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Radio Almaina - Baño de Oralidad (t3ep.22) – HxC-PUNK. Más Allá de la General Paz. Historias del Under en los 90 – Ep 7

Fotografía: Torre Trump en New York

Por Martín Cuneo. Publicado en El Salto diario

Con el secuestro de Maduro, la amenaza de nuevos ataques y un bloqueo naval que solo permite salir de Venezuela el crudo controlado por EEUU, la nueva Venezuela se construye con la participación de grandes empresas españolas.

Pocos días después del 3E, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, afirmaba que los líderes internacionales debían tomarse “más en serio” a Donald Trump, no de forma literal —parecía decir entre líneas en su declaración en La Casa Blanca—, pero sí sobre su determinación de conseguir sus objetivos, aunque estos no sean los declarados. 

El 19 de enero, el Gobierno de Delcy Rodríguez confirmaba que había recibido de EEUU los primeros dólares —300 millones sobre un total de 500— por la venta de 50 millones de barriles de crudo. Un ingreso considerable que alivia a corto plazo las cuentas de un Estado venezolano arruinado por las sanciones, el embargo y la falta de divisas, pero que ha sido decidido de forma unilateral por el Gobierno de Trump con la ventaja negociadora que le confiere la armada desplegada en el mar Caribe.

Para gestionar los ingresos derivados de la venta de petróleo venezolano, EEUU ha abierto una cuenta en Qatar rodeada de polémica. Para Juan Hernández Zubizarreta, analista del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL), se trata de un ejemplo más de la “paralegalidad” en la que está operando el Gobierno de Trump. 

Para gestionar los ingresos derivados de la venta de petróleo venezolano, EEUU ha abierto una cuenta en Qatar. En Venezuela, cinco bancos, entre ellos la filial del BBVA, gestionarán la parte que corresponde al país caribeño según criterio de Washington

Esta compleja estructura financiera, explica, persigue neutralizar las demandas de los acreedores internacionales —China sobre todo— que piden la devolución de cerca de 170.000 millones de euros o su equivalente en petróleo. Elizabeth Warren, senadora demócrata por Massachusetts, criticó esta triangulación y sus potenciales peligros: “No existe fundamento legal para que un presidente abra una cuenta en el extranjero bajo su control para vender activos confiscados por el ejército estadounidense. Esa es precisamente una medida que atraería a un político corrupto”.

Los recursos de la venta del petróleo venezolano serán gestionados en Venezuela por cinco de los mayores bancos del país. Entre las entidades seleccionadas para recibir el dinero se encuentra Provincial, la filial venezolana del banco español BBVA. Estos bancos venderán dólares a empresas y particulares para que dispongan de divisas para comprar insumos y materias primas en el extranjero así como para mantener a raya la inflación, introduciendo la moneda estadounidense en el mercado. Como último paso de esta triangulación, el Banco Central de Venezuela recibirá los bolívares derivados de esas ventas. “Con estabilidad, Venezuela es una gran oportunidad”, declaró desde Davos Carlos Torres, presidente de BBVA a Expansión.

Poco parece importar si 500 millones de dólares es una cifra justa por la venta de 50 millones de barriles, a diez dólares la unidad, cuando el barril venezolano cuesta cerca de 60 en los mercados internacionales. Los términos del “acuerdo” están claramente definidos por el Departamento de Energía de EEUU: los beneficios de la venta del petróleo venezolano se repartirá entre ambos países “a discreción del Gobierno estadounidense”.

Un banco español participará en el complejo laberinto financiero diseñado por la Administración Trump para controlar los recursos petroleros del país, pero la multinacional española que más entusiasmo ha mostrado por el nuevo esquema “paralegal” para hacer negocios en Venezuela ha sido Repsol. 

Negocios en la “paralegalidad”

En la reunión que mantuvo Trump con las petroleras el pasado 9 de enero, el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, se comprometió a invertir “con fuerza” en el país y triplicar la producción de petróleo en los próximos tres años. El expresidente del PNV agradeció a Trump “abrir la puerta a una Venezuela mejor” y llegó a referirse en su discurso al Golfo de México como “Golfo de América”, la nomenclatura decretada por Trump a las pocas semanas de entrar en el Despacho Oval. 

El entusiasmo de Imaz no fue compartido por el resto de empresas presentes en la reunión, especialmente por ExxonMobil, la mayor petrolera de EEUU, para la que no existían suficientes garantías que protejan sus posibles inversiones.

Para despejar estas dudas, el 23 de enero la Asamblea Nacional de Venezuela dio luz verde en primera lectura y con tramitación acelerada una reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, aprobada en los mejores momentos de Hugo Chávez como presidente. La presidenta encargada destacó la “necesidad imperativa” de que la legislación “se adapte a los nuevos tiempos”, especialmente para que los “capitales fluyan” hacia los recursos petroleros “a través de modelos de negocios exitosos”.

La multinacional española que más entusiasmo ha mostrado por el nuevo esquema “paralegal” para hacer negocios en Venezuela ha sido Repsol, quien se compromete a triplicar su producción de petróleo bajo las nuevas reglas decididas por Trump

La principal apuesta de la reforma, que la oposición de derechas apoya en el fondo aunque no en las formas, es la normalización y extensión del modelo Chevron, que permitió de forma excepcional operar a la petrolera estadounidense en una empresa mixta en la que el Gobierno cuenta con mayoría accionarial, pero es el socio privado quien tiene el control operativo, técnico y financiero.

Según explicó Orlando Camacho, diputado responsable de presentar la reforma, la nueva ley incluye una mayor “flexibilidad en las regalías”, una modificación que daría margen al Gobierno para disminuir las ganancias que se quedan en el país en determinados casos. La reforma aprobada también contempla un “aumento en las garantías jurídicas” para el sector privado con la introducción de la posibilidad, hasta ahora vetada, de que los choques entre empresas y el Estado venezolano se diriman a través de “mecanismos independientes” de resolución de conflictos. 

Aunque en 2012 el expresidente Chávez retiró a Venezuela del CIADI —organismo del Banco Mundial para resolver conflictos entre empresas y Estados en beneficio casi siempre de las empresas—, el país todavía se enfrenta a decenas de pleitos con inversores. Las compañías que buscan indemnizaciones por parte del Estado venezolano se han encontrado hasta ahora con todo tipo de obstáculos: de 15 laudos condenatorios solo uno ha sido efectivamente pagado. Según el medio especializado en el sector Petroguía, la aprobación de esta reforma supondrá la reducción de las regalías y la vuelta de Venezuela al CIADI.

Negocios a punta de pistola

Ante la pregunta de si hacer negocios bajo un esquema de extorsión, amenaza y de violencia viola el derecho internacional, Repsol ha preferido no hacer comentarios a este medio. Para Hernández Zubizarreta, especialista en impunidad corporativa, la respuesta es clara: si Repsol y otras empresas españolas participan del nuevo orden impuesto por la fuerza por Trump en Venezuela, se convierten en “cómplices de estos crímenes”.

El marco coercitivo en el que se produce la venta de petróleo venezolano en el nuevo orden en el Caribe quedó nuevamente a la vista después de que el 20 de enero EEUU interceptara el séptimo buque petrolero de Venezuela cerca de las costas de este país. El Comando Sur del Ejército de EEUU afirmó que la detención de este barco “que operaba desafiando la cuarentena establecida por el presidente Trump” demuestra la “determinación” de las fuerzas armadas de EEUU de que “el único petrolero que salga de Venezuela sea el que se coordine de forma adecuada y legal”.

La “paralegalidad” también se define con palabras: el 21 de enero, El País sostenía que el cerco militar de EEUU sobre el país latinoamericano tenía como objetivo evitar el “contrabando de crudo”. En la nueva legalidad inventada por EEUU solo el petróleo controlado por Washington es legal.

Si Repsol y otras empresas españolas participan del nuevo orden impuesto por la fuerza por Trump en Venezuela, se convierten en “cómplices de estos crímenes”, dice Juan Hernández Zubizarreta, de OMAL

La ocupación y el genocidio en Palestina han servido de recordatorio y han sido varios los altos cargos de Naciones Unidas quienes han recordado que las empresas que hacen negocios aprovechándose de violaciones de derechos humanos y vulneraciones de la legalidad internacional se exponen a posibles sanciones e incluso a futuros litigios. El Ministerio de Derechos Sociales y Consumo inició en septiembre una investigación de las empresas españolas que estaban ofreciendo servicios en los territorios ocupados palestinos. Sin embargo, el Gobierno se ha negado a señalar a las multinacionales españolas que se beneficiarán directamente de una intervención militar en Venezuela que sí ha condenado. Tras la polémicas declaraciones de Imaz, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, declaró que los “criterios privados” con los que opera Repsol en Venezuela son “absolutamente legítimos”.  

¿Repsol conseguirá salirse con la suya?

Los Estados y las instituciones internacionales cuentan con herramientas para juzgar o sancionar a las empresas que se benefician de violaciones de los derechos humanos o de vulneraciones del derecho internacional, señala este investigador.

Aún así, la impunidad de las multinacionales es casi absoluta, contrapone, y en este caso lo será todavía más porque es poco probable que el Gobierno español, la Unión Europea o incluso Venezuela emitan algún tipo de denuncia o demanda: “Repsol puede argumentar que tiene la aceptación del Gobierno de Venezuela”. Pero la falta de reproches no “convalida una participación en negocios fundamentados en crímenes internacionales”, agrega. Aunque por la parte jurídica habría resquicios para juzgar o sancionar a Repsol, los aspectos políticos complican la ecuación, porque “Venezuela parece que acepta el marco de estos negocios, de este control por parte de EEUU” sobre los recursos naturales del país.

En el caso del Estado español, para juzgar a Repsol habría que aprobar antes una ley de responsabilidad extraterritorial de empresas transnacionales por la que decenas de entidades llevan años trabajando. “Si esa ley estuviera aprobada, Repsol tendría que rendir cuenta ante un tribunal español”, dice. Otra opción sería reformar la ley de jurisdicción universal para incorporar el crimen económico internacional y “permitir que se responsabilice a la empresa y a sus directivos por prácticas en crímenes internacionales extraterritoriales”.

Tras la polémica por las palabras del CEO de Repsol, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, declaró que los “criterios privados” con los que opera la petrolera en Venezuela son “absolutamente legítimos”

Si el Gobierno español quisiera sancionar la complicidad de Repsol con el plan de Trump tendría herramientas para hacerlo: podría aplicar criterios éticos a la contratación pública, pero también revisar todos los apoyos institucionales desde el punto de vista político, económico, diplomático, de inversión, de seguros, que necesita una empresa como esta, añade el analista de OMAL.

Otras instancias, como el Tribunal Internacional de Protección de Derechos, ahora en discusión en la ONU, permitirían que las multinacionales puedan ser juzgadas si se lucran gracias a violaciones de los derechos humanos y de situaciones que no cumplen con la legalidad internacional. Pero el Tratado Internacional para Control de Empresas Transnacionales está lejos de ser una realidad. Ayudaría mucho que el Estado español y la UE tengan una “actitud favorable” hacia este asunto, precisa, algo que por ahora no ha sucedido. 

Y si el Gobierno no ha hecho nada para que este tratado se apruebe, subraya este investigador, es porque considera a estas empresas como “esenciales para el desarrollo de un modelo económico neocolonial” en el que se apoya. El Ejecutivo de Sánchez está más dispuesto a promover “armaduras jurídicas y políticas” que protejan los derechos de las multinacionales, enuncia, que a promover leyes o instituciones que los limiten. 

Tampoco ayudan las conexiones que tienen dos de los aliados de investidura del Partido Socialista, PNV y Junts, con muchas de estas grandes empresas, con las que mantienen siempre engrasadas lucrativas puertas giratorias. Para la mayoría de la izquierda parlamentaria, añade este investigador, la idea de la extraterritorialidad —juzgar a las empresas españolas por lo que hace fuera de España— tampoco ha sido un “tema central en sus agendas”. 

Sin voluntad política por parte del Gobierno y sin voluntad de confrontación por parte de los aliados del PSOE, Hernández Zubizarreta augura que “los negocios de Repsol en Venezuela seguirán manteniéndose y multiplicando la acumulación de beneficios” gracias al nuevo esquema de negocio a punta de pistola.

Aire y dinero para Repsol

La intervención de Trump y el nuevo esquema forzado de hacer negocios en el país ha llegado en el mejor momento para la empresa española. La prensa económica no ha tardado en señalar a la compañía presidida por Antonio Brufau como una de las más beneficiadas por el ataque de EEUU. El propio Trump sostuvo desde el principio que las empresas que más rápido sacarían rédito de la nueva situación serían las que ya están asentadas en el país, entre ellas Repsol, la italiana Eni o Chevron.

Desde 1993, la multinacional española ha expandido su negocio en Venezuela, especialmente gracias al gas del campo Perla, situado en el Golfo de Venezuela, uno de los mayores yacimientos de gas de América Latina. En 2016, cuando comenzaban los problemas para Caracas, Repsol prestó a Venezuela nada menos que 1.200 millones de euros, un dinero que con el default de 2017 el país no pudo devolver. En 2022, comenzó a pagar la deuda en especie, es decir, con barriles de petróleo para sus refinerías, especialmente pensadas para el tipo de petróleo venezolano. 

Con el 15% de las reservas en el país caribeño, el futuro de Repsol —unido ahora al de Donald Trump— se juega en Venezuela

Gracias a la flexibilización de las sanciones contra Venezuela durante el Gobierno de Joe Biden, Repsol pudo vender petróleo a Estados Unidos y gas venezolano a otros países. En esos años, la compañía entró con un 40% en los campos petrolíferos de La Ceiba y Tomoporro en una operación valorada en casi 1.600 millones de euros que permitiría a la española duplicar su producción de crudo. Todos estos planes se frustraron con la llegada de Trump y la retirada de las licencias para operar en Venezuela para varias multinacionales, Repsol entre ellas, en marzo de 2025. 

Después del 3 de enero, Repsol se frota las manos con una más que posible restauración de las licencias, algo que ya ha solicitado formalmente. Con el 15% de las reservas en el país caribeño, el futuro de Repsol —unido ahora al de Donald Trump— se juega en Venezuela. El Gobierno español ya le ha dado su bendición.

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Radio Almaina - Baño de Oralidad (t3ep.21) – HxC-PUNK. Más Allá de la General Paz. Historias del Under en los 90 – Ep 6

Disfrutamos de una maravillosa horica en compañia de Fernando Bastos, Pepe Alvarez y Roberto Artigas (Vinos Chueca) hablando sobre el grupo, los universos paralelos, otras distopias e interpretandonos algunos de sus temas para poneros los dientes largos de cara a su concierto del 27 de Febrero en el Corazón verde.

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Por Jordi Arcarons, Daniel Raventós & Lluís Torrens. Publicado originalmente para sinpermiso.

La economía política republicano democrática no supone por sí misma una serie de propuestas y medidas económicas definidas y concretas. Más bien establece criterios, indicaciones, máximos y mínimos. No más, pero tampoco menos. Aristóteles, Ibn Jaldún, Thomas Mun, Adam Smith, David Ricardo, Karl Marx, Karl Polanyi, Rudolf Hilferding, Rosa Luxemburgo, Ernest Mandel, entre muchos otros, hacían economía política. Tenían mucho en común, tenían muchas diferencias también, pero todos eran economistas políticos.

Economía política republicano democrática. Hay mucho contenido en tan pocas palabras. Empecemos por la economía política. Después nos detendremos en la republicano democrática.

La economía política

La economía política estudia y analiza la economía como fenómeno social enlazado con estructuras de poder, por lo tanto, con las relaciones sociales, las clases, las desigualdades sociales, el Estado, entre otras. Así, la producción, el consumo y la distribución afectan de forma diferente según la clase a la que se pertenezca. Utiliza el análisis histórico si bien no desdeña el apoyo de cualquier instrumento técnico proveniente de cualquier conocimiento como las matemáticas, la estadística, la econometría, cuando pueda ser útil. El Estado forma parte indispensable de sus análisis puesto que este regula los mercados con lo que de forma derivada redistribuye la riqueza en favor de unas clases y en detrimento de otras. La economía política, según lo dicho, es una forma de entender cómo funciona el mundo social y económico. Una tal manera de analizar el mundo no resultaba cómoda para quien consideraba que el mundo social y económico estaba bien tal como estaba. La teoría del valor trabajo de Smith-Ricardo-Marx, por señalado ejemplo, tocaba demasiados puntos sensibles. Especialmente, la del teórico alemán cuya concepción de la explotación no se debía a las cualidades morales de las personas, aunque algunos particulares sicópatas pudieran añadir más leña al fuego, sino a las reglas del juego, a las relaciones de la forma de producir capitalista. Es decir, a la forma de organización social que nuestra especie se ha dotado en esta particular e histórica manera de producir. Que la teoría del valor trabajo en la versión de Marx fuera la base de la explotación capitalista puesto que la mercancía especial “fuerza de trabajo” produce más valor del que cuesta, y la diferencia entre el valor creado por el obrero y el salario pagado, la plusvalía, es la base de la explotación capitalista, resultaba duro, muy duro de digerir para defensores y teóricos de la realidad social como la mejor posible.

