Tras el descubrimiento de que dentro del parque temático Puy du Fou se han realizado enterramientos clandestinos de animales, Ecologistas en Acción de Toledo ha interpuesto esta mañana denuncia en los Juzgados de Primera Instancia de Toledo por presuntos delitos de maltrato animal y contra el medio ambiente y los recursos naturales.

La denuncia se dirige contra la entidad mercantil Puy du Fou España S.A., así como contra sus representantes legales y cuantas personas físicas o jurídicas resulten responsables de los hechos que han dado lugar al establecimiento de un cementerio ilegal de animales sin autorización y sin garantías sanitarias ni medioambientales.

A juicio de Ecologistas en Acción las responsabilidades por las actuaciones desveladas en la prensa tras las denuncias de personas que han trabajado en el parque temático van mucho más allá de lo que la empresa ha querido asumir. El problema no es solo el de los numerosos enterramientos, sino que también se revelan prácticas inadecuadas, falta de control y encubrimientos. Se llega incluso al intento de eliminar pruebas removiendo los cadáveres ya enterrados y echando más tierra en la zona.

Todo indica que la existencia del cementerio sería el resultado de prácticas tipificables de maltrato sobre animales que se encontraban bajo custodia y explotación en el parque temático, y que no han sido objeto de la debida atención y cuidado. A lo que hay que añadir las consecuencias medioambientales que comporta el ilegal sistema de eliminación de residuos animales.

Ni la empresa Puy du Fou S.A. ni el Gobierno de la Junta de Castilla-La Mancha han explicado debidamente lo que ha estado pasando durante estos últimos cuatro años en la sección del animalario del parque temático. Ni porqué se desoyeron las denuncias internas que se hicieron a lo largo de 2025 En lugar de eso, las personas que con criterio ético pidieron hacer bien las cosas se encuentran despedidas y quienes daban las órdenes no han sido recriminadas hasta que todo se ha hecho público.

Ecologistas en Acción confía en los Tribunales para que se investigue a fondo este caso y se lleguen a conocer todos los hechos y el grado de responsabilidad de quienes hayan participado en los mismos.

Denuncia

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• El TSJ de Castilla y León obliga al Ayuntamiento a resolver la propuesta urbanística del Cerro de los Moros presentada por el promotor; y el Ayuntamiento tiene la opción de archivar la propuesta o denegar su aprobación. 
• La aprobación de la propuesta MP27 del Cerro de los Moros es jurídicamente inviable.
• Las cuatro asociaciones que se han unido para defender el paisaje del Duero y de Antonio Machado en Soria piden el compromiso del nuevo alcalde.

El Cerro de los Moros es una loma situada en frente de la Ermita de San Saturio, entre el Duero y la ciudad de Soria que fue declarada urbanizable en el Plan General de Urbanización Urbana de la Ciudad en el año 2006, y así permaneció hasta el año 2020 a pesar de que el PSOE local, en el gobierno municipal desde el año 2007, se había manifestado en contra de clasificación urbanística. En el año 2020, tras una serie de vicisitudes en el cambio de propiedad, el nuevo propietario de gran parte de los terrenos (no de todos) y también de una gran parte de los medios de comunicación de Castilla y León, el Sr. Mendez Pozo, promovió la iniciación de un procedimiento de urbanización de la zona, que fue calificado por ASDEN-Ecologistas en Acción de Soria en el trámite ambiental como una aberración cultural, ambiental y urbanística. Trámite ambiental que fue ignorado por el Ayuntamiento.

Desde entonces la crítica social ha aumentado, el promotor ha ido suavizando el proyecto, y el Ayto de Soria ha ido poniendo excusas para no enfrentarse al empresario y a la sociedad soriana. Ante lo cual el promotor presentó una demanda judicial, que ha recibido la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Burgos del pasado diez de abril en la que impone la obligación al Ayuntamiento de resolver la aprobación provisional de la modificación puntual del PGOU, MP 27, que permitiría la construcción de 40 bloques de 6 plantas para 1304 viviendas más los necesarios equipamientos en 28.000 m² en el Cerro de los Moros. El Tribunal no se manifiesta sobre el sentido positivo o negativo de esa resolución; que es una competencia del Ayto. de Soria, y que por tanto la puede resolver de forma voluntaria sin tener que esperar a que el Tribunal Supremo dicte una Sentencia.
Ahora bien; las declaraciones del concejal de urbanismo don Luis Rey y de la empresa “Promotora Pilares del Arlanzón” aparecidas en la prensa local, en las que afirman que la construcción prevista de 40 bloques de seis plantas y los equipamientos correspondientes no afectarían al paisaje, hacen pensar que la idea del equipo de gobierno del Ayuntamiento es aprobar la modificación, escudándose en la sentencia del TSJ de Castilla y León.
Por ello, en este momento decisivo en el largo y nada transparente proceso de intento de urbanización del Cerro de los Moros, las Asociaciones ASDEN⁃Ecologistas en Acción de Soria, Amigos del Museo Numantino, Hacendera y Soria por el Futuro, hemos adoptado las siguientes decisiones en defensa de nuestro patrimonio natural, cultural y paisajístico:

• Presentar las dos primeras asociaciones un Recurso de Casación ante el Tribunal Supremo contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en cuyo procedimiento judicial estaban personadas.
• Solicitar, el pasado 11 de mayo, la convocatoria urgente del Consejo Municipal de Urbanismo y Medio Ambiente.
• Solicitar una reunión con el nuevo alcalde, Don Javier Antón, para exponerle los argumentos contrarios a la aprobación del proyecto que, en resumen, son los siguientes:

1. La propuesta MP27 no se limita a la construcción de 1.304 viviendas, que albergarían una población equivalente a la de Ólvega, sino que incluye también 28.000 metros cuadrados para los equipamientos que esa población requeriría, situados en el mismo Cerro de los Moros. Con estas dimensiones, es obvio que el impacto paisajístico, lejos de ser “casi nulo” sería muy relevante.
2. La sentencia del TSJ de Castilla y León da por presentados todos los informes que el Ayuntamiento reclamaba, incluso el imprescindible preceptivo Informe Ambiental Estratégico, sin considerar que el que cita como vigente caducó en Agosto de 2024.
3. En el periodo de Información Pública de la propuesta MP 27 se presentaron 373 alegaciones que, a pesar de ser obligatorio, están sin resolver. El plazo legal que tenía el Ayuntamiento para hacerlo expiró el 6 de Marzo de 2023
4. El promotor no ha consolidado derecho alguno al no cumplir las obligaciones que impone el PGOU y haber vencido los plazos para ello hace años. No son ciertas, por tanto, las alarmas difundidas por el anterior Alcalde y el Concejal de Urbanismo sobre la indemnización millonaria que el Ayuntamiento tendría que asumir si denegara la aprobación de la propuesta MP27.

En resumen, si la intención del Ayuntamiento hubiese sido denegar la aprobación de la MP27, podría haberlo hecho ya sin ningún riesgo de indemnizaciones al promotor desde el 7 de agosto de 2024. Que no lo haya hecho hasta ahora, nos permite pensar que su intención era aprobarla, algo inviable hoy día, por carecer de un nuevo Informe Ambiental y no haber resuelto sobre las 373 alegaciones presentadas.

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• Ante el reconocimiento por parte de Puy du Fou España S.A. de los enterramientos ilegales de animales en el parque temático Ecologistas en Acción ultima una denuncia por vía penal por las actuaciones de Puy du Fou España para que se llegue al fondo del asunto.
• Exigimos que se precinte el cementerio y se garantice la seguridad de la instalación para quienes la visiten.
• El Consejero de Fomento, D. Ignacio Herrando, debe pedir disculpas y ser cesado por sus descalificaciones a quienes han denunciado las actuaciones ilegales en Puy du Fou Toledo.

Para Ecologistas en Acción de Castilla-La Mancha, el reconocimiento por parte de Puy du Fou España S.A. de que hay un cementerio de animales dentro de la instalación no supone más que las constatación de algo que ya estaba demostrado. La empresa se ha visto obligada a actuar en una estrategia de contención de daños clásica de este tipo de situaciones, trasladando la responsabilidad plena a jefes de equipo a los que no solo se les dejó hacer, sino que se les defendió ante las denuncias internas.

El comunicado de Puy du Fou España S.A., con ser relevante, lo es más por lo que no dice que por lo que dice. Al centrarse solamente en la cuestión del cementerio de animales y de los registros trata de desviar la atención sobre otras cuestiones más relevantes, como las presuntas acciones de maltrato animal, de daños al medio ambiente y de riesgo para la salud pública y animal. Todas ellas obviadas como parte de una actitud de encubrimiento que se vio reflejada cuando se desatendieron las denuncias internas.

Ubicación aproximada del cementerio de animales de Puy du Fou en Toledo

Sobre toda esta situación subyace también la ausencia de actuación del Gobierno regional, en especial de las Consejerías de Agricultura, de Desarrollo Sostenible y de Fomento, más preocupadas de proteger a la empresa que de prestar atención a las denuncias y a la seguridad de quienes visitan el parque temático.

Es de esperar que con la misma celeridad que se intentó deslegitimar las denuncias con declaraciones, lleguen las disculpas y el cese de D. Ignacio Herrando, Consejero de Fomento y valedor incondicional del parque temático.

Dado que es imposible tener la más mínima confianza en la actuación del Gobierno regional y de la empresa en este caso, Ecologistas en Acción ultima una denuncia que se trasladará a los Juzgados de lo penal y a donde sea necesario, a ver si por esa vía si es posible llegar al fondo de todo este oscuro y lamentable caso.

Por último, Ecologistas en Acción exige que se precinte la zona del cementerio dentro de las instalaciones y se decrete el cierre cautelar total o parcial del parque temático hasta que se pueda garantizar el buen estado sanitario del mismo.

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• La plataforma Valladolid contra la Guerra, de la que forma parte Ecologistas en Acción Valladolid, ha convocado una concentración y jornada informativa para este sábado 23 de mayo, en la plaza de Fuente Dorada.
• El evento, que se desarrollará entre las 12:00 y las 14:00 horas, tiene como propósito principal denunciar la actual escalada belicista y el impacto de las políticas de rearme en el Estado español.

