El Movimiento Europeo del Agua (EWM), del cual la Red Agua Pública forma parte, alerta de las consecuencias negativas que conllevaría la modificación de la Directiva Marco del Agua anunciada por la Comisión Europea este 10 de diciembre en la rueda de prensa sobre el Omnibus Ambiental.
El pasado fin de semana, del 5 al 7 de diciembre, Girona ha acogido el encuentro anual del EWM. Uno de los objetivos fue analizar las propuestas de desregulación de las normas de la Unión Europea relativas a la gestión del agua, tanto en términos de derogaciones como de financiación.
“Sin este marco legal común, desaparece cualquier garantía del buen estado ecológico y químico de las masas de agua de la Unión Europea”, alertan los miembros del EWM. La Directiva Marco del Agua es el pilar vital de toda la política hídrica europea, por lo que piden a los eurodiputados que defiendan la norma y sus estándares vigentes.
El EWM denuncia la deriva de la Comisión Europea, “cediendo a lobbies mineros e industriales con intereses particulares que amenazan el derecho a un medio ambiente sano y la salud pública de todos los ciudadanos europeos”. Las organizaciones recuerdan que la Comisión Europea ha repetido numerosas veces que apoya el Derecho Humano al Agua y al Saneamiento, tras los casi 2 millones de ciudadanos que apoyaron la primera Iniciativa Ciudadana Europea (ICE Right2Water) que pide el reconocimiento del derecho al agua.
Estas acusaciones se dan después de que la Comisaria europea de Medio Ambiente, Agua y Economía circular, Jessika Roswall, afirmara la semana pasada que la revisión de la Directiva Marco del Agua responde al objetivo de facilitar la apertura de minas en territorio europeo para dejar de depender de China y EEUU. También para acelerar proyectos considerados estratégicos para la Comisión Europea como son los centros de datos.
El EWM vincula la amenaza ambiental orquestada por la Comisión Europea con su plan de rearme y su aparente plan de competitividad en la carrera global por liderar sectores industriales tecnológicos como el de la Inteligencia Artificial. “Cabe recordar que aún se desconoce el enorme consumo de agua y energía de la IA, lo que debería impedir que la Comisión elimine los procedimientos de evaluación e impacto ambiental, más aún en una región del mundo afectada por la escasez permanente de agua”, denuncian.
La potencial revisión de la Directiva Marco del Agua llega solo unos años después de que la Comisión haya hecho una evaluación de la directiva, con la que concluyó que es adecuada para responder a los objetivos comunes de protección del agua y de la salud.
Organizaciones1 de España, Francia, Italia, Países Bajos, Alemania, Grecia, Bosnia y Herzegovina, Bélgica y Serbia, se encontraron y acordaron priorizar para este 2026 la protección de la Directiva Marco del Agua. Entre los asistentes participaron operadores públicos, administraciones locales y el Relator Especial de la ONU por los Derechos Humanos al Agua y al Saneamiento.
Para ver la reacción del Relator Especial de la ONU por los Derechos Humanos al Agua y al Saneamiento, consulte aquí.
1 Ayuntamiento de Girona, Diputación de Barcelona, Ayuntamiento del Masnou, Ayuntamiento de Torelló, Ayuntamiento de Viladrau, Institut Català de Recerca en Aigua (ICRA), Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental (ICTA-UAB), Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF), CAEB-CSIC, CT BETA UVic, LEQUIA – UdG, Wageningen University, Asociación Española de Operadores Públicos de Agua y Saneamiento (AEOPAS), Aqua Publica Europea (APE), Associació de Municipis per l’Aigua Pública (AMAP), Cicle de l’Aigua del Ter SA (CATSA), Consorci per a la Gestió Integral d’Aigües de Catalunya (CONGIAC), Consorci de Medi Ambient i Salut Pública SIGMA, Castelló d’Empúries 2000 SA, Gestió Urbanística i Serveis Arenys de Munt SA, Aigües Municipals de Xàbia (AMJASA), EYATH SA, Observatori de l’Aigua de Terrassa (OAT), Mesa Social del Agua, European Environmental Bureau (EEB), Ingeniería Sin Fronteras (ISF), Aigua és Vida, Plataforma en Defensa de l’Ebre (PDE), Grup de Defensa del Ter (GDT), Càritas Girona, Naturalistes de Girona, Observatori del Deute en la Globalització, European Public Services Union (EPSU), The Netherlands Trade Union Confederation (FNV), Red Agua Pública (RAP), Plataforma Contra la Privatización del Canal Isabel II, Foro Italiano dei Movimenti per l’Acqua, ENDA Colombia, Eau Secours 31, Coordination Eau Ile de France, Water Observatory Xabia, Water Observatory Terrassa, Water Observatory Girona, CEE Bankwatch Network y Polekol/Pravo na Vodu.
Campaña de recogida de firmas para pedir al gobierno la creación de una Banca Postal.
La voracidad en el proceso de desmantelamiento de lo público tiene una contestación muy general en los ámbitos de la sanidad o la enseñanza. Es posible que una de las razones sea que aún queda allí un sector que referencia bien un derecho que la ciudadanía se niega a perder.
Los servicios financieros también son hoy esenciales para el público. Hablamos de un servicio público. Ya no se puede ni recibir nóminas, pensiones, o pagar recibos de grandes compañías sin que nos obliguen a una cuenta corriente, sin la intermediación de la banca. Sin embargo, llevamos decenios de desmantelamiento de cualquier organismo financiero público con la mayor impunidad. No importa si eran rentables, no sólo socialmente, sino económicamente; también los gobiernos del PSOE entregaron las carteras económicas a colaboradores de ese desmantelamiento.
Por otro lado, el enorme poder mediático (incluso político) de la banca ha naturalizado que sus ingentes beneficios son imprescindibles, porque si les va mal (normalmente por su irresponsable asunción de riesgos) tendremos que salvarles y asumir sus pérdidas. ¡Y la sociedad, anestesiada!
La tendencia esencial del capitalismo a la concentración demostró sus inconvenientes y lleva a los poderes a la necesaria regulación contra los monopolios, o los oligopolios, los cuales coordinan sus políticas para imponer condiciones de abuso. Pues eso tenemos en los servicios bancarios de España.
Con cada crisis se reduce la competencia. El último gran mordisco se lo dieron a casi la mitad de los depósitos del país: Las Cajas de Ahorro, que, aún no siendo públicas sino de propiedad social, habían cumplido un gran papel y con menos crisis que los bancos hasta que, empujadas por la marea neoliberal, empezaron a “bancarizarse”. En la crisis de la burbuja financiera, además de muchos bancos (de los que no se habla) se reflotaron Cajas con ingentes cantidades de dinero, para luego ser “regaladas” a la banca privada (beneficiada por tanto en última instancia de su crisis). ¡Y la sociedad, anestesiada!
Buen trabajo de publicidad para convencernos de las malicias de lo público en lo que al servicio financiero se refiere. Y mientras, la exclusión financiera de personas y de territorios avanza galopante al tiempo que la banca reduce personal y atención a los usuarios, a la vez que abusa de posición dominante para imponernos pago de comisiones, créditos más caros y retribuciones más bajas por nuestros depósitos. ¡Y la sociedad, anestesiada!
A diferencia de los países europeos, España es una anomalía en la que sólo queda pública una reducida participación accionarial en la Caixa y un escuálido ICO que no cumple las funciones de desarrollo e inversión pública que todo el mundo demanda.
Digo todo lo anterior porque aún tenemos tiempo de salvar algún mueble y recuperar una actividad de banca de proximidad que tan buen recuerdo dejó en la ciudadanía: la Caja Postal. Hacerlo dentro del servicio público de Correos permitirá aprovechar la extensa red de oficinas y la capilaridad de sus miles de carteros. Aunque lo fundamental será los beneficios sociales de la existencia de un polo de referencia público en el servicio bancario, también puede esa iniciativa dar mayor viabilidad a una empresa pública que está amenazada por una despiadada competencia internacional de plataformas de distribución mientras va desapareciendo la cartería física.
En estos días hay una campaña de recogida de firmas para pedir al gobierno la creación de esa Banca Postal. Ojalá tenga amplitud como para presionar a los poderes públicos. Está en el siguiente enlace: https://c.org/DDSKpYFprLy te invitamos a firmarla.
Por Juan Gimeno. Publicado originalmente para El Salto.
La globalización financiera ha implicado en el campo tributario la impunidad fiscal de los más poderosos. Empresas y personas con alta capacidad de pago eluden pagar impuestos. Las clases medias y trabajadoras, en paralelo, sostienen los sistemas tributarios y ven decrecer su capacidad económica.
Rodrik señalaba que los Estados no pueden optar al mismo tiempo por globalización, soberanía nacional y democracia. Es cada vez más notoria la presión de los superricos contra normas o acuerdos contrarias a sus intereses y su apoyo a partidos de extrema derecha y antidemocráticos.
Quienes tienen iniciativa, quienes crean empleo, merecen reconocimiento y recompensa. No tanto quienes se enriquecen utilizando medios ilegales e inmorales, o por la especulación o una herencia no ganada. Lo que se trata es de que los rentistas contribuyan a los gastos comunes no menos que cualquier trabajador con los mismos ingresos, y progresivamente más cuando su nivel de ingresos crece desmesuradamente.
Pensemos un decálogo de medidas para avanzar hacia ese objetivo de justicia fiscal.
1. Gravar los grandes patrimonios
El objetivo es que los superricos paguen sus impuestos como el resto de contribuyentes, sin que puedan refugiarse en territorios con impuestos bajos o nulos. Una decisión mundial vinculante, de acuerdo con las iniciativas ya existentes (G-20, Sevilla, Zucman, Tax the super rich…) reforzaría los esfuerzos nacionales, debilitados por la movilidad financiera.
2. Combatir las Guaridas fiscales
Las Guaridas fiscales provocan no solo pérdidas fiscales y de consiguiente bienestar social, sino que favorecen la corrupción, las mafias de todo tipo y el terrorismo, que encuentran en esos refugios la base financiera que los posibilita.
Es necesario exigir criterios más estrictos para que se incluyan automáticamente en la lista negra a todos los países con tipos impositivos muy bajos o inexistentes; que se aplique el criterio sobre transparencia de la propiedad efectiva de las empresas; que se incluya la evasión fiscal de los particulares ricos; y que se impida que las administraciones públicas realicen contrataciones u otorguen beneficios fiscales a quienes operen en guaridas fiscales.
3. Hacer tributar adecuadamente a las finanzas
La propuesta de un impuesto sobre las transacciones financieras tiene más de un cuarto de siglo. España, Italia, Francia, Grecia, Bélgica ya los han puesto en vigor, aunque de forma limitada.
No tiene sentido que cualquier transacción de bienes o servicios, incluso de primera necesidad, soporte impuestos superiores a lo que se pagan en las operaciones financieras. Por ello, el ámbito del impuesto debería ser más amplio. Dada que la mayor parte de esas operaciones se realizan por los más ricos, es otra vía de ir consiguiendo que contribuyan adecuadamente.
En el impuesto sobre la renta, las de trabajo soportan tipos superiores a los que se aplican a las rentas de capital. Debería seguir el avance en el acercamiento de las dos tarifas del impuesto
4. Tributación de las grandes empresas y los beneficios desorbitados
La importancia de participaciones en empresas y en la percepción de dividendos aumenta notoriamente con la renta. La elusión/evasión fiscal de los superricos guarda una relación directa con la inadecuada tributación de las grandes sociedades.
Las grandes empresas multinacionales imputan ingresos y costes a los territorios donde la fiscalidad es especialmente favorable, cuando no inexistente. Los países de la OCDE y del G20 iniciaron en 2013 un Plan de Acción (BEPS) que busca garantizar la recaudación en cada país alineando la potestad tributaria con la actividad económica y la creación de valor.
Un ejemplo en esa línea es la que se conoció como Tasa Google. En España se ha materializado en el Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales que grava las prestaciones de determinados servicios digitales con usuarios situados en territorio español.
Hay que aplaudir el acuerdo para gravar los beneficios de cualquier sociedad con un tipo mínimo del 15%. Entró en vigor en la UE desde 2024. Es criticable que el tipo impositivo sea bajo, pero es un avance importante porque los grandes grupos pagan de media un 7,24% y los tecnológicos ni siquiera… Como señala Harari, un sistema tributario que solo sabe gravar dinero pronto quedará obsoleto, pues hay innumerables transacciones que ya no implican transacciones de dinero. La lista de las personas más ricas del mundo la encabezan magnates procedentes de ese tipo de empresas. No pagan impuestos al tiempo que se enriquecen con grandes ayudas y contratas estatales.
Es necesario endurecer la legislación sobre sociedades pantalla, sin actividad económica real, y perseguir la utilización de sociedades para esconder ingresos, gastos y patrimonios particulares.
Hay que resaltar el movimiento en favor del gravamen sobre los beneficios extraordinarios “caídos del cielo”, no por éxitos de gestión sino por circunstancias externas. Lo que posibilita esos beneficios extraordinarios es el poder monopolístico de las empresas. Por ello, este tipo de impuestos deberían aplicarse con carácter permanente. Beneficios muy por encima de la media general y sectores oligopolísticos suponen dos pistas importantes de por dónde se puede avanzar.
5. Gravar las grandes herencias
El 68,8% de la desigualdad en España tiene su causa en la herencia. Dejar libre de gravamen a las grandes herencias es contrario a principios como la igualdad de oportunidades y la meritocracia.
En el caso español, de mantenerse su tributación en el ámbito autonómico, es imprescindible fijar una solución como la aplicada para los grandes patrimonios, de modo que se evite la fuga de ingresos de los más adinerados y la suicida competencia a la baja entre distintas comunidades.
Podría aprovecharse para revisar y actualizar ambos impuestos e impedir las vías de evasión a través de sociedades.
6. Gravar el lujo
El consumo suntuario es una vía cómoda de hacer pagar más a los super ricos. Puede arbitrarse a través de distintas formas, incluso de forma complementaria: un impuesto sobre el lujo, tipos más elevados del IVA para determinados productos, progresividad más acusada en otros tributos como el IBI sobre viviendas de lujo, etc.
Otra vía interesante sería un impuesto medioambiental especial sobre el consumo de bienes y servicios con elevada intensidad de emisiones de CO2 como jets privados, yates de gran tamaño, turismo de lujo… Es preciso que el impuesto recaiga sobre el consumo y no sobre la propiedad. Es habitual que estos bienes figuren como propiedad o gasto de empresas, aunque el disfrute sea de particulares.
7. Reducir los beneficios fiscales
Hablamos del conjunto de medidas en casi todas las figuras tributarias que reducen la cuantía final que debe pagar el contribuyente. En su gran mayoría, suponen una merma importante de ingresos, son regresivos, responden a presiones de lobbies concretos, y tienen dudosa o escasa utilidad social. Además, favorecen la elusión fiscal porque son las personas más ricas y las grandes empresas las que tienen acceso al eficaz asesoramiento para encontrar en esa maraña de beneficios la mejor forma para no pagar.
8. Combatir eficazmente la evasión y el fraude fiscal
Es evidente que es en los niveles altos de renta y en las grandes empresas donde se encuentran las mayores cifras de defraudación y elusión. La lucha contra las guaridas fiscales y algunas de las advertencias recogidas en los puntos anteriores son medidas cuyo éxito conlleva aumentar la tributación efectiva de los superricos.
Fortalecer los recursos humanos de la Agencia tributaria y reforzar la eficacia, rapidez y proporcionalidad de las sanciones a los defraudadores se añadirían a los principales ajustes que necesita la lucha contra el fraude.
9. Ingeniería fiscal
La casi totalidad de las grandes vías de elusión de pago de impuestos por los más potentados encuentran la colaboración necesaria en expertos asesores fiscales. Buena parte de ellos provienen de la propia Agencia Tributaria. Procedería reforzar las sanciones penalizadoras a quienes asesoren a defraudadores y penalizar en mayor medida las puertas giratorias.
10. Renta básica de ciudanía
Es necesario completar el objetivo de que los superricos paguen los impuestos que deben con un apoyo especial a quienes ocupan el lado opuesto en la escala de renta y riqueza. El Ingreso Mínimo Vital fue un gran avance. Pero no llega ni a la mitad de sus potenciales destinatarios. Por ello, es necesario pasar a una prestación universal, incondicional y automática como derecho de ciudadanía a una vida digna. Es muy fácil conseguir después, a través del impuesto sobre la renta, que quienes no la necesiten la devuelvan por vía impositiva de forma progresiva.
En resumen, o se corrigen los efectos negativos de la globalización financiera sobre las haciendas nacionales y se consigue que los más ricos paguen los impuestos que deben y no pagan, o estamos poniendo en grave peligro los sistemas de bienestar europeos e, incluso, la democracia.
Nosotros, los movimientos sociales y las organizaciones de la sociedad civil abajo firmantes, estamos profundamente preocupados por los intentos de desmantelar el derecho internacional, en particular desde la llegada al poder de la administración Trump y sus ataques contra el sistema multilateral. Mientras varios Estados poderosos violan el derecho internacional en diversos contextos, Estados Unidos comete abusos sin precedentes que socavan directamente los principios fundamentales del multilateralismo y del derecho internacional.
Estados Unidos no solo se ha retirado de organismos clave de las Naciones Unidas y de acuerdos internacionales, como el Consejo de Derechos Humanos, la Organización Mundial de la Salud la UNESCO, y han animado activamente a otros Estados a abandonar o socavar los marcos multilaterales, sino que también han dejado de pagar sus contribuciones financieras obligatorias, lo que ha provocado graves perturbaciones operativas en todo el sistema de las Naciones Unidas. Además, el Gobierno estadounidense ha impuesto sanciones a titulares de mandatos de las Naciones Unidas, en particular a la Sra. Francesca Albanese, Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados, lo que ha obstaculizado gravemente su capacidad para cumplir su mandato de manera independiente y eficaz. También ha atacado a la Corte Penal Internacional (CPI) mediante sanciones e intimidaciones políticas destinadas a paralizar su labor.
Estados Unidos ha restringido la libertad de circulación o ha denegado en repetidas ocasiones la concesión de visados a representantes debidamente acreditados de los Estados miembros de las Naciones Unidas, en particular a funcionarios de la Autoridad Palestina y a representantes de organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales, impidiéndoles así participar en los períodos de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. Esto constituye un obstáculo directo al derecho de los Estados miembros a acceder al principal foro multilateral mundial, un derecho garantizado explícitamente por el derecho internacional y el acuerdo de sede de 1947. El hecho de que el país anfitrión abuse de su posición privilegiada para obstaculizar la participación en las propias Naciones Unidas constituye una violación intolerable de los principios sobre los que se fundó la ONU.
Además, el plan del presidente estadounidense para Gaza (octubre de 2025) es una nueva demostración del desprecio de este país por el derecho internacional. Si bien apoyamos plenamente el cese inmediato de las masacres y el envío urgente de ayuda humanitaria, como reclaman las ciudadana y los ciudadanos de todo el mundo, este plan tiene en realidad por objeto perpetuar la dominación colonial bajo nuevas formas y niega el derecho del pueblo palestino a la libre determinación. Al privilegiar la seguridad de las fuerzas colonizadares en detrimento de la justicia, en realidad concede impunidad a los autores de genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, cuando el derecho internacional prohíbe categóricamente cualquier amnistía por tales crímenes. Por lo tanto, cualquier plan de paz auténtico debe incluir mecanismos de justicia transicional y reparadora, de rendición de cuentas y garantizar el acceso de las víctimas a la justicia y a la reparación.
En este contexto, hacemos un llamamiento a la movilización de los pueblos, los movimientos sociales y las organizaciones de la sociedad civil para defender el derecho internacional basado en la Carta de las Naciones Unidas y los derechos inalienables de los pueblos. Juntos debemos reforzar un multilateralismo centrado en los pueblos, capaz de hacer respetar la justicia y la responsabilidad. Nuestra acción colectiva será esencial para promover la justicia reparadora para las víctimas y garantizar que los responsables de genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad rindan cuentas plenamente.
Con este fin, también instamos a los Estados miembros de las Naciones Unidas a que:
asuman sus responsabilidades y adopten medidas concretas para luchar contra la erosión sistemática del derecho internacional, defendiendo al mismo tiempo el sistema multilateral en la perspectiva de la búsqueda de la paz, los derechos humanos, la justicia social y la protección del medio ambiente;
consideren el traslado inmediato de la sede de la ONU de Nueva York a Ginebra, a la espera de una decisión colectiva sobre la futura ubicación de la sede principal de la ONU, con el fin de poner fin a la injerencia arbitraria e ilegal del Gobierno estadounidense en el funcionamiento de la Organización.
