• La Federación autonómica celebra en Burgos su Asamblea de Primavera para coordinar las luchas territoriales del próximo semestre.
• Se exige a la Junta de Castilla y León que deje de permitir la caducidad de miles de expedientes sancionadores por infracciones ambientales y que declare una moratoria para la instalación de renovables.

La Federación de Ecologistas en Acción de Castilla y León celebró el sábado 9 de mayo, en Burgos, su Asamblea anual de primavera, un encuentro clave donde los grupos locales de la comunidad han coordinado sus estrategias para enfrentar los desafíos ecosociales que afectan al territorio.

Freno a la expansión descontrolada del biogás y biometano

Uno de los puntos centrales de la jornada ha sido la aprobación de un proceso de debate para que la Federación adopte un posicionamiento firme ante el auge de las plantas de biogás y biometano. El problema de fondo se asocia a un sistema industrial de producción de alimentos que absorbe ingentes cantidades de recursos (agua, piensos industriales, energía) y genera enormes cantidades de emisiones a la atmósfera y de unos residuos líquidos, los purines, cuya gestión resulta difícil, habiéndose optado tradicionalmente por la incorporación al terreno como abono, si bien sin las debidas garantías y controles. Basándose en la experiencia de Valladolid y el trabajo de la plataforma Burgos se defiende, Ecologistas en Acción ha definido una serie de propuestas, que serán objeto de estudio, para que estas instalaciones tengan una implantación realmente sostenible y no se conviertan en un nuevo problema de salud pública y ambiental.

Denuncia de la amnistía ambiental de la Junta de CyL

La Asamblea ha mostrado su profunda indignación ante los datos recientes que confirman que la Junta de Castilla y León ha dejado caducar o prescribir miles de expedientes sancionadores por infracciones ambientales. “Es una dejación de funciones inaceptable que funciona como una amnistía de facto para los infractores”, han señalado durante la reunión. Así mismo, los distintos grupos locales de Ecologistas en Acción han compartido las diversas trabas que está poniendo la administración autonómica en el acceso a la información y a la participación, bloqueando el acceso a expedientes. Es por ello que la Federación ha acordado medidas para exigir responsabilidades y revertir estas situaciones de impunidad y falta de transparencia.

Contaminación por nitratos y emergencia hídrica

La calidad del agua sigue siendo una prioridad absoluta para la Federación. El grupo de Salamanca ha anunciado la reactivación de las mediciones de nitratos en el agua, una labor de ciencia ciudadana fundamental para denunciar la contaminación de los acuíferos y garantizar que los pueblos de la región tengan acceso a agua potable segura. Otros grupos, como el de Burgos, han compartido mediciones en municipios que sobrepasan con creces los límites establecidos, lo que le ha llevado a denunciar la situación ante la autoridad competente.

Moratoria a la instalación de renovables

Se ha ratificado la postura oficial ante el aluvión de proyectos fotovoltaicos que recorre el territorio. La organización considera que es necesaria una moratoria inmediata para la instalación de nuevas plantas industriales de renovables, exceptuando únicamente aquellas que fomenten la soberanía energética ciudadana, como el autoconsumo, las comunidades energéticas y las instalaciones sobre cubierta.

Próximas actividades

La Federación ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para participar en la Marcha Antinuclear el próximo 23 de mayo, para la cual se organizarán autobuses y apoyo logístico desde distintas provincias. Asimismo, se ha dado luz verde a una campaña de divulgación sobre el lobo ibérico mediante paneles informativos para fomentar la coexistencia y el respeto a esta especie emblemática.

Finalmente, la Asamblea ha explorado la posibilidad de nuevas alianzas y ha definido sus objetivos estratégicos para trabajar durante el próximo semestre, siempre de la mano de sus socias y socios quienes voluntariamente defienden el territorio y las injusticias sociales.

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• El recurso de Ecologistas en Acción ha motivado la sentencia que declara ilegales varios apartados que permitían transformar montes en cultivos agrícolas de forma amplia y poco justificada.
• Ecologistas en Acción Castilla y León ha logrado una importante victoria judicial tras la estimación parcial de su recurso contra el Decreto 9/2024 de la Junta de Castilla y León, que regula las autorizaciones de cambio de uso forestal.

