso y presidente de la Red Renta Básica. 62. Carles Riera, sociólogo, exdiputado y miembro de la Mesa del Parlamento de Catalunya por la CUP (2016-2024), presidente de la Fundación FDC, presidente de la Red Mundial por los Derechos Colectivos de los Pueblos.
Chile 63. Daniel Jadue, Partido Comunista de Chile. 64. Jorge Sharp Fajardo, ex alcalde de Valparaíso, miembro de Transformar Chile.
Colombia 65. Wilson Arias, senador de la República. 66. Isabel Cristina Zuleta, senadora del Pacto Histórico.
Congo, República Democrática del 67. Yvonne Ngoyi, feminista, presidenta de la Unión de Mujeres para la Dignidad Humana (UFDH).
Costa de Marfil 68. Solange Kone Sanogo, presidenta del Foro Nacional sobre Estrategias Económicas y Sociales (FNSES), Coordinación Nacional Marcha Mundial de las Mujeres.
Cuba 69. Rafael Acosta, escritor, académico e investigador. 70. Aurelio Alonso, subdirector de la revista Casa de las Américas. 71. Katiuska Blanco, escritora y periodista, RedEDH. 72. Olga Fernández Ríos, Instituto de Filosofía y vicepresidenta de la Academia de Ciencias de Cuba. 73. Norma Goicochea, presidenta de la Asociación Cubana de las Naciones Unidas, integrante de la Red en Defensa de la Humanidad (REDH). 74. Georgina Alfonso González, Dra., directora del Instituto de Filosofía. 75. Rafael Hernández, politólogo y profesor. Director, Revista Temas. 76. Marilín Peña Pérez, educadora popular, Centro Memorial Dr. Martin Luther King (CMLK). 77. Pedro Prada, periodista, investigador y diplomático. 78. Abel Prieto, escritor, ex ministro de Cultura, diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular, presidente de la Casa de las Américas. 79. Raul Suárez, Rev., pastor emérito de la iglesia Bautista Ebenezer, Fundador del Centro Memorial Dr. Martin Luther King, Jr. 80. Marlene Vázquez Pérez, directora del Centro de Estudios Martianos.
Dinamarca
81. Per Clausen, miembro del Parlamento Europeo, GUE/NGL, Alianza Roja-Verde. 82. Søren Søndergaard, miembro del Parlamento, Alianza Roja-Verde.
Ecuador 83. Alberto Acosta, ex presidente de la Asamblea Constituyente en 2007-2008.
España 84. Fernanda Gadea, coordinadora de ATTAC España. 85. Estrella Galán, eurodiputada SUMAR, grupo The Left. 86. Manuel Garí Ramos, economista ecosocialista, miembro del Consejo Asesor de la revista Viento Sur. 87. Vicent Marzà i Ibáñez, diputado en el Parlamento Europeo por Compromís, País Valenciano. 88. Fátima Martín, periodista, editora del periódico onlineFemeninoRural.com, integrante del CADTM. 89. Irene Montero, secretaria política de PODEMOS, eurodiputada y ex Ministra de Igualdad. 90. Jaime Pastor, redactor de la revista Viento Sur. 91. Manu Pineda, ex diputado al Parlamento Europeo y responsable de Relaciones Internacionales del Partido Comunista Español. 92. Olga Rodríguez, periodista y escritora. 93. Teresa Rodríguez, co-portavoz de Adelante Andalucía. Profesora de secundaria y bachillerato. 94. Isabel Serra Sánchez, Diputada en el Parlamento Europeo de Podemos/The Left. 95. Miguel Urban, ex eurodiputado, miembro del consejo editorial de la revista Viento Sur. 96. Koldobi Velasco Vázquez, participante de Alternativa antimilitarista y del Movimiento Objetor de Conciencia/Acción Directa No Violenta. Docente universitaria de Trabajo Social, Canarias.
Estados Unidos 97. David Adler, Coordinador General Adjunto de la Internacional Progresista. 98. Anthony Arnove, editor. Revista Tempest y Haymarket Books. 99. Tithi Bhattacharya, profesora de Historia, Purdue University, coautora de Manifiesto de un feminismo para el 99%. 100. Robert Brenner, profesor emérito de historia y director del Center for Social Theory and Comparative History en la University of California, Los Angeles (UCLA). 101. Vivek Chibber, profesor de sociología en la New York University. Editor de Catalyst. 102. Olivia DiNucci, organizadora antimilitarismo y justicia climática con sede en Washington D.C. y escritora, afiliada a Code Pink, una organización feminista de base que trabaja para poner fin a las guerras y el militarismo estadounidense. 103. Dianne Feeley, trabajadora automotriz jubilada (UAW Local 235), miembro de Solidarity, Metro Detroit DSA y editora de la revista Against the Current. 104. Nancy Fraser, profesora emérita, New School for Social Research y miembro del Comité Editorial de New Left Review, coautora de Manifiesto de un feminismo para el 99%. 105. Michael Hudson, profesor de economía, emérito, UMKC, y autor de Super Imperialism. 106. Neal Meyer, miembro de DSA y editor para Socialist Call. 107. Christian Parenti, periodista de investigación, académico, autor y editor colaborador de The Nation. 108. Jana Silverman, Profesora de Relaciones Internacionales, Universidade Federal do ABC (UFABC) y copresidenta, Comité Internacional de los Socialistas Democráticos de América (DSA) 109. Bhaskar Sunkara, editor fundador de Jacobin, presidente de la revista The Nation. 110. Suzi Weissman, profesora de Ciencias Políticas en el Saint Mary’s College of California.
Filipinas 111. Walden Bello, copresidente del consejo de administración, Focus on the Global South. 112. Jen Cornelio, Presidenta de Inged Fintailan (Organización de Mujeres IP/ Mindanao). 113. Dorothy Guerrero, consultora, Alianza Womin africana; Copresidenta del consejo de administración de la Red Minera de Londres. 114. Reihana Mohideen, Internacional Office, Partido Lakas ng Masa-PLM (Partido de las Masas Trabajadoras). 115. Lidy Nacpil, Coordinadora del Movimiento Popular Asiático sobre Deuda y Desarrollo. 116. Reyna Joyce Villagomez, secretaria general del Movimiento de los Pobres Rurales.
Francia 117. Manon Aubry, copresidenta (LFI) del grupo de la Izquierda (The Left) en el Parlamento Europeo. 118. Ludivine Bantigny, historiadora. 119. Olivier Besancenot, NPA – l’Anticapitaliste. 120. Leila Chaibi, miembro del parlamento europeo, La France Insoumise, The Left. 121. Fabien Cohen, Secretario General de France Amérique Latine-FAL. 122. Hendrik Davi, diputado a la Asamblea Nacional del grupo ecologista y social y miembro de la APRES. 123. Penelope Duggan, miembra de la dirección de la Cuarta Internacional, redactora jefe de International Viewpoint. 124. Annie Ernaux, Premio Nobel de Literatura 2022. 125. Angélique Grosmaire, secretaria general de la Federación Sud PTT. 126. Rima Hassan, miembro del parlamento europeo, LFI. 127. Michael Löwy, sociólogo, ecosocialista. 128. Jean-Luc Mélenchon, La France Insoumise. 129. Ugo Palheta, editor de la Revue ContreTemps, autor de «La nouvelle internationale fasciste». 130. Patricia Pol, universitaria, representante de Attac France en el Consejo internacional del Foro Social Mundial. 131. Raymonde Poncet Monge, senadora Les Écologistes. 132. Thomas Portes, diputado LFI a la Asamblea Nacional. 133. Christine Poupin, Portavoz del NPA – l’Anticapitaliste. 134. Denis Robert, fundador y director de la redacción de Blast, medio de información independiente. 135. Catherine Samary, investigadora en economía política, especialista de los Balcanes, miembro de la QI y de la ENSU (European Network in Solidarity with Ukraine). 136. Aurélie Trouvé, diputada a la Asamblea Nacional, La France Insoumise. 137. Cem Yoldas, Portavoz de la Jeune Garde Antifasciste. 138. Sophie Zafari, sindicalista FSU.
Galicia 139. Ana Miranda, miembro del Parlamento Europeo, Bloque Nacionalista Galego (BNG).
Grecia 140. Zoe Konstantopoulou, abogada, jefa del Movimiento Político «Curso a la Libertad», miembro del Parlamento, ex presidenta del Parlamento griego, iniciadora-presidenta del Comité de la Verdad sobre la Deuda Pública. 141. Nadia Valavani, economista y autora, ministra alterna de finanzas en 2015 y exmiembro del Parlamento griego. 142. Yanis Varoufakis, líder de MeRA25, cofundador de DiEM25, profesor de economía – Universidad de Atenas.
Haití 143. Camille Chalmers, profesor de la Université d’Etat d’Haiti (UEH), director de la PAPDA, miembro del comité ejecutivo regional de la Assemblée des Peuples de la Caraïbe (APC), miembro del Comité nacional haïtien pour la restitution et les réparations (CNHRR).
India 144. Sushovan Dhar, revista Alternative Viewpoint, miembro del CI del Foro Social Mundial y de CADTM India. 145. Vijay Prashad, director, Instituto de Investigación Social Tricontinental. 146. Achin Vanaik, profesor jubilado de la Universidad de Delhi y miembro fundador de la Coalición para el Desarme Nuclear y la Paz (CNDP).
Indonesia 147. Rahmat Maulana Sidik, Director Ejecutivo, Indonesia for Global Justice (IGJ).
Irak 148. Noor Salem, periodista de radio.
Irlanda 149. Paul Murphy, miembro del Parlamento.
Italia 150. Eliana Como, miembra de la Assemblea Nazionale del sindicato CGIL. 151. Nadia De Mond, activista e investigadora feminista, Centro de Estudios para la Autogestión. 152. Domenico Lucano, alcalde de Riace en Calabria, miembro del Parlamento Europeo (grupo de izquierda The Left), perseguido por su política humanista de acogida de migrantes y refugiados por el sistema judicial italiano y el ministro del Interior de extrema derecha, el Sr. Salvini, injustamente condenado a 13 años de prisión antes de ganar su apelación tras una larga batalla legal y gracias a la solidaridad. 153. Cristina Quintavalla, profesora de filosofía, militante decolonial, contra las privatizaciones y la deuda pública. 154. Ilaria Salis, activista antifascista, injustamente encarcelada en Budapest hasta su elección en junio de 2024, miembro del Parlamento Europeo (The Left).
Kenia 155. Ikal Angelei, Dra., activista académica por los derechos indígenas. 156. David Otieno, Coordinador General, Liga de Campesinos de Kenia y Presidente Convocante del Grupo de Referencia de la Sociedad Civil, miembro de La Vía Campesina.
La Reunión/Francia 157. Françoise Vergès, autora, militante feminista decolonial.
Líbano 158. Sara Salloum, cofundadora y presidenta de AgriMovement en Líbano.
Luxemburgo 159. Justin Turpel, ex diputado de ’déi Lénk – la Gauche’ en la Cámara de Diputados. 160. David Wagner, miembro de déi Lénk de la Cámara de Diputados.
Madagascar 161. Zo Randriamaro, presidenta del Movimiento de los Pueblos del Océano Índico.
Malasia 162. Jeyakumar Devaraj, presidente del Partido Socialista de Malasia.
Malí 163. Massa Kone, del comité organizador del Foro Social Mundial 2026 en Benín.
Marruecos 164. Fatima Zahra El Belghiti, miembro de Attac CADTM Marruecos.
