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AnteayerKolectivas

Involución total y desprotección ambiental en Andalucía

5 Julio 2026 at 11:11
Por: Sanlúcar

  • Ecologistas en Acción de Andalucía considera que el pacto PP-VOX consolida la desregulación ambiental, el debilitamiento de los servicios públicos y la criminalización del movimiento social, y llama a construir una amplia respuesta ciudadana.

En Andalucía seguimos la senda de Extremadura, Castilla y León y  Aragón. El PP asume e incorpora las tesis xenófobas de Vox, camuflando la “prioridad nacional” bajo el “arraigo”.

Con este pacto de 60 páginas y 150 medidas, aparecidas para la ciudadanía de un día para otro, se consagra la subordinación de los recursos públicos a los intereses privados, la privatización de la gestión ambiental y la falta de planificación democrática.

Vivimos una crisis ecológica cuya solución ya no admite más demoras, pero este pacto trae, en algunos casos, propuestas que suponen una renuncia vergonzosa de lo que eran principios para el PP, y en otros representan una vuelta de tuerca aún más reaccionaria sobre las políticas antisociales y antiecológicas que venía practicando el gobierno derechista andaluz.

Particularmente preocupantes son los propósitos de este lamentable acuerdo de desregular todo lo inimaginable, dedicando toda una Consejería, en manos de Vox, no a gobernar o legislar, como corresponde a todo gobierno, sino a anular leyes que ordenan la convivencia; deshacer y no crear. Se pretende suprimir cautelas, ayudas y oportunidades generales, para que la ley imperante solo sea la del más fuerte.

La “simplificación” para todo tipo de proyectos e iniciativas empresariales sigue el camino de las letales y recién aprobadas leyes de Gestión Ambiental y de Montes, donde la Administración externaliza las tareas de control al interés privado y permite ceder la explotación de fincas y montes públicos al capital privado.

Incoherencias en este acuerdo las hay a puñados, pero particularmente contradictorio es asegurar que se pretende reducir la presión fiscal a los andaluces al mismo tiempo que se afirma la pretensión de incrementar las partidas de sanidad, educación y dependencia. ¿De dónde piensan que salen esas partidas para los servicios públicos?, ¿Cómo mienten tan tranquilamente? Una de estas “curiosidades” es la propuesta en educación de que se enseñe la historia del terrorismo… ¿todos?, ¿desde cuándo?

En compromisos (o más bien en su ausencia) climáticos, pasamos de un nihilismo paralizante, el Plan Andaluz de Acción por el Clima, que se ha limitado a meras medidas de “compensación” de emisiones, a un negacionismo con todas las señas de identidad de Vox y su anatema de “fanatismo climático”; lo que va mal, es susceptible de empeorar.

La Agenda 2030 y el Pacto Verde, dos iniciativas comunitarias de largo alcance aunque de nimios resultados, se consideran una bestia negra a suprimir. El campo se “blinda” frente a los “aspectos negativos” de la Agenda 2030 y el Pacto Verde, con rechazo formal al acuerdo UE-Mercosur y a la reforma de la PAC 2028-2034. Se suprimen las cargas autonómicas derivadas del Pacto Verde, se revisan las zonas ZEPA y LIC, se exigen al Estado las presas de Alcolea, Gibralmedina, Rules y Siles y se defiende la ganadería intensiva frente a la “criminalización animalista”.

A dos serios problemas de nuestra comunidad, como son las inundaciones y los incendios forestales, se dan soluciones simples e ignorantes, en plan cuñadismo, como “limpiar” ríos y “limpiar” bosques, cuando se trata de efectos de causas mucho más complejas e universales.

Otras defensas sin matices en este pacto son igualmente de vergüenza, como las de la:

  • tauromaquia, cuya defensa, junto a la caza como atractivo turístico es patético, y les puede salir mal transmitiendo una imagen atávica y cruel con los seres vivos.
  • la caza como gestora del medio natural, una ignorancia irresponsable.
  • la ganadería intensiva y la pesca de arrastre, actividades que a corto y medio plazo supondrán problemas graves a nuestros recursos.
  • Permitir sin control los fitosanitarios, seguir con la dependencia de fertilizantes y combustibles, en vez de apostar por un modelo agroecológico que reduzca dependencias externas y produzca sano, es otro ejemplo de este sinsentido programático.

Y lo que el pacto entiende por cultura es de traca: más inversión en patrimonio, con un fondo específico para iglesias, conventos y monasterios, además de las ya indicadas en toros y caza: en definitiva, prioridad para la Iglesia, la tauromaquia y caza.

La fiscalidad ambiental, una poderosa herramienta de sostenibilidad, se suprime: desaparecerían los impuestos a las bolsas de plástico, a las emisiones de gases y a los vertidos a aguas litorales: toda una contrarreforma antiecológica.

Las organizaciones sociales son consideradas, no como unos agentes necesarios para el cambio social, sino como un enemigo a abatir: se suprimen todas las subvenciones a ONG que no concuerden con los postulados reaccionarios del acuerdo y la “prioridad nacional”.

Es tal la acumulación de amenazas y peligros que contiene este infausto acuerdo de gobierno, que la respuesta de las organizaciones sociales debe ser contundente y unida. Necesitamos una fuerte movilización, que consiga aunar esfuerzos en defensa de los servicios públicos que se nos quieren arrebatar y asegure la protección ambiental y el compromiso climático.

La acción de gobierno que requiere Andalucía debe hacerse con inclusión, participación real y justicia social; necesitamos hacer frente a esta desposesión y a este retroceso que se nos viene encima.

Frente a esas 150 medidas del pacto, Ecologistas en Acción defiende las 150 medidas plasmadas en el documento que elaboraron cara a las recientes elecciones.

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Los planes de la Comisión Europea para su programa Legislar Mejor privilegia los intereses empresariales

Organizaciones de la sociedad civil, sindicatos y entidades de defensa del interés público han instado a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y al Colegio de Comisarios a reconsiderar los cambios propuestos en el programa Legislar Mejor (Better Regulation) de la UE, advirtiendo que podrían socavar la toma de decisiones, la transparencia y la rendición de cuentas.

En una carta abierta, las 58 organizaciones firmantes, entre las que se encuentra Ecologistas en Acción, sostienen que existen elementos clave de la nueva comunicación de la Comisión que que favorecerían a las grandes empresas frente al interés público y crearían una jerarquía entre los distintos grupos de interés. La comunicación, que lleva el nombre de “Un cuerpo normativo de la UE más simple, más claro y mejor aplicado” (A Simpler, Clearer, and Better Enforced EU Rulebook), forma parte del programa Legislar Mejor, que también incluye planes ambiciosos de desregulación para doce áreas políticas diferentes.

Las organizaciones advierten de que todo ello consolidaría un desequilibrio estructural a favor de un reducido grupo de sectores industriales, al tiempo que debilitaría las salvaguardas que garantizan una elaboración de políticas basada en pruebas y una participación pública significativa.

La organización ecologista advierte de que la comunicación, publicada a finales de abril, es un intento de legitimar los procedimientos de urgencia de la Comisión Europea y sus métodos de consulta deficientes, utilizados para impulsar iniciativas de desregulación a gran velocidad.

En su carta, las organizaciones firmantes señalan cuatro elementos que consideran especialmente preocupantes de la comunicación:

1. Nuevos procedimientos de urgencia que podrían eludir las evaluaciones de impacto y los procesos de consulta, a pesar de que la Defensora del Pueblo europea ha constatado recientemente casos de mala administración en el uso de dichos procedimientos.

2. Formatos de consulta selectivos que otorgan un trato preferente a determinados intereses empresariales.

3. Medidas contra el denominado gold-plating (la adopción por los Estados miembros de normas más exigentes que las europeas), que podrían impedir a los Estados establecer mayores niveles de protección para el medio ambiente y los derechos de las personas trabajadoras y consumidoras.

4. Normas con una vigencia limitada que podrían eliminar automáticamente salvaguardias en materia de salud pública, protección ambiental y derechos fundamentales.

La carta, además, formula seis recomendaciones, entre ellas la realización de evaluaciones de impacto exhaustivas, la celebración de consultas públicas transparentes y el respeto al derecho de los Estados miembros a adoptar normas de protección más elevadas.

Según Ecologistas en Acción, “los planes de la Comisión sobre la mejora de la legislación buscan consolidar y perpetuar su toma de decisiones antidemocrática sobre los paquetes ómnibus. En lugar de frenar sus métodos, duramente criticados, para imponer su agenda de recortes de derechos sociales, laborales y ambientales, la UE pretende facilitar aún más esta práctica”.

La organización ecologista denuncia que el enfoque de la Comisión refleja las estrategias del Ministerio de Desregulación del Gobierno de Milei: desorientar a la oposición desregulando simultáneamente numerosas disposiciones y sectores.

Al mismo tiempo, insiste en que los planes que ahora presenta la Comisión empeorarán los niveles de protección de las personas trabajadoras, consumidoras, la naturaleza y muchas otras áreas de actuación política, en beneficio de las grandes corporaciones responsables del colapso socioambiental global.

Por todo ello, Ecologistas en Acción exige al Gobierno de España, al Parlamento Europeo y al Congreso de los Diputados “que impidan este golpe que podría acabar con la obligación de llevar a cabo consultas amplias, sustituyéndolas por intercambios centrados exclusivamente en los grupos de presión empresariales”.

 

Carta abierta

Un retroceso en la política de «Legislar Mejor», no un avance

Estimada presidenta von der Leyen, estimados miembros del Colegio de Comisarios:

Nos dirigimos a ustedes para expresar la preocupación de la sociedad civil por las propuestas de modificación de las actuales Directrices sobre Legislar Mejor, así como por otras iniciativas recogidas en su Comunicación titulada «Un cuerpo normativo de la UE más simple, más claro y mejor aplicado».

Las organizaciones abajo firmantes consideramos que la Comisión está adoptando medidas que resultan inaceptables desde una perspectiva democrática, que no son coherentes con la estrategia de la UE para la sociedad civil y que establecen una jerarquía entre los distintos grupos de interés, al otorgar ventajas a las empresas en detrimento del interés público y de la economía en su conjunto.

Varias de las reformas propuestas corren el riesgo de socavar la elaboración de políticas basada en pruebas, la transparencia y la rendición de cuentas, al reforzar un desequilibrio estructural en favor de un reducido grupo de intereses industriales. Por ello, consideramos que es necesario reconsiderar elementos importantes de la Comunicación. Estas preocupaciones se ven reforzadas por las recientes conclusiones de la Defensora del Pueblo Europeo, que constató casos de mala administración en el uso de los procedimientos de urgencia. En lugar de corregir esos problemas, la Comisión responde debilitando las mismas normas para poder seguir recurriendo a dichos procedimientos al amparo de unas directrices menos exigentes.

Las organizaciones firmantes están especialmente preocupadas por los siguientes aspectos:

1. Procedimientos de urgencia y evaluaciones de impacto

En la Comunicación, la Comisión se compromete a realizar un mayor número de evaluaciones de impacto, pero al mismo tiempo reduce su calidad y relevancia al limitarlas mediante una «matriz de impactos clave» centrada en los costes para las empresas.

Para responder a las conclusiones de la Defensora del Pueblo Europeo, la Comisión intenta definir las circunstancias en las que la «urgencia» permitiría excepciones al procedimiento ordinario, pero sin ofrecer garantías suficientes. En primer lugar, el concepto de «urgencia» se define de manera excesivamente amplia, incluyendo una vaga referencia al «contexto político», lo que impide cualquier certeza o previsibilidad. En segundo lugar, la Comisión crea dos niveles de procedimientos de urgencia: uno con evaluaciones de impacto y consultas limitadas, y otro, reservado a casos de «urgencia particular», que prescinde completamente tanto de las evaluaciones de impacto como de las consultas. Cualquier excepción a los procedimientos ordinarios debería estar estrictamente delimitada, objetivamente justificada y sometida a un control independiente.

En la misma línea, consideramos profundamente preocupante que la Comisión sugiera que el Parlamento Europeo introduzca evaluaciones de impacto sobre las «enmiendas sustanciales» utilizando el denominado modelo estándar de costes (standard cost model). Esta metodología está desfasada y presenta graves deficiencias, ya que no tiene en cuenta el coste real de una propuesta legislativa ni el coste de la inacción para el conjunto de la sociedad, incluidos los impactos ambientales y sociales, de los que depende la propia economía. La economía no existe en el vacío y no puede evaluarse como si así fuera.

La Comisión está allanando el camino hacia una vía rápida y simplificada para la «simplificación» de la legislación europea. Las decisiones políticas relativas a los derechos laborales y sociales, la protección del medio ambiente, la protección de los consumidores, los derechos digitales, la salud pública o los derechos fundamentales no deben quedar subordinadas a análisis simplificados de coste-beneficio.

2. Consultas y participación de las partes interesadas

Nos preocupa la creciente dependencia de la Comisión de los formatos de «consultas específicas». En la práctica, esto suele significar que se dejan de lado otras perspectivas distintas de las de determinados grupos empresariales seleccionados. Uno de los ejemplos más recientes es el nuevo instrumento denominado Reality Checks, en el que, por regla general, únicamente se invita a participar a empresas y en el que, además, brilla por su ausencia cualquier tipo de transparencia. Como consecuencia, al preparar sus propuestas legislativas, la Comisión corre el riesgo de generar importantes puntos ciegos y graves injusticias.

