• El negacionismo climático del actual gobierno de la Junta de Andalucía provocará incendios más devastadores.
• Ecologistas en Acción muestra su consternación por el incendio forestal de Los Gallardos, en Almería, que es consecuencia de las sucesivas olas de calor que se están sufriendo en el ámbito mediterráneo debido al cambio climático.
• El pacto de gobierno de PP-VOX, por el que se comprometen a no actuar frente al cambio climático, agudizará estos eventos catastróficos. 

Lamentamos profundamente la pérdida de vidas humanas y muestra su solidaridad con quienes luchan contra el incendio de Almería.

Los incendios forestales se suceden uno tras otro por toda la geografía andaluza, siendo cada vez más virulentos y letales. Los medios que se utilizan para la extinción, en este caso formado por cientos de bomberos forestales, miembros de la UME, guardias civiles… y decenas de aviones y helicópteros, demuestran hasta qué punto se hace cada vez más difícil apagar estos mega incendios.

Es cada vez más evidente que la sociedad no está preparada para este nuevo escenario que provoca el cambio climático, y también es evidente que la inacción y el negacionismo climático provocan destrucción y muertes. Cada año en los países del ámbito mediterráneo se sufren incendios de mayor amplitud y consecuencias más catastróficas; ya sucedieron en Portugal y Grecia, el año pasado desolaron amplias zonas del noroeste de la Península, ahora llegan al sur.

Hay responsabilidades políticas evidentes en este escenario catastrófico. Los políticos que no han hecho nada frente al creciente cambio climático ahora se lamentan. La proliferación de viviendas en el campo como segunda residencia de ciudadanos del centro y norte de Europa fue amparada por los ayuntamientos y por la Junta de Andalucía, que llegó a aprobar varios decretos y promover la modificación de leyes para impedir la demolición y blindar miles de viviendas en suelo no urbanizable en zonas como la Axarquía malagueña o el Levante almeriense. Las consecuencias de tamaña irresponsabilidad se están viviendo ahora, y son responsables tanto la anterior administración del PSOE como las posteriores del PP. La nueva ley urbanística (LISTA) agravará aún más esta situación al permitir todo tipo de construcciones en suelo no urbanizables, promoviendo las segundas residencias sin ligazón a la explotación de fincas rústicas. El urbanismo en suelos no urbanizables se desbocará.

Estos incendios forestales demuestran también el fracaso de las políticas de prevención, no solo en las actuaciones sobre las masas forestales para hacerlas más resistentes a la propagación de los incendios, incluso en terrenos forestales con escasa vegetación arbórea, como es este caso, sino sobre todo por la inoperancia demostrada de los planes de emergencia locales. En Andalucía, todos los municipios ubicados en zona de peligro de incendios forestales están obligados por el Decreto 371/2010 a elaborar un Plan Local de Emergencias por Incendios Forestales (PLEIF). Este plan debe incluir estrategias de prevención locales, planes de evacuación claros y sistemas de aviso a la población integrados en el Plan INFOCA.

Nivel de riesgo en la interfaz urbano-forestal de la zona del incendio (Fuentes: REDIAM, EFFIS-Copernicus).

Hay ayuntamientos que a estas alturas carecen de estos planes, muchos no los tienen actualizados y la inmensa mayoría son desconocidos por la sociedad, que ignora qué hacer ante un incendio que puede afectar a sus viviendas. Nunca se realizan simulacros en los municipios forestales para que la población sepa que tiene que hacer para colaborar en la prevención y extinción de los incendios forestales, cuándo tiene que confinarse y cuándo y cómo proceder a su evacuación. Esta dejación de funciones y de delegar todo el trabajo a los efectivos del Plan INFOCA, ignorando a la población local, tiene estas consecuencias trágicas.

Estos diseminados urbanísticos deberían contar también con un Plan de Autoprotección frente a Incendios Forestales (PAIF), que es un instrumento técnico obligatorio para núcleos de población aislada, urbanizaciones y campings situados en zonas de peligro. Su objetivo es evaluar los riesgos, definir medidas preventivas, organizar la evacuación y facilitar la intervención de emergencia. Nada de estos existía en las zonas incendiadas.

Muy preocupante es que, ante este escenario, se acabe de constituir un gobierno en Andalucía que asume el negacionismo climático y se compromete por escrito a la inacción climática. En la una de las regiones del mundo que puede sufrir, y ya se está evidenciando, con mayor intensidad las consecuencias del cambio climático, con el aumento de fenómenos meteorológicos extremos, el nuevo gobierno andaluz se compromete a no hacer nada.

