El pasado martes, el secretario de Estado estadounidense, Mario Rubio, declaró saber “quiénes son las partes implicadas” en Sudán el apoyo a las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF por sus siglas en inglés) y les instó a “cortar” el envío de armas, combustible y cualquier tipo de ayuda. No explicitó a quién se refería porque se trata de uno de sus más destacados aliados en Oriente Próximo: Emiratos Árabes Unidos. 

Desde que en abril de 2023, Mohamed Hamdan Dagalo, conocido como Hemedti, líder de las paramilitares Fuerzas de Rápido Apoyo (RSF, por sus siglas en inglés) declarase la guerra a Abel Fattah al-Burhan, jefe de la Fuerzas Armadas Sudanesas (SAF, por sus siglas en inglés) más de 12 millones de personas han tenido que abandonar sus hogares y aldeas, casi 30 millones necesitan ayuda de manera inmediata para sobrevivir y entre 40.000 y 150.000 personas podrían haber perdido la vida, según las cifras aportadas por la Organización Mundial de la Salud y el Departamento de Estado de Estados Unidos, respectivamente. Se trata de la mayor crisis humanitaria del mundo y, también, un conflicto que, en palabras del embajador de Sudán en el Reino Unido, Babikir Elamin, “se acerca a una guerra regional, con la intervención directa, apenas disimulada, de los Emiratos Árabes”. Y aunque Abu Dabi es, sin duda, el actor clave en este conflicto, no es el único que se está lucrando y pugnando por sus intereses geoestratégicos en este conflicto.

Emiratos Árabes Unidos y su apoyo a las RSF

Se trata del principal suministrador de armas, combustible y apoyo logístico a los paramilitares de las RSF. Abu Dabi realiza los envíos a través de sus aliados en la zona: Chad, Uganda, Somalia y la Libia oriental. De hecho, el régimen libio del comandante Hafter se ha convertido en el principal surtidor de petróleo a las RSF, siguiendo instrucciones emiratíes, hasta el punto de que le estaría costando un déficit de ingresos de 5.700 millones de euros anuales, según un informe del think tank estadounidense The Sentry. 

Entre las armas que le está suministrando Abu Dabi a los paramilitares de Hemedti se encuentran, según ha identificado Amnistía Internacional, misiles teledirigidos y obuses de artillería fabricados por la empresa estatal china Norinco. Esta ONG y la cadena estadounidense CBS News también han encontrado vehículos blindados de producción emiratí y equipados con el sistema defensivo francés Galix.

Un reporte de la agencia de noticias Reuters ha identificado el uso de drones chinos, y el proyecto Sudan Transparency también sostiene que Emiratos Árabes Unidos ha entregado drones suicidas al grupo paramilitar. Una investigación de Middle East Eye, basada en imágenes de satélite, testimonios y el registro de vuelos señala que Emiratos cuenta con una base en el aeropuerto de Bosaso, en la región independentista somalí de Puntlandia, para la llegada de aviones de carga con contenedores de armas y mercenarios de países como Níger, Malí, Chad y Libia. Entre ellos destacan los más de 350 colombianos que, según The Africa Report, llevarían a cabo labores de combate y de entrenamiento de los paramilitares sudaneses. 

Según distintas fuentes como Africa Initiative, las empresas emiratíes Global Security Service Group (GSSG) y A4SI serían las responsables de estas contrataciones y traslados. 

En contrapartida, la exportación de oro desde que comenzó la guerra en Sudán ha aumentado. Según datos de Chatham House, un think tank británico, la producción en zonas controladas por los paramilitares superó las 60 toneladas en 2024 y, añade, que es probable que el principal destinatario sea Emiratos Árabes. Abu Dabi se ha convertido en uno de los principales refinadores y comercializadores de oro de todo el mundo desde que comenzó la estrategia de diversificación económica para no depender exclusivamente del petróleo. 

Según Swissaid, una ONG dedicada a fiscalizar el comercio de minerales, más de mitad del oro que sale de Sudán lo hace por vías ilegales. Y parte del oro importado por Abu Dabi procede de las minas de la familia de Hemedti, con lo que financia en parte a su milicia que contaba al inicio de la guerra con 100.000 hombres frente a los 200.000 soldados de las Fuerzas Armadas Sudanesas.  