Consideramos que este enfoque vulnera los Tratados de la Unión Europea, así como las normas y principios establecidos en materia de consultas públicas.

3. Normas nacionales que superan los requisitos mínimos de la UE

Nos preocupa especialmente el enfoque cada vez más negativo respecto al denominado «gold-plating», un término acuñado por determinados intereses empresariales para presionar a la Comisión con el fin de limitar la capacidad de los Estados miembros para adoptar medidas más estrictas que las acordadas a escala europea.

En sí mismo, no hay nada reprochable en el «gold-plating». La adopción de medidas nacionales más ambiciosas es plenamente legítima cuando su finalidad es elevar los niveles de protección, y los parlamentos nacionales tienen pleno derecho a hacerlo. Además, ello puede contribuir positivamente a elevar posteriormente el nivel de protección en toda la Unión Europea, ya que la legislación suele influir en la evolución de la cultura jurídica y de las prácticas políticas.

Por ello, condenamos el enfoque unilateral con el que se presenta el «gold-plating» y las medidas que la Comisión propone adoptar. La propuesta de la Comisión sugiere que deberían emprenderse actuaciones a escala europea incluso cuando las medidas nacionales no sean contrarias al Derecho de la Unión. Está previsto que esto ocurra, entre otros ámbitos, en el contexto del Semestre Europeo.

En materia de política social, legislación laboral y condiciones de trabajo, los Estados miembros aplican con frecuencia normas más ambiciosas y deben seguir pudiendo hacerlo, de conformidad con el artículo 288 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). Del mismo modo, en materia de política ambiental, el artículo 192 del TFUE prevé expresamente la posibilidad de que los Estados miembros adopten medidas de protección más estrictas.

4. Limitaciones temporales de las políticas públicas

La Comunicación contiene varios elementos cuyo alcance aún no está claramente definido, pero que tememos puedan utilizarse de forma perjudicial.

Entre ellos figura la intención de introducir un mayor número de cláusulas de derechos adquiridos (grandfathering clauses), que podrían utilizarse para retrasar la aplicación de normas esenciales destinadas a proteger el medio ambiente o la salud pública.

Aún más problemáticas son las denominadas cláusulas de caducidad (sunset clauses). Con este tipo de disposiciones, deja de ser necesario justificar la derogación de una norma protectora y pasa a ser necesario justificar su mantenimiento. Se invierte así la carga política de la prueba. Regulaciones esenciales podrían quedar automáticamente derogadas si no se alcanzara a tiempo un acuerdo sobre el correspondiente proyecto legislativo.

El camino a seguir

En términos generales, la Comisión está impulsando un conjunto de supuestas reformas orientadas a promover una visión cada vez más limitada y cortoplacista de la toma de decisiones. Se trata de marginar, dentro de los procedimientos de elaboración normativa, todos aquellos intereses distintos de los empresariales. Al reducir el escrutinio, debilitar la participación y priorizar un conjunto muy limitado de indicadores económicos, estas reformas corren el riesgo de invisibilizar sus repercusiones sobre la sostenibilidad ambiental, la cohesión social, la salud pública, los derechos de los consumidores, los derechos de las personas trabajadoras y los derechos fundamentales.

Esto representa exactamente lo contrario de lo que debería significar una política de Legislar Mejor.

Debe ponerse fin al despilfarro de recursos públicos en beneficio de intereses particulares.

Por ello, exigimos:

  • Poner fin al incumplimiento de los Tratados de la UE. Las disposiciones de los Tratados que exigen integrar, entre otros, los objetivos de protección ambiental y los intereses de las personas trabajadoras y consumidoras deben reflejarse plenamente en las Directrices sobre Legislar Mejor (artículos 3, 11 y 153 del TFUE).
  • Alinear la política de Legislar Mejor con los diez principios rectores para el diálogo con la sociedad civil recogidos en la Estrategia de la UE para la Sociedad Civil.
  • Situar la transparencia como prioridad. Todas las consultas deben ser públicas, abiertas y transparentes.
  • Garantizar un diálogo civil estructurado y una participación significativa del mundo académico, la sociedad civil y los sindicatos en los grupos consultivos. Ha llegado el momento de poner fin al predominio de los grupos de expertos dominados por intereses empresariales.
  • Realizar evaluaciones rigurosas de los impactos de la nueva legislación, teniendo en cuenta todos los aspectos pertinentes. Los análisis simplificados de coste-beneficio ofrecen a los responsables políticos una imagen sesgada y engañosa.
  • Poner fin a los ataques unilaterales contra el denominado «gold-plating». Lo que está en juego son estándares fundamentales de protección en ámbitos como el Derecho laboral y la protección de las personas trabajadoras, los derechos de los consumidores y la legislación ambiental.

Instamos a la Comisión Europea a tener en cuenta estas preocupaciones al revisar las directrices y herramientas sobre Legislar Mejor.

Quedamos a su disposición para colaborar y contribuir a este proceso.

Atentamente,

ActionAid France

ACV-CSC (Belgium)

Alternatif Bilisim (Turkey)

Animal Advocacy & Food Transition (EU)

Arnika (Czech Republic)

Association For Promotion Sustainable (India)

ATTAC Austria

ATTAC España

ATTAC France

Austrian Federal Chamber of Labour

BirdLife Europe and Central Asia

CEE Bankwatch Network (Central and Eastern Europe)

CHEM Trust (Europe)

Child Rights International Network (Belgium, UK and international)

Climate Action Network (CAN)

Europe CorA-Netzwerk für Unternehmensverantwortung (Germany)

Corporate Europe Observatory (Europe)

Defend Democracy (EU)

Die Bürokratiemonster(Germany)

Digitalcourage (Germany)

Ecologistas en Acción (Spain)

Electronic Frontier Norway (Norway)

epicenter.works (Austria)

European Anti-Poverty Network (Belgium/Europe)

European Civic Forum (EU)

European Digital Rights (EDRi) (Europe)

European Environmental Bureau (EU)

European Grandparents for Climate (Austria)

European Network Against Arms Trade (Europe)

European Public Services Unions (EPSU, Europe)

European Transport Safety Council (ETSC, Belgium)

Fairwatch (Italy)

Fern (EU)

FNV (The Netherlands)

foodwatch international (Belgium)

France Nature Environnement (France)

Friends of the Earth Europe (Europe)

Générations Futures (France)

GLOBAL 2000 (Austria)

Grandparents for Future (Austria)

Greenpeace EU Unit (BE/EU)

GYBN Austria – Austrian Youth Biodiversity Network (Austria)

Human Development Research Initiative (HDRI) (France)

Irish Coalition for Business and Human Rights (Ireland)

JESC – Jesuit European Social Centre (Belgium)

LobbyControl (Germany)

Kettensäge stoppen! (Austria)

Notre Affaire à Tous (France)

Palombar – Associação de Conservação da Natureza e do Património Rural (Portugal)

PowerShift e.V. (Germany)

ReCommon (Italy)

REZERO (Spain)

Rise For Climate Belgium (Belgium)

The Good Lobby (Europe)

Transparency International EU (EU)

Trócaire (Ireland)

WSM – We Social Movements (Belgium)

WWF European Policy Office (Belgium/EU)

ZERO – Association for the Sustainability of the Earth System (Portugal)

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El fin de la hiperglobalización, el resurgimiento del imperialismo y las perspectivas de una transformación genuina

1 Julio 2026 at 09:00
Por: Nuria

Imagen: Reproducción pintura de Banksy

Profesora emérita Jane Kelsey, Universidad de Auckland, Aotearoa (Nueva Zelanda)*

Mesa redonda principal: «El Derecho internacional en un orden mundial fracturado», Conferencia de Derecho Internacional de Bogazici, Estambul, 13 de junio de 2026

Parece que últimamente está de moda empezar citando a Antonio Gramsci: «Nos encontramos en un interregno: lo viejo muere, lo nuevo aún no ha nacido, y estamos rodeados de síntomas mórbidos». Lo «viejo» es el orden internacional «basado en normas» que ha prevalecido desde la Segunda Guerra Mundial, o en el régimen comercial internacional, desde la década de 1980. Su desmoronamiento se atribuye, según quién, al auge del nacionalismo económico, a las rivalidades entre grandes potencias y a las políticas populistas que han propiciado gobiernos autoritarios.

Pero con demasiada frecuencia esos comentaristas olvidan que Gramsci fue un comunista encarcelado por el régimen fascista de Mussolini y que describió la crisis hegemónica a la que se enfrentaban la clase dominante italiana y su sistema de gobierno en la década de 1920. Los síntomas mórbidos que observó —autoritarismo, extremismo político y desintegración social— eran producto de una lucha política en torno a las relaciones materiales y sociales, entendida desde la perspectiva del materialismo histórico. A nivel internacional, a ello se sumaban la brutalidad y el nihilismo de la colonización y el imperialismo, que quedaban fuera del foco inmediato de Gramsci.

Si lo trasladamos a la actualidad, los mismos síntomas mórbidos del autoritarismo, el extremismo político y la desintegración social deben entenderse como productos del capitalismo hiperglobalizado que ha prevalecido desde la década de 1980. Y las profundas disparidades entre quienes dictan las normas y quienes las acatan en el régimen internacional de comercio e inversión se asientan en su legado colonial, al que se suman nuevas formas de militarización e imperialismo.

La versión anémica y popular de Gramsci evita tener que abordar las desigualdades de la hiperglobalización y el capitalismo financiarizado, y reajustar en consecuencia las reglas del juego a nivel mundial.

Tomemos como ejemplo el tan celebrado discurso que el primer ministro canadiense y antiguo gobernador del Banco de Inglaterra, Mark Carney, pronunció en el Foro Económico Mundial el pasado mes de enero. Carney reconoció que el actual «sistema internacional basado en normas» fue diseñado por y para los Estados poderosos, principalmente Estados Unidos, con el fin de servir a sus intereses. Canadá y las potencias medias se conformaban con «vivir en esa mentira» porque les resultaba beneficioso.

Ahora que esa ficción ha quedado al descubierto, la solución que propone Carney pasa por «gestionar los riesgos» y construir un mundo más cooperativo y resiliente. Él y otros líderes de potencias medias se han propuesto restablecer el equilibrio del sistema basado en normas que se está desmoronando y del que han llegado a depender, desarrollando una multiplicidad de relaciones nuevas y más diversas que reduzcan su dependencia de la antigua potencia hegemónica, Estados Unidos. En otras palabras, trasvasar el viejo vino neoliberal a botellas nuevas. Al mismo tiempo, se esfuerzan por mantener el equilibrio geoestratégico separando su dependencia comercial de China de las alianzas de defensa y seguridad con Estados Unidos, para evitar tener que tomar partido.

Los especialistas en política comercial reconocerán esto como la «teoría de la bicicleta tambaleante». Cuando el sistema del que depende tu economía corre el riesgo de derrumbarse, y las soluciones auténticas requerirían un reajuste masivo del poder público y privado, pedaleas más rápido en la misma dirección para mantener la bicicleta en pie, acompañado por tantos compañeros de viaje como sea posible. Incluso si esa dirección te lleva al precipicio.

No hay necesidad, ni espacio, para analizar críticamente por qué el sistema está roto, y mucho menos para replantearse el paradigma. Como fieles ciudadanos de la OMC, están ocupados ampliando sus «normas» a través de acuerdos de libre comercio (ALC) bilaterales y regionales, cada vez más en sectores como el digital, los «relacionados con el medio ambiente» y los minerales críticos.

Mi propio país, Aotearoa Nueva Zelanda, es el ejemplo perfecto de esta miopía. Parece que cada dos meses se lanzan a negociar un nuevo acuerdo de alcance limitado con un grupo de países afines, sin otro objetivo claro que el de dar la impresión de que se está avanzando. Como me dijo recientemente un funcionario de comercio: «Nueva Zelanda será el último país en apagar la luz del sistema actual». Su agenda de «reformas» busca apaciguar a EE. UU. y rescatar a la OMC y su sistema basado en normas, ignorando de manera pragmática las partes ahora inconvenientes del reglamento que pretenden defender. No hay debate, y mucho menos respuesta, sobre el dilema de que nuestra economía nacional, dependiente de las exportaciones, se apoya en China como su principal mercado, mientras busca apaciguar a EE. UU. y mantener una relación asimétrica en materia de estrategia, defensa e inteligencia.

Para algunos de nosotros, el colapso del «sistema basado en normas» no es ninguna sorpresa. Llevamos mucho tiempo defendiendo que es intrínsecamente insostenible. A lo largo de cuatro décadas, el «libre comercio» ha agravado las desigualdades dentro de las naciones y entre ellas, y ha propiciado una forma inestable de capitalismo financiarizado. Las normas de nueva generación sobre el comercio electrónico y el comercio digital han empoderado a oligarcas irresponsables y sin límites para que ejerzan un control económico, político y militar casi sin restricciones sobre los datos, las tecnologías digitales, las plataformas y la IA.