La organización basa su convocatoria en un análisis crítico de las cuentas públicas, señalando que, según datos del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI), el Estado español destinó en 2025 cerca de 40.000 millones de euros a gasto militar, lo que representa un 2,42% del PIB. Al respecto, fuentes de la plataforma han declarado: «El aumento del gasto militar es la antesala del desmantelamiento del Estado de Bienestar. No es posible financiar la paz y la justicia social mientras se nutre una carrera armamentística que, históricamente, siempre ha conducido al conflicto».

Concetración y jornada informativa por la paz y contra el auge belicista

Asimismo, la jornada servirá para denunciar el papel de la industria armamentística en Castilla y León y su influencia en el tejido económico regional. En palabras de la organización: «Castilla y León está siendo utilizada como terreno propicio para la industria armamentística, aprovechando nuestra desindustrialización como señuelo para instalar proyectos ligados a la logística militar. Consideramos que estos recursos deben destinarse a asentar población y a generar empleo socialmente útil, no a alimentar el negocio de la guerra».

El acto también tiene como objetivo visibilizar el rechazo social hacia la «normalización del belicismo» que, según denuncia la plataforma, permea actualmente diversos ámbitos sociales, educativos y culturales. La plataforma exige mayor transparencia sobre el uso del dinero público, rechazando que los presupuestos se desvíen de partidas fundamentales como la sanidad, la educación o la vivienda hacia la industria de defensa.

«Invitamos a toda la ciudadanía y a los colectivos de nuestra ciudad a sumarse a este acto en Fuente Dorada. Es el momento de organizarnos para decir no a la economía de guerra y reivindicar una cultura de paz que priorice la vida sobre el beneficio de las grandes corporaciones armamentísticas», han concluido desde la plataforma.

La plataforma Valladolid contra la Guerra, espacio de coordinación que agrupa a diversos colectivos, sindicatos y organizaciones políticas, reafirma así su compromiso con la resolución diplomática de los conflictos y su oposición frontal a la actual deriva armamentística.

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El Ayuntamiento de Maranchón ha aprobado la licencia para la construcción de la macrogranja de gallinas Cabezo Grande-El Morenal en la pedanía de Turmiel, a pesar de la reiterada oposición de sus vecinos, contrarios a este proyecto y a otras cuatro macrogranjas que se pretenden instalar en este término municipal.

La Plataforma para la Defensa del Valle y Hoces del Mesa recogió más de 150 firmas en contra, lo que representa la práctica totalidad de los habitantes de Turmiel. Asimismo, tanto la Plataforma, como Ecologistas en Acción y numerosos vecinos han presentado alegaciones y recursos contra la macrogranja, que han sido sistemáticamente ignorados por las Administraciones implicadas y el Ayuntamiento de Maranchón. También se han realizado concentraciones y reuniones informativas donde ha quedado clara la voluntad popular.

Esta situación pone de manifiesto una preocupante falta de atención a la posición expresada de forma prácticamente unánime por la población local, cuya oposición no ha tenido reflejo efectivo en las decisiones adoptadas ni en el proceso administrativo seguido hasta el momento. Resulta especialmente grave que se continúe avanzando en la autorización de estos proyectos sin incorporar de forma efectiva la voz de los vecinos en la toma de decisiones.

La macrogranja Cabezo Grande-El Morenal contará con 64.000 gallinas y perjudicará la calidad de vida de los vecinos de Turmiel con malos olores, trasiego de vehículos pesados y posibles contaminaciones de los acuíferos que pueden llegar a afectar al río Mesa. Hay que tener en cuenta que el promotor, Aviagen, ha presentado otros cuatro proyectos similares en el término municipal, sin que se hayan tomado en cuenta el efecto sinérgico y acumulativo de las cinco macrogranjas. Se ha recurrido a la clásica práctica de fragmentar el proyecto en cinco para facilitar la aprobación de la evaluación de impacto ambiental.

Todo el término municipal forma parte de la Zona Especial de Conservación y Zona de Especial Protección para las Aves “Parameras de Maranchón, Hoz del Mesa y Aragoncillo”, integrada en la Red Natura 2000. El área constituye un enclave de gran valor ecológico, con hábitats esteparios, zonas de reproducción de aves rapaces (águila real, cernícalo primilla, búho real…) y ecosistemas asociados a la paramera de la comarca molinera y al corredor biológico del Alto Tajo.

La instalación de las macrogranjas vacía de contenido esta zona protegida, ya muy castigada por numerosos parques eólicos, que además ha sido recientemente incluida en el Plan de Recuperación de la Alondra Ricotí, especie en peligro de extinción, que está tramitando la Junta de Castilla-La Mancha.

Estos proyectos son incompatibles con el modelo de protección de este área, su entorno natural y el modelo tradicional de desarrollo rural. No se descarta la adopción de medidas legales contra la aprobación del proyecto por parte del Ayuntamiento de Maranchón.