En este sentido, abogamos por un sistema multilateral libre del dominio omnipotente de los Estados poderosos y los intereses económicos, un sistema que garantice así un multilateralismo democrático, inclusivo y participativo. La defensa y el fortalecimiento de dicho sistema exigen una oposición decidida a la ley del más fuerte y un compromiso firme con la defensa de la igualdad de derechos de todos los pueblos y Estados a ser escuchados, representados y protegidos en virtud del derecho internacional.
* Asociación de Abogados Democráticos (IADL) * Emmaus Internacional * Centro Europa – Tercer Mundo (CETIM) * La Vía Campesina (LVC) * Instituto Transnacional (TNI) * Movimiento por la Salud de los Pueblos (PHM) * Derecho Igualitario * Marcha Mundial de las Mujeres * Amigos de la Tierra Internacional FOEI-ATI * FIAN Internacional * Flotilla Global Sumud * Paraguas Global de Cirugía (GSU) * Justicia Social Global * Convergencia Global de Luchas por la Tierra y el Agua en África Occidental (CGLTE-OA) * Federación Internacional para la Protección de los Derechos de las Minorías Étnicas, Religiosas, Lingüísticas y Otras (IFPRERLOM) * Fraternidad Internacional de Reconciliación (IFOR) * Buró Internacional de la Paz (IPB) * Coalición Internacional del Hábitat (HIC) * Red Internacional de Cátedras, Instituciones y Personalidades para el Estudio de la Deuda Pública (RICDP) * Reparaciones Revolucionarias * Asociación para la Defensa de los Derechos de los Agricultores (AFRD) * Red de ONG Libanesas * Congreso de los Pueblos – Colombia * Red de Alimentación Patrimonial Africana y Caribeña * Coordinación Europea Vía Campesina (ECVC) * Red de Derechos de la Vivienda y la Tierra – Coalición Internacional del Hábitat * Asociación Belgacem Yagoubi para la Cultura y la Creatividad * Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH) * Convergencia Maliense contra el Acaparamiento de Tierras (CMAT) * Liga Yibutiana de Derechos Humanos * Mariposa Negra – Patrimonio Cultural para África * Confederación de Trabajadores Unificados y Progresistas (SENTRO) – Filipinas * Centro Nuevos Modelos de Desarrollo (CNMS Italia) * Centro para los Derechos Humanos y el Desarrollo * Coordinación por la Soberanía Alimentaria en MENA * Foro de Personas con Discapacidad de Uganda * Federación Internacional de la Diáspora Afar (FIDA) * Fundación ALICA – Bosnia y Herzegovina * Alianza de Trabajadores de la Cadena Alimentaria * Foro para la Democracia y la Paz * Observatorio DESCA – Cataluña (España) * Asociación Tierra y Cielo * Pax Christi Uvira – RDC * Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (CAJAR) – Colombia * Movimiento por la Buena Gobernanza y la Promoción en Gabón * SOHRAM-CASRA – Centro de Acción Social para la Rehabilitación y Reintegración de Víctimas de Tortura y Guerra * Asociación para la Promoción y Protección de Defensores de Derechos Humanos Xumek – Argentina * Asociación Americana de Juristas (AAJ) * Asociación de Empleados y Trabajadores de la Conservación Ambiental (AGOEC) – Argentina * COECOCEIBA – Movimiento Ecologista de Costa Rica * Asociación PoleRani – Bulgaria * Movimiento Anti-Jindal y Anti-POSCO (JPPSS) – India * Fundación Jeshil – Pristina * Movimiento Pacifista Vrede vzw – Bélgica * Foro Indio de Acción Social * Magazine du Monde – Suiza * Red Wiphalas * ATTAC España * ATTAC France * Coalición Internacional del Hábitat – América Latina (HIC-AL) * SOLIFONDS * Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo SJ” (CSMM) * Asociación Ecuatoriana de Amistad con el Pueblo Saharaui (AEAPS) * RESF 04 Digne-les-Bains * Red Hospitalidad
CARTA ABIERTA a los eurodiputados, suscrita por Attac.
Estimado miembro del Parlamento Europeo:
La semana que viene se les pedirá que voten sobre una cuestión crucial, el presupuesto para 2026, y se avecinan o ya están en marcha otras votaciones y negociaciones importantes, como el próximo presupuesto a largo plazo de la UE (MFF 2028-2034) y una serie de «paquetes ómnibus», es decir, procesos de desregulación. Todas estas propuestas contienen aumentos masivos del gasto militar y regalos a la industria armamentística. Les pedimos encarecidamente que se opongan a estas peligrosas medidas y que redirijan los recursos hacia políticas de paz auténticas.
Somos Stop ReArm Europe, una coalición de más de 800 organizaciones y movimientos de la sociedad civil de toda Europa, que representamos a una gran variedad de sectores y/o procedencias políticas, y tenemos algo en común:
Queremos una seguridad genuina, es decir, una seguridad centrada en las necesidades humanas, como la seguridad medioambiental y climática, la seguridad alimentaria y económica, la seguridad social y sanitaria, y la seguridad comunitaria y política, tanto para los europeos como para todos los ciudadanos del mundo.
Queremos una paz transformadora y justa que incluya las condiciones necesarias para que las sociedades prosperen, como abordar las causas profundas de los conflictos, la buena gobernanza, la libertad y el fomento del potencial creativo humano.
En resumen, una seguridad común tanto para los Estados como para los pueblos.
Como actores de la sociedad civil, estamos más decididos que nunca a hacer todo lo que esté en nuestra mano para que esto se haga realidad, pero no podemos hacerlo solos.
Necesitamos su ayuda como responsables políticos; necesitamos su ayuda para que los valores universales de los derechos humanos y el Derecho internacional sean los principios rectores de las políticas de la UE, y para poner fin a décadas de prácticas hipócritas que se han vuelto tan evidentes en los últimos años.
La propia historia de la integración europea la hace especialmente vulnerable a la influencia indebida de los intereses empresariales, como demuestran numerosos informes, y las políticas de rearme no son una excepción a esta regla, sino todo lo contrario.
El discreto pero poderoso cabildeo de la industria armamentística desempeñó un papel decisivo en la adopción de las primeras subvenciones de la UE hace diez años, y su influencia en las políticas europeas, tanto militares como civiles, no ha dejado de crecer desde entonces. Los presupuestos destinados al cabildeo de las diez mayores empresas armamentísticas aumentaron un 40 % entre 2022 y 2023. Solo en 2025 (hasta octubre), la Comisión se reunió 89 veces con los grupos de presión del sector armamentístico para debatir sobre el rearme y la geopolítica, y solo 15 veces con sindicatos, ONG o científicos sobre los mismos temas. Por su parte, los eurodiputados se reunieron con el lobby armamentístico 197 veces entre junio de 2024 y junio de 2025, frente a las 78 veces de los cinco años anteriores. Como resultado, el llamado plan de «preparación para la defensa» para la supuesta autonomía europea se reduce en última instancia a subvencionar a las grandes empresas militares, a menudo internacionales, impulsar la producción y aumentar las ventas de armas, incluidas las exportaciones fuera de Europa.
El paquete «defensa ómnibus» sigue la misma lógica, ya que desregula aún más las normas sociales y medioambientales, así como las normas éticas y de exportación de armas, desvía recursos de programas civiles como la política de cohesión y pervierte los principios de la financiación sostenible, todo ello en interés del sector armamentístico. ¿Cuándo será suficiente para la industria armamentística?
Además de endeudar a Europa, y por tanto a sus ciudadanos, en beneficio de la industria armamentística y de un modelo económico extractivo e injusto, los planes de rearme desvían recursos financieros, humanos y políticos dela seguridad humana, así como de la prevención y la resolución pacífica de conflictos y de los grandes retos a los que se enfrenta la humanidad, desde el cambio climático hasta la pérdida de biodiversidad o la crisis sanitaria, por nombrar solo algunos.
Y la propuesta para el próximo marco financiero da un paso más en esa dirección, ya que prevé quintuplicar el presupuesto asignado directamente a las políticas de defensa y espaciales, además de que los programas civiles están en gran medida abiertos a la industria armamentística. Dado que el presupuesto global de la UE se mantiene prácticamente estable, esto supone necesariamente un desvío de los recursos financieros anteriormente asignados a las políticas civiles, aunque la profunda reestructuración del MFP hace muy difícil identificar transferencias específicas.
En general, el plan ReArm Europe de marzo de 2025, junto con todas las políticas anteriores y posteriores relacionadas con él, está condenado al fracaso porque, en esencia, reforzará la inseguridad europea y mundial, alimentará la carrera armamentística mundial —que a su vez alimenta los conflictos armados— y agravará el cambio climático y el daño medioambiental, dada la huella de carbono y medioambiental del ejército.
¿Es este el futuro que ustedes y nosotros queremos para la próxima generación? Nosotros no, y estamos convencidos de que ustedes tampoco.
Por lo tanto, les instamos a que destinen el dinero de la guerra a la paz, con el fin de crear las condiciones ambientales, económicas, sociales, políticas y diplomáticas necesarias parauna paz positiva, la seguridad humana y la seguridad común.
Hay una serie de medidas y decisiones concretas que pueden tomar en las próximas semanas y meses para empezar a preparar un futuro mejor. En particular, les instamos a que:
Rechazar el presupuesto para 2026 en la votación plenaria de la próxima semana y solicitar:
Reanudar las negociaciones para reducir las subvenciones a la industria armamentística y aumentar las asignaciones a la diplomacia y a la prevención y resolución pacífica de conflictos con carácter urgente.
El fin de todas las cláusulas de exención que impiden la supervisión parlamentaria normal de todos los programas relacionados con el ámbito militar.
Defender las normas sociales y medioambientales, así como los estándares éticos, oponiéndose a las diferentes propuestas del «paquete global de defensa», en particular:
Rechazar la propuesta actual del próximo Marco Financiero Plurianual (MFP 2028-2034) en lo que respecta a los siguientes aspectos:
rechazar el Fondo de Competitividad que asigna 130 000 millones de euros a armas y al espacio militarizado
rechazar el desvío de programas civiles, en particular de investigación civil como Horizonte, así como de programas digitales, de movilidad, de cohesión y otros, con fines militares.
Reasignar estos fondos al fortalecimiento de la diplomacia y la ayuda exterior, con un claro enfoque en la lucha contra el cambio climático, la pobreza y la desigualdad, así como en la protección de los derechos humanos y el medio ambiente, y un apoyo decidido y coherente a la resolución pacífica de los conflictos con la participación de las mujeres, los jóvenes y las comunidades marginadas.
Si desea interactuar y debatir con nosotros sobre los temas planteados en esta carta, póngase en contacto con nosotros en contact@stoprearm.org . Estaremos encantados de organizar reuniones en línea en las que pueda intercambiar opiniones con muchos de nosotros sobre su visión, sus esperanzas y sus planes para la paz.
Le agradecemos su atención y esperamos tener noticias suyas.
En nombre de la campaña Stop ReArm Europe El equipo de coordinación de StopReArm Europe
Artículo original publicado en jacobinlat por Luciana Ghiotto. Attac Argentina
El segundo gobierno de Donald Trump parece haber modificado el tablero del comercio global. La administración trumpista puso el foco en el libre comercio porque lo entiende como una práctica que ha dañado la hegemonía de Estados Unidos al generar desbalances comerciales con sus socios (especialmente China). Desde esa perspectiva, los altos aranceles podrían ayudar a recuperar parte del poderío industrial y económico perdido con la globalización. «La palabra más bonita del diccionario es arancel», decía Trump en 2024, y desde su asunción en enero hemos entendido que no estaba exagerando.
En este artículo nos proponemos examinar las políticas arancelarias de Trump desde una perspectiva crítica, trascendiendo las interpretaciones predominantes que las presentan como una ruptura radical con el orden económico global previo. Nuestra investigación se estructura en torno a tres objetivos fundamentales. Primero, desarrollar un análisis riguroso sobre la naturaleza, alcance e historicidad de las transformaciones generadas por las políticas arancelarias trumpistas, situándolas en la trayectoria más amplia de las relaciones entre Estado y capital en el capitalismo contemporáneo.
Segundo, problematizar críticamente la concepción dominante del «libre comercio», interrogando si las políticas proteccionistas actuales representan una verdadera ruptura con el paradigma librecambista o si constituyen, más bien, una reconfiguración de los mecanismos de acumulación dentro de la misma lógica sistémica. Tercero, examinar las implicaciones de estas transformaciones para los movimientos sociales que han articulado sus estrategias en torno a la crítica del libre comercio durante las últimas tres décadas, evaluando los desafíos que este nuevo escenario plantea para sus marcos interpretativos y prácticas políticas.
Sostenemos que una lectura crítica del momento actual resulta fundamental para repensar las estrategias de los movimientos sociales, particularmente en lo que respecta a su relación con los Estados nacionales y a las formas de construir solidaridades transnacionales efectivas. Las transformaciones en curso exigen reconsiderar tanto los sujetos políticos protagonistas de las resistencias como las escalas en que estas deben articularse para confrontar un sistema cuyas contradicciones se manifiestan simultáneamente en múltiples niveles.
Rupturas y continuidades en el modelo económico estadounidense
Las políticas proteccionistas de Trump no son una anomalía histórica sino un retorno a estrategias fundamentales en la construcción de Estados Unidos como potencia industrial. Contrariamente a la narrativa liberal dominante, este país desarrolló su economía bajo un intenso proteccionismo durante el siglo XIX, con aranceles que superaban el 40% hasta la Segunda Guerra Mundial. Lejos de representar una «desviación» del libre comercio, esta medida era una herramienta para gestionar asimetrías de poder económico, permitiendo a las potencias emergentes acumular capacidad industrial antes de competir globalmente. La Gran Depresión de 1930 intensificó el proteccionismo con la ley Smoot-Hawley, que elevó aranceles a niveles históricos. Esta crisis representó más que una recesión económica: fue una crisis orgánica del capitalismo donde el proteccionismo funcionó como mecanismo de emergencia para contener el cataclismo dentro de las fronteras nacionales y facilitar la reestructuración de las relaciones capital-trabajo.
El New Deal de Roosevelt supuso la masiva intervención estatal, con inversiones en infraestructura, subsidios industriales y regulación financiera, mientras la Segunda Guerra Mundial justificó una planificación económica centralizada que consolidó el complejo militar-industrial estadounidense. Tras la guerra, el capital de base estadounidense se internacionalizó, lentamente, pero sin pausa. La reconstrucción de Europa y su proceso de integración regional con la nueva Comunidad Europea promovió el aumento de la inversión extranjera directa a ese territorio. En ese mismo periodo se crearon en México las primeras maquiladoras con capital estadounidense, cuando en 1965 el gobierno mexicano implementó el Programa de Industrialización Fronteriza. Para 1970 ya existían 132 maquiladoras en la zona de frontera con Estados Unidos.
Paralelamente, durante estos años aumentaron las protestas sindicales en los países industrializados (con eventos como Mayo Francés y el Otoño Caliente italiano), expresando la insubordinación obrera a los dictados del capital y contribuyendo a la caída de la tasa de ganancia a principios de los años setenta. A este proceso deben añadirse también los procesos de lucha en América Latina, como el Cordobazo argentino, las huelgas del ABC paulista o la masacre estudiantil de Tlatelolco, todo en el contexto de la revolución cubana como horizonte de posibilidad de cambio sistémico.
La liberalización comercial se intensificó con la Ronda Kennedy del GATT (1964-1967), que incluyó no solo aranceles sino también barreras no arancelarias, expandiendo el ámbito regulatorio para satisfacer las necesidades de un capital que se volvía lentamente transnacional. Esta trayectoria culminó con la Ronda Uruguay (1986-1994) y la creación de la Organización Mundial del Comercio (OMC), que extendió radicalmente el alcance regulatorio a áreas como la propiedad intelectual, las inversiones extranjeras, los servicios y las compras gubernamentales.
En este proceso, Estados Unidos actuó como arquitecto principal, impulsando la liberalización en sectores en los que sus corporaciones tenían ventajas (servicios, propiedad intelectual, finanzas) mientras preservaba protecciones en áreas sensibles (agricultura, textiles, acero). Esta estrategia dual —«haz lo que digo, no lo que hago»— permitió al país norteamericano posicionarse como un defensor del libre comercio mientras mantenía elementos proteccionistas en su política doméstica, tales como subsidios encubiertos, compras gubernamentales discriminatorias y medidas antidumping.
Navegando esta dualidad, Estados Unidos se posicionó como el principal defensor y promotor del discurso y la práctica del libre comercio a escala global. Los distintos gobiernos emplearon su influencia diplomática, económica y militar para impulsar la liberalización en aquellos sectores donde sus corporaciones mantenían ventajas competitivas. La transformación del GATT en OMC y la expansión cualitativa del ámbito regulatorio que esto implicó respondió fundamentalmente a esta agenda impulsada por Estados Unidos y sus corporaciones transnacionales, que buscaban instrumentos jurídicos más fuertes para garantizar condiciones favorables para la penetración en los nuevos mercados.
La globalización como reestructuración cualitativa
Siguiendo esta línea, los años noventa no representaron el «nacimiento» de la globalización, sino una nueva disposición de las relaciones entre los Estados nacionales y el mercado mundial, caracterizada por la expansión geográfica de las relaciones capitalistas, el aumento de la inversión extranjera directa y la incorporación de nuevos territorios a los circuitos globales de acumulación. Este periodo no significó una ruptura absoluta con el pasado, sino que expresó una reconfiguración de las relaciones sociales capitalistas en respuesta a las contradicciones de los Estados de bienestar keynesianos.
El desplome soviético y la apertura china ofrecieron al capital acceso a vastos territorios con mano de obra barata, nuevos mercados y recursos estratégicos. Estos espacios ofrecían múltiples ventajas: enormes reservas de fuerza de trabajo disciplinada y de bajo costo, mercados potenciales para la venta de productos y servicios, oportunidades para inversiones de capital fijo en infraestructura, y acceso a recursos naturales estratégicos. Los capitales estadounidenses respondieron a estas transformaciones implementando una serie de estrategias de instalación en los nuevos territorios incorporados al mercado global. En China, adoptaron principalmente la forma de inversión productiva directa en sectores manufactureros intensivos en trabajo, instalando plantas en las Zonas Económicas Especiales.
Esta expansión geográfica de las empresas estadounidenses (y europeas) implicó la transformación cualitativa en la organización del capitalismo global. Facilitó la conformación de un entramado productivo transnacional que profundizaba el proceso de relocalización industrial iniciado en los años sesenta. Las cadenas globales de valor emergieron como la forma organizativa dominante, permitiendo a las corporaciones transnacionales fragmentar los procesos productivos y distribuirlos a través de múltiples territorios para maximizar las ventajas comparativas de cada territorio.
Este proceso económico tuvo su reflejo en un entramado jurídico específico, una nueva «arquitectura jurídica de la impunidad» para las corporaciones, al decir de Juan Hernández Zubizarreta. Esta arquitectura, compuesta por un conjunto de instituciones y tratados internacionales, generó una asimetría normativa articulada en torno a una idea básica: proteger a toda costa los negocios de las multinacionales mediante un ordenamiento jurídico internacional fundamentado en las reglas del comercio y la inversión.
Se conformó, entonces, una lex mercatoria compuesta por miles de normas: contratos de explotación y comercialización, tratados comerciales bilaterales y regionales, acuerdos de protección de las inversiones, políticas de ajuste y préstamos condicionados, laudos arbitrales, etc. Un derecho duro (hard law) (coercitivo y sancionador) que protege con fuerza los intereses empresariales. Y a este entramado se sumó también la creación, en 1995, de la Organización Mundial del Comercio (OMC), institución que reúne los objetivos del libre mercado y los vuelve regla para todos los Estados.
En definitiva, la globalización no está determinada solamente por la integración económica (aunque se trata de un elemento central) ni por las innovaciones tecnológicas (esenciales para la internacionalización) ni por el nuevo entramado jurídico (clave para otorgar seguridad a la propiedad privada). Todo esto define a la globalización, marcando una fase específica de la lucha entre capital y trabajo donde el capital buscó recomponer su dominación frente a las luchas obreras de los años sesenta que habían encarecido el precio del trabajo y reducido la ganancia.