Hay más razones para la persistencia del apoyo emiratí a las RSF pese a las presiones que está recibiendo por las evidencias que apuntan que se estaría cometiendo un genocidio en Darfur. Sudán es una de las potencias africanas en cuanto a tierras fértiles y agrícolas, precisamente lo que necesita el Golfo para garantizarse el alimento. De hecho, los grupos empresariales emiratíes International Hilding Company y Jenin Investment Group ya poseen más de 50.000 hectáreas de tierras cultivables en Sudán. Además, en 2022, Dubai firmó un acuerdo con el Gobierno sudanés para construir un puerto con salida al Mar Rojo, un proyecto suspendido por la guerra, pero en el que sigue teniendo un gran interés -se trata del tercer cruce de contenedores más importante del mundo–. 

EAU ha conseguido frenar parte de las críticas que recibe por su apoyo a las RSF presionando a algunos de sus aliados más importantes, como Reino Unido. En abril de 2024, la nación del Golfo canceló una reunión con ministros británicos después de que Downing Street no defendiese a los Emiratos en el Consejo de Seguridad de la ONU dedicado a la guerra de Sudán.

Dos meses después, según informó The Guardian, Londres prohibió a sus diplomáticos en África mencionar el papel que está jugando Emiratos en Sudán. Incluso su ministro de Asuntos Exteriores, David Lammy, evitó responder a las preguntas de la prensa sobre la implicación emiratí en la guerra sudanesa tras una visita a la frontera de Chad en la que se limitó a hablar de la “mayor catástrofe humanitaria del planeta”. Entre las armas entregadas por Emiratos a las RSF, se han encontrado algunas de fabricación británica, según un informe del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Abu Dabi también ejerció su influencia en la conferencia internacional dedicada a la crisis sudanesa celebrada en Londres en abril de 2025 en la que sí participaron sus representantes pero no el Gobierno sudanés, que se sustenta en el Ejército y el comandante Al-Burhan. Mientras se celebraba la reunión, las RSF llevaron a cabo una ofensiva contra El-Fasher y declararon un gobierno paralelo. 

Por ello, estos días todos los ojos están puestos en la Casa Blanca. Esta semana el príncipe heredero saudí, Moohammed Bin Salman, se reunirá con el presidente Donald Trump, a quien le pedirá que presione a Emiratos Árabes Unidos para que deje de apoyar a los paramilitares, según ha publicado Middle East Eye. Según este medio, fuentes cercanas le han asegurado que el príncipe saudí le hizo recientemente esta promesa al general sudanés Al-Burhan. 

En cualquier caso, los grandes temas a tratar en el encuentro serán, según se ha anunciado, los nuevos acuerdos sobre acuerdos de armas, energía nuclear e inteligencia artificial entre Washington y Riad.

Rusia y los paramilitares de Wagner

Moscú era uno de los grandes socios de la dictadura de Al-Bashir, a la que proveyó de armamento, servicios de seguridad y apoyo diplomático para rebajar las sanciones por el genocidio de Darfur en el Consejo de Seguridad de la ONU y de la condena dictada por la Corte Penal Internacional. Con el inicio de la guerra civil en 2023, la participación rusa en el conflicto comenzó a través del apoyo brindado por el grupo paramilitar Wagner a las RSF. El objetivo era mantener la exportación de oro a Rusia a niveles parecidos a los de la dictadura, además de materializar el proyecto de construir una base naval con acceso al Mar Rojo. Sin embargo, tras la muerte del líder de Wagner, Yevgueni Prigozhin, el Kremlin amplió su apoyo al ejército de Sudán.

Desde entonces, Moscú se ha convertido en un proveedor militar clave para los dos bandos enfrentados, probablemente con el afán de cumplir sus objetivos sea cual sea la resolución del conflicto, además de preservar su relevancia en el Cuerno de África y contrarrestar el creciente peso de los países del Golfo, así como de algunas potencias africanas y Occidente. 

Según informes de Amnistía Internacional, Transparency Sudan y Armed groups and International Law, entre otras fuentes, el grupo paramilitar Wagner habría entregado a las RSF fusiles de asalto, sistemas de defensa antiaérea portátiles y misiles tierra-aire. Por su parte, Moscú surtiría a las Fuerzas Armadas de Sudán no solo armamento, sino también de militares para labores de formación y asesoría.