Ahora vivimos en un mundo que, literalmente, se está consumiendo a sí mismo y generando una catástrofe climática existencial. Las soluciones a esto, según nos dicen, residen en extraer tierras raras y minerales críticos de la tierra y el mar, repitiendo la explotación colonial de Estados ricos en recursos, pero económicamente empobrecidos. La última tendencia en los acuerdos sobre minerales críticos, diseñados para abastecer de materias primas a EE. UU. y excluir a China de las cadenas de suministro, y los denominados acuerdos de economía verde que promueven los créditos de carbono negociables y la captura, utilización y almacenamiento de carbono (CCU), evitan cuidadosamente cualquier compromiso que socave la producción emisora de carbono de la que depende el capitalismo contemporáneo.

El colapso de la OMC

Permítanme analizar un síntoma mórbido específico. La OMC se creó en 1995 para impulsar el paradigma de la hiperglobalización. Como admite Carney, las normas comerciales vigentes en materia de agricultura, bienes, servicios financieros y de otro tipo, y derechos de propiedad intelectual estaban sesgadas a favor de EE.UU., la UE y sus empresas y mercados. Los países en desarrollo aceptaron los resultados asimétricos de la Ronda Uruguay —los Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), las Medidas en materia de Inversiones relacionadas con el Comercio (MIC), el Acuerdo sobre la Agricultura y el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS) — con la promesa de un futuro reequilibrio que reflejara el acervo de la OMC en materia de desarrollo. Se les dijo que la ronda multilateral de Doha, iniciada en 2001, abordaría las cuestiones pendientes en materia de desarrollo. Pero la ronda quedó efectivamente descartada cuando los Estados poderosos retiraron su apoyo en la conferencia ministerial de Nairobi de 2015. 

Durante la última década, los responsables de la elaboración de normas, encabezados por Estados Unidos, han trabajado sistemáticamente para remodelar la OMC con el fin de que se adapte a sus nuevas prioridades; en la práctica, han llevado a cabo un golpe de estado que les permite eludir sus propias reglas. Este proceso comenzó mucho antes de la llegada de Trump. Estados Unidos empezó a bloquear los nombramientos para el Órgano de Apelación de la OMC hace más de una década, y este se encuentra paralizado desde 2019. Recientemente, han vetado nuevos nombramientos por 91.ª vez.

En la Reunión Ministerial de Buenos Aires de 2017, algunos grupos de miembros de la OMC anunciaron planes para negociar acuerdos plurilaterales sobre sus temas prioritarios, sin un mandato, pero con el apoyo de la Secretaría. La nueva directora general, la Dra. Ngozi Konjo-Iweala, ha defendido con entusiasmo lo que ella denomina «reforma mediante la acción», al margen de las normas de la OMC. Irónicamente, la India y Sudáfrica han sido tachadas de «obstaculizadoras» por insistir en que los Miembros cumplan el Acuerdo de Marrakech y cumplan los mandatos existentes.

La agenda de reformas llegó a su punto álgido en la 14.ª Conferencia Ministerial celebrada en Yaundé (Camerún) en marzo. He sido testigo de muchas conferencias ministeriales fallidas. Pero la manipulación y los juegos de poder que se vivieron aquí no se parecían a nada visto antes. El programa de la CM14 reflejaba dos documentos radicales, y en gran medida complementarios, presentados por EE.UU. y la UE. En lugar de abandonar la organización, EE. UU. expuso sus exigencias fundamentales. La UE se hizo eco en gran medida de ellas. Su objetivo común era diluir la primacía del multilateralismo y normalizar la negociación de acuerdos plurilaterales entre miembros autoseleccionados, que pueden elegir a su antojo los temas que les convienen y a los que atribuyen la etiqueta de «relacionados con el comercio». Las disputas geopolíticas podrían trasladarse a través de acuerdos plurilaterales rivales sobre el mismo tema, presionando a los países en desarrollo a tomar partido. Las prioridades de los países en desarrollo quedarían aún más relegadas.

En la agenda de la 14.ª Conferencia Ministerial (MC14) figuraban tres reformas principales: en primer lugar, la «toma de decisiones», para redefinir y diluir el consenso; en segundo lugar, el «desarrollo y la industrialización», para vincular el nivel de desarrollo a criterios limitados y redefinir el trato especial y diferenciado de modo que suponga más tiempo para adoptar las normas de los países ricos;  y la «igualdad de condiciones», que se centraba en las prácticas no basadas en el mercado y las empresas estatales de China, al tiempo que ignoraba las evidentes asimetrías a favor del Norte global.

Estos temas se habían seleccionado cuidadosamente a lo largo del año anterior mediante consultas selectivas llevadas a cabo por un «facilitador de la reforma» elegido a dedo, el embajador de Noruega, y supervisadas por la directora general Ngozi. El restablecimiento de un sistema de solución de diferencias que funcionara se pospuso hasta un momento más oportuno.

Las potencias medias «amigas del sistema» parecían dispuestas a respaldar cualquier compromiso que fuera necesario para mantener a EE.UU. dentro de la OMC y preservar esta organización de alguna forma. Es significativo que China también estuviera dispuesta a facilitar estas medidas, salvo en lo que respecta a la «igualdad de condiciones».

La normalización del plurilateralismo está a la vanguardia del golpe. Desde Buenos Aires en 2017, varios grupos disidentes de Miembros que operan sin mandato han concluido varias «Iniciativas de Declaraciones Conjuntas» o JSI. Pero se enfrentan a un obstáculo importante: el Acuerdo de Marrakech establece que los acuerdos plurilaterales deben adoptarse por consenso en el Consejo General o en la Conferencia Ministerial.

El Grupo de Trabajo sobre Comercio Electrónico intentó alcanzar un consenso, pero fracasó. Así pues, 66 de los 91 signatarios originales se limitaron a declarar en la 14.ª Reunión del Consejo Ministerial que adoptaban lo que seguían describiendo como un acuerdo de la OMC. Muchos signatarios se autoproclamaban «amigos del sistema», al igual que China. El nuevo acuerdo sería administrado por la Secretaría de la OMC y el Director General, quienes carecen de autoridad para hacerlo. Esto fue rápidamente aclamado como un precedente para los «acuerdos provisionales» promovidos por EE. UU.

La agenda de «reformas» ha vuelto ahora a Ginebra. Estados Unidos insiste en que la OMC debe ser «reestructurada» para «dar prioridad y proteger los intereses nacionales, garantizando al mismo tiempo el equilibrio y la equidad», al tiempo que se mantienen los buenos acuerdos sobre servicios y propiedad intelectual. Al mismo tiempo, el embajador brasileño, que ahora preside el Órgano de Solución de Diferencias y se espera que sea el próximo presidente del Consejo General, ha señalado sus planes de reanudar las conversaciones sobre las reformas del órgano de solución de diferencias.

¿En qué situación quedan los países del Sur global? En las islas del Pacífico y en África escucho constantemente quejas por la falta de capacidad para añadir valor a sus recursos y la transferencia de tecnología, por unas normas comerciales que impiden exigir el procesamiento local y por el déficit digital. La crisis climática y las recientes pandemias suponen una amenaza existencial para toda su población, sus economías basadas en materias primas y servicios, su soberanía alimentaria y su propia supervivencia.

Entonces, ¿sería el colapso de esas «reglas» algo malo para ellos? Se enfrentan a una elección casi imposible. ¿Luchan en una batalla cuesta arriba para mantener un régimen internacional de normas comerciales cuyas asimetrías nacieron de la colonización y se han afianzado a través de sucesivas maniobras de poder? ¿Abandonan la OMC y buscan alternativas? Si es así, ¿cómo serían esas alternativas en un espacio internacional donde se está legitimando el poder bruto, incluyendo la invasión militar y el sabotaje económico? ¿Podrán siquiera ponerse de acuerdo cuando la solidaridad entre ellos se ha visto gravemente fracturada por los acuerdos de sus capitales con la administración Trump? ¿Ofrecen alianzas como el BRICS alternativas reales cuando China, India, Brasil, Sudáfrica y Rusia adoptan posiciones contradictorias?

Alianzas fracturadas

Esto me lleva a mi segundo síntoma preocupante. Si bien Estados Unidos siempre ha cumplido de forma selectiva con las normas comerciales internacionales, la Administración Trump ha hecho añicos cualquier pretensión de cumplimiento. El uso de los aranceles como arma, impulsado por motivos económicos, políticos, geoestratégicos y personales, ha sido unilateral, arbitrario y errático. Sin embargo, Estados Unidos sí cuenta con una estrategia sistemática, establecida en la Estrategia de Seguridad Nacional, la Agenda de Política Comercial y otros documentos normativos detallados.

Esta estrategia se ha puesto en práctica, en parte, a través de «acuerdos comerciales recíprocos» (RTA) vinculantes y exigibles, actualmente con nueve países en desarrollo y de renta media, que son «recíprocos» solo de nombre, y de «acuerdos marco» con nueve actores principales, entre ellos Japón, la UE, el Reino Unido, Suiza, Corea del Sur y, de forma inminente, la India, que no son vinculantes, pero están sujetos a cancelación por parte de Estados Unidos. Estos textos incorporan disposiciones que EE. UU. ha perfeccionado en los TLC a lo largo de varias décadas en materia de tecnología digital, empresas estatales, contratación pública, trabajo y medio ambiente, así como una excepción de seguridad de aplicación discrecional.

Los Acuerdos Comerciales Regionales (ART) van más allá, como instrumentos del imperialismo contemporáneo. Empezando por Camboya y Malasia, países que tenían escasa capacidad de negociación cedieron de hecho su autonomía soberana a EE. UU. en materia de políticas cruciales de asuntos exteriores y defensa, prioridades y decisiones de inversión, así como en las cadenas de suministro de minería y minerales, las normas alimentarias y los OMG, las infraestructuras como los puertos, y el control de los datos y la fiscalidad y regulación del ámbito digital. EE. UU. puede rescindir de hecho estos acuerdos a su antojo, junto con las limitadas concesiones arancelarias.  Estos acuerdos, negociados en secreto, ya han generado malestar interno entre productores locales, consumidores, sindicatos y parlamentarios.

La nueva prioridad de Estados Unidos en materia de «seguridad económica» queda patente en los compromisos sobre minerales críticos, cadenas de suministro, contratación pública y comercio de defensa, control de inversiones, controles a la exportación y prácticas «no de mercado». Una vez más, esto no es nuevo: el Marco Económico Indo-Pacífico (IPEF) de Biden concluyó acuerdos blandos sobre la resiliencia de la cadena de suministro y la economía limpia, en virtud de los cuales se estableció un Diálogo sobre Minerales Críticos con la contención de China y la revitalización nacional en mente. Pero los acuerdos de Trump conllevan obligaciones estrictas vigiladas por EE. UU., y que sitúan a los países en conflicto directo con China, con quien la mayoría de los signatarios mantienen profundos vínculos.

Los acuerdos sectoriales más específicos sobre minerales críticos complementan los acuerdos comerciales regionales (ACR). Algunos actores con abundantes recursos, como Australia, tienen suficiente poder de negociación para obtener el mejor resultado posible en los acuerdos. Entre ellos se incluyen planes de acción diseñados para sentar las bases de un acuerdo comercial preferencial vinculante posterior sobre minerales críticos. Por el contrario, los acuerdos marco que se están firmando con países ricos en recursos pero con bajos ingresos reproducen las relaciones extractivas coercitivas del pasado. Aunque formalmente no son vinculantes, están respaldados por amenazas de sanciones por parte de Estados Unidos. Varios de los Estados que firman estos acuerdos tienen acuerdos paralelos con China que incluyen minerales críticos. Otros, a menudo en la misma región, han respaldado una moratoria sobre la minería en aguas profundas en su océano compartido, por temor a los impactos en los medios de vida y el ecosistema en una zona de riesgo climático.

Estos, entre muchos otros síntomas preocupantes, demuestran que el «sistema basado en normas» está roto. No se solucionará con un cambio de administración en Estados Unidos. Las «potencias medias» se engañan a sí mismas creyendo que mantener la bicicleta en pie evitará el colapso y las demandas de cambio. El propio Sur Global está fracturado.

Activismo, populismo y transformación

Este análisis aún no ha abordado las contradicciones del capitalismo como desencadenante de este colapso. Así que recurramos a otro viejo marxista, Karl Polanyi, autor de La gran transformación, para dar algo de protagonismo a las personas en la lucha dialéctica que subyace a esta crisis.

Polanyi insistía en que las relaciones económicas, la política y la ideología no existen en un vacío social. La economía está integrada en lo social, y la finalidad social del Estado es hacer efectiva esa realidad. Atribuyó el colapso del laissez faire en la década de 1920 a los intentos de desvincular lo social del mercado. En lo que denominó un «doble movimiento», las fuerzas del mercado sin restricciones causaron estragos, mientras que las fuerzas sociales dentro de los Estados-nación se organizaron para protegerse mediante una resistencia espontánea y localizada de las comunidades cuyas vidas habían quedado trastornadas.