Asimismo, todas las economías que se habían mantenido semicerradas en la posguerra, durante los Estados de bienestar, fueron conectadas en el mercado global. Ya no habría más lugar para economías nacionales autonomizadas, sino que se imponía ahora la regla del mercado. La globalización, entonces, representa una estrategia ofensiva del capital para escapar de las restricciones nacionales y disciplinar a la clase trabajadora mediante la amenaza constante de relocalización y precarización. La movilidad global del capital y la desregulación financiera que caracterizan esta etapa no son más que expresiones de la crisis de la forma tradicional de dominación capitalista y su intento desesperado por restaurar la rentabilidad.
¿Trump contra el libre comercio?
La política económica de la administración Trump marcó un quiebre significativo con el consenso bipartidista «globalizador» y en favor del libre comercio que dominó la política estadounidense durante cuatro décadas. Este «neoproteccionismo» representa una forma explícita de intervención estatal que defiende selectivamente a empresas con base en Estados Unidos ofreciéndoles protección contra los competidores extranjeros. Esto revela la verdadera naturaleza del proyecto económico trumpista: no un rechazo al neoliberalismo ni al libre comercio en sí mismos, sino una reconfiguración de las relaciones entre el Estado, las corporaciones y el mercado mundial, desarrollando un nacionalismo económico con fuerte impacto en la base electoral.
Los partidos Demócrata y Republicano habían convergido en su apoyo a políticas de libre comercio, desde el TLCAN bajo Clinton hasta el TPP con Obama. Trump rompió con esta tradición, calificando al TLCAN como «el peor tratado de la historia» y forzando su renegociación entre 2017 y 2018. Hay que reconocer que Trump no estaba tan errado: el TLCAN redujo empleos en sectores industriales clave de Estados Unidos, particularmente en estados del llamado «cinturón del óxido». Se estiman pérdidas de alrededor de 700 000 puestos de trabajo estadounidenses como resultado directo del acuerdo. Este fenómeno evidencia las contradicciones inherentes a la internacionalización del capital, donde la promesa de prosperidad generalizada chocó con la realidad de una redistribución desigual de costos y beneficios.
En su primer gobierno, Trump redobló la apuesta contra las instituciones del libre comercio. En 2017 boicoteó el Órgano de Solución de Diferencias de la OMC y retiró a Estados Unidos del TPP. A su vez, impuso aranceles a China, México, Canadá y la Unión Europea, e inició una guerra comercial con China desde 2018. El demócrata Joe Biden no modificó los aranceles impuestos por Trump, sino que los mantuvo y profundizó con iniciativas como la Ley de Reducción de la Inflación, la Ley de Chips y Ciencia, y políticas de Buy American, consolidando un nuevo enfoque proteccionista bipartidista.
El proteccionismo de Trump recupera una forma explícita de intervención estatal a favor de empresas con base administrativa en Estados Unidos, cobijándolas de la competencia internacional. Literalmente, los aranceles impuestos actúan como una coraza protectora, un escudo para amplios segmentos del capital estadounidense que habían perdido ventajas competitivas frente a rivales internacionales, especialmente empresas chinas. El objetivo de las políticas de Trump es, reforzar el poder de las corporaciones estadounidenses, no limitarlo.
Asimismo, este proteccionismo es selectivo: mientras defiende sectores industriales tradicionales, desregula el sector financiero y reduce impuestos al gran capital. Implementa altos aranceles para lograr un efecto positivo en sectores manufactureros tradicionales, pero simultáneamente ejecuta una agenda de desregulación financiera que desmantela el andamiaje regulatorio construido tras la crisis de 2008. En 2018, el gobierno de Trump terminó con la Ley Dodd-Frank que había sido aprobada en 2010 para reforzar las exigencias de capital de respaldo a los bancos, obligándolos a llevar a cabo test de resistencia anuales para mostrar su fortaleza y prohibía a las instituciones financieras dedicarse a actividades de alto riesgo con el dinero de sus clientes.
Por otra parte, la Ley de Recortes de Impuestos y Empleos (Tax Cuts and Jobs Act) de 2017 representó la mayor reforma fiscal en tres décadas y constituyó el logro legislativo más significativo del primer mandato de Trump. La pieza central de esta legislación fue la dramática reducción del impuesto federal sobre la renta corporativa del 35% al 21%, un recorte sin precedentes que transformó el panorama tributario empresarial estadounidense. Los legisladores republicanos argumentaron que un entorno fiscal más favorable incentivaría a las empresas a expandir sus operaciones en Estados Unidos y las haría más competitivas en el mercado global.
La drástica reducción del impuesto corporativo reveló una profunda contradicción en el núcleo de la política económica trumpista: mientras se implementaban aranceles y restricciones comerciales bajo el discurso de proteger a los trabajadores estadounidenses, se otorgaban enormes beneficios fiscales a las mismas corporaciones multinacionales que habían relocalizado empleo durante décadas. Esta contradicción aparente revela la verdadera naturaleza del proyecto: no se trata de un retorno al proteccionismo integral del siglo XIX o del período de sustitución de importaciones, sino de una reconfiguración del rol estatal dentro del capitalismo globalizado para defender selectivamente ciertos sectores mientras se mantienen y profundizan las ventajas para el capital financiero y las grandes corporaciones.
Lo que Trump consiguió fue sincerar la relación entre Estado y capital corporativo: abandonó la pretensión neoliberal de separación entre ambos, reconociendo de manera explícita que el poder estatal sigue siendo esencial para garantizar la rentabilidad del capital estadounidense en un contexto de creciente competencia internacional. El proteccionismo trumpista, en este sentido, no es una limitación del capitalismo estadounidense sino un intento de salvarlo de su crisis de rentabilidad y pérdida de ventajas competitivas, utilizando el poder estatal como escudo para preservar posiciones privilegiadas que ya no podían sostenerse mediante la pura competencia en los mercados globales.
La contradicción fundamental del proyecto económico de Trump radica en querer capturar los beneficios de la globalización (ganancias extraordinarias, dominio tecnológico, influencia geopolítica) mientras rechaza sus consecuencias inevitables: la relocalización productiva y los impactos negativos sobre el mercado laboral doméstico. El gobierno pretende reconciliar el nacionalismo económico del siglo XX con la realidad de corporaciones cuyo poder deriva precisamente de su capacidad para operar más allá de las fronteras nacionales. Esta tensión revela que el America First económico no puede materializarse mediante un simple retorno de la producción, sino que requiere una transformación radical de las lógicas de acumulación global que estas mismas corporaciones han construido durante décadas y de las cuales depende actualmente su posición dominante en la economía mundial.
Más allá del dilema: los movimientos anti-TLC en la encrucijada trumpista
Las organizaciones sociales que tradicionalmente se han opuesto a los TLC desde una crítica al neoliberalismo ahora enfrentan un dilema: oponerse frontalmente a las políticas comerciales de Trump podría interpretarse como una defensa implícita del statu quo neoliberal; apoyarlas significaría legitimar un proyecto que, aunque nombradamente contrario al libre comercio, está diseñado para fortalecer el poder del capital estadounidense sin cuestionar las relaciones sociales de explotación y desigualdad que le subyacen.
Pero Trump se ha apropiado de la retórica anti libre comercio desde un foco diferente a las campañas contra los tratados. Es cierto que algunos puntos de su argumento son similares: la crítica a la relocalización productiva, los impactos de los TLC sobre los trabajadores, la oposición a acuerdos como el TPP y las críticas del TLCAN y la OMC. Pero esto lo hace principalmente desde una matriz nacionalista-corporativa que no cuestiona las asimetrías fundamentales del orden económico global ni incorpora demandas de justicia ambiental o laboral internacional. Por el contrario, lo que Trump reivindica es un nacionalismo económico excluyente: su objetivo no es rediscutir el rol de las corporaciones estadounidenses, sino hacerlas nuevamente fuertes. Antes que «Make America Great Again», «Make US Corporations Great Again».
Esta situación revela una crisis más profunda en los marcos interpretativos tradicionales que planteaban «libre comercio vs. proteccionismo». Se evidencia ahora la necesidad de desarrollar un análisis más sofisticado que juegue en dos niveles: por un lado, una crítica del neoliberalismo y del libre comercio, pero, por otro, una crítica radical basada en el entendimiento de cómo funciona el capitalismo en su conjunto, y cómo el tema de comercio se entreteje con los temas financieros, ambientales, digitales, productivos, etc.
Lo que el trumpismo ha puesto en crisis es la mirada centrada en el nacionalismo económico que muchos movimientos sociales han sostenido desde los años noventa, cuando el foco era la crítica al neoliberalismo. La reivindicación de la centralidad del Estado y su capacidad regulatoria se convirtió en el eje articulador de proyectos progresistas que buscaban recuperar espacios de autonomía para las políticas públicas nacionales frente al avance de la globalización neoliberal. Sin embargo, esta estrategia política ha encontrado su límite en la profunda transformación estructural que el capitalismo global ha experimentado.
El problema fundamental es que estas políticas centradas en la recuperación de la soberanía económica nacional chocan inevitablemente contra la realidad de una interconexión económica global que ha reconfigurado las bases materiales de reproducción social. El neoliberalismo no fue simplemente un conjunto de políticas reversibles mediante la voluntad estatal, sino un proceso de reorganización profunda de las relaciones de producción a escala planetaria. Las economías nacionales fueron orgánicamente integradas en cadenas globales de valor, circuitos financieros transnacionales y redes tecnológicas que reducen drásticamente el margen de maniobra para experimentos económicos autonomizados.
En este contexto, los movimientos sociales que se oponen a los tratados de libre comercio enfrentan varios desafíos. La superación del nacionalismo metodológico constituye quizás el más importante y urgente, en tanto implica trascender una visión que ha estructurado tanto el análisis como la praxis política de numerosos movimientos populares durante décadas: la centralidad incuestionada del Estado-nación como articulador del horizonte utópico y como contenedor natural de los procesos sociales.
Esto no es meramente una cuestión ideológica ni un enamoramiento con los debates históricos dentro de las izquierdas sobre el rol del Estado en los procesos emancipatorios. La crisis de este enfoque refleja las transformaciones estructurales en el capitalismo. Frente a esta realidad, la reivindicación de la soberanía económica nacional como horizonte estratégico principal resulta insuficiente. Sin embargo, reconocer los límites del nacionalismo metodológico tampoco implica abrazar un internacionalismo abstracto que ignore las asimetrías de poder entre naciones y regiones, o que desconozca la importancia que los espacios nacional-estatales siguen teniendo como terrenos de disputa política. Se trata, más bien, de desarrollar perspectivas analíticas y estrategias políticas que puedan operar simultáneamente en múltiples escalas.
Desde los años noventa, el foco político puesto en los tratados de libre comercio ha permitido visibilizar los mecanismos concretos mediante los cuales el poder corporativo transnacional se institucionalizaba y expandía. La creación de alianzas transnacionales efectivas que superen las tentaciones del nacionalismo económico sin diluir las especificidades de cada contexto constituye otro reto significativo. Hoy, la solidaridad internacional requiere la identificación de la contradicción fundamental del capitalismo contemporáneo (la cual a menudo queda invisibilizada en los análisis políticos convencionales). Efectivamente, el libre comercio no es simplemente un conjunto de políticas erróneas, sino un mecanismo estructural que produce necesariamente sectores «sacrificables» cuya exclusión y precarización no es un efecto colateral, sino una condición constitutiva del modelo de acumulación global. Esta expulsión no podría corregirse mediante mejores políticas públicas dentro del mismo marco, sino que se ha vuelto una necesidad estructural del sistema.
Las comunidades afectadas por el extractivismo minero y petrolero constituyen los territorios que deben ser despojados para alimentar las cadenas globales de producción y consumo. Su desplazamiento y la destrucción de sus formas de vida no son «daños colaterales» sino requisitos operativos de la acumulación por desposesión que caracteriza al capitalismo contemporáneo. Del mismo modo, los trabajadores informales y autónomos que proliferan en las economías periféricas representan la materialización de un proceso donde el trabajo formal, regulado y con derechos laborales se convierte en una excepción histórica, no en la norma. La economía global requiere esta masa creciente de trabajo precarizado, disponible y desprovisto de protecciones sociales para mantener las tasas de ganancia.
Esta comprensión tiene efectos profundos sobre la construcción de solidaridades políticas. Significa que los movimientos sociales deben centrar su atención precisamente en estos sectores cuya opresión es constitutiva del sistema, no accidental. Las comunidades despojadas por el extractivismo, los trabajadores informalizados, los migrantes precarizados, las comunidades indígenas y campesinas amenazadas por megaproyectos: todos ellos expresan, en sus luchas concretas, las contradicciones fundamentales que el sistema no puede resolver mediante reformas parciales.
La solidaridad política debe construirse, entonces, no a partir de la promesa ilusoria de una inclusión plena en el capitalismo global, sino desde el reconocimiento de que la emancipación de estos sectores requiere necesariamente trascender la lógica misma del sistema que los sacrifica. La tarea, en síntesis, es transitar de una crítica al neoliberalismo hacia una crítica integral al capitalismo, comprendiendo que el libre comercio no es simplemente una «política equivocada» sino una expresión orgánica de las tendencias expansivas inherentes al capital como relación social.
La pregunta que se abre entonces es: ¿puede el movimiento trascender la dicotomía libre comercio/proteccionismo? ¿Es posible desarrollar una praxis internacionalista que reconozca los límites estructurales del nacionalismo económico sin caer en la resignación ante el poder del capital global? Esta crítica más profunda no implica abandonar la lucha contra los tratados de libre comercio, sino recontextualizarla en una comprensión más profunda de las dinámicas del capitalismo contemporáneo y en un proyecto de transformación radical que abarque simultáneamente las múltiples dimensiones de la dominación capitalista.
Una perspectiva integrada abriría posibilidades para una praxis más efectiva. No basta con oponerse a acuerdos específicos; es necesario construir modelos alternativos de relaciones económicas internacionales que cuestionen la propia lógica capitalista. Esto hará posible tender puentes entre distintos niveles de análisis, conectando las críticas a las cláusulas específicas de los TLC con cuestionamientos más profundos al sistema capitalista, al tiempo que permitirá ir más allá de los debates reduccionistas entre «nacionalismo económico» versus «globalismo neoliberal», reconociendo que ambos operan dentro de la misma lógica sistémica.
Victoriano Ángel Suárez Rincón es Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Málaga. Profesor de curso on-line de gestión presupuestaria en la Fundación CEDDET. En la actualidad ejerce como Interventor municipal de Lebrija. Es socio de Attac España.
El análisis de las liquidaciones presupuestarias anuales de las administraciones públicas territoriales muestra la insuficiencia financiera del sistema tributario español. La elevada disminución de los ingresos tributarios a partir de la crisis económica de 2008 y su ralentización en su crecimiento en 2015 y posteriores, ha producido un efecto dominó en las magnitudes presupuestarias. El descenso de ingresos tributarios ha generado secuencialmente déficits presupuestarios, déficits financieros, mayores endeudamientos para cubrir esos desequilibrios, crecimiento elevado de la deuda pública acumulada, elevación de los gastos de la carga financiera y, finalmente, un descenso cuantitativo y cualitativo en los servicios públicos de carácter preferente (sanidad, educación y cultura).
Y podríamos inferir que este efecto dominó no es exclusivo de nuestro país sino de carácter global, dada la elevación de la deuda pública en la generalidad de naciones con modelos económicos neoliberales.
El principio de suficiencia tributaria en los sistemas impositivos.
Los tributos surgen de la necesidad de los estamentos políticos para financiar los gastos públicos de las entidades territoriales o funcionales. Cada sistema económico que se ha desarrollado en las distintas etapas históricas ha configurado su peculiar modelo tributario en cuanto a los fines perseguidos. Y la suficiencia económica tributaria ha tenido un dispar comportamiento en su grado de relevancia en los modelos económicos versus tributarios.
En las etapas históricas de las monarquías absolutas anteriores al liberalismo económico el lograr los precisos ingresos públicos tributarios era el objetivo primario y exclusivo salvo, en su caso, el castigo punitivo a los sujetos pasivos. Y las reformas tributarias se planteaban casi con generalidad para maximizar los ingresos públicos. En el siglo XVI la corriente de pensamiento económico del cameralismo busca fortalecer las riquezas reales, surgiendo así el principio teórico de suficiencia económica tributaria.
Con el surgimiento del liberalismo económico, primer modelo del capitalismo, se impone el pensamiento de los economistas clásicos del principio de neutralidad impositiva según el cual la tributación no debía interferir en la producción y en el consumo, siendo la máxima expresión de este pensamiento la de los economistas liberales libertarios que abogan hacia la supresión de los impuestos. Es con esta directriz que el principio de suficiencia tributaria deja de ser un objetivo prioritario.
En el estado del bienestar, segundo modelo económico del capitalismo, el principio de suficiencia económica no es el único ni incluso el principal de los diversos fines y objetivos que se persiguen con la tributación. Economistas hacendistas del pasado siglo XX como Fritz Neumark y Richard Musgrave desarrollaron las utilidades del binomio de la tributación y del presupuesto para el desarrollo económico y social de las naciones. Neumark con una amplia catalogación de los principios de la imposición y Musgrave con las tres funciones del presupuesto: la estabilidad de indicadores macroeconómicos (inflación y desempleo), la redistribución equitativa de la renta y la asignación eficiente de recursos.
El modelo tributario neoliberal lo podemos simbolizar como el de las cuatro “ies” por las características que lo definen: injusto, insuficiente, ineficaz e ineficiente
Con la aparición del neoliberalismo, tercer modelo del capitalismo, las políticas económicas de la tributación y del presupuesto decrecen en las potencialidades mostradas por los hacendistas de la economía del bienestar. Son escasas y poco relevantes las aportaciones de los teóricos neoliberales sobre los fines de los tributos y del presupuesto, de sus mecanismos y sus efectos macroeconómicos. La suficiencia tributaria deja de ser un objetivo y el presupuesto un instrumento esencial de política macroeconómica. Los estados neoliberales aprueban sus presupuestos con déficit económicos y financieros, generando insuficiencia en los ingresos públicos tributarios que son cubiertos con deuda pública. El modelo tributario neoliberal lo podemos simbolizar como el de las cuatro “ies” por las características que lo definen: injusto, insuficiente, ineficaz e ineficiente.
La evolución de los objetivos tributarios de la reforma impositiva de 1977 en España.
El actual sistema tributario español deriva de la reforma tributaria de 1977 diseñada por el profesor Fuentes Quintana que fue ministro de Hacienda en el primer gobierno democrático. Esta reforma tuvo un efecto muy positivo para el desarrollo económico y social de nuestro país. En el “Informe del Sistema Tributario Español”, redactado en 1972, que fue el diseño del modelo impositivo de la reforma de 1977, se exponen por orden prioritario los siguientes objetivos de la reforma tributaria a emprender:
– La justicia tributaria.
– Favorecer el desarrollo.
– Mejorar la eficacia de la política fiscal estabilizadora.
– Configurar la estructura y dirigir la aplicación del sistema tributario de acuerdo con los principios de la técnica fiscal.
Es llamativo que en este Informe no se señala la suficiencia tributaria entre los fines perseguidos en la reforma diseñada. Exclusión que parece deberse al estar lograda como se acredita por la relevancia de los ingresos tributarios en los presupuestos: “En 1971 el presupuesto de ingresos era el 82,8% de tributos, el 16,0% de ingresos de tasas, patrimoniales y transferencias y el 1,1% de ingresos de capital”. En ese ejercicio de 1971 aún no se había producido la crisis del petróleo del 73 que produjo grandes desequilibrios macroeconómicos.
En 2010, 13 años después de nuestra reforma fiscal, el profesor Fuentes Quintana en su libro “La reforma fiscal y los problemas de la Hacienda Pública española” señala los efectos producidos por la misma: la explosión del gasto público, el rápido crecimiento de la presión fiscal, la presencia de un déficit público continuado, un aumento sustancial de la deuda pública acumulada y sus cargas financieras, la pérdida de eficacia de las limitaciones presupuestarias como elemento central de la actividad financiara y un proceso de importante descentralización del gasto público, con un creciente protagonismo de las haciendas autonómicas y locales.
El efecto dominó de la insuficiencia tributaria en España
Como efecto dominó la insuficiencia económica y financiera de nuestro sistema tributario ha quedado de manifiesta a partir del año 2008: secuencialmente la caída de los ingresos tributarios ha generado déficits presupuestarios económicos, déficits presupuestarios financieros, incremento desorbitante de la deuda pública y de su carga financiera y disminución cualitativa de los gastos sociales.
Disminución y ralentización en el crecimiento de los ingresos tributarios desde 2007
Evolución de los ingresos tributarios en términos corrientes
El gráfico de “Evolución de los ingresos tributarios”, (derechos liquidados/tributos puestos al cobro), evidencia la caída del total de los ingresos públicos de las administraciones públicas territoriales a partir del año 2007 con un montante de 284.785,3 millones de euros, sólo alcanzándose en el año 2017 el nivel de ese ejercicio, desarrollándose un pausado aumento con un leve descenso en 2020 motivado por la incidencia de la pandemia del COVID-19.
