Hoy nos trasladaremos a Barcelona, donde se están dando movilizaciones en muy diversos ámbitos en muy corto espacio de tiempo. Hablaremos con una compañera de allá que nos contará cómo se han ido desarrollando los acontecimientos, los motivos de las diversas acciones y cómo pueden ir evolucionando las cosas por allá. Después hablaremos con un […]
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BOGOTÁ // Lo último que ve Daniel Jaimes es el destello de un disparo. Se oscurece la tarde del 1 de mayo de 2021, se apaga su visión. El gas del proyectil lanzado por un agente policial rasga su garganta. Cae al suelo y siente que una parte de su cara se desprende del cuerpo. El cilindro de gas lacrimógeno impacta directamente sobre el lado derecho de su nariz, pulverizando los huesos de sus pómulos, rompiendo su tabique y los pisos orbitales “que son los huesos que sostienen los ojos”, desprendiendo el maxilar superior. Pierde diez piezas dentales. Su ojo derecho estalla. “Usted es para que estuviera muerto”, todavía repiten doctores y cirujanos.
Una lágrima gotea incesante bajo el pañuelo negro de tela que cubre ahora la parte derecha de su rostro, dice que es por la celulitis preseptal, una infección recurrente. “Pasé por tanto dolor desde el principio… tú viste cómo estaba. Esa lágrima es porque me duele, pero uno se acostumbra”, se resigna Daniel. Cinco años después del impacto –durante el mayor estallido social en Colombia– el dolor físico ya no lo define todo. “Soy una persona rota, no te lo voy a negar”. Silencio. “Sé que nunca voy a sanar del todo, pero soy terco: creo que con amor se puede tapar el sol”, narra el joven de 25 años, dejando ver una leve sonrisa.
El 28 de abril de 2021, millones de colombianos se tomaron durante casi cuatro meses las plazas, calles y parques de todo el país en contra de la reforma tributaria del entonces presidente derechista, Iván Duque. Una reforma que ahogaba, aún más, a las poblaciones más afectadas por la crisis sanitaria del COVID-19. Las históricas marchas retomaban el eco del Paro Nacional de noviembre de 2019. Los reclamos de justicia social, mejoras económicas y sociales, el cese de los asesinatos contra líderes sociales pronto se mezclaron con los pedidos de una reforma policial.
La Fuerza Pública colombiana (Policía Nacional, el Ejército y el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD, hoy llamado UNDMO) reprimió a los manifestantes, en su mayoría jóvenes, con una violencia colosal. Tanquetas y lanzaderas de proyectiles Venom contra las piedras de los manifestantes, gases lacrimógenos y balas de goma para dispersar las arengas pacíficas, tiros de balas contra escudos de latón y madera. Solo entre el 28 de abril y el 20 de julio, la Plataforma Grita de la organización colombiana Temblores registró 5.340 casos de violencia policial en todo el territorio: 40 casos de violencia homicida, 105 casos de trauma ocular, 35 casos de violencia sexual. Hubo estigmatización contra la protesta y los manifestantes, detenciones y judicializaciones arbitrarias, abusos de autoridad, desapariciones. Hoy, en el quinto aniversario, la gran herida abierta de todo un país sigue siendo la impunidad de sus violencias estatales.
“Existe un pimponeo entre la jurisdicción penal militar y la justicia ordinaria que funciona como una estrategia dilatoria para evitar el esclarecimiento de los hechos”, afirma Camilo Mendoza, de Temblores ONG. Su último reporte demuestra cómo los casos registrados de violencia policial siguen sin haberse esclarecido y muchos han sido archivados. “El acceso a la justicia en el ámbito penal muestra un panorama muy crítico”, reconoce Mendoza. De los 105 casos registrados de trauma ocular, solo uno tiene una sentencia condenatoria en primera instancia. “Esto demuestra un escenario de impunidad sistemática y estructural frente a violaciones de derechos humanos cometidas por agentes del Estado”, denuncia.