Además, Rusia sigue usando su derecho a veto en el Consejo de Seguridad de la ONU  para impedir que salgan adelante resoluciones pidiendo el alto el fuego en Sudán.

Irán y sus drones

Teherán apoya al Ejército sudanés con drones y armamento, además de formación técnica e inteligencia, según medios afines como The Washington Post  y agencias como Reuters. A cambio, como la mayoría de los países implicados, Irán persigue garantizarse una ruta marítima por el Mar Rojo.

China y sus industria armamentística

Aunque oficialmente se presenta como un actor neutral dispuesto a mediar entre los dos grupos armados, China es un actor relevante. Según Amnistía Internacional, tanto las RSF como el ejército sudanés usan armamento producido en este país, aunque lo consiguen a través de terceros. Pekín mantiene una relación estrecha con el gobierno de Sudán que permite a sus empresas seguir operando exportando oro y minerales clave para la industria global como el cobre y el cromo, además de mármol. China alcanzó acuerdos comerciales con el dictador Al-Bashir y con Al-Burhan para desarrollar infraestructuras a cambio de ventajosos acuerdos comerciales. 

Egipto y su dependencia de la estabilidad sudanesa 

El Cairo es el principal aliado de las Fuerzas Armadas Sudanesas. Según han denunciado las RSF, el régimen de Al-Sisi habría entregado al ejército sudanés aviones de guerra y misiles. Además, ha instalado sistemas de alerta temprana en torno a sus fronteras para alertar de los movimientos de los paramilitares. La seguridad hídrica de Egipto depende de Sudán, por donde también transcurre el Nilo, una cuestión de relevancia geopolítica desde hace años por el proyecto de la Gran Presa del Renacimiento Etíope.  

Turquía, un actor cada vez más relevante

Turquía también es un apoyo crucial para el ejército sudanés. Según documentos filtrados por The Washington Post, Ankara ha entregado drones, estaciones de control terrestre -para manejarlos- y munición a las tropas de Al-Burhan. Además, ha enviado a instructores para formar y dirigir el uso el uso de los drones. 

Al mismo tiempo, según informaciones de Foreign Policy y el think tank Fundación para la Defensa de las Democracias, la empresa turca Arca Defense ha mantenido conversaciones para la venta de armamento a las RSF. De hecho, Amnistía Internacional ha identificado fusiles y escopetas de producción turca entre las filas de las RSF. 

Con su participación en la guerra de Sudán, Erdogan pretende reforzar su protagonismo como mediador en las crisis regionales, pero sobre todo afianzarse como un actor clave en el Cuerno de África y el Mar Rojo frente a enemigos declarados como Emiratos Árabes Unidos. Es más, en las últimas semanas hemos asistido a una escalada de la tensión entre ambos. En mayo, drones operados supuestamente por turcos que luchaban junto al ejército derribaron un avión de carga militar que se encontraba en el aeropuerto de Nyala, en Sudán del Sur, según informaba Middle East Eye. Y agencias como la española EFE han informado sobre cómo Emiratos Árabes Unidos está usando este enclave para enviar armas, drones suicidas, munición, sistemas de radar militar y mercenarios a los paramilitares de las RSF. 

La represalia a esta acción llegó menos de 24 horas después y se prolongó durante diez días contra Puerto Sudán, la capital del Gobierno sudanés desde el comienzo de la guerra. Las RSF bombardearon con drones suicidas -de fabricación china, según diversas informaciones- el aeropuerto internacional y la terminal sur del puerto -destacados accesos para la ayuda humanitaria internacional–, una central eléctrica y depósitos de combustible. El Gobierno sudanés rompió relaciones diplomáticas con Emiratos Árabes Unidos tras este ataque y le acusó de «Estado agresor». 

El enfrentamiento entre Abu Dabi y Ankara no es nuevo. En Libia también mantienen posiciones enfrentadas. Mientras Turquía apoya al Gobierno de Unidad Nacional dirigido por el primer ministro Abdul Hamid Dbeibeh -reconocido por la ONU-, Emiratos Árabes Unidos está aliado con el gobierno del comandante Jalifa Hafter.