Los ingresos tributarios alcanzan el nivel de 2007 en la administración central en 2022, en las comunidades autónomas en 2011 y en la administración local en 2012. Las administraciones autónomas y locales a partir de esos años experimentan moderados aumentos.
Derechos liquidados de la Administraciones Públicas territoriales (Total sin consolidar). Millones de euros. Elaboración propia,
Evolución de los ingresos tributarios en términos constantes
Considerando en términos de ingresos tributarios constantes, actualizando los ingresos corrientes desde el 2007 según el aumento/disminución del IPC, el hito de ingresos tributarios de ese ejercicio sólo se consigue alcanzar su nivel en 2022
Derechos liquidados de la Administraciones Públicas territoriales (Total sin consolidar). Millones de euros. Elaboración propia,
Cobertura de los ingresos tributarios al presupuesto de gastos
El gráfico que representa la cobertura o el peso en tantos por ciento de los ingresos tributarios sobre los presupuestos de gastos muestra que a partir del ejercicio 2008 nuestro sistema tributario es anualmente más insuficiente financieramente para cubrir el total de gastos públicos. El total de las administraciones públicas territoriales no alcanza el nivel del año 2007, salvo las comunidades autónomas y las entidades locales.
Porcentaje de derechos tributarios sobre obligaciones netas liquidadas de la Administraciones Públicas territoriales (Total sin consolidar)
Fuente Ministerio de Hacienda. Elaboración propia
Los análisis económicos que a continuación vamos a realizar ponen de relieve la falacia informativa que se traslada a la opinión pública de que los presupuestos generales de las administraciones públicas se aprueban de forma saneada
Los déficits económicos presupuestarios.
La disminución de los ingresos tributarios en las administraciones territoriales origina unos desequilibrios económicos de gran importancia por no cubrir los ingresos los gastos públicos. Esos desequilibrios ingresos/gastos a partir del año 2008 y el insuficiente aumento, tras sus nivelaciones en las Comunidades Autónomas y en las Administraciones Locales ha producido en las cuentas públicas unos desequilibrios económicos generándose déficits presupuestarios de gran relevancia.
Los análisis económicos que a continuación vamos a realizar ponen de relieve la falacia informativa que se traslada a la opinión pública de que los presupuestos generales de las administraciones públicas se aprueban de forma saneada. Para crear esta entelequia se hace valer el cumplimiento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y la dura supervisión de las autoridades económicas de la Comunidad Europea para no incurrir en déficits presupuestarios. Con la ley citada se ha hecho permisible a las administraciones públicas territoriales, salvo en las entidades locales, incurrir en déficit presupuestarios económicos en los que los gastos superan a los ingresos públicos. La no prohibición de déficit económico anual es sustituida por el concepto “déficit estructural” como déficit ajustado al ciclo sin que el mismo termine de cerrarse se positivamente.
La medición del déficit público o presupuestario sobre el producto interior bruto del país es un indicador que carece de rigor técnico para calibrar la capacidad del Estado para cubrir las necesidades públicas y su fortaleza para atender su deuda pública. Pues la menor o mayor riqueza del país no puede representar o ser el correlato de la bondad económica y financiera de las Administraciones Públicas gestoras.
Saldo de operaciones no financieras
El saldo de operaciones no financieras evalúa el grado de cobertura de los ingresos no financieros sobre los gastos no financieros. Un saldo positivo es indicativo de superávits presupuestarios monetarios y un saldo negativo de déficits. Las operaciones no financieras están constituidas por los ingresos/gastos corrientes y las operaciones de capital (enajenación de inversiones y transferencias de capital recibidas/gastos en inversiones reales y transferencias de capital otorgadas)
En el gráfico de “Saldo de Operaciones no Financieras” se constata que hasta el ejercicio 2007 ha existido superávit (salvo 2003 y en una pequeña cuantía) entrando en años posteriores en una senda creciente de déficits presupuestarios en el total de las administraciones públicas territoriales, de las que hay que exceptuar a las administraciones locales que solo han incurridos en déficits presupuestarios de 2008 a 2011.
Derechos y obligaciones netas liquidadas de la Administraciones Públicas territoriales (Total sin consolidar). Fuente Ministerio de Hacienda. Elaboración propia
Ahorro neto de las liquidaciones presupuestarias
De los indicadores económicos legales existentes en España, el que mejor interpreta la capacidad presupuestaria de una administración pública es el “ahorro neto y neto”, establecido en artículo 53 del Real Decreto 2/2004 de Haciendas Locales. Tal es así que un resultado negativo en la liquidación presupuestaria de un año impide la concertación de préstamos a las entidades locales y les obliga a la elaboración de un plan de saneamiento de cuatro años. Tal prevención no está implantada en la Administración Central y en las CC.AA. Por ello, constataremos que las entidades locales tienen una senda de estabilidad presupuestaria al contrario que la administración central y las comunidades autónomas.
El ahorro neto es la diferencia de los ingresos corrientes y los gastos de personal, corrientes y de transferencias (ahorro bruto) minorados a su vez por los gastos de la carga financiera de la deuda (amortización de préstamos e intereses), resultando el ahorro neto.
En el gráfico de “Evolución del ahorro neto” se observa un importante desequilibrio económico a partir del 2008 en la Administración Central y en las Comunidades Autónomas, mostrando sus liquidaciones presupuestarias que carecen de los suficientes recursos económicos para hacer frente a sus gastos corrientes y a la carga financiera de la deuda. Por el contrario, las Entidades Locales reflejan en sus liquidaciones presupuestarias un saneamiento económico permanente.
Derechos y obligaciones netas liquidadas. En millones de euros.
Fuente: Ministerio de Hacienda. Elaboración propia
Los déficits financieros presupuestarios.
Los déficits económicos presupuestarios generan insuficiencias financieras para atender los gastos públicos.
Saldo de operaciones financieras
El saldo de operaciones financieras es un indicador que refleja la solvencia o insolvencia financiera de los presupuestos. Este indicador señala la necesidad o no necesidad de financiación externa para lograr un equilibrio en las cuentas públicas.
Esta magnitud se obtiene por diferencia entre los ingresos y gastos de los activos financieros (devolución de empréstitos otorgados y constitución de deuda pública) y los pasivos financieros (otorgamiento financiero a terceros y amortización de deuda pública).
Si el saldo de operaciones financieras es positivo mostrará que ha existido en términos netos una necesidad de financiación externa y al contrario un saldo negativo indicara un sobrante de financiación presupuestaria. Tal es así que un saldo negativo indicara la suficiencia financiera de los ingresos públicos al mostrar una disminución del endeudamiento financiero público.
El grafico siguiente de “Evolución de los saldos de operaciones financieras” refleja la inflexión que se ha producido en los mismos a partir del año 2008. De existir un exceso de financiación presupuestaria hasta el 2007 se ha generado en la Administración Central y en las Comunidades Autónomas una necesidad de financiación externa para cubrir los déficits económicos presupuestarios. La necesidad de financiación presupuestaria alcanza su máximo en 2009 con 108.502 millones de euros iniciando un proceso de descenso hasta el 2019 con 4.966 millones de euros, aumentado significativamente en 2020 y 2021 por la incidencia de la pandemia del COVID-19.
Derechos y obligaciones netas liquidadas. En millones de euros. Total sin consolidar.
Fuente: Ministerio de Hacienda. Elaboración propia
Evolución del endeudamiento público/pasivos financieros de ingresos
La secuencia de la disminución y ralentización de los ingresos tributarios, los déficits económicos presupuestarios y los déficits financieros presupuestarios han motivado que las administraciones públicas se hayan visto obligadas al acceso a los empréstitos financieros para cubrir el diferencial entre los gastos e ingresos públicos. El gráfico “Evolución de ingresos de pasivos financieros” señala el constante aumento de la concertación de financiación de empréstitos anuales.
De unos niveles inferiores a 51.000 millones de euros hasta 2007, las concertaciones de préstamos para cubrir los déficits de ingresos públicos se acrecientan aceleradamente en los posteriores ejercicios. Llegándose a hitos de 177.541 millones en 2009, 211.612 millones en 2012, 193.243 millones en 2015 y 258.732 millones de euros en 2020. De las tres administraciones territoriales la administración central es la que muestra el más acusado acceso al crédito financiero y la administración local prácticamente no requiere de una mayor financiación por encima de los niveles de 2007.
Derechos netos liquidados. En millones de euros. Total sin consolidar.
Fuente: Ministerio de Hacienda. Elaboración propia
Cobertura del endeudamiento en el presupuesto de gastos
El gráfico de cobertura de los ingresos de pasivos financieros sobre el total del presupuesto de gastos muestra como gradualmente el acceso a la deuda pública es anualmente más elevado en las liquidaciones presupuestarias. Representando el total de las administraciones públicas en 2007 un 11,2% para triplicarse prácticamente en 2023 con un 29,6%.
Porcentaje de derechos y obligaciones netas liquidadas. Total sin consolidar.
Fuente: Ministerio de Hacienda. Elaboración propia
Deuda pública acumulada y elevación de la carga financiera presupuestaria.
El recurrente acceso anual al crédito financiero para cubrir los déficits presupuestarios y financieros ha generado una muy elevada deuda pública acumulada y, en consecuencia, un aumento anual gradual de la carga financiera del endeudamiento para atender los intereses y amortización de la misma.
Evolución de la deuda pública acumulada
El gráfico “Evolución de la deuda pública acumulada” de las administraciones públicas territoriales es indicativo del muy acelerado aumento de la deuda financiera como consecuencia de los reiterados aumentos anuales del acceso a la financiación externa. De un nivel de 392.182 millones de euros en 2007 el volumen de la deuda pública de las administraciones públicas territoriales ha ido elevándose exorbitantemente hasta alcanzar un máximo de 1.461.296 millones de euros en 2023.
Fuente: Boletín Estadistico del Banco de España. Octubre 2023. En millones de euros
Evolución de la carga financiera de la deuda pública
El engrose de la deuda pública acumulada ha producido lógicamente un gradual aumento de la carga financiera de la misma al ser mayores los montantes anuales de las amortizaciones de pasivos e intereses. El gráfico de “Evolución de la carga financiera” señala la elevación de la misma de 72.152 millones de euros en 2007 a 175.688 en 2023.
Obligaciones netas liquidadas. En millones de euros, Total sin consolidar.
Fuente: Ministerio de Hacienda. Elaboración propia
La incidencia que se evidencia en el gráfico “Cobertura de la carga financiera en el presupuesto de gasto” muestra el continuado aumento del peso de la misma en los gastos totales del presupuesto. De un 16,7% que representaba la carga financiera en el total de gastos públicos liquidados en 2007 se ha elevado a un 23,9% en 2023. La mayor proporción de la carga financiera en el total de los gastos públicos implica un menor porcentaje de los demás gastos liquidados.
Porcentaje obligaciones netas liquidadas. Total sin consolidar.
Fuente: Ministerio de Hacienda. Elaboración propia
La incidencia en los Servicios Públicos de Carácter Preferente
El acrecentamiento de la carga financiera derivada de la deuda pública acumulada ha provocado la redistribución de las masas presupuestarias, repercutiendo en una menor proporción de las demás dentro del presupuesto total de gastos.
Este efecto de la redistribución de las masas presupuestarias se plasma en la estructura presupuestaria funcional que muestra en sus diferentes funciones “para que se gasta”. En esta estructura presupuestaria la función más identificadora del estado del bienestar es la 3 de “Producción de Bienes Públicos de Carácter Preferente”. Un análisis de la evolución de estos gastos públicos sociales refleja una disminución cualitativa y cuantitativa a partir del ejercicio 2008.
El gráfico “Servicios Públicos de Carácter Preferentes” muestra que el total de los gastos de los servicios de carácter preferentes experimentan un continuado aumento hasta el año 2009 (123.689,3 millones de euros) iniciandose un continuado descenso que solo se supera en el ejercicio 2020 (138.379,4 millones de euros), igualación que hay que atribuir a las mayores dotaciones en sanidad por la incidencia del COVID-19.
Obligaciones netas liquidadas. En millones de euros, Total sin consolidar.
Fuente: Ministerio de Hacienda. Elaboración propia
El gráfico “Servicos públicos de cerácter preferentes y carga financiera”, en su comparación indica:
– Que los gastos de los servicios públicos de carácter preferente superan a los la carga financieran hasta el año 2009 (123.389,3 y 61.389,8 millones de euros respectivamente en este ejercicio)
– Que a partir del 2009 ese diferencial va disminuyendo hasta el ejercicio 2013 en que se inicia una senda en que los gastos de la carga financiera de la deuda pública es mayor que los gastos de los servicios de carácter preferentes.
– En 2023, los servicios públicos de carácter preferentes se situán en 162.795,1 millones siendo supurados por la carga financiera de la deuda publica que alcanza 175.688,0 millones de euros.
Obligaciones netas liquidadas. En millones de euros, Total sin consolidar.
Fuente: Ministerio de Hacienda. Elaboración propia
En estas semanas, la Unión Europea está allanando el terreno para firmar el acuerdo comercial con los países del Mercosur (Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay) y otro acuerdo con México.
Esto se inscribe en la línea de las políticas neoliberales que blindan el control sobre la economía de las multinacionales y los fondos especulativos, en particular los gigantes de la agroindustria, la petroquímica y el sector automotriz.
Pero estos acuerdos tienen importantes impactos en la vida de la gente y en los ecosistemas, por lo que las organizaciones convocantes denunciamos la política comercial de la UE y los tratados de comercio que firma con terceros países, porque agravan la emergencia climática, la pobreza, el hambre, el desempleo y las desigualdades sociales. Así ha pasado con numerosos países de Asia, África y América Latina y también en Europa.
Hoy estamos delante del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación porque rechazamos el acuerdo entre la UE y los países del MERCOSUR. Y porque el ministro Planas es uno de los dirigentes políticos que más apoya este acuerdo, representando los intereses de las grandes empresas, que han hundido al campo, y no el interés general. Con su apoyo a un comercio devastador, el Gobierno de España pone en juego el futuro de la naturaleza, las bases para producir alimentos y nuestra salud. Se trata de un enésimo ataque a la soberanía alimentaria de los países, a los derechos laborales, a la viabilidad económica del trabajo en el sector agrícola en muchas regiones y a la salud de las comunidades.
El acuerdo entre la UE y Mercosur impulsaría, por ejemplo, el comercio de pesticidas prohibidos en la UE exportados a América Latina; tóxicos que vuelven como residuos en los alimentos importados. Esto perjudicaría a la salud de las personas que trabajan en la agricultura y de las consumidoras de ambos lados del Atlántico, a los pueblos originarios y a la biodiversidad, al tiempo que contribuye a la extinción masiva de flora y fauna.
En estos días, se celebra la Cumbre de los Pueblos en Belém, Brasil, coincidiendo con la COP30, señalando los causantes de la crisis climática como los acuerdos comerciales que incrementan los gases de efecto invernadero responsables del cambio climático. La evaluación sobre los impactos del acuerdo comercial UE-Mercosur reconoció que provocaría un aumento de la emisión de los gases contaminantes. La agricultura industrial y la deforestación son el motor de este incremento. Por tanto, este acuerdo comercial, es contrario a la legislación europea e internacional sobre el clima.
Si el acuerdo es perjudicial para el planeta ¿quién se beneficia? Los gigantes de la agroindustria -como Bayer-Monsanto, BASF y otros-, el mayor productor de carne del mundo, JBS, o los comerciantes de soja y maíz, Bunge y Cargill. Estas empresas tienen estrechos vínculos con partidos de extrema derecha en sus respectivos países, así como el apoyo financiero de conocidas entidades bancarias que solo ven en el sector de la alimentación como una fuente de seguir aumentando sus beneficios.
¿Quién sale perdiendo? La pequeña y mediana agricultura y ganadería, los pueblos indígenas y personas migrantes, las personas trabajadoras de la industria y los cuidados, la mayoría de pequeñas y medianas empresas, la economía social y solidaria y, en general, las mayorías sociales.
Pero la reivindicación de la justicia en el comercio va más allá del sector agrícola y de la cuestión de la calidad de los alimentos: es un reto social global, tanto en lo que respecta a los aspectos socioeconómicos como a los climáticos.
Desde hace mucho tiempo nos movilizamos en las calles de muchos países por el trabajo digno y justamente remunerado, los derechos humanos, los pueblos originarios y afrodescendientes, la salud pública, el bienestar animal, el acceso a una alimentación de calidad y la protección del medio ambiente.
Sin embargo, una y otra vez, las clases dirigentes blindan los intereses económicos y financieros que persiguen estos acuerdos comerciales.
Las campesinas y los campesinos, sindicalistas, activistas de organizaciones de solidaridad internacional y ecologistas, colectivos antirracistas, anticoloniales y en defensa de los pueblos originarios, científicas, artistas y la ciudadanía organizada, exigimos la regulación de los mercados internacionales y denunciamos las políticas del mal llamado «libre comercio» que deslocaliza las producciones agrarias, cierra el pequeño comercio y la industria de PYMES, privatiza los servicios públicos así como rebaja las normas sociales y medioambientales.
Esta acción se inscribe plenamente en la movilización social contra el genocidio en Palestina, contra los recortes en los servicios públicos, contra el negacionismo climático y en total solidaridad con las comunidades de los países del Sur global, también víctimas de los acuerdos de comercio y el despojo racista de las grandes empresas europeas y españolas.
Reivindicamos el derecho a unos ingresos dignos de las campesinas y los campesinos, la protección de la agricultura familiar y una alimentación sana y libre de agrotóxicos frente a la lógica del mercado y el dominio de las multinacionales.
Defendemos una verdadera democracia alimentaria y el apoyo a un modelo agrícola que proteja el futuro de las generaciones venideras y de nuestro planeta.
Impedir el acuerdo comercial UE-MERCOSUR abre una oportunidad para cuestionar estructuralmente este sistema económico injusto y sacar la agricultura y la alimentación de la lógica de los mercados.
Hacemos un llamamiento a todas las agricultoras y agricultores para que se rebelen contra estas políticas injustas aplicadas al sector agrícola.
Hacemos un llamamiento a todos los sindicatos para que se movilicen en defensa de una remuneración justa del trabajo, la desglobalización y la relocalización de una industria que funcione respetando los límites del planeta y con criterios de justicia social.
Hacemos un llamamiento a todas las organizaciones preocupadas por las cuestiones de solidaridad internacional, democracia, protección del medio ambiente y salud pública para que digamos claro y alto al Gobierno de España y al parlamento que NO queremos estos acuerdos de comercio que entierran cualquier atisbo de política pública de justicia social y ambiental.
Hacemos un llamamiento a toda la ciudadanía preocupada por la vivienda, el mundo rural, la educación, la sanidad, el transporte público, la cultura, la calidad de los alimentos y la salud a cuestionar el sistema económico.
Ante los colapsos mundiales, necesitamos más cooperación en lugar de comercio de productos nocivos.
¡Por una economía social y solidaria!
¡No más acuerdos de comercio e inversiones!
¡Los ingresos justos para quienes producen nuestra alimentación, junto con los derechos humanos, los derechos laborales, la igualdad real, el bienestar animal, el clima y la biodiversidad deben primar sobre los intereses económicos!
¡Sí a la soberanía alimentaria, la justicia climática y la solidaridad internacionalista!
Attac, Amigas de la Tierra, CGT, Ecologistas en Acción, Entrepueblos, Greenpeace, Justicia Alimentaria, Sindicato Labrego Galego (SLG).
Texto leído en la acción-performance realizada en Madrid, el 18 de noviembre de 2025.
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación se convierte en el escenario de una performance donde una pirámide de barriles derrama productos tóxicos sobre líderes políticos
Con esta acción, Attac, Amigas de la Tierra, CGT, Ecologistas en Acción, Entrepueblos, Greenpeace, Justicia Alimentaria y Sindicato Labrego Galego denuncian que el acuerdo comercial alimentará el colapso climático, el comercio de sustancias tóxicas y la injusticia social
Las organizaciones convocantes coinciden en sus demandas con la Confederación General de Cooperativas Agrarias
El apoyo del Gobierno español al acuerdo comercial contradice sus compromisos frente al cambio climático y los derechos humanos
Madrid (España), 18 de noviembre de 2025 – El Toxic Trade Tour, una protesta itinerante por diversas ciudades europeas contra el acuerdo comercial UE-Mercosur, ha hecho hoy escala en Madrid. Desde finales del pasado mes de octubre y hasta finales de noviembre, una coalición de organizaciones sociales y ambientales europeas coordinadas por la European Trade Justice Coalition, de la que forma parte la Coordinadora Europea de La Vía Campesina, Ecologistas en Acción o Greenpeace, están llevando a cabo esta protesta por diversos países de la UE para denunciar este acuerdo entre la Unión Europea y los países del bloque del Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay).