Quienes no actúen frente al cambio climático serán responsables de sus consecuencias.

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• La Junta de Andalucía aprobó en diciembre pasado una disposición administrativa por la que se establece la acreditación y las funciones para el control de predadores cinegéticos y se homologan ciertos métodos de captura de animales.
• Los principios de la restauración ecológica comportan el restablecimiento de los procesos y funciones ecológicas como alternativa satisfactoria para el control de predadores.
• Está demostrado científicamente que los métodos de captura que la Orden homologa pueden causar un daño muy severo a la biodiversidad al incumplir la normativa vigente.
• La Orden pretende regular asuntos en contra de normativa superior y convertir una excepcionalidad creada para casos específicos en una generalidad casi como una nueva modalidad de caza en todo el territorio andaluz.

Gato montés muerto en una jaula trampa no gestionada correctamente

Tras una revisión exhaustiva de la literatura científica y la consulta a diversos investigadores independientes reputados, Ecologistas en Acción de Andalucía ha podido concluir que constituye un error garrafal la Orden que la Junta de Andalucía aprobó en diciembre pasado por la que se establece la acreditación y las funciones de las personas controladoras de predadores cinegéticos y se aprueban los métodos de captura de predadores cinegéticos homologados a usar en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Por ello, la organización ecologista ha recurrido la Orden.

En primer lugar se ha podido comprobar que esta disposición administrativa de control de predadores no está debidamente motivada. Aunque la disposición explica en su preámbulo que se justifica por una disposición del Reglamento de Ordenación de la Caza en Andalucía, lo cierto es que no hay un diagnóstico sobre lo que se quiere controlar, que son los daños a la caza, los cultivos, el ganado, los bosques y montes por zorros, urracas y jabalíes. No hay ni informes sobre la situación original que ha sido perturbada y por ello exigiría actuación de control, ni hay estudios de seguimiento y daños debidos a poblaciones de predadores que requieran una intervención masiva de captura y muerte como la que propone la Orden. Por todo ello, la necesidad de la Orden no es constatable y carece de motivo.

En segundo lugar, estaríamos hablando de un control de predadores que consiste en una excepción que ya está recogida así en la normativa autonómica, estatal, europea e internacional. La excepción se quiere convertir en una generalidad, en algo normal. En las leyes se contemplan determinados métodos de captura en caso de no existir otras soluciones satisfactorias, siempre que se garantice que no existirá perjuicio al mantenimiento en un estado de conservación favorable de las poblaciones de la especie de que se trate en su área de distribución natural. Pero se obvia que sí existe una solución satisfactoria, que es la propia Orden de Vedas, que permite la caza de estas especies desde agosto hasta marzo, ocho meses al año.

En tercer lugar, los métodos de captura de animales que pretende homologar la Orden presentan muchas controversias científicas. Existe evidencia científica de que no son métodos selectivos y capturan otros animales silvestres, algunos protegidos, como lince ibérico, y otros que no son silvestres sino domésticos, como gatos de comunidades o perros perdidos. Además, son métodos que, demostradamente, causan daños físicos, como úlceras y laceraciones, y dolor a los animales, que además tardan tiempo en ser recogidos. Si son animales silvestres, o son el objeto de esta actuación y les deben dar muerte in situ, o son errores que deben ser devueltos al medio natural o llevados a un Ayuntamiento en el caso de los gatos comunitarios y perros. Todos los ejemplares quedan traumatizados y no se readaptan nuevamente a la vida en libertad o en comunidad.

En cuatro lugar, se permitiría usar estos métodos de captura en todo el territorio andaluz, además de en los cotos de caza, y por ello se incluirían los espacios protegidos, las zonas agrícolas, dehesas, etc. El impacto sobre la biodiversidad puede ser muy severo, y no se ha elaborado la Evaluación Ambiental Estratégica que establece la Directiva Hábitats cuando un proyecto, como esta Orden, afecta a los espacios protegidos europeos y sus especies, es decir, los integrantes de la Red Natura 2000. En Andalucía el 30% de su superficie es Red Natura 2000, con casi 200 espacios protegidos europeos.

Sobre todo, hay que reseñar que, además de la propia Orden de Vedas, está acreditada una solución que es la más satisfactoria de todas por su eficacia y bajo coste, que requiere una intervención mínima y está perfectamente demostrada científicamente: las restauración de los procesos y funciones ecológicas. Recuperar los equilibrios naturales de predación es mucho más acertado y económico para atajar los casos en que algunos ejemplares de zorro, jabalí o urraca pudieran causar algún perjuicio en todo el territorio andaluz: simplemente no se darían o, muy excepcionalmente, como prevén las leyes vigentes, pues habría equilibrio.