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• La Federación autonómica celebra en Burgos su Asamblea de Primavera para coordinar las luchas territoriales del próximo semestre.
• Se exige a la Junta de Castilla y León que deje de permitir la caducidad de miles de expedientes sancionadores por infracciones ambientales y que declare una moratoria para la instalación de renovables.

La Federación de Ecologistas en Acción de Castilla y León celebró el sábado 9 de mayo, en Burgos, su Asamblea anual de primavera, un encuentro clave donde los grupos locales de la comunidad han coordinado sus estrategias para enfrentar los desafíos ecosociales que afectan al territorio.

Freno a la expansión descontrolada del biogás y biometano

Uno de los puntos centrales de la jornada ha sido la aprobación de un proceso de debate para que la Federación adopte un posicionamiento firme ante el auge de las plantas de biogás y biometano. El problema de fondo se asocia a un sistema industrial de producción de alimentos que absorbe ingentes cantidades de recursos (agua, piensos industriales, energía) y genera enormes cantidades de emisiones a la atmósfera y de unos residuos líquidos, los purines, cuya gestión resulta difícil, habiéndose optado tradicionalmente por la incorporación al terreno como abono, si bien sin las debidas garantías y controles. Basándose en la experiencia de Valladolid y el trabajo de la plataforma Burgos se defiende, Ecologistas en Acción ha definido una serie de propuestas, que serán objeto de estudio, para que estas instalaciones tengan una implantación realmente sostenible y no se conviertan en un nuevo problema de salud pública y ambiental.

Denuncia de la amnistía ambiental de la Junta de CyL

La Asamblea ha mostrado su profunda indignación ante los datos recientes que confirman que la Junta de Castilla y León ha dejado caducar o prescribir miles de expedientes sancionadores por infracciones ambientales. “Es una dejación de funciones inaceptable que funciona como una amnistía de facto para los infractores”, han señalado durante la reunión. Así mismo, los distintos grupos locales de Ecologistas en Acción han compartido las diversas trabas que está poniendo la administración autonómica en el acceso a la información y a la participación, bloqueando el acceso a expedientes. Es por ello que la Federación ha acordado medidas para exigir responsabilidades y revertir estas situaciones de impunidad y falta de transparencia.

Contaminación por nitratos y emergencia hídrica

La calidad del agua sigue siendo una prioridad absoluta para la Federación. El grupo de Salamanca ha anunciado la reactivación de las mediciones de nitratos en el agua, una labor de ciencia ciudadana fundamental para denunciar la contaminación de los acuíferos y garantizar que los pueblos de la región tengan acceso a agua potable segura. Otros grupos, como el de Burgos, han compartido mediciones en municipios que sobrepasan con creces los límites establecidos, lo que le ha llevado a denunciar la situación ante la autoridad competente.

Moratoria a la instalación de renovables

Se ha ratificado la postura oficial ante el aluvión de proyectos fotovoltaicos que recorre el territorio. La organización considera que es necesaria una moratoria inmediata para la instalación de nuevas plantas industriales de renovables, exceptuando únicamente aquellas que fomenten la soberanía energética ciudadana, como el autoconsumo, las comunidades energéticas y las instalaciones sobre cubierta.

Próximas actividades

La Federación ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para participar en la Marcha Antinuclear el próximo 23 de mayo, para la cual se organizarán autobuses y apoyo logístico desde distintas provincias. Asimismo, se ha dado luz verde a una campaña de divulgación sobre el lobo ibérico mediante paneles informativos para fomentar la coexistencia y el respeto a esta especie emblemática.

Finalmente, la Asamblea ha explorado la posibilidad de nuevas alianzas y ha definido sus objetivos estratégicos para trabajar durante el próximo semestre, siempre de la mano de sus socias y socios quienes voluntariamente defienden el territorio y las injusticias sociales.

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• El recurso de Ecologistas en Acción ha motivado la sentencia que declara ilegales varios apartados que permitían transformar montes en cultivos agrícolas de forma amplia y poco justificada.
• Ecologistas en Acción Castilla y León ha logrado una importante victoria judicial tras la estimación parcial de su recurso contra el Decreto 9/2024 de la Junta de Castilla y León, que regula las autorizaciones de cambio de uso forestal.

El Tribunal declara nulos de pleno derecho varios de los elementos centrales del decreto, en concreto los apartados relacionados con declarar “cultivos de alto interés” los cultivos de regadío destinados a alimentación humana y otros que limitaban la protección de hábitats prioritarios únicamente a los catalogados como bosques. Los cultivos que requieran condiciones edáficas y/o climáticas especiales que solo se encuentran en superficies reducidas y que se dan cita en las parcelas en que se solicita el cambio de uso.

La sentencia además considera que la norma autonómica vulnera la Ley 43/2003 de Montes y la Ley 3/2009 de montes de Castilla y León, que establecen que el cambio de uso forestal debe tener carácter excepcional cuando no responde a razones de interés general. El Tribunal considera que el Decreto impugnado, aunque reconoce formalmente esa excepcionalidad, en la práctica la desvirtúa al ampliar y normalizar los supuestos en los que se permite transformar terrenos forestales, especialmente para usos agrícolas.