Martinica/Francia 165. Mireille Fanon-Mendes-France, copresidenta de la Fundación Frantz Fanon internacional. 166. Fondación Frantz Fanon, https://fondation-frantzfanon.com/
México 167. Armando Bartra, escritor, sociólogo, filósofo y analista político. 168. Verónica Carrillo Ortega, integrante de la Promotora Nacional para la Suspensión de la Deuda Pública en México, CADTM AYNA. 169. Ana Esther Ceceña, coordinadora del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica y de la Agencia Latinoamericana de Información. Universidad Nacional Autónoma de México. 170. Martín Esparza Flores, secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME). 171. Diana Fuentes, filósofa y analista política, profesora-investigadora de tiempo completo en la Universidad Autónoma Metropolitana. 172. María Auxilio Heredia Anaya, sindicalista y feminista, Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM). 173. Sara Lovera Lopez, periodista/feminista. 174. Ana López Rodríguez, una fundadora del PRT y dirigente campesina Sonora, integrante del MSP. 175. Pablo Moctezuma Barragán, politólogo, historiador y urbanista; investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, vocero del Congreso por la Soberanía. 176. Massimo Modonesi, historiador, sociólogo y politólogo, profesor Ordinario de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 177. Humberto Montes de Oca, secretario del Exterior del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME). 178. Magdalena Núñez Monreal, Diputada Federal en el Congreso de México. 179. César Enrique Pineda, sociólogo y activista, docente en la Facultad de Políticas Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. 180. Mónica Soto Elízaga, feminista y cofundadora de la Promotora por la suspensión del pago de la deuda pública (México), CADTM AYNA. 181. Paco Ignacio Taibo II, escritor y director del Fondo de Cultura Económica. 182. Carolina Verduzco Ríos, antropóloga, profesora en el Instituto Politécnico Nacional, integrante del Comité 68.
Nigeria 183. Emem Okon, fundadora y directora del Centro de Desarrollo y Recursos de Mujeres de Kebetkache.
País Vasco 184. Garbiñe Aranburu Irazusta, Coordinadora General del Sindicato LAB. 185. Igor Arroyo Leatxe, Coordinadora General del Sindicato LAB. 186. Josu Chueca, ex profesor de la EHU. Activista de la memoria histórica. 187. Irati Jiménez, parlamentaria en Navarra, EH Bildu. 188. Mitxel Lakuntza Vicario, secretario general del Sindicato ELA Sindikatua. 189. Oskar Matute, diputado en el Congreso del estado español, EH Bildu. 190. Luisa Menendez Aguirre, activista antirracista y feminista, Bilbao. 191. Amaia Muñoa Capron-Manieux, secretaria general adjunta del Sindicato ELA Sindikatua. 192. Anabel Sanz Del Pozo, activista feminista, Bilbao. 193. Igor Zulaika, parlamentario en la CAPV, EH Bildu.
Pakistán 194. Sheema Kermani, Artista escénica, defensora de los derechos humanos.
Palestina/Francia 195. Salah Hamouri, abogado franco-palestino, ex detenido político durante 10 años en las prisiones israelíes, deportado a Francia en 2022.
Perú 196. Evelyn Capchi Sotelo, secretaria de Organización Nacional del NUEVO PERÚ POR EL BUEN VIVIR. 197. Jorge Escalante Echeandia, responsable político de la corriente SÚMATE, dirigente nacional de la organización NUEVO PERÚ POR EL BUEN VIVIR. 198. Yolanda Lara Cortez, Dirigente feminista y socio ambiental de la provincia del Santa Ancash. 199. Flavio Olortegui, Dirigente de la Federación Nacional de trabajadores textiles del Perú.
Portugal 200. Mamadou Ba, investigador, dirigente de SOS Racismo Portugal. 201. Jorge Costa, periodista, miembro de la dirección nacional del Bloco de Esquerda. 202. Mariana Mortágua, economista, Bloco de Esquerda. 203. José Manuel Pureza, coordinador del Bloco de Esquerda. 204. Alda Sousa, ex diputada europea del Bloco de Esquerda.
Puerto Rico 205. Manuel Rodríguez Banchs, portavoz del Instituto Internacional de Investigación y Formación Obrera y Sindical. iNFOS. 206. Rafael Bernabé, autor y profesor universitario; ex miembro del Senado de Puerto Rico por el Movimiento Victoria Ciudadana.
Reino Unido 207. Gilbert Achcar, profesor emérito, SOAS, University of London. 208. Jeremy Corbyn, miembro del Parlamento, cofundador de Your Party. 209. Michael Roberts, economista y autor. 210. Zarah Sultana, miembro del Parlamento, cofundadora de Your Party.
Senegal 211. Aly Sagne, fundador y director de Lumière Synergies pour le Développement.
Sri Lanka 212. Swasthika Arulingam, Presidenta de la Federación Unida del Trabajo. 213. Kalpa Rajapaksha, Dr., profesor titular, Departamento de Economía, Universidad de Peradeniya. 214. Amali Wedagedara, Centro Bandaranaike de Estudios Internacionales.
Sudáfrica 215. Mercia Andrews, coordinadora de la Asamblea de Mujeres Rurales del África Austral, miembro fundadora de la campaña de solidaridad palestina y miembro activo de BDS Sudáfrica. 216. Patrick Bond, Profesor Distinguido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Johannesburgo, donde dirige el Centro para el Cambio Social. 217. Samantha Hargreaves, fundadora y directora de WoMin. 218. Trevor Ngwane, presidente, United Front, Johannesburgo.
Suiza 219. Sébastien Bertrand, Enseignant.e.s pour le climat, Syndicat des Services Publics y miembro de solidaritéS Ginebra. 220. Hadrien Buclin, diputada Ensemble à Gauche en el Parlamento del Cantón de Vaud. 221. Marianne Ebel, Marcha Mundial de las Mujeres y de solidaritéS Neuchâtel. 222. Jocelyne Haller, solidaritéS, ex diputada cantonal de Ginebra. 223. Gabriella Lima, miembro del CADTM Suiza y de la plataforma Ensemble à Gauche. 224. Mathilde Marendaz, diputada Ensemble à Gauche en el Parlamento del Cantón de Vaud. 225. Aude Martenot, investigadora y coordinadora asociativa. 226. Mathieu Menghini, historiador de la acción cultural. 227. Françoise Nyffler, Colectivo Huelga feminista Suiza. 228. Stefanie Prezioso, ex diputada, Parlamento suizo. 229. Juan Tortosa, portavoz del CADTM-Suiza y miembro de SolidaritéS Suiza. 230. María Wuillemin, militante ecofeminista, miembro del Colectivo Jaguar. 231. Jean Ziegler, escritor, ex parlamentario, antiguo Relator Especial de la ONU para el derecho a la alimentación.
Siria 232. Joseph Daher, académico y especialista en economía política de Oriente Medio (residente en Suiza). 233. Munif Mulhen, activista político de izquierda. Ex prisionero político durante 16 años durante el régimen de Hafez al-Assad (1970-2000).
Túnez 234. Imen Louati, militante tunecina, una de las miembros fundadoras de la red de soberanía alimentaria árabe (Siyada). 235. Layla Riahi, miembro de la red Siyada pour la souveraineté alimentaire.
Venezuela 236. Luis Bonilla-Molina, director de Otras Voces en Educación.
¡Vivan las buenas noticias! Aunque sean pequeños pasitos. Servirán para tomar carrerilla y saltar. Ser conscientes de estas noticias —y resaltarlas— nos ayuda a tomar conciencia de que es posible hacer las cosas bien. Además, nos insta a hacer valer nuestros derechos.
Te agradecemos que compartas este texto con tus amigos, familiares, en redes sociales… Es gratis y vale mucho. Hablamos de más de sesenta noticias para alegrarnos.
Noticias que los animales esperaban
1. Fin a los coches de caballos en Málaga(España),Cartagena (Colombia) y Palermo (Italia). En el caso de Málaga, el Ayuntamiento ha revocado las 25 licencias que quedaban. Esta decisión no se ha debido a la preocupación del PP por los animales, sino a la enorme cantidad de protestas que ha recibido el ayuntamiento, lo cual demuestra —una vez más— que lanzar nuestra protesta verbal o en redes sociales es algo útil, pero plasmarla por escrito y de forma oficial es aún más efectivo. Poco a poco, vamos entendiendo que los animales no están para ser esclavos de los humanos. En particular, los caballos siguen siendo maltratados en deportes y en turismo, actividades con las que hay que acabar.
Cierra el delfinario de Selwo Marina en Benalmádena (Málaga, España). Por desgracia, los animales no han sido enviados a un santuario donde puedan vivir dignamente, sino a otro zoo para seguir siendo explotados. España sigue siendo el país con mayor número de delfinarios de toda Europa.
3. Malas noticias para la caza. Este «deporte» no debería existir como deporte, sino solo como subsistencia cuando fuera preciso:
Bajan las licencias de caza. En 1985 había 1,4 millones de licencias de caza. Hoy quedan menos de la mitad (610.000). Sin embargo, el número de animales abatidos no ha dejado de crecer. En España, la naturaleza se alquila para disparar a la vida. En este país, el 85% de su territorio es coto de caza. Crecen, por desgracia, las licencias de caza mayor, con rifle, para conseguir grandes trofeos con los que presumir entre inconscientes amigos (siempre hombres, sin duda, por aquello del patriarcado).
Suspendida la caza de ballenas en Islandia. La única empresa que aún mantenía esta cruel práctica, canceló la caza por falta de rentabilidad (no por ética ecoanimalista)
El municipio onubense de Paterna suspende la suelta de vaquillas anual por no obtener la autorización de la Junta de Andalucía. Como venganza, el perro del alcalde ha sido envenenado.
5. Malas noticias para la experimentación con animales. Además de la atrocidad de estas prácticas científicas, es un negocio cruel que es peligroso, porque sus resultados no son fiables y hay riesgo de propagación de enfermedades (pandemias).
Brasil prohíbe la experimentación animal en cosméticos. La ley solo defiende a los vertebrados, lo cual es incompleto, pero un paso muy grande. Con excepciones, también se impide que se comercialicen en el país productos o ingredientes testados en animales. Brasil se convierte en el país número 45 del mundo en prohibir la experimentación animal con fines cosméticos.
Suiza prohíbe la importación y venta de pieles obtenidas mediante prácticas crueles. Es el primer país europeo en aplicar esta medida. En nuestras noticias pasadas puedes ver que Suiza es un país muy comprometido con el bienestar animal, lo cual contrasta con su poco interés en dejar de ser un paraíso fiscal donde se guarda de forma opaca dinero de los mayores crímenes contra la humanidad.
8. Nueva Zelanda ratifica el veto a las carreras de galgos por su crueldad. El gobierno garantiza la reubicación de los animales y la atención de las personas vinculadas a la industria. Otros territorios que ya han prohibido estas carreras son: Argentina, Uruguay y Florida (EEUU). Por la misma razón, toda la hípica debe prohibirse, incluyendo las carreras de caballos (y de cualquier otro animal no humano).
9.Eslovenia se convierte en referente europeo en bienestar animal. Su Ley de Protección Animal afecta a animales de granja, de familia y salvajes, y prohíbe cosas como mantener en jaulas perros o gallinas ponedoras. También se creará un registro de personas inhabilitadas para tener animales.
10. España impulsa la llamada ‘Ley Jane Goodall’ para reconocer derechos a los grandes simios. El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha anunciado oficialmente la puesta en marcha de una normativa pionera a nivel mundial que busca reconocer derechos básicos a los grandes simios –orangutanes, chimpancés, bonobos y gorilas–, protegiendo su dignidad, su derecho a la vida, a la libertad y a no ser torturados. ¿Se aprobará en esta legislatura?
12. La UE regula la cría, venta, alojamiento y cuidado de perros y gatos. Esta nueva normativa, que entrará en vigor a partir de 2028, establece la obligatoriedad del microchip para todas las mascotas, buscando combatir el comercio ilegal y mejorar las condiciones de bienestar animal en los 27 países miembros.
Primera autopista ferroviaria de España. Los camiones llegan de Italia a Madrid en barco y tren sin pisar la carretera. El nuevo sistema monta los semirremolques en un convoy en el puerto de Valencia y llegan hasta Madrid con cinco veces menos emisiones y más barato.