Al otro lado del teléfono, Leidy Natalia Cadena, narra con tesón los detalles previos a perder la visión total de su ojo derecho. “No fue un error. El primer disparo fue directo al ojo, el segundo a la pierna”. Era la única mujer del grupo, tenía 22 años cuando fue alcanzada por el proyectil de bala de goma disparado por el miembro del ESMAD, Danilo José Núñez; quien fue condenado a siete años de prisión el pasado 6 de abril, siendo de los primeros casos en llegar a la justicia ordinaria por mutilaciones oculares durante las protestas sociales. “La sentencia es agridulce. A mí me arrebataron todo: mi país, mi familia, mi profesión. Siete años de cárcel no me devuelven nada”, se lamenta desde el exilio.
La joven politóloga tuvo que salir del país por las amenazas recibidas después de hacer público su caso. “El primer año fuera de Colombia fue muy duro. Yo estaba en shock. Luego una amiga que también había perdido un ojo se suicida, y eso me destruye”. Durante meses le costó levantarse de la cama, sobrevivir. A Leidy todavía le quiebra la voz hablando de su exilio: “Me quitaron la posibilidad de vivir la vida que había construido”.
La falta de justicia para las víctimas de crímenes por parte del Estado se ha vuelto un paisaje habitual en Colombia. Desde el genocidio de militantes de la extinta Unión Patriótica hasta los mal llamados «falsos positivos», civiles ejecutados extrajudicialmente por militares, o las víctimas durante las protestas sociales. “Lo que estamos viendo es la continuidad de un patrón de impunidad que el país arrastra desde hace décadas”, dice Alfonso Castillo, de la organización de víctimas de crímenes de Estado, Movice. “No hay avances reales en la justicia frente a hechos graves cometidos por agentes estatales, y eso envía un mensaje muy negativo a las víctimas y a la sociedad en general”.
El 19 de junio de 2022, ante una multitud eufórica e ilusionada, escudado por el retrato del joven Dylan Cruz, asesinado por el ESMAD durante el Paro Nacional de 2019, el recién elegido presidente Gustavo Petro –el primero de izquierda– pronunció lo siguiente: “Ningún joven volverá a ser violentado por imaginar un país diferente”. Habló de las víctimas del estallido social, abrazó a la madre de Dylan, que lo acompañaba en el escenario, y se convirtió en la esperanza de ese grito sordo de justicia, verdad, reparación y no repetición que coreaban millones de personas que meses antes habían marchado en las calles.
“Uno de los aspectos más llamativos es que el gobierno ha respondido de manera más efectiva a las demandas de otros sectores sociales que a las de las juventudes populares, que fueron centrales en el estallido y también en el cambio político que vino después,” cuestiona Víctor Barrera, del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep).
Petro hizo campaña apoyado sobre esa demanda del movimiento social –y de los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales– de una reforma policial. La promesa electoral de justicia para las víctimas del estallido, según el investigador de Temblores, no se materializó en los términos que la ciudadanía esperaba. “Eso deja una sensación de oportunidad perdida, incluso en un contexto político que parecía favorable”, apunta Mendoza.
A poco más de tres meses de que culmine su mandato, de aquel grito solo queda un sollozo. El gobierno izquierdista impulsó una reforma policial desde el Ministerio de Defensa, entidad bajo la que se cobijan los uniformados, y se emitió la Directiva Permanente 009 de 2023. La Policía cambió sus uniformes, el ESMAD pasó a llamarse UNDMO: Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden.
“Se ha avanzado en introducir el diálogo como herramienta para gestionar la protesta, incluso desde el Ministerio del Interior, pero la reforma estructural de la policía no se dio y esa discusión se fue perdiendo”, reconoce Barrera, uno de los autores del libro Dilemas en movimiento, un texto que analiza cómo interactuaron todos los actores que participaron en las movilizaciones sociales.