Libia, un corredor crucial para las RSF 

La relación entre el comandante del Ejército Nacional libio, Jalifa Hafter, y el líder paramilitar Hemedti es estrecha desde hace años y cooperan hasta, según el SAF, haber llevado a cabo operaciones militares conjuntas. Asimismo, según un informe de la Global Initiative against Transnational Organized Crime, hay libios procedentes de la región fronteriza de Fezzan que estarían combatiendo junto a las RSF.  

La Libia oriental es un corredor crucial para el suministro del contrabando que surte las filas de las RSF con combustible, armas y el acceso a las minas.

Sudán también emplea el hambre como arma de guerra

Tras la masacre de El Fasher, cuyo rastro de sangre hemos visto gracias a imágenes de satélite, representantes de las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido se mostraron dispuestas a aceptar la tregua humanitaria de tres meses propuesta por el llamado Cuarteto: Estados Unidos, Arabia Saudí, Egipto y Turquía. Por su parte, las Fuerzas Armadas Sudanesas exigen que sus oponentes se retiren de las zonas civiles para comenzar las negociaciones. 

Mientras, la región de El-Fasher y la ciudad de Kadugli sufren ya una hambruna, según la Clasifiicación Integrada de las Fases de la Seguridad Alimentaria (CIFS), un organismo mundial de monitoreo del hambre. “Debemos confirmar que la principal causa de esta hambruna está provocada por el ser humano. No está provocada por desastres naturales, sino por el conflicto armado, la inseguridad, la falta de acceso a los alimentos y la ausencia de corredores humanitarios que garanticen que las personas más necesitadas reciban alimentos”, ha declarado AbdulHakim Elwaer, su portavoz en Oriente Próximo y África del Norte.

Origen de la guerra de Sudán 

Abel Fattah Al-Burhan, comandante del Ejército de Sudán, fue la mano derecha durante años de Omar Al-Bashir, uno de los dictadores más sangrientos del último siglo. El sátrapa llegó al poder mediante un golpe de Estado en 1989, estableciendo un régimen represivo de terror y de corrupción sistémica con la que se enriqueció su círculo más estrecho. En 2003, ante una revuelta de poblaciones negras de Darfur por la discriminación y la pobreza a la que les sometía el régimen, Al-Bashir dio la orden de aplastar a las milicias supremacistas árabes Janjaweed. Más de 300.000 personas fueron asesinadas de las formas más atroces en los siguientes dos años. Varios de los líderes paramilitares y el propio Al-Bashir fueron condenados por la Corte Penal Internacional por genocidio sin que se pudiese ejecutar la orden de detención. 

Uno de los cabecillas de los Janjaweed era Hemedti, quien destacó en medio de las carnicerías por su crueldad. Ello le valió la validación de Al-Bashir, que lo premió con varias minas de oro en Darfur, y su ascenso hasta convertirse en el general de la milicia. Posteriormente, también pasó a ser el proveedor de miles de mercenarios para la guerra lanzada por Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí en Yemen. La suma de todo ello lo convirtió en uno de los hombres más ricos de Sudán con un patrimonio estimado en más de 6.000 millones de euros, según datos de BTL Research. 

En 2018, comenzaron una serie de protestas multitudinarias contra la subida del precio del pan y la crisis económica que rápidamente se convirtieron en un movimiento contra el régimen. En 2019, el propio Ejército arrestó a Al Bashir, y Al-Burhan y Hemedti se aliaron para adoptar un rol protagonista en el Consejo militar de transición que, prometieron, debía desembocar en un régimen democrático. En abril de 2023, tras un golpe de Estado conjunto y varias negociaciones incumplidas para transferir el poder a un gobierno civil, se declararon la guerra, sepultando el esfuerzo titánico de la sociedad sudanesa por un futuro de libertad y paz.

Según Iván Navarro, investigador de la Escola de Cultura de Pau de la Universitat Autònoma de Barcelona, y especialista en este conflicto, “cualquier proceso de paz que se inicie o retome sobre Sudán debería considerar la participación no solo de los actores militares, sino también de la sociedad civil. Tendría que incorporar a muchas más voces para buscar una solución inclusiva y que relance la hoja de ruta acordada tras la caída del régimen de Al-Bashir y que implicaba que el consejo de Transición diese el poder a los civiles, que es lo que tenía que haber ocurrido en abril de 2023, cuando comenzó la guerra civil”.

La entrada Qué países están haciendo negocio con la guerra de Sudán se publicó primero en lamarea.com.