En particular, la Sala rechaza que pueda considerarse excepcional cualquier cultivo de regadío destinado a alimentación humana, al tratarse de una categoría tan amplia que permite justificar cambios de uso en un gran número de casos. Del mismo modo, critica la vaguedad de otros supuestos incluidos en la norma, cuya falta de definición facilita una aplicación arbitraria.

La sentencia también cuestiona el uso de argumentos como el Objetivo de Desarrollo Sostenible de “hambre cero” para justificar estos cambios, al considerar que recurrir a este tipo de razones —propias del interés general— para autorizar transformaciones que no lo son evidencia la falta de justificación de la norma.

Asimismo, el tribunal advierte de que el decreto introducía una protección insuficiente de los hábitats de interés comunitario, al limitarla únicamente a los catalogados como bosques, dejando fuera otros ecosistemas igualmente valiosos como brezales o formaciones herbosas.

Otro de los aspectos destacados del fallo es el rechazo al concepto de “equivalencia ecológica” planteado en el Decreto, al considerar que no es posible equiparar ecosistemas forestales complejos con cultivos, ni garantizar el mantenimiento de los servicios ecosistémicos mediante este tipo de sustituciones.

El tribunal concluye que la falta de concreción de la norma vulnera el principio de seguridad jurídica y la prohibición de arbitrariedad de la Administración recogidos en la Constitución.

La sentencia también descarta que el aumento de la superficie arbolada en Castilla y León justifique una flexibilización del cambio de uso forestal, recordando que la normativa vigente mantiene su carácter restrictivo.

Ecologistas en Acción ha aportado distintos informes científicos que alertaban del impacto potencial sobre hábitats protegidos y la importancia de estos hábitats abiertos para la conservación de distintos grupos de insectos en Castilla y León.

Esta sentencia deja claro que no se puede utilizar una norma autonómica para vaciar de contenido la protección del monte. El cambio de uso forestal es una excepción, no una regla, y no puede justificarse con criterios ambiguos ni con argumentos que no responden a un verdadero interés general”, señalan desde Ecologistas en Acción.

La sentencia no es firme y contra la misma cabe interponer recurso de casación.

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• La federación de Ecologistas en Acción de Castilla-La Mancha se reconoce horrorizada por el número y gravedad de las presuntas irregularidades cometidas y por las represalias adoptadas contra las personas que denunciaron internamente los hechos y que han sido despedidas.
• Considera que desde este momento se debieran estar llevando a cabo por parte de las autoridades judiciales y administrativas las actuaciones conducentes al esclarecimiento de los hechos y a determinar las responsabilidades penales o administrativas en las que hayan podido incurrir tanto la empresa como sus responsables.
• Ante las reveladoras informaciones publicadas en El Diario de que en el parque temático Puy du Fou en Toledo se han producido, presuntamente, actuaciones ilegales en el manejo y enterramiento de animales que se utilizan como parte de su ambientación y sus espectáculos, Ecologistas en Acción se dispone a estudiar con detalle toda la información publicada y a acometer las actuaciones legales pertinentes.

En los hechos denunciados se observan a primera vista distintos posibles delitos, tanto de maltrato animal como contra el medio ambiente y los recursos naturales, e innumerables infracciones administrativas. Todo ello agravado por el intento de ocultamiento de los hechos y de que, parece ser, una práctica rutinaria en el parque, y por las represalias y coacciones contra quienes de buena fe intentaron corregir la situación por los canales internos.

Las situaciones descritas dibujan un escenario organizado de conocimiento y encubrimiento de malas prácticas, así como un lamentable desinterés, tal vez incluso de connivencia, de quienes debían vigilar y controlar con especial celo las condiciones del parque temático. Entre ellos queda en muy mal lugar la obligada actividad inspectora tanto de la Consejería de Desarrollo Sostenible como de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y del Ayuntamiento de Toledo.

La información recogida por El Diario, con profusión de pruebas fotográficas y documentales, acompañadas de la ausencia de colaboración de Puy du Fou, sin siquiera aportar el registro de animales muertos en la instalación, ponen en evidencia demasiadas irregularidades, desde Ecologistas en Acción reconocen que les es imposible hacer en una valoración total de los hechos, debido a la magnitud y falta de transparencia. Por ahora, según la información recogida por el grupo ecologista es que durante años se eliminó una ingente cantidad de animales muertos que debían haber estado registrados y puestos a disposición de veterinarios y de empresas especializadas de gestión, creándose un vertedero ilegal en el que se ha puesto en riesgo tanto el medio ambiente, como la salud de los trabajadores. Sin olvidar el riesgo de transmisión de enfermedades a animales de explotaciones cercanas.

Según Ecologistas en Acción, esta misma mañana se debería proceder, por parte las autoridades de la Junta de Castilla-La Mancha y de la Fiscalía de medio ambiente de Toledo, al precintado y rastreo inmediato de la zona de enterramientos identificada en la información aludida así como el acceso a los registros de los catorce núcleos zoólogicos de los que Puy du Fou s.l. mantiene la titularidad.