España aprueba su Ley de Movilidad Sostenible. Es un paso insuficiente, pero hacia adelante. Por supuesto, el PP votó en contra de mitigar los impactos del sector más contaminante de la economía española. Se pretende alcanzar la neutralidad climática del transporte en 2050, lo cual supone, por primera vez, tener el objetivo de descarbonizar completamente un sector económico. Entre otras cuestiones, también se lucha contra la pobreza de transporte, se revisará el sistema de etiquetado ambiental de la DGT, se eliminan los vuelos domésticos con alternativa ferroviaria de hasta 2,5 horas, se recuperan los trenes nocturnos y se dará un impulso a la bicicleta.
Se eliminan muchas barreras en los ríos de España para beneficiar a su fauna y reconectar ciudadanos. Ejemplos de esto los tenemos en Errentería, en el río Iregua y en los ríos Mosqueiros y Eo. Recordemos que, si no están bien justificados, los pantanos y los azudes provocan más daños que beneficios.
Los vecinos de As Conchas logran una sentencia histórica: la Justicia obliga a la Xunta a protegerles contra la contaminación. Se condena a limpiar y conservar el embalse, abriendo con esto la puerta a luchar contra los abusos de la ganadería.
No habrá Guggenheim en Urdaibai. La única reserva de la biosfera de Euskadi seguirá a salvo del megaproyecto impulsado por el PNV. La protesta, liderada por los ciudadanos y por Greenpeace ha tenido éxito.
3. Otros batacazos del PP español. Estos contratiempos para este partido alegran a cualquiera con un mínimo sentimiento —y conocimiento— ambiental. Pero atención, por desgracia en muchos casos se salen con la suya (mira nuestra lista parcial de hechos):
La UE se muestra contraria a cubrir el cauce del río Guadalmedina en Málaga. La Directiva Marco de Aguas (DMA) insta a los estados a regenerar ríos y lagos. Esconder un río es un fallo terrible. Es como avergonzarse por algo que puede ser una belleza natural. Muchas ciudades lo han hecho bien (Madrid, por ejemplo).
6.La cantante Billie Eilish hace una donación millonaria y pide a los ricos que hagan lo mismo. Todo irá para apoyar iniciativas centradas en la equidad alimentaria, la justicia climática y la reducción de la contaminación por carbono.
7.Alcanzadas las 60 ratificaciones necesarias para que el Tratado de los Océanos entre en vigor. No basta con eso. Ahora, los países tienen que desarrollar normativas que permitan garantizar la protección del 30% de las aguas internacionales antes de 2030. Y atención, la protección solo sería para esos 60 países. La noticia es muy buena, pero los países que no han firmado pueden seguir destrozando zonas que protejan los firmantes. Por desgracia, ni la ONU ni nadie puede velar para proteger aguas internacionales de todos los piratas. Solo se conseguirá si las personas presionamos a los gobiernos.
12. En la COP30 de Brasil, firmaron promover la integridad de la información relacionada con el cambio climático. Por ahora, no han firmado ni veinte países. España sí lo ha hecho. Se pretende luchar contra la desinformación, el negacionismo y los ataques deliberados contra periodistas, defensores y científicos medioambientales, porque todo ello amenaza la estabilidad social. Por eso, la iniciativa insta a la cooperación mundial.
13. Noticias sobre el avance del reconocimiento del ecocidio como crimen.
La Corte Internacional de Justicia (CIJ) marca un avance significativo en el reconocimiento jurídico de la emergencia climática. El más alto tribunal de Naciones Unidas ha confirmado que los Estados tienen obligaciones claras y exigibles para proteger el sistema climático frente a las emisiones de gases de efecto invernadero, incluyendo un deber reforzado de diligencia, cooperación y acción basada en la mejor ciencia disponible. Se reconoce que los combustibles fósiles están en el centro del daño climático y su explotación continuada supone una violación del derecho internacional. Decisiones como esta tendrán su influencia en juicios futuros.
La mayor federación de sindicatos de África, el Nigerian Labour Congress (NLC), ha pedido públicamente que el ecocidio se reconozca como crimen internacional en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI).
La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), que es la red ambiental más grande y diversa del mundo, ha votado a favor de adoptar la Moción 061 con el objetivo de «reconocer el delito de ecocidio para proteger la Naturaleza».
15. Las tortugas verdes se libran de su extinción. Su número ha aumentado un 28% desde los años setenta. El éxito se debe principalmente a los esfuerzos de conservación centrados en proteger a las hembras anidadoras y sus huevos en las playas, reducir la caza de tortugas y abordar la captura accidental de tortugas en aparejos de pesca.
16. Sentencia pionera del Tribunal Internacional de Justicia:la inacción climática del norte global viola derechos humanos, lo que implica que los países contaminadores (ricos) debieran pagar a los pobres por las consecuencias. Podría también condonarse deuda por clima e imponer fuertes sanciones por los países emisores. Aquí os dejamos una propuesta para la ONU que debiera estudiarse para conseguir la justicia climática.
Este es un escándalo patrocinado por los chuletones "al punto": se ruega que deje Vd. de leer La industria de la carne paga a científicos y universidades para bloquear políticas climáticas Corruptos y científicos siguen mintiendo en libertad VERhttps://t.co/X4Y0JwtUle
Es de sobra conocido que el Partido Popular (PP) es un partido sin el más mínimo respeto por lo ambiental. Las noticias sobre esto son tan numerosas que cuesta hacer una selección de algunas de las más relevantes. Nosotros lo hemos intentado con el objetivo de hacerles ver sus errores, en dos periodos históricos:
Presidencia de M. Rajoy (2011-2018). Hechos de la política a nivel nacional.
Época tras M. Rajoy (2018-). En este punto incluimos ejemplos a todos los niveles políticos: europeo, nacional, autonómico y local.
La crisis del PP es debida principalmente a su escandalosa corrupción, pero también se debe a que cada vez hay más gente que exige un respeto ambiental que no encuentra en este partido. Si el PP no mejora, desaparecerá, porque a mucha gente nos interesa lo ambiental: ser ecologista no es algo opcional, si queremos un planeta justo y habitable para todos.
Seguiremos añadiendo noticias, pero no todas las posibles…
1. Política nacional bajo la presidencia de M. Rajoy (2011-2018) – Datos recientes más abajo
Desde 2011 a 2015 el PP contaba con una mayoría absoluta en ambas cámaras legislativas. Según Ecologistas en Acción, aprovecharon para desmantelar “buena parte de la legislación ambiental existente”. De esta negra etapa destacamos:
La reforma de la Ley de Costas, que fue muy contestada pues supuso la desprotección y privatización de una buena parte del litoral.
En el fraude de los coches diésel Volkswagen y otras marcas, España fue el único país que no emprendió ninguna acción legal contra los fabricantes y el PP defendió en Europa las posiciones más tolerantes con los culpables.
Energía y cambio climático:
El PP no fue capaz de elaborar ni un borrador de la Ley de Transición Energética y Cambio Climático a pesar de las múltiples promesas de hacerlo. Si algo dejó claro este partido es que apuesta por seguir quemando carbón y por alargar la vida de las centrales nucleares, es decir, la energía menos responsable.
El autoconsumo solar sigue bloqueado por una burocracia excesiva e innecesaria y por un impuesto al sol por el que el PP hizo el ridículo en Europa, quedándose solo en el Parlamento Europeo. Aunque no se está aplicando, este impuesto desanima a los que más CO2 podrían evitar. Recordemos que las pequeñas instalaciones domésticas son rentables y no tienen impuesto al sol (cuando se apruebe el balance neto serán aún más rentables).
Los dos ministros de Energía nombrados por Rajoy demostraron no merecer la confianza de España. Por una parte, el ex ministro José Manuel Soria cuyo currículum está lleno de escándalos de todo tipo, pero que finalmente tuvo que dimitir por los “papeles de Panamá”, es decir, por evadir dinero usando paraísos fiscales. Por otra parte, Álvaro Nadal con una lista de desvaríos aún más larga, resaltando su obsesión por más carbón y nuclear, justo lo contrario de lo que dicta el interés económico (y por supuesto el ecológico).
Puertas giratorias: El ataque del PP a las renovables se entiende mejor teniendo en cuenta que muchos de sus políticos han acabado trabajando para compañías energéticas sucias. Estos casos son escandalosos en España y salpican a otros partidos (PSOE, PNV…) y también se dan en Europa: al menos 88 políticos han sido fichados por las compañías eléctricas y petroleras. Las energías renovables tienen muchas ventajas, pero tal vez la independencia energética es lo que más molesta a los que se lucran contaminando el planeta.
El gobierno del PP esquivó la nacionalización de las hidroeléctricas tras la caducidad de muchas de las concesiones (véase la foto con los datos de las 6 centrales que caducaron en 2017). Esta nacionalización traería consigo bajadas de precios y frenar la especulación usando un recurso público valioso, como es el agua. Téngase en cuenta que las hidroeléctricas cobran hasta un 600% más que sus costes usando nuestros ríos. El PP no supo aprovechar la oportunidad de contar con la caducidad de tantas hidroeléctricas y se opuso a las comunidades autónomas y a los demás partidos, que tienen otros planes.
Según Greenpeace, fue “un ejemplo de libro de la extendida política de puertas giratorias que permiten entrar y salir de los ministerios a las grandes multinacionales y viceversa“. Ella procede de la empresa Fertiberia, “el mayor productor nacional de fertilizantes y responsable de uno de los mayores atentados ambientales de nuestro país, las cancerígenas balsas de fosfoyesos que asfixian la ciudad de Huelva“.
Ella fue la que autorizó la extracción de coral rojo en las Costa Brava a pesar de oponerse setenta organizaciones ambientales, científicas, deportivas y universitarias.
La política de envases y reciclaje en España es pésima y ni siquiera hay planes de cambiarla, a pesar de los inmensos problemas que genera el plástico. Aunque se aprobó una ley contra las bolsas de plástico, se trata de una ley absurda e inútil que no pretende eliminar objetos de un solo uso, sino sustituirlos por materiales teóricamente “biodegradables“, cuando ni siquiera la propia ministra sabía bien el significado de ese término. La solución pasa por: a) SDDRpara envases retornables; b) aprobar impuestos crecientes a los envases de un solo uso; y c) la prohibición total de ciertos productos (toallitas húmedas, bastoncillos de los oídos, pajitas de plástico…).
Fauna:
El gobierno del PP fomentó la caza de lobos, a pesar de que un informe constata que la política de matar lobos para proteger rebaños no sirve para nada.
Para el PP, los intereses lúdicos o económicos que generan las especies exóticas invasoras están por encima de los ambientales y, por eso, no tuvo en cuenta los daños a la biodiversidad, ni las posibles sanciones de tribunales europeos, ignorando sistemáticamente a las ONG ambientales. Así, el PP aprobó una Ley de Biodiversidad que permite hacer negocio con las especies invasoras, lo cual (evidentemente) las fomenta. El PSOE reconoció que el PP “no es de fiar en el cuidado del medio ambiente“, pero votó a favor (igual que el PNV y Foro Asturias, típicos socios del PP). Por su parte, científicos, ONG y partidos ecologistas se situaron en contra. El PP fue acusado de defender solo los intereses de cazadores y pescadores deportivos, igual que cuando defendió cortar la cola a los perros.
Agua: Hay que gestionar mejor su demanda y no aumentar la explotación de acuíferos a costa de la naturaleza.
La pésima gestión del agua lleva a permitir durante años más de un millón de pozos ilegales (según Greenpeace). Estos pozos roban agua de acuíferos públicos a todos los españoles para aumentar los beneficios de intereses privados. Las peores consecuencias se las llevan espacios naturales tan emblemáticos como Doñana en Huelva o el mar Menor en Murcia. En esto, parece que el PSOE andaluz tampoco quiere poner orden.