Este reportaje sobre Egipto se publicó originalmente en #LaMarea106. Puedes conseguir la revista aquí o suscribirte para recibirla y apoyar el periodismo independiente.

Egipto camina de la represión social a la depresión económica. La plaza de Tahrir, núcleo de la revolución democrática de 2011, está atestada de policías, la mayoría de ellos antidisturbios apostados cerca de autobuses en las calles que empiezan o terminan en la explanada. Todos ellos parecen aburridos, sin protestas que apagar, y matan el tiempo en un lugar al que la represión le ha arrebatado la vida.

Silenciada cualquier voz opositora, Abdel Fattah al-Sisi es el hombre fuerte de Egipto y nada hace presagiar que próximamente dejará de serlo. Una década después de hacerse con el poder, el régimen castrense está consolidado, atento principalmente a la débil coyuntura económica que atraviesa el país.

En 2011, en el marco de las «primaveras árabes», la sociedad egipcia salió esperanzada a la calle y protagonizó la revolución de Tahrir. El Ejército aceptó entregar la cabeza caducada de Hosni Mubarak, quien llevaba 30 años en el poder, y controló entre bambalinas la transición. Por eso, aunque el pueblo egipcio eligió en las elecciones democráticas al islamista Mohamed Morsi, entonces líder de los Hermanos Musulmanes, en el verano de 2013 los militares reaparecieron y devolvieron el poder a sus antiguos garantes. Tras el golpe de Estado, el elegido para comandar esta nueva era fue Al-Sisi, jefe de la Inteligencia militar durante las revueltas de Tahrir.

Cuando obtuvo la presidencia en 2014, Al-Sisi comenzó una purga de opositores sin precedentes en Egipto. En tres oleadas, atacó primero al islam político de los Hermanos Musulmanes; luego a los activistas de los derechos humanos y políticos opositores; y finalmente, a personas corrientes, personas descontentas con la delicada situación económica o la pérdida de derechos laborales. La magnitud represiva de esta década es tal que se estima que en Egipto hay actualmente 60.000 presos políticos: entre ellos destacan el activista Alaa Abd el-Fattah, quien, de forma intermitente, lleva casi una década en prisión, y el político Ahmad al-Tantawy, encarcelado por intentar postularse a las elecciones presidenciales de 2023.

«Con los levantamientos de 2011, los militares aprendieron la lección: si haces como Mubarak y aceptas ciertas libertades, las personas pedirán cambios radicales, por lo que no puedes permitir fisuras y hay que clausurar los espacios cívicos de resistencia. Al-Sisi vive con la paranoia de 2011», explica Mohamed Lotfy, cofundador y director ejecutivo de la Comisión Egipcia para los Derechos y las Libertades. «Ahora el miedo está en la inestabilidad económica, que genera enfado y crea un espacio en el que la gente puede organizarse contra el presidente, que entonces utilizaría sus tácticas del terror», añade.

Tribunales ‘ad hoc’

Para legalizar este modus operandi represivo, Al-Sisi ha creado tribunales y redactado leyes para combatir el «terrorismo». «Por ejemplo, Mubarak utilizó las cortes militares para detener a los activistas políticos, mientras que Al-Sisi ha creado leyes y pequeñas cortes para combatir el terrorismo, pero en realidad las está utilizando contra las organizaciones civiles y los usuarios de las redes sociales. Ahora, todos somos terroristas», explica Nasser Amin, director del Centro Árabe para la Independencia en la Judicatura y las Profesiones Jurídicas. «En 2019, Al-Sisi reformó la Constitución y obtuvo más poder frente a los jueces. Ahora puede elegir al Fiscal de la Nación y a los presidentes de las cortes superiores, la de Casación, la Administrativa y la Constitucional», añade.

Las organizaciones de derechos humanos denuncian los ataques que sufren periodistas, sindicalistas o activistas, y subrayan la delicada situación del Estado de derecho en Egipto, reflejada en los largos períodos que pasan las personas detenidas a la espera de juicio –hasta dos años en los casos de «terrorismo»– y en prácticas de dudosa legalidad, como denegar a los abogados el acceso a los expedientes de los casos.