En la misma línea, el modelo fallido actual de hiperglobalización y capital financiarizado no deja espacio para la función social del Estado. Como demostró Thomas Piketty, en las últimas décadas se han producido desigualdades sin precedentes, tanto a nivel externo como interno, en cuanto a riqueza e ingresos. El coste humano de los elementos no comerciales del régimen comercial quedó crudamente al descubierto durante las pandemias del VIH/sida y la COVID-19: algunos gobiernos infringieron las normas, pero Estados Unidos, la UE y Suiza han bloqueado la reforma del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC). Las sucesivas crisis financieras dieron lugar a intervenciones temporales para reestabilizar este modo de capitalismo y luego restablecer el statu quo anterior mediante una mayor liberalización de los servicios financieros y la inversión. Los oligarcas de las grandes tecnológicas que redactaron las normas del comercio digital dominan ahora el complejo militar-digital, mientras sus drones impulsados por IA siembran la muerte a diario en Palestina y el Líbano. La soberanía alimentaria indígena se ve amenazada por los desastres climáticos, la biopiratería y los OMG. Las economías impulsadas por las exportaciones están atrapadas en cadenas de suministro insostenibles que dependen del transporte marítimo y aéreo alimentado con combustibles fósiles, que elude la responsabilidad por el calentamiento global.

Estos efectos, y muchos otros, no se han soportado en silencio. El llamado movimiento antiglobalización, que ha protestado contra la OMC desde la Ronda de Uruguay, y posteriormente en Seattle en 1999, Cancún en 2003 y Hong Kong en 2005, puso de manifiesto una falta de «aceptación social» de la que la OMC nunca se ha recuperado. Campañas más recientes detuvieron la mayoría de los acuerdos megaregionales puestos en marcha por los responsables de la elaboración de normas debido al fracaso de la OMC: el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA), el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPPA), la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (TTIP) y el Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (TiSA), entre otros. Estas campañas comerciales se desarrollaron en paralelo a la exitosa oposición internacional al Acuerdo Multilateral sobre Inversiones a finales de la década de 1990. La resistencia actual al mecanismo de solución de controversias entre inversores y Estados ha llevado a los países a bloquear el ISDS en los ALC y a abandonar por completo los tratados bilaterales de inversión.

En cierto modo, los movimientos activistas liderados por comunidades de agricultores afectadas, sindicatos, pueblos indígenas y ONG han sido víctimas de su propio éxito. La presión «antiglobalización» ha disminuido en los últimos años. La OMC ya no es un objetivo tan importante, los acuerdos megaregionales han quedado en gran medida marginados y los activistas se centran más en crisis más concretas, como el cambio climático, la minería, el ámbito digital y las guerras.

En su lugar, el auge del populismo de derecha en todo el mundo es otro síntoma mórbido del capitalismo disfuncional, del fracaso del Estado a la hora de cumplir sus funciones sociales, de la captura de los canales de información por parte de oligarcas digitales privados y del miedo a «los otros». Tal y como predijo Polanyi, el doble movimiento ha exigido que los Estados aborden la precaria existencia de las personas y del planeta, incluso en Estados Unidos. Los actores oportunistas han aprovechado este descontento para sus regímenes autoritarios y buscan normalizar el poder económico, militar y político en estado puro.

Los grupos de presión empresariales se han adaptado a este periodo de transición. Aprovechando todas las vías que su riqueza les permite abrir, siguen presionando para que se establezcan normas globales que faciliten la acumulación de riqueza y reduzcan al mínimo la regulación, ya sea a través de relaciones políticas corruptas y del uso de los aranceles como arma, del secuestro de la OMC o de la plétora de acuerdos asimétricos y nuevos microacuerdos. La bicicleta tambaleante toma caminos secundarios para llegar al mismo destino.

Algunas reflexiones finales

Gramsci predijo que el interregno sería un espacio muy disputado, mientras lo «nuevo» lucha por nacer. Hoy en día, el desmantelamiento del capitalismo hiperglobalizado está siendo impulsado por la derecha populista y los gobiernos autoritarios, en colaboración con oligarcas de doble cara. Quienes buscan un orden social y económico más justo, y medidas para salvar el planeta para nuestras futuras generaciones, ya no están en auge.

Me gustaría terminar con una nota positiva. Pero el futuro es muy incierto. No vendrá determinado por lo que ocurra con la OMC o los TLC. Se verá afectado sobre todo por cómo abordemos el interregno. El «viejo» orden fallido tiene cuatro décadas de antigüedad. Algunos gobiernos intentan mantenerlo con vida, pedaleando en sus bicicletas mientras siguen tratando las crisis sociales y ecológicas como externalidades. Otros autoritarios se sienten atraídos por el régimen estadounidense de nacionalismo económico impuesto por decreto, pero carecen del poder y la protección de que goza Estados Unidos. China afirma acatar las normas, mientras que su propio nacionalismo económico respalda los cambios que benefician a sus intereses a largo plazo. La mayoría de las naciones del mundo y sus pueblos siguen siendo meros receptores de normas en esta era de neocolonialismo e imperialismo.

Es posible que los Estados no tengan las respuestas, o al menos no las que su población necesita. Si no se abordan las causas de la crisis del capitalismo contemporáneo, las comunidades se verán obligadas a recurrir de nuevo a sus propios recursos. Sin caer en el romanticismo, hay que reconocer que la población local es resiliente. En Aotearoa (Nueva Zelanda), los maoríes indígenas se centran en una supervivencia sostenible que aplica los conocimientos tradicionales a los retos actuales de la soberanía alimentaria, la crisis climática y el control de los datos. Pero es una batalla cuesta arriba. No es algo que podamos dejar para dentro de otra década, mientras nuestros gobiernos siguen pedaleando en las bicicletas del libre comercio que nos llevan hacia el precipicio.

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* Aotearoa es la denominación de Nueva Zelanda en Maorí

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Antiglobalización versus capitalismo autoritario

14 Mayo 2026 at 09:00
Por: Nuria

Capitalismo autoritarioCapitalismo autoritario

Artículo original publicado en france.attac.org por Frédéric Lemaire

Dos de los puntos fuertes de Attac, desde finales de la década de 1990 en adelante, fueron la precisión de sus análisis críticos del neoliberalismo, la globalización y la financiarización, así como la amplitud de sus propuestas para abordarlos. Attac contribuyó a refutar la idea de que no existía alternativa (el famoso TINA de Margaret Thatcher), demostrando en cambio que otro mundo era posible.

Hoy nos enfrentamos a otro dilema: el del capitalismo autoritario, que acompaña al auge de la extrema derecha, catalizado por la victoria de Trump en Estados Unidos. Se está produciendo una transformación global de nuestras economías y sociedades, aparentemente solo en oposición a la ortodoxia neoliberal.

La transformación autoritaria del capitalismo parece estar afectando a todos los sectores de la economía y la sociedad. En materia de comercio, el libre comercio y el multilateralismo superficial promovidos por el neoliberalismo se ven desafiados por el neomercantilismo de Trump (del cual los aranceles son una herramienta). Esta tendencia se acompaña de una creciente subyugación de las economías, en Europa y en todo el mundo, a las potencias hegemónicas.
Las multinacionales, desde las tecnológicas hasta las de combustibles fósiles y las industrias extractivas, colaboran estrechamente con gobiernos de derecha y ultraderecha. Ejercen presión para desmantelar las normas sociales, ambientales y sanitarias (tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea, véanse los Paquetes Ómnibus ). Pero también buscan cada vez más financiación pública y posiciones dominantes que les permitan eliminar toda competencia.

En el ámbito financiero y monetario, las finanzas autoritarias y opacas, lideradas por los fondos de cobertura , están ganando cada vez más protagonismo a expensas de los mercados regulados, incluso cuando la regulación es mínima. En el ámbito monetario, las criptomonedas están abriendo nuevas vías para la privatización de la moneda, beneficiando a los gigantes tecnológicos.

Una tendencia autoritaria global

Estas transformaciones económicas forman parte de una tendencia autoritaria global: mayor represión de los movimientos sociales, políticas racistas y antimigrantes, cuestionamiento de los derechos fundamentales, el derecho internacional, los principios democráticos y la separación de poderes, aumento del gasto militar, normalización de la agresión imperial…

Aunque aparentemente contraria a la ortodoxia neoliberal, esta transformación autoritaria del capitalismo radicaliza sus principios mediante el aumento de la violencia . No se limita a ciertos países gobernados por la extrema derecha, como Estados Unidos, sino que se observa en todo el mundo. Se beneficia de las alianzas cada vez más descaradas entre la derecha y la extrema derecha.
En Estados Unidos, la segunda administración Trump y el proyecto 2025 de la Heritage Foundation, que actúa como su fuerza motriz, encarnan a la perfección la coherencia general de un proyecto autoritario y global. El nuevo poder estadounidense parece decidido a fomentar el ascenso de las fuerzas de extrema derecha en todo el mundo y, con este fin, recurre a todo tipo de injerencias.

En la Unión Europea, fue la alianza entre las fuerzas de derecha y de extrema derecha la que hizo posible, por primera vez en la historia del Parlamento Europeo, la aprobación del paquete ómnibus que socava el deber de vigilancia; la extrema derecha se encuentra en una posición de fuerza en la UE para imponer la agenda del capitalismo autoritario .

También en Francia, el centro extremo y la derecha están allanando el camino a la extrema derecha.

En Francia, los sucesivos gobiernos de los últimos años han demostrado que el proyecto de Macron es perfectamente compatible con la evolución autoritaria del capitalismo, no solo en términos de represión, sino también en cuanto al endurecimiento de las políticas a favor de los ricos, las empresas y el medio ambiente (leyes presupuestarias, el caso Duplomb, etc.). En varias ocasiones, el partido de Macron, la derecha y la Agrupación Nacional han votado conjuntamente a favor de medidas reaccionarias . Al hacerlo, el centro extremo y la derecha allanan el camino para que la extrema derecha llegue al poder. Su sumisión a los ultrarricos, incluido Bernard Arnault, quien ha expresado su simpatía por Donald Trump , contribuye a esta permeabilidad.

En otras palabras, el capitalismo autoritario no es un modelo alternativo marginal; se está consolidando como un modelo con ambiciones hegemónicas . En la década de 2000, Attac y el movimiento antiglobalización contribuyeron a construir un análisis crítico, a unir movimientos de resistencia y a desarrollar propuestas y modelos alternativos frente a la globalización neoliberal. En el período crucial que estamos viviendo, nuestra organización debe volver a desempeñar este papel de desarrollo y unión contra la transformación autoritaria del capitalismo.

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William I. Robinson: “La guerra contra los migrantes es un ataque contra toda la clase obrera”

17 Abril 2026 at 08:00
Por: Arturo

William I. Robinson, durante el Foro Binacional de Educacion Política y Sindical en el Centro Laboral de UCLA, Los Angeles, en 2017.William I. Robinson, durante el Foro Binacional de Educacion Política y Sindical en el Centro Laboral de UCLA, Los Angeles, en 2017.

Fotografía: William I. Robinson, durante el Foro Binacional de Educación Política y Sindical en el Centro Laboral de UCLA, Los Ángeles, en 2017.

El sociólogo de la Universidad de California William I. Robinson combina una labor militante volcada estas semanas en las protestas contra la fuerza militar de fronteras estadounidense con un análisis de fino pincel sobre el colapso del capitalismo.


Pablo Elorduy
TG: @p_elorduy Publicado originalmente en el Diario El Salto

A lo largo de la conversación, William I. Robinson (Nueva York, 1959) deja varias frases que no solo son un buen titular para la entrevista, sino un presagio funesto para los próximos años. Lo compensa con una confianza total en las masas y su capacidad para mover la historia. Como dice en su último libro publicado en España, ¿Puede perdurar el capitalismo global? (Traficantes de Sueños, 2025) para que la humanidad sobreviva no hay más alternativa que derrocar el capitalismo global, “es decir, sustituir el imperativo de la acumulación a toda costa por un sistema basado en la necesidad social y en la armonía con el resto de la naturaleza”. 

La entrevista tiene lugar por videoconferencia. Robinson está en California, uno de los focos de la oposición en las calles al proyecto de Donald Trump, que este sociólogo no duda en calificar como fascista. La publicación de ¿Puede perdurar el capitalismo global? sucede a su anterior ensayo en español, Mano dura (Errata Naturae, 2023) en el que explicaba la convergencia económica e ideológica que ha dado lugar al giro autoritario de los Estados en todo el mundo. Parte de esa mano dura es la que ha visto crecer y multiplicarse al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), auténtico terror de las comunidades de personas migrantes y guardia pretoriana de Trump.

¿Cómo están siendo las protestas contra el ICE en Estados Unidos?
Yo estoy en Los Ángeles. Esta fue la primera ciudad que fue invadida por la fuerza de ICE y también por la Guardia Nacional. Eso fue en junio del año pasado. Desde entonces han ido ciudad por ciudad a declarar esta guerra. Ha habido protestas en todas partes, todas las comunidades se están organizando. Aquí y en las otras ciudades hemos organizado las patrullas comunitarias, que involucran ya a miles y miles de personas. Y lo más interesante es que no son solo los activistas tradicionales, que siempre han estado involucrados en las luchas sociales, en la actividad política, sino que hay un despertar de muchas capas de la población que antes no participaban en la política para nada.

¿Cómo se desarrolla en el contexto político de EEUU?
Hay unas divisiones muy agudas dentro de las clases dominantes y sus organizaciones políticas, incluyendo a los dos partidos principales, republicanos y demócratas. Al mismo tiempo, en Los Ángeles, en Chicago, en Minnesota, en Nueva York, en Seattle, en Portland, en San Francisco, hay una cierta alianza, no organizada pero espontánea, entre las bases de todos los movimientos sociales. No solo se trata de los movimientos de defensa de los derechos de los inmigrantes, sino de movimientos populares de la izquierda junto con los gobiernos demócratas en estas ciudades. Sin declararlo así, es un término que hago mío y que se está usando espontáneamente, está surgiendo una coalición antifascista. Ya todos usamos la palabra fascista, pero espontáneamente han surgido esas alianzas que van más allá de las alianzas tradicionales anti-Trump, que son antifascistas.