Doñana y Tablas de Daimiel son, según la Convención Ramsar, humedales de importancia internacional. Según SEO/BirdLife están en peligro y son “un claro ejemplo de la pasividad del gobierno” del PP (cfr. revista Aves y Naturaleza 26, 2018).
También autorizó trasvases desde el río Tajo al Segura a pesar de la oposición de los ecologistas y de las malas condiciones hídricas y ambientales del Tajo. Respecto a los ríos, tenemos que decir como acción positiva la creación de un importante número de reservas naturales fluviales.
El congreso votó una PNL para mejorar la gestión de los sedimentos en la cuenca del Ebro, a petición de más de 30 entidades entre las que estaba SEO/BirdLife. Todos los grupos estuvieron a favor, salvo el PP que votó en contra.
La venta de armas españolas a Arabia fue muy criticada por la violación de los derechos humanos en ese país y en la guerra que mantiene contra Yemen.
La apuesta por un Tren de Alta Velocidad (AVE) sería una gran noticia si no tuviera gravísimos problemas ambientales (fractura de ecosistemas, atropellos de fauna, pérdida de acuíferos…) a un costo económico realmente exorbitado.
El desastre de la minería: La minería en España es un desastre generalizado. Sorprende que la ley de Minas en España data de 1973 (época franquista) y ni PP ni PSOE han visto razonable actualizarla, a pesar de que multitud de colectivos lo han pedido. La anticuada ley no protege adecuadamente los intereses de la mayoría y permite proyectos mineros en espacios protegidos. Las empresas lo saben y se aprovechan de ello. Citemos unos pocos casos con graves consecuencias ambientales:
¿Quién puede pensar en poner un almacén de gas en Doñana? Solo Gas Natural, una compañía nefasta para el medioambiente (con el apoyo del PP, por supuesto).
La mina de litio en Cáceres (que solo la apoyan los votantes del PP).
El presidente M. Rajoy prolongó 60 años la concesión a la papelera ENCE para seguir contaminando en Pontevedra. Además de la contaminación que produce también ha sido relacionada con incendios forestales y acusada de tener en su plantilla a gente del PP. La papelera contamina la ría y destruye uno de los lugares de pesca y marisqueo que podrían ser de los mejores de Galicia. Esta decisión hizo que Rajoy fuera nombrado persona non grata por su ciudad natal, hecho que disgustó al ex presidente.
Otros temas, no menos importantes, para los que este partido se equivocó:
No mostró interés por fomentar una agricultura y ganadería más sostenible, sino más bien, por fomentar las macrogranjas, que son muy contaminantes.
El gobierno del PP se negó a hacer una reforma del mercado eléctrico (o una auditoría), con lo cual los precios de la electricidad siguen elevados a pesar de que las tecnologías renovables podrían bajarlos considerablemente.
Tampoco hubo interés por aprobar una fiscalidad ambiental que permitiera impulsar el cambio de modelo de desarrollo.
La economía circular no fue objeto de debate en este partido. Las tasas de reciclaje, o la contaminación por plásticos, no interesaron de forma sustancial.
En España se permite la caza de aves salvajes (silvestrismo) a pesar de la prohibición europea: La directiva 2009/147/CE prohíbe “matar o capturar de forma intencionada, sea cual fuera el método empleado, todas las especies de aves que viven normalmente en estado salvaje”. Pero España, en cambio, celebra campeonatos de silvestrismo.
Paco Segura de Ecologistas en Acciónpuntuapplizó: “A todo esto hay que sumar la clamorosa ausencia de una auténtica fiscalidad ambiental, las trabas para el acceso a la justicia (tasas) y las medidas aprobadas para limitar o evitar la movilización ciudadana (leyes mordaza), que se han utilizado profusamente para reprimir protestas ecologistas y de todo tipo de movimientos sociales”.
La situación del mar Menor (Murcia) es crítica, y el gobierno autonómico del PP ha sido acusado de solo hacer propaganda, en vez de tomarse las cosas en serio. Aquí tienes un resumen de los problemas del mar Menor y de la demagogia subyacente.
La Junta de Galicia, gobernada por el PP, tiene problemas serios de respeto ambiental:
La Junta de Galicia obliga a talar valiosos árboles: La “Xunta” lleva décadas mirando para otro lado frente a las plantaciones ilegales. Sin embargo, obliga a talar los árboles que están junto a las carreteras y pondrá duras sanciones a quien no lo haga. Ya se han talado muchos y otros miles de árboles lo serán en breve.
El alcalde de Salamanca construyó un aparcamiento talando cientos de chopos (usó la misma excusa que el alcalde de Málaga: decir que todos los árboles estaban enfermos).
En Madrid, el PP se queja de que los viajeros del Metro han aumentado «más de lo normal». En vez de solicitar más trenes, su queja se dirige a intentar facilitar el tráfico a los que van en coche, justo lo contrario que exige el Acuerdo de París.
PP y Cs piden en la Asamblea paralizar Madrid Central: Absurda postura ya que la Asamblea no tiene tales competencias y, además, la propia Unión Europea apoya las medidas anticontaminación que ha aprobado el Ayuntamiento de Madrid, dado que es algo esencial para cumplir con el Acuerdo de París, además de para mejorar la salud de los madrileños.
Ávila: Bonilla de la Sierra está amenazado por la minería a cielo abierto con el voto favorable del PP, a pesar de ser uno de los pueblos más bonitos de España.
Málaga:
Con el voto en contra de PP y Cs, el pleno aprueba por sorpresa el bosque urbano. Todo se debió a la ausencia de dos concejales de Cs. Por otra parte, por culpa del PSOE (además, por supuesto, de PP y Cs) no se aprobó la solicitud de parque marítimo-terrestre en Arraijanal.
Parque eólico Mouriños: Así permite el PP un gran desastre ambiental sin precedentes en la Costa da Morte coruñesa. Responsables: Feijóo y Naturgy. Por eso, en Twitter está perenne el HT #ApagaNaturgy.
Aznar el negacionista: “No se puede estar amenazando con el apocalipsis todos los días a cuenta del cambio climático” (2019). La pérdida de cosechas, la subida del nivel del mar o la pérdida de biodiversidad no son graves para Aznar. Que los pobres sufran más riesgos es algo que seguramente lo sabe muy bien…
El PP critica a Greta Thunberg (2019): Lo ha hecho Aznar y Álvarez de Toledo, quien ha dicho que “nadie ha hecho más daño al cambio climático que los padres de Thunberg”. La dirigente del PP, además, vincula el cambio climático con la “superstición”.
Murcia:
Tras años de inacción, el mar Menor ha colapsado y han muerto millones de peces, cangrejos y todo tipo de fauna.
La quema de rastrojos (y otros residuos) asfixia la ciudad a pesar de ser una actividad prohibida.
Madrid se auto proclama en Green Capital de forma falsa. Ese título lo concede solo la Comisión Europea y en España solo lo tiene la ciudad de Vitoria. Es el colmo del esperpento y del greenwashing protagonizado por el ayuntamiento de Madrid (PP+Cs) días antes de la COP25 y justo cuando nos enteramos que Madrid Central (el sistema para reducir las emisiones del anterior ayuntamiento y contra el que el actual equipo de gobierno luchó con uñas y dientes) es de los más eficientes de Europa. El alcalde que prometió eliminar Madrid Central, reconoció que funcionaba muy bien para no hacer el ridículo en la cumbre climática COP25.
La UE aprueba invertir 29.000 millones a infraestructuras gasistas: Con el voto a favor del PP, se demuestra que la UE no ha entendido lo que implica una crisis climática. Hay que decir que votaron a favor también los socialistas, los liberales (Cs) y los conservadores (Vox).
El Supremo tumba la exención de licencia a las explotaciones ganaderas intensivas en Castilla y León: Cientos de granjas intensivas de bovino, ovino, porcino o aves no podrán ubicarse en los pueblos de Castilla y León sin que sus vecinos lo sepan, que era lo que pretendía la Junta. Este varapalo judicial se une a otros en materias como la participación ambiental, la caza, la conservación del lobo, la quema de rastrojos, la contaminación atmosférica. La justicia, a veces, nos da buenas noticias.
Murcia (2020): La ex consejera de Medio Ambiente del PP procesada por construir de una tubería en el Mar Menor sin “procedimiento de valoración ambiental”. Resultado: 1,7 millones tirados a la basura. Todo para alimentar regadíos ilegales sin control. El desastre ambiental se aumenta al aprovechar el gobierno autonómico del PP la crisis del coronavirus para rebajar las leyes ambientales.
Madrid (2020): Los ecologistas otorgan el premio Atila a Ayuso y a Almeida por la “destrucción” del medioambiente. La presidenta de la comunidad y el alcalde acumulan diversos motivos que los hacen merecedores de tan deshonroso premio (menús escolares basura, intentar quitar Madrid Central, promocionar la burbuja inmobiliaria…). El PP sigue acumulando premios, pero los votantes se van dando cuenta de la importancia que tiene el medioambiente (el COVID-19 lo ha dejado claro).
Puertas giratorias y corruPPción con Iberdrola (2020): Esta empresa incorpora a las exministras del PP Báñez y Tejerina como consejeras de dos filiales. El PP legisló a favor de la empresa y los favores hay que pagarlos.
En plena pandemia, la Junta de Andalucía autoriza a los cazadores a moverse libremente. Hay más libertad para MATAR que para disfrutar de la Naturaleza respetándola. Hay que prohibir la caza, como han hecho otros países. Comunidades como Castilla la Mancha también han tomado la misma decisión.
Asturias:El PP quiere evitar que aumente la protección del lobo. El PP sigue sin evolucionar para satisfacer a sus amigos cazadores. La caza se debe prohibir totalmente, como están haciendo cada vez más países. El lobo es necesario en ecosistemas sanos y la caza solo hace retroceder a estas especies tan amenazadas.
Madrid, ciudad europea con más mortalidad por contaminación de coches(2021): Casi más grave es que el alcalde Almeida se aferra a que no solo los coches contaminan cuando los propios datos del Ayuntamiento constatan que el 77% de los niveles de dióxido de nitrógeno registrados por las estaciones de medición emanan del tráfico rodado. Al PP, la salud le importa menos que el tráfico motorizado.
Málaga:El ayuntamiento no quiere renaturalizar el río como propone Ecologistas en Acción (sistema usado en ríos como el de Madrid, que tan bien ha funcionado). Su propuesta es una obra faraónica, donde clásicamente anida la corrupción. Su idea es dejar espacio a los coches y embovedar el río para que no se vea. Queremos árboles, no cemento. Queremos ver el río, no taparlo.
Málaga quiere dinero de Europa para aumentar sus gastos absurdos: Aunque proponen algunas ideas que pueden ser buenas (si se hacen bien), el grueso del dinero va para obras poco sostenibles: un túnel para incrementar el tráfico, embovedar el río Guadalmedina, mucho cemento, pocos parques, nada del Bosque Urbano, rascacielos, encauzamiento del río Campanillas (no renaturalización, sino llenarlo de cemento y “limpiar el cauce“)…
El PP apoya a los camelleros: Cualquiera que gane dinero maltratando animales tendrá el apoyo del PP. Usa caballos o camellos para transporte es maltrato animal y tenemos que evolucionar, a pesar de que algunos partidos parecen querer vivir aún en el franquismo.
Galicia: El gobierno del PP pasa por encima de los ayuntamientos gallegos para imponer parques eólicos, sin tener en cuenta en impacto ambiental y paisajístico.
Andalucía (2021):El PP andaluz quiere volver al ‘caduco’ modelo de golf y ladrillo. Quieren que la Ley del Suelo agilice plazos para facilitar la destrucción de la naturaleza, que se haga un uso laxo de suelos rústicos y privatizaciones indirectas del patrimonio público. Si les sale bien lo de Barbate, seguirán destrozando Andalucía y dando dinero a sus amiguetes.