El Tribunal declara nulos de pleno derecho varios de los elementos centrales del decreto, en concreto los apartados relacionados con declarar “cultivos de alto interés” los cultivos de regadío destinados a alimentación humana y otros que limitaban la protección de hábitats prioritarios únicamente a los catalogados como bosques. Los cultivos que requieran condiciones edáficas y/o climáticas especiales que solo se encuentran en superficies reducidas y que se dan cita en las parcelas en que se solicita el cambio de uso.

La sentencia además considera que la norma autonómica vulnera la Ley 43/2003 de Montes y la Ley 3/2009 de montes de Castilla y León, que establecen que el cambio de uso forestal debe tener carácter excepcional cuando no responde a razones de interés general. El Tribunal considera que el Decreto impugnado, aunque reconoce formalmente esa excepcionalidad, en la práctica la desvirtúa al ampliar y normalizar los supuestos en los que se permite transformar terrenos forestales, especialmente para usos agrícolas.

En particular, la Sala rechaza que pueda considerarse excepcional cualquier cultivo de regadío destinado a alimentación humana, al tratarse de una categoría tan amplia que permite justificar cambios de uso en un gran número de casos. Del mismo modo, critica la vaguedad de otros supuestos incluidos en la norma, cuya falta de definición facilita una aplicación arbitraria.

La sentencia también cuestiona el uso de argumentos como el Objetivo de Desarrollo Sostenible de “hambre cero” para justificar estos cambios, al considerar que recurrir a este tipo de razones —propias del interés general— para autorizar transformaciones que no lo son evidencia la falta de justificación de la norma.

Asimismo, el tribunal advierte de que el decreto introducía una protección insuficiente de los hábitats de interés comunitario, al limitarla únicamente a los catalogados como bosques, dejando fuera otros ecosistemas igualmente valiosos como brezales o formaciones herbosas.

Otro de los aspectos destacados del fallo es el rechazo al concepto de “equivalencia ecológica” planteado en el Decreto, al considerar que no es posible equiparar ecosistemas forestales complejos con cultivos, ni garantizar el mantenimiento de los servicios ecosistémicos mediante este tipo de sustituciones.

El tribunal concluye que la falta de concreción de la norma vulnera el principio de seguridad jurídica y la prohibición de arbitrariedad de la Administración recogidos en la Constitución.

La sentencia también descarta que el aumento de la superficie arbolada en Castilla y León justifique una flexibilización del cambio de uso forestal, recordando que la normativa vigente mantiene su carácter restrictivo.

Ecologistas en Acción ha aportado distintos informes científicos que alertaban del impacto potencial sobre hábitats protegidos y la importancia de estos hábitats abiertos para la conservación de distintos grupos de insectos en Castilla y León.

Esta sentencia deja claro que no se puede utilizar una norma autonómica para vaciar de contenido la protección del monte. El cambio de uso forestal es una excepción, no una regla, y no puede justificarse con criterios ambiguos ni con argumentos que no responden a un verdadero interés general”, señalan desde Ecologistas en Acción.

La sentencia no es firme y contra la misma cabe interponer recurso de casación.

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La organización ratifica que solo apoyará los proyectos que garanticen la soberanía energética ciudadana y la protección del suelo agrario, exigiendo una moratoria inmediata para las plantas industriales.

La Federación de Ecologistas en Acción de Castilla y León ha fijado su postura oficial ante el aluvión de proyectos fotovoltaicos que recorre el territorio. Tras una votación en su comité federal, la organización ha sido clara: es necesaria una moratoria inmediata para la instalación de nuevas plantas industriales de renovables, exceptuando únicamente aquellas que fomenten la soberanía energética ciudadana, como el autoconsumo, las comunidades energéticas y las instalaciones sobre cubierta.

Un cambio de modelo: del extractivismo a la democratización

La organización defiende que la transición energética no debe ser una moneda de cambio que hipoteque el suelo agrario y el paisaje de Castilla y León para beneficiar a grandes empresas.

“Nuestra prioridad absoluta es que el foco se traslade a las instalaciones en tejados de polígonos, grandes aparcamientos y edificios públicos. No podemos seguir ocupando tierras de cultivo cuando tenemos miles de hectáreas de cubiertas infrautilizadas”, señalan desde la Federación.