¿Qué significa el ICE para el poder de Trump?
Es muy claro que ICE son las nuevas camisas pardas. Es una organización paramilitar, de tipo fascista. Y lo importante de ICE es que responde directamente a la Casa Blanca y a este gobierno, al que voy a llamar régimen porque ahora hay un progresivo colapso del Estado de Derecho en Estados Unidos. No hablemos del derecho internacional. Trump dijo que no reconocía el derecho internacional sobre su propia moralidad. Pero bueno, aquí, en el interior de Estados Unidos, hay órdenes emitidas por los Tribunales, y simplemente ICE y este régimen hacen caso omiso, tanto de esas órdenes judiciales como de la Constitución. Es muy claro que el ataque o la guerra contra los inmigrantes va más allá de la cuestión migrante: es un ataque contra toda la clase obrera. 

¿A quién responde ICE?
Es muy evidente que esta fuerza paramilitar, que va creciendo a pasos agigantados, se ha convertido ya en un ejército privado de este régimen. Responde al Department of Homeland Security (Departamento de Seguridad Nacional). Sabemos que, dentro de cualquier Estado y en el proceso de toma de ese Estado por parte de un proyecto fascista, hay disputas entre diferentes departamentos y divisiones y ministerios. En este momento vemos claramente que el Departamento de Seguridad Nacional es el núcleo de la formación dentro del Estado de este proyecto fascista. Este ejército fascista va a servir para combatir cualquier disidencia, no solo con respecto a la cuestión migratoria. El primer paso es la guerra contra los migrantes. 

La pregunta sobresaliente es si nosotros podemos superar el capitalismo global antes de que arrastre a toda la Humanidad consigo

¿Cómo se lleva a cabo?
Hay una explosión de gasto estatal en esta guerra. Para ello están tomando fondos de la Marina norteamericana, es decir, de un presupuesto aprobado por el Congreso que el Pentágono destina a acciones fuera de Estados Unidos. Recientemente han trasladado a ICE otros 40.000 millones de dólares de la Marina, sin autorización, para la construcción de decenas o centenares —ni sabemos cuántos— de campos de concentración en todo el país. Esta masiva construcción de campos de concentración está planificada como una infraestructura permanente, que no tiene que ver simplemente con el alojamiento de inmigrantes antes de su deportación. Están sentando las bases para una infraestructura a largo plazo para detenciones masivas. Yo, de momento, puedo hablar de estas cosas con mis estudiantes. Por el momento, por nuestra resistencia, estamos frenando un poco la marcha del proyecto fascista, pero estamos en gran peligro aquí en Estados Unidos. Todo esto que estoy hablando es un reflejo de una cuestión mucho mayor que es la crisis de época de capitalismo global y sus dimensiones políticas aquí en Estados Unidos.

Examinemos esa crisis del capitalismo global de la que trata el libro. ¿Por qué se está produciendo?
Hay varias dimensiones determinantes, no es solo una. La dimensión económica estructural de la crisis de época es la primera que voy a nombrar. El capitalismo global comienza a enfrentar la imposibilidad de seguir reproduciéndose. Es una crisis de época que puede durar años y décadas, pero en realidad estamos entrando en el ocaso del capitalismo global. La pregunta sobresaliente es si nosotros podemos superar el capitalismo global antes de que arrastre a toda la Humanidad consigo. Primero hay que entender que la dimensión estructural de la crisis es la sobreacumulación. Es el estancamiento crónico, es la acumulación de enormes cantidades, trillones de dólares infrautilizados, que no tienen salida; la clase capitalista transnacional no tiene lugar ni posibilidades de descargar toda esa masa de capital sobreacumulado. 

Entre este momento y 2050 vamos a llegar a un momento en el que el capital ya no va a poder seguir acumulando en determinadas zonas como consecuencia del calentamiento global

¿Cómo se han resuelto estos problemas en el pasado?
Hasta la fecha, la clase capitalista transnacional (CCT) ha tenido tres mecanismos para seguir descargando ese capital sobreacumulado y seguir empujando hacia adelante la economía global. Uno, ya sabemos, es la especulación financiera, que ya alcanza y la cifra es correcta, trillones de dólares. Se trata de capital ficticio. Segundo, es la deuda global. Esa deuda de consumidores y de Estados ya suma 325 billones de dólares. De tal manera, el crecimiento impulsado por el endeudamiento no puede seguir. La tercera dimensión es lo que califico como la acumulación militarizada y la acumulación por represión. Esta guerra contra las personas migrantes en Estados Unidos tiene sus fines políticos, como hemos estado hablando, pero también tiene un fin económico que es proporcionar una salida para el capital sobreacumulado. La guerra contra migrantes es muy rentable al igual que es enormemente rentable el genocidio en Gaza; como también lo son los conflictos armados y sistemas de represión transnacional alrededor del mundo en momentos de estancamiento crónico.

Esto ocurre en un contexto marcado por la crisis climática y ambiental. ¿Cuál es la dimensión ecológica de la crisis?
Para llegar al meollo de la cuestión ecológica, ahora el sistema se encuentra en una nueva ronda depredadora y muy violenta de expansión para salir del estancamiento. La concentración de esta nueva ola expansiva y agresiva del capitalismo global tiene tres objetivos: uno, las tierras. Es decir, acaparar tierras. Segundo, energía. Energía por varias razones, pero sobre todo porque toda esta expansión depredadora está impulsada por la digitalización, que es central en el asunto del medioambiente. Necesitan construir miles y miles de centros de datos que consumen enormes cantidades de energía. Esto tiene que ver con Groenlandia, por favor, pregúntame más adelante por Groenlandia. Y lo tercero son los minerales que necesitan las nuevas tecnologías digitales y sobre todo, la inteligencia artificial. Estas tres dimensiones representan una intensificación de la apropiación de la naturaleza extrahumana y tiene unos efectos catastróficos sobre el medioambiente. Pero quiero ir más allá: hay una acumulación de destrucción y de desgaste del medio ambiente, sobre lo que es la naturaleza humana y extrahumana, que es al mismo tiempo una crisis de la reproducción social y de la reproducción de la naturaleza. Esta nueva oleada expansiva está intensificando los efectos catastróficos sobre el medio ambiente. Pero la destrucción del medio ambiente está llegando a tal punto que llega a impedir la acumulación de capital. 

¿Cómo?
El pronóstico es que, entre 2030 y 2050, un tercio del planeta estará tan caliente que los seres humanos no van a poder vivir en zonas como en el norte de África, Oriente Medio, etcétera. En este momento, el capital está acumulando en esas zonas, pero no va a poder seguir haciéndolo en un futuro próximo. Otra dimensión es la de los territorios de producción agropecuaria, por ejemplo aquí en California, donde hay zonas de agricultura intensiva destinada a mercado global. Se va a producir un colapso de la agricultura por el cambio climático. Puedo seguir poniendo ejemplos, pero el punto es que hasta el momento el capital transnacional ha podido seguir acumulando alrededor del planeta sin atender a los efectos devastadores en el medio ambiente, pero eso está cambiando muy rápidamente. Entre este momento y 2050 vamos a llegar a un momento en el que el capital ya no va a poder seguir acumulando en determinadas zonas.

Más impactos.
En 2025, una de las compañías de seguros más grande del planeta, y hay que tener en cuenta que las compañías de seguros también son parte del capital financiero transnacional, advirtió de que pronto no va a poder funcionar la industria global de seguros. Porque es demasiado costoso asegurar, por ejemplo, viviendas, inversiones, etc. a causa de los impactos y los riesgos ambientales. Si se produce una tormenta de dimensiones no vistas hasta ahora en Florida, algo que puede suceder, los daños pueden alcanzar billones de dólares. Las compañías de seguros ya no pueden asegurar a las compañías manufactureras, de logística, etcétera. Desde ese punto de vista, la crisis ambiental representa no solo una crisis de amenaza de extinción a los seres humanos, sino que también socava la posibilidad del capitalismo global de seguir acumulando.

Está el factor de las migraciones como causa del calentamiento global.
Los informes que tenemos sobre refugiados climáticos y refugiados por despojo, por la devastación ecológica, dicen que alcanzan ya 200 o 300 millones de personas. Según los pronósticos de las Naciones Unidas, va a rebasar las mil millones de personas desplazadas por el cambio climático. Eso abre la cuestión de cómo va a poder el capitalismo global, y quienes controlan este sistema, manejar esa cantidad de refugiados. Eso da una idea de las dimensiones ambientales de la crisis.

Los sectores militar-represivo, el big tech y las finanzas se están fusionando y conformando un nuevo bloque hegemónico de capital transnacional a escala global

Igual que el Amazonas, Groenlandia es una zona crítica para el resto del planeta. ¿Hasta qué punto es una muestra del cortoplacismo de Trump esa apuesta por explotar los recursos naturales de esa isla?
Has usado la palabra cortoplacismo para referirte a Trump, pero esto no define solo a Trump, define a todo el sistema capitalista. Es necesario recordarlo: el capital tiene un solo objetivo, la acumulación de capital sin fin. Cualquier otro objetivo es secundario y no tiene importancia frente a la permanente acumulación de capital. Entonces, todo el sistema capitalista tiene una visión cortoplacista e inmediata. Han existido constreñimientos, ciertas medidas para suavizar un poco ese impulso hacia la acumulación, pero eso ha venido de Estados y de movimientos de masas, no del capital. Toda esta amenaza contra Groenlandia es parte de la misma ronda expansiva que estamos experimentando ahora. Realmente, el argumento de que se trata de seguridad frente a China y a Rusia es una cortina de humo, en realidad tiene que ver con los recursos minerales, con los recursos petroleros y de gas, pero también tiene mucho que ver con la energía geotérmica, porque Groenlandia tiene increíbles posibilidades de generación de energía geotérmica. Esto requiere un paréntesis analítico. 

Adelante.
Está surgiendo dentro de Estados Unidos, pero también a nivel global, un nuevo bloque hegemónico dentro del capital transnacional que reúne a tres sectores de capital que se están fusionando. Y esos tres sectores son: las grandes compañías de la tecnología, vamos a llamarlo big tech, segundo, el complejo militar industrial, que no solo es militar sino que incluye todo el andamiaje de represión, por ejemplo ICE. Y tercero, el capital financiero transnacional. Esos sectores: militar-represivo, big tech y finanzas, se están fusionando y conformando un nuevo bloque hegemónico de capital transnacional a escala global. Trump no representa los intereses de ese bloque, sino que es al revés: ese bloque tiene al trumpismo como el instrumento de expansión de sus intereses. 

Volvemos a Groenlandia.
Groenlandia tiene la energía, las tierras y los minerales, incluidas las tierras raras, que necesita ese bloque mientras se van derritiendo los glaciares. Hay un cuarto elemento que explica por qué quieren esa tierra. Porque quieren establecer estas empresas de extracción de energía, etcétera, con una nueva modalidad de gobernanza, una gobernanza directa por parte del capital transnacional. Los lectores se acordarán de los experimentos en ciudades empresariales en Honduras, por ejemplo. El gobierno golpista de Honduras, que ya está en el poder otra vez, entregó a un grupo de empresarios de las finanzas y la tecnología —incluyendo a Peter Thiel, de Palantir— Roatán, una isla en el Golfo de México, en la costa Atlántica de Honduras. Se les permitió controlar toda la isla con sus propias reglas, sus propios impuestos y su gobierno. Es el mismo modelo que ya tenemos en Texas: una pequeña ciudad manejada por Musk, donde el gobierno, el Estado, no entra. Quieren eso también en Groenlandia. Ese bloque hegemónico y sobre todo el grupo de las big tech vinculado con Palantir ya han hecho inversiones iniciales y han hecho estudios iniciales de cómo hacer esas ciudades en Groenlandia. La emergencia climática es mala para la humanidad, para el planeta, pero es muy buena en determinados aspectos para el capital, porque hace accesible zonas que no eran accesibles anteriormente. De alguna manera, Groenlandia se convierte en microcosmos de todo lo que está pasando a nivel global.

¿El proyecto de “Nueva Gaza” que se presentó en la Junta de la Paz en Davos forma parte de esa proyección de nuevas ciudades empresariales?
En primera instancia, no usemos ese término fascista, porque no es una Junta de Paz, es Junta de genocidio, es Junta de capital transnacional, es una invasión y una apropiación total de Gaza. Pero efectivamente, lo que quieren hacer en Groenlandia ya lo están haciendo en la Franja de Gaza. Esto muestra el proceso genocida del capitalismo global en esta fase: necesitan eliminar poblaciones sobrantes —lo que llamo la humanidad excedente— para tener acceso a recursos y convertir a esos territorios en zonas de acumulación intensiva para el capital transnacional. Sabíamos que Gaza tiene gas y tiene petróleo, tiene zonas frente al mar Mediterráneo muy valiosas para la especulación inmobiliaria. Pero no es solo eso, el proyecto es convertir a Gaza en un hub de lo que los grupos dominantes ahora llaman pax silica. Es decir, en un nodo regional para la alta tecnología y los centros de datos. Kushner, el yerno de Trump, lo dijo claramente en su discurso en Davos: Gaza es un caso de prueba. Si este modelo es exitoso ya se puede aplicar a otras zonas. Quieren convertir a todo Gaza en una franja empresarial. Todo está vinculado con los demás hechos que están pasando en Oriente Próximo.