Ecologistas en Acción ofrece todo su apoyo y todo su agradecimiento a quienes de forma valiente y tras sufrir un penosa situación personal mientras trabajaban en el Puy du Fou S.L. se han atrevido a dar el paso de denunciar todo lo que han denunciado.

Ecologistas en Acción trabaja ya con su servicio jurídico para valorar las acciones legales a acometer y las hará públicas en próximas fechas, pero recuerda que son las consejerías de la Junta de Castilla-La Mancha y las instancias judiciales las que están obligadas a actuar con rigor y determinación en la depuración de responsabilidades evitando que se puedan destruir o manipular pruebas que puedan ser esenciales.

El parque ha sido denunciado y criticado en diversas ocasiones debido al irregular proceso de aprobación del proyecto, el trato a las personas trabajadoras y por su falta de rigor histórico a las que se le añade el maltrato animal y delitos contra la salud pública.

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Agricultores y vecinos de la pedanía de Usanos y Ecologistas en Acción han expresado su preocupación por la construcción de los proyectos fotovoltaicos Oliva en terrenos de muy alta biodiversidad que están cerca de nidos de águila imperial.

Las cinco plantas fotovoltaicas, con una extensión total de 235 hectáreas, se están construyendo en Usanos, dentro del término municipal de Guadalajara, en terrenos con nidos de águila imperial a una distancia de entre uno y dos kilómetros. Se trata de una especie en peligro de extinción en Castilla-La Mancha. También están próximos nidos de águila real, especie catalogada como vulnerable.

Los estudios científicos recomiendan dejar una distancia de seguridad de al menos tres kilómetros con los nidos. Además en la zona hay aves esteparias protegidas como la avutarda, el sisón, la ganga ortega, cernícalos y los aguiluchos cenizo y pálido. Estudios del CSIC confirman que en Usanos existe un grupo reproductor de avutardas y que la calidad del hábitat es elevada, constituyendo un lugar de dispersión, migración y reproducción de la especie en la zona centro.

Los proyectos se aprobaron por el Ministerio de Transición Ecológica, a pesar de que la Junta de Castilla-La Mancha subrayaba en sus informes la elevada sensibilidad ecológica de la zona, y de que la propia Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Guadalajara ha llegado a proponer la zona como ZEPA para su integración en la red Natura 2000.

Asimismo cabe recordar que, tanto en Usanos como en municipios colindantes, se han desestimado proyectos similares, que distan apenas un kilómetro, por razones medioambientales, por lo que cabe preguntarse por qué el Ministerio ha dado el visto bueno a los proyectos Oliva, cuyo promotor es Solaria.

Estos colectivos advierten que la aprobación de este proyecto podría obedecer a una falta de coherencia en los criterios de evaluación ambiental, y que se podrían haber vulnerado los principios de prevención y precaución que establece la normativa medioambiental. Asimismo, se ha producido una fragmentación artificial del proyecto al dividirlo en cinco plantas para facilitar su aprobación, de manera que el Ministerio no ha tenido en cuenta el impacto acumulativo y sinérgico.

Solicitan a las administraciones competentes la revisión exhaustiva del expediente, transparencia en los criterios aplicados y, en su caso, la adopción de medidas cautelares que garanticen la protección efectiva del entorno natural y el cumplimiento estricto del principio de legalidad. Demandan la actuación inmediata, con todas las medidas a su alcance, de la Junta de Castilla-La Mancha y de la Fiscalía de Medio Ambiente para paralizar las obras, a la vista del evidente daño medioambiental que se está produciendo.

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• La concesión de la Autorización Ambiental a la macrogranja de Cidones (Soria) queda seriamente comprometida por los riesgos ambientales para el embalse de la Cuerda del Pozo según los documentos a los que ha tenido acceso ASDEN-Ecologistas en Acción de Soria.
• El estudio y alegaciones presentadas al proyecto han sido fundamentales para que las administraciones reconozcan la presencia y afecciones al Dominio Público Hidráulico que el promotor oculta.

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) ha informado desfavorable de la Confederación Hidrográfica del Duero en el trámite de obtención de la Autorización Ambiental Integrada de la Consejería de Medio Ambiente de la JCyl.

Las entidades alegantes al proyecto mostramos la presencia de arroyos en la ubicación del proyecto, así como las graves afecciones al Embalse de la Cuerda del Pozo. Finalmente la CHD, tras recibir y comprobar la veracidad de la situación hidrológica de la parcela, emitió un voto negativo en el órgano consultivo del Consejo Regional de Medioambiente del 5 de marzo de 2025;  pesar de los cual; la JCyL aprobó una DIA favorable al proyecto que fue publicada en el BOCyL 20/03/2025. En la documentación del proyecto, y luego en la DIA, se omite la presencia de arroyos próximos a la parcela y la falta de contestación a las alegaciones presentadas por particulares, por entidades sociales y por el Ayto de Cidones.