Por su parte, los supervivientes de las violencias policiales continúan haciéndose la misma pregunta: ¿quién dio la orden? Miguel Fernando Leal, de 44 años, es uno de los miembros más adultos del Movimiento en Resistencia Contra las Agresiones Oculares del ESMAD (MOCAO), conformado en 2021 para cobijar a las víctimas de lesiones oculares. Su historia es similar a la de sus compañeros. Salió a marchar pacíficamente en el sur de Bogotá, en un barrio popular, y un uniformado le disparó una bala de goma directamente contra su ojo izquierdo, quitándole la vista para siempre. “Yo sí creo que hay una intencionalidad. Estos disparos a la cabeza no son accidentales. Hay un objetivo: callar, dejar una marca, generar miedo en los demás”, reclama.
Su vida, y la de su familia, cambió para siempre. Se mira al espejo y ve dos personas distintas. Su mano derecha actúa de bastón, con ella palpa el mundo que no puede ver. “La sociedad no dimensionaba que por salir a protestar podía pasar algo así. Una cosa es que te detengan o que haya una sanción, pero otra es que te disparen a la cabeza. Eso ya es una mutilación, algo que te cambia la vida para siempre”.
En 2024, el Gobierno colombiano emitió el Decreto 1231 que, entre otras cosas, limita el uso de la fuerza policial en las movilizaciones. “Hemos visto que, según cifras oficiales, se han reducido las intervenciones donde se usa la fuerza, lo cual es positivo”, dice Mendoza, señalando que, si bien ha habido mayores garantías para la protesta social, en los escenarios donde se utiliza la fuerza se siguen presentando irregularidades y abusos.
Pese a algunos esfuerzos, las transformaciones estructurales en la Fuerza Pública y los pedidos de los organismos de derechos humanos, entre ellos sacar a los uniformados del Ministerio de Defensa, quedaron fuera de la agencia del Gobierno. El próximo 31 de mayo se celebran elecciones en Colombia, con el candidato de izquierda Iván Cepeda liderando las encuestas con un breve margen ante la candidata del uribismo, Paloma Valencia. “El contexto actual es preocupante porque la violencia está siendo utilizada como argumento político. En medio de escenarios electorales, ciertos sectores recurren a discursos que priorizan la seguridad por encima de los derechos, lo que puede tener consecuencias graves para la democracia”, dice el activista e investigador del Movice Alfonso Castillo.
“Yo ya sé quién fue el policía que me disparó”, dice Gareth Sella, cineasta, ex viceministro de Juventudes del actual Gobierno y sobreviviente de agresión ocular. Perdió la vista de su ojo izquierdo en febrero de 2020, antes de que iniciara el estallido social. Gareth formaba parte de los Escudos Azules, una agrupación de estudiantes que, resguardados por escudos de madera, plantaban cara y protegían a los manifestantes de los ataques policiales cuando se iniciaban los disturbios. No pudo marchar durante el estallido social, pero su activismo cobró más sentido el día que le arrebataron la vista. “La gente ha despertado y aunque nos quiten los ojos, vemos sus crímenes de Estado”, pronunció ante el Congreso, cuando las plazas comenzaban a llenarse de manifestantes.
Su caso, como la mayoría, sigue en la impunidad. “Para mí el enemigo nunca fue la policía… es el sistema”, expresa dejando ver una rabia común que se repite entre las víctimas. Un relato que también repite Daniel Jaimes: “Tuve que entender que hacerle daño a la persona que me disparó no me va a hacer mejor. Se trata de transformar esa rabia en algo que sirva”. Y Leidy Cadena: “Esto no es solo contra una persona, es contra una institución que hizo de esto algo sistemático. Han pasado cinco años sin que digan la verdad”.
Para Víctor Barrera, el estallido puso en la agenda pública problemáticas estructurales que llevaban años invisibilizadas e ignoradas, especialmente en lo referente a las fuertes desigualdades sociales que atraviesan al país. Si bien, no todos los sectores del movimiento social tuvieron un papel dentro de la institucionalidad, se articularon redes con impacto local o barrial. “Uno de ellos es el fortalecimiento organizativo en sectores populares que no estaban vinculados a formas tradicionales de movimiento social”, señala.