¿En qué sentido?
La transformación radical de toda la geopolítica de Oriente Medio a partir del genocidio de los palestinos, y ahora de la destrucción de Rojava por parte del nuevo gobierno sirio, todo va dirigido a conformar un nuevo bloque geopolítico que una a los Estados del Golfo con Israel, con capital transnacional. Específicamente, es un plan del bloque hegemónico que mencioné. Ese es el nuevo rostro geopolítico que deja sentadas las bases necesarias para una mayor expansión del capital transnacional en Oriente Medio, a través de Gaza, encabezado por la alta tecnología y por la criptomoneda. Recordemos que la criptomoneda es la perfecta fusión de la alta tecnología con las finanzas. Gaza es símbolo, es modelo, es advertencia de lo que nos espera al planeta entero.

La fusión del gran capital con el Estado es parte de la definición clásica del fascismo y es lo que vemos en Estados Unidos ahorita mismo

¿Hasta qué punto es relevante el ropaje teórico del trumpismo que representan figuras como Peter Thiel o Curtis Yarvin o solo se trata de un envoltorio para el impulso depredador del capital?
Tiene peso, pero lo que pasa es que la correlación de fuerzas todavía no es tan favorable para consolidar el proyecto fascista, porque aún hay muchas resistencias, muchas contradicciones. Pero la respuesta es que este es un proyecto fascista en el sentido sociológico. Estudiando la historia y el concepto sociológico, analítico y teórico del fascismo, es un proyecto fascista que se está incubando con Yarvin, con Thiel, con el trumpismo. Pero antes quiero detenerme en un punto. 

Adelante.
Hoy vemos a Trump en la pantalla a diario, y vemos a los representantes políticos, los ideólogos y los estrategas del proyecto fascista en las pantallas, en los medios sociales, etcétera, pero no vemos lo que está detrás. El mes pasado, The New Yorker ha publicado que Trump ha acumulado cuatro mil millones de dólares utilizando la presidencia como un cajero automático para su propia familia. Trump puede robar y ser corrupto. Mientras se le cepille, como se dice popularmente, su narcisismo, seguirá siendo un títere, el instrumento de este bloque de poder. En el primer mandato de Trump, la clase capitalista transnacional fue muy recelosa a la hora de sumarse a un proyecto fascista. Trump es fascista y racista desde hace mucho tiempo, pero el capital transnacional inicialmente no quería sumarse a un proyecto de este tipo: ahora sí. 

¿Por qué?
Por el poder de este nuevo bloque hegemónico. Ese bloque depende cada vez más de contratos del Estado. Palantir, por ejemplo, ha unificado los bancos de datos de decenas y decenas de diferentes agencias del Estado en un solo banco de datos. Eso es muy importante, porque en la guerra contra los migrantes están usando un solo fichero. La capacidad represiva del Estado se aumenta decenas o centenares de veces a través de ese sistema centralizado controlado por Palantir. Por un lado, el bloque hegemónico depende cada vez más de los contratos de Estado. Segundo, depende cada vez más de los subsidios del Estado. Tomemos el ejemplo del petróleo. Trump ha prometido miles de millones de dólares a los productores para que vayan a Venezuela. Eso es lo que está pasando con el bloque hegemónico: contratos, subsidios y, en tercer lugar, crear las condiciones, las políticas, necesarias para la acumulación de este bloque, desregulando la inteligencia artificial, desregulando todos los reglamentos para estas nuevas tecnologías digitales.

Esto desemboca en la asimilación por parte del capital del programa fascista.
Hay una fusión del Estado con el capital alrededor de un proyecto fascista. La fusión del gran capital con el Estado es parte de la definición clásica del fascismo, y es lo que vemos en Estados Unidos ahorita mismo. El tercer ingrediente para el fascismo, y ahí entra la cuestión ideológica a la que has hecho referencia —lo que distingue al fascismo de una simple dictadura— es la movilización fascista en la sociedad civil. Y es lo que estamos viendo en Estados Unidos. Hay una movilización fascista de una parte de la población, no solo los Proud Boys, sino también del ala derechista del partido Republicano que ha movilizado a una base fascista. Esa base ha ido disminuyendo, puede ser hoy de un 20 % o 25 % de la población, pero hay una movilización abierta de esa base también a través de cristianismo nacionalista de ultraderecha. Todo eso es la movilización fascista. Esto está claro con ICE, que es el núcleo coercitivo militarizado del proyecto fascista. Otra pregunta es cuál es la ideología de ese proyecto. Y ahí entra Yarvin. Es una ideología mística, es una ideología de ultra nacionalismo xenofóbico. Cualquier proyecto fascista necesita racismo, pero también milenarismo. De ahí surge Make America great again, esa promesa de restaurar la grandeza de Estados Unidos.


Ese ultranacionalismo no es exclusivo de EEUU.
También lo tenemos en Rusia. Rusia no es fascista, es otra cosa, pero Putin también se basa en esa idea de recuperar la gran Rusia. También en China —no estoy diciendo tampoco que China sea fascista— todo gira en torno al ultranacionalismo. Alrededor del mundo hay un ultranacionalismo que es la respuesta autoritaria a la crisis. Yarvin habla de un rey, de un sistema monárquico, pero Thiel también habla de un Estado manejado, dirigido, controlado por tecnobillonarios, no por elecciones democráticas. Es confuso porque es una mezcla de todo un poco, pero sí estamos viendo surgir de una ideología fascista con sus diferentes dimensiones. Todo esto es un proyecto que se va consolidando de manera espantosa, pero también la resistencia inesperadamente va en un repunte y eso es lo que da esperanza.

Quizá la pregunta es demasiado simple, pero ¿cómo se explica para alguien que no que no sabe de economía que los milmillonarios sean cada vez más ricos y que a la vez podamos estar hablando de una crisis final para el capitalismo?
No es una pregunta sencilla. Es una pregunta de suma importancia. Comencemos primero con la naturaleza del capitalismo, que no es evidente. La naturaleza del capitalismo, cuando funciona sin contratendencias, es producir riqueza y polarizar esa riqueza. Es decir, una capa cada vez menor de capitalistas acumulan todo el dinero mientras las masas se empobrecen. Es la tendencia natural del capitalismo. La única forma de que el capital produzca ganancias es que la clase trabajadora, o sea, las personas que trabajan para el capital, produzcan valor y que la parte máxima que se puede extraer de ese valor vaya al capital y la parte mínima, al trabajador. Eso se sabe. Eso no es nuevo. Lo importante aquí es que históricamente eso es una contradicción interna del capitalismo y siempre ha conducido a crisis. 

Quizá venga el próximo año, quizá en 2031, pero viene un colapso financiero cataclísmico

¿Qué tipo de crisis?
Las crisis cíclicas son recesiones cada diez años más o menos, pero las crisis estructurales se dan cada 40, 50 años, y esas son grandes crisis de sobreacumulación. Se dan cuando el capital ya ha acumulado tanto que no tiene dónde invertir y comienza un estancamiento mucho más profundo. Ahora estamos en una crisis estructural. La última crisis estructural fue en los años 70 del siglo XX, volveré sobre ella. Recordemos la otra gran crisis estructural, que fue la Gran Depresión de los años 30. Antes de eso tuvo lugar una crisis estructural enorme en los 1880. Anterior a eso, en 1830. Entonces, cada vez que hay una crisis no cíclica, no recesionaria, sino estructural, hay grandes trastornos, hay guerras internacionales y hasta mundiales, hay grandes reorganizaciones en el campo del capitalismo, hay lucha de clases, luchas sociales,… todo cambia. Estamos en uno de esos momentos de crisis estructural, que se convierte en crisis sistémica. Pero antes de abordar eso, lo que has llamado crisis final, déjame recuperar qué pasa a partir de la gran crisis estructural de los años 70. 

Ok.
En esa crisis estructural bajaba la tasa de ganancia e iba en aumento el poder y la capacidad de resistencia de las clases populares alrededor del mundo, no solo en Estados Unidos. Es la época de las luchas de liberación nacional y decolonial en el Tercer Mundo, solo pensemos en el auge revolucionario de 1968. Entonces, a nivel global, el emergente capital transnacional que surge en los años 70 y en adelante enfrenta una crisis de la hegemonía capitalista. Tiene que reconquistar la legitimidad, tiene que reconquistar la rentabilidad, subir la tasa de ganancia y para ello lanza la globalización. Esto es de suma importancia. Porque lo que pasó desde la Segunda Guerra Mundial hasta los años 70 y 80, es que las luchas de masas obligaron a muchos Estados a hacer dos cosas: número uno, regular el mercado, intervenir en la economía para regular el mercado, y dos, intervenir en la economía para redistribuir la riqueza desde arriba hacia abajo. Esas dos cosas, esas intervenciones del Estado, iban en dirección contraria a la tendencia a la polarización de la riqueza, es decir, la lucha de masas obligó a los Estados a tomar medidas que salvaron al capitalismo de su propia crisis, irónicamente. 

Eso se rompe en los años 70.
Cuando el capital lanza la globalización, a finales del siglo XX, el Estado deja de poder intervenir para regular el mercado a nivel de Estado-nación, ya no puede intervenir a redistribuir la riqueza hacia abajo. Entonces se retoma el proceso de la polarización de tal manera que, como sabéis muy bien, hoy en día un 1% de la humanidad controla más de la mitad de riqueza del planeta; el 20% (y cada vez menos del 20%) controla el 95%. El 85% de la población mundial ya ni siquiera puede consumir. Ahí está la población excedente. Son quienes no conforman un mercado para el capital transnacional: no producen plusvalor. Contra esa población excedente llevan a cabo el genocidio.

Esta es una crisis provocada por el capital que amenaza al capital.
Tenemos esta increíble polarización que representa una crisis para el sistema. Cuando vemos en los titulares que Musk va a ser el primer billonario hay que darse cuenta de que esa masa de capital es ficticia. Básicamente, la economía global obtuvo en 2025 un valor de entre 105 y 110 billones de dólares. Eso en la producción de bienes y servicios, de las cosas que necesitamos, desde el ordenador con el que estoy hablando contigo hasta la comida que vamos a comer hoy. Mientras, el sistema financiero respaldado en bienes, en activos, está en torno a 150 billones de dólares. Pero el sistema financiero no respaldado por activos asciende a 1,7 trillones de dólares. Eso quiere decir que una masa de capital ficticia no se corresponde con la realidad. Eso hace que el sistema no solo sea insostenible, sino que esto permite pronosticar una crisis catastrófica y una desvalorización masiva descomunal.

¿Para cuándo?
Quizá venga el próximo año, quizá en 2031, pero viene un colapso financiero cataclísmico. Pero ojo, esa no es la crisis final. Esa es la dimensión estructural. La crisis final viene de que hay que combinar la dimensión estructural con la dimensión social del colapso de una buena parte de la humanidad y la imposibilidad de reproducción social con el colapso de la biosfera. Todo se conjuga y el resultado final es que el capital ya enfrenta la imposibilidad de seguir reproduciéndose, llega a los límites de la capacidad de reproducción.

El genocidio es rentable, es rentable la guerra contra las drogas (que no tiene que ver con la droga) en América Latina y la guerra contra migrantes es rentable

¿No va a haber crecimiento económico?
Mi pronóstico es que, si evitamos una tercera Guerra Mundial, va a haber una nueva época de prosperidad. Dependiendo de cómo se desenvuelvan los acontecimientos en los próximos años es posible que las tecnologías digitales aumenten la productividad tanto que se vuelva a imponer por un tiempo la producción real sobre la especulación financiera. Entonces podemos tener un periodo de prosperidad como tuvimos después de la Segunda Guerra Mundial, pero no para la masa de la humanidad, no para 4.000 o 5.000 millones de personas. Desde la lógica del sistema, se trataría de un periodo de estabilización con un Estado policial global en los años 30, los años 40 de este siglo. Para mí, la crisis final del capitalismo global, repito, si evitamos la Tercera Guerra Mundial, se va a desenvolver y a finalizar en la segunda mitad del siglo XXI. Soy consciente de que esto es especulativo. Analítico, pero especulativo.

Has mencionado el Estado policial global, la mano dura como negocio y práctica de disciplinamiento de las sociedades del que hablaste en tu anterior libro. Desde entonces se han producido hechos como la invasión rusa de Ucrania y el genocidio de Gaza que corroboran la hipótesis de que el capital está virando hacia la vía de las armas en su huida hacia adelante. ¿Crees que la acumulación militarizada es suficiente para que se dé el ciclo de valorización que el capital necesita en este momento?
La acumulación militarizada y acumulación por represión —son muy parecidos estos conceptos, pero no idénticos— tienen tres funciones. Uno, que es muy rentable en sí, como hemos hablado antes. Trump ya propuso para el año 2027 un presupuesto de 1,5 billones de dólares en el gasto militar estatal. Ese es prácticamente el 2% de toda la economía global solo para la acumulación de capital militarizado. Es enormemente rentable. El genocidio es rentable, es rentable la guerra contra las drogas —que no tiene que ver con la droga— en América Latina, la guerra contra migrantes es rentable. El segundo aspecto que hay que resaltar de la acumulación militarizada es que la represión militar es como un martillo que abre violentamente espacios para la acumulación. Por ejemplo, la acumulación militarizada del Congo en Ruanda hace a algunos ricos en el Congo, pero sobre todo está abriendo espacio para el pillaje de los minerales. Entonces, la segunda dimensión de Estado policíaco global es que abre espacio para el capital a través de la violencia. Y por último, toda esta crisis genera enormes resistencias. Entonces, la tercera función del estado policíaco global es reprimir y controlar las resistencias. La pregunta que hacías es si la acumulación militarizada y por represión puede sostener la economía global frente al estancamiento y crisis. Y la respuesta es un rotundo no, para nada. 