En el posterior trámite de Autorización Ambiental de la JCyL todavía no finalizado;  la CHD emitió el pasado 10 de marzo de 2026 un informe  desfavorable a esta explotación ganadera de 4.300 plazas de cerdos de cebo. Con este informe de la CHD da respaldo a su voto negativo al proyecto de la DIA, rectifica informes previos, y reconoce que la ubicación de la granja supone un riesgo extremo de contaminación para las aguas superficiales y subterráneas debido a su proximidad al embalse de la Cuerda del Pozo. La parcela se sitúa en una zona de escorrentía directa hacia el embalse con presencia de arroyos incluso dentro de la parcela que el promotor había ocultado en su Estudio Ambiental.

En la valoración de la existencia de riesgo crítico para el Embalse de la Cuerda del Pozo la CHD tiene en cuenta la múltiples figuras de protección del mismo: Zona declarada sensible “Embalse de La Cuerda del Pozo”, Zona de captación de agua para consumo humano y Zona de aguas de baño y recreo.

Ubicación y elementos hidrológicos cercanos a macrogranja de Cidones

Hay que tener en cuenta que está macrogranja se pretende instalar    a tan solo 160 metros al norte de los edificios proyectados de la planta de potabilización de agua de Cidones, y a 740 metros de su toma de agua del embalse. Incluso; la cartografía oficial confirmaba la existencia del nacimiento de un arroyo sin denominación dentro de la propia parcela de la explotación, un cauce que drena directamente hacia el embalse incrementando el peligro de afección al dominio público hidráulico, que la JCyL y el promotor ha omitido.

Además, la tramitación del proyecto tiene otras carencias que deberían impedir el dar la autorización ambiental, como son que el proyecto se ubica dentro de un Área de Ordenación del Paisaje (AOP) protegida por el Plan Regional del Valle del Duero (PRAT), un hecho que no ha sido adecuadamente valorado en los informes urbanísticos previos.

Por todo ello, y especialmente por la contundencia de los informes de la Confederación Hidrográfica del Duero que hablan de “riesgo extremo”, y las deficiencias y anomalías en el proyecto , los ecologistas y los habitantes de la zona esperan que la JCyL actúe en consecuencia y deniegue la Autorización Ambiental para este proyecto. La protección de la salud humana y de la principal reserva de agua de la provincia debe prevalecer sobre intereses particulares en una ubicación técnica y ambientalmente inadecuada.

informe contestación alegaciones macrogranja Cidones

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• Ecologistas en Acción de Castilla-La Mancha denuncia que la Consejería de Desarrollo Sostenible presente un plan de acción que persevera en el error de poner el foco en la especie y no en las cuestiones de fondo que afectan a un problema sobredimensionado por intereses espurios.
• El plan, a pesar de que reconoce el fracaso de la caza y la rebeldía del sector a aplicar medidas eficaces de protección, sigue poniendo el foco en la capturas. Desoye las recomendaciones de los estudios que financia la Junta y de muchos especialistas que piden poner el foco en la gestión de los hábitats y en la protección de los cultivos.
• La Consejería de Desarrollo Sostenible no ha invitado a la reunión de la Mesa Permanente a ninguna organización ambiental de ámbito regional, a pesar de que se le solicitó expresamente hace tres semanas, una decisión que se califica por sí sola.

La Consejería de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha acaba de presentar el llamado “Plan de Acción frente a la sobrepoblación de conejo de monte”, un conjunto de actuaciones que se anuncian como integrales y novedosas y que en palabras de la consejera Mercedes Gómez está llamado a atajar “la magnitud de los daños en explotaciones agrarias y el impacto en ecosistemas sensibles” que provoca la especie.
Este Plan llega después de la enésima campaña de presión de las organizaciones agrarias, en particular de Asaja, que ha llegado a amenazar con denuncias penales contra las responsables de la Consejería por, según la organización agraria, no haber puesto las medidas para controlar la plaga de conejos.

Una vez que se ha dado a conocer el Plan de Acción llaman la atención dos hechos. El primero es que pone el foco en la especie y en su pretendida sobrepoblación, más que en el conflicto social y en los daños reales. En una situación que tiene dos elementos a colación, se olvida ominosamente uno, la actividad agrícola, que es la fuente de tensiones en todo lo que rodea esta problemática. Y lo hace desde todos los puntos de vista, a escala de su extensión e intensificación en el territorio, de la desafección del sector respecto de la agricultura y saberes tradicionales y de la utilización espuria de la cuestión por parte de los grupos de presión y partidos.

En segundo lugar llama poderosamente la atención que de las siete medidas planteadas en el plan para su ejecución sobre el terreno (cinco de ellas novedosas), seis se dirigen únicamente a intensificar las capturas de conejo, con una prolija dedicación de medios económicos, materiales y humanos, incluida la asignación específica de nuevos funcionarios y a detraer de otras tareas a los agentes medioambientales. Destaca la propuesta de utilizar medios como la caza nocturna o las trampas que suponen un riesgo para la seguridad de las personas y para la biodiversidad. Mientras tanto, solo una medida se dirige a la gestión del hábitat mediante la instalación de protectores en cultivos, pero sin ninguna obligación para los agricultores.