Nasser Amin y Mohamed Lotfy son dos ejemplos de una larga lista de defensores perseguidos por el Estado en la última década. Amin no puede abandonar Egipto desde 2015, razón por la que ha perdido su puesto en el grupo de abogados de la Corte Penal Internacional que defiende a las víctimas de los crímenes de guerra en Darfur, en Sudán; además, estar en la lista negra del Gobierno ha mermado la cartera de clientes de este letrado que defendió a presos políticos como Sami Anan, antiguo número dos del Ejército y encarcelado casi dos años por tratar de presentarse a las elecciones de 2018. Sobre Lotfy pesaba la misma prohibición, y tampoco podía abandonar Egipto, pero recientemente le levantaron ese veto. En su caso, algunos compañeros han sido detenidos o han tenido que exiliarse. Su pareja, además, fue arrestada durante ocho meses por sus comentarios en defensa de las mujeres acosadas en las redes sociales.

«Muchos compañeros han sido acusados de pertenecer a un grupo terrorista o de difundir información falsa. Nuestro director fue arrestado y un compañero tuvo que refugiarse en Francia en 2019. El Gobierno quiere destruirnos y nos ataca, pero hemos aguantado y ha entendido que las detenciones no destruirán a las ONG: en los dos últimos años no hemos sufrido arrestos», reconoce Lotfy.

Desde el golpe de Estado de 2013, Al-Sisi ha arrasado en las tres farsas electorales celebradas, y en 2019 consiguió aprobar vía referendo una reforma constitucional para, entre otras medidas, poder eternizarse en el poder. Sin embargo, carece del apoyo popular o el carisma de sus predecesores castrenses: el socialista Gamal Abdel Nasser, el islamoliberal Anuar al-Sadat y el continuista Hosni Mubarak. A diferencia de ellos, Al-Sisi llegó al poder tras aplastar una revolución popular. Diez años después, Lotfy apunta que entre 2022 y 2024 entraron en prisión tres personas por cada una liberada. Amin añade que se han construido más de 50 cárceles en el país. «Y había 48», apunta. Sin popularidad, Al-Sisi se impone a través de la represión y el miedo.

«Las autoridades excarcelaron a 834 personas recluidas por motivos políticos, pero arrestaron a casi el triple durante 2023. Miles de personas que criticaban al gobierno –o que se consideraba que lo hacían– continuaron detenidas de manera arbitraria o fueron procesadas injustamente. Las desapariciones forzadas, la tortura y otros malos tratos continuaban siendo endémicos», resume en su último informe anual Amnistía Internacional. «Después de 10 años, ningún alto cargo había rendido cuentas por el homicidio ilegítimo de al menos 900 personas durante la violenta dispersión de las acampadas celebradas por simpatizantes del depuesto presidente Mohamed Morsi el 14 de agosto de 2013», subraya esta entidad.

Pese a la delicada situación de los derechos humanos, el llamado bloque occidental respalda sin fisuras a Al-Sisi. Egipto es un aliado esencial en la región, y además, la puerta trasera de Israel, con quien mantiene buenas relaciones institucionales desde la era de Anuar al-Sadat. Amin lo resume así: «Hay causas más importantes que los derechos humanos, y la UE, Estados Unidos y la ONU miran por los intereses de sus gobiernos. En las organizaciones pequeñas trabajamos sin apoyos. Y no esperamos ayuda de la comunidad internacional».

A cambio de esta estabilidad geopolítica, la UE, el FMI, las potencias del Golfo y Estados Unidos ayudan a la subsistencia del régimen egipcio a través de créditos, programas de ayuda o inversiones directas que palíen los problemas económicos. La UE encabeza la inversión directa extranjera y las transacciones comerciales con Egipto. Recientemente selló un acuerdo de cooperación de 7.400 millones de euros en ayuda financiera que incluye una partida de 200 millones para el control de los y las migrantes. Por su parte, en la mayor inversión directa extranjera en el sector urbanístico de la historia egipcia, Emiratos Árabes Unidos adquirió el derecho a desarrollar y explotar comercialmente la región de Ras al-Hekma por 35.000 millones de dólares y el 35% de los beneficios anuales del proyecto.