¿Por qué?
Tiene contradicciones internas, no genera nuevo valor, o es escaso. Me explico: genera nuevo valor en el sentido de que trabajadores producen un misil o un tanque o un avión de guerra, pero esas armas no tienen un mercado masivo, solo tiene un mercado con Estados y grupos paramilitares y armados y policiales, y solo se siguen produciendo si se utilizan en guerras, en destrucción. Eso es lo que [Joseph] Schumpeter llamaba la destrucción creativa. Es tan contradictorio, que simplemente es una medida corto y medianoplacista para seguir dando oxígeno a la economía global. No es una solución.

Has hablado de la posible III Guerra Mundial. ¿Estamos ante un escenario de lo que se ha llamado “guerra civil global” o un conflicto como las grandes guerras del siglo XX?
Una guerra mundial, por un lado, sí, podría ser una acumulación de guerras civiles y guerras regionales, y en ese sentido vamos muy rápidamente hacia esa III Guerra Mundial. Lo que lo hace tan peligroso es el poder destructivo. No me refiero solo a las armas nucleares, sino a armas subnucleares que tienen tremendo poder destructivo, especialmente para el medio ambiente, ya que deja vastas zonas sin ninguna capacidad de agricultura, por tanto, de existencia. Pero si una tercera Guerra Mundial involucra o pone en conflicto directo a Estados Unidos y Rusia o Estados Unidos y China, ya estamos hablando de otro nivel. Y en ese nivel veo muy, muy difícil que sobrevivamos. A menos que sea muy limitada y que su fin esté negociado desde el comienzo.

China, por ser capitalista, por tener sobrecapacidad, tiene que expandirse en el mundo, igual que Estados Unidos. Eso significa que es un proyecto cargado de conflictos y de un futuro muy gris

Se habla mucho del imperio emergente contra EEUU, el imperio en declive, pero ¿qué papel juega en este momento China?
No estoy en contra de asumir la idea de un imperio en declive y otro imperio que está surgiendo, pero prefiero tener otro marco analítico. El capital chino es capital transnacional y se fusiona con el capital de todos los demás países del Oriente y se fusiona en una mezcla inseparable con el capital transnacional. Pero los Estados funcionan en otro nivel. Cada Estado tiene su propio proyecto basado en mantener su propio territorio, atraer al capital transnacional y tratar de convencer a ese capital transnacional de defender sus intereses estatales y políticos. En el caso concreto de China, hablamos de otro modelo de capitalismo. El Estado chino juega un papel central en la economía china en el sentido de que controla el sistema financiero, hay bancos privados, hay capital financiero privado. La mayoría del capital financiero es privado, de hecho, pero China controla el sistema financiero a lo interno, a diferencia de Estados Unidos y de la mayor parte de los países del mundo. Segundo, China puede dirigir las inversiones por medio sus políticas estatales. En Estados Unidos, el modelo puro neoliberal del Occidente lo impide. Y tercero, China tiene y puede movilizar recursos, por ejemplo, para la infraestructura, tiene infraestructura del siglo XXI, mientras Occidente y sobre todo Estados Unidos tienen infraestructura del siglo XX, incluso del siglo XIX, infraestructura que se está cayendo. Es otro modelo del capitalismo que da cierta vida a un capitalismo del siglo XXI con menor intensidad de crisis por un lado. 

¿Por qué?
Hay un sector del capital, el del trumpismo global, que representa a una parte de la elite, que tiene que ver con Israel, con Daniel Noboa, Nayib Bukele y Javier Milei en América Latina, con algunos de los movimientos ultranacionalistas en Europa. El Foro Económico Mundial representa otro sector, un sector reformista, un sector que ha elogiado al capitalismo chino y ha dicho que el capitalismo chino es el capitalismo que necesitamos para el mundo en el siglo XXI. Eso nos dice mucho de la estrategia de los intelectuales orgánicos de esa élite ilustrada y de cómo ven a China. Pero aquí entran las contradicciones del modelo de China. La primera es que el capitalismo se rige por la ley de valor, se rige por la rentabilidad y la urgencia de la rentabilidad. Se rige por una contradicción, aunque sea mediatizada por el Estado, entre capital y trabajo. Démonos cuenta de que China acaba de anunciar para 2025 un déficit comercial con el mundo de 1,2 billones de dólares. Eso no tiene precedentes y es un reflejo de la tremenda sobrecapacidad de la economía mundial. Esa sobrecapacidad es indicio de que la acumulación del desarrollo capitalista en China depende cada vez más de abrir mercados y apropiarse de recursos, expandirse alrededor del mundo. Y eso genera tensiones comerciales y políticas y geopolíticas en todo el mundo. 

Es parte del mismo sistema en crisis.
China, por ser capitalista, por tener sobrecapacidad, tiene que expandirse en el mundo, igual que Estados Unidos. Eso significa que es un proyecto cargado de conflictos y de un futuro muy gris. La izquierda internacional, o sectores de la izquierda internacional, insisten en que China es el futuro para la humanidad, algunos dicen que es socialista, pero es ridículo. Hablando como sociólogo, ni siquiera como izquierdista, es capitalismo, es claramente capitalismo. Dicen que no hay problema y que beneficia al Sur Global, pero cuando estudiamos cada caso donde aterrizan las compañías publico-privadas chinas hay destrucción de medio ambiente, hay despojo, hay conflictos con las comunidades. Hay una apropiación rapaz de los recursos. El 90% del cobalto del Congo es extraído por las compañías chinas con un saqueo increíble. En América Latina es equiparable a lo que hace Estados Unidos: extrae minerales, despoja a la población local, indígena y campesina y abren minas. Y cuentan para ello con los ejércitos y las policías latinoamericanas para reprimir la resistencia. China es el socio comercial de Israel. Ha proporcionado tecnologías de reconocimiento facial y drones a Israel. No está participando directamente en el genocidio, pero está haciendo posible el genocidio. La idea de que China es el futuro de un capitalismo humanizado es ridícula; decir que es el socialismo del futuro es ridículo; decir que China es el gran amigo de las masas empobrecidas del sur global contradice la realidad empírica.


Hace tres años decías que el proyecto izquierdista transnacional era una necesidad ¿Ves avances? ¿Hasta qué punto debemos pasar a hablar de un proyecto antifascista transnacional para afrontar esta policrisis?
Sí, necesitamos un frente unido antifascista que tiene que ser transnacional. Los detalles de a quién incluye ese frente unido antifascista, cómo se formaría, si hay que entrar en alianzas con la élite, entre comillas, ilustrada de Davos, o si no, porque son realmente hoy capitalistas salvajes también, son interrogantes que no puedo contestar. Pero sí creo que es urgente ese frente unido antifascista. Pero siempre he dicho, y creo que lo hablamos un poco en la última entrevista, que hay un tremendo desfase a nivel global entre las sublevaciones y levantamientos populares alrededor del mundo, sobre todo la Generación Z. Las masas están listas para levantarse y a desafiar este sistema.

¿En qué te basas?
El capitalismo global sufre una crisis de legitimidad política entre las masas. El Instituto Cato, que es conservador, hizo una encuesta en 2025 a los jóvenes entre 18 y 29 años de edad en Estados Unidos. Constaba de dos preguntas: “¿A usted le gustaría tener socialismo?” El 62% dijo que sí. La segunda pregunta era “¿tiene usted una opinión favorable o desfavorable sobre el comunismo?” No socialismo, comunismo. El 34% dijo que era favorable. Y eso pasa alrededor del mundo en mayor y menor grado, país a país, especialmente en la generación Z. La masa de la humanidad, miles de millones de nosotros y nosotras, no podemos vivir en este sistema, no lo consideramos legítimo, estamos en levantamientos. Mientras la izquierda organizada e institucional sigue en una crisis. No ha sabido renovarse para el siglo XXI, no ha sabido dar un liderazgo o una visión mayor a esas masas que quieren desafiar al sistema. Ese desfase sigue ahí y es más urgente que nunca acabar con él. Lo que estamos viendo aquí en Estados Unidos es que la gente ya está en pleno levantamiento y están formando coaliciones. Pero no hay izquierda. El Partido Demócrata es un partido en bancarrota que no ofrece nada. Algunos elementos sí, como Zohran Mamdani, pero el partido en sí no ofrece nada. Entonces tenemos este enorme desafío de cómo dar alguna coherencia a toda esta resistencia. Yo no tengo la respuesta, no tengo la solución. Solo tengo este diagnóstico sobre el problema.

La entrada William I. Robinson: “La guerra contra los migrantes es un ataque contra toda la clase obrera” se publicó primero en ATTAC España | Otro mundo es posible.

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La unión de la gente sensata (llámale equis, izquierdas o derechas)

No hace mucho se reunieron dos de los políticos más brillantes del panorama nacional español. Incluso sus oponentes lo reconocen. Ambos pertenecen a partidos distintos, pero coinciden en lo esencial, además de mantener un discurso claro y directo —tal vez con alguna exageración cómica o hipérbole innecesaria—, pero sin bulos y sin pelos en la lengua. Me refiero a Emilio Delgado (diputado en la Asamblea de Madrid por Más Madrid) y a Gabriel Rufián (diputado en el Congreso por ERC).

Lo que estos dos políticos han planteado es algo bastante antiguo: la unión de la izquierda, especialmente teniendo en cuenta que la ley electoral en España es bastante injusta y que difícilmente van a aprobarse algunas de las propuestas para mejorar la representación del pueblo y reducir el número de políticos.

Lo que proponen no es la unión en un único partido nacional, sino un pacto por regiones para que, siguiendo la vigente Ley D’Hondt, se maximice el número de escaños conseguidos. La idea puede funcionar y frenar el envite de la derecha y la ultraderecha con todo lo que esto supone: devaluación del sector público, desprecio por el medioambiente, defensa del machismo, etc. Con respecto a la naturaleza, si ya el PP era un partido peligroso (demostrado sobradamente aquí), con sus nuevos socios —negacionistas impenitentes— la cosa no pinta bien ni para el medioambiente, ni para los animales, ni para nadie, salvo para una minoría que sabe bien lo que quiere y dónde pone su dinero.

Las luchas entre partidos pueden ser muy aburridas. Tenemos que centrar el debate en qué es lo mejor para nuestra sociedad en su conjunto y no para cada votante en particular.

¿Qué pedimos a un partido político digno?

Las ideas aquí expuestas, están AQUÍ en una poesía.

A la gente corriente —currantes o en paro, jóvenes o ancianos— nos da igual que se llamen de izquierdas o derechas. Lo que queremos es compromiso con los problemas reales de las personas y del planeta. Repartidos en tres epígrafes, los siguientes quince puntos que deberían estar en el programa y en la boca de cualquier partido decente:

1. Principios básicos:

  1. Se debe tener claro que el gobierno tiene como principal misión defender a la ciudadanía por delante de cualquier objetivo corporativo. Los intereses empresariales deben estar siempre en segundo plano.
  2. Para garantizar una democracia sana, se deben rechazar todas las formas de dictaduras y todos los golpes de Estado. Por muy razonable que parezca un totalitarismo, imponer un criterio particular a una mayoría nunca será aceptable.
  3. El punto anterior va ligado a condenar cualquier genocidio como el de Palestina y cualquier conflicto armado como el de Irán, el cual no tiene más justificación que querer robar su petróleo (como también ocurrió en Irak o en Venezuela).
  4. Un gobierno digno debe respetar la verdad y combatir los bulos. Para esto, es fundamental una televisión pública libre y objetiva que combata de forma transparente las manipulaciones. Cuando esto no es así, la sociedad se indigna (véanse los casos de la televisión gallega, andaluza o madrileña).
  5. Un gobierno inteligente apoyará la cooperación internacional, sin perjuicio del resto de puntos. Como ha demostrado la Unión Europea, renunciar a beneficios particulares de un Estado a favor de un objetivo común beneficia a la mayoría. Por tanto, avanzar en intereses comunes suele ser mejor que navegar hacia cualquier forma de independentismo egoísta. En este sentido, las declaraciones de la líder del PP europeo, Von der Leyen, deben condenarse por despreciar la legalidad internacional (*).
  6. También pedimos a nuestros políticos respeto por todos los contrincantes. Se debe respetar a los oponentes y ser tolerantes con todas las personas (no con todas las ideologías). Insultar nunca será una forma correcta de argumentar. Y el clásico «y tú más», tampoco.