Gareth reconoce visiblemente decepcionado que las personas y colectivos que estuvieron al frente durante el estallido no tuvieron un papel relevante dentro de las instituciones, incumpliendo las promesas de campaña y el sueño de las poblaciones más marginadas por el Estado.
Gracias a la ayuda de la cooperación y los organismos internacionales, MOCAO, junto con el Centro de Investigación Internacional de Violencia Ocular, están estudiando el impacto de las armas menos letales, recabando testimonios de supervivientes de todo el mundo con el fin de que las agresiones oculares sean reconocidas como crímenes de lesa humanidad.
Daniel lleva poco más de un año trabajando incesantemente en el centro de investigación. Su voz, pese a su juventud, suena como la de un líder. Sus colegas bromean y lo llaman “el profe”. Estar ahí, investigando, estudiando, hablando con otros supervivientes, le ha ayudado con la sombra siempre presente de la depresión, que le llevó a intentar quitarse la vida en al menos una ocasión. “Lo que hacemos no tiene que ver con lengua, raza o género. Los derechos humanos tienen que estar por encima de todo”, dice convencido.
Cinco años después de nuestro primer encuentro, cuando llegó a la entrevista con el rostro inflamado, enrojecido, con dos tubos en la nariz para poder respirar, con la voz de un niño que se hizo adulto entre hospitales, Daniel habla de su trabajo como activista y líder con el entusiasmo de alguien que, pese al dolor, tiene una fuerte urgencia por vivir. “Mi abuela, que fue quien me crió, me dijo un 31 de diciembre: ‘Estoy tan orgullosa de usted’. Era lo único que yo quería escuchar”.
– Dani, ¿con qué sueñas?
– Mi sueño es un mundo más justo. Y eso es trabajo de todos: generar empatía en el otro, ayudar a que la gente no repita el dolor que uno vivió. A mí me encanta ayudar. Quiero una vida larga para eso: ayudar lo máximo que pueda.
Debajo de la tela que cubre el lugar donde antes estaba su ojo derecho sigue brotando una lágrima. Está vez, de emoción.
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Sira Rego (Valencia, 1973) es ministra de Juventud e Infancia y forma parte de la dirección federal de Izquierda Unida. Desde que desembarcó en el ministerio, a finales de 2023, trabaja con varias fórmulas para solucionar un problema que le subleva: erradicar la pobreza infantil en nuestro país. Una de sus propuestas es la Prestación Universal por Crianza, una ayuda mensual y universal de 200 euros por hijo o hija que no está exenta de críticas incluso dentro de la propia izquierda. Esta ayuda permitiría reducir la brecha de desigualdad existente entre «ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho» –como a Rego le gusta definirlos– de estas edades.
Su cartera, además, está de actualidad por su participación en la ley para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales. Según su propuesta, los menores de 16 años no podrán acceder a las redes sociales sin el consentimiento expreso de sus padres o sus tutores legales. El PSOE quiere ir más allá y prohibir ese acceso totalmente. En ambos casos, la medida cuenta con dificultades técnicas asociadas al sistema de verificación de edad de los usuarios.
Pero no queda ahí la cosa: en el Ministerio de Juventud también están dando los últimos retoques a la Ley de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (Lopivi). Esta ley, entre otras cosas, contempla la obligatoriedad de escuchar a niños y niñas en los procedimientos judiciales que les afecten, independientemente de su edad (algo que no ocurrió, por ejemplo, en el caso de Daniel Arcuri, el hijo de Juana Rivas).
Todo esto en un contexto de reorganización de la izquierda a la izquierda del PSOE de cara a las próximas elecciones generales. Hay mucho de qué hablar.
Nadie duda de la buena voluntad de la Ley de Entornos Digitales Seguros, ¿pero prohibir el acceso de los menores de 16 años a las redes sociales es realmente posible a nivel técnico?