Así que la economía política fue combatida duramente, especialmente a finales del siglo XIX por lo que con mayor o menor fortuna se llamó la revolución marginalista. El marginalismo sentó las bases de la teoría económica neoclásica. Los supuestos neoclásicos son muy distintos, opuestos por decirlo más claramente, a los de la economía política. La teoría neoclásica[1], en claro contraste, está interesada en el comportamiento individual de las personas (“agentes”, en el argot) y las empresas que toman sus decisiones de manera que maximicen su utilidad o más llanamente sus beneficios, o su bienestar en el caso de las personas. Los mercados son analizados en términos de oferta, demanda y equilibrio. Utiliza modelos matemáticos de forma preferente. Considera que los mercados libres son eficientes y que el Estado no debe intervenir salvo para los anómalos fallos del mercado. La teoría neoclásica supone que los individuos actuamos sistemáticamente de forma egoísta[2], lo que matemáticamente se puede representar como funciones de utilidad (de dos personas A y B) indiferentes e independientes entre sí que es como decir de forma más llana: si a B le va bien a A le da igual, si a B le va mal a A le da igual. Más resumidamente: La utilidad de A no depende de la de B.

La teoría del valor trabajo fue combatida por la escuela marginalista-neoclásica. El valor no está en las cosas, sino en la mente de los individuos, así que depende de la utilidad marginal[3] que un bien aporta a la persona. Nada de relaciones sociales, nada de explotación, nada del mundo real. Lo expresó de forma inmejorable y de forma digamos sarcástica el economista keynesiano Abba Lerner en 1972 (The Economics and Politics of Consumer Sovereignty): “Una transacción económica es un problema político resuelto… La economía ha ganado el título de Reina de las Ciencias Sociales eligiendo como su dominio problemas políticos ya resueltos.” ¿Derechos de propiedad?, ¿Relaciones de dominación?, ¿Explotación? Nada de eso, han desaparecido, no hay política ni relaciones sociales conflictivas: el campo de la teoría económica los elimina para que puedan estudiarse las transacciones pertinentes. La teoría neoclásica convierte relaciones sociales en relaciones técnicas: el salario deja de ser una relación social y pasa a ser “producto marginal del trabajo”, la ganancia deja de ser plusvalía y pasa a ser “productividad del capital”, la explotación desaparece del análisis, las instituciones y las clases desaparecen del modelo.

Hasta aquí la economía política, nos queda explicar la variante republicana. Y dentro de la republicana, la republicano democrática[4] que es la que nos interesa[5].

La economía política republicano democrática

¿Qué aporta de específico a la economía política el republicanismo democrático? Brevemente: El republicanismo democrático aporta a la economía política una teoría de la libertad que permite analizar los mercados[6], la propiedad y el trabajo asalariado como relaciones de poder y de dominación. La economía política republicano-democrática no amplía tanto el campo de problemas como el campo de justificación y evaluación. Su contribución no es descubrir que la economía es política, que en sí ya es objeto de la economía política, sino decir qué tipo de política económica es compatible con una república de ciudadanos libres e iguales.

¿Qué criterios defiende una economía política republicana democrática? Entre otros: luchar contra la concentración de poder económico, universalizar la libertad no dominada, garantizar la capacidad colectiva de autogobierno económico, fundamentar el papel activo del Estado (esto es la neutralidad republicana del Estado: intervención activa para asegurar que los más fuertes no impongan sus condiciones), garantizar la existencia material de toda la población (con propuestas como la renta básica incondicional y universal), impedir las grandes fortunas que posibilitan que el dominium se transforme en imperium[7] (con propuestas como la renta máxima y la riqueza máxima),  rechazo de estructuras económicas y legales internacionales que limiten deliberadamente la autonomía de las naciones para su beneficio.

Nos frenamos. Vamos a desarrollar este último punto. Un reciente artículo de María Julia Bertomeu (“Economía política republicana y deuda soberana”) nos lo sugirió. Dentro del rechazo republicano democrático a las estructuras económicas y legales internacionales que limitan arbitrariamente la autonomía de las naciones pueden apuntarse varios tipos: la negación del derecho de autodeterminación de algunas naciones, algunos tratados comerciales, el dominio de determinadas estructuras internacionales como el FMI y los tratados de deuda, entre otras. La arquitectura financiera internacional actual replica a escala planetaria las mismas relaciones de dominación que observamos en el mercado laboral interno de nuestras sociedades, pero con mecanismos específicamente propios. Así como un trabajador sin patrimonio ni renta propia carece del poder de negarse a condiciones laborales abusivas —quedando sometido a la voluntad arbitraria del empleador—, un Estado dominado económico y financieramente por organismos y Estados poderosos, carece del poder de rechazar condiciones financieras leoninas, quedando sometido a la voluntad de sus acreedores y de las instituciones que gestionan el sistema de deuda global. En ambos casos, la ausencia de una base material de independencia transforma una relación que debería ser entre iguales en una relación de dominación.

La deuda soberana funciona hoy como el salario de subsistencia operaba en el capitalismo del siglo XIX: como mecanismo de disciplinamiento. Los países del Sur Global no tienen “existencia material garantizada”, para seguir utilizando el paralelismo, y deben vender soberanía política a cambio de crédito para subsistir. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial no actúan como prestadores neutrales, sino como gestores de una estructura neocolonial que impone condiciones —austeridad fiscal, privatizaciones, desregulación laboral— que garantizan la continuidad del flujo extractivo de recursos del Sur hacia el Norte. Esta extracción no es meramente financiera puesto que opera en múltiples dimensiones.

Recursos naturales, en primer lugar. El Sur Global transfiere al Norte materias primas infravaloradas cuyos precios no incorporan las externalidades ecológicas reales. Cuando Europa importa coltán del Congo o litio de Bolivia, está apropiándose no solo de minerales, sino de ecosistemas destruidos, comunidades desplazadas y territorios contaminados cuyo coste ambiental y social jamás se refleja en el precio de mercado. Esta apropiación desigual del patrimonio natural común genera una deuda ecológica que el Norte ha contraído con el Sur.

En segundo lugar, conocimiento y tecnología. La riqueza acumulada del Norte no es fruto únicamente del ingenio local, sino de siglos de acumulación originaria basada en el expolio colonial y la interconexión global forzada. El conocimiento científico y tecnológico es un producto social de la humanidad entera, desde el control del fuego, de los primeros instrumentos de sílex, la rueda o la agricultura. Sin embargo, este patrimonio común se encuentra blindado tras regímenes de propiedad intelectual (como los Acuerdos sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, TRIPS es el acrónimo en inglés, o las variantes de semillas manipuladas genéticamente) que permiten al Norte cobrar rentas monopolísticas por acceder a innovaciones que se construyeron sobre una base común[8]. Mientras se exige puntualmente el pago del servicio de la deuda soberana, se niega sistemáticamente el pago por el uso privatizado del conocimiento acumulado colectivamente. Como ha expuesto el economista surcoreano Ha-Joon Chang: “Desde finales del siglo XIX, con la producción a gran escala, las tecnologías complejas y los mercados globales, el éxito empresarial es el resultado de un esfuerzo colectivo más que individual, en el que participan no solo los líderes empresariales, sino también los trabajadores, ingenieros, científicos, administradores, responsables de las políticas públicas y hasta los propios consumidores”. Este esfuerzo colectivo hoy se convierte en beneficio privado porque la ley lo permite así. No es una ley natural, es una ley impuesta por sus beneficiarios.

En tercer lugar, la dimensión del trabajo y los cuidados. La “fuga de cerebros” —profesionales sanitarios, ingenieros, científicos formados en el Sur con recursos públicos locales y explotados en el Norte— representa una transferencia masiva de capital humano no compensada. Pero más grave aún es la cadena global de cuidados: mujeres del Sur que migran para sostener la reproducción social del Norte —cuidando niños, ancianos y enfermos de familias europeas o norteamericanas— mientras sus propias familias quedan descuidadas. Esta es una transferencia de valor incalculable que el Norte recibe gratuitamente, sosteniendo su modelo social sobre la sobreexplotación del trabajo reproductivo racializado y feminizado.

En cuarto lugar, los costes del cambio climático que pueden sufrir más algunos países del Sur Global habiendo “contribuido” a ello mucho menos que el Norte.

El Sur Global no es pobre: es un productor neto de riqueza para el Norte. La pobreza del Sur y la riqueza del Norte no son realidades paralelas, sino las dos caras de un mismo proceso de transferencia estructural de valor[9].

La Renta Básica Soberana

Nuestra propuesta de una Renta Básica Soberana (RBS), por llamarla de alguna forma y sin pretensiones de originalidad nominal, que la definimos como una transferencia incondicional entre Estados, del Norte hacia el Sur. En ningún caso debe entenderse como “ayuda al desarrollo”, ni como caridad internacional, sino como un mecanismo de justicia redistributiva global fundamentado en principios normativos de economía política republicana.

El republicano Thomas Paine argumentó en el siglo XVIII que la tierra es herencia común de la humanidad, y que quienes se apropian privadamente de ella deben compensar al resto mediante un dividendo universal. Este principio, trasladado a escala global, adquiere una dimensión adicional: ningún país “creó” el petróleo, el coltán, el litio o la capacidad de absorción de CO₂ de la atmósfera. Son patrimonio común de la humanidad. El Norte Global se ha apropiado desproporcionadamente de estos recursos finitos y de la capacidad de sumidero atmosférico del planeta. El 16 % más rico de la población mundial es responsable de más del 60 % de las emisiones históricas de gases de efecto invernadero, mientras que los países más vulnerables al cambio climático son precisamente aquellos que menos han contribuido a causarlo. Esta apropiación desigual genera una deuda ecológica que debe saldarse. La RBS operaría como el dividendo de este patrimonio común apropiado desigualmente.

Si aceptamos que el conocimiento científico[10] y tecnológico es producto de la acumulación social de la humanidad entera —construido sobre milenios de innovación colectiva, intercambio cultural y experimentación común—, su privatización mediante patentes y su uso como instrumento de extracción de rentas constituye una injusticia patente y un instrumento adicional de dominación. Las empresas farmacéuticas del Norte cobran precios prohibitivos por medicamentos esenciales a países del Sur, mientras simultáneamente estos países deben pagar puntualmente el servicio de su deuda externa. Esta doble injusticia —privatizar el conocimiento común y exigir el pago de deudas muchas veces ilegítimas u odiosas— revela la asimetría brutal del sistema actual. La RBS actuaría como mecanismo de compensación por el uso privatizado de este conocimiento acumulado colectivamente.

Existe además una dimensión de justicia reparadora. El desarrollo capitalista del Norte se construyó sobre siglos de colonialismo, esclavitud, extracción de recursos y destrucción de sistemas económicos locales en África, Asia y América Latina. Las reparaciones por el colonialismo no son una demanda radical: son un reconocimiento elemental de que la riqueza actual del Norte tiene su origen parcial en el expolio sistemático del Sur. La RBS, desde esta perspectiva, no sería una transferencia generosa sino el pago de una deuda histórica pendiente.

La propuesta de la Renta Básica Europea, un antecedente

Ya exploramos anteriormente un paso intermedio en esta dirección al modelizar la viabilidad de una Renta Básica Europea. En aquellos trabajos demostramos que es financieramente posible garantizar la existencia material de la ciudadanía a escala continental mediante reformas fiscales redistributivas dentro de un espacio político y económico integrado.

El modelo europeo mostró que una RB puede financiarse mediante:

* Reformas del IRPF con tarifas únicas o progresivas que graven especialmente las rentas altas.

* Impuestos sobre la riqueza y las herencias.

* Impuestos sobre transacciones financieras y ganancias especulativas.

* Impuestos sobre emisiones de gases de efecto invernadero.

* Eliminación de deducciones y exenciones fiscales regresivas.

El resultado fue una propuesta que reduce drásticamente la pobreza y la desigualdad (el índice de Gini en el Reino de España pasaría de 0,36 a 0,25) sin requerir un aumento insostenible de la presión fiscal agregada, sino una redistribución radical de la carga fiscal de las rentas del trabajo hacia las rentas del capital y la riqueza acumulada.

Ahora, el desafío es llevar esta lógica a escala global, donde no existe un fisco unificado ni un espacio político común, pero sí existe —con toda claridad— una obligación de justicia reparadora y distributiva.

Una propuesta de Renta Básica Soberana (4%)

La RBS no debe diseñarse simplemente para equilibrar balances macroeconómicos ni para “tapar agujeros” presupuestarios. Debe cumplir el objetivo fundamental que justifica cualquier Renta Básica: garantizar incondicionalmente la existencia material de la población, que puede equipararse para lo que aquí nos interesa con la cobertura de las necesidades básicas —alimentación, agua, vivienda, energía— de toda la población, liberando a la ciudadanía de la necesidad de emigrar por pura supervivencia económica o de someterse a relaciones de dominación para acceder a lo esencial.

Si analizamos los flujos financieros que actualmente sostienen a los países de ingreso bajo y medio (LMIC, por sus siglas en inglés), observamos una “arquitectura de la precariedad” que descansa sobre tres pilares profundamente injustos:

1. Remesas de migrantes (1,8% del PIB de los LMIC). La principal fuente de divisas no son inversiones productivas ni comercio justo, sino transferencias de trabajadores migrantes que envían parte de sus salarios —generalmente magros y obtenidos en condiciones de precariedad— a sus familias en origen. No es una transferencia del Norte al Sur, sino una transferencia intra-clase: son los pobres del Norte (migrantes) sosteniendo a los pobres del Sur (sus familias). El coste humano es devastador: familias fragmentadas, migrantes sobreexplotados, niños criados sin sus padres.

2. Ayuda Oficial al Desarrollo (0,7% del PIB de los LMIC). Una transferencia voluntaria, frecuentemente condicionada a intereses geopolíticos y económicos del donante y sujeta a la arbitrariedad política. No genera derecho: es caridad internacional que puede retirarse en cualquier momento y que se utiliza como instrumento de “poder blando” (soft power) diplomático. Un instrumento de dominación, en definitiva.

3. Servicio de la deuda pública (-1,2% del PIB de los LMIC). Un drenaje sistemático y obligatorio de recursos públicos hacia acreedores del Norte. Según datos del Banco Mundial para 2024, los países pobres y de renta media pagaron aproximadamente 471.500 millones de dólares en servicio de su deuda pública externa, de los cuales 144.500 millones fueron únicamente intereses. El resultado neto actual es que el Sur recibe (2,5% del PIB) pero paga (1,2%), quedando un saldo positivo marginal (1,3% del PIB) que apenas sirve para evitar el colapso humanitario inmediato, pero no permite el desarrollo de servicios públicos robustos ni la cobertura universal de necesidades básicas. Es un sistema diseñado para la supervivencia precaria, no para la vida digna.

Existen otros sistemas de explotación limitados, como el franco de la comunidad financiera africana (CFA), que elimina la soberanía monetaria de las excolonias francesas en África, en beneficio de la metrópolis.

Nuestra estimación basada en datos del Banco Mundial sitúa la Renta Básica Soberana (RBS) en aproximadamente el 4% del PIB de los países receptores (unos 1,5 billones de dólares anuales). Esta transferencia se desglosaría en tres pilares estratégicos:

1) 1,2% para neutralizar la deuda: Cubrir automáticamente el servicio de la deuda pública externa. Esto restaura la soberanía fiscal, liberando a los Estados de la tutela permanente de los acreedores.

2) 1,8% para sustituir remesas de subsistencia: Al garantizar un suelo de protección estatal, las remesas dejan de ser vitales para comer y pasan a ser un complemento de bienestar. Esto desmercantiliza la migración: las personas se moverían por elección, no por supervivencia.

3) 1,0% para el déficit de necesidades básicas: Un componente adicional (superior a la actual AOD) para invertir en la cobertura universal de agua, energía y alimentación. El objetivo es simple: que ningún ser humano carezca de techo o comida por razón de su lugar de nacimiento. 

Esta RBS puede complementarse con una Renta Básica propia del país, mediante una reforma fiscal (allá donde existan sistemas fiscales robustos) que transfiera renta de las clases ricas (en general las más beneficiadas por el sistema colonial vigente) hacia las clases medias y pobres.

La RBS como salario de reserva estatal: El poder de decir “no”. Y la viabilidad económica: El coste de la justicia frente a la guerra

Aquí emerge el paralelismo estructural con la Renta Básica individual. Al igual que esta actúa como un salario de reserva que permite al trabajador rechazar los “trabajos de mierda” (como famosamente los bautizó David Graeber) y la “mierda de trabajos” (que no hay que confundir con los anteriores) sin poner en riesgo su existencia material, la RBS otorga a los Estados el poder de rechazar “tratados de mierda”, “condiciones de mierda” o “préstamos de mierda”. Actualmente, los Estados del Sur aceptan la austeridad del FMI, acuerdos comerciales depredadores o el acoso de fondos buitre porque la alternativa es el colapso inmediato. Con una RBS del 4% garantizada, un gobierno adquiere poder de negociación real. Puede rechazar recortes en sanidad, exigir precios justos por sus recursos naturales o resistir litigios abusivos, sabiendo que tiene asegurado el mínimo vital para su población. Transforma una relación de dominación colonial en una negociación entre iguales, o más iguales que ahora, o para ser prudentes de menor dominación que la actual.