Un lince ibérico puede alimentarse de zorros, por ejemplo. La restauración de los procesos naturales de la cadena trófica es una alternativa mucho más acertada que la estrategia simple intervencionista que la Orden propone. La arbitrariedad de esta disposición administrativa que va contra toda norma de superior rango y contra las evidencias científicas, con certeza podría desembocar en un desequilibrio mayor, generando un problema más complejo en lugar de una solución. Para Ecologistas en Acción, la forma más adecuada de abordar la restauración ecológica es favorecer los procesos de recuperación natural.

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• Ecologistas en Acción de Andalucía considera que el pacto PP-VOX consolida la desregulación ambiental, el debilitamiento de los servicios públicos y la criminalización del movimiento social, y llama a construir una amplia respuesta ciudadana.

En Andalucía seguimos la senda de Extremadura, Castilla y León y  Aragón. El PP asume e incorpora las tesis xenófobas de Vox, camuflando la “prioridad nacional” bajo el “arraigo”.

Con este pacto de 60 páginas y 150 medidas, aparecidas para la ciudadanía de un día para otro, se consagra la subordinación de los recursos públicos a los intereses privados, la privatización de la gestión ambiental y la falta de planificación democrática.

Vivimos una crisis ecológica cuya solución ya no admite más demoras, pero este pacto trae, en algunos casos, propuestas que suponen una renuncia vergonzosa de lo que eran principios para el PP, y en otros representan una vuelta de tuerca aún más reaccionaria sobre las políticas antisociales y antiecológicas que venía practicando el gobierno derechista andaluz.

Particularmente preocupantes son los propósitos de este lamentable acuerdo de desregular todo lo inimaginable, dedicando toda una Consejería, en manos de Vox, no a gobernar o legislar, como corresponde a todo gobierno, sino a anular leyes que ordenan la convivencia; deshacer y no crear. Se pretende suprimir cautelas, ayudas y oportunidades generales, para que la ley imperante solo sea la del más fuerte.

La “simplificación” para todo tipo de proyectos e iniciativas empresariales sigue el camino de las letales y recién aprobadas leyes de Gestión Ambiental y de Montes, donde la Administración externaliza las tareas de control al interés privado y permite ceder la explotación de fincas y montes públicos al capital privado.

Incoherencias en este acuerdo las hay a puñados, pero particularmente contradictorio es asegurar que se pretende reducir la presión fiscal a los andaluces al mismo tiempo que se afirma la pretensión de incrementar las partidas de sanidad, educación y dependencia. ¿De dónde piensan que salen esas partidas para los servicios públicos?, ¿Cómo mienten tan tranquilamente? Una de estas “curiosidades” es la propuesta en educación de que se enseñe la historia del terrorismo… ¿todos?, ¿desde cuándo?

En compromisos (o más bien en su ausencia) climáticos, pasamos de un nihilismo paralizante, el Plan Andaluz de Acción por el Clima, que se ha limitado a meras medidas de “compensación” de emisiones, a un negacionismo con todas las señas de identidad de Vox y su anatema de “fanatismo climático”; lo que va mal, es susceptible de empeorar.

La Agenda 2030 y el Pacto Verde, dos iniciativas comunitarias de largo alcance aunque de nimios resultados, se consideran una bestia negra a suprimir. El campo se “blinda” frente a los “aspectos negativos” de la Agenda 2030 y el Pacto Verde, con rechazo formal al acuerdo UE-Mercosur y a la reforma de la PAC 2028-2034. Se suprimen las cargas autonómicas derivadas del Pacto Verde, se revisan las zonas ZEPA y LIC, se exigen al Estado las presas de Alcolea, Gibralmedina, Rules y Siles y se defiende la ganadería intensiva frente a la “criminalización animalista”.

A dos serios problemas de nuestra comunidad, como son las inundaciones y los incendios forestales, se dan soluciones simples e ignorantes, en plan cuñadismo, como “limpiar” ríos y “limpiar” bosques, cuando se trata de efectos de causas mucho más complejas e universales.