A pesar de la opinión del PP, el Consejo de Seguridad Nuclear veta el proyecto de la mina de uranio de Salamanca: Con este pronunciamiento, el ministerio no puede conceder el permiso, pues la opinión del CSN es vinculante. Lo más destacable es que solo ha votado a favor el miembro que propuso el PP. La mina tenía también el visto bueno del gobierno local (también del PP). Es decir, los datos científicos no importan para el PP cuando hay interés político, a pesar de los claros indicios para sospechar que el interés en la mina es meramente especulativo: el objetivo principal sería estafar a inversores.
En el Mar Menor (Murcia) siguen muriendo peces (2021): Los retiran rápido para que no se huela la muerte, pero no ponen ninguna solución. Haber llevado agua (por el trasvase Tajo-Segura) ha supuesto la conversión a regadío de campos de secano y el vertido de aguas tóxicas al mar. Consentido por el gobierno del PP, despreciando el sector pesquero y el turístico.
Málaga: La lista de barbaridades ambientales en esta ciudad crece. Esperamos que no siga creciendo, porque 25 barbaridades son muchas.
Congreso nacional del PP de octubre 2021: El gran líder Pablo Casado afirmó que todos los que apoyan que el lobo no sea especie cinegética son comunistas. Demuestra una ignorancia grave, o bien, una influencia del lobby ganadero-cárnico-lácteo. Entre otras lindezas, también arremetió contra los que comen quinoa, porque viene en barco contaminando (suponemos que por criticar el veganismo, una postura ética que no perjudica a nadie). Mucho más ineficiente es traer soja para alimentar ganado, pero eso seguramente no quiere entenderlo (o no puede).
El PP recibe el apoyo de Vargas Llosa en su congreso nacional y al día siguiente sabemos que está implicado en los papeles de Pandora, una trama de fraude en paraísos fiscales.
López Miras (presidente de la Región de Murcia) se atreve a decir: “Nadie nos ha informado de que hay 8.500 hectáreas de regadíos ilegales en el Mar Menor“. Los pozos ilegales han salido en prensa, televisión, documentales e informes, pero él no sabía nada. El gobierno murciano es el encargado de controlar y de dar permisos y no han querido actuar responsablemente. Si toleramos la muerte del mar Menor, una mentira tan despiadada no es para tanto.
Andalucía: Carmen Crespo (consejera del PP) dice: “El 50% menos de flota de arrastre es una ruina“. Pescar menos es una necesidad ecológica y la opción es comer menos pescado (y no comprar a otros países, como ella propone). La pesca de arrastre es tan sumamente destructiva que debería prohibirse totalmente.
Murcia: El presidente murciano (del PP) lleva años promoviendo la agricultura contaminante y sin poner freno a los pozos ilegales. Pues bien, además, tiene la desfachatez de denunciar a la UE el vertido al Mar Menor de 183 litros por segundo de agua contaminada. Ellos han ocasionado el problema y ahora piden ayuda a la UE y al gobierno central, para que ellos no pierdan los votos inconscientes de un puñado de agricultores insensibles.
La incoherencia del PP: El PP se manifestaba y arremetía contra las macrogranjas hasta que el ministro Garzón también las criticó. Entonces, el PP montó sus bulos, cambió su discurso y llegó a decir una de sus mayores mentiras: que “no existen las macrogranjas”. De vergüenza ajena. Si aún no has vomitado, no leas esto.
Madrid, la región con más ayudas a la tauromaquia: Se gasta un 33% más que Andalucía, por ejemplo, teniendo tres veces menos explotaciones taurinas. Madrid tiene hasta una escuela de tauromaquia financiada con dinero público.
Macrogranjas: El PP quiere defender las macrogranjas, pero no se atreve a ir a sacarse fotos en ellas. Y va a granjas de extensivo para mentir asegurando que las granjas intensivas no contaminan y no maltratan a los animales.
Málaga: PP y Cs impiden que Málaga opte a las ayudas del gobierno para la renaturalización del río Guadalmedina. Su plan es más caro y más cemento. Sus proyectos insostenibles lo pagan los ciudadanos.
Andalucía: Greenpeace el visto bueno del gobierno andaluz (del PP) al polémico hotel de Cabo de Gata: en un Parque Natural. Otro atentado a la naturaleza en Almería, cuando sigue sin resolverse el problema del hotel ilegal de El Algarrobico. Obviamente, la Autorización Ambiental Unificada (AAU) se ha hecho a medida de las empresas interesadas en el proyecto.
Galicia:Feijóo dio su visto bueno a una macroganja que ahora la Justicia frena por ser un peligro para el medio ambiente y la salud. La empresa Coren ya ha tenido otros escándalos anteriores por contaminación. Los jueces afirman que la Xunta vulneró el derecho a la salud y que la ampliación de la explotación “comporta graves riesgos por las emisiones de polvo, partículas, olores y ruidos de la actividad, emisiones de amoniaco y enfermedades zoonóticas transmisibles a los humanos”. Los magistrados advierten de que la Xunta concedió la licencia a pesar de que “la descripción de los aspectos medioambientales que pueden verse afectados por el proyecto y la evaluación de sus efectos carece de rigor, es insuficiente, parcial, incompleta y vaga”.
Andalucía: El PP quiere amnistiar a los agricultores ilegales en el entorno de Doñana y su propuesta tiene el apoyo de Ciudadanos y de Vox. Sorprendentemente, el PSOE se abstuvo, como si le diera igual todo. La reforma provocaría un descrédito brutal ante la comunidad internacional y agrava el riesgo de que España sufra más sanciones internacionales por su desprotección ambiental. Están dispuestos a arriesgar Doñana por un puñado de votos. La sociedad está en contra y los agricultores legales también. La Comisión Europea, la Unesco y el Gobierno de España han pedido que no avance.
Luz verde a seguir destruyendo la costa de Málaga: Marbella y la Junta de Andalucía aceleran los trámites para que no haya tiempo para quejarse. Por supuesto, dicen que todo será muy ecológico. Las dunas de Artola estarán aún más acosadas.
PP y PSOE pactan no prohibir el bisfenol A y los ftalatos en los envases. Son sustancias muy tóxicas (disruptores endocrinos) pero la industria quiere seguir usándolas. Otro punto controvertido de la ley radica en si las empresas deben pagar por los gastos públicos que provocan sus productos.
Santander: El “Minizoo” de la ciudad incumple la ley, según informe del propio Ayuntamiento. Los animales están en mal estado: les falta enriquecimiento ambiental y el agua está putrefacta. Los animales se deben llevar a otros lugares. El ayuntamiento lleva años sin resolver el problema.
El PP insulta con el adjetivo ecofeminista: Es algo sin importancia. Solo demuestra la ignorancia absoluta que tienen del diccionario de la RAE, de feminismo y de ecologismo. Si tuvieran un mínimo de educación ambiental, no dirían tantas sandeces, y se harían ecofeministas (si sus intereses se lo permitieran).
El PP vota en contra de una Proposición no de Ley para la protección de Doñana: Además, propone llevar más agua a los agricultores de Doñana. Apagar el fuego con gasolina. En teoría puede ser buena idea, pero deberíamos empezar por cumplir las leyes, cosa que en el PP no parecen estar acostumbrados.
España aprueba que el ecocidio sea delito internacional a pesar de los votos de PP, Cs y Vox: Cuando se consiga, la Corte Penal Internacional (CPI) podrá juzgar el ecocidio, junto con los delitos actuales. ¿Qué interés tienen esos tres partidos políticos en que el ecocidio no sea juzgado?
Eurodiputados españoles se pliegan ante los intereses de la pesca de arrastre: Esta práctica destroza la biodiversidad de nuestros mares. En tierra, no se nos ocurre cuestionar si deforestar o no los parques nacionales. Al PP no le sirve de excusa que casi todos los políticos votaran en contra de defender el fondo del mar, independientemente de su afiliación política e incluso saltándose las recomendaciones de voto de sus grupos en Europa. Esto es una prueba de la influencia de los lobbies de la industria pesquera en España.
Andalucía: El PP promete infraestructuras insostenibles. Autopistas entre Marbella y Ronda, entre Málaga y Ronda, entre Ronda y Campillos, entre La Axarquía y el Oeste de la provincia… También prometen la llamada “autovía del agua” desde la Costa del Sol occidental hasta la Axarquía, como si sobrara agua en la Costa del Sol. Y todo para que puedan seguir regando campos de secano (aguacates y mangos). Otros proyectos insostenibles del PP son el trasvase del pantano de Iznájar (para lo mismo), trasvases y presas en los ríos Genal y Guadalhorce, la presa de Gibralmedina en el Campo de Gibraltar para abastecer a la Costa del Sol y, como no, nuevas desaladoras.
Otro del PP que no se entera, en absoluto, de qué va esto de la emergencia climática. El portavoz de Ayuso (Madrid), dijo sobre la intensa ola de calor: “Que en junio haga calor es de lo más natural”. Es como si una mutación cerebral les impidiera a los del PP entender la gravedad del problema que se nos viene encima. Los datos dicen que el incremento de temperaturas en Córdoba y Jaén son muy preocupantes y falta poco para ver refugiados climáticos en esas regiones. En Madrid no falta mucho más.
Castilla y León: El PP dijo que mantener el operativo de incendios todo el año era ‘absurdo y un despilfarro‘. En junio de 2022, solo un incendio calcinaba más de 30.000 hectáreas en la Sierra de la Culebra, uno de los bosques más valiosos para especies tan emblemáticas como el lobo. El incendio más grave en España en este siglo. No es un desastre aislado. El año anterior en Ávila se quemaban 22.000 hectáreas.
Ante la ola de calor y los incendios de julio 2022, el consejero de Presidencia de Madrid, Enrique López, criticó al presidente del gobierno: “Decir que el cambio climático mata no es digno de un presidente”. También ha añadido que hay que limpiar los bosques, lo cual viniendo de un militante del PP tal vez signifique construir chalets.
El Consejero de Castilla y León culpa a los ecologistas de los incendios: En una ridícula maniobra para desviar su responsabilidad, aseguró que la falta de mantenimiento de los bosques se debe a los ecologistas, los cuales, no tienen ninguna responsabilidad sobre ello, mientras que el PP lleva gobernando esa comunidad varias décadas.
“El PP rechaza la reclasificación de suelos protegidos, no por su manifiesta ilegalidad, sino por temor a un recurso de los ecologistas”:La Junta desiste en su intención de urbanizar terrenos del PN Sierra de Grazalema en Ubrique. Los espacios incluidos en la Red Natura 2000 deben quedar preservados de su transformación urbanística y deben ser clasificados como Suelo No Urbanizable (SNU) de Especial Protección. Ecologistas en Acción avisan que estarán atentos para recurrirlo ante la Justicia, tal y como hemos hecho exitosamente con planes urbanísticos de otros municipios de la provincia de Cádiz.
El Supremo tumba la demanda de Murcia de más agua del Tajo: El PP no quería las nuevas reglas del trasvase Tajo-Segura recortando el agua que llega a Murcia. Este trasvase ha permitido el abuso de la agricultura y, de ahí, la contaminación del Mar Menor.
Madrid: El PP no frena la crisis climática ni pone remedio a sus problemas. Se niega a crear refugios climáticos para mitigar los efectos de las altas temperaturas. Barcelona está creando estos espacios desde 2019 y otras ciudades también se han sumado a esta medida que salva vidas.
El PP critica (al menos en Madrid) la ley para ahorrar energía y, además, anuncia que la va a incumplir. Obviamente, si entendieran bien el problema criticarían la ley por ser insuficiente (justo lo contrario).
Murcia: El ministerio se queja de que la administración murciana no cumple la Ley para la Recuperación del Mar Menor. El PP no agiliza los trámites y parece no estar interesado en que el Mar Menor sobreviva.
N-ésimo despropósito en el Mar Menor: Polémico macrobotellón de cientos de barcos, contaminando y destrozando el fondo marino, con la participación de miembros del PP. Incluso cuando esos barcos fondean en días distintos, el destrozo del fondo marino es el mismo, por lo que hay que restringir los barcos (además de la agricultura, que es lo más impactante, especialmente la que usa agua del trasvase Tajo-Segura).