Aunque la cifra de 1,5 billones de dólares parezca elevada, su contexto demuestra que la pobreza es una decisión política. Este monto representa apenas el 1,45% del PIB mundial y es, significativamente, inferior al Gasto Militar Global (2,4 billones en 2023 y creciendo). Financiar la existencia material de la humanidad es más barato que prepararse para la guerra.

Además, el coste neto para el Norte sería menor, ya que se estima que entre el 30% y el 40% de la transferencia retornaría vía exportaciones de bienes y tecnología. La propuesta no parte de cero: integra y racionaliza flujos ineficientes como la actual Ayuda Oficial al Desarrollo y el alivio de deuda puntual.

El mayor desafío no es financiero, sino político: evitar que los fondos sean capturados por oligarquías locales corruptas. Para ello, proponemos una arquitectura de doble canal:

1) Canal A. Dividendo Ciudadano Directo (50%): Transferencias monetarias directas a la población (vía dinero móvil y registros biométricos), sin pasar por la burocracia estatal.

2) Canal B. Fondo de Servicios Públicos (50%): Fondos gestionados mediante fideicomisos auditados internacionalmente (escrow accounts, recursos que se liberan sucesivamente cuando se van justificando los gastos), trazables con tecnología blockchain pública y ejecutados mediante smart contracts. Si se detecta desvío de fondos hacia gasto militar o represión, el flujo se suspende automáticamente[11].

Concluyendo (provisionalmente)

Para ir concluyendo, esta propuesta de una RBS no surge del vacío, sino que se presenta como la evolución natural tras décadas dedicadas a asentar los fundamentos ético-filosóficos de la RB y a modelizar rigurosamente su financiación en contextos locales, regionales, nacionales y europeos e incluso sectoriales o por edades. A lo largo de cientos de artículos y en innumerables conferencias divulgativas, una objeción recurrente que nos han hecho ha sido la supuesta inviabilidad de una RB que no fuera planetaria, bajo el temor de un hipotético “efecto llamada” hacia los territorios que la implementaran. Aunque la evidencia empírica desmonta este prejuicio —demostrando que los flujos migratorios se correlacionan con el dinamismo en la creación de empleo y no con la generosidad de la protección social, como se observa en la atracción migratoria de un Reino de España con protección deficiente frente a una Europa más robusta, o en la menor atracción relativa del País Vasco pese a su sistema de garantías superior al resto del Estado—, este artículo acepta el envite intelectual de cerrar el debate por elevación. Y demostramos, en efecto, que una RB a escala mundial no solo es posible, sino que es la pieza que faltaba en el rompecabezas: un mecanismo que, lejos de ser una utopía, ofrece una utilidad pragmática y estabilizadora tanto para el Sur, al que libera de la asfixia de la deuda y posibilita (al menos mucho más que ahora) la existencia material a sus sociedades. Como para el Norte, al que modera la presión migratoria forzosa y de la criminal xenofobia que la extrema derecha fomenta y, visto lo visto, va consiguiendo expandir entre buena parte de la población.  

La RBS no es una propuesta fantasiosa. O en todo caso no lo es más que las fantasías distópicas que la realidad nos está mostrando. Con la diferencia que estas son realidades dominadoras y depredadoras para la inmensa mayoría de la población mundial. La diferencia es que frente a la realidad del capitalismo actual, la propuesta de la RBS pretende beneficiar a la población no estrictamente rica. Extiende el principio republicano de libertad como no-dominación a escala interestatal. Permite a los países del Sur implementar políticas soberanas sin la pistola del hambre apuntando a la sien. El precio de la justicia global es ridículamente bajo comparado con el precio que pagamos por mantener la injusticia.

¿Difícil? Claro. Apuntaba Michael Roberts recientemente “La desigualdad […] es el resultado de la propiedad[12] privada del capital y de los gobiernos dedicados a mantenerla. Si no se pone fin a eso, la desigualdad de ingresos y riqueza a nivel mundial y nacional no solo se mantendrá: seguirá empeorando”. No podemos más que darle la razón, pero avanzar propuestas, si están bien fundamentadas, siempre puede ser un estímulo político e intelectual para ofrecer razones adicionales de la sociedad de mierda en la que el 0,001% de la población mundial campa por las suyas. Menos de 60.000 personas en todo el mundo y los poderes económicos y políticos que les satisfacen y obedecen. Esto afecta a la democracia de una manera que ni el más pusilánime podrá negar[13]. Quizás la RBS, con alguna idea que hemos propuesta o con otras que seguro la pueden mejorar, pueda parecer fantasiosa. También lo pareció el derecho de huelga, el derecho de sindicación, el matrimonio homosexual, el sufragio universal, el derecho al aborto y tantas (hoy) realidades que nos parecen conquistas irrenunciables. Y es que, no debe olvidarse, las conquistas que vale la pena defender (aunque vivimos unos momentos que muchas vuelven a estar amenazadas) del mundo actual, son producto de grandes luchas y de grandes movilizaciones contra las injusticias. Lo dijo Bertolt Brecht y lo hemos repetido más de una vez:  la injusticia es humana, pero más humana es la lucha contra la injusticia.

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[1] Que utiliza supuestos muy conocidos. Un resumen: racionalidad individual, información perfecta, equilibrio general, preferencias estables, mercados eficientes, competencia perfecta, Ceteris paribus (se asume que, al estudiar una variable, todas las demás permanecen constantes).

[2] Supuesto el del egoísmo que a algunos partidarios, como Robert Frank, de la teoría de la elección racional no les acaba de convencer. Frank concluye que el supuesto del egoísmo no funciona bien porque no sirve para entender muchas interacciones sociales que podemos comprobar a diario: ayudar a una persona amiga, dar propina en un restaurante que se sabe que jamás se volverá (porque si se ha de volver entra dentro del supuesto del egoísmo dar propina), hacer donaciones desinteresadas, compartir informaciones aunque no aporten beneficio directo, entre muchas otras.

[3] Es decir, la satisfacción adicional que se obtiene por consumir una unidad más de un bien. Normalmente disminuye a medida que se consume más.

[4] La economía republicano socialista la hemos explicada en otras ocasiones, pero para nuestros propósitos en el presente artículo podemos prescindir de la distinción con la republicano democrática. Para no dejarlo ambiguamente: la tradición socialista aportó un análisis actualizado, dado el desarrollo al que el capitalismo ya había llegado en el siglo XIX, de las fuentes de dominación que ponían en peligro la libertad de la ciudadanía en la concepción republicana. Entre otras aportaciones está, como se desarrolla aquí, la demostración de que “la vida social en el capitalismo es una realidad que cabalga a lomos de otras formas de ‘dominación estructural’: determinadas instituciones y relaciones sociales están diseñadas de manera tal que no es preciso que el agente (x, y o z) interfiera de un modo intencional y consciente en nuestras vidas, puesto que las ‘reglas del juego’ ya se encargan de que el grueso de los desposeídos y desposeídas nos veamos obligados a terminar llamando a su puerta para que alguno de los potenciales dominadores acabe estableciendo con nosotros relaciones que nos minorizan socialmente, que nos convierten en actores vulnerables a su potencial despotismo”. Las convergencias entre ambas economías políticas, la republicano democrática y la republicano socialista, son muy grandes: sin independencia material, no hay libertad; sin control democrático de la economía, no hay ciudadanía; y sin limitar el poder del capital, no hay democracia real.

[5] Los autores hemos tratado esta diferencia entre la concepción republicana en general y la republicano democrática, entre otros muchos lugares, por ejemplo aquí.

[6] Es importante distinguir la economía de mercado de la economía con mercados. El republicanismo no es “anti-mercados”, sí es incompatible con una sociedad de mercado. Para el republicanismo, el problema no son los mercados, sino convertir a la sociedad en un mercado como guía para las relaciones sociales. Fue Polanyi que especificó que la tierra, el dinero y el trabajo solo se convirtieron en mercancías con la sociedad de mercado. Ni tierra, ni trabajo, ni dinero fueron destinados a la venta antes de esta sociedad tan particular que las trata como mercancías. La idea machacona de que los mercados libres eran anteriores y luego intervino el Estado es un cuento. Fue el Estado quien creo mercados, destruyó las regulaciones anteriores tradicionales e impuso la disciplina mercantil.

[7] En la tradición republicana dominium se refiere a las relaciones de dominación que se dan en los ámbitos privados que conforman nuestras sociedades (mercados de trabajo, hogares, etc.). Por imperium se refiere a las relaciones de dominación que posibilitan la capacidad de los poderes públicos de favorecer intereses particulares. Las grandes fortunas disponen de dominium y de imperium. La perspectiva republicana defiende la erradicación de ambos tipos de dominación.

[8] Las grandes transnacionales, básicamente del núcleo más potente de alrededor de 1.000, se aprovechan de la situación general de dominación de los países empobrecidos de muchas otras maneras. Pongamos un resumen. Las empresas transnacionales se benefician de los países empobrecidos mediante la explotación de salarios bajos, la debilidad de la regulación laboral y ambiental, y el acceso preferente a recursos naturales. O lo que el colonialismo ha hecho “natural”. Ejemplo: el café se produce hoy principalmente en Sudamérica (Brasil, Colombia) y Asia (Vietnam, Indonesia), pero es una planta africana que se cultivó masivamente por primera vez en Yemen. En cambio, el chocolate que es originario de Sudamérica (Perú y Ecuador) hoy se produce en Costa de Marfil, Nigeria, Camerún, Indonesia y Ghana que son los cinco principales productores de cacao del mundo. Los beneficios de las trasnacionales se ven reforzados por mecanismos de elusión fiscal, presión política sobre estados con poca capacidad reguladora y una inserción subordinada de los países pobres en la economía global, basada en actividades de bajo valor añadido. El resultado es una transferencia estructural de valor hacia los países ricos que tiende a perpetuar desigualdades económicas y dependencia.

[9] “El mundo está dividido en claros niveles de ingresos: regiones de altos ingresos, como América del Norte, Oceanía y Europa; grupos de ingresos medios, como Rusia, Asia Central, Asia Oriental, Oriente Medio y África del Norte; y regiones muy pobladas donde los ingresos medios siguen siendo bajos, como América Latina, Asia Meridional y Sudoriental y África Subsahariana”, como recordaba Michael Roberts en un reciente artículo.

[10] Una definición estandarizada de ciencia, que nos parece bien, según la cual se trata de una práctica racional orientada a la construcción de modelos explicativos del mundo natural y social, basados en evidencia empírica y sometidos a evaluación crítica intersubjetiva, establecerá que es más adecuado situarla temporalmente en los últimos siglos. Si bien la aceleración del conocimiento científico es evidente que se ha producido en los últimos siglos, no es desproporcionado asegurar que son milenios los que contemplan la investigación científica. Con todas las limitaciones que se quiera.

[11] No hay duda, los países del Sur Global tienen dominadores y explotadores de sus respectivas poblaciones. Las élites locales —burguesías compradoras, oligarquías terratenientes, clases políticas extractivas— se han beneficiado históricamente de la estructura del sistema de deuda y tienen incentivos para perpetuarla. Una RBS mal diseñada podría terminar financiando la fuga de capitales, la represión interna o el consumo suntuario de las élites en lugar de garantizar las necesidades básicas de la población.

[12] La propiedad es de primera importancia para el republicanismo, claro está. Nos limitamos a apuntar aquí que fue tratado con detalle en En defensa de la Renta Básica (Deusto, 2023). Decíamos allí: “La propiedad históricamente ha tenido muchas variantes y formas: común con uso privado, privada con uso común, común con uso común y privada con uso privado. Entre otras. La privada con uso privado es la que se ha convertido en la principal y dominante, pero en ningún caso la única, desde el siglo XVIII hasta la actualidad en la mayor parte de países si dejamos al margen los experimentos de propiedad colectiva y burocráticamente centralizada que hemos conocido en algunos países a lo largo del siglo XX y XXI”. Es decir, “La propiedad se configura históricamente en función de las luchas, los compromisos y las treguas temporales entre los diferentes grupos y clases sociales”.

[13] Un editorial de El País del 15 de diciembre concluía a partir del escándalo de desigualdades que supone el último informe del World Inequality Report: “Son por eso urgentes reformas legales que hagan frente a un problema que amenaza seriamente la democracia”. No se trata de un periódico extremista, precisamente.

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Attac España expresa su más profunda condena ante la operación militar ejecutada por el Gobierno de Estados Unidos contra la República Bolivariana de Venezuela, que ha incluido ataques aéreos en varias regiones del país y el secuestro del presidente Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores durante la madrugada del día 3 de enero.

La utilización de la fuerza militar por parte de una potencia extranjera para intervenir en los asuntos internos de un Estado soberano constituye una violación flagrante del derecho internacional, de la Carta de las Naciones Unidas y del principio fundamental de la no injerencia. La detención y traslado de un jefe de Estado y su cónyuge sin el consentimiento del país afectado constituyen un secuestro internacional, con efectos devastadores para la paz, la estabilidad regional y la vida cotidiana de millones de personas.

ATTAC España rechaza con contundencia cualquier justificación basada en acusaciones o pretextos legales presentados unilateralmente por el Gobierno de Estados Unidos para legitimar esta agresión. La historia demuestra que las intervenciones militares “por motivos humanitarios”, “lucha contra el narcotráfico” o “lucha contra la corrupción” suelen encubrir intereses geoestratégicos y económicos que nada tienen que ver con el bienestar de las poblaciones afectadas y sólo generan sufrimiento, desplazamientos forzosos y agravamiento de crisis sociales.

Las sanciones económicas, el bloqueo financiero y las amenazas de acción militar ya venían provocando graves efectos sobre la población civil venezolana, dificultando el acceso a bienes esenciales como alimentos, medicinas y servicios básicos. Estas políticas coercitivas, ahora acompañadas de una escalada militar abierta, constituyen una forma de guerra multidimensional contra el pueblo venezolano que rechazamos sin reservas.

ATTAC España reafirma su solidaridad con el pueblo de Venezuela, con sus organizaciones sociales y movimientos populares, y con todas las voces que luchan por una solución pacífica, democrática y soberana a la compleja situación política, económica y social que vive el país latinoamericano. Llamamos a la comunidad internacional a exigir el respeto al derecho internacional, el fin de las agresiones externas, y a trabajar por un diálogo incluyente que priorice los derechos humanos y la autodeterminación de los pueblos.

No a la injerencia militar.
No a la violación de la soberanía de los pueblos.
Sí a la paz, la justicia y la solidaridad internacional.

ATTAC España

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Estuvimos disfrutando del paisanaje que hace R&R

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Una noche maravillosa en la casa encantada disfrutando de la compañía de los Coringas, charrinando y escuchando su música.

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Estuvimos escuchando algunas cancioncicas de grupos de aquí y de los Mountain surfers para que habraís boca mientras preapramos una entrevista con ellos.

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Por Paco Cantero, Coordinador de Attac Madrid. Publicado originalmente para Espacio Público.

En el siglo XXI, la ambición de poder ha encontrado una nueva expresión: ya no se manifiesta principalmente mediante la conquista territorial directa, sino a través de una colonización tecnológica, financiera e infraestructural. Una red tecnoautoritaria, con figuras como Donald Trump y capitalistas de la tecnología de Silicon Valley como Peter Thiel a la cabeza, está erigiendo un dominio de carácter global. Su sofisticación y alcance rivalizan con los proyectos de poder más ambiciosos de la historia. Este artículo, apoyándose en lo publicado recientemente por Francesca Bria en medios como La Vanguardia y Le Monde Diplomatique, analiza cómo la imposición de un sistema monetario privado, el adormecimiento crítico de la ciudadanía y la corrosión sistemática de las instituciones democráticas constituyen los pilares de esta invasión silenciosa pero implacable.

La frontera digital y la pérdida de soberanía

El proyecto de poder contemporáneo opera bajo una lógica de captura de las infraestructuras críticas que definen la soberanía de los estados modernos. Como detalla Francesca Bria en sus análisis, no se trata de anexionar territorios, sino de controlar los sistemas operativos de la gobernanza misma. Europa, en su búsqueda de una autonomía estratégica cada vez más elusiva, está cayendo en un vasallaje tecnológico.

Contratos millonarios con empresas como Palantir para gestionar sistemas de salud nacionales (como el NHS británico) o datos de defensa, la integración de Starlink de Elon Musk en las comunicaciones críticas de la OTAN, o el despliegue de drones autónomos de Anduril a través de joint ventures con conglomerados europeos, son los vectores de esta colonización. Estas plataformas tecnológicas se convierten en el sistema nervioso del Estado y que Francesca Bria denomina la Pila Autoritaria.

Al igual que las arterias de comunicación eran vitales para los imperios del pasado, los gobiernos europeos dependen ahora de algoritmos y plataformas estadounidenses para funciones de Estado esenciales: inteligencia, logística, salud e incluso la gestión de la inmigración. La soberanía no se pierde en un campo de batalla convencional, sino que se cede discretamente en la firma de contratos que convierten a los gobiernos en rehenes funcionales de un ecosistema tecnológico cuyos dueños, como Thiel, han declarado abiertamente la incompatibilidad entre libertad y democracia.