Ante un problema tecnológico, siempre hay una solución tecnológica. El problema no es técnico porque ya ha quedado acreditado que si se quiere bloquear una aplicación o el acceso a una web, se puede hacer. Ocurre en muchos lugares del mundo. Si Facebook sabe más cosas de ti que tú mismo, seguramente también podrá saber qué edad tienes y ofrecer una herramienta de verificación de edad con garantías. Pero al margen de esto, desde el Gobierno de España estamos trabajando con una herramienta de verificación que se está probando a nivel europeo y que es muy potente, muy buena. Las pruebas están muy avanzadas y funciona muy bien. El problema no es ese. El problema es saber hasta qué punto hay una voluntad colectiva de ponerle límite a las plataformas y de democratizar el entorno digital. No puede ser que haya multinacionales tecnológicas que estén por encima de la ley, porque eso significa que están por encima de nuestros derechos y de nuestras libertades.
Por su componente económico, que lo desvirtúa todo, es evidente que esta ley digital está generando mucho ruido, pero hay otras que cuesta creer, quizás ingenuamente, que no tengan un amplio consenso. Sobre la Lopivi, por ejemplo, ¿quién podría estar en contra de que se escuche a los niños y las niñas en los procesos judiciales?
El sentido común a mí me dice que es una ley a la que no debería oponerse nadie, pero sí he oído voces que ponen en cuestión el derecho de un niño a ser escuchado. Hay casos de jueces que se han negado a escuchar a los niños. Y hablo de casos dramáticos. Se trata de niños que están sufriendo muchísimo. Estamos viendo cosas muy duras. Por supuesto, no te expresas igual cuando tienes 5 años que cuando tienes 25, pero esto no significa que los niños no puedan hablar y que no puedan comunicarse y explicar lo que les ha sucedido. Lógicamente, esto se tiene que hacer con un acompañamiento profesional adecuado y en unas instalaciones que tengan perspectiva de infancia. Esto ya está muy trabajado, está sustentado por el trabajo de los profesionales y por multitud de estudios académicos. Es decir, hay un rigor científico detrás de estos procesos de acompañamiento del niño y de la niña a la hora de tomar testimonios que tienen validez.
Usted ha defendido la instauración de la Prestación Universal por Crianza. Una ayuda mensual de 200 euros por hijo. ¿Por qué debe ser universal? ¿No beneficiará precisamente a las familias más pudientes, con más hijos, que no necesitan esa ayuda según sus ingresos?
Lo defendemos porque los derechos tienen que ser universales.
Pero es una ayuda del Estado.
No, es un derecho, una renta de ciudadanía, un reconocimiento a la infancia de este país. De la misma manera que cuando uno va a un hospital público le atienden igual si tiene 0 euros en la cuenta que si tiene 100.000.
Pero no es lo mismo una familia que no tiene suficientes ingresos para alimentar bien a sus hijos que una familia rica que usará esos 200 euros para regalarle al niño unas zapatillas último modelo con el dinero del contribuyente.
Es que esta prestación no tiene un enfoque asistencialista. Y ayudará, además, a cerrar una brecha de desigualdad. Es la demostración de que el Estado cuida a sus infancias. A todas. Y lo más importante para instaurarla es que debe ir ligada a un mecanismo de justicia económica que se aplique a través de la declaración de la renta: que quién más tiene, más pague. ¿Para qué? Para que el acceso al derecho sea el mismo. De esta forma, la redistribución se da a través de la renta.
Explicado así suena diferente. De la otra forma, esa prestación recuerda a los colegios concertados de niños ricos que además cuentan con el dinero público que les da Ayuso.
Pero no se trata de eso. De hecho, es todo lo contrario. No puede ir disociado de la renta. Es más, nos hemos planteado la posibilidad de instaurar la tasa Zucman para que los superricos paguen un 2% de su patrimonio neto y que esto sirva para financiar la prestación universal por crianza. En resumen: la financiación debe venir siempre a través de la presión fiscal a los ultrarricos.