2. Justicia social y modelo económico:

  1. Maximizar el bien común pasa por fomentar la solidaridad, de forma laica o religiosa. No querremos vivir en un país donde reine el egoísmo y la pobreza. Esto implica:
    • Activar políticas para facilitar la vivienda a los más desfavorecidos (no a políticos y notarios como en Alicante). Cuando se construyan viviendas sociales, estas deben pertenecer siempre al Estado y jamás deben privatizarse.
    • Evitar desahucios y ofrecer alternativas.
    • Ayudas controladas a los desfavorecidos por desastres naturales u otras causas (descuentos en IRPF, en luz, agua…).
    • Aumentar los salarios más bajos (el SMI).
    • También, por supuesto, es deseable una sociedad solidaria con los inmigrantes y comprensiva con su situación. Eso implica un gasto extra del Estado, que nos beneficia a todos. Los que dicen «llévate a los inmigrantes a tu casa», seguro que no quieren meter en su casa los residuos de las nucleares que defienden.
    • En definitiva, intentar reducir la desigualdad es algo que beneficia a toda la sociedad, pues reduce los problemas sociales (delincuencia, fraude, explotación laboral…).
  2. Un gobierno ideal debe apoyar lo público, con especial interés en la educación y la sanidad. La importancia de esto la vemos cada día. Durante la pandemia fue aún más evidente. Hubo lecciones que debimos aprender. Esto también sirve para medir la fortaleza de un gobierno frente a intereses comerciales o especulativos y, por tanto, para medir la salud de una democracia.
  3. Los impuestos deben servir para sufragar los gastos públicos de forma solidaria. Es importante que sean justos y progresivos. Obsérvese que los países con mayor bienestar y menor delincuencia son precisamente los que tienen mayores impuestos, en particular a los millonarios. Subir un pequeño porcentaje a los magnates puede resolver grandes problemas. Y ellos ni lo notan. Para la democracia es positivo permitir que los contribuyentes puedan elegir el destino de parte de sus impuestos. Y el que evada en paraísos fiscales (como algunos influencers) que pague si quiere usar nuestros servicios públicos (hospitales, aeropuertos, etc.).
  4. Reducir la jornada laboral es un acto de justicia universal, dado que hay multitud de inventos que están ahorrando mucha mano de obra (robots, IA, computadoras…). Es preciso reconocer que estos inventos son logros de la humanidad en su conjunto y, por consiguiente, es justo que beneficien a todos y no solo a una minoría.
  5. Deben defenderse los derechos civiles (igualdad ante la ley, libertad de expresión, matrimonio igualitario…) así como la igualdad entre la ciudadanía: feminismo (igualdad entre personas de distinto género), lucha contra el racismo, la aporofobia, etc.

3. Ciencia, medioambiente y bienestar animal:

  1. Las decisiones políticas deben estar, cuando sea posible, avaladas por la ciencia y nunca deben ignorar sus conclusiones para favorecer intereses partidistas.
  2. Una ideología sensata siempre debe estar dispuesta a cambiar y evolucionar. Así, las tradiciones pueden cambiarse para adaptarse a los nuevos tiempos.
  3. Un medioambiente sano no es solo uno de los Derechos Humanos y un bonito artículo de la Constitución Española (art. 45). Nuestra vida, nuestra salud y la de nuestros descendientes dependen de que cambiemos nuestra forma de tratar a la naturaleza. Por tanto, debe ser aislado cualquier partido o ideología que no lo entienda y que no respete lo que dice la ciencia.
  4. Defender los derechos de los animales es también elemental para la dignidad del ser humano. Y también ayudará a mejorar nuestro trato a la naturaleza. ¿Cómo es posible que la tauromaquia esté blindada en España cuando solo el 8 % de los españoles acudió a algún espectáculo taurino en el último año? Además, un 70 % manifiesta tener un interés «mínimo» por estos eventos; y siete de cada diez consideran «totalmente inaceptable» el uso de animales en corridas de toros, eventos que se han desplomado un 60 %. Incluso se han cerrado numerosas plazas.

Si un partido político o una coalición aboga por todo (o casi todo) lo dicho arriba, creo que contará con mi apoyo y con el de muchos otros. No es una cuestión de izquierdas o derechas. Es una cuestión de sensatez y humanidad.

(*) Tras sus esperpénticas declaraciones incitando a abandonar la legalidad internacional, una noticia más reciente dice que Von der Leyen recula ante las críticas y defiende ahora el “compromiso inquebrantable” de la UE con el derecho internacional. Es muy lamentable que tenga que desdecirse porque las críticas han sido feroces y las peticiones de dimisión se cuentan por millares en redes sociales. Es obvio que dijo lo que pensaba y que su amor por el cargo le hace decir lo que tenga que decir. Resulta del todo hilarante que el PP saliera a defender las palabras de Von der Leyen y, ahora que se ha desdicho, el PP calla. Hablar sin pensar es peligroso.

♦ Más sobre política sensata:

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La unión de la gente sensata (llámale equis, izquierdas o derechas)

No hace mucho se reunieron dos de los políticos más brillantes del panorama nacional español. Incluso sus oponentes lo reconocen. Ambos pertenecen a partidos distintos, pero coinciden en lo esencial, además de mantener un discurso claro y directo —tal vez con alguna exageración cómica o hipérbole innecesaria—, pero sin bulos y sin pelos en la lengua. Me refiero a Emilio Delgado (diputado en la Asamblea de Madrid por Más Madrid) y a Gabriel Rufián (diputado en el Congreso por ERC).

Lo que estos dos políticos han planteado es algo bastante antiguo: la unión de la izquierda, especialmente teniendo en cuenta que la ley electoral en España es bastante injusta y que difícilmente van a aprobarse algunas de las propuestas para mejorar la representación del pueblo y reducir el número de políticos.

Lo que proponen no es la unión en un único partido nacional, sino un pacto por regiones para que, siguiendo la vigente Ley D’Hondt, se maximice el número de escaños conseguidos. La idea puede funcionar y frenar el envite de la derecha y la ultraderecha con todo lo que esto supone: devaluación del sector público, desprecio por el medioambiente, defensa del machismo, etc. Con respecto a la naturaleza, si ya el PP era un partido peligroso (demostrado sobradamente aquí), con sus nuevos socios —negacionistas impenitentes— la cosa no pinta bien ni para el medioambiente, ni para los animales, ni para nadie, salvo para una minoría que sabe bien lo que quiere y dónde pone su dinero.

Las luchas entre partidos pueden ser muy aburridas. Tenemos que centrar el debate en qué es lo mejor para nuestra sociedad en su conjunto y no para cada votante en particular.

¿Qué pedimos a un partido político digno?

Las ideas aquí expuestas, están AQUÍ en una poesía.

A la gente corriente —currantes o en paro, jóvenes o ancianos— nos da igual que se llamen de izquierdas o derechas. Lo que queremos es compromiso con los problemas reales de las personas y del planeta. Repartidos en tres epígrafes, los siguientes quince puntos que deberían estar en el programa y en la boca de cualquier partido decente:

1. Principios básicos:

  1. Se debe tener claro que el gobierno tiene como principal misión defender a la ciudadanía por delante de cualquier objetivo corporativo. Los intereses empresariales deben estar siempre en segundo plano.
  2. Para garantizar una democracia sana, se deben rechazar todas las formas de dictaduras y todos los golpes de Estado. Por muy razonable que parezca un totalitarismo, imponer un criterio particular a una mayoría nunca será aceptable.
  3. El punto anterior va ligado a condenar cualquier genocidio como el de Palestina y cualquier conflicto armado como el de Irán, el cual no tiene más justificación que querer robar su petróleo (como también ocurrió en Irak o en Venezuela).
  4. Un gobierno digno debe respetar la verdad y combatir los bulos. Para esto, es fundamental una televisión pública libre y objetiva que combata de forma transparente las manipulaciones. Cuando esto no es así, la sociedad se indigna (véanse los casos de la televisión gallega, andaluza o madrileña).
  5. Un gobierno inteligente apoyará la cooperación internacional, sin perjuicio del resto de puntos. Como ha demostrado la Unión Europea, renunciar a beneficios particulares de un Estado a favor de un objetivo común beneficia a la mayoría. Por tanto, avanzar en intereses comunes suele ser mejor que navegar hacia cualquier forma de independentismo egoísta. En este sentido, las declaraciones de la líder del PP europeo, Von der Leyen, deben condenarse por despreciar la legalidad internacional (*).
  6. También pedimos a nuestros políticos respeto por todos los contrincantes. Se debe respetar a los oponentes y ser tolerantes con todas las personas (no con todas las ideologías). Insultar nunca será una forma correcta de argumentar. Y el clásico «y tú más», tampoco.

2. Justicia social y modelo económico:

  1. Maximizar el bien común pasa por fomentar la solidaridad, de forma laica o religiosa. No querremos vivir en un país donde reine el egoísmo y la pobreza. Esto implica:
    • Activar políticas para facilitar la vivienda a los más desfavorecidos (no a políticos y notarios como en Alicante). Cuando se construyan viviendas sociales, estas deben pertenecer siempre al Estado y jamás deben privatizarse.
    • Evitar desahucios y ofrecer alternativas.
    • Ayudas controladas a los desfavorecidos por desastres naturales u otras causas (descuentos en IRPF, en luz, agua…).
    • Aumentar los salarios más bajos (el SMI).
    • También, por supuesto, es deseable una sociedad solidaria con los inmigrantes y comprensiva con su situación. Eso implica un gasto extra del Estado, que nos beneficia a todos. Los que dicen «llévate a los inmigrantes a tu casa», seguro que no quieren meter en su casa los residuos de las nucleares que defienden.
    • En definitiva, intentar reducir la desigualdad es algo que beneficia a toda la sociedad, pues reduce los problemas sociales (delincuencia, fraude, explotación laboral…).
  2. Un gobierno ideal debe apoyar lo público, con especial interés en la educación y la sanidad. La importancia de esto la vemos cada día. Durante la pandemia fue aún más evidente. Hubo lecciones que debimos aprender. Esto también sirve para medir la fortaleza de un gobierno frente a intereses comerciales o especulativos y, por tanto, para medir la salud de una democracia.
  3. Los impuestos deben servir para sufragar los gastos públicos de forma solidaria. Es importante que sean justos y progresivos. Obsérvese que los países con mayor bienestar y menor delincuencia son precisamente los que tienen mayores impuestos, en particular a los millonarios. Subir un pequeño porcentaje a los magnates puede resolver grandes problemas. Y ellos ni lo notan. Para la democracia es positivo permitir que los contribuyentes puedan elegir el destino de parte de sus impuestos. Y el que evada en paraísos fiscales (como algunos influencers) que pague si quiere usar nuestros servicios públicos (hospitales, aeropuertos, etc.).
  4. Reducir la jornada laboral es un acto de justicia universal, dado que hay multitud de inventos que están ahorrando mucha mano de obra (robots, IA, computadoras…). Es preciso reconocer que estos inventos son logros de la humanidad en su conjunto y, por consiguiente, es justo que beneficien a todos y no solo a una minoría.
  5. Deben defenderse los derechos civiles (igualdad ante la ley, libertad de expresión, matrimonio igualitario…) así como la igualdad entre la ciudadanía: feminismo (igualdad entre personas de distinto género), lucha contra el racismo, la aporofobia, etc.

3. Ciencia, medioambiente y bienestar animal:

  1. Las decisiones políticas deben estar, cuando sea posible, avaladas por la ciencia y nunca deben ignorar sus conclusiones para favorecer intereses partidistas.
  2. Una ideología sensata siempre debe estar dispuesta a cambiar y evolucionar. Así, las tradiciones pueden cambiarse para adaptarse a los nuevos tiempos.
  3. Un medioambiente sano no es solo uno de los Derechos Humanos y un bonito artículo de la Constitución Española (art. 45). Nuestra vida, nuestra salud y la de nuestros descendientes dependen de que cambiemos nuestra forma de tratar a la naturaleza. Por tanto, debe ser aislado cualquier partido o ideología que no lo entienda y que no respete lo que dice la ciencia.
  4. Defender los derechos de los animales es también elemental para la dignidad del ser humano. Y también ayudará a mejorar nuestro trato a la naturaleza. ¿Cómo es posible que la tauromaquia esté blindada en España cuando solo el 8 % de los españoles acudió a algún espectáculo taurino en el último año? Además, un 70 % manifiesta tener un interés «mínimo» por estos eventos; y siete de cada diez consideran «totalmente inaceptable» el uso de animales en corridas de toros, eventos que se han desplomado un 60 %. Incluso se han cerrado numerosas plazas.

Si un partido político o una coalición aboga por todo (o casi todo) lo dicho arriba, creo que contará con mi apoyo y con el de muchos otros. No es una cuestión de izquierdas o derechas. Es una cuestión de sensatez y humanidad.

(*) Tras sus esperpénticas declaraciones incitando a abandonar la legalidad internacional, una noticia más reciente dice que Von der Leyen recula ante las críticas y defiende ahora el “compromiso inquebrantable” de la UE con el derecho internacional. Es muy lamentable que tenga que desdecirse porque las críticas han sido feroces y las peticiones de dimisión se cuentan por millares en redes sociales. Es obvio que dijo lo que pensaba y que su amor por el cargo le hace decir lo que tenga que decir. Resulta del todo hilarante que el PP saliera a defender las palabras de Von der Leyen y, ahora que se ha desdicho, el PP calla. Hablar sin pensar es peligroso.

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