El nuevo sistema monetario: exportando inflación y sosteniendo la deuda

En el capitalismo global, el control monetario es la forma suprema de poder. Bajo la Ley GENIUS de Trump, las stablecoins (criptomonedas vinculadas a activos estables como el dólar) están siendo reclasificadas como infraestructura de seguridad nacional. Este no es un cambio técnico menor, sino la piedra angular de un sistema monetario privado y paralelo.

Al otorgar a emisores privados poderes cuasifiduciarios, se está creando un mecanismo para exportar la inflación y financiar la colosal deuda estadounidense, que supera los 37 billones de dólares. Scott Bessent, una figura clave en este escenario, afirma que este sistema podría generar hasta dos billones de dólares en nueva demanda de bonos del tesoro. En esencia, se está construyendo un circuito financiero descentralizado, gobernado por algoritmos de naturaleza profundamente libertaria, que permite a Estados Unidos monetizar su deuda a escala global.

Las stablecoins, operando en una red fuera del control directo de los bancos centrales tradicionales, pueden comprar masivamente deuda pública estadounidense. Esto alivia la presión inflacionaria interna y la externaliza al mundo. Es un mecanismo de dominio financiero de una eficacia brutal: los ciudadanos de todo el planeta, a menudo sin saberlo, acaban sosteniendo la solvencia de este poder a través de un sistema opaco y desregulado.

El adormecimiento de los pueblos: el ataque a la conciencia crítica

Ningún sistema de dominio puede perpetuarse sin el consentimiento, activo o pasivo, de los gobernados. La estrategia tecnoautoritaria contemporánea es infinitamente más sofisticada que el «pan y circo» de antaño, pero persigue el mismo fin: anular el pensamiento crítico ciudadano.

El método es doble y letal. Por un lado, se libra una guerra cultural contra las instituciones que tradicionalmente han fomentado dicho pensamiento, como la universidad pública. Se la critica y desprestigia sistemáticamente, tachándola de elitista, desconectada o ideologizada, con el objetivo claro de debilitar su autoridad como faro de conocimiento crítico y debate racional.

Por otro lado, se inunda el espacio público con un ecosistema mediático y de entretenimiento diseñado para la pasividad intelectual. Programas de televisión superficiales, narrativas simplistas y una retórica política emocional y anti-intelectual crean una ciudadanía adormecida. Esta ciudadanía se vuelve incapaz de analizar la complejidad de los procesos que la rodean, como la privatización encubierta de su soberanía. Cuando la atención es un recurso escaso y la información veraz es ahogada por un océano de distracción y desinformación, la capacidad de resistencia se diluye. Un pueblo que no piensa críticamente es un pueblo que no puede defender su democracia.

La «extrema derecha patriótica» y la red de corrupción ideológica

Ante este panorama, cabe preguntarse: ¿Qué papel juegan aquellos movimientos que se autoproclaman patriotas y seguidores incondicionales de este proyecto? La respuesta, lejos de basarse en un idealismo genuino, suele encontrarse en los flujos de dinero y poder. Los análisis de Francesca Bria aluden a la enorme influencia de redes de think tanks y organizaciones de lobby, como la Atlas Network, que opera a nivel global.

Estas organizaciones, financiadas de forma opaca por grandes capitales afines al proyecto tecnoautoritario, actúan como mecenas de determinados líderes políticos, intelectuales y medios de comunicación. Su objetivo es claro: promover una agenda de desregulación, privatización y nacionalismo excluyente, al tiempo que desacreditan mediante una lluvia constante de mentiras y medias verdades al sistema actual (las instituciones democráticas, la prensa libre, el estado de derecho).

Esta ultraderecha patriótica no defiende la nación, sino los intereses de una élite que busca reemplazar la soberanía popular por la soberanía privada. Su patriotismo es una fachada que esconde una lealtad inquebrantable a los flujos de capital y a la consolidación de un poder que considera la democracia como un obstáculo técnico a superar.

Un llamamiento a la resistencia colectiva

La invasión silenciosa de la Pila Autoritaria es el desafío definitorio de nuestra era. No llega con estandartes y espadas, sino con contratos, algoritmos y stablecoins. Frente a esta amenaza existencial para la soberanía y la democracia global, es imperativo que todas las organizaciones, movimientos sociales y la ciudadanía progresista en su conjunto superen sus diferencias internas y luchas fragmentadas.

No hay tiempo para divisiones estériles. Se requiere una alianza estratégica y un frente común que priorice la defensa de lo público: una universidad fuerte y crítica, un sistema mediático independiente, una soberanía digital y financiera real, y la recuperación del control democrático sobre las infraestructuras críticas. Debemos exigir transparencia en los contratos públicos, regular el poder de las Big Tech y construir alternativas tecnológicas abiertas y soberanas.

Frente a esta ofensiva, defender la libertad no puede significar regresar a un concepto simplista de ausencia de regulación, que en la práctica solo despeja el camino para que los más poderosos impongan su ley. La verdadera libertad, la que hoy debemos reivindicar con urgencia, es justamente lo contrario a la esclavitud tecnológica y la sumisión a los algoritmos. Es la libertad colectiva de un pueblo que mantiene el control sobre las decisiones que le afectan; es la defensa de la agenda humana frente a la automatización de lo político; y es la deliberación democrática como el único mecanismo legítimo para definir nuestro futuro común.

Se trata, en definitiva, de decidir si seremos ciudadanos con soberanía o meros usuarios en una plataforma de gobernanza dirigida por intereses privados. El futuro que los tecnoautoritarios pretenden construir es un mundo de infraestructuras vivas y opresivas, un sistema de vigilancia total algorítmica donde la elección democrática sea técnicamente imposible. No permitamos que este futuro se concrete. La historia nos juzgará por nuestra capacidad de olvidar las pequeñas diferencias y unirnos para frenar, aquí y ahora, esta nueva y sutil forma de imperio.

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Peter & Pan 

Martes 30 de diciembre, 18:30 h

En el Teatro Circo

Entradas: general 9€

 

 

El musical infantil Peter & Pan, una producción de Escalante y La Mar Producciones que invita a soñar, a no perder la ilusión y a reconciliarse con la infancia. El espectáculo, con música en directo, ofrece una visión renovada del clásico de James Matthew Barrie, dirigida especialmente al público familiar.

Peter ha olvidado su pasado. Y cuando olvidas tu pasado, olvidas tu infancia. Detrás de esa ventana de la habitación de una residencia de ancianos se ve como las estrellas han dejado de parpadear. Ya no se escuchan los sonidos de aquella feria. El algodón de azúcar ya no sabe a nada y la noria ha dejado de girar… Pero las ventanas, cuando te olvidas de ellas, se abren y dejan entrar sombras traviesas. Y una de esas sombras se cuela en los recuerdos de Peter. Y detrás de ella aparece ese niño eterno que se lleva a nuestro señor mayor hacia Nunca Jamás. Recuerda, nunca cierras tu ventana. Pan te observa, colgado en una luna, oculto en tus sueños, escondido en los rincones más secretos de tu risa, esperándote en tu Nunca Jamás. 

 

Por Julien Dourgnon. Publicado en Alternativas Económicas

Creado en 2020 por el Banco Central, el sistema de pago instantáneo Pix solivianta a la banca privada, pero trae consigo una cascada de beneficios para la economía y la soberanía del país.

En Brasil, ningún vendedor de playa, tienda o gran cadena de distribución concibe prescindir de Pix. Este sistema de pago instantáneo, ideado, operado y regulado por el Banco Central Brasileño (BCB), lanzado en 2020, se ha propagado a la velocidad del rayo por todo el país.

Para efectuar una compra, el consumidor abre en su móvil el espacio Pix dentro de la aplicación de su banco comercial, introduce la clave Pix del vendedor (por ejemplo, su número de teléfono) o escanea un código QR en el terminal de pago. Es un procedimiento simple y rápido que se aplica a las transacciones efectuadas en un punto de venta físico y en una compra por Internet.

Desde un punto de vista más general, Pix sirve para efectuar cualquier transferencia de moneda de un punto a otro; por ejemplo, entre amigos, sea cual sea la entidad financiera de unos y otros. En todos los casos, las cuentas están debitadas o acreditadas a través de una vía de pago instantáneo (SPI) creada por el BCB. Da igual la hora del día o de la noche, 350 días al año, con total seguridad y en tiempo real (frente a de 2 a 28 días en el caso de las tarjetas bancarias).Además, es gratis para las personas físicas o cobra una reducida comisión del 0,2% a las personas jurídicas.

Para leer el artículo completo puedes hacerlo en la Revista Alternativas económicas

Irresistible ascensión

Como incluso han confesado los bancos comerciales, todos los cuales han integrado Pix en su sistema informático, …

Para seguir leyendo:

Alternativas económicas es una revista, y medio amigo, cooperativa e independiente que explica la economía con rigor y de forma clara, poniendo el foco en cómo las decisiones económicas afectan a la vida de las personas. En esta ocasión comparten con los usuarios de ATTAC el artículo: “Brasil: la revolución financiera no ha hecho más que empezar”. Puedes leerlo gratis: solo tienes que registrarte en la newsletter de Alternativas económicas y podrás acceder al contenido completo.  Pincha aquí para registarte, ¡vale la pena!

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European Water Movement.

El Movimiento Europeo del Agua (EWM), del cual la Red Agua Pública forma parte, alerta de las consecuencias negativas que conllevaría la modificación de la Directiva Marco del Agua anunciada por la Comisión Europea este 10 de diciembre en la rueda de prensa sobre el Omnibus Ambiental. 

El pasado fin de semana, del 5 al 7 de diciembre, Girona ha acogido el encuentro anual del EWM. Uno de los objetivos fue analizar las propuestas de desregulación de las normas de la Unión Europea relativas a la gestión del agua, tanto en términos de derogaciones como de financiación.

“Sin este marco legal común, desaparece cualquier garantía del buen estado ecológico y químico de las masas de agua de la Unión Europea”, alertan los miembros del EWM. La Directiva Marco del Agua es el pilar vital de toda la política hídrica europea, por lo que piden a los eurodiputados que defiendan la norma y sus estándares vigentes.

El EWM denuncia la deriva de la Comisión Europea, “cediendo a lobbies mineros e industriales con intereses particulares que amenazan el derecho a un medio ambiente sano y la salud pública de todos los ciudadanos europeos”. Las organizaciones recuerdan que la Comisión Europea ha repetido numerosas veces que apoya el Derecho Humano al Agua y al Saneamiento, tras los casi 2 millones de ciudadanos que apoyaron la primera Iniciativa Ciudadana Europea (ICE Right2Water) que pide el reconocimiento del derecho al agua.

Estas acusaciones se dan después de que la Comisaria europea de Medio Ambiente, Agua y Economía circular, Jessika Roswall, afirmara la semana pasada que la revisión de la Directiva Marco del Agua responde al objetivo de facilitar la apertura de minas en territorio europeo para dejar de depender de China y EEUU. También para acelerar proyectos considerados estratégicos para la Comisión Europea como son los centros de datos.

El EWM vincula la amenaza ambiental orquestada por la Comisión Europea con su plan de rearme y su aparente plan de competitividad en la carrera global por liderar sectores industriales tecnológicos como el de la Inteligencia Artificial. “Cabe recordar que aún se desconoce el enorme consumo de agua y energía de la IA, lo que debería impedir que la Comisión elimine los procedimientos de evaluación e impacto ambiental, más aún en una región del mundo afectada por la escasez permanente de agua”, denuncian.

La potencial revisión de la Directiva Marco del Agua llega solo unos años después de que la Comisión haya hecho una evaluación de la directiva, con la que concluyó que es adecuada para responder a los objetivos comunes de protección del agua y de la salud.

Organizaciones¹ de España, Francia, Italia, Países Bajos, Alemania, Grecia, Bosnia y Herzegovina, Bélgica y Serbia, se encontraron y acordaron priorizar para este 2026 la protección de la Directiva Marco del Agua. Entre los asistentes participaron operadores públicos, administraciones locales y el Relator Especial de la ONU por los Derechos Humanos al Agua y al Saneamiento.

Para ver la reacción del Relator Especial de la ONU por los Derechos Humanos al Agua y al Saneamiento, consulte
aquí.

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1 Ayuntamiento de Girona, Diputación de Barcelona, Ayuntamiento del Masnou, Ayuntamiento de Torelló, Ayuntamiento de Viladrau, Institut Català de Recerca en Aigua (ICRA), Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental (ICTA-UAB), Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF), CAEB-CSIC, CT BETA UVic, LEQUIA – UdG, Wageningen University, Asociación Española de Operadores Públicos de Agua y Saneamiento (AEOPAS), Aqua Publica Europea (APE), Associació de Municipis per l’Aigua Pública (AMAP), Cicle de l’Aigua del Ter SA (CATSA), Consorci per a la Gestió Integral d’Aigües de Catalunya (CONGIAC), Consorci de Medi Ambient i Salut Pública SIGMA, Castelló d’Empúries 2000 SA, Gestió Urbanística i Serveis Arenys de Munt SA, Aigües Municipals de Xàbia (AMJASA), EYATH SA, Observatori de l’Aigua de Terrassa (OAT), Mesa Social del Agua, European Environmental Bureau (EEB), Ingeniería Sin Fronteras (ISF), Aigua és Vida, Plataforma en Defensa de l’Ebre (PDE), Grup de Defensa del Ter (GDT), Càritas Girona, Naturalistes de Girona, Observatori del Deute en la Globalització, European Public Services Union (EPSU), The Netherlands Trade Union Confederation (FNV), Red Agua Pública (RAP), Plataforma Contra la Privatización del Canal Isabel II, Foro Italiano dei Movimenti per l’Acqua, ENDA Colombia, Eau Secours 31, Coordination Eau Ile de France, Water Observatory Xabia, Water Observatory Terrassa, Water Observatory Girona, CEE Bankwatch Network y Polekol/Pravo na Vodu.

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Manuel Noya. Plataforma por una Banca Pública

Campaña de recogida de firmas para pedir al gobierno la creación de una Banca Postal.

La voracidad en el proceso de desmantelamiento de lo público tiene una contestación muy general en los ámbitos de la sanidad o la enseñanza. Es posible que una de las razones sea que aún queda allí un sector que referencia bien un derecho que la ciudadanía se niega a perder.

Los servicios financieros también son hoy esenciales para el público. Hablamos de un servicio público. Ya no se puede ni recibir nóminas, pensiones, o pagar recibos de grandes compañías sin que nos obliguen a una cuenta corriente, sin la intermediación de la banca. Sin embargo, llevamos decenios de desmantelamiento de cualquier organismo financiero público con la mayor impunidad. No importa si eran rentables, no sólo socialmente, sino económicamente; también los gobiernos del PSOE entregaron las carteras económicas a colaboradores de ese desmantelamiento. 

Por otro lado, el enorme poder mediático (incluso político) de la banca ha naturalizado que sus ingentes beneficios son imprescindibles, porque si les va mal (normalmente por su irresponsable asunción de riesgos) tendremos que salvarles y asumir sus pérdidas. ¡Y la sociedad, anestesiada!

La tendencia esencial del capitalismo a la concentración demostró sus inconvenientes y lleva a los poderes a la necesaria regulación contra los monopolios, o los oligopolios, los cuales coordinan sus políticas para imponer condiciones de abuso. Pues eso tenemos en los servicios bancarios de España. 

Con cada crisis se reduce la competencia. El último gran mordisco se lo dieron a casi la mitad de los depósitos del país: Las Cajas de Ahorro, que, aún no siendo públicas sino de propiedad social, habían cumplido un gran papel y con menos crisis que los bancos hasta que, empujadas por la marea neoliberal, empezaron a “bancarizarse”. En la crisis de la burbuja financiera, además de muchos bancos (de los que no se habla) se reflotaron Cajas con ingentes cantidades de dinero, para luego ser “regaladas” a la banca privada (beneficiada por tanto en última instancia de su crisis). ¡Y la sociedad, anestesiada!

Buen trabajo de publicidad para convencernos de las malicias de lo público en lo que al servicio financiero se refiere. Y mientras, la exclusión financiera de personas y de territorios avanza galopante al tiempo que la banca reduce personal y atención a los usuarios, a la vez que abusa de posición dominante para imponernos pago de comisiones, créditos más caros y retribuciones más bajas por nuestros depósitos. ¡Y la sociedad, anestesiada!

A diferencia de los países europeos, España es una anomalía en la que sólo queda pública una reducida participación accionarial en la Caixa y un escuálido ICO que no cumple las funciones de desarrollo e inversión pública que todo el mundo demanda.

Digo todo lo anterior porque aún tenemos tiempo de salvar algún mueble y recuperar una actividad de banca de proximidad que tan buen recuerdo dejó en la ciudadanía: la Caja Postal. Hacerlo dentro del servicio público de Correos permitirá aprovechar la extensa red de oficinas y la capilaridad de sus miles de carteros. Aunque lo fundamental será los beneficios sociales de la existencia de un polo de referencia público en el servicio bancario, también puede esa iniciativa dar mayor viabilidad a una empresa pública que está amenazada por una despiadada competencia internacional de plataformas de distribución mientras va desapareciendo la cartería física. 

En estos días hay una campaña de recogida de firmas para pedir al gobierno la creación de esa Banca Postal. Ojalá tenga amplitud como para presionar a los poderes públicos. Está en el siguiente enlace: https://c.org/DDSKpYFprL y te invitamos a firmarla.