Con el voto en contra del PP, Sueca prohíbe la celebración de actos taurinos: El alcalde de la localidad valenciana reivindica que “la sociedad evoluciona”. Este es solo un detalle de las cientos de votaciones en las que el PP se pone en contra del respeto animal.
Playas sucias en Málaga: El agua presenta constantemente natas y espumas, tal vez porque la depuradora no depura adecuadamente. Además, reiteradamente se han cerrado playas por contaminación con aguas fecales (Escherichia coli).
Feijóo ataca a las renovables contradiciendo los datos reales: Dice que hay “cientos de noches” sin producción de “energía renovable”. El PP insiste en su defensa de las centrales nucleares y térmicas, y acusa ahora a las renovables de no funcionar durante todo el día. El líder del PP ignora que hay centrales solares que funcionan de noche porque guardan el calor del sol.
El PP niega la ciencia ambiental otra vez, y niega que la causa principal de la contaminación del mar Menor sea la agricultura intensiva y de regadío. A pesar de esa estupidez, este partido no ha tenido valor para votar en contra de que el mar Menor sea el primer ecosistema de Europa con derechos propios.
Feijóo contrario a prohibir la pesca de arrastre: Dice que encarecerá la cesta de la compra. Y tiene razón: encarecerá productos que ya son caros (merluza de pincho, rape, gallo, cigalas, gambas blancas…) y, además, no dice que son animales que se encarecerán aún más cuando los problemas de la sobrepesca ya no tengan solución. La pesca de arrastre produce un impacto ambiental brutal.
Andalucía: El presidente andaluz pide al Gobierno de España mil millones de euros para, según dice, combatir la sequía. Aquí es preciso hacer dos consideraciones. Uno, si realmente cree que va a combatir la sequía con su plan de aumentar los regadíos legales. Absurdo. Y dos, si necesita dinero, ¿por qué renunciar a 900 millones en impuestos propios? ¿Quiere combatir la sequía o solo beneficiar a sus amigos?
Madrid: La presidenta de la comunidad tiene un lío tremendo con el cambio climático. No se atreve a negarlo, pero hace todo lo posible por ignorarlo y se atreve a decir que en la “Tierra siempre ha habido cambio climático” y lo asocia al comunismo. Es decir, el 100% de los científicos son comunistas, según ella.
Feijóo quiere eliminar los coches de más de diez años: El líder del PP demuestra claramente estar al servicio de la industria automovilística. Y encima pretende venderlo como una medida ecologista. Le ha salido mal, porque ha recibido críticas de todos los sectores, incluyendo sus socios de ultraderecha (por supuesto, la industria automovilística no lo ha criticado). Lo que hay que hacer es dejar de vender coches contaminantes nuevos (incluyendo los eléctricos), pero eso no da apoyos de la industria de coches…
Galicia (enero 2023): Se celebran 7 campeonatos de caza del zorro con la temporada ya terminada. Se han recogido más de 75.000 firmas contra esto, gracias a la Fundación Franz Weber. Nos repugna ver fotos como la tuiteamos.
Andalucía (febrero 2023): El presidente andaluz cae en el típico mantra fake de decir que el agua de los ríos se tira al mar. Aquí su tuit y nuestra respuesta con una lectura recomendada para él y para todos.
El PP andaluz destaca el compromiso del Gobierno andaluz con la tauromaquia. Subió la partida de los toros un 15% y se la bajó un 44% a la investigación científica y un 15% al apoyo de las familias. También creó una ayuda de cuatro millones de euros para los ganaderos de toro bravo.
Murcia: El presidente de Murcia quiere meter miedo a la población con el tema del agua. Pero no es la guerra del agua, es la guerra del relato. Usaron un lema estúpido, y tuvo éxito: “Agua para todos”. Y ahora quieren relanzar el tema. El PP miente, como con los aeropuertos, que ahora vemos que no tienen todas las ventajas que prometieron. Es posible que quieran resucitar el absurdo trasvase del Ebro, pero será solo para crear división, controversia y confusión.
Madrid:Los vecinos de Madrid ‘apadrinan’ los árboles que Ayuso talará. Acabar con 200 árboles por el Metro es un error garrafal intolerable. Solo van a trasplantar los más pequeños, los que menos aire limpian, los que menos sombra dan, los que menos oxígeno nos regalan.
Galicia:ENCE continuará contaminando la ría de Pontevedra (por culpa de un tal M. Rajoy). El presidente de la Asociación pola Defensa da Ría de Pontevedra, Antón Masa dice que «el Tribunal Supremo ha cedido a las presiones de ENCE» y que es «una puñalada al futuro de la comarca». Varios directivos de ENCE fueron condenados por delito ecológico. ¿Es seguro comer mariscos de la zona?
Andalucía: Tres ex directores de Doñana rechazan la ampliación del cultivo de fresas. Avisan del peligro que supone legalizar pozos y cultivos que ahora son ilegales. Y otro peligro: la reapertura de la mina de Aznalcóllar.
Andalucía: El Gobierno central clausura 220 pozos ilegales en Doñana en esta legislatura, pero muchas fincas se siguen regando abriendo nuevos pozos ilegales debido a que el PP propone reiteradamente legalizar regadíos que son ilegales.
Andalucía: La demarcación del Tinto, Odiel y Piedras es de los pocos puntos de Europa en los que se va a duplicar el regadío sin haber agua. El PP quiere hacer costosos embalses y trasvases en una zona seca y contaminada. Sería invertir en un proyecto imposible que, además, significaría la muerte de Doñana.
El PP asegura que las fuentes públicas “atraen a indigentes“. Para el neoliberalismo, lo que no es negocio es molesto. No es un lapsus. En el ADN del partido está el facilitar el negocio, sin importar si genera plástico o destruye Doñana o el Mar Menor. Quitar fuentes y bancos de las ciudades, facilita el negocio de bares y supermercados, pero estamos renunciando a que lo más esencial de la vida sea gratis, como debe ser. Ahí no acaba la criminalización de la pobreza que hace el PP: el Ayuntamiento de Zaragoza (entre otros) multará con hasta 1.500 euros a quien rebusque en la basura. Luego, defienden el cristianismo sin tener ni idea de lo que Jesús decía de la pobreza.
El PP no dice la verdad sobre Doñana (abril 2023). Bruselas cree que el plan puede “degradar” el Parque Nacional y dice que las medidas tomadas por la Junta “no son suficientes” y que van “en sentido contrario” a sus directrices”. El PP tiene que mentir, para que su discurso tenga sentido para sus votantes.
Castilla-La Mancha. El líder del PP manchego quiere regularizar los pozos ilegales. Paco Núñez dice que quiere beneficiar a los agricultores. Las Tablas de Daimiel se están secando, como Doñana, por el abuso de los agricultores. De hidrología o ecología no habla, porque no tiene ni idea (analfabetismo ambiental).
Andalucía.Moreno Bonilla se inventa un artículo y un número de folios de la proposición de Ley que pone en riesgo el futuro de Doñana. Un fallo lo tiene cualquiera, pero en el vídeo se ve claramente la prepotencia del presidente de Andalucía, encarándose con una joven periodista, preguntándole por un artículo de la ley que no existe. El dirigente le reprochaba a la periodista no haber leído la ley cuando precisamente es él quién no se la ha leído y actúa como si entendiera de todo. Estamos, muy posiblemente, ante un acto machista, dado que seguramente el Sr. Moreno no hubiera actuado así ante un periodista varón. El vídeo sería “gracioso” si no fuera porque es muy importante el tema.
El Partido Popular Europeo vota en contra de la Ley de Restauración de la Naturaleza. La ley salió gracias a los votos de otros grupos políticos. Es una ley polémica porque el objetivo es rehabilitar al menos el 20% de los ecosistemas degradados de Europa hasta el año 2030. Para algunos, restaurar ecosistemas es una mala opción, mientras que lo ideal es degradarlos aún más…
El PP de Extremadura elimina la consejería de Igualdad. Alguna vez nos han espetado con retintín, que hablamos de cosas alejadas del medioambiente, pero no. La economía, el bienestar animal, o la igualdad son temas íntimamente relacionadas con el ecologismo. Se ha acuñado el término ecofeminismo, que proponemos que sustituya tanto al de ecologismo como al de feminismo, porque pensamos que no se puede defender uno y marginar el otro.
PP y Vox intentan revivir a la tauromaquia regándola con dinero público (julio 2023). ¿Cómo se explica que baje el número de espectáculos taurinos y suba el de matadores? A pesar de las argucias legales utilizadas, ya no se celebran toros en Asturias, Catalunya Canarias y Ceuta. La mayor caída ha sido en la provincia de Málaga: en 2011 era la tercera provincia con más corridas de toros (25), pero en 2022 se ha quedado en 8.
Andalucía.Desastrosa gestión tras un grave incendio forestal. Un año después del incendio de la Sierra de Mijas, se sabe que fue provocado, pero no hay culpables. Las tareas de restauración se centran en sacar dinero, por ejemplo con las 30.000 toneladas de madera por valor de 270.000 euros, cuando todos los expertos aconsejan dejar la madera quemada porque ayuda a abonar la tierra del monte. Además, el PP quiere un plan de caza que aumente las poblaciones de especies cinegéticas. La naturaleza no vale nada para ellos, si no pueden sacar dinero, independientemente de los daños que producen los cazadores.
Castilla-La Mancha. PP y Vox intentan compensar el desinterés de la sociedad por la tauromaquia impulsando la participación de niños y niñas, iniciativas que contradicen las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas.
Menorca. El PP autorizó un imponente parque acuático en una zona protegida. Se hizo con informes en contra y ahora la Justicia reconoce que no puede ser considerado de interés general, truco que pretenden emplear para que no se devuelva la zona a su estado anterior.
Andalucía. El gobierno autonómico (PP) facilita el embovedado del Guadalmedina a su paso por Málaga, como quiere el alcalde (PP). Embovedar un río, aunque sea parcialmente, es despreciar su potencial. Compara las dos propuestas que hay hechas para este río.
Madrid. Isabel Díaz Ayuso está convencida de que los libros de texto tienen material sectario, saberes ideológicos o ingeniería social. Lo más grave es que lo diga una persona negacionista del cambio climático y también de los efectos negativos de la contaminación atmosférica (cfr. unos puntos más arriba). La sospecha es evidente. ¿Será ella la que realmente quiere meter su material sectario en los libros? Lo tiene complicado, aunque nada es imposible.
Galicia.La Xunta autoriza la caza “sin límite” de jabalís en 248 ayuntamientos de Galicia, durante cinco meses. Hasta el fin de la temporada de caza, no habrá control sobre los cazadores. Se basa en concepciones erróneas y en una falta de sensibilidad hacia el medioambiente y hacia los animales. Por ejemplo, dicen que quieren evitar accidentes, pero los accidentes por animales se dan más en temporada de caza, cuando los animales huyen. Lo más sensato es prohibir la caza en todos los territorios, de todas las especies, dado que la ciencia aporta otros mecanismos para controlar las poblaciones, sin hiciese falta.
Andalucía.Nueva mortandad de peces en el estero Domingo Rubio. Hace menos de un año, perecieron 200 toneladas de peces. Los vertidos llegan desde las fincas que lo rodean y la Junta de Andalucía, responsable del Espacio Natural Protegido, no hace nada.
Alberto Núñez Feijóo llama dictadores a los ecologistas, en su discurso de intento de investidura: «No voy a perder ni un segundo en discutir sobre el cambio climático […] Transición ecológica: sí. Dictadura activista: en ningún caso». Es una forma cutre de decir, que no niega la evidencia científica, pero que va a hacer lo que le dicten las grandes corporaciones energéticas.