En el análisis de la situación que ha conducido a la Consejería a este nuevo plan se reconoce el fracaso de la caza como medio de control de poblaciones y para paliar los conflictos. A pesar de que se lleva más de 10 años aplicando medidas extraordinarias de caza de conejos, ahora se reconoce la impotencia del sector para atajar la problemática.

Otro elemento destacado que analiza el plan es la resistencia, por no decir rebeldía, del sector agrícola a acometer medidas de autoprotección, incluso aquellas que han sido propias del conocimiento tradicional y cuya eficacia está demostrada técnicamente. Así se demuestra de la lectura del plan cuando se indica la escasa acogida que han tenido las ayudas para instalación de protectores y mallas conejeras. Entre 2014 y 2020 se resolvieron 67 expedientes, un número ridículo de peticiones, y además solo 22 se terminaron por ejecutar. ¿Cómo se puede entender que los agricultores no protejan sus cultivos si el problema es tan grave como dicen y además se les subvenciona para ello? Tal vez, ya es momento de dejar de ayudar a aquellas explotaciones que no toman medidas de autoprotección sencillas y gratuitas.

Vender la caza como método de control necesario y la permanente campaña de quejas de las organizaciones agrarias para obtener mayor influencia y subvenciones parecen ser dos factores muy relevantes para explicar un conflicto muy sobredimensionado y que a juicio Ecologistas en Acción admite soluciones que no se quieren abordar.

Tal vez por ello, por no escuchar las voces incómodas de quienes conocen bien la idiosincrasia que a nivel regional mueve los hilos de esta problemática, es que no se ha invitado a absolutamente ninguna organización ambiental de carácter regional a la Mesa permanente del conejo, incumpliendo la Consejera su anuncio de que estarían en ella todas las que quisieran participar.

En estas circunstancias Ecologistas en Acción reclama una reunión urgente con la Consejería de Desarrollo Sostenible y una evaluación ambiental y reformulación del plan del conejo, ya que en su planteamiento y concepción es susceptible de provocar notorios impactos en el medio natural y en los espacios y especies protegidas sin aportar nada a la solución del conflicto.

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La organización ratifica que solo apoyará los proyectos que garanticen la soberanía energética ciudadana y la protección del suelo agrario, exigiendo una moratoria inmediata para las plantas industriales.

La Federación de Ecologistas en Acción de Castilla y León ha fijado su postura oficial ante el aluvión de proyectos fotovoltaicos que recorre el territorio. Tras una votación en su comité federal, la organización ha sido clara: es necesaria una moratoria inmediata para la instalación de nuevas plantas industriales de renovables, exceptuando únicamente aquellas que fomenten la soberanía energética ciudadana, como el autoconsumo, las comunidades energéticas y las instalaciones sobre cubierta.

Un cambio de modelo: del extractivismo a la democratización

La organización defiende que la transición energética no debe ser una moneda de cambio que hipoteque el suelo agrario y el paisaje de Castilla y León para beneficiar a grandes empresas.

“Nuestra prioridad absoluta es que el foco se traslade a las instalaciones en tejados de polígonos, grandes aparcamientos y edificios públicos. No podemos seguir ocupando tierras de cultivo cuando tenemos miles de hectáreas de cubiertas infrautilizadas”, señalan desde la Federación.

Datos que avalan la saturación del territorio

La petición de moratoria no es arbitraria, sino que responde a la saturación energética que reflejan los datos consolidados de 2024:

• Exceso de objetivos: Castilla y León ya tiene un 92,8% de energía renovable en su mix, superando con seis años de antelación el objetivo del Gobierno de España para 2030 (81%).
• Superávit de exportación: La producción conjunta de eólica y fotovoltaica alcanzó los 15.952 GWh, lo que supone cubrir el 121,1% de toda la demanda eléctrica regional.
• Red saturada: Mientras se proyectan nuevas macroplantas, hay 15.000 millones de euros en proyectos industriales bloqueados en la región porque la red eléctrica está saturada enviando energía hacia Madrid y otros grandes centros de consumo.

Justicia territorial y protección del suelo

Desde Ecologistas en Acción denuncian que la explosión fotovoltaica actual (especialmente en el eje Palencia-Zamora-León) busca aprovechar los nudos de red de las antiguas térmicas para evacuar energía fuera de la comunidad, sin dejar beneficios locales y bloqueando el desarrollo de la agroecología o el turismo sostenible.

Con esta postura, la organización busca:

• Protección de suelos de alto valor: Evitar la ocupación de tierras agrícolas por paneles a gran escala.
• Reducción del consumo: Priorizar la eficiencia para evitar que el crecimiento renovable alimente un consumo ilimitado.
• Seguridad jurídica: Garantizar el desmantelamiento y restauración de los terrenos cuando las instalaciones actuales cumplan su vida útil.

La Federación concluye que “el modelo de exportación masiva sin contraprestaciones está agotado”. Por ello, instan a las administraciones a detener la autorización de grandes parques y centrar todos los esfuerzos técnicos y económicos en el autoconsumo y las instalaciones de proximidad, las únicas que garantizan un beneficio real para las personas de Castilla y León.

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