Otras defensas sin matices en este pacto son igualmente de vergüenza, como las de la:

• tauromaquia, cuya defensa, junto a la caza como atractivo turístico es patético, y les puede salir mal transmitiendo una imagen atávica y cruel con los seres vivos.
• la caza como gestora del medio natural, una ignorancia irresponsable.
• la ganadería intensiva y la pesca de arrastre, actividades que a corto y medio plazo supondrán problemas graves a nuestros recursos.
• Permitir sin control los fitosanitarios, seguir con la dependencia de fertilizantes y combustibles, en vez de apostar por un modelo agroecológico que reduzca dependencias externas y produzca sano, es otro ejemplo de este sinsentido programático.

Y lo que el pacto entiende por cultura es de traca: más inversión en patrimonio, con un fondo específico para iglesias, conventos y monasterios, además de las ya indicadas en toros y caza: en definitiva, prioridad para la Iglesia, la tauromaquia y caza.

La fiscalidad ambiental, una poderosa herramienta de sostenibilidad, se suprime: desaparecerían los impuestos a las bolsas de plástico, a las emisiones de gases y a los vertidos a aguas litorales: toda una contrarreforma antiecológica.

Las organizaciones sociales son consideradas, no como unos agentes necesarios para el cambio social, sino como un enemigo a abatir: se suprimen todas las subvenciones a ONG que no concuerden con los postulados reaccionarios del acuerdo y la “prioridad nacional”.

Es tal la acumulación de amenazas y peligros que contiene este infausto acuerdo de gobierno, que la respuesta de las organizaciones sociales debe ser contundente y unida. Necesitamos una fuerte movilización, que consiga aunar esfuerzos en defensa de los servicios públicos que se nos quieren arrebatar y asegure la protección ambiental y el compromiso climático.

La acción de gobierno que requiere Andalucía debe hacerse con inclusión, participación real y justicia social; necesitamos hacer frente a esta desposesión y a este retroceso que se nos viene encima.

Frente a esas 150 medidas del pacto, Ecologistas en Acción defiende las 150 medidas plasmadas en el documento que elaboraron cara a las recientes elecciones.

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• Ecologistas en Acción publica un informe donde evalúa las políticas autonómicas y su adecuación al objetivo de detener la pérdida de biodiversidad en 2030.
• Ninguna administración autonómica alcanza la valoración necesaria para entrar en las categorías de evaluación “En el buen camino” o “Necesita mejorar”.

La Junta de Andalucía está incumpliendo el Marco Mundial de Biodiversidad y su propia Estrategia Andaluza de Gestión Integrada de la Biodiversidad, no frenando la reducción de poblaciones y hábitats de especies protegidas, ni la extinción de algunas de ellas. Andalucía no va a cumplir con la meta de detener la pérdida de biodiversidad para 2030 y, de hecho, no se ha detenido, sino muy al contrario, ha aumentado esa pérdida de biodiversidad.

El Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal (MMBKM), aprobado por 196 países, entre ellos el Estado español y la Unión Europea, en la COP15 del Convenio sobre la Diversidad Biológica en diciembre de 2022, establece una hoja de ruta global para detener e invertir la pérdida de biodiversidad antes de 2030 mediante 23 metas concretas. Ecologistas en Acción presentó el pasado mes de abril su evaluación del nivel de cumplimiento a nivel estatal de este acuerdo, pero ya que las comunidades autónomas (CCAA) ostentan amplias competencias en materia de gestión de la naturaleza, su implicación resulta imprescindible para alcanzar los compromisos asumidos por España.

Por ello, Ecologistas en Acción presenta un informe que analiza el grado de aplicación del Marco Mundial de Biodiversidad por parte de las 17 CCAA y las dos ciudades autónomas españolas. Para evaluar el nivel de aplicación autonómica de este acuerdo se han analizado diez actuaciones vinculadas a las metas más relacionadas con las competencias autonómicas: estrategias de biodiversidad, restauración ecológica, gestión de espacios protegidos, especies exóticas invasoras, contaminación agraria, infraestructura verde, integración de la biodiversidad en políticas sectoriales, conservación de especies amenazadas y participación social. Cada actuación fue valorada mediante un sistema de evaluación que permite comparar el grado de avance entre territorios.

Andalucía se encuentra en el grupo de cola, en la categoría “Graves carencias”. Aunque nuestra comunidad autónoma aprobó en 2011, por Acuerdo del Consejo de Gobierno, la Estrategia Andaluza de Gestión Integrada de la Biodiversidad, con una vigencia de 10 años, no ha conseguido cumplir con las metas del Marco Mundial de Biodiversidad ni con su propia Estrategia. La nueva Estrategia 2020-2035 no está aprobada, y ya estamos en 2026.