El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón (en manos del PP de Madrid) no protege los árboles de Montegancedo. Miles de firmas se van sumando para pedir que se proteja este bosque de las promotoras y de los políticos sin escrúpulos. El proyecto amenaza especies protegidas.
PP y Vox recortan los presupuestos destinados a Medio Ambiente donde gobiernan. No solo suprimen carriles bici y ZBE. También eliminan consejerías de Medio Ambiente, o reducen sus presupuestos. Colectivos sociales denuncian que se están fomentando intereses privados por encima de lo público, y dedicando dinero de todos para fomentar caza y toros.
Madrid. Oposición radical de los ciudadanos a las talas de arbolado asociadas a la construcción de la línea 11 de metro (véase punto anterior) y a las irregularidades en el proyecto.
Málaga. La mayoría del PP impone su criterio contra el medioambiente y el estilo de vida de la ciudad al aprobar el plan del rascacielos del Puerto, un edificio insostenible y en una zona de alto riesgo ante la crisis climática que el PP niega cada día con sus actos.
Madrid del PP, ciudad arboricida. No lo dicen los ecologistas, sino decenas de profesionales del urbanismo a propósito de una de las talas que más oposición vecinal ha recibido, la de Madrid Río.
Málaga. El ayuntamiento expropia unos terrenos a precio de oro. Pasará de zona verde a centro comercial. Otro ejemplo de cómo se privatiza dinero público, pisoteando el medioambiente en el camino.
Logroño. El alcalde del PP destruye la rotonda holandesa de Murrieta, un nuevo ataque a la movilidad sostenible y a un proyecto NextGen ya finalizado sobre el que hay una cláusula de no reversión de 5 años.
Andalucía. Doñana se ha convertida en la primera reserva natural en ser excluida de la lista verde del mayor organismo ambiental del mundo (la UICN). HA SIDO POR LA MALA GESTIÓN (no por la sequía). La Junta de Andalucía (del PP) dice que no saben nada.
Galicia. La Xunta rectifica un mes después del vertido de pellets de plástico y eleva a 2 el nivel de alerta para recibir apoyo del Gobierno central. ¿Por qué le ha costado tanto? ¿Qué ganan en el PP haciendo daño a la naturaleza?
Extremadura.Luz verde a la caza con perros en Monfragüe, en fincas públicas y posiblemente también privadas. PP y Vox dejan la puerta abierta a que también se permitan monterías con perros sueltos en el Parque Nacional.
Andalucía. La Junta organiza un programa formativo sobre el cultivo de mango y aguacate en plena crisis por la sequía. El PP sigue sin entender que el agua es un bien escaso. Para un kilo de estos productos subtropicales son necesarios alrededor de 2.000 litros de agua mientras que para el tomate basta con 200. En diversas zonas de Andalucía, como en la Axarquía malagueña, se están produciendo cortes de agua por culpa de esos cultivos (legales e ilegales).
Andalucía.Denuncian un “río de sangre” en Benaoján (Málaga), por culpa del matadero. El alcalde del PP, Guillermo Becerra, dice que no contamina. La ignorancia e insensibilidad del PP se supera cada día.
Madrid. El gobierno local estudia construir una nueva carretera que afectaría al Parque Regional del Curso Medio del río Guadarrama y se superpondría a varias vías pecuarias. Cualquier cosa que potencie el vehículo privado, no es una buena medida.
Extremadura autoriza la caza del meloncillo. Es un animal que ha estado protegido en España desde tiempos franquistas.
Con el voto en contra de PP y Vox, España suprimirá los vuelos con alternativa en tren de dos horas y media sin conexión internacional. Si de verdad queremos mitigar la crisis climática deberíamos quintuplicar los precios de viajar en avión y ampliar esta medida a las 4 horas. Incluir la ruta Madrid-Barcelona (que aún no está claro) será clave para conseguir una reducción significativa de las emisiones derivadas de la aviación.
Madrid.Operación Chamartín, un libro recoge el atropello que supone este plan urbanístico. Otro caso más de usar recursos públicos para intereses privados, sin atender a la ciudadanía ni a la sostenibilidad.
Málaga. Otro caso más, igual que el anterior. Este aún se puede evitar. Los vecinos de Málaga se oponen a la construcción de 285 casas en Pinares de San Antón. Esta “aberración” ya tiene luz verde del Ayuntamiento del PP. Los vecinos quieren zonas verdes y casas para los jóvenes del barrio, no chalets de lujo.
Madrid. Después de lanzar petardos en el río hace unos meses, el PP propone iluminar el Manzanares, sin tener en cuenta los daños de la contaminación lumínica en fauna y flora.
Baleares.Amnistía urbanística y más ladrillo. Un decreto modifica más de 50 leyes que, según los ecologistas, provocará “consecuencias graves para la protección de los recursos naturales y del suelo”.
Mijas (Málaga).El municipio malagueño de Mijas modifica su PGOU para colar otro campo de golf, declarado de interés estratégico por la Junta de Andalucía. También contará con 350 apartamentos turísticos y un hotel de lujo. Andalucía recalifica otras 100 hectáreas de suelo no urbanizable para superar los 60 campos de golf en la Costa del Sol. La crisis hídrica no existe (para el PP).
Andalucía. Ante la ambigüedad de la Junta, más de 80 organizaciones rechazan el vertido tóxico de la minera Los frailes al Guadalquivir. Esta contaminación directa en el río es intolerable.
Málaga/Cádiz. El Ayuntamiento de Málaga ignora las recurrentes manifestaciones contra su gestión. Una de las más grandes tuvo lugar el 29 de junio de 2024. El objetivo central fue conseguir una ciudad habitable y poner coto al turismo masivo en general y a los pisos turísticos en particular, así como a todo lo que eleva en exceso el precio de la vivienda. También hubo reivindicaciones para conseguir una ciudad más sostenible, con su bosque urbano y con más respeto a la naturaleza. Aquí puedes ver algunas fotos. El mismo día hubo otra manifestación similar en Cádiz, y ha habido otras en multitud de ciudades.
Castilla y León. Se abre la puerta al lavado verde de la ganadería industrial usando biogás, la nueva apuesta del capitalismo verde. Ya hay casi 40 proyectos de biogás y biometano, muchas cerca de macrogranjas y con fuerte rechazo social. Convertir los residuos orgánicos en energía puede ser una buena idea (si cumple ciertos requisitos).
Madrid. El alcalde de Arganda del Rey (PP) se niega a cumplir la ley: “No vamos a implantar una zona de bajas emisiones”.
Málaga. El PP de Málaga mantiene las carrozas de caballos, al menos 10 años más. Dicen que quieren acabar con esto, pero no tienen ninguna prisa en hacerlo a pesar de sus sorprendentes declaraciones: «No se pueden imaginar las quejas de turistas que llegan a diario al Ayuntamiento sobre las condiciones de los coches de caballos». Es urgente acabar con el maltrato animal y, en particular, con la hípica.
Madrid.El PP cambia la ley que protege los árboles: podrán ser talados a cambio de dinero y no de replantaciones. Lo hace en mitad del verano, cambiando la Ley de Protección y Fomento del arbolado urbano.
Galicia. La empresa Altri, avalada por el PP, se llevará 46 millones de litros diarios de agua y contaminará varios ríos. Dinero para unos pocos, destrucción para decenas de generaciones. No hay tejidos sostenibles si no se produce ecológicamente. Es la sed insaciable de la fast fashion.
Madrid. Con prisas y en pleno verano, así quiere mutilar la Comunidad de Madrid su ley de protección animal. Incluida en una ‘ley ómnibus’, tramitada por la vía de urgencia y en pleno mes de julio. Algo similar también se hizo en La Rioja. Otra vez, los más perjudicados son los perros de caza, tratados como perros de segunda clase y, por ejemplo, podrán cortarles las orejas y el rabo. Pero la lista de retrocesos es larga, para contentar a los cazadores.
Madrid. El PP de Pozuelo de Alarcón multa con solo 263.000 euros a la inmobiliaria que taló 214 árboles, algunos de ellos centenarios. El PP pone de oferta aniquilar la naturaleza y le ofrece a la empresa varios descuentos extra.
Andalucía.La Costa del Golf no tiene límites. Avanzan los trámites para la construcción de nuevos campos en Mijas, Málaga, Nerja, Castellar de la Frontera (Cádiz)… Si llueve este año, retrasamos la crisis un poco.
Andalucía. La Junta de Andalucía declara “estratégico” un proyecto de los Franco para construir un complejo de ocio sobre el acuífero de Coín. El PP de la Junta arriesga el agua de Monda y de Coín, así como dos especies protegidas que viven allí. Y quiere acelerar el papeleo para que haya menos protestas.
Madrid. El PP se ha empeñado en llevar la Fórmula 1 a la capital, a pesar de ser uno de los deportes que habría que prohibir por su alto nivel de contaminación. Como ocurrió en Valencia, el PP prometió que no costaría nada de dinero público y ya sabemos que es mentira. La Fórmula 1 causará al menos dos años de pérdidas en Ifema. Ayuntamiento y Comunidad de Madrid buscan fórmulas para incorporar un inversor privado al proyecto después de que el concurso, que mantienen oculto, haya quedado desierto. Otro ridículo del PP que pagamos entre todos.
Andalucía. La Junta se apunta al exterminio de los depredadores naturales. Pretende aprobar una Orden que dará cobertura legal a la figura el controlador de depredadores.
Málaga. El ayuntamiento quiere construir un centro comercial en una reserva de camaleones (zona El Limonar), por los que cobró 150.000 euros de la FEMP por protegerlos. Esto se une a construcciones ya mencionadas, como la prevista en el monte San Antón, y hace que los montes se van ocupando. Así, luego los vecinos se quejan de que los jabalíes invaden sus calles, cuando la realidad es que es la ciudad la que invade el hogar de la fauna salvaje.
Andalucía. La Junta de Andalucía del PP concede 2,5 millones a un medio taurino a través de fondos europeos para el desarrollo (FEDER). La cadena es privada y se encuentra a punto de la quiebra. El dinero no servirá para reflotar semejante ruina económica y moral.
Valencia. Mazón (PP) y VOX, como buenos negacionistas, recortaron la Unidad Valenciana de Emergencia y mostraron su ignorancia ante el cambio climático. Ambos partidos votaron EN CONTRA de una proposición para atajar y prevenir catástrofes como la DANA que ha provocado la mayor tragedia climática en España. El dinero se lo llevó la tauromaquia. Este es el precio mortal de ignorar la emergencia climática. Además, las rebajas fiscales a las grandes fortunas promovidas por el PP valenciano (que dejan 230 millones de euros menos) agravan la situación económica. No te pierdas este hilo de X-Twitter.
Europa. El Parlamento Europeo aprueba retrasar un año y recortar la regulación para proteger los bosques. Es un paso atrás gigante para impedir la destrucción de ecosistemas únicos. El Partido Popular genera inseguridad jurídica a las empresas que invierten para cumplir la ley.
Valencia.Nuria Montes (del PP valenciano) veía el cambio climático como una “oportunidad” para el turismo, ignorando los desastres y las pérdidas en vidas humanas que ocasiona. El PP debería ser consciente de todo lo negativo de la crisis climática, especialmente para los más pobres (les voten a ellos o no).
Valencia. La Diputación se gasta un 1,2 millones para la iluminación de su coso.
Madrid.Ayuso levanta el veto y permitirá que se le corten las orejas y el rabo a los perros de caza.
Castilla y León. El PP quiere que se vuelvan a cazar lobos, aunque los datos desmienten sus argumentos. en 12 años las manadas de lobo de las provincias donde se dejó de cazar sólo crecieron el 3 %.
Castellón.PP y Vox incrementan una burrada las partidas taurinas. En concreto, un 35% más para la Escuela Taurina de la Diputación de Castellón (que hacen un total de 355.701,15 euros), y la organización de los festejos se sube hasta los 178.000 euros.