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Por Juan Gimeno. Publicado originalmente para El Salto.

La globalización financiera ha implicado en el campo tributario la impunidad fiscal de los más poderosos. Empresas y personas con alta capacidad de pago eluden pagar impuestos. Las clases medias y trabajadoras, en paralelo, sostienen los sistemas tributarios y ven decrecer su capacidad económica.

Rodrik señalaba que los Estados no pueden optar al mismo tiempo por ​ globalización, soberanía nacional y democracia. Es cada vez más notoria la presión de los superricos contra normas o acuerdos contrarias a sus intereses y su apoyo a partidos de extrema derecha y antidemocráticos.

Quienes tienen iniciativa, quienes crean empleo, merecen reconocimiento y recompensa. No tanto quienes se enriquecen utilizando medios ilegales e inmorales, o por la especulación o una herencia no ganada. Lo que se trata es de que los rentistas contribuyan a los gastos comunes no menos que cualquier trabajador con los mismos ingresos, y progresivamente más cuando su nivel de ingresos crece desmesuradamente.

Pensemos un decálogo de medidas para avanzar hacia ese objetivo de justicia fiscal.

1.  Gravar los grandes patrimonios

El objetivo es que los superricos paguen sus impuestos como el resto de contribuyentes, sin que puedan refugiarse en territorios con impuestos bajos o nulos. Una decisión mundial vinculante, de acuerdo con las iniciativas ya existentes (G-20, Sevilla, Zucman, Tax the super rich…) reforzaría los esfuerzos nacionales, debilitados por la movilidad financiera.

2.  Combatir las Guaridas fiscales

Las Guaridas fiscales provocan no solo pérdidas fiscales y de consiguiente bienestar social, sino que favorecen la corrupción, las mafias de todo tipo y el terrorismo, que encuentran en esos refugios la base financiera que los posibilita.

Es necesario exigir criterios más estrictos para que se incluyan automáticamente en la lista negra a todos los países con tipos impositivos muy bajos o inexistentes; que se aplique el criterio sobre transparencia de la propiedad efectiva de las empresas; que se incluya la evasión fiscal de los particulares ricos; y que se impida que las administraciones públicas realicen contrataciones u otorguen beneficios fiscales a quienes operen en guaridas fiscales.

3.  Hacer tributar adecuadamente a las finanzas

La propuesta de un impuesto sobre las transacciones financieras tiene más de un cuarto de siglo. España, Italia, Francia, Grecia, Bélgica ya los han puesto en vigor, aunque de forma limitada.

No tiene sentido que cualquier transacción de bienes o servicios, incluso de primera necesidad, soporte impuestos superiores a lo que se pagan en las operaciones financieras. Por ello, el ámbito del impuesto debería ser más amplio. Dada que la mayor parte de esas operaciones se realizan por los más ricos, es otra vía de ir consiguiendo que contribuyan adecuadamente.

En el impuesto sobre la renta, las de trabajo soportan tipos superiores a los que se aplican a las rentas de capital. Debería seguir el avance en el acercamiento de las dos tarifas del impuesto

4. Tributación de las grandes empresas y los beneficios desorbitados

La importancia de participaciones en empresas y en la percepción de dividendos aumenta notoriamente con la renta. La elusión/evasión fiscal de los superricos guarda una relación directa con la inadecuada tributación de las grandes sociedades.

Las grandes empresas multinacionales imputan ingresos y costes a los territorios donde la fiscalidad es especialmente favorable, cuando no inexistente. Los países de la OCDE y del G20 iniciaron en 2013 un Plan de Acción (BEPS) que busca garantizar la recaudación en cada país alineando la potestad tributaria con la actividad económica y la creación de valor.

Un ejemplo en esa línea es la que se conoció como Tasa Google. En España se ha materializado en el Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales que grava las prestaciones de determinados servicios digitales con usuarios situados en territorio español.

Hay que aplaudir el acuerdo para gravar los beneficios de cualquier sociedad con un tipo mínimo del 15%. Entró en vigor en la UE desde 2024. Es criticable que el tipo impositivo sea bajo, pero es un avance importante porque los grandes grupos pagan de media un 7,24% y los tecnológicos ni siquiera… Como señala Harari, un sistema tributario que solo sabe gravar dinero pronto quedará obsoleto, pues hay innumerables transacciones que ya no implican transacciones de dinero. La lista de las personas más ricas del mundo la encabezan magnates procedentes de ese tipo de empresas. No pagan impuestos al tiempo que se enriquecen con grandes ayudas y contratas estatales.

Es necesario endurecer la legislación sobre sociedades pantalla, sin actividad económica real, y perseguir la utilización de sociedades para esconder ingresos, gastos y patrimonios particulares.

Hay que resaltar el movimiento en favor del gravamen sobre los beneficios extraordinarios “caídos del cielo”, no por éxitos de gestión sino por circunstancias externas. Lo que posibilita esos beneficios extraordinarios es el poder monopolístico de las empresas. Por ello, este tipo de impuestos deberían aplicarse con carácter permanente. Beneficios muy por encima de la media general y sectores oligopolísticos suponen dos pistas importantes de por dónde se puede avanzar.

5.  Gravar las grandes herencias

El 68,8% de la desigualdad en España tiene su causa en la herencia. Dejar libre de gravamen a las grandes herencias es contrario a principios como la igualdad de oportunidades y la meritocracia.

En el caso español, de mantenerse su tributación en el ámbito autonómico, es imprescindible fijar una solución como la aplicada para los grandes patrimonios, de modo que se evite la fuga de ingresos de los más adinerados y la suicida competencia a la baja entre distintas comunidades.

Podría aprovecharse para revisar y actualizar ambos impuestos e impedir las vías de evasión a través de sociedades.

6.  Gravar el lujo

El consumo suntuario es una vía cómoda de hacer pagar más a los super ricos. Puede arbitrarse a través de distintas formas, incluso de forma complementaria: un impuesto sobre el lujo, tipos más elevados del IVA para determinados productos, progresividad más acusada en otros tributos como el IBI sobre viviendas de lujo, etc.

Otra vía interesante sería un impuesto medioambiental especial sobre el consumo de bienes y servicios con elevada intensidad de emisiones de CO2 como jets privados, yates de gran tamaño, turismo de lujo… Es preciso que el impuesto recaiga sobre el consumo y no sobre la propiedad. Es habitual que estos bienes figuren como propiedad o gasto de empresas, aunque el disfrute sea de particulares.

7.  Reducir los beneficios fiscales

Hablamos del conjunto de medidas en casi todas las figuras tributarias que reducen la cuantía final que debe pagar el contribuyente.  En su gran mayoría, suponen una merma importante de ingresos, son regresivos, responden a presiones de lobbies concretos, y tienen dudosa o escasa utilidad social. Además, favorecen la elusión fiscal porque son las personas más ricas y las grandes empresas las que tienen acceso al eficaz asesoramiento para encontrar en esa maraña de beneficios la mejor forma para no pagar.

8.  Combatir eficazmente la evasión y el fraude fiscal

Es evidente que es en los niveles altos de renta y en las grandes empresas donde se encuentran las mayores cifras de defraudación y elusión. La lucha contra las guaridas fiscales y algunas de las advertencias recogidas en los puntos anteriores son medidas cuyo éxito conlleva aumentar la tributación efectiva de los superricos.

Fortalecer los recursos humanos de la Agencia tributaria y reforzar la eficacia, rapidez y proporcionalidad de las sanciones a los defraudadores se añadirían a los principales ajustes que necesita la lucha contra el fraude.

9.  Ingeniería fiscal

La casi totalidad de las grandes vías de elusión de pago de impuestos por los más potentados encuentran la colaboración necesaria en expertos asesores fiscales. Buena parte de ellos provienen de la propia Agencia Tributaria. Procedería reforzar las sanciones penalizadoras a quienes asesoren a defraudadores y penalizar en mayor medida las puertas giratorias.

10.  Renta básica de ciudanía

Es necesario completar el objetivo de que los superricos paguen los impuestos que deben con un apoyo especial a quienes ocupan el lado opuesto en la escala de renta y riqueza. El Ingreso Mínimo Vital fue un gran avance. Pero no llega ni a la mitad de sus potenciales destinatarios. Por ello, es necesario pasar a una prestación universal, incondicional y automática como derecho de ciudadanía a una vida digna. Es muy fácil conseguir después, a través del impuesto sobre la renta, que quienes no la necesiten la devuelvan por vía impositiva de forma progresiva.

En resumen, o se corrigen los efectos negativos de la globalización financiera sobre las haciendas nacionales y se consigue que los más ricos paguen los impuestos que deben y no pagan, o estamos poniendo en grave peligro los sistemas de bienestar europeos e, incluso, la democracia.

[1] La versión extensa de este artículo, con datos y referencias puede encontrarse en >>  “Economistas frente a la crisis”

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Ginebra, noviembre de 2025

Nosotros, los movimientos sociales y las organizaciones de la sociedad civil abajo firmantes, estamos profundamente preocupados por los intentos de desmantelar el derecho internacional, en particular desde la llegada al poder de la administración Trump y sus ataques contra el sistema multilateral. Mientras varios Estados poderosos violan el derecho internacional en diversos contextos, Estados Unidos comete abusos sin precedentes que socavan directamente los principios fundamentales del multilateralismo y del derecho internacional.

Estados Unidos no solo se ha retirado de organismos clave de las Naciones Unidas y de acuerdos internacionales, como el Consejo de Derechos Humanos, la Organización Mundial de la Salud la UNESCO, y han animado activamente a otros Estados a abandonar o socavar los marcos multilaterales, sino que también han dejado de pagar sus contribuciones financieras obligatorias, lo que ha provocado graves perturbaciones operativas en todo el sistema de las Naciones Unidas. Además, el Gobierno estadounidense ha impuesto sanciones a titulares de mandatos de las Naciones Unidas, en particular a la Sra. Francesca Albanese, Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados, lo que ha obstaculizado gravemente su capacidad para cumplir su mandato de manera independiente y eficaz. También ha atacado a la Corte Penal Internacional (CPI) mediante sanciones e intimidaciones políticas destinadas a paralizar su labor.

Estados Unidos ha restringido la libertad de circulación o ha denegado en repetidas ocasiones la concesión de visados a representantes debidamente acreditados de los Estados miembros de las Naciones Unidas, en particular a funcionarios de la Autoridad Palestina y a representantes de organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales, impidiéndoles así participar en los períodos de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. Esto constituye un obstáculo directo al derecho de los Estados miembros a acceder al principal foro multilateral mundial, un derecho garantizado explícitamente por el derecho internacional y el acuerdo de sede de 1947. El hecho de que el país anfitrión abuse de su posición privilegiada para obstaculizar la participación en las propias Naciones Unidas constituye una violación intolerable de los principios sobre los que se fundó la ONU.

Además, el plan del presidente estadounidense para Gaza (octubre de 2025) es una nueva demostración del desprecio de este país por el derecho internacional. Si bien apoyamos plenamente el cese inmediato de las masacres y el envío urgente de ayuda humanitaria, como reclaman las ciudadana y los ciudadanos de todo el mundo, este plan tiene en realidad por objeto perpetuar la dominación colonial bajo nuevas formas y niega el derecho del pueblo palestino a la libre determinación. Al privilegiar la seguridad de las fuerzas colonizadares en detrimento de la justicia, en realidad concede impunidad a los autores de genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, cuando el derecho internacional prohíbe categóricamente cualquier amnistía por tales crímenes. Por lo tanto, cualquier plan de paz auténtico debe incluir mecanismos de justicia transicional y reparadora, de rendición de cuentas y garantizar el acceso de las víctimas a la justicia y a la reparación.

En este contexto, hacemos un llamamiento a la movilización de los pueblos, los movimientos sociales y las organizaciones de la sociedad civil para defender el derecho internacional basado en la Carta de las Naciones Unidas y los derechos inalienables de los pueblos. Juntos debemos reforzar un multilateralismo centrado en los pueblos, capaz de hacer respetar la justicia y la responsabilidad. Nuestra acción colectiva será esencial para promover la justicia reparadora para las víctimas y garantizar que los responsables de genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad rindan cuentas plenamente.

Con este fin, también instamos a los Estados miembros de las Naciones Unidas a que:

• asuman sus responsabilidades y adopten medidas concretas para luchar contra la erosión sistemática del derecho internacional, defendiendo al mismo tiempo el sistema multilateral en la perspectiva de la búsqueda de la paz, los derechos humanos, la justicia social y la protección del medio ambiente;
• consideren el traslado inmediato de la sede de la ONU de Nueva York a Ginebra, a la espera de una decisión colectiva sobre la futura ubicación de la sede principal de la ONU, con el fin de poner fin a la injerencia arbitraria e ilegal del Gobierno estadounidense en el funcionamiento de la Organización.

En este sentido, abogamos por un sistema multilateral libre del dominio omnipotente de los Estados poderosos y los intereses económicos, un sistema que garantice así un multilateralismo democrático, inclusivo y participativo. La defensa y el fortalecimiento de dicho sistema exigen una oposición decidida a la ley del más fuerte y un compromiso firme con la defensa de la igualdad de derechos de todos los pueblos y Estados a ser escuchados, representados y protegidos en virtud del derecho internacional.

Enlace para la firma de las asociaciones

Primeros firmantes (al 14 de noviembre de 2025)

* Asociación de Abogados Democráticos (IADL)
* Emmaus Internacional
* Centro Europa – Tercer Mundo (CETIM)
* La Vía Campesina (LVC)
* Instituto Transnacional (TNI)
* Movimiento por la Salud de los Pueblos (PHM)
* Derecho Igualitario
* Marcha Mundial de las Mujeres
* Amigos de la Tierra Internacional FOEI-ATI
* FIAN Internacional
* Flotilla Global Sumud
* Paraguas Global de Cirugía (GSU)
* Justicia Social Global
* Convergencia Global de Luchas por la Tierra y el Agua en África Occidental (CGLTE-OA)
* Federación Internacional para la Protección de los Derechos de las Minorías Étnicas, Religiosas, Lingüísticas y Otras (IFPRERLOM)
* Fraternidad Internacional de Reconciliación (IFOR)
* Buró Internacional de la Paz (IPB)
* Coalición Internacional del Hábitat (HIC)
* Red Internacional de Cátedras, Instituciones y Personalidades para el Estudio de la Deuda Pública (RICDP)
* Reparaciones Revolucionarias
* Asociación para la Defensa de los Derechos de los Agricultores (AFRD)
* Red de ONG Libanesas
* Congreso de los Pueblos – Colombia
* Red de Alimentación Patrimonial Africana y Caribeña
* Coordinación Europea Vía Campesina (ECVC)
* Red de Derechos de la Vivienda y la Tierra – Coalición Internacional del Hábitat
* Asociación Belgacem Yagoubi para la Cultura y la Creatividad
* Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH)
* Convergencia Maliense contra el Acaparamiento de Tierras (CMAT)
* Liga Yibutiana de Derechos Humanos
* Mariposa Negra – Patrimonio Cultural para África
* Confederación de Trabajadores Unificados y Progresistas (SENTRO) – Filipinas
* Centro Nuevos Modelos de Desarrollo (CNMS Italia)
* Centro para los Derechos Humanos y el Desarrollo
* Coordinación por la Soberanía Alimentaria en MENA
* Foro de Personas con Discapacidad de Uganda
* Federación Internacional de la Diáspora Afar (FIDA)
* Fundación ALICA – Bosnia y Herzegovina
* Alianza de Trabajadores de la Cadena Alimentaria
* Foro para la Democracia y la Paz
* Observatorio DESCA – Cataluña (España)
* Asociación Tierra y Cielo
* Pax Christi Uvira – RDC
* Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (CAJAR) – Colombia
* Movimiento por la Buena Gobernanza y la Promoción en Gabón
* SOHRAM-CASRA – Centro de Acción Social para la Rehabilitación y Reintegración de Víctimas de Tortura y Guerra
* Asociación para la Promoción y Protección de Defensores de Derechos Humanos Xumek – Argentina
* Asociación Americana de Juristas (AAJ)
* Asociación de Empleados y Trabajadores de la Conservación Ambiental (AGOEC) – Argentina
* COECOCEIBA – Movimiento Ecologista de Costa Rica
* Asociación PoleRani – Bulgaria
* Movimiento Anti-Jindal y Anti-POSCO (JPPSS) – India
* Fundación Jeshil – Pristina
* Movimiento Pacifista Vrede vzw – Bélgica
* Foro Indio de Acción Social
* Magazine du Monde – Suiza
* Red Wiphalas
* ATTAC España
* ATTAC France
* Coalición Internacional del Hábitat – América Latina (HIC-AL)
* SOLIFONDS
* Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo SJ” (CSMM)
* Asociación Ecuatoriana de Amistad con el Pueblo Saharaui (AEAPS)
* RESF 04 Digne-les-Bains
* Red Hospitalidad

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CARTA ABIERTA a los eurodiputados, suscrita por Attac.