La protesta se ha celebrado en vísperas de que el Consejo de Asuntos Exteriores de la UE, previsto para el próximo 24 de noviembre, se reúna para tomar una decisión sobre el acuerdo. La firma formal podría tener lugar el 5 de diciembre en la cumbre del Mercosur en Brasil y se espera que la votación del Parlamento Europeo se celebre poco después.
“Este tratado comercial establece una relación tóxica entre la UE y los países del Mercosur, al perpetuar un modelo de relaciones internacionales de corte extractivista y neocolonial, consolidando una forma de globalización que destruye la naturaleza, pone en riesgo la salud y amenaza la pervivencia de culturas y economías locales a ambos lados del Atlántico. Por eso reclamamos al PSOE que no apoye la firma de este acuerdo y sea coherente con sus propias promesas electorales en esta materia”, han afirmado las organizaciones convocantes.
Dentro del Toxic Trade Tour, las organizaciones convocantes en el Estado español —Attac, Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción, Entrepueblos, Greenpeace, Justicia Alimentaria— (2) han realizado una performance en Madrid frente al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para señalar el apoyo del Gobierno español a la firma de este tratado. Durante la acción, han colocado una pirámide de barriles tóxicos ante el Ministerio, mientras que activistas con disfraces de responsables políticos (del presidente español Pedro Sánchez, la presidenta de la Comisión Europea Ursula Von der Leyen y el ministro de Agricultura español Luis Planas) han sido interpelados por el público sobre los riesgos que entraña este acuerdo comercial para el clima, la salud y la justicia social. Ante las respuestas esquivas o no creíbles de los políticos, estos han recibido una reprimenda en forma de ducha de productos tóxicos (3). Acto seguido, se ha leído un manifiesto (4) recordando la gran cantidad de colectivos de la sociedad civil y de lo sectores agrícolas afectados que se oponen a este acuerdo (5).
La semana pasada, la Confederación General de Cooperativas Agrarias de la Unión Europea (COPA-COPEGA) rechazó la firma de este acuerdo comercial denunciado los perjuicios sobre algunas producciones de los países de la UE (maíz, azúcar, carne de vacuno) y señalando también la incoherencia que supone que la UE permita la exportación de agrotóxicos prohibidos en la UE al tiempo que quiere permitir la entrada de materias primas y productos agrícolas con presencia de esas mismas sustancias tóxicas no autorizadas.
Un acuerdo comercial que traerá más emisiones y más pesticidas peligrosos
Según las organizaciones convocantes, “mientras en la COP30 en Belém se está hablando de la necesidad de una mayor ambición a la hora reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, los que negocian este acuerdo comercial caminan en la dirección contraria, incentivando un mayor flujo de productos y materias primas entre continentes, algunas de las cuales (como la soja o la carne de vacuno) están detrás de procesos de deforestación y gran cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero. Sin una reducción inmediata y profunda de las emisiones en todos los sectores será imposible limitar el calentamiento global a 1,5 ºC y evitar los peores efectos”.
Entre los graves problemas que lleva aparejado este acuerdo comercial, los movimientos sociales recuerdan que la Evaluación del Impacto sobre la Sostenibilidad (EIS), realizada a finales de 2020 por encargo de la Comisión Europea, calculó que este tratado comercial provocaría un aumento global de metano y óxido nitroso, así como un aumento de las emisiones de CO2 en la UE, Brasil y Argentina y un “aumento moderado general” de las emisiones de GEI en otros países del Mercosur.
Aunque el propio estudio señalaba que las emisiones derivadas de los cambios en el uso del suelo y la deforestación representan el 55 % de las emisiones de CO2 de Brasil y el 70 % de las de Paraguay, la consultora redactora de la evaluación admitió que estas proyecciones excluyen cualquier cálculo de las emisiones derivadas de los cambios en el uso del suelo y la deforestación.
«La evaluación del impacto social y ambiental de este acuerdo comercial ha sido un mero trámite. La política comercial de la UE no se puede construir escondiendo debajo de la alfombra la deforestación, producida por materias primas como la soja, la caña de azúcar o la producción de carne de vacuno, amén de modernas formas de trabajo esclavo, invasión de tierras indígenas y la vulneración de los derechos humanos”, han declarado las organizaciones.
Asimismo, en la declaración leída durante el acto, las entidades convocantes han recordado que una investigación de Greenpeace Alemania (5) encontró residuos de varios pesticidas en limas producidas en Brasil y vendidas dentro del mercado de la UE, a través del análisis en laboratorio de más de 50 muestras de limas compradas en supermercados y mercados mayoristas en Austria, Bélgica, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, España y Suecia.
Los pesticidas, entre ellos el herbicida glifosato y los insecticidas imidacloprid y cipermetrina, son fabricados en la UE y vendidos por empresas europeas en Brasil, uno de los principales países consumidores de plaguicidas del mundo. Más de la mitad de los pesticidas encontrados son considerados altamente peligrosos porque suponen un grave riesgo para la salud humana, los animales o el medio ambiente. El acuerdo UE-Mercosur propuesto eliminaría los aranceles sobre las exportaciones de plaguicidas de la UE a los países del Mercosur y reduciría el control en los alimentos importados, lo que significa que tanto el uso de pesticidas como sus efectos adversos aumentarían exponencialmente.
“Todo lo que rodea el acuerdo UE-Mercosur es tóxico. Primero, los gigantes de la industria química de la UE ya producen y exportan a Brasil sustancias tóxicas, algunas de las cuales ni siquiera están aprobadas para su uso dentro de la UE; y luego, la UE las reimporta en forma de residuos en los alimentos. Este acuerdo impulsará el comercio de pesticidas y potenciará este ciclo tóxico”, han concluído las entidades convocantes.
Apostaría a que la mayoría de las personas que lean este artículo no han oído hablar nunca de las «monedas estables» (stablecoins, en inglés), a pesar de que son una de las innovaciones financieras más importantes de los últimos tiempos y, sobre todo, a pesar de que su uso mal regulado entraña un gran peligro, como voy a tratar de explicar a continuación de la forma más clara y resumida posible.
¿Qué es una moneda estable?
Una moneda estable es un tipo de criptomoneda con una característica singular.
Como criptomoneda, una moneda estable es lo que hoy día se llama un token, es decir, algo sin soporte físico que representa un valor, como una ficha (token, en inglés) o un código. Su existencia se basa en algo inmaterial como un algoritmo (un conjunto de tareas u operaciones definidas para plantear o resolver algún problema) o una «cadena de bloques» (blockchain, en inglés) que es un gran conjunto de datos (una especie de gran libro de contabilidad digital) organizados en bloques entrelazados con operaciones complejas que le proporcionan seguridad.
Como todas las demás criptomonedas, las monedas estables son un activo (cualquier cosa en poder de alguien y que puede proporcionar rendimiento) de naturaleza digital, cuyo propietario tiene la clave para poder desbloquearlo y realizar así transacciones por un precio equivalente al que tenga en ese momento.
La característica singular de las monedas estables es que su precio no va a variar (de ahí su nombre). Eso es posible porque, a diferencia de lo que sucede con las demás criptomonedas -que depende de la oferta y demanda que de ellas haya en el mercado-, las monedas estables fijan su precio en relación con algún otro activo (una moneda oficial u otra criptomoneda) y lo mantienen siempre constante.
Para que eso sea posible, quien las emite (en principio, cualquier sujeto) crea al mismo tiempo herramientas de estabilización. Su funcionamiento es complejo y no lo voy a explicar aquí. Baste saber que pueden ser los llamados «activos de reserva» que se pueden ir canjeando en cualquier momento para asegurar que la moneda estable mantiene su valor, o bien algoritmos que automáticamente llevan a cabo operaciones de compra y venta para estabilizarlo.
Crecimiento vertiginoso
Aunque empezaron como algo anecdótico y de poco alcance, la expansión de estas monedas estables es hoy día extraordinaria. Según los datos que proporciona la plataforma Allium Labs, el valor total de las que están en circulación a primeros de octubre de 2025 era de 260.000 millones de dólares (según coingecko, 312.000 millones), 65 veces más que hace tan sólo 5 años. En los últimos doce meses se habrían utilizado para realizar 9.600 millones de transacciones por un valor total de 46,8 billones de dólares. De ser así (otras estimaciones dan valores más bajos) significa que casi triplican el valor de las realizadas con tarjetas Visa.
¿Para qué usar monedas estables?
Cuando se conoce la extraordinaria expansión de las monedas estables es inevitable que surja una pregunta: ¿qué sentido o interés tiene utilizarlas si están referenciadas en dólares o en cualquier otra moneda por un valor que no va a cambiar? Es decir, ¿no es lo mismo que usar estas monedas?
Podría decirse que se usan porque hoy día pueden ser más rápidas y menos costosas que las transacciones realizadas, por ejemplo, con tarjetas de crédito o débito. Aunque eso quizá no sea del todo exacto y sea una ventaja que seguramente desaparecería si estas últimas tuvieran que competir con las monedas estables, porque el retraso y las comisiones que cobran sólamente son el resultado de su poder de mercado y no de razones tecnológicas insuperables.
También se podría justificar su uso por la estabilidad, pero en su breve historia ya se ha podido comprobar que las monedas estables no son tan estables como dice su nombre. Ha habido un buen número de casos de desvinculación del dólar o de imposibilidad de liquidar. Sencillamente porque, como diré enseguida, carecen de garantía o de una institución que las respalde.
Igualmente, podría argumentarse que se utilizan pero básicamente en operaciones específicas y no en las transacciones comerciales más habituales. De hecho, su uso principal (90 %) es la compra y venta de criptomonedas y la realización de operaciones en las llamadas finanzas descentralizadas, es decir, las que se mueven al margen de la banca y la bolsa tradicionales. Pero la opinión generalizada es que su próxima e inmediata batalla será la de superar las dificultades que su utilización supone hoy día para el comercio generalizado y expandirse también entre las transacciones más convencionales.
Algunos economistas, como Paul Krugman, creen que esto último no tiene sentido: «No hay nada que se pueda hacer con ellas que no se pueda hacer de forma más económica y sencilla con tarjetas de débito, transferencias bancarias, etc. Es decir, ¿por qué no usar dólares en lugar de tokens que supuestamente están respaldados por dólares?».
El verdadero interés de las monedas estables
A pesar de las desventajas y limitaciones que acabo de señalar, la pregunta de Krugman tiene respuestas. Sí que hay razones por las que está interesando impulsar el crecimiento de las monedas estables, aunque no son las que habitualmente se están dando por quienes las defienden.
Por supuesto y en primer lugar, la que el propio Krugman señala: con las monedas estables se pueden hacer operaciones sin dejar rastro, puesto que su uso es completamente anónimo. Según un informe de Chainanalysis, el 60 % de las transacciones ilegales de criptomonedas (estafas, evasión fiscal y de controles de capital o blanqueo) y en el 80 % de todas las transacciones de criptomonedas por regímenes sancionados y grupos terroristas llevadas a cabo en 2023 se realizaron con monedas estables.
En segundo lugar, las monedas estables van a seguir expandiéndose porque lo desean las grandes corporaciones que dominan el mundo e imponen la agenda de los gobiernos porque serán ellas las que hagan un gran negocio creándolas a su antojo. Cuando las emitan, cuando creen sus propios medios de pago, podrán desentenderse (al menos, en muy gran medida) de las restricciones monetarias que establecen los bancos centrales o los gobiernos, crear sus propios medios de pago, y convertirse en auténticas entidades financieras, dando créditos y financiando a otros o a sí mismas, libremente y con rentabilidad. Además de tener una gran cantidad de datos e información personal de quienes las utilicen.
En tercer lugar, también están interesados en la utilización de las monedas estables quienes realizan remesas transfronteras de cierto valor (un 6 % del total de su uso) y gobiernos y empresas de países con alta inflación, divisas frágiles o inestables, y sistemas bancarios poco fiables. Aunque es cierto que otros, sin embargo, las rechazan precisamente por los motivos que señalo a continuación.
En cuarto lugar, no se puede olvidar que, hoy día, el 97,4% por las monedas estables está referenciado en dólares. Eso quiere decir que, en la práctica totalidad de los casos, disponer de monedas estables equivale a ser titular de un depósito en esa moneda; usar monedas estables vinculadas al dólar sería lo mismo, en realidad, que utilizar dólares.
Por tanto, es Estados Unidos quien está claramente interesado en que se incremente lo más posible la circulación de monedas estables, emitidas como he dicho por todo tipo de grandes empresas, porque eso es lo mismo que incrementar el uso del dólar cuando este, como ya es bien sabido, está siendo mucho menos deseado o incluso rechazado por muchos países. Fue el propio presidente Donald Trump quien reconoció expresamente en su orden ejecutiva de 23 de enero de 2025 que era política de su Administración «promover y proteger la soberanía del dólar de los Estados Unidos, incluso mediante acciones para promover el desarrollo y el crecimiento de monedas estables respaldadas por dólares legales y legítimas en todo el mundo».
Y con ese fin, Trump firmó el pasado18 de julio la llamada ley Genius (Ley de Orientación y Establecimiento de Innovación Nacional para Stablecoins de Estados Unidos) que había sido aprobada en el Senado y la Cámara de Representantes, no sólo con el voto republicano sino también con el de un buen número de legisladores demócratas.
Y es precisamente esta ley la que ha abierto la espita para que las monedas estables (como vía que Estados Unidos quiere utilizar para evitar su declive como potencia monetaria imperial) se conviertan en una bomba financiera de relojería. Entre otras, por las siguiente razones:
– La ley permite que las empresas emisoras de monedas de estables se conviertan en depositantes de fondos y de reservas que no van a estar asegurados de ninguna forma, a diferencia de lo que ocurre con los bancarios que lo están hasta 250.000 dólares, en Estados Unidos.
– El régimen regulatorio que establece para las monedas estables creadas por las grandes empresas es muy débil y no contempla los riesgos que conlleva lo anterior, ni medidas suficientes para evitarlos y hacerles frente.
– En lugar de impedirlo, la ley da amplios poderes a las autoridades para permitir que las empresas emisoras vendan derivados de las monedas estables y todo tipo de productos especulativos, difundiendo el riesgo por todo el sistema financiero.
– No se crea ningún fondo de seguro, ni prestamista de última instancia que pueda garantizar el reembolso si las monedas estables se encuentran con problemas. En realidad, más bien incentiva las quiebras, de modo que al menor problema los emisores se retirarán del mercado.
– No se establecen garantías para que la emisión de monedas estables se sostenga en tecnologías que permitan pagos rápidos, confiables, subsanables en caso de error, y capaces de operar con transacciones de gran volumen al mismo tiempo.
– Aunque la ley establece que los emisores de monedas estables no pueden proporcionar rendimiento a quienes las posean, lo cierto es que esa posibilidad no está claramente prohibida, y de hecho hay plataformas que lo proporcionan. Eso podría ser un mecanismo adicional de drenaje de fondos desde la banca tradicional que puede debilitarla extraordinariamente. A lo cual hay. que añadir que los emisores podrían utilizar la liquidez obtenida para depositarla en los bancos por cantidades superiores a las que están aseguradas, lo que igualmente agranda la vulnerabilidad del sistema financiero.
– Finalmente, la ley no contempla los riesgos que conlleva la gran concentración que se produce hoy día en el sector y la que igualmente habría incluso cuando las grandes empresas comiencen a emitirlas. Si en algún momento hubiera que rescatar a los emisores, lo que antes o después ocurrirá en las condiciones que acabo de señalar, sería extraordinariamente costoso hacerlo, pero no habrá manera de evitar rescatarlos porque se dirá, como en 2008 con los bancos, que son demasiados grandes para dejarlos caer.
Una irresponsabilidad que, eso sí, hace aún más ricos a los multimillonarios, empezando por Donald Trump
El impulso a las monedas estables con la regulación que está estableciendo Estados Unidos comporta un riesgo financiero muy grande y sistémico, porque cualquier crisis se extendería al conjunto de la economía. Su enorme expansión se asume sólo para tratar de evitar el inevitable declive del dólar por un procedimiento que, mientras tanto, dará enormes beneficios a las grandes corporaciones y a los ya multimillonarios.
Donald Trump, quien hasta poco se había mostrado muy enemigo de las criptomonedas, ha sido inteligente asumiendo que son un instrumento adecuado para aliviar el declive del dólar como moneda imperial. Lo ha aprovechado para convertir el apoyo legal que le presta su Administración en un gran negocio personal y familiar, creando algunas y especulando con información privilegiada. Según Forbes, su fortuna en criptomonedas ya supera todas las propiedades de su cartera inmobiliaria y puede haber ganado unos 1.000 millones de dólares en los últimos nueves meses.
No está solo. Según Henley & Partners y New World Wealth, en todo el mundo hay 450 personas con activos en criptomonedas por valor de más de 100 millones de dólares y 36 con más de 1.000 millones. Añadan a eso y háganse una idea de lo que ganarán, a las grandes empresas cuando comiencen a emitir en masa monedas estables.
Es para ellos para quien se pone en marcha un negocio colosal. Tan colosal como la crisis que traerá consigo cuando caiga sobre su base, construida sobre humo y especulación constantes, y que volverá a pagar el resto de la población. Salvo que la gente no se deje atontar, despierte, se entere de estas cosas, las difunda y se movilice para evitarlas.
Apostaría a que la mayoría de las personas que lean este artículo no han oído hablar nunca de las «monedas estables» (stablecoins, en inglés), a pesar de que son una de las innovaciones financieras más importantes de los últimos tiempos y, sobre todo, a pesar de que su uso mal regulado entraña un gran peligro, como voy a tratar de explicar a continuación de la forma más clara y resumida posible.
¿Qué es una moneda estable?
Una moneda estable es un tipo de criptomoneda con una característica singular.
Como criptomoneda, una moneda estable es lo que hoy día se llama un token, es decir, algo sin soporte físico que representa un valor, como una ficha (token, en inglés) o un código. Su existencia se basa en algo inmaterial como un algoritmo (un conjunto de tareas u operaciones definidas para plantear o resolver algún problema) o una «cadena de bloques» (blockchain, en inglés) que es un gran conjunto de datos (una especie de gran libro de contabilidad digital) organizados en bloques entrelazados con operaciones complejas que le proporcionan seguridad.
Como todas las demás criptomonedas, las monedas estables son un activo (cualquier cosa en poder de alguien y que puede proporcionar rendimiento) de naturaleza digital, cuyo propietario tiene la clave para poder desbloquearlo y realizar así transacciones por un precio equivalente al que tenga en ese momento.
La característica singular de las monedas estables es que su precio no va a variar (de ahí su nombre). Eso es posible porque, a diferencia de lo que sucede con las demás criptomonedas -que depende de la oferta y demanda que de ellas haya en el mercado-, las monedas estables fijan su precio en relación con algún otro activo (una moneda oficial u otra criptomoneda) y lo mantienen siempre constante.
Para que eso sea posible, quien las emite (en principio, cualquier sujeto) crea al mismo tiempo herramientas de estabilización. Su funcionamiento es complejo y no lo voy a explicar aquí. Baste saber que pueden ser los llamados «activos de reserva» que se pueden ir canjeando en cualquier momento para asegurar que la moneda estable mantiene su valor, o bien algoritmos que automáticamente llevan a cabo operaciones de compra y venta para estabilizarlo.
Crecimiento vertiginoso
Aunque empezaron como algo anecdótico y de poco alcance, la expansión de estas monedas estables es hoy día extraordinaria. Según los datos que proporciona la plataforma Allium Labs, el valor total de las que están en circulación a primeros de octubre de 2025 era de 260.000 millones de dólares (según coingecko, 312.000 millones), 65 veces más que hace tan sólo 5 años. En los últimos doce meses se habrían utilizado para realizar 9.600 millones de transacciones por un valor total de 46,8 billones de dólares. De ser así (otras estimaciones dan valores más bajos) significa que casi triplican el valor de las realizadas con tarjetas Visa.
¿Para qué usar monedas estables?
Cuando se conoce la extraordinaria expansión de las monedas estables es inevitable que surja una pregunta: ¿qué sentido o interés tiene utilizarlas si están referenciadas en dólares o en cualquier otra moneda por un valor que no va a cambiar? Es decir, ¿no es lo mismo que usar estas monedas?