Madrid.Ayuso recorta la financiación del Museo del Prado, el Thyssen y el Reina Sofía mientras riega con 4,5 millones los toros. Solo la partida para el Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid se incrementa un 5,9%. Pensemos que el torero que dirige ese chiringuito, Miguel Abellán, cobra 75.000 euros anuales. Hay que sumar los 1,7 millones de euros para la Fundación Toro de Lidia y el Premio de Tauromaquia que Ayuso anunció tras la decisión del Ministerio de Cultura, liderado por Ernest Urtasun, de eliminar el galardón nacional.
Málaga. El Ayuntamiento pone más luces navideñas que nunca antes. Los precios de la electricidad no importan, porque paga el contribuyente. El despilfarro es inmenso y se pone al servicio del negocio privado.
Málaga.La Diputación intentó contratar visitas al Festival de las Linternas con merienda incluida. Hubiera sido una forma de regalar 14.999 euros a una empresa privada que ya está abusando por usar un parque público para sus negocios privados, con el visto bueno del Ayuntamiento de Málaga. Esto es continuación del punto 276.
Europa. El Comité Permanente del Convenio de Berna ha votado a favor de rebajar el estatus de protección del lobo, una decisión sin base científica criticada por expertos y organizaciones conservacionistas. Esto abre la puerta a la matanza de lobos como sistema de gestión. Este error no afecta a España, donde el lobo seguirá a salvo de la caza. Este tipo de políticos son peligrosos porque ignoran lo que dice la ciencia y no tienen ni idea de las ventajas de tener lobos (aunque en realidad deberíamos proteger a los lobos aunque no nos regalaran nada a cambio).
Málaga. La Diputación quiere camuflar su apoyo al maltrato animal con el disfraz de la tecnología y presenta su Centro de Experiencias Inmersivas de la Tauromaquia. Para los animalistas es un factor más para normalizar el maltrato animal y captar afición a una tradición cruel que está condenada a desaparecer.
Europa.La propuesta de prohibición total de los PFAS no gusta al Partido Popular europeo. La industria química lleva 70 años de engaños, ocultando que provocan multitud de enfermedades como cáncer, infertilidad, deformaciones, menos efecto de vacunas… En España hay miles de municipios con presencia de PFAS en el agua del grifo. Y por todo el mundo hay casos de contaminación y enfermedades masivas a ganado, personas, cultivos… Además, detectar y eliminar los PFAS en el agua es caro y lo pagaremos los ciudadanos por igual, una injusticia que debe también acabar.
La Rioja. El PP tiene una deriva peligrosa: derogó la ley de protección de los animales, empeora la ley de biodiversidad, miente y oculta datos relativos al lobo ibérico (pretendiendo su exterminio e ignorando las ventajas de tener lobos) y también sabotea las políticas sobre cambio climático.
España.El PP quiere rescatar el negocio nuclear (prueba de su incapacidad para poder competir con las energías renovables). El sector nuclear, caro, rígido y contaminante pudo competir el siglo pasado, pero el futuro sin lugar a dudas es más democrático, descentralizado, flexible, barato y sostenible. La energía nuclear la energía nuclear tiene costes entre 3 y 4 veces superiores a las renovables. “Si las centrales nucleares las pudiéramos apagar y encender fácilmente, a día de hoy estarían permanentemente apagadas”.0
Valencia. El líder del PP valenciano, el Sr. Mazón critica el Pacto Verde, a pesar de que el PP europeo lo respaldó. Este personaje es el mismo que ha mentido a la población y que por su terrible gestión en la DANA valenciana se produjeron 215 muertes en su comunidad.
España.Vuelve a ser legal cazar lobos en España por los votos de los partidos de derechas: PP, Vox, Junts y PNV. Retrocedemos cuatro años y los lobos al norte del Duero otra vez sufrirán la ira de los cazadores. No es para defender la ganadería y no se basa en argumentos científicos. La ciencia ha hablado muy claro sobre las ventajas de tener lobos, también para los ganaderos.
Valencia.Mazón incrementa en un 33% la dotación de la caja del presidente: cuatro millones a repartir a dedo entre asociaciones. El PP quiso eliminar esta partida cuando estaba en la oposición, pero luego no; y regala 300.000 euros a la Fundación Toro de Lidia.
La Rioja.El PP tiene prisa por matar lobos, sin tener en cuenta el periodo de reproducción de la especie (cuya caza está prohibida) ni el censo que se ha contratado con dinero público. El PP ignora que el 90 % de la población en La Rioja es contraria a cazar lobos y quieren que se haga compatible la existencia del lobo con la ganadería extensiva, cosa que es posible y fácil.
Por toda España, el Partido Popular recorta Servicios Sociales, Cultura, Emergencia y ONGs, pero aumenta las ayudas a la tauromaquia. No es algo puntual, sino la norma cuando gobierna este partido.
España. El PP culpó a las renovables del apagón energético nacional y lo usó para defender la energía nuclear. Meses después supimos que la culpa del apagón la tuvieron las centrales de gas natural (que funcionan quemando metano). Iberdrola, Naturgy y Endesa son las tres compañías con más megavatios de gas.
Valencia. Mazón (el irresponsable de la DANA) dedica 500.000 euros para “asuntos taurinos” aunque aún falte mucho por reconstruir del desastre que, en parte, provocó su gestión.
Andalucía.La Junta adoctrina a menores para crear a la siguiente generación de aficionados a la tauromaquia. El PP piensa que ir a los toros es como ir a un museo, palabras del presidente Moreno Bonilla que pasarán a la historia como las del alcalde de Tordesillas (este era del PSOE y siguen dando tanta risa como pena). En 2024, la Junta del PP destinó más de UN MILLÓN de euros a la promoción de la tauromaquia. Se está financiando un negocio en quiebra, mientras la sanidad pública va quebrando.
Galicia.Existe y se permite una isla privada ilegal, convertida en una urbanización de lujo que impide el ingreso a los no residentes. Es ilegal, pero se hace. La isla se llama Toralla y está gestionada por Toralla S.A., una empresa que tiene una concesión pública que incumple la Ley de Costas desde que se aprobó. ¿Para quiénes se aprueban las leyes?
Andalucía.El Parlamento Andaluz rechaza mejorar los comedores escolares (julio 2025). Con el voto en contra del PP, no fue aprobada la propuesta que hubiera sido buena para fomentar la economía local o poner cocinas en los propios centros, lo cual facilitaría ofrecer menús ricos, sostenibles y más nutritivos.
Castilla y León. La gestión de los incendios forestales provoca manifestaciones en contra de la gestión del PP y pidiendo la dimisión de Alfonso Fernández Mañueco (presidente) y de Juan Carlos Suárez-Quiñones (consejero de Medio Ambiente).
Baleares. Las políticas de crecimiento del PP dejarán Ibiza “sin una gota de agua”.
España.Críticas al PP por su gestión forestal y el aumento de superficie quemada en España.
Galicia.La Xunta ocultó 447 incendios. Se registraron 492 incendios solo en agosto 2025, pero su departamento solo difundió información de 45. Tras la llegada de Feijóo a la Xunta, el Gobierno gallego solo informa de aquellos fuegos que superan las 20 hectáreas o de los que afectan a espacios protegidos o poblados. ¿Esta es su forma de reducir los incendios provocados por los ganaderos en Galicia?
Málaga.Corrupción sistémica con la EDAR. Ocultaron la existencia de un documento técnico que establecía técnicamente como mejor opción una ubicación diferente a la decidida arbitrariamente por la Junta de Andalucía en Vega de Mestanza.
Extremadura. Lo mismo que antes: El Gobierno aprueba dinerito para cotos de caza afectados por los incendios, cuando ya está confirmado que los intereses cinegéticos están detrás de algunos de ellos.
España. Todo el PP, no solo muestra un apoyo obsceno a la política discriminatoria de Israel, sino que niega el genocidio en Gaza y Cisjordania, mientras las imágenes nos horrorizan desde 1948. Hay decenas de noticias sobre esto, pero indicaremos solo dos que causan vergüenza ajena: de la negación de que haya un genocidio del alcalde de Madrid a la tibieza del líder nacional. No alcanzaremos la sostenibilidad en un mundo insolidario. La existencia de genocidio está avalada por la ONU y por la CPI quien ha solicitado que Netanyahu y su gobierno sean juzgados por esos crímenes contra la humanidad. Por supuesto, también condenamos el terrorismo de Hamás, grupo que, por cierto, fue financiado por Israel.
Cantabria. El gobierno de Cantabria —y también el de Asturias, donde gobierna el PSOE— hablan de “extraer” lobos. No usan las expresiones matar o cazar lobos porque les da vergüenza hacerlo en un país en el que el lobo es amado por una inmensa mayoría desde Félix Rodríguez de la Fuente.
España. España aprueba, con el voto en contra del PP, su Ley de Movilidad Sostenible. Es un paso insuficiente, pero hacia adelante para mitigar los impactos del sector más contaminante de la economía española. Se pretende alcanzar la neutralidad climática del transporte en 2050, lo cual supone, por primera vez, tener el objetivo de descarbonizar completamente un sector económico. Entre otras cuestiones, también se lucha contra la pobreza de transporte, se revisará el sistema de etiquetado ambiental de la DGT, se eliminan los vuelos domésticos con alternativa ferroviaria de hasta 2,5 horas, se recuperan los trenes nocturnos y se dará un impulso a la bicicleta.
España.El PSOE se alinea con las derechas y deja sin debate la ILP ‘No Es Mi Cultura’ en su paso por el Congreso. Derogar la Ley 18/2013 —que blinda la tauromaquia como patrimonio— tendrá que esperar, porque fue rechazada con 169 votos en contra, 57 a favor y 118 abstenciones; la abstención socialista resultó decisiva.
Valencia, Aragón y otras comunidades autónomas. El gobierno dará 40 € por cada jabalí cazado para reducir la población. Ante la peste porcina, en vez de gestionar mejor la cabaña ganadera, se aplica la técnica de masacrar aún más la naturaleza salvaje.
Castilla y León. El «desprecio» a los agentes medioambientales: sin vestuarios, sin cubrir plazas y nóminas atrasadas. El PP desprecia la naturaleza y, por tanto, también desprecia a quienes la cuidan.
Mijas (Málaga). El pueblo de Málaga donde se maltratan burros todos los días del año. Los burritos sufren heridas, dolores y depresión. Viven hacinados, atados, sin ventilación y obligados a trabajar. ¿Quién no entiende que un burro no es un taxi?
Andalucía.El PP permite eliminar los animales que atacan a las presas de los cotos. Se podrán usar trampas y lazos, métodos crueles que no distinguen entre especies. El plan de control ha sido elogiado por los cazadores de Andalucía y rechazado por carecer de base científica y atentar contra la biodiversidad.
España.El Tribunal Supremo corrige a los partidos de derechas (PP, Vox, PNV y Junts) por aprobar la enmienda que permite la caza del lobo. Dice, literalmente que «carece del mínimo sentido». Además, la ley está pendiente de un recurso ante el Constitucional promovido por el Defensor del Pueblo. La noticia llega cuando ya se han abatido lobos en Asturias, Cantabria y Castilla y León.
España. La ley de protección de los derechos y el bienestar de los animales incluyó en su primer borrador un artículo que prohibía expresamente las peleas de gallos, pero PP y Vox eliminaron eso durante la tramitación parlamentaria. Ahora son legales en Andalucía y Canarias.
Galicia. Se presenta ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia una cuestión de inconstitucionalidad contra la ley que desproteje al lobo.
Extremadura. Ecologistas en Acción denuncia la desregulación ambiental y el impulso a modelos energéticos y productivos insostenibles del acuerdo de gobierno entre PP y Vox.
Algunos afirman que los votantes que quedan en el PP son aquellos que seguirán votándolos hagan lo que hagan. Otros pensamos que no es así y que aún hay margen para la concienciación ecológica, tanto a los políticos como a los votantes de cualquier partido. ¿Nos ayudas a conseguirlo difundiendo las noticias ambientales?
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