Estimado miembro del Parlamento Europeo:

La semana que viene se les pedirá que voten sobre una cuestión crucial, el presupuesto para 2026, y se avecinan o ya están en marcha otras votaciones y negociaciones importantes, como el próximo presupuesto a largo plazo de la UE (MFF 2028-2034) y una serie de «paquetes ómnibus», es decir, procesos de desregulación. Todas estas propuestas contienen aumentos masivos del gasto militar y regalos a la industria armamentística. Les pedimos encarecidamente que se opongan a estas peligrosas medidas y que redirijan los recursos hacia políticas de paz auténticas.

Somos Stop ReArm Europe, una coalición de más de 800 organizaciones y movimientos de la sociedad civil de toda Europa, que representamos a una gran variedad de sectores y/o procedencias políticas, y tenemos algo en común:

Queremos una seguridad genuina, es decir, una seguridad centrada en las necesidades humanas, como la seguridad medioambiental y climática, la seguridad alimentaria y económica, la seguridad social y sanitaria, y la seguridad comunitaria y política, tanto para los europeos como para todos los ciudadanos del mundo.

Queremos una paz transformadora y justa que incluya las condiciones necesarias para que las sociedades prosperen, como abordar las causas profundas de los conflictos, la buena gobernanza, la libertad y el fomento del potencial creativo humano.

En resumen, una seguridad común tanto para los Estados como para los pueblos.

Como actores de la sociedad civil, estamos más decididos que nunca a hacer todo lo que esté en nuestra mano para que esto se haga realidad, pero no podemos hacerlo solos.

Necesitamos su ayuda como responsables políticos; necesitamos su ayuda para que los valores universales de los derechos humanos y el Derecho internacional sean los principios rectores de las políticas de la UE, y para poner fin a décadas de prácticas hipócritas que se han vuelto tan evidentes en los últimos años.

La propia historia de la integración europea la hace especialmente vulnerable a la influencia indebida de los intereses empresariales, como demuestran numerosos informes, y las políticas de rearme no son una excepción a esta regla, sino todo lo contrario.

El discreto pero poderoso cabildeo de la industria armamentística desempeñó un papel decisivo en la adopción de las primeras subvenciones de la UE hace diez años, y su influencia en las políticas europeas, tanto militares como civiles, no ha dejado de crecer desde entonces. Los presupuestos destinados al cabildeo de las diez mayores empresas armamentísticas aumentaron un 40 % entre 2022 y 2023. Solo en 2025 (hasta octubre), la Comisión se reunió 89 veces con los grupos de presión del sector armamentístico para debatir sobre el rearme y la geopolítica, y solo 15 veces con sindicatos, ONG o científicos sobre los mismos temas. Por su parte, los eurodiputados se reunieron con el lobby armamentístico 197 veces entre junio de 2024 y junio de 2025, frente a las 78 veces de los cinco años anteriores. Como resultado, el llamado plan de «preparación para la defensa» para la supuesta autonomía europea se reduce en última instancia a subvencionar a las grandes empresas militares, a menudo internacionales, impulsar la producción y aumentar las ventas de armas, incluidas las exportaciones fuera de Europa.

El paquete «defensa ómnibus» sigue la misma lógica, ya que desregula aún más las normas sociales y medioambientales, así como las normas éticas y de exportación de armas, desvía recursos de programas civiles como la política de cohesión y pervierte los principios de la financiación sostenible, todo ello en interés del sector armamentístico. ¿Cuándo será suficiente para la industria armamentística?

Además de endeudar a Europa, y por tanto a sus ciudadanos, en beneficio de la industria armamentística y de un modelo económico extractivo e injusto, los planes de rearme desvían recursos financieros, humanos y políticos de la seguridad humana, así como de la prevención y la resolución pacífica de conflictos y de los grandes retos a los que se enfrenta la humanidad, desde el cambio climático hasta la pérdida de biodiversidad o la crisis sanitaria, por nombrar solo algunos.

Y la propuesta para el próximo marco financiero da un paso más en esa dirección, ya que prevé quintuplicar el presupuesto asignado directamente a las políticas de defensa y espaciales, además de que los programas civiles están en gran medida abiertos a la industria armamentística. Dado que el presupuesto global de la UE se mantiene prácticamente estable, esto supone necesariamente un desvío de los recursos financieros anteriormente asignados a las políticas civiles, aunque la profunda reestructuración del MFP hace muy difícil identificar transferencias específicas.

En general, el plan ReArm Europe de marzo de 2025, junto con todas las políticas anteriores y posteriores relacionadas con él, está condenado al fracaso porque, en esencia, reforzará la inseguridad europea y mundial, alimentará la carrera armamentística mundial —que a su vez alimenta los conflictos armados— y agravará el cambio climático y el daño medioambiental, dada la huella de carbono y medioambiental del ejército.

¿Es este el futuro que ustedes y nosotros queremos para la próxima generación? Nosotros no, y estamos convencidos de que ustedes tampoco.

Por lo tanto, les instamos a que destinen el dinero de la guerra a la paz, con el fin de crear las condiciones ambientales, económicas, sociales, políticas y diplomáticas necesarias para una paz positiva, la seguridad humana y la seguridad común.

Hay una serie de medidas y decisiones concretas que pueden tomar en las próximas semanas y meses para empezar a preparar un futuro mejor. En particular, les instamos a que:

1. Rechazar el presupuesto para 2026 en la votación plenaria de la próxima semana y solicitar:
   • Reanudar las negociaciones para reducir las subvenciones a la industria armamentística y aumentar las asignaciones a la diplomacia y a la prevención y resolución pacífica de conflictos con carácter urgente.
   • El fin de todas las cláusulas de exención que impiden la supervisión parlamentaria normal de todos los programas relacionados con el ámbito militar.
2. Defender las normas sociales y medioambientales, así como los estándares éticos, oponiéndose a las diferentes propuestas del «paquete global de defensa», en particular:
   • impedir que el Fondo de Defensa de la UE comience a financiar actividades de ensayo fuera de Europa, ya que esto permitiría utilizar el dinero de los contribuyentes de la UE para probar armas y tecnologías militares en cualquier zona de guerra, como Gaza y Ucrania;
   • objetar antes del 29 de noviembre la propuesta de limitar la definición de armas controvertidas a las armas prohibidas, mientras la UE financie el desarrollo de armamento disruptivo;
   • rechazar la flexibilización de las transferencias de armas dentro de la UE, que contradice las obligaciones de los países de la UE en virtud del derecho internacional;
   • rechazar la ampliación de las exenciones y derogaciones a las normas laborales, químicas, medioambientales y de otro tipo en favor de la industria armamentística;
   • rechazar la flexibilización de las obligaciones de información sobre la industria armamentística dentro de los marcos existentes de responsabilidad corporativa y sostenibilidad.
3. Rechazar la propuesta actual del próximo Marco Financiero Plurianual (MFP 2028-2034) en lo que respecta a los siguientes aspectos:
   • rechazar el Fondo de Competitividad que asigna 130 000 millones de euros a armas y al espacio militarizado
   • rechazar el desvío de programas civiles, en particular de investigación civil como Horizonte, así como de programas digitales, de movilidad, de cohesión y otros, con fines militares.
   • Reasignar estos fondos al fortalecimiento de la diplomacia y la ayuda exterior, con un claro enfoque en la lucha contra el cambio climático, la pobreza y la desigualdad, así como en la protección de los derechos humanos y el medio ambiente, y un apoyo decidido y coherente a la resolución pacífica de los conflictos con la participación de las mujeres, los jóvenes y las comunidades marginadas.

4. Oponerse firmemente a las presiones actuales para limitar significativamente la capacidad y la legitimidad de los actores de la sociedad civil para contrarrestar la influencia de las empresas a nivel de la UE; el equilibrio de poder actual ya está muy sesgado a favor de los intereses empresariales, y marginar aún más las voces de la sociedad civil supone una amenaza directa para el debate democrático en aras del interés público.

Si desea interactuar y debatir con nosotros sobre los temas planteados en esta carta, póngase en contacto con nosotros en contact@stoprearm.org . Estaremos encantados de organizar reuniones en línea en las que pueda intercambiar opiniones con muchos de nosotros sobre su visión, sus esperanzas y sus planes para la paz.

Le agradecemos su atención y esperamos tener noticias suyas.

En nombre de la campaña Stop ReArm Europe El equipo de coordinación de StopReArm Europe

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Retrato oficial de Donald Trump. 2025

Artículo original publicado en jacobinlat por Luciana Ghiotto. Attac Argentina

El segundo gobierno de Donald Trump parece haber modificado el tablero del comercio global. La administración trumpista puso el foco en el libre comercio porque lo entiende como una práctica que ha dañado la hegemonía de Estados Unidos al generar desbalances comerciales con sus socios (especialmente China). Desde esa perspectiva, los altos aranceles podrían ayudar a recuperar parte del poderío industrial y económico perdido con la globalización. «La palabra más bonita del diccionario es arancel», decía Trump en 2024, y desde su asunción en enero hemos entendido que no estaba exagerando.

En este artículo nos proponemos examinar las políticas arancelarias de Trump desde una perspectiva crítica, trascendiendo las interpretaciones predominantes que las presentan como una ruptura radical con el orden económico global previo. Nuestra investigación se estructura en torno a tres objetivos fundamentales. Primero, desarrollar un análisis riguroso sobre la naturaleza, alcance e historicidad de las transformaciones generadas por las políticas arancelarias trumpistas, situándolas en la trayectoria más amplia de las relaciones entre Estado y capital en el capitalismo contemporáneo.

Segundo, problematizar críticamente la concepción dominante del «libre comercio», interrogando si las políticas proteccionistas actuales representan una verdadera ruptura con el paradigma librecambista o si constituyen, más bien, una reconfiguración de los mecanismos de acumulación dentro de la misma lógica sistémica. Tercero, examinar las implicaciones de estas transformaciones para los movimientos sociales que han articulado sus estrategias en torno a la crítica del libre comercio durante las últimas tres décadas, evaluando los desafíos que este nuevo escenario plantea para sus marcos interpretativos y prácticas políticas.

Sostenemos que una lectura crítica del momento actual resulta fundamental para repensar las estrategias de los movimientos sociales, particularmente en lo que respecta a su relación con los Estados nacionales y a las formas de construir solidaridades transnacionales efectivas. Las transformaciones en curso exigen reconsiderar tanto los sujetos políticos protagonistas de las resistencias como las escalas en que estas deben articularse para confrontar un sistema cuyas contradicciones se manifiestan simultáneamente en múltiples niveles.

Rupturas y continuidades en el modelo económico estadounidense

Las políticas proteccionistas de Trump no son una anomalía histórica sino un retorno a estrategias fundamentales en la construcción de Estados Unidos como potencia industrial. Contrariamente a la narrativa liberal dominante, este país desarrolló su economía bajo un intenso proteccionismo durante el siglo XIX, con aranceles que superaban el 40% hasta la Segunda Guerra Mundial. Lejos de representar una «desviación» del libre comercio, esta medida era una herramienta para gestionar asimetrías de poder económico, permitiendo a las potencias emergentes acumular capacidad industrial antes de competir globalmente. La Gran Depresión de 1930 intensificó el proteccionismo con la ley Smoot-Hawley, que elevó aranceles a niveles históricos. Esta crisis representó más que una recesión económica: fue una crisis orgánica del capitalismo donde el proteccionismo funcionó como mecanismo de emergencia para contener el cataclismo dentro de las fronteras nacionales y facilitar la reestructuración de las relaciones capital-trabajo.

El New Deal de Roosevelt supuso la masiva intervención estatal, con inversiones en infraestructura, subsidios industriales y regulación financiera, mientras la Segunda Guerra Mundial justificó una planificación económica centralizada que consolidó el complejo militar-industrial estadounidense. Tras la guerra, el capital de base estadounidense se internacionalizó, lentamente, pero sin pausa. La reconstrucción de Europa y su proceso de integración regional con la nueva Comunidad Europea promovió el aumento de la inversión extranjera directa a ese territorio. En ese mismo periodo se crearon en México las primeras maquiladoras con capital estadounidense, cuando en 1965 el gobierno mexicano implementó el Programa de Industrialización Fronteriza. Para 1970 ya existían 132 maquiladoras en la zona de frontera con Estados Unidos.

Paralelamente, durante estos años aumentaron las protestas sindicales en los países industrializados (con eventos como Mayo Francés y el Otoño Caliente italiano), expresando la insubordinación obrera a los dictados del capital y contribuyendo a la caída de la tasa de ganancia a principios de los años setenta. A este proceso deben añadirse también los procesos de lucha en América Latina, como el Cordobazo argentino, las huelgas del ABC paulista o la masacre estudiantil de Tlatelolco, todo en el contexto de la revolución cubana como horizonte de posibilidad de cambio sistémico.

La liberalización comercial se intensificó con la Ronda Kennedy del GATT (1964-1967), que incluyó no solo aranceles sino también barreras no arancelarias, expandiendo el ámbito regulatorio para satisfacer las necesidades de un capital que se volvía lentamente transnacional. Esta trayectoria culminó con la Ronda Uruguay (1986-1994) y la creación de la Organización Mundial del Comercio (OMC), que extendió radicalmente el alcance regulatorio a áreas como la propiedad intelectual, las inversiones extranjeras, los servicios y las compras gubernamentales.

En este proceso, Estados Unidos actuó como arquitecto principal, impulsando la liberalización en sectores en los que sus corporaciones tenían ventajas (servicios, propiedad intelectual, finanzas) mientras preservaba protecciones en áreas sensibles (agricultura, textiles, acero). Esta estrategia dual —«haz lo que digo, no lo que hago»— permitió al país norteamericano posicionarse como un defensor del libre comercio mientras mantenía elementos proteccionistas en su política doméstica, tales como subsidios encubiertos, compras gubernamentales discriminatorias y medidas antidumping.

Navegando esta dualidad, Estados Unidos se posicionó como el principal defensor y promotor del discurso y la práctica del libre comercio a escala global. Los distintos gobiernos emplearon su influencia diplomática, económica y militar para impulsar la liberalización en aquellos sectores donde sus corporaciones mantenían ventajas competitivas. La transformación del GATT en OMC y la expansión cualitativa del ámbito regulatorio que esto implicó respondió fundamentalmente a esta agenda impulsada por Estados Unidos y sus corporaciones transnacionales, que buscaban instrumentos jurídicos más fuertes para garantizar condiciones favorables para la penetración en los nuevos mercados.

La globalización como reestructuración cualitativa

Siguiendo esta línea, los años noventa no representaron el «nacimiento» de la globalización, sino una nueva disposición de las relaciones entre los Estados nacionales y el mercado mundial, caracterizada por la expansión geográfica de las relaciones capitalistas, el aumento de la inversión extranjera directa y la incorporación de nuevos territorios a los circuitos globales de acumulación. Este periodo no significó una ruptura absoluta con el pasado, sino que expresó una reconfiguración de las relaciones sociales capitalistas en respuesta a las contradicciones de los Estados de bienestar keynesianos.

El desplome soviético y la apertura china ofrecieron al capital acceso a vastos territorios con mano de obra barata, nuevos mercados y recursos estratégicos. Estos espacios ofrecían múltiples ventajas: enormes reservas de fuerza de trabajo disciplinada y de bajo costo, mercados potenciales para la venta de productos y servicios, oportunidades para inversiones de capital fijo en infraestructura, y acceso a recursos naturales estratégicos. Los capitales estadounidenses respondieron a estas transformaciones implementando una serie de estrategias de instalación en los nuevos territorios incorporados al mercado global. En China, adoptaron principalmente la forma de inversión productiva directa en sectores manufactureros intensivos en trabajo, instalando plantas en las Zonas Económicas Especiales.

Esta expansión geográfica de las empresas estadounidenses (y europeas) implicó la transformación cualitativa en la organización del capitalismo global. Facilitó la conformación de un entramado productivo transnacional que profundizaba el proceso de relocalización industrial iniciado en los años sesenta. Las cadenas globales de valor emergieron como la forma organizativa dominante, permitiendo a las corporaciones transnacionales fragmentar los procesos productivos y distribuirlos a través de múltiples territorios para maximizar las ventajas comparativas de cada territorio.

Este proceso económico tuvo su reflejo en un entramado jurídico específico, una nueva «arquitectura jurídica de la impunidad» para las corporaciones, al decir de Juan Hernández Zubizarreta. Esta arquitectura, compuesta por un conjunto de instituciones y tratados internacionales, generó una asimetría normativa articulada en torno a una idea básica: proteger a toda costa los negocios de las multinacionales mediante un ordenamiento jurídico internacional fundamentado en las reglas del comercio y la inversión.

Se conformó, entonces, una lex mercatoria compuesta por miles de normas: contratos de explotación y comercialización, tratados comerciales bilaterales y regionales, acuerdos de protección de las inversiones, políticas de ajuste y préstamos condicionados, laudos arbitrales, etc. Un derecho duro (hard law) (coercitivo y sancionador) que protege con fuerza los intereses empresariales. Y a este entramado se sumó también la creación, en 1995, de la Organización Mundial del Comercio (OMC), institución que reúne los objetivos del libre mercado y los vuelve regla para todos los Estados.

En definitiva, la globalización no está determinada solamente por la integración económica (aunque se trata de un elemento central) ni por las innovaciones tecnológicas (esenciales para la internacionalización) ni por el nuevo entramado jurídico (clave para otorgar seguridad a la propiedad privada). Todo esto define a la globalización, marcando una fase específica de la lucha entre capital y trabajo donde el capital buscó recomponer su dominación frente a las luchas obreras de los años sesenta que habían encarecido el precio del trabajo y reducido la ganancia.