La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente realizó un informe de evaluación de la Estrategia Andaluza de Gestión Integrada de la Biodiversidad en el decenio 2011-2020, informe falto de rigor, no aportando datos de la evolución de la biodiversidad -especies y hábitats- en esa década. Se carece de datos desde entonces.

La Consejería omite en la evaluación de los Planes de Recuperación de especies amenazadas la extinción del lobo, que ha tenido lugar durante la ejecución de esta Estrategia, ni se analiza por qué se ha negado la Junta a declararlo especie en peligro de extinción cuando todavía había lobos, y a aprobar y ejecutar un plan de recuperación. La extinción del lobo es un desastre para nuestra biodiversidad. El hombre ha coexistido con los lobos durante milenios; es un depredador que aporta beneficios indudables, como el saneamiento y control de las poblaciones de ungulados silvestres, como ciervos y jabalíes. Llevamos una década sin lobos en Andalucía, y la Junta no sólo no tiene intención alguna de apoyar medidas para favorecer su expansión hacia el sur, sino que en la reciente Conferencia Sectorial de Medio Ambiente ha votado que se sigan cazando lobos en España, son haber ninguno en nuestra tierra. ¡Un disparate que debería explicar!

La Junta tampoco aporta datos sobre los programas de erradicación de especies invasoras, que siguen expandiéndose por Andalucía sin que se adopten las medidas preventivas oportunas. La Consejería de Sostenibilidad reconoce que no tiene medios para lograr reducir las tasas de introducción en al menos un 50% para 2030, justificándolo en la falta de financiación, que asegura en el informe de evaluación “no son inagotables”.

Tanto el Marco Mundial como la estrategia Andaluza de Biodiversidad plantean como objetivo la mejora de la conectividad ecológica, pero la Junta no ha iniciado una sola acción, muy al contrario, con las infraestructuras y las macrourbanizaciones se sigue fragmentando el territorio.

La Junta no ha promovido ningún programa de gestión, restauración y mejora de ecosistemas. Un ejemplo es la laguna de La Janda, la que fuera la mayor laguna de España, que está usurpada por un reducido grupo de empresas a pesar de estar deslindada como Dominio Público Hidráulico. La Junta apoya a los ocupas y se opone a la recuperación de los terrenos y de unos ecosistemas de altísimo valor.

La Junta incumple de forma sistemática la Directiva Hábitat, que obliga a la conservación y restauración de poblaciones de especies protegidas y de hábitats de interés comunitario. La Junta sigue aprobando suelos urbanizables en la Red Natura 2000, en contra de la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, y sigue apoyando la ejecución de proyectos en esta red de espacios naturales sin la evaluación ambiental adecuada. El resultado es que la mayoría de los hábitats y especies se encuentran en un estado desfavorable.

La situación de las especies amenazadas en Andalucía sigue empeorando, un ejemplo son las aves esteparias, que han sufrido una drástica reducción de las poblaciones, entre otras causas, por la destrucción de su hábitat por los cambios de cultivo y la proliferación sin planificación de plantas fotovoltaicas.

Y lo más lamentable, y que tiene las consecuencias más negativas sobre la biodiversidad, es la falta de integración de la protección o conservación de la biodiversidad en los planes industriales, mineros, de infraestructuras o urbanismo, con el objetivo de minimizar los impactos de estas actividades sobre la biodiversidad y los hábitats.

Se han dado casos de aprobación de planes urbanísticos con evaluación ambiental favorable que han sido anulado por los tribunales por afectar a espacios protegidos con hábitats de interés comunitario (HICs) y especies catalogadas, como es el caso del Plan Parcial de Valdevaqueros (Tarifa-Cádiz).

La evaluación realizada pone de manifiesto que la aplicación autonómica del Marco Mundial de Biodiversidad sufre de un alarmante retraso y está alejada de las exigencias necesarias para alcanzar los objetivos de 2030. Las administraciones autonómicas han desarrollado algunas actuaciones sectoriales relevantes, pero no han asumido todavía el Marco Mundial de Biodiversidad como una hoja de ruta estratégica que oriente sus políticas públicas.

El Informe de Ecologistas en Acción concluye que, a menos de cuatro años del horizonte temporal fijado por el Marco Mundial de Biodiversidad, la aplicación autonómica sigue siendo fragmentaria, insuficiente y, en muchos casos, inexistente. Predominan las actuaciones aisladas, mientras que escasean los compromisos específicos alineados con las metas internacionales para 2030.

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