Estas inyecciones de liquidez son parches y no solucionan los problemas estructurales de la economía egipcia. Segundo mayor deudor del FMI, Egipto presenta una balanza comercial negativa y una alta deuda pública con respecto al PIB, y son preocupantes la devaluación de la libra egipcia, la inflación y los conflictos regionales que merman los ingresos procedentes del turismo y el tráfico de barcos en el canal de Suez. Ante esta situación, el Gobierno egipcio vive en una espiral de deuda en la que pide nuevos créditos para acometer reformas o pagos pendientes y recorta en partidas presupuestarias destinadas a la sociedad. De esta forma, denuncia en su último informe Amnistía Internacional, «el gobierno asignó aproximadamente la mitad del presupuesto de 2023-2024 al pago de la deuda e incumplió el mandato constitucional de dedicar al menos el 3% del PIB a sanidad y, el 6%, a la educación básica y superior».

La entrada Egipto: de la represión política a la depresión económica se publicó primero en lamarea.com.

La firma del plan Trump en Egipto ha permitido el intercambio de rehenes israelíes en Gaza por palestinos prisioneros en Israel. Durante los dos últimos años, los transcurridos tras los atentados de Hamás, que se saldaron con 766 civiles israelíes asesinados, 251 personas secuestradas, más de 3.000 heridas, y 373 soldados y policías muertos, el foco mediático se ha centrado en los rehenes israelíes.

Los atentados del 7 de octubre de 2023 también provocaron una realidad en la que apenas se ha reparado, la de los miles de palestinos que fueron encarcelados por el gobierno de Benjamin Netanyahu (y muchos de ellos continúan en esa situación) sin juicio ni cargos en su contra, bajo la figura conocida como «detención administrativa».

Por esa vulneración de derechos fundamentales, diversas organizaciones de derechos humanos han equiparado su situación a la de rehenes, al estar privados de libertad sin juicio. Además, recuerdan que el Estado de Israel retiene al menos 730 cadáveres palestinos, algunos desde hace decenios, «para utilizarlos como moneda de cambio en negociaciones», según Amnistía Internacional, que cita datos del Centro de Derechos Humanos y Asistencia Jurídica de Jerusalén (JLAC).

A continuación, analizamos cuántos y quiénes son los palestinos encarcelados que ahora quedan en libertad.

¿Cuántos son?

Por un lado, los 1.718 palestinos que fueron arrestados por Israel tras los atentados terroristas de Hamás del 7 de octubre de 2023. El intercambio pactado también incluía a 250 prisioneros, muchos de los cuales entraron en prisión durante la Segunda Intifada (de 2000 a 2004); la mayoría de ellos fueron condenados a cadena perpetua. El total de liberados en los últimos días asciende a 1.968 personas. Desde octubre de 2023, y tras dos acuerdos previos, el número de palestinos y palestinas liberados es 3.985.

¿Podrán volver a Palestina?

154 de los 250 condenados han sido deportados a Egipto. De los 96 restantes, ocho volvieron a Gaza y el resto a Cisjordania y Jerusalén, de donde son oriundos.

¿Cuánto tiempo llevaban encarcelados?

Samir Ibrahim Mahmoud Abu Nimah es el preso más longevo. Este militante de Fatah llevaba preso desde octubre de 1986, casi 40 años. 18 de los 250 presos entraron en las cárceles israelíes en el siglo pasado.

¿Qué edad tienen?

De los 1.718 detenidos sin juicio en Gaza desde el ataque terrorista de Hamás, el más joven tiene 16 años y cinco aún son menores de edad a la hora de salir de prisión. 387 nacieron en este siglo. La persona más mayor tiene 76 años y doce de los liberados tienen 65 años o más. Solo dos son mujeres.

¿A qué organizaciones pertenecían?

De los 250 condenados, la mayoría (157) son militantes de Fatah, la organización fundada por Yasser Arafat y que gobierna la Autoridad Palestina. Sesenta y cinco son de Hamás (acrónimo árabe de Movimiento de Resistencia Islámica) cuya rama política gobierna Gaza. Otros 16 son de la Yihad Islámica, de corte islamista. Del resto, 11 son del Frente Popular para la Liberación de Palestina y uno del Frente Democrático por la Liberación de Palestina, ambas organizaciones laicas marxistas-leninistas.

¿En qué estado han salido?