Asimismo, todas las economías que se habían mantenido semicerradas en la posguerra, durante los Estados de bienestar, fueron conectadas en el mercado global. Ya no habría más lugar para economías nacionales autonomizadas, sino que se imponía ahora la regla del mercado. La globalización, entonces, representa una estrategia ofensiva del capital para escapar de las restricciones nacionales y disciplinar a la clase trabajadora mediante la amenaza constante de relocalización y precarización. La movilidad global del capital y la desregulación financiera que caracterizan esta etapa no son más que expresiones de la crisis de la forma tradicional de dominación capitalista y su intento desesperado por restaurar la rentabilidad.

¿Trump contra el libre comercio?

La política económica de la administración Trump marcó un quiebre significativo con el consenso bipartidista «globalizador» y en favor del libre comercio que dominó la política estadounidense durante cuatro décadas. Este «neoproteccionismo» representa una forma explícita de intervención estatal que defiende selectivamente a empresas con base en Estados Unidos ofreciéndoles protección contra los competidores extranjeros. Esto revela la verdadera naturaleza del proyecto económico trumpista: no un rechazo al neoliberalismo ni al libre comercio en sí mismos, sino una reconfiguración de las relaciones entre el Estado, las corporaciones y el mercado mundial, desarrollando un nacionalismo económico con fuerte impacto en la base electoral.

Los partidos Demócrata y Republicano habían convergido en su apoyo a políticas de libre comercio, desde el TLCAN bajo Clinton hasta el TPP con Obama. Trump rompió con esta tradición, calificando al TLCAN como «el peor tratado de la historia» y forzando su renegociación entre 2017 y 2018. Hay que reconocer que Trump no estaba tan errado: el TLCAN redujo empleos en sectores industriales clave de Estados Unidos, particularmente en estados del llamado «cinturón del óxido». Se estiman pérdidas de alrededor de 700 000 puestos de trabajo estadounidenses como resultado directo del acuerdo. Este fenómeno evidencia las contradicciones inherentes a la internacionalización del capital, donde la promesa de prosperidad generalizada chocó con la realidad de una redistribución desigual de costos y beneficios.

En su primer gobierno, Trump redobló la apuesta contra las instituciones del libre comercio. En 2017 boicoteó el Órgano de Solución de Diferencias de la OMC y retiró a Estados Unidos del TPP. A su vez, impuso aranceles a China, México, Canadá y la Unión Europea, e inició una guerra comercial con China desde 2018. El demócrata Joe Biden no modificó los aranceles impuestos por Trump, sino que los mantuvo y profundizó con iniciativas como la Ley de Reducción de la Inflación, la Ley de Chips y Ciencia, y políticas de Buy American, consolidando un nuevo enfoque proteccionista bipartidista.

El proteccionismo de Trump recupera una forma explícita de intervención estatal a favor de empresas con base administrativa en Estados Unidos, cobijándolas de la competencia internacional. Literalmente, los aranceles impuestos actúan como una coraza protectora, un escudo para amplios segmentos del capital estadounidense que habían perdido ventajas competitivas frente a rivales internacionales, especialmente empresas chinas. El objetivo de las políticas de Trump es, reforzar el poder de las corporaciones estadounidenses, no limitarlo.

Asimismo, este proteccionismo es selectivo: mientras defiende sectores industriales tradicionales, desregula el sector financiero y reduce impuestos al gran capital. Implementa altos aranceles para lograr un efecto positivo en sectores manufactureros tradicionales, pero simultáneamente ejecuta una agenda de desregulación financiera que desmantela el andamiaje regulatorio construido tras la crisis de 2008. En 2018, el gobierno de Trump terminó con la Ley Dodd-Frank que había sido aprobada en 2010 para reforzar las exigencias de capital de respaldo a los bancos, obligándolos a llevar a cabo test de resistencia anuales para mostrar su fortaleza y prohibía a las instituciones financieras dedicarse a actividades de alto riesgo con el dinero de sus clientes.

Por otra parte, la Ley de Recortes de Impuestos y Empleos (Tax Cuts and Jobs Act) de 2017 representó la mayor reforma fiscal en tres décadas y constituyó el logro legislativo más significativo del primer mandato de Trump. La pieza central de esta legislación fue la dramática reducción del impuesto federal sobre la renta corporativa del 35% al 21%, un recorte sin precedentes que transformó el panorama tributario empresarial estadounidense. Los legisladores republicanos argumentaron que un entorno fiscal más favorable incentivaría a las empresas a expandir sus operaciones en Estados Unidos y las haría más competitivas en el mercado global.

La drástica reducción del impuesto corporativo reveló una profunda contradicción en el núcleo de la política económica trumpista: mientras se implementaban aranceles y restricciones comerciales bajo el discurso de proteger a los trabajadores estadounidenses, se otorgaban enormes beneficios fiscales a las mismas corporaciones multinacionales que habían relocalizado empleo durante décadas. Esta contradicción aparente revela la verdadera naturaleza del proyecto: no se trata de un retorno al proteccionismo integral del siglo XIX o del período de sustitución de importaciones, sino de una reconfiguración del rol estatal dentro del capitalismo globalizado para defender selectivamente ciertos sectores mientras se mantienen y profundizan las ventajas para el capital financiero y las grandes corporaciones.

Lo que Trump consiguió fue sincerar la relación entre Estado y capital corporativo: abandonó la pretensión neoliberal de separación entre ambos, reconociendo de manera explícita que el poder estatal sigue siendo esencial para garantizar la rentabilidad del capital estadounidense en un contexto de creciente competencia internacional. El proteccionismo trumpista, en este sentido, no es una limitación del capitalismo estadounidense sino un intento de salvarlo de su crisis de rentabilidad y pérdida de ventajas competitivas, utilizando el poder estatal como escudo para preservar posiciones privilegiadas que ya no podían sostenerse mediante la pura competencia en los mercados globales.

La contradicción fundamental del proyecto económico de Trump radica en querer capturar los beneficios de la globalización (ganancias extraordinarias, dominio tecnológico, influencia geopolítica) mientras rechaza sus consecuencias inevitables: la relocalización productiva y los impactos negativos sobre el mercado laboral doméstico. El gobierno pretende reconciliar el nacionalismo económico del siglo XX con la realidad de corporaciones cuyo poder deriva precisamente de su capacidad para operar más allá de las fronteras nacionales. Esta tensión revela que el America First económico no puede materializarse mediante un simple retorno de la producción, sino que requiere una transformación radical de las lógicas de acumulación global que estas mismas corporaciones han construido durante décadas y de las cuales depende actualmente su posición dominante en la economía mundial.

Más allá del dilema: los movimientos anti-TLC en la encrucijada trumpista

Las organizaciones sociales que tradicionalmente se han opuesto a los TLC desde una crítica al neoliberalismo ahora enfrentan un dilema: oponerse frontalmente a las políticas comerciales de Trump podría interpretarse como una defensa implícita del statu quo neoliberal; apoyarlas significaría legitimar un proyecto que, aunque nombradamente contrario al libre comercio, está diseñado para fortalecer el poder del capital estadounidense sin cuestionar las relaciones sociales de explotación y desigualdad que le subyacen.

Pero Trump se ha apropiado de la retórica anti libre comercio desde un foco diferente a las campañas contra los tratados. Es cierto que algunos puntos de su argumento son similares: la crítica a la relocalización productiva, los impactos de los TLC sobre los trabajadores, la oposición a acuerdos como el TPP y las críticas del TLCAN y la OMC. Pero esto lo hace principalmente desde una matriz nacionalista-corporativa que no cuestiona las asimetrías fundamentales del orden económico global ni incorpora demandas de justicia ambiental o laboral internacional. Por el contrario, lo que Trump reivindica es un nacionalismo económico excluyente: su objetivo no es rediscutir el rol de las corporaciones estadounidenses, sino hacerlas nuevamente fuertes. Antes que «Make America Great Again», «Make US Corporations Great Again».

Esta situación revela una crisis más profunda en los marcos interpretativos tradicionales que planteaban «libre comercio vs. proteccionismo». Se evidencia ahora la necesidad de desarrollar un análisis más sofisticado que juegue en dos niveles: por un lado, una crítica del neoliberalismo y del libre comercio, pero, por otro, una crítica radical basada en el entendimiento de cómo funciona el capitalismo en su conjunto, y cómo el tema de comercio se entreteje con los temas financieros, ambientales, digitales, productivos, etc.

Lo que el trumpismo ha puesto en crisis es la mirada centrada en el nacionalismo económico que muchos movimientos sociales han sostenido desde los años noventa, cuando el foco era la crítica al neoliberalismo. La reivindicación de la centralidad del Estado y su capacidad regulatoria se convirtió en el eje articulador de proyectos progresistas que buscaban recuperar espacios de autonomía para las políticas públicas nacionales frente al avance de la globalización neoliberal. Sin embargo, esta estrategia política ha encontrado su límite en la profunda transformación estructural que el capitalismo global ha experimentado.

El problema fundamental es que estas políticas centradas en la recuperación de la soberanía económica nacional chocan inevitablemente contra la realidad de una interconexión económica global que ha reconfigurado las bases materiales de reproducción social. El neoliberalismo no fue simplemente un conjunto de políticas reversibles mediante la voluntad estatal, sino un proceso de reorganización profunda de las relaciones de producción a escala planetaria. Las economías nacionales fueron orgánicamente integradas en cadenas globales de valor, circuitos financieros transnacionales y redes tecnológicas que reducen drásticamente el margen de maniobra para experimentos económicos autonomizados.

En este contexto, los movimientos sociales que se oponen a los tratados de libre comercio enfrentan varios desafíos. La superación del nacionalismo metodológico constituye quizás el más importante y urgente, en tanto implica trascender una visión que ha estructurado tanto el análisis como la praxis política de numerosos movimientos populares durante décadas: la centralidad incuestionada del Estado-nación como articulador del horizonte utópico y como contenedor natural de los procesos sociales.

Esto no es meramente una cuestión ideológica ni un enamoramiento con los debates históricos dentro de las izquierdas sobre el rol del Estado en los procesos emancipatorios. La crisis de este enfoque refleja las transformaciones estructurales en el capitalismo. Frente a esta realidad, la reivindicación de la soberanía económica nacional como horizonte estratégico principal resulta insuficiente. Sin embargo, reconocer los límites del nacionalismo metodológico tampoco implica abrazar un internacionalismo abstracto que ignore las asimetrías de poder entre naciones y regiones, o que desconozca la importancia que los espacios nacional-estatales siguen teniendo como terrenos de disputa política. Se trata, más bien, de desarrollar perspectivas analíticas y estrategias políticas que puedan operar simultáneamente en múltiples escalas.

Desde los años noventa, el foco político puesto en los tratados de libre comercio ha permitido visibilizar los mecanismos concretos mediante los cuales el poder corporativo transnacional se institucionalizaba y expandía. La creación de alianzas transnacionales efectivas que superen las tentaciones del nacionalismo económico sin diluir las especificidades de cada contexto constituye otro reto significativo. Hoy, la solidaridad internacional requiere la identificación de la contradicción fundamental del capitalismo contemporáneo (la cual a menudo queda invisibilizada en los análisis políticos convencionales). Efectivamente, el libre comercio no es simplemente un conjunto de políticas erróneas, sino un mecanismo estructural que produce necesariamente sectores «sacrificables» cuya exclusión y precarización no es un efecto colateral, sino una condición constitutiva del modelo de acumulación global. Esta expulsión no podría corregirse mediante mejores políticas públicas dentro del mismo marco, sino que se ha vuelto una necesidad estructural del sistema.

Las comunidades afectadas por el extractivismo minero y petrolero constituyen los territorios que deben ser despojados para alimentar las cadenas globales de producción y consumo. Su desplazamiento y la destrucción de sus formas de vida no son «daños colaterales» sino requisitos operativos de la acumulación por desposesión que caracteriza al capitalismo contemporáneo. Del mismo modo, los trabajadores informales y autónomos que proliferan en las economías periféricas representan la materialización de un proceso donde el trabajo formal, regulado y con derechos laborales se convierte en una excepción histórica, no en la norma. La economía global requiere esta masa creciente de trabajo precarizado, disponible y desprovisto de protecciones sociales para mantener las tasas de ganancia.

Esta comprensión tiene efectos profundos sobre la construcción de solidaridades políticas. Significa que los movimientos sociales deben centrar su atención precisamente en estos sectores cuya opresión es constitutiva del sistema, no accidental. Las comunidades despojadas por el extractivismo, los trabajadores informalizados, los migrantes precarizados, las comunidades indígenas y campesinas amenazadas por megaproyectos: todos ellos expresan, en sus luchas concretas, las contradicciones fundamentales que el sistema no puede resolver mediante reformas parciales.

La solidaridad política debe construirse, entonces, no a partir de la promesa ilusoria de una inclusión plena en el capitalismo global, sino desde el reconocimiento de que la emancipación de estos sectores requiere necesariamente trascender la lógica misma del sistema que los sacrifica. La tarea, en síntesis, es transitar de una crítica al neoliberalismo hacia una crítica integral al capitalismo, comprendiendo que el libre comercio no es simplemente una «política equivocada» sino una expresión orgánica de las tendencias expansivas inherentes al capital como relación social.

La pregunta que se abre entonces es: ¿puede el movimiento trascender la dicotomía libre comercio/proteccionismo? ¿Es posible desarrollar una praxis internacionalista que reconozca los límites estructurales del nacionalismo económico sin caer en la resignación ante el poder del capital global? Esta crítica más profunda no implica abandonar la lucha contra los tratados de libre comercio, sino recontextualizarla en una comprensión más profunda de las dinámicas del capitalismo contemporáneo y en un proyecto de transformación radical que abarque simultáneamente las múltiples dimensiones de la dominación capitalista.

Una perspectiva integrada abriría posibilidades para una praxis más efectiva. No basta con oponerse a acuerdos específicos; es necesario construir modelos alternativos de relaciones económicas internacionales que cuestionen la propia lógica capitalista. Esto hará posible tender puentes entre distintos niveles de análisis, conectando las críticas a las cláusulas específicas de los TLC con cuestionamientos más profundos al sistema capitalista, al tiempo que permitirá ir más allá de los debates reduccionistas entre «nacionalismo económico» versus «globalismo neoliberal», reconociendo que ambos operan dentro de la misma lógica sistémica.

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Victoriano Ángel Suárez Rincón.

Victoriano Ángel Suárez Rincón es Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Málaga. Profesor de curso on-line de gestión presupuestaria en la Fundación CEDDET. En la actualidad ejerce como Interventor municipal de Lebrija. Es socio de Attac España.

El análisis de las liquidaciones presupuestarias anuales de las administraciones públicas territoriales muestra la insuficiencia financiera del sistema tributario español. La elevada disminución de los ingresos tributarios a partir de la crisis económica de 2008 y su ralentización en su crecimiento en 2015 y posteriores, ha producido un efecto dominó en las magnitudes presupuestarias. El descenso de ingresos tributarios ha generado secuencialmente déficits presupuestarios, déficits financieros, mayores endeudamientos para cubrir esos desequilibrios, crecimiento elevado de la deuda pública acumulada, elevación de los gastos de la carga financiera y, finalmente, un descenso cuantitativo y cualitativo en los servicios públicos de carácter preferente (sanidad, educación y cultura).

Y podríamos inferir que este efecto dominó no es exclusivo de nuestro país sino de carácter global, dada la elevación de la deuda pública en la generalidad de naciones con modelos económicos neoliberales.

El principio de suficiencia tributaria en los sistemas impositivos.

Los tributos surgen de la necesidad de los estamentos políticos para financiar los gastos públicos de las entidades territoriales o funcionales. Cada sistema económico que se ha desarrollado en las distintas etapas históricas ha configurado su peculiar modelo tributario en cuanto a los fines perseguidos. Y la suficiencia económica tributaria ha tenido un dispar comportamiento en su grado de relevancia en los modelos económicos versus tributarios.

En las etapas históricas de las monarquías absolutas anteriores al liberalismo económico el lograr los precisos ingresos públicos tributarios era el objetivo primario y exclusivo salvo, en su caso, el castigo punitivo a los sujetos pasivos. Y las reformas tributarias se planteaban casi con generalidad para maximizar los ingresos públicos. En el siglo XVI la corriente de pensamiento económico del cameralismo busca fortalecer las riquezas reales, surgiendo así el principio teórico de suficiencia económica tributaria.

Con el surgimiento del liberalismo económico, primer modelo del capitalismo, se impone el pensamiento de los economistas clásicos del principio de neutralidad impositiva según el cual la tributación no debía interferir en la producción y en el consumo, siendo la máxima expresión de este pensamiento la de los economistas liberales libertarios que abogan hacia la supresión de los impuestos. Es con esta directriz que el principio de suficiencia tributaria deja de ser un objetivo prioritario.