Podría decirse que se usan porque hoy día pueden ser más rápidas y menos costosas que las transacciones realizadas, por ejemplo, con tarjetas de crédito o débito. Aunque eso quizá no sea del todo exacto y sea una ventaja que seguramente desaparecería si estas últimas tuvieran que competir con las monedas estables, porque el retraso y las comisiones que cobran sólamente son el resultado de su poder de mercado y no de razones tecnológicas insuperables.
También se podría justificar su uso por la estabilidad, pero en su breve historia ya se ha podido comprobar que las monedas estables no son tan estables como dice su nombre. Ha habido un buen número de casos de desvinculación del dólar o de imposibilidad de liquidar. Sencillamente porque, como diré enseguida, carecen de garantía o de una institución que las respalde.
Igualmente, podría argumentarse que se utilizan pero básicamente en operaciones específicas y no en las transacciones comerciales más habituales. De hecho, su uso principal (90 %) es la compra y venta de criptomonedas y la realización de operaciones en las llamadas finanzas descentralizadas, es decir, las que se mueven al margen de la banca y la bolsa tradicionales. Pero la opinión generalizada es que su próxima e inmediata batalla será la de superar las dificultades que su utilización supone hoy día para el comercio generalizado y expandirse también entre las transacciones más convencionales.
Algunos economistas, como Paul Krugman, creen que esto último no tiene sentido: «No hay nada que se pueda hacer con ellas que no se pueda hacer de forma más económica y sencilla con tarjetas de débito, transferencias bancarias, etc. Es decir, ¿por qué no usar dólares en lugar de tokens que supuestamente están respaldados por dólares?».
El verdadero interés de las monedas estables
A pesar de las desventajas y limitaciones que acabo de señalar, la pregunta de Krugman tiene respuestas. Sí que hay razones por las que está interesando impulsar el crecimiento de las monedas estables, aunque no son las que habitualmente se están dando por quienes las defienden.
Por supuesto y en primer lugar, la que el propio Krugman señala: con las monedas estables se pueden hacer operaciones sin dejar rastro, puesto que su uso es completamente anónimo. Según un informe de Chainanalysis, el 60 % de las transacciones ilegales de criptomonedas (estafas, evasión fiscal y de controles de capital o blanqueo) y en el 80 % de todas las transacciones de criptomonedas por regímenes sancionados y grupos terroristas llevadas a cabo en 2023 se realizaron con monedas estables.
En segundo lugar, las monedas estables van a seguir expandiéndose porque lo desean las grandes corporaciones que dominan el mundo e imponen la agenda de los gobiernos porque serán ellas las que hagan un gran negocio creándolas a su antojo. Cuando las emitan, cuando creen sus propios medios de pago, podrán desentenderse (al menos, en muy gran medida) de las restricciones monetarias que establecen los bancos centrales o los gobiernos, crear sus propios medios de pago, y convertirse en auténticas entidades financieras, dando créditos y financiando a otros o a sí mismas, libremente y con rentabilidad. Además de tener una gran cantidad de datos e información personal de quienes las utilicen.
En tercer lugar, también están interesados en la utilización de las monedas estables quienes realizan remesas transfronteras de cierto valor (un 6 % del total de su uso) y gobiernos y empresas de países con alta inflación, divisas frágiles o inestables, y sistemas bancarios poco fiables. Aunque es cierto que otros, sin embargo, las rechazan precisamente por los motivos que señalo a continuación.
En cuarto lugar, no se puede olvidar que, hoy día, el 97,4% por las monedas estables está referenciado en dólares. Eso quiere decir que, en la práctica totalidad de los casos, disponer de monedas estables equivale a ser titular de un depósito en esa moneda; usar monedas estables vinculadas al dólar sería lo mismo, en realidad, que utilizar dólares.
Por tanto, es Estados Unidos quien está claramente interesado en que se incremente lo más posible la circulación de monedas estables, emitidas como he dicho por todo tipo de grandes empresas, porque eso es lo mismo que incrementar el uso del dólar cuando este, como ya es bien sabido, está siendo mucho menos deseado o incluso rechazado por muchos países. Fue el propio presidente Donald Trump quien reconoció expresamente en su orden ejecutiva de 23 de enero de 2025 que era política de su Administración «promover y proteger la soberanía del dólar de los Estados Unidos, incluso mediante acciones para promover el desarrollo y el crecimiento de monedas estables respaldadas por dólares legales y legítimas en todo el mundo».
Y con ese fin, Trump firmó el pasado18 de julio la llamada ley Genius (Ley de Orientación y Establecimiento de Innovación Nacional para Stablecoins de Estados Unidos) que había sido aprobada en el Senado y la Cámara de Representantes, no sólo con el voto republicano sino también con el de un buen número de legisladores demócratas.
Y es precisamente esta ley la que ha abierto la espita para que las monedas estables (como vía que Estados Unidos quiere utilizar para evitar su declive como potencia monetaria imperial) se conviertan en una bomba financiera de relojería. Entre otras, por las siguiente razones:
– La ley permite que las empresas emisoras de monedas de estables se conviertan en depositantes de fondos y de reservas que no van a estar asegurados de ninguna forma, a diferencia de lo que ocurre con los bancarios que lo están hasta 250.000 dólares, en Estados Unidos.
– El régimen regulatorio que establece para las monedas estables creadas por las grandes empresas es muy débil y no contempla los riesgos que conlleva lo anterior, ni medidas suficientes para evitarlos y hacerles frente.
– En lugar de impedirlo, la ley da amplios poderes a las autoridades para permitir que las empresas emisoras vendan derivados de las monedas estables y todo tipo de productos especulativos, difundiendo el riesgo por todo el sistema financiero.
– No se crea ningún fondo de seguro, ni prestamista de última instancia que pueda garantizar el reembolso si las monedas estables se encuentran con problemas. En realidad, más bien incentiva las quiebras, de modo que al menor problema los emisores se retirarán del mercado.
– No se establecen garantías para que la emisión de monedas estables se sostenga en tecnologías que permitan pagos rápidos, confiables, subsanables en caso de error, y capaces de operar con transacciones de gran volumen al mismo tiempo.
– Aunque la ley establece que los emisores de monedas estables no pueden proporcionar rendimiento a quienes las posean, lo cierto es que esa posibilidad no está claramente prohibida, y de hecho hay plataformas que lo proporcionan. Eso podría ser un mecanismo adicional de drenaje de fondos desde la banca tradicional que puede debilitarla extraordinariamente. A lo cual hay. que añadir que los emisores podrían utilizar la liquidez obtenida para depositarla en los bancos por cantidades superiores a las que están aseguradas, lo que igualmente agranda la vulnerabilidad del sistema financiero.
– Finalmente, la ley no contempla los riesgos que conlleva la gran concentración que se produce hoy día en el sector y la que igualmente habría incluso cuando las grandes empresas comiencen a emitirlas. Si en algún momento hubiera que rescatar a los emisores, lo que antes o después ocurrirá en las condiciones que acabo de señalar, sería extraordinariamente costoso hacerlo, pero no habrá manera de evitar rescatarlos porque se dirá, como en 2008 con los bancos, que son demasiados grandes para dejarlos caer.
Una irresponsabilidad que, eso sí, hace aún más ricos a los multimillonarios, empezando por Donald Trump
El impulso a las monedas estables con la regulación que está estableciendo Estados Unidos comporta un riesgo financiero muy grande y sistémico, porque cualquier crisis se extendería al conjunto de la economía. Su enorme expansión se asume sólo para tratar de evitar el inevitable declive del dólar por un procedimiento que, mientras tanto, dará enormes beneficios a las grandes corporaciones y a los ya multimillonarios.
Donald Trump, quien hasta poco se había mostrado muy enemigo de las criptomonedas, ha sido inteligente asumiendo que son un instrumento adecuado para aliviar el declive del dólar como moneda imperial. Lo ha aprovechado para convertir el apoyo legal que le presta su Administración en un gran negocio personal y familiar, creando algunas y especulando con información privilegiada. Según Forbes, su fortuna en criptomonedas ya supera todas las propiedades de su cartera inmobiliaria y puede haber ganado unos 1.000 millones de dólares en los últimos nueves meses.
No está solo. Según Henley & Partners y New World Wealth, en todo el mundo hay 450 personas con activos en criptomonedas por valor de más de 100 millones de dólares y 36 con más de 1.000 millones. Añadan a eso y háganse una idea de lo que ganarán, a las grandes empresas cuando comiencen a emitir en masa monedas estables.
Es para ellos para quien se pone en marcha un negocio colosal. Tan colosal como la crisis que traerá consigo cuando caiga sobre su base, construida sobre humo y especulación constantes, y que volverá a pagar el resto de la población. Salvo que la gente no se deje atontar, despierte, se entere de estas cosas, las difunda y se movilice para evitarlas.
Por Anne Brorhilker, publicado originalmente para ctxt.
La imprescindible serieEl dinero de otros (Filmin) ha devuelto a la actualidad un escándalo enorme, y enormemente silenciado en España (incluida esta revista). Conocido como el Caso Cum-Ex, fue urdido por más de un centenar de bancos, docenas de despachos de abogados, fondos de inversión e intermediarios financieros, y salpicó a políticos de primera línea, como el excanciller alemán Olaf Scholz. La exfiscal de Colonia Anne Brorhilker, que investigó el asunto desde 2013 hasta el año pasado, calculó que esa trama global de lavado de dividendos estafó a las agencias tributarias europeas más de 150.000 millones de euros en 20 años. El saqueo organizado de las arcas públicas consistía en que los bancos reclamaban a distintas Haciendas europeas el reembolso de los impuestos sobre beneficios de sus clientes (que permanecían en el anonimato), asegurando que lo habían pagado ya en otro país, y las agencias tributarias devolvían el dinero sin rechistar porque no podían comprobar quiénes eran esos clientes y si realmente habían pagado o no el impuesto en otro lugar. En España, el principal investigado fue el Santander. En 2014, Brorhilker comunicó al banco la apertura de una investigación penal contra diez exempleados y “altos responsables” del grupo, entre ellos Stephen Woodhead, jefe del departamento de Short term equity trading (ventas en corto de acciones) en Londres. Sin embargo, el exfiscal anticorrupción Luis Rodríguez Sol, miembro del Opus Dei, se negó en 2018 a ordenar el registro de la ciudad financiera de Boadilla solicitado por la fiscal de Colonia. La acusación mantuvo que, dada la magnitud de las transacciones y préstamos concedidos para ejecutar las operaciones fraudulentas, que asciende a unos 18.000 millones, el fraude debió ser conocido necesariamente por la alta dirección del grupo. CTXT rescata ahora esta conferencia pronunciada en mayo de 2025 por Anna Brorhilker, que dejó la fiscalía en 2024 y hoy trabaja en Finanzwende, una ONG especializada en perseguir y denunciar la evasión fiscal.
Hola a todos.
100.000 millones de euros: esa es la estimación de los daños causados por la evasión fiscal cada año en Alemania. Son 270 millones de euros al día, 11 millones de euros a la hora. Y mientras os cuento esto, ya han vuelto a desaparecer 100.000 millones de euros solo con las operaciones Cum-Ex y Cum-Cum, de las que me he ocupado intensamente durante años y que han causado miles de millones en daños. Son términos que se utilizan en el sector financiero. No se trata del comercio clásico de acciones, sino de un comercio escenificado con el único fin de ganar dinero a través de beneficios fiscales, ya sea pagando menos impuestos de los que realmente se deberían pagar –lo que se denomina Cum-Cum–, u obteniendo devoluciones de impuestos que antes ni siquiera se han pagado, el Cum-Ex.
Según el profesor Spengel, de la Universidad de Mannheim, Cum-Ex ha causado un perjuicio fiscal en Alemania de unos 10.000 millones de euros mientras que el Cum-Cum ha provocado incluso casi el triple, estimado en 28.500 millones de euros. Estas cifras son estimaciones muy prudentes. Todo ese dinero nos vendría muy bien. Al fin y al cabo, el último Gobierno se rompió por los debates sobre el presupuesto y el nuevo gobierno se enfrenta más o menos al mismo problema.
Necesitamos el dinero para todo: para educación, infraestructuras y también para mejorar la cohesión de nuestra sociedad. Y con 100.000 millones de euros más en las arcas cada año, la situación mejoraría considerablemente.
Por lo tanto, se podría pensar que existe un gran interés político en poner fin a este robo fiscal, pero, lamentablemente, la realidad es muy diferente. Si nos preguntamos si estamos haciendo algo para evitar que se robe descaradamente a nuestras arcas fiscales, la respuesta es: bueno, no tanto.
Esta es una frase con la que me gusta que me citen y que es absolutamente cierta en el ámbito de los delitos económicos graves: se atrapa a los pequeños y se deja escapar a los grandes. Y esto no se basa solo en mi experiencia personal, sino que también nos lo dice la investigación criminológica. La investigación y el enjuiciamiento de los delitos económicos son difíciles. De hecho, una parte considerable de los procedimientos penales se archiva. Solo una de cada veinte acusaciones, solo uno de cada veinte casos llega a ser juzgado. Y este insatisfactorio y delicado hallazgo, desde el punto de vista del Estado de derecho, refleja la asimetría entre las autoridades judiciales y los acusados.
¿Qué consecuencias tiene esto para nosotros? La delincuencia económica nos perjudica en muchos aspectos. En primer lugar, por los enormes daños al presupuesto. Recordemos que 100.000 millones de euros escapan cada año de las arcas del Estado. En segundo lugar, la delincuencia económica también perjudica a la economía en general, ya que los delincuentes utilizan métodos delictivos para obtener ventajas competitivas y alterar artificialmente los precios, por ejemplo, mediante el trabajo en negro. Lo mismo ocurre con las estafas fiscales. En ellas siempre hay una empresa que no paga impuestos y, por lo tanto, pueden ofrecer productos más baratos que el resto del mercado, los empresarios honestos.
100.000 millones de euros escapan cada año de las arcas del Estado
Si el Estado no interviene ni controla, los empresarios honestos y también las personas honestas dejan de ser competitivas y, por lo tanto, se las considera tontas.
Fotograma de la miniserie alemana El dinero de otros (Loose y Munk, 2025).
Si el Estado no actúa con la misma firmeza contra la evasión fiscal grave que, por ejemplo, contra el fraude en las cotizaciones sociales, entonces, en tercer lugar, puede dar la impresión de que se está aplicando un doble rasero. Y todo ello daña la confianza en el Estado de derecho y, por cierto, también tiene un efecto negativo en la llamada honestidad fiscal o la moral fiscal. Porque si ya nadie respeta las normas y el Estado tampoco interviene, esta moralidad seguirá disminuyendo.
Pero, ¿a qué se debe realmente esa actitud? Se debe principalmente a la enorme influencia política del lobby financiero. Por lobby financiero nos referimos a los bancos, los fondos, las aseguradoras y sus grupos de interés. Siempre se nos describe como una nación de automóviles. Por eso, personalmente creía que el lobby del automóvil era el más poderoso de Alemania. Sin embargo, está muy por detrás del lobby financiero. En Alemania existe desde hace tres años un registro de lobbies. Cada año lo miramos y lo evaluamos en Finanzwende. Y ahí se ve claramente que el lobby financiero ocupa el primer lugar cada año. También este año, 10 de las 100 entradas más poderosas del registro de grupos de presión proceden de bancos, fondos, bancos de inversión, aseguradoras y la industria financiera. Cada año gastan casi 40 millones de euros en actividades de presión, lo que supone más que el automóvil y el lobby químico juntos. Hay 442 lobistas, que se traduce en casi diez individuos por cada miembro de la comisión de finanzas del Bundestag. Y, por supuesto, estos grupos de presión saben exactamente qué historias deben contar para poder imponer sus intereses. Y no solo les cuelan sus historias a los políticos, sino que también las difunden al público a través de los medios.
He traído algunos ejemplos, otra vez relativos a las operaciones Cum-Ex. Vuelvo a recordar que se trata de una estafa fiscal ilegal que nos ha costado a todos unos 10.000 millones de euros. En 2014, los medios de comunicación las describían como un vacío legal, una zona gris. ¿Qué sugiere esa formulación? Pues que existe una laguna que se puede aprovechar y que el propio legislador es el culpable si, como se afirmaba, elabora leyes descuidadas.
Veamos ahora un artículo del Frankfurter Allgemeine Zeitung, de 2019, que presenta una historia sobre impuestos, algo sobre lo que he trabajado mucho como fiscal. Al parecer, aquí no cuenta mucho el sentido común. ¿Qué significa esto? Bueno, en realidad es bastante evidente que no se pueden reclamar impuestos que no se han pagado. Y esto, que es evidente, se pretende descalificar como si fuera una conclusión tonta. El mensaje que hay detrás es que todos aquellos que no sean abogados fiscalistas deben mantenerse al margen de esta discusión y no deberían atreverse a tener su propia opinión.
Se trata de un artículo en el que uno de los principales responsables de operaciones Cum-Ex habla directamente y nos cuenta que ha sido víctima de una persecución política, es decir, víctima de la arbitrariedad del Estado.
Lo cierto es que dos tribunales diferentes lo condenaron a largas penas de prisión. Los recursos contra estas sentencias tampoco han tenido éxito. Lo mismo ocurre con el resto de narrativas sobre las Cum-Ex. Lagunas legales, arbitrariedad estatal, criminalización: nada de eso era cierto. Todos los tribunales superiores de Alemania han decidido de manera unánime que estas operaciones Cum-Ex son ilegales y, entretanto, se han dictado muchas condenas a largas penas de prisión.
Los grupos de presión han comprendido que gana quien impone su narrativa a la opinión pública
Todas estos artículos de prensa, que en realidad fueron muchos, no eran fruto de una casualidad, sino de una estrategia deliberada. Se denomina comunicación jurídica estratégica o relaciones públicas de litigio (litigación PR). Y los grupos de presión han comprendido que gana quien impone su narrativa a la opinión pública porque entonces puede influir en las fiscalías, los tribunales y la jurisprudencia, ya que los fiscales y los jueces leen los periódicos y son influenciados por ellos.
Qué suerte que las Cum-Ex no funcionaran a pesar del revuelo mediático y los autores pudieron ser llevados ante la justicia y condenados y, entretanto, se han podido reclamar más de tres millones de euros en impuestos Cum-Ex obtenidos ilegalmente. Esto demuestra que todos tenemos la responsabilidad de cuestionar este tipo de narrativas.
Vamos a examinarlo más detenidamente. La comunicación jurídica estratégica utiliza básicamente tres métodos. En primer lugar, la trivialización del problema: laguna legal, zona gris, trampa. A menudo se decía sobre las Cum-Ex que se trataba de unos pocos actores que se habían vuelto locos. Pero, de hecho, existe una auténtica industria Cum-Ex. El efecto de esta trivialización es subestimar el problema, que no se aborda. En segundo lugar, está la cuestión del sentido común, que supuestamente no cuenta, porque todos los que no son abogados fiscalistas deben mantenerse al margen de este debate. En definitiva, esto impide el debate público. Y, en tercer lugar, se le da la vuelta a la culpa presentando a los autores como víctimas de la voluntad del Estado. Se dice que el Estado es el único culpable y que todo es una persecución política. ¿Quién nos está robando exactamente? Entonces, ¿quiénes son realmente las personas que están cometiendo estos hechos?
Fotograma de la miniserie alemana El dinero de otros (Loose y Munk, 2025).
Echemos primero un vistazo a los resultados de la investigación criminal. Según esta, los delincuentes económicos son llamativamente discretos. Es decir, detrás de ellos no encontramos historias de hogares rotos, sino trayectorias totalmente normales. Son en su mayoría hombres, no llamaron la atención en su juventud, no tienen antecedentes penales y, en su mayoría, tienen una buena educación y varios años de formación. Muchos de ellos han tenido carreras profesionales realmente exitosas. Y, sí, en general no pertenecen a las clases desfavorecidas de la sociedad, no tienen necesidades existenciales, por lo que su actividad se denomina “delincuencia de cuello blanco”.