«Muchos prisioneros, en particular los de la Franja de Gaza, presentaban claros signos de tortura física y psicológica, y se documentaron casos de abuso hasta los momentos previos a su liberación», según un comunicado de la Comisión de Asuntos de los Prisioneros y el Club de Prisioneros Palestinos. Los prisioneros, según esta organización palestina, se han enfrentado en las cárceles a una serie de delitos «que constituyen crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, como la tortura física y psicológica, la inanición sistemática, la negación de tratamiento y de atención médica. La imposición de estas condiciones han propiciado la propagación de enfermedades y epidemias, aislamiento y políticas de privación».

La asociación Addameer de Apoyo a los Presos y Derechos Humanos con sede en Ramala (capital administrativa del Estado de Palestina, situada en Cisjordania) ha indicado que los presos liberados «parecían agotados y frágiles, lo que confirma que durante los cuatro días previos a su liberación fueron sometidos a diversas formas de abuso y maltrato, incluyendo palizas severas, humillaciones, encadenamientos prolongados y amenazas para que no hablaran con ningún medio de comunicación sobre las condiciones de su encarcelamiento».

«El prolongado sufrimiento dentro de las prisiones de la ocupación –prosigue la asociación– era evidente en sus rostros y cuerpos. Muchos habían perdido decenas de kilos y estaban visiblemente débiles y fatigados».

¿Quiénes siguen presos en Israel?

Entre los no liberados se encuentra Hussam Abu Safiya, pediatra y director del hospital Kamal Adwan de Gaza, que fue arrestado sin cargos en diciembre de 2024 por el Ejército israelí, y el médico Marwan al-Hams, capturado este pasado mes de julio. No han salido pese a estar en la lista de personas que presentó Hamás a Israel como parte del alto el fuego tras el genocidio en la Franja.

Safiya y Al-Hams son dos de los al menos 19 médicos que continúan en cárceles israelíes sin que se hayan presentados cargos contra ellos, según declaró a Democracy Now! Naji Abbas, el director del Departamento de Prisioneros de Médicos por los Derechos Humanos Israel. A estos sanitarios hay que añadir a docenas de enfermeros, enfermeras y paramédicos que se encuentran en la misma situación.

Marwan Barghouti, de 66 años, también estaba en las listas de propuestas para ser liberado en los tres acuerdos de intercambio de prisioneros y rehenes desde octubre de 2023; no lo consiguió en ninguna de las ocasiones. Conocido como Abu Qassam, es miembro del partido Fatah y líder de Tanzim, su brazo armado. Está encarcelado en Israel desde 2002 y suma varias condenas perpetuas por cinco asesinatos y un intento de asesinato. Su liberación es una línea roja para Israel ya que se trata de un líder carismático que podría reunificar la resistencia palestina.

El secretario general del Frente Popular para la Liberación de Palestina, Ahmad Saadat, también está entre rejas desde 2002. Israel tampoco ha accedido a su liberación. Cumple una condena de prisión de 30 años por el asesinato de un ministro israelí en 2001.

Actualmente, hay más de 9.100 personas palestinas en las cárceles israelíes. Entre ellas hay 52 mujeres, 400 menores y más de 3.544 «detenidos administrativos», además de 115 presos que cumplen cadena perpetua. Nueve de estos últimos están encarcelados desde antes de la firma de los Acuerdos de Oslo en 1993, indica Addameer.

¿Cuántos cadáveres palestinos ha entregado Israel?

90 cuerpos palestinos se han recuperado como parte del acuerdo amparado por Estados Unidos. “Unas grabaciones filmadas por un periodista freelance que trabajaba para la BBC en la morgue de Nasser parecían mostrar el cuerpo de un hombre con los ojos vendados. Otro cuerpo parecía tener marcas en las muñecas y los tobillos”, explica el medio británico. Fuentes médicas en Gaza citadas por Al Jazeera han declarado que a varios de estos cadáveres le faltaban miembros y algunos estaban maniatados y vendados, lo que indicaría violencia y posibles ejecuciones.

La entrada ¿Quiénes son los palestinos liberados por Israel tras el acuerdo de alto el fuego? se publicó primero en lamarea.com.

En el programa de hoy, 16 de mayo, 70 años y un día después de la Nakba, con docenas de asesinados y miles de heridos por la ocupación sionista en los últimos dos días, hablamos con Alberto Cruz sobre la última masacre en Palestina, la salida de EEUU del acuerdo nuclear con Irán, la postura […]

La entrada Palestina y geopolítica en Oriente Medio se publicó primero en Radio Topo.