Ustedes han utilizado recurrentemente una frase para definir su proyecto político: «Mejorar la vida de la gente». Y la han mejorado con las subidas del SMI, con los ERTE durante la pandemia o con la ley Rider. ¿Por qué esas políticas no han calado entre el electorado? O dicho de otra manera: ¿por qué las políticas materiales parece que no importan hoy en día?
Sí, hemos mejorado algunas parcelas de la vida de la gente con esas leyes que, por cierto, surgen de una parte muy concreta del gobierno de coalición. Digo esto para recalcar la importancia de nuestra presencia ahí, que sirve para que salgan leyes que protegen a la gente trabajadora. Pero también es importante reconocer una cosa: esas mejoras, que entran en el bolsillo de la ciudadanía vía Gobierno de España, se van por la puerta de atrás por el problema de la vivienda. Si el 70% de los ingresos de un hogar está destinado a pagar la vivienda, el resultado es que esas políticas no tienen una traslación en términos reales, contantes y sonantes. Y la mayor parte de la responsabilidad en este problema la tienen las comunidades autónomas que se han negado a aplicar mecanismos que podrían frenar la actividad especulativa.
Pero esas comunidades las gobierna el PP y Vox. Según algunas encuestas, estos dos partidos conseguirían en torno a 200 escaños en las próximas elecciones generales. Visto así, no parece que el problema de la vivienda importe demasiado a la ciudadanía. Parece que tiene mucha más importancia ese concepto detestable llamado «batalla cultural».
A eso me quería referir también. No sé si llamarlo «batalla cultural» o decir mejor la «conversación del país». O la «agenda pública del país». Quizás lo que ocurre es que los partidos que formamos la coalición de gobierno tenemos diferentes intereses. En cualquier caso, debemos tener más empuje a la hora de tratar algunos temas. Conviene politizar determinados aspectos de la vida. Estamos en una espiral de ruido que evita que nos centremos en los temas importantes. Mientras hablamos de la ficción del burka, no estamos hablando, por ejemplo, de la posibilidad de la expropiación del uso de la vivienda. Mientras PP y Vox, que cada vez se parecen más, nos tienen entretenidos con sus cosas, no estamos hablando de que las comunidades autónomas que gobiernan están recortando todos los programas de protección a mujeres víctimas de violencia de género. O cómo están recortando los servicios públicos, en educación y en sanidad. Aquí, en Madrid, estamos viendo lo que la señora Ayuso está haciendo con la sanidad pública y cómo está hinchando de millones a un montón de empresas de la sanidad privada. Nos toca recuperar la iniciativa en estos temas.
¿Eso puede ocurrir a partir de un nuevo liderazgo? Ahora que Yolanda Díaz da un paso atrás, ¿puede llegar alguien nuevo que coloque esos asuntos en la agenda del país?
No creo que se trate solamente de un asunto de liderazgo. Creo que debemos pararnos a pensar en cómo convertir esta agenda en tema de conversación. Sé que esto no es sencillo. Lo bueno es que ya se están haciendo muchas cosas, pero no se han trasladado a la conversación pública. Y la otra buena noticia de estos días es que la izquierda, en sus distintas expresiones, se ha parado a pensar, se ha juntado y se está preguntando cosas. Tenemos margen. Vamos con tiempo. Creo que se puede trabajar en un proyecto electoral. Creo que debemos hablar a la gente, pero también escuchar lo que la gente tenga que decir. Hay muchas personas en muchos sitios haciendo cosas muy interesantes y debemos abrir un canal directo con ellas. Esto es importantísimo. Y también creo que podemos buscar otras formas de liderazgo, más allá de cómo cristalicen los proyectos electorales. Las fuerzas de la izquierda pueden caminar con una cierta cooperación, con un cierto acompañamiento, aunque se presenten por separado. Se puede pactar un itinerario de entendimiento, porque hay muchas cosas que tenemos en común.