Este tipo de delincuentes suelen culpar al Estado y no se consideran a sí mismos infractores
¿Cómo piensan estos delincuentes económicos? Esto queda claro, por ejemplo, en una escena de la última serie sobre las Cum-Ex de la ZTF, titulada El dinero de otros, en la que dos delincuentes de las Cum-Ex se enfadan porque un compañero suyo hace una barbacoa de okapi [una especie que se encuentra en peligro de extinción]. El colega no tiene conciencia de estar haciendo nada malo. Pero ellos tampoco la tienen cuando se trata de sus propias Cum-Ex, con las que han causado daños por valor de cientos de millones. Por lo tanto, es un comportamiento muy típico de los delincuentes, como nos dice también la investigación criminal. Porque las confesiones de los delincuentes económicos son muy poco frecuentes. Este tipo de delincuentes suelen culpar al Estado o a otros, no se consideran a sí mismos infractores y, por lo general, no comprenden lo que pasa. Todo esto lo dice la investigación, y yo también puedo confirmar desde mi experiencia que es así.
En segundo lugar, también me ha llamado la atención que a menudo muestran reacciones muy emocionales y suelen verse a sí mismos como víctimas. Y si algo he aprendido como fiscal es que el grado de emotividad no permite sacar conclusiones sobre si la declaración es cierta o falsa.
En principio, sorprende que los autores de este tipo de delitos, con un bagaje que en realidad los capacita para distinguir entre el bien y el mal, se conviertan en delincuentes. Y la investigación criminal menciona aquí una razón principal. Es el proceso de racionalización, que también se podría llamar autojustificación. Es decir, el delincuente necesita una justificación interna para su acto delictivo, para mantener su estabilidad psíquica y amortiguar los sentimientos de culpa. Y debo decir que, en la práctica, funciona muy bien.
En la Fiscalía de Colonia no pudimos hacer registros a bancos durante años porque no teníamos suficientes investigadores
Bien, esto por el lado de los autores. Veamos ahora el otro lado, el lado de las autoridades responsables de la delincuencia económica. Se trata, por ejemplo, de las fiscalías, de las oficinas de Hacienda, la policía y también los tribunales. Estas están bastante mal preparadas en el ámbito de la delincuencia económica porque adolecen de diversos problemas estructurales. No se trata de algo que afecte a una sola administración, sino de problemas estructurales. En primer lugar, cabe mencionar la escasez de personal. Hay muy pocos agentes de policía, fiscales, inspectores fiscales y auditores trabajando en este ámbito. Las autoridades no destinan suficiente personal. Por ejemplo, en la Fiscalía de Colonia no pudimos hacer registros a bancos durante años porque no teníamos suficientes investigadores. Solo después de un aumento significativo del personal, que no se produjo hacia 2021, fue posible. Entonces procedimos a registrar aproximadamente un banco al mes con una plantilla de unas cien personas. Fue un esfuerzo logístico enorme. Pero si no se dispone de estos compañeros, no se pueden registrar bancos, y entonces tampoco hay resultados.
En segundo lugar, la formación práctica es insuficiente. Como fiscal especializada en delitos económicos, o como agente de policía hay que aprender sobre la marcha. Y el problema es que tampoco hay mucha formación. Primero, porque también falta personal para ello y, segundo, porque la mayoría de las veces simplemente no hay dinero. Y eso, por supuesto, hace que la formación y, posteriormente, la investigación sean increíblemente largas.
Tercer problema: la elevada fluctuación o rotación del personal. Para las carreras en la administración pública es importante haber probado un poco de todo. A esto se le llama amplitud de funciones. Por el contrario, la experiencia en áreas específicas no suele ser importante. Pero si el personal cambia constantemente en un área en la que se necesita más tiempo para familiarizarse, esto impide precisamente adquirir conocimientos especializados, lo que hace que las investigaciones sean muy lentas e ineficaces.
Por volver a citar el ejemplo de nuestras investigaciones, necesitábamos fácilmente dos años para poder actuar. Antes de hacerlo, teníamos que intentar entender cómo se hacían las trampas bursátiles, cómo operaban los traders, cómo codificaban los operadores bursátiles para luego evaluar las pruebas. Pero en ese tiempo tan largo, muchos compañeros ya habían sido trasladados a otros departamentos y sustituidos por otros.
Los equipamientos de las autoridades suelen estar obsoletos y poco digitalizados
Los equipamientos de las autoridades suelen estar obsoletos y poco digitalizados. Por ejemplo, en 2014 tuve que escribir 280 solicitudes de órdenes de registro e imprimirlas. Tenían 25 páginas y había que traducirlas, así que eran unas 50 páginas. Pero yo, como fiscal normal, solo tenía una pequeña impresora de mesa, una de esas que imprimía unas cinco páginas por hora, y en toda la Fiscalía no teníamos ninguna otra impresora ni red de impresoras. Así que 280 por 25 simplemente no era posible. La única solución era pedirle a la Oficina Regional de Investigación Criminal que me dejara usar su impresora. Tenían exactamente una y me dejaron usarla, así que pasé 14 días en el trastero e imprimí todo lo que pude. Así que ahí se ve, ¿no?, que el equipamiento también es importante para poder investigar.
Otra vez, estaba registrando un banco junto a otros colegas. Esto fue en los primeros tiempos de las Cum-Ex, cuando aún no teníamos mucho personal, y resultó que teníamos que descargar el disco duro. Se trataba de grandes cantidades de datos y me dijeron que no se podía llevar a cabo porque no teníamos suficiente espacio de almacenamiento. Así que allí estábamos, en el banco, y el banco nos dijo que estaban las pruebas, pero nosotros no podíamos asegurarlas. Y ese problema solo se pudo resolver porque, aunque estábamos en otra ciudad, contábamos con el apoyo de otros colegas de otras agencias, que pudieron guardarlo. En el peor de los casos habríamos tenido que retirarnos. Yo por ejemplo, tampoco tuve, durante años, la posibilidad de hacer videoconferencias porque simplemente no había sistemas de videoconferencia en la Fiscalía y tenía que preguntar a los abogados si me dejaban utilizar sus equipos en sus bufetes, lo cual era un poco embarazoso y poco profesional. De esta manera, podemos ver lo mucho que obstaculiza una investigación no tener buenos equipos.
Cada una de las agencias tenía diferentes requisitos. Una solo podía usar Skype, otra tenía prohibido usar Skype y un tercero tenía Teams
Otro obstáculo para las investigaciones es que la protección de datos es un problema, porque las autoridades en Alemania no tienen una infraestructura informática uniforme. Casi cada agencia tiene su propio responsable de protección de datos y estos toman decisiones muy diferentes. Por ejemplo, yo tuve que tratar con muchas autoridades diferentes en varios estados federales, tanto en negociaciones fiscales, que están en el departamento de Finanzas, como con la policía, que está en el departamento del Interior, y todos tenían requisitos diferentes. Por ejemplo, uno solo podía enviar correos electrónicos cifrados, otro no podía enviar correos electrónicos cifrados. Es decir, no se podía enviar un correo electrónico a todos si querías hablar con ellos. En otros casos querías hacer una videoconferencia y cuando ya por fin tuvimos un sistema, cada una de las agencias tenía diferentes requisitos. Una solo podía usar Skype, otra tenía prohibido usar Skype y un tercero tenía Teams. Es decir, no era posible. Son cosas básicas, y si las autoridades no pueden comunicarse entre sí, entonces simplemente no se puede hacer el trabajo.
Por lo tanto, es realmente urgente que la estructura federal se organice de otra manera.
Cooperación
El siguiente problema es que no existe una cultura de cooperación entre las distintas autoridades. Aunque, sobre el papel, pueden intercambiar información, en la práctica no lo hacen. Suele imperar una cultura de aislamiento y de “cada uno por su lado”. No se debe divulgar nada al exterior, no se debe hablar de los problemas. Y eso es algo que se aprende desde el principio en la administración. Yo lo aprendí muy pronto, cuando me atreví a hacerlo siendo una joven fiscal. Estaba en la Fiscalía de Colonia y teníamos un problema que nadie podía resolver y me atreví a llamar a la Fiscalía de Düsseldorf, porque pensé que tal vez ellos tendrían alguna idea. Y me metí en un buen lío, porque se consideraba más importante no divulgar nada que resolver el problema. Y este problema de que las autoridades no colaboran de forma confiada ya lo ha criticado, por ejemplo, el Tribunal Federal de Cuentas.
En las investigaciones excepcionales también hay un gran problema en la cooperación. Hay que poner en marcha procedimientos de asistencia judicial formalizados y muy burocráticos. Es decir, se pide a otros Estados que lleven a cabo la investigación en su territorio, y ahí el entusiasmo suele ser limitado, porque ellos también están sobrecargados de trabajo. Todo el proceso es muy largo y puede durar años. En nuestro caso, emprendimos esa tarea, una búsqueda por todo el mundo, en 2014 y tuvimos que esperar hasta 10 años en algunos casos para obtener respuesta. Porque la delincuencia no se limita a las fronteras alemanas. Precisamente la delincuencia económica suele estar organizada a nivel internacional. En nuestro caso, en el centro financiero de Londres. Y eso significa que siempre hay que buscar asistencia jurídica en esos Estados. Todo eso es muy lento y supone un verdadero obstáculo para las investigaciones. A esto se suma que los bancos, las grandes empresas y las consultoras ya casi no trabajan con papel, sino que están completamente digitalizados y ya no almacenan sus datos en Alemania, sino, por ejemplo, en servidores en el Reino Unido o en los Países Bajos. Entonces, si quieres inspeccionar a esos bancos y empresas aquí en Alemania o incluso registrarlos, te encuentras con que no hay nada. No hay un papel ni un registro de datos. Es decir, hay que realizar estas largas solicitudes de asistencia judicial y las inspecciones e investigaciones pueden prolongarse durante años. Y entonces surge otro problema con las estadísticas, porque para esclarecer casos especialmente graves, que están ocultos, se necesita más tiempo. En esas investigaciones en el extranjero necesitas conocer la delincuencia organizada internacional. Sin embargo, en esas estadísticas, en el cálculo de las necesidades de personal de fiscalías y tribunales no se reflejan porque las autoridades a menudo no tienen ningún interés en realizar un trabajo que no se refleja en las estadísticas. Y mientras las estadísticas no reflejen adecuadamente las investigaciones complejas en los procedimientos de gran envergadura, las autoridades seguirán teniendo poco interés en ellas.
Las estadísticas pueden, en primer lugar, influir en la actuación de las autoridades y, en segundo lugar, ofrecer incentivos erróneos, concretamente hacia muchos procedimientos pequeños y alejarse de los grandes. Por otro lado, los delincuentes suelen estar mucho mejor organizados que las autoridades, y ahí es donde surge mucha resistencia. Los delincuentes suelen tener una sólida posición financiera y pueden contratar a costosos equipos de abogados con muchos recursos, que hacen su trabajo y causan el mayor revuelo posible. Te llegan cientos de páginas de reclamaciones, quejas sobre los servicios, denuncias penales. A menudo promueven también campañas mediáticas, y eso es como echar tierra en el engranaje, ya que si las autoridades son débiles, como sucede en este ámbito, eso puede afectar mucho al sistema.
La investigación está aún en sus inicios y solo se ha podido reclamar el 1% del daño total estimado de 28.500 millones
Me han preguntado a menudo si en esas circunstancias no pierdo la esperanza, cuando tengo que enfrentarme a esto una y otra vez. Pero no, no es así en absoluto. Se pueden cambiar las cosas. Se puede luchar contra la delincuencia económica y se pueden esclarecer los hechos, a pesar de todos los problemas estructurales. Eso es precisamente lo que demuestran las investigaciones realizadas por la Fiscalía de Colonia. Como he contado, no teníamos las condiciones ideales; al principio tampoco éramos expertos, pero nos pusimos manos a la obra, nos metimos de lleno en el tema y presentamos la primera acusación Cum-Ex. Conseguimos la primera sentencia, que luego fue confirmada por el Tribunal Superior. Los tribunales fiscales han seguido el ejemplo y, entretanto, se han presentado muchas acusaciones y se han dictado muchas sentencias. Me gustaría ver esa misma actitud en los políticos, especialmente en el ministro de Hacienda.
En el caso de las Cum-Cum, que es similar al de Cum-Ex, la investigación está, lamentablemente, aún en sus inicios y solo se ha podido reclamar el 1% del daño total estimado de 28.500 millones. Así que todavía queda mucho por hacer y creo que ahora es el momento de actuar.
¿Qué se puede hacer contra la delincuencia económica? En primer lugar, podemos aumentar el riesgo que corren quienes perpetran estos crímenes ya que el hecho de que los delincuentes actúen o no depende en gran medida del peligro de ser descubiertos, más aún que de la gravedad de la pena. Y eso significa que hay que reforzar a las autoridades en el ámbito operativo. Por lo tanto, hay que cambiar todos esas cosas que he mencionado antes. Hay que aumentar el personal, hay que aunar fuerzas, desarrollar conocimientos especializados y mejorar los equipos y tener una infraestructura informática uniforme. Todos estos son problemas que se pueden resolver.
Pero también se puede hacer algo en otros ámbitos, por ejemplo, a nivel individual, donde es especialmente importante tener una orientación de valores La investigación criminológica afirma que quienes cuentan con un sólido sistema de valores están más protegidos frente a las tentaciones delictivas. De hecho, estas ni siquiera se llegan a producir. Si no se tiene este sistema de valores, entonces se ve que el riesgo de ser descubierto es bajo y que se puede ganar mucho dinero, y se aprovecha la oportunidad. Es decir, una estructura de valores protege realmente contra los delitos económicos. Y ahí se podría pensar, por ejemplo, que los aspectos éticos son importantes y que la reacción social también juega un papel importante. Para los delincuentes económicos, la aceptación social es un factor importante que también puede influir en su comportamiento. Si no se acepta la delincuencia económica, sino que se estigmatiza, cabe suponer que las personas también cambiarán su actitud y su comportamiento. Eso es lo que nos dice la investigación. Y precisamente aquí todavía hay margen de mejora, ya que los delitos de cuello blanco se siguen considerando con demasiada frecuencia como unos “crímenes de gentlemen” a pesar de los enormes daños que nos causa a todos. ¿Qué podemos hacer? Todos nosotros, como sociedad, podemos alzar la voz más allá de las elecciones, por ejemplo, apoyando a las ONG. Las ONG como Finanzwende velan especialmente para que en las decisiones políticas no solo se escuche la voz de los grupos de presión, sino también la voz de la sociedad civil y el interés público. Y esto funciona; los políticos no son sordos, como nos muestra el caso de Lars Klingbeil, el ministro de Finanzas. En la interpelación al Gobierno ha tenido en cuenta las demandas públicas y ha anunciado que va a actuar de manera consecuente contra el fraude fiscal. Nosotros, en Finanzwende, le tomamos la palabra, porque somos un contrapeso al lobby financiero y damos voz a la sociedad civil. Luchamos contra su discurso dominante y analizamos y desmontamos la narrativa del sector financiero. Cambiamos cosas contigo y por ti. La política financiera nos concierne a todos y necesitamos debatirla en público y no solo en las trastiendas.
Por María Fernanda Gadea y Berta Lago de Attac España, para NuevaTribuna.
La renta básica universal e incondicional se presenta hoy como una de las propuestas más revolucionarias para transformar nuestra sociedad y avanzar hacia un horizonte de justicia social plena. Frente a un contexto global marcado por crecientes desigualdades, precariedad laboral y crisis climática, esta medida emerge como la herramienta más efectiva para garantizar la dignidad humana y construir una sociedad más libre, justa e igualitaria.
¿Qué es la Renta Básica Universal e Incondicional?
La renta básica universal e incondicional (RBU o RBI) se define como una asignación monetaria que recibirían todas las personas residentes en un territorio por el simple hecho de existir, sin necesidad de cumplir requisito alguno más allá de justificar un período previo de residencia. Como explica la Red Renta Básica, se trata de «un ingreso pagado por el Estado, como derecho de ciudadanía, a cada miembro de pleno derecho de la sociedad o residente, incluso si no quiere trabajar de forma remunerada».
Este ingreso presenta cinco características fundamentales que la distinguen de cualquier otra prestación, subsidio o ayuda social: es incondicional (no requiere demostrar nada para percibirla), universal (dirigida a toda la población), individual (se paga a cada persona independientemente de con quién conviva), suficiente (con una cuantía que permita cubrir las necesidades básicas) y monetaria (se cobra en dinero).
A diferencia de las rentas mínimas condicionadas actuales, que están sujetas al cumplimiento de requisitos específicos y conllevan estigmatización social, la renta básica se concibe como un derecho universal similar a la sanidad o la educación públicas. Su cuantía debería ser igual o superior al umbral de la pobreza, garantizando así que ninguna persona se vea privada de los recursos necesarios para una vida digna.
ATTAC y la defensa histórica de la Renta Básica
La Asociación por la Tributación de las Transacciones Financieras y la Acción Ciudadana (ATTAC) ha sido una de las organizaciones pioneras en España en la defensa de la renta básica como derecho de ciudadanía. Desde principios de la década de 2000, ATTAC ha impulsado esta propuesta a través de su Observatorio de Renta Básica de Ciudadanía, considerándola un instrumento fundamental de reparto de la riqueza colectivamente generada y complementario a los demás pilares del Estado del Bienestar.
Ya en 2004, el Observatorio de Renta Básica de ATTAC Madrid destacaba que se trataba de un derecho humano emergente, señalando hitos importantes como la promulgación de la Ley de Renta Básica de la Ciudadanía en Brasil ese mismo año. La organización ha mantenido una constante labor formativa, como demuestra la jornada que organizó en marzo de 2015 centrada específicamente en la formación sobre renta básica de ciudadanía, contribuyendo al debate público y académico sobre sus implicaciones y beneficios.
Más recientemente, ATTAC ha consolidado su liderazgo en este ámbito organizando, como miembro de la Red Renta Básica, el XXIII Simposio de Renta Básica bajo el título «Renta Básica: El derecho a la existencia en un mundo en peligro», celebrado en Las Palmas de Gran Canaria los días 25 y 26 de octubre de 2024. Este encuentro, realizado con la colaboración del Cabildo Insular de Gran Canaria, constituyó una gran oportunidad para analizar los efectos transformadores de la Renta Básica en este mundo desigual, convulso e inseguro y debatir y reflexionar sobre ello con personas expertas. El simposio abordó el impacto de la renta básica en la transformación socioecológica, el acceso a derechos de los jóvenes, las mujeres y las personas migrantes, y los diferentes sistemas de bienestar social.
ATTAC enmarca la renta básica dentro de su propuesta más amplia de transformación social, entendiendo que no es simplemente una herramienta de redistribución de la riqueza o lucha contra la pobreza, sino que es también un modo de garantizar la existencia material de cada persona, y que el conjunto de la sociedad pueda ser más libre.
Renta Básica y redistribución de la riqueza
Una de las principales virtudes de la renta básica radica en su extraordinario potencial redistributivo. Al tratarse de una prestación universal financiada mediante una reforma fiscal progresiva, genera una transferencia neta de recursos desde los sectores más privilegiados hacia el conjunto de la ciudadanía.
Esta redistribución se produce tanto por el propio cobro de la renta básica como por la necesaria reforma del sistema fiscal que requiere su financiación. A diferencia de los subsidios condicionados, que solo llegan a sectores marginados, la renta básica beneficia al conjunto de la población, eliminando las «trampas de la pobreza» que caracterizan a los sistemas actuales.
Además, su gestión sería más eficiente que la de las prestaciones condicionadas existentes, al requerir una burocracia mínima y evitar los elevados costes administrativos derivados del control de requisitos y condiciones.
Lucha contra las desigualdades sociales
La renta básica atacaría de raíz uno de los principales problemas de nuestro tiempo: las crecientes desigualdades sociales. Los datos más recientes muestran que la desigualdad se ha intensificado en el último lustro a escala global: el 1% más rico posee ya más riqueza que el 95% de la población mundial en 2024, y controla aproximadamente el 43% de los activos financieros totales. En este contexto, la universalidad de la renta básica la convierte en una herramienta especialmente poderosa para reducir las brechas sociales.
Como destaca la investigación académica, la renta básica mejoraría la situación de las personas con un nivel adquisitivo bajo y se evitaría, o al menos dificultaría, la desvalorización de nuestra capacidad de trabajo. Al proporcionar una base económica sólida a toda la ciudadanía, aumentaría significativamente el poder de negociación de los trabajadores frente a empleadores, permitiendo rechazar trabajos en condiciones inadecuadas.
Esta mejora del poder de negociación es especialmente relevante en el actual contexto de precariedad laboral creciente. La renta básica al garantizar la seguridad económica ex-ante tendría claras consecuencias en un aumento significativo del poder de negociación de las personas empleadas, contribuyendo así a mejorar las condiciones laborales del conjunto de la clase trabajadora.
