El Parlamento israelí votó el pasado martes, 30 de marzo, a favor de una ley que pretende convertir la pena de muerte en castigo obligatorio para cualquier palestino acusado de matar a un israelí en un ataque calificado como «terrorista». La iniciativa, impulsada por el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, no ha sido aprobada de forma definitiva —al menos todavía— pero su sola tramitación ya cumple una función: enviar un mensaje de terror legal a la población palestina.
Porque antes de entender qué significa esta ley, hay que recordar que Israel ya aplica una forma de muerte civil a miles de palestinos. Actualmente, alrededor de 3.000 se encuentran en detención administrativa: encarcelados sin cargos, sin juicio y sin conocer las pruebas contra ellos. Basta con que un comandante militar firme una orden basada en «información secreta» para que un palestino desaparezca entre rejas durante meses o años. Es la suspensión de todo derecho sin fecha de caducidad.
Desde la Nakba, muchas prisiones israelíes han funcionado como piezas clave de la maquinaria colonial: espacios de tortura, aislamiento y desaparición forzada. La detención administrativa es heredera directa de esa tradición: secuestrar cuerpos sin explicación, mantenerlos en un limbo legal indefinido. Ahora Ben-Gvir quiere dar el salto: de la celda sin juicio a la horca sin indulto.
Lo que propone es el salto definitivo. Su proyecto no solo establece la pena de muerte para los palestinos acusados de atentados mortales, sino que la hace irreversible: sin posibilidad de apelación, sin derecho a indulto presidencial, sin margen para ningún recurso. Un tribunal militar dictaría la condena y esa sería la última palabra.
Excluidos los colonos que cometan asesinatos
Además, la ley sería explícitamente discriminatoria. Se aplicaría únicamente a los palestinos de Cisjordania, excluyendo a los colonos judíos que cometan asesinatos por motivos nacionalistas, una práctica en aumento que el propio gobierno de Ben-Gvir ha protegido sistemáticamente.
Pero lo más importante no es si la ley llegará a aprobarse en sus lecturas finales, sino el propósito que persigue. Porque ni la detención administrativa ni la ley de ejecución son herramientas de justicia. Son instrumentos de disuasión por terror.
La estrategia es clara: forzar un sistema de castigo tan desproporcionado y tan irreversible que cualquier palestino que contemple la resistencia armada sepa que el precio puede ser su vida, sin juicio justo, sin apelación y sin posibilidad de canje. Los intercambios de prisioneros, que históricamente han permitido liberar a miles de encarcelados, quedarían bloqueados ante la imposibilidad de negociar con condenas a muerte irrevocables.
Pero el objetivo no es solo disuadir al individuo. Es paralizar a la comunidad. El miedo, en esta lógica, no es un efecto secundario indeseado. Es el mecanismo central. Una población aterrorizada es una población que no se organiza, que no protesta, que no resiste. O al menos esa es la apuesta de Ben-Gvir y los sectores más extremistas del Gobierno israelí.
Dentro de Israel, sin embargo, esta deriva está generando fracturas profundas. Sectores liberales, juristas y ex altos cargos militares han alzado la voz para advertir que convertir la excepción en ley tendría un coste inasumible para el propio Estado. Dificultaría cualquier futuro intercambio de prisioneros —una herramienta que Israel ha utilizado en numerosas ocasiones para recuperar a sus soldados—, entraría en contradicción con los acuerdos internacionales y expondría a los líderes israelíes a ser perseguidos en tribunales internacionales. Para muchos israelíes, esta ley no representa la defensa de su país, sino la imposición de una agenda mesiánica que antepone la venganza al interés nacional. Ben-Gvir, sin embargo, ha ignorado sistemáticamente estas advertencias.
La ley de ejecución no ha sido aprobada aún. Pero su mera presencia en el debate ya está cumpliendo su función: normalizar lo inaceptable y profundizar un régimen que convierte la arbitrariedad en método y el miedo en política de Estado. La pregunta es si el mundo seguirá mirando hacia otro lado mientras Israel construye, piedra por piedra, un sistema legal diseñado para ejecutar sin juicio, encarcelar sin causa y castigar sin límite.
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