En el estado del bienestar, segundo modelo económico del capitalismo, el principio de suficiencia económica no es el único ni incluso el principal de los diversos fines y objetivos que se persiguen con la tributación. Economistas hacendistas del pasado siglo XX como Fritz Neumark y Richard Musgrave desarrollaron las utilidades del binomio de la tributación y del presupuesto para el desarrollo económico y social de las naciones. Neumark con una amplia catalogación de los principios de la imposición y Musgrave con las tres funciones del presupuesto: la estabilidad de indicadores macroeconómicos (inflación y desempleo), la redistribución equitativa de la renta y la asignación eficiente de recursos.

El modelo tributario neoliberal lo podemos simbolizar como el de las cuatro “ies” por las características que lo definen: injusto, insuficiente, ineficaz e ineficiente

Con la aparición del neoliberalismo, tercer modelo del capitalismo, las políticas económicas de la tributación y del presupuesto decrecen en las potencialidades mostradas por los hacendistas de la economía del bienestar. Son escasas y poco relevantes las aportaciones de los teóricos neoliberales sobre los fines de los tributos y del presupuesto, de sus mecanismos y sus efectos macroeconómicos. La suficiencia tributaria deja de ser un objetivo y el presupuesto un instrumento esencial de política macroeconómica. Los estados neoliberales aprueban sus presupuestos con déficit económicos y financieros, generando insuficiencia en los ingresos públicos tributarios que son cubiertos con deuda pública. El modelo tributario neoliberal lo podemos simbolizar como el de las cuatro “ies” por las características que lo definen: injusto, insuficiente, ineficaz e ineficiente.

La evolución de los objetivos tributarios de la reforma impositiva de 1977 en España.

El actual sistema tributario español deriva de la reforma tributaria de 1977 diseñada por el profesor Fuentes Quintana que fue ministro de Hacienda en el primer gobierno democrático. Esta reforma tuvo un efecto muy positivo para el desarrollo económico y social de nuestro país. En el “Informe del Sistema Tributario Español”, redactado en 1972, que fue el diseño del modelo impositivo de la reforma de 1977, se exponen por orden prioritario los siguientes objetivos de la reforma tributaria a emprender:

– La justicia tributaria.

– Favorecer el desarrollo.

– Mejorar la eficacia de la política fiscal estabilizadora.

– Configurar la estructura y dirigir la aplicación del sistema tributario de acuerdo con los principios de la técnica fiscal.

Es llamativo que en este Informe no se señala la suficiencia tributaria entre los fines perseguidos en la reforma diseñada. Exclusión que parece deberse al estar lograda como se acredita por la relevancia de los ingresos tributarios en los presupuestos: “En 1971 el presupuesto de ingresos era el 82,8% de tributos, el 16,0% de ingresos de tasas, patrimoniales y transferencias y el 1,1% de ingresos de capital”. En ese ejercicio de 1971 aún no se había producido la crisis del petróleo del 73 que produjo grandes desequilibrios macroeconómicos.

En 2010, 13 años después de nuestra reforma fiscal, el profesor Fuentes Quintana en su libro “La reforma fiscal y los problemas de la Hacienda Pública española” señala los efectos producidos por la misma: la explosión del gasto público, el rápido crecimiento de la presión fiscal, la presencia de un déficit público continuado, un aumento sustancial de la deuda pública acumulada y sus cargas financieras, la pérdida de eficacia de las limitaciones presupuestarias como elemento central de la actividad financiara y un proceso de importante descentralización del gasto público, con un creciente protagonismo de las haciendas autonómicas y locales.

El efecto dominó de la insuficiencia tributaria en España

Como efecto dominó la insuficiencia económica y financiera de nuestro sistema tributario ha quedado de manifiesta a partir del año 2008: secuencialmente la caída de los ingresos tributarios ha generado déficits presupuestarios económicos, déficits presupuestarios financieros, incremento desorbitante de la deuda pública y de su carga financiera y disminución cualitativa de los gastos sociales.

1. Disminución y ralentización en el crecimiento de los ingresos tributarios desde 2007

Evolución de los ingresos tributarios en términos corrientes 

El gráfico de “Evolución de los ingresos tributarios”, (derechos liquidados/tributos puestos al cobro), evidencia la caída del total de los ingresos públicos de las administraciones públicas territoriales a partir del año 2007 con un montante de 284.785,3 millones de euros, sólo alcanzándose en el año 2017 el nivel de ese ejercicio, desarrollándose un pausado aumento con un leve descenso en 2020 motivado por la incidencia de la pandemia del COVID-19.

Los ingresos tributarios alcanzan el nivel de 2007 en la administración central en 2022, en las comunidades autónomas en 2011 y en la administración local en 2012. Las administraciones autónomas y locales a partir de esos años experimentan moderados aumentos.

Derechos liquidados de la Administraciones Públicas territoriales (Total sin consolidar). Millones de euros. Elaboración propia,

Evolución de los ingresos tributarios en términos constantes 

Considerando en términos de ingresos tributarios constantes,  actualizando los ingresos corrientes desde el 2007 según el aumento/disminución del IPC, el hito de ingresos tributarios de ese ejercicio sólo se consigue alcanzar su nivel en 2022

Derechos liquidados de la Administraciones Públicas territoriales (Total sin consolidar). Millones de euros. Elaboración propia,

Cobertura de los ingresos tributarios al presupuesto de gastos

El gráfico que representa la cobertura o el peso en tantos por ciento de los ingresos tributarios sobre los presupuestos de gastos muestra que a partir del ejercicio 2008 nuestro sistema tributario es anualmente más insuficiente financieramente para cubrir el total de gastos públicos. El total de las administraciones públicas territoriales no alcanza el nivel del año 2007, salvo las comunidades autónomas y las entidades locales.

Porcentaje de derechos tributarios  sobre obligaciones netas liquidadas de la Administraciones Públicas territoriales (Total sin consolidar)

Fuente Ministerio de Hacienda. Elaboración propia

Los análisis económicos que a continuación vamos a realizar ponen de relieve la falacia informativa que se traslada a la opinión pública de que los presupuestos generales de las administraciones públicas se aprueban de forma saneada

2. Los déficits económicos presupuestarios.

La disminución de los ingresos tributarios en las administraciones territoriales origina unos desequilibrios económicos de gran importancia por no cubrir los ingresos los gastos públicos. Esos desequilibrios ingresos/gastos a partir del año 2008 y el insuficiente aumento, tras sus nivelaciones en las Comunidades Autónomas y en las Administraciones Locales ha producido en las cuentas públicas unos desequilibrios económicos generándose déficits presupuestarios de gran relevancia.

Los análisis económicos que a continuación vamos a realizar ponen de relieve la falacia informativa que se traslada a la opinión pública de que los presupuestos generales de las administraciones públicas se aprueban de forma saneada. Para crear esta entelequia se hace valer el cumplimiento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y la dura supervisión de las autoridades económicas de la Comunidad Europea para no incurrir en déficits presupuestarios. Con la ley citada se ha hecho permisible a las administraciones públicas territoriales, salvo en las entidades locales, incurrir en déficit presupuestarios económicos en los que los gastos superan a los ingresos públicos. La no prohibición de déficit económico anual es sustituida por el concepto “déficit estructural” como déficit ajustado al ciclo sin que el mismo termine de cerrarse se positivamente.

La medición del déficit público o presupuestario sobre el producto interior bruto del país es un indicador que carece de rigor técnico para calibrar la capacidad del Estado para cubrir las necesidades públicas y su fortaleza para atender su deuda pública. Pues la menor o mayor riqueza del país no puede representar o ser el correlato de la bondad económica y financiera de las Administraciones Públicas gestoras.

Saldo de operaciones no financieras 

El saldo de operaciones no financieras evalúa el grado de cobertura de los ingresos no financieros sobre los gastos no financieros. Un saldo positivo es indicativo de superávits presupuestarios monetarios y un saldo negativo de déficits. Las operaciones no financieras están constituidas por los ingresos/gastos corrientes y las operaciones de capital (enajenación de inversiones y transferencias de capital recibidas/gastos en inversiones reales y transferencias de capital otorgadas)

En el gráfico de “Saldo de Operaciones no Financieras” se constata que hasta el ejercicio 2007 ha existido superávit (salvo 2003 y en una pequeña cuantía) entrando en años posteriores en una senda creciente de déficits presupuestarios en el total de las administraciones públicas territoriales, de las que hay que exceptuar a las administraciones locales que solo han incurridos en déficits presupuestarios de 2008 a 2011.

Derechos y obligaciones netas liquidadas de la Administraciones Públicas territoriales (Total sin consolidar). Fuente Ministerio de Hacienda. Elaboración propia

Ahorro neto de las liquidaciones presupuestarias

De los indicadores económicos legales existentes en España, el que mejor interpreta la capacidad presupuestaria de una administración pública es el “ahorro neto y neto”, establecido en artículo 53 del Real Decreto 2/2004 de Haciendas Locales. Tal es así que un resultado negativo en la liquidación presupuestaria de un año impide la concertación de préstamos a las entidades locales y les obliga a la elaboración de un plan de saneamiento de cuatro años. Tal prevención no está implantada en la Administración Central y en las CC.AA. Por ello, constataremos que las entidades locales tienen una senda de estabilidad presupuestaria al contrario que la administración central y las comunidades autónomas.

El ahorro neto es la diferencia de los ingresos corrientes y los gastos de personal, corrientes y de transferencias (ahorro bruto) minorados a su vez por los gastos de la carga financiera de la deuda (amortización de préstamos e intereses), resultando el ahorro neto.

En el gráfico de “Evolución del ahorro neto” se observa un importante desequilibrio económico a partir del 2008 en la Administración Central y en las Comunidades Autónomas, mostrando sus liquidaciones presupuestarias que carecen de los suficientes recursos económicos para hacer frente a sus gastos corrientes y a la carga financiera de la deuda. Por el contrario, las Entidades Locales reflejan en sus liquidaciones presupuestarias un saneamiento económico permanente.

Derechos y obligaciones netas liquidadas. En millones de euros. 

Fuente:  Ministerio de Hacienda. Elaboración propia

3. Los déficits financieros presupuestarios.

Los déficits económicos presupuestarios generan insuficiencias financieras para atender los gastos públicos.

Saldo de operaciones financieras 

El saldo de operaciones financieras es un indicador que refleja la solvencia o insolvencia financiera de los presupuestos. Este indicador señala la necesidad o no necesidad de financiación externa para lograr un equilibrio en las cuentas públicas.

Esta magnitud se obtiene por diferencia entre los ingresos y gastos de los activos financieros (devolución de empréstitos otorgados y constitución de deuda pública) y los pasivos financieros (otorgamiento financiero a terceros y amortización de deuda pública).

Si el saldo de operaciones financieras es positivo mostrará que ha existido en términos netos una necesidad de financiación externa y al contrario un saldo negativo indicara un sobrante de financiación presupuestaria. Tal es así que un saldo negativo indicara la suficiencia financiera de los ingresos públicos al mostrar una disminución del endeudamiento financiero público.

El grafico siguiente de “Evolución de los saldos de operaciones financieras” refleja la inflexión que se ha producido en los mismos a partir del año 2008. De existir un exceso de financiación presupuestaria hasta el 2007 se ha generado en la Administración Central y en las Comunidades Autónomas una necesidad de financiación externa para cubrir los déficits económicos presupuestarios. La necesidad de financiación presupuestaria alcanza su máximo en 2009 con 108.502 millones de euros iniciando un proceso de descenso hasta el 2019 con 4.966 millones de euros, aumentado significativamente en 2020 y 2021 por la incidencia de la pandemia del COVID-19.

Derechos y obligaciones netas liquidadas. En millones de euros. Total sin consolidar. 

Fuente:  Ministerio de Hacienda. Elaboración propia

Evolución del endeudamiento público/pasivos financieros de ingresos 

La secuencia de la disminución y ralentización de los ingresos tributarios, los déficits económicos presupuestarios y los déficits financieros presupuestarios han motivado que las administraciones públicas se hayan visto obligadas al acceso a los empréstitos financieros para cubrir el diferencial entre los gastos e ingresos públicos. El gráfico “Evolución de ingresos de pasivos financieros” señala el constante aumento de la concertación de financiación de empréstitos anuales.

De unos niveles inferiores a 51.000 millones de euros hasta 2007, las concertaciones de préstamos para cubrir los déficits de ingresos públicos se acrecientan aceleradamente en los posteriores ejercicios. Llegándose a hitos de 177.541 millones en 2009, 211.612 millones en 2012, 193.243 millones en 2015 y 258.732 millones de euros en 2020. De las tres administraciones territoriales la administración central es la que muestra el más acusado acceso al crédito financiero y la administración local prácticamente no requiere de una mayor financiación por encima de los niveles de 2007. 

Derechos netos liquidados. En millones de euros. Total sin consolidar. 

Fuente: Ministerio de Hacienda.  Elaboración propia

Cobertura del endeudamiento en el presupuesto de gastos

El gráfico de cobertura de los ingresos de pasivos financieros sobre el total del presupuesto de gastos muestra como gradualmente el acceso a la deuda pública es anualmente más elevado en las liquidaciones presupuestarias. Representando el total de las administraciones públicas en 2007 un 11,2% para triplicarse prácticamente en 2023 con un 29,6%. 

Porcentaje de derechos y obligaciones netas liquidadas. Total sin consolidar. 

Fuente: Ministerio de Hacienda.  Elaboración propia

4. Deuda pública acumulada y elevación de la carga financiera presupuestaria.

El recurrente acceso anual al crédito financiero para cubrir los déficits presupuestarios y financieros ha generado una muy elevada deuda pública acumulada y, en consecuencia, un aumento anual gradual de la carga financiera del endeudamiento para atender los intereses y amortización de la misma.

Evolución de la deuda pública acumulada 

El gráfico “Evolución de la deuda pública acumulada” de las administraciones públicas territoriales es indicativo del muy acelerado aumento de la deuda financiera como consecuencia de los reiterados aumentos anuales del acceso a la financiación externa. De un nivel de 392.182 millones de euros en 2007 el volumen de la deuda pública de las administraciones públicas territoriales ha ido elevándose exorbitantemente hasta alcanzar un máximo de 1.461.296 millones de euros en 2023.

Fuente: Boletín Estadistico del Banco de España. Octubre 2023. En millones de euros

Evolución de la carga financiera de la deuda pública

El engrose de la deuda pública acumulada ha producido lógicamente un gradual aumento de la carga financiera de la misma al ser mayores los montantes anuales de las amortizaciones de pasivos e intereses. El gráfico de “Evolución de la carga financiera” señala la elevación de la misma de 72.152 millones de euros en 2007 a 175.688 en 2023.

Obligaciones netas liquidadas.  En millones de euros, Total sin consolidar. 

Fuente: Ministerio de Hacienda.  Elaboración propia

La incidencia que se evidencia en el gráfico “Cobertura de la carga financiera en el presupuesto de gasto” muestra el continuado aumento del peso de la misma en los gastos totales del presupuesto. De un 16,7% que representaba la carga financiera en el total de gastos públicos liquidados en 2007 se ha elevado a un 23,9% en 2023. La mayor proporción de la carga financiera en el total de los gastos públicos implica un menor porcentaje de los demás gastos liquidados.

Porcentaje obligaciones netas liquidadas. Total sin consolidar. 

Fuente: Ministerio de Hacienda.  Elaboración propia

5. La incidencia en los Servicios Públicos de Carácter Preferente

El acrecentamiento de la carga financiera derivada de la deuda pública acumulada ha provocado la redistribución de las masas presupuestarias, repercutiendo en una menor proporción de las demás dentro del presupuesto total de gastos.

Este efecto de la redistribución de las masas presupuestarias se plasma en la estructura presupuestaria funcional que muestra en sus diferentes funciones “para que se gasta”. En esta estructura presupuestaria la función más identificadora del estado del bienestar es la 3 de “Producción de Bienes Públicos de Carácter Preferente”. Un análisis de la evolución de estos gastos públicos sociales refleja una disminución cualitativa y cuantitativa a partir del ejercicio 2008.

El gráfico “Servicios Públicos de Carácter Preferentes”  muestra que el total de los gastos de los servicios de carácter preferentes experimentan un continuado aumento hasta el año 2009 (123.689,3 millones de euros) iniciandose un continuado descenso que solo se supera en el ejercicio 2020 (138.379,4 millones de euros), igualación que hay que atribuir a las mayores dotaciones en sanidad por la incidencia del COVID-19.

Obligaciones netas liquidadas.  En millones de euros, Total sin consolidar. 

Fuente: Ministerio de Hacienda.  Elaboración propia

El gráfico “Servicos públicos de cerácter preferentes y carga financiera”, en su comparación indica:

– Que los gastos de los servicios públicos de carácter preferente superan a los la carga financieran hasta el año 2009 (123.389,3 y 61.389,8 millones de euros respectivamente en este ejercicio)  

– Que a partir del 2009 ese diferencial va disminuyendo hasta el ejercicio 2013 en que se inicia una senda en que los gastos de la carga financiera de la deuda pública es mayor que los  gastos de los servicios de carácter preferentes.

– En 2023, los servicios públicos de carácter preferentes se situán en 162.795,1 millones siendo supurados por la carga financiera de la deuda publica que alcanza 175.688,0 millones de euros.

Obligaciones netas liquidadas.  En millones de euros, Total sin consolidar. 

Fuente: Ministerio de Hacienda.  Elaboración propia

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