No sé si lo estoy comprendiendo bien. ¿Está hablando de la propuesta de Rufián de que haya fuerzas que se presenten en una provincia y no en otra?
No exactamente. Hablo de un proceso de cooperación entre las distintas fuerzas. Ya veremos cómo cristaliza eso. Queda tiempo todavía. En nuestros equipos hay una gran inteligencia colectiva que ya está trabajando y sé que acabarán encontrando una buena fórmula. Y quizás no haya que encontrar a un único líder o a una única líder.
¿Cómo se haría entonces?
Quizá se pueda plantear un espacio en el que haya varias personas que representen a la izquierda transformadora o radical del país, y que representen también una determinada forma de hacer política. Porque puede que no baste con una sola persona, pero sí con unas cuantas que representen militancias diversas. Ahora nos toca imaginar, nos toca pensar muy bien cómo queremos caminar hacia ese proyecto electoral en el que vamos a tener que ser supergenerosos y vamos a tener que escuchar muchísimo. Dentro y fuera de las formaciones. Para mí es primordial el reconocimiento explícito de la movilización popular. La fuerza de la izquierda siempre viene a través del empuje social. Esa relación no se debe romper nunca.
Últimamente se está escribiendo mucho sobre determinados votantes que siempre han votado a la izquierda y que ahora votan a la ultraderecha. Para recuperarlos, recuerdo que Fabien Roussel, del Partido Comunista Francés, apareció comiéndose un chuletón. No sirvió de nada, por cierto.
Es que no funciona así. Hay una parte muy deshonesta en la comunicación política. Deshonesta en el sentido de que, por muy buena que sea, no puede suplantar un proyecto político. A veces nos quedamos en lo superficial. Un ejemplo de esta fascinación por la comunicación política es la victoria de Zohran Mamdani. Decimos: «¡Qué bonito!». Y es cierto, pero esa victoria de Mamdani es un proyecto político que lleva años cociéndose en Nueva York. Un proyecto que ha movilizado a muchísima gente en los barrios. Es la movilización social la que ha conseguido ese éxito. Luego, claro, una buena comunicación ayuda mucho. Un candidato majo, muy solvente políticamente, con un encanto indudable es importante, pero no gana por sí solo. Viene a culminar un proceso. No es el líder primero y luego el proyecto. No se trata sólo de comunicación.
Seguramente eso fue lo que no entendió Pablo Iglesias.
Claro. En sus inicios, lo que plantearon desde Podemos fue una maquinaria de guerra electoral. Nosotros hablamos mucho con ellos y les dijimos que había que tener una estructura, una organización que sostuviera esa maquinaria. Ellos decían que no, que eso ya lo tenían estudiadísimo y que todo tenía que basarse en la batalla comunicativa. Y hay que admitir que eso es importantísimo y me parece que fueron muy brillantes a la hora de detectar dónde estaba la grieta y cómo contar la historia desde otro lugar. Insisto, fueron extraordinariamente brillantes, pero yo vengo de otra tradición, de la tradición comunista, donde la organización es muy importante. Y no es algo espontáneo. Hay que trabajar mucho, en muchos sitios y durante mucho tiempo. Y en cada época, además, aparecen nuevas formas de hacer ese trabajo. En el momento actual, entender eso es fundamental.
¿En el momento actual? ¿A qué se refiere?
Pues a que tú no organizas igual a la gente que trabaja en macrofábricas que a la gente de una economía basada fundamentalmente en el sector servicios como la nuestra, y en un país que tiene una idiosincrasia y una cultura como la nuestra. No es lo mismo.
Entiendo. No es lo mismo en un contexto en el que se ha desarticulado el movimiento sindical y en el que ya ni siquiera trabajamos juntos, sino cada uno en su casa.
Exacto. Por eso yo estoy empeñadísima en que el desafío de la izquierda en este momento pasa por interpretar correctamente lo que sucede en el ámbito digital. Porque ahí hay una posibilidad de organización social que no estamos ni pensando ni explorando. Vamos, no nos estamos ni acercando.
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