Renta Básica y cambio climático
La crisis climática requiere transformaciones profundas en nuestros modelos de producción y consumo que pueden generar importantes costes sociales. En este contexto, la renta básica emerge como un componente necesario para una transformación socioecológica y elemento clave para la justicia climática. La seguridad económica que proporcionaría la renta básica facilitaría la implementación de políticas climáticas ambiciosas sin generar rechazo social.
Además, diversos estudios y resultados de pruebas piloto sugieren que la renta básica podría tener efectos positivos directos sobre el medio ambiente. Por ejemplo, podría fomentar el trabajo voluntario, proyectos artísticos o productivos enfocados al cuidado de nuestro planeta y, en definitiva, abrir espacios de oportunidad para la emergencia de nuevas formas de innovación social orientadas a la sostenibilidad.
Una herramienta feminista contra el patriarcado
La renta básica presenta un enorme potencial emancipador desde una perspectiva feminista. Como señala la investigación especializada, siete de cada diez personas pobres en el mundo son mujeres y hay el doble de mujeres que de hombres sobreviviendo con salarios bajos. En este contexto, la universalidad e incondicionalidad de la renta básica la convierten en una herramienta especialmente valiosa para combatir las desigualdades de género.
La seguridad económica que la renta básica proporcionaría a las mujeres potenciaría su autonomía material, evitaría que sufran condiciones denigrantes de trabajo y, en muchos casos, les ayudaría a liberarse de ciclos de violencia machista con sus parejas o en sus hogares.
Históricamente, el movimiento feminista ha sido pionero en la defensa de la renta básica. Ya en 1977, el Congreso Nacional de Liberación de la Mujer de Gran Bretaña aprobó oficialmente una resolución a favor de la renta básica universal. Esta tradición feminista se mantiene vigente, como demuestra el manifiesto feminista «Recursos y autonomía para todas: un manifiesto feminista para la renta básica» lanzado en diciembre de 2019, que situó esta demanda en el centro de la agenda de las feministas que luchan por la emancipación y la igualdad.
Potenciación de la participación democrática
La renta básica no solo mejoraría las condiciones materiales de vida, sino que fortalecería sustancialmente la participación democrática de la ciudadanía. Al eliminar la inseguridad económica que limita la capacidad de las personas para dedicar tiempo y energía a la participación política y social, la renta básica ampliaría significativamente los espacios de democracia participativa.
Para los jóvenes, este efecto sería especialmente relevante. Como señala la Red Renta Básica, la Renta Básica tendría un fuerte efecto emancipador para las personas jóvenes, confiriéndoles mayor capacidad de decisión sobre sus planes de presente y de futuro. En un contexto donde más del 50% de los jóvenes entre 16 y 24 años se encuentran en situación de desempleo en España, la renta básica les proporcionaría la base material necesaria para participar activamente en la construcción de alternativas sociales y políticas.
La seguridad económica que proporciona la renta básica permitiría a las personas dedicar más tiempo a actividades de voluntariado, participación en organizaciones sociales y movimientos ciudadanos. Esta liberación del tiempo respecto a la mera supervivencia económica es fundamental para el fortalecimiento de la democracia y la construcción de una ciudadanía más activa y comprometida.
Renta Básica y salud mental: Una conexión fundamental
La relación entre renta básica y salud mental ha cobrado especial relevancia en los últimos años. Como señala la Organización Mundial de la Salud, el sufrimiento derivado de la pobreza, las condiciones precarias de existencia, la incertidumbre económica y el paro se encuentran entre las principales causas de las vivencias que se diagnostican como trastornos mentales.
En este contexto, el “Manifiesto de las personas psiquiatrizadas por una Renta Básica Universal”, publicado en 2020 por la asociación Activament de Catalunya, defendía la RBU como una medida preventiva de la salud mental. El manifiesto argumentaba que garantizar unas condiciones dignas de existencia, con independencia del mercado laboral, es una condición de posibilidad para reducir los malestares emocionales y sociales.
Evidencias de las pruebas piloto internacionales
Las experiencias internacionales confirman el potencial transformador de la renta básica. El caso más destacado es Alaska, donde desde 1982 funciona un dividendo ciudadano financiado con los ingresos petroleros que ha llegado a proporcionar hasta 2.000 dólares anuales por persona. Los resultados han sido muy positivos: Alaska se ha convertido en el estado más igualitario de los Estados Unidos sin efectos negativos sobre el empleo o la inflación.
El experimento finlandés de 2017-2018, que proporcionó 560 euros mensuales a 2.000 desempleados durante dos años, arrojó resultados esperanzadores. Aunque no aumentó significativamente el empleo, sí mejoró sustancialmente el bienestar de los participantes: estaban más satisfechos con sus vidas y experimentaron menos tensión mental que el grupo de control. También tenían una percepción más positiva de su bienestar económico. Además, aumentó la confianza de los beneficiarios en los demás y en las instituciones de la sociedad.
Especial mención merece el experimento alemán de renta básica, uno de los más rigurosos y extensos realizados hasta la fecha. Llevado a cabo entre junio de 2021 y mayo de 2024 por la organización Mein Grundeinkommen en colaboración con diversas instituciones académicas, incluyó 122 personas que recibieron 1.200 euros mensuales sin condiciones durante tres años.
Los resultados son contundentes: no hubo reducción en el empleo, los beneficiarios trabajaron unas 40 horas semanales, igual que las personas del grupo de control. Sí se llevó a cabo una reorientación profesional, ya que muchos aprovecharon la seguridad económica para formarse, cambiar de trabajo o iniciar nuevos proyectos. Los investigadores concluyeron que los beneficiarios experimentaron un incremento en su satisfacción vital y una mayor satisfacción laboral. Además, su comportamiento social y su sentido de la solidaridad también se han visto reforzados. Como señala el estudio, lejos de desincentivar la mejora laboral, la ha mejorado.
Conclusión: Un horizonte de justicia social
La renta básica universal e incondicional representa mucho más que una simple medida de política social: constituye una propuesta integral de transformación hacia una sociedad más justa, libre e igualitaria. Su potencial para redistribuir la riqueza, combatir las desigualdades, facilitar la transición ecológica, empoderar a las mujeres, fortalecer la democracia y mejorar la salud mental la convierte en la herramienta más completa de que disponemos para avanzar hacia la justicia social.
Como demuestra el compromiso histórico de ATTAC, desde sus jornadas formativas de 2015 hasta la organización del reciente XXIII Simposio de Renta Básica, esta propuesta cuenta con un sólido respaldo teórico y práctico. Los resultados de experimentos como el alemán, junto con las evidencias internacionales y el creciente consenso científico, confirman que la renta básica no es una utopía inalcanzable, sino una propuesta racional y factible cuya implementación depende fundamentalmente de la voluntad política y social.
En un mundo amenazado por la desigualdad, la crisis climática, la precariedad y los problemas de salud mental, la renta básica se alza como la mejor solución para garantizar que todas las personas puedan vivir con dignidad y participar plenamente en la construcción de una sociedad del bien común. Como se afirmó en el XXIII Simposio, «en una época de grandes incertidumbres ambientales, políticas y socioeconómicas, como la actual, la idea de proporcionar a cada miembro pleno de la sociedad un ingreso mínimo e incondicional que garantice una base material de subsistencia abre un horizonte de esperanza». La RBU se perfila, así como uno de los Derechos Humanos Emergentes de nuestro siglo.
María Fernanda Gadea, Vicecoordinadora de ATTAC España Berta Lago, Coordinadora del Observatorio de Renta Básica de ATTAC España
Vino Freddy para hablarnos sobre la excelente labor que el Fenix club de rugby realiza junto a los internos de la carcel de Zuera, donde además de proporcionar a los presos y presas unas horas de esparcimiento y relax ya han creado un equipo que compite en liga.
De Mario Martínez, publicado originalmente para El Salto.
A veces nos olvidamos que los euros digitales ya existen, pero sólo los pueden utilizar los bancos privados y los tesoros nacionales. Por eso no es raro ver posturas muy diferentes en las instituciones de la Unión Europea (UE). Quienes reconocen, por primera vez, sus sorprendentes beneficios lo celebran a viva voz, mientras la gran banca, que ve su acceso privilegiado a dinero digital del Banco Central Europeo (BCE) en peligro, hace lo posible para frenarlo. Con un BCE ya comprometido con su implementación que ha hecho sus deberes, el respaldo que el Eurogrupo, que reúne a los ministros de finanzas de los países de la UE, acaba de dar al proyecto es clave para que salga adelante. Pero de poco servirá si el Parlamento Europeo sigue aplazando la parte que le toca. El ponente designado, el español Fernando Navarrete del Partido Popular, ya ha admitido que no tendrá lista su propuesta hasta octubre y que la posición definitiva de la Eurocámara no llegará antes de mayo.
Mientras se apela una vez más a argumentos débiles que se vienen repitiendo por la banca durante los últimos años, amplificados por una intensa campaña de bulos en redes para poner en duda la necesidad de esta alternativa pública de pagos, las razones para su implementación se hacen cada vez más evidentes. Hace pocos meses, el BCE publicó unas pérdidas históricas: en 2024 registró un déficit de 7.944 millones de euros, atribuible en gran parte al alza de los tipos de interés y al coste que supone remunerar la liquidez que los bancos depositan en sus arcas, esos euros digitales que sólo ellos pueden tener. La situación es similar para todos los bancos centrales del eurosistema, incluido el español. Los recursos públicos fluyen para sostener privilegios bancarios en abundancia, que siguen ahí para dar una apariencia de seguridad a los mal llamados depósitos bancarios, que no dejan de ser promesas con extrema fragilidad que crea la banca.
Lo cierto es que los bancos tienen acceso a lo que podríamos llamar “dinero digitalizado de banco central” hoy mismo: reservas que mantienen en cuentas del BCE, remuneradas, funcionando como un colchón líquido que ninguna persona ni empresa común puede poseer. Un circuito paralelo de dinero al margen de la economía real. Cuando el BCE remunera esas reservas (una carga económica que recae en última instancia sobre los contribuyentes), los bancos privados obtienen ingresos sin intermediación ni riesgo de crédito directo. Es decir una renta no ganada o beneficio caído del cielo que explica en España más de la mitad de sus beneficios récord durante los últimos años.
El proyecto del euro digital sacude los cimientos del actual sistema monetario abriendo camino para poner fin a este tipo de privilegios
Aunque no es la única medida a nuestro alcance para detener las sangrantes pérdidas de la banca central, el proyecto del euro digital sacude los cimientos del actual sistema monetario abriendo camino para poner fin a este tipo de privilegios. Plantea habilitar una infraestructura pública para que los ciudadanos y empresas puedan usar dinero digital emitido por el banco central directamente, con controles de volumen para evitar que los depósitos bancarios “se escapen” en exceso hacia el euro digital y desestabilicen el modelo privado, que no soporta la más mínima competencia. El BCE ha hablado de límites de tenencia, facturación de comisiones y salvaguardas para la estabilidad financiera.
Los bancos llevan años maniobrando para que los límites sean paralizantes, para que la diferenciación y remuneración de sus euros digitales especiales (llamados reservas bancarias) se mantenga, y para que la transición hacia un euro digital realmente universal sea tan pausada e inconveniente que nada cambie. Que cada monedero de euros digitales esté vinculado a una cuenta bancaria, que no puedan atesorarlo empresas o que los límites por persona sean tan bajos como para hacerlo impráctico están ya contemplados en la imperfecta y necesaria propuesta actual. Pero los bancos saben que estas limitaciones no tienen por qué durar para siempre.
El apoyo decidido al proyecto por parte del BCE, la Comisión Europea y ahora también del Eurogrupo encuentra fácil explicación frente amenazas geopolíticas claras, como la actual dependencia de servicios de pago estadounidenses o la posibilidad real de defender y ampliar el rol internacional del euro frente a las Stablecoins denominadas en dólares o yuanes. A su vez otros grupos de presión como consumidores, empresas o grandes tecnológicas, asfixiados por las costosas comisiones o queriendo entrar en el juego de crear dinero en igualdad de condiciones, están forzando este cambio.
El euro digital puede ser una herramienta de justicia financiera si se le exige ambición desde el día uno
El euro digital, si se diseña con garantías, podría ser un punto de inflexión para democratizar el acceso al dinero público y poner un sistema de pagos barato y seguro a disposición de cualquiera. Pero si se imponen las estrictas limitaciones que propone la banca, quedará reducido a un simple complemento de los depósitos privados, sin capacidad real de empoderar a la mayoría.
Más allá de si el dinero es físico o digital, lo que está en juego es quién controla el dinero, quién se beneficia de sus cambios y si los instrumentos públicos sirven para todos o sólo para unos pocos. El euro digital puede ser una herramienta de justicia financiera si se le exige ambición desde el día uno: acceso universal, privacidad y un horizonte claro para reducir todas sus limitaciones.
La presente noticia de ESG Today sobre la reducción en el Parlamento Europeo de las leyes a favor de la diligencia debida, protección ambiental y otras se comprende mejor con la lectura del otro artículo que publicamos hoy: Total Energies y Siemens instan a la UE a abolir la ley climática. La industria impone su voluntad sobre la ciudadanía europea y su bienestar.
Los legisladores del Parlamento Europeo han llegado a un acuerdo sobre una propuesta de posición negociadora parlamentaria sobre la iniciativa Omnibus I de la Comisión Europea, que supondría reducciones más significativas en las normas de la UE sobre información, sobre sostenibilidad y sobre diligencia debida que las propuestas por la Comisión.
El acuerdo supondría recortes especialmente significativos en el número de empresas cubiertas por la Directiva sobre la diligencia debida en materia de sostenibilidad empresarial (CSDDD), excluyendo a todas las empresas, salvo las más grandes, del ámbito de aplicación de la normativa que exige a las empresas abordar sus impactos negativos sobre los derechos humanos y el medio ambiente en todas sus cadenas de valor.
Entre los cambios más significativos propuestos por la iniciativa de la Comisión se encontraba un aumento drástico del ámbito de aplicación de la CSRD, que eliminaba aproximadamente al 80 % de las empresas al ampliar el reglamento para que solo cubriera a las empresas con más de 1000 empleados, frente al umbral actual de 250 empleados, al tiempo que se mantenía el umbral de 1000 empleados de la CSDDD, pero se modificaba la diligencia debida y se exigía una diligencia debida completa principalmente a nivel de los socios comerciales directos, e introduciendo límites a la cantidad de información que se puede solicitar a las empresas más pequeñas de la cadena de suministro en virtud de la normativa.
Los legisladores se han mostrado muy divididos sobre la postura que debe adoptar el Parlamento de cara a las negociaciones sobre el resultado final del paquete ómnibus, con los partidos de izquierda presionando para que se reduzcan los recortes a la normativa, los partidos de extrema derecha buscando eliminar por completo la CSRD y la CSDDD, y el ponente del Omnibus, Jörgen Warborn, del Partido Popular Europeo (PPE), el mayor partido del Parlamento, ha propuesto recientemente elevar los umbrales de la normativa a 3000 empleados.
Tras intensas negociaciones, los partidos de izquierda y de centro se alinearon con un paquete de «compromiso» propuesto la semana pasada por el PPE, que mantendrá el alcance de la CSRD de 1000 empleados, pero añadirá un umbral de ingresos de 450 millones de euros, al tiempo que aumentará drásticamente el umbral de la CSDDD para cubrir solo a las empresas con 5000 empleados y más de 1500 millones de euros de ingresos. La CSDDD también pasará de un enfoque basado en la entidad a un «enfoque basado en el riesgo» en materia de diligencia debida.
El paquete de «compromiso» acordado por los legisladores se alcanzó después de que, según se informa, el PPE amenazara con alinearse con los partidos más a la derecha en un paquete que ampliaría el alcance de la CSRD a 1750 empleados y eliminaría los requisitos de la CSDDD para que las empresas adopten planes de transición climática.
La posición acordada se someterá a votación en la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento a principios de la próxima semana, seguida de una votación plenaria en el Parlamento a finales de este mes para establecer su posición para las negociaciones con el Consejo de la UE. Varios aspectos del acuerdo coinciden con la posición acordada por el Consejo, incluidos los umbrales de la CSRD y la CSDDD, y el enfoque basado en el riesgo para la CSDDD.
La presente noticia de Reuters sobre la reducción en el Parlamento Europeo de las leyes a favor de la diligencia debida, protección ambiental y otras se comprende mejor con la lectura del otro artículo que publicamos hoy: Los legisladores del Parlamento Europeo llegan a un acuerdo sobre recortes más importantes…
La industria ordena e impone su voluntad sobre la ciudadanía europea y su bienestar.
TotalEnergies (TTEF.PA), y Siemens (SIEGn.DE), han pedido a los gobiernos europeos que deroguen una de las leyes emblemáticas de la UE en materia de sostenibilidad empresarial con el fin de impulsar la competitividad del continente, según se desprende de una carta a la que ha tenido acceso Reuters. El director ejecutivo de TotalEnergies, Patrick Pouyanne, y su homólogo de Siemens AG, Roland Busch, escribieron la carta al presidente francés Emmanuel Macron y al canciller alemán Friedrich Merz, en nombre de 46 empresas europeas.
La abolición de las normas sería una «señal clara y simbólica para las empresas europeas e internacionales de que los gobiernos y la Comisión están realmente comprometidos con la restauración de la competitividad en Europa», según la carta fechada el 6 de octubre. Siemens afirmó que mejorar la capacidad de Europa para competir a nivel mundial requería menos «regulación excesiva» en todos los sectores. La propuesta de eliminar las normas de sostenibilidad era un ejemplo de «medidas significativas que se pueden adoptar para reducir la burocracia», añadía. Un portavoz de TotalEnergies afirmó el jueves por la noche que la carta reflejaba las cinco prioridades principales de las 46 empresas para mejorar la competitividad de Europa.
La carta también instaba a la Unión Europea a no seguir adelante con sus planes de recortar los permisos de contaminación gratuitos de las industrias el próximo año y a reformar sus normas de competencia para permitir más fusiones, considerándolas en el contexto del mercado global, en lugar de solo en Europa. La directiva de la UE sobre la diligencia debida en materia de sostenibilidad empresarial se adoptó el año pasado y exige a las empresas que solucionen los problemas relacionados con los derechos humanos y el medio ambiente dentro de sus cadenas de suministro, o se enfrentarán a multas del 5 % de su facturación global. Se ha convertido en uno de los aspectos más controvertidos políticamente de la agenda ecológica de Europa, y Bruselas está negociando ahora cambios para simplificar las normas para las empresas europeas, tras la oposición de Alemania y Francia, así como de Estados Unidos y Qatar, y de empresas como Exxon Mobil (XOM.N). Las peticiones de Siemens y Total de eliminar por completo las normas van más allá de los planes que ya están negociando los legisladores y los países de la UE para reducirlas y eximir a más empresas de la ley.
Los datos son tozudos. La gestión del PP aumentó la deuda pública en 31,6 puntos porcentuales con respecto al PIB. Recortando y con austericidio. Desde la moción de censura, el gobierno de coalición la ha incrementado catorce veces menos. Con escudo social. No es lo mismo.
La evolución de la deuda pública desde 2011 muestra la variación experimentada y el impacto de las tres grandes crisis. La variación entre final de 2011 y la moción de censura ascendió a 31,6% del PIB (gran recesión) Desde ahí a final de 2024, solo 2,3% (pandemia e inflación derivada de la guerra en Ucrania).
En la pandemia y debido a las políticas públicas de escudo social, la deuda creció a un ritmo más rápido (un 50% más que con el PP en la gran recesión) Pero la reducción por parte del gobierno de coalición ha sido 6 veces más veloz que la del austericidio perpetrado por Rajoy.
Es evidente que había dos formas de gestionar las crisis con el actual sistema y las reglas fiscales de la UE. Y la del PP no solo hace daño socialmente. Además dificulta cumplir con las exigencias de la Comisión Europea. El austericidio es letal para el crecimiento.
Por eso se ponen tan nerviosos y, en vez de hablar de la deuda con respecto a la riqueza (PIB), la derecha cambia la portería y se refiere a importe. Ni así. Con el PP se aumentó la deuda en 511.405 millones (+69%). Con el gobierno de coalición 436.472 millones (+35%).
Con el PP, la deuda pública se incrementó en sus casi 7 años de gobierno a un ritmo diario de 216 millones de euros. Con el gobierno de coalición, un 21% menos, a un ritmo de 171 millones diarios.
Cambiemos el chip con la deuda pública y dejemos de demonizarla. Y es que la clave no es cuánto se incrementa sino para qué se aumenta. Hacerlo para rescatar a la banca o para multiplicar el gasto militar, mal. Si es para levantar un escudo social, proteger a la gente o estimular la economía, bien.