Datos que avalan la saturación del territorio

La petición de moratoria no es arbitraria, sino que responde a la saturación energética que reflejan los datos consolidados de 2024:

• Exceso de objetivos: Castilla y León ya tiene un 92,8% de energía renovable en su mix, superando con seis años de antelación el objetivo del Gobierno de España para 2030 (81%).
• Superávit de exportación: La producción conjunta de eólica y fotovoltaica alcanzó los 15.952 GWh, lo que supone cubrir el 121,1% de toda la demanda eléctrica regional.
• Red saturada: Mientras se proyectan nuevas macroplantas, hay 15.000 millones de euros en proyectos industriales bloqueados en la región porque la red eléctrica está saturada enviando energía hacia Madrid y otros grandes centros de consumo.

Justicia territorial y protección del suelo

Desde Ecologistas en Acción denuncian que la explosión fotovoltaica actual (especialmente en el eje Palencia-Zamora-León) busca aprovechar los nudos de red de las antiguas térmicas para evacuar energía fuera de la comunidad, sin dejar beneficios locales y bloqueando el desarrollo de la agroecología o el turismo sostenible.

Con esta postura, la organización busca:

• Protección de suelos de alto valor: Evitar la ocupación de tierras agrícolas por paneles a gran escala.
• Reducción del consumo: Priorizar la eficiencia para evitar que el crecimiento renovable alimente un consumo ilimitado.
• Seguridad jurídica: Garantizar el desmantelamiento y restauración de los terrenos cuando las instalaciones actuales cumplan su vida útil.

La Federación concluye que “el modelo de exportación masiva sin contraprestaciones está agotado”. Por ello, instan a las administraciones a detener la autorización de grandes parques y centrar todos los esfuerzos técnicos y económicos en el autoconsumo y las instalaciones de proximidad, las únicas que garantizan un beneficio real para las personas de Castilla y León.

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La última campaña de ciencia ciudadana de medición de calidad de aire de Ecologistas en Acción de Salamanca y la plataforma Barrios por el Clima de Salamanca revela que el 100% de los centros educativos de la ciudad supera los límites de NO2 recomendados por la OMS mientras el Ayuntamiento incumple la ley actual apoyándose en una estación oficial ubicada en una zona no representativa.

Los datos no engañan, así lo reflejan los resultados de medición de dióxido de nitrógeno (NO2): respirar en la puerta de un centro educativo en Salamanca es, hoy por hoy, un riesgo para la salud.

Este trabajo ha sido realizado en la ciudad por Ecologistas en Acción de Salamanca y la plataforma Barrios por el Clima de la que forman parte tanto Ecologistas en Acción como diversas asociaciones vecinales (ZOES, Garrido Contigo, Cuidamos Villamayor, Asociación de vecin@s de Tejares, Asociación vecinal Bretón, Asociación Los Alcaldes, El Volcán de Garrido, Asociación El Zurguen), otros colectivos como el Comité de Bici Urbana Guardabarros y el Comité Antinuclear y Ecologista de Salamanca y vecinos y vecinas a título individual.

Esta acción se integra en la quinta campaña de ciencia ciudadana de la coalición europea Clean Cities, una iniciativa clave para concienciar sobre la movilidad sostenible y el impacto del aire contaminado en la salud de las y los menores. En esta edición, se ha fiscalizado la calidad del aire en 412 puntos críticos de 66 municipios de todo el país, incluyendo el análisis detallado de los entornos escolares de Salamanca.

La dictadura del coche frente a los pulmones infantiles

Mientras la estación oficial de la calle La Bañeza marca unos cómodos 15,4 µg/m³, la realidad que vive la comunidad educativa a pie de aula es otra muy distinta. El informe compara los datos registrados en noviembre de 2025 con los tres grandes marcos de seguridad, y las cifras son alarmantes:

• Dos centros han roto la barrera del límite legal vigente de 40 µg/m³. El CPC San Juan Bosco (45,9 µg/m³) y el CEIP Juan Jaén (40,2 µg/m³) están hoy en una situación de ilegalidad que el Ayuntamiento de Salamanca no puede seguir ignorando.
• El 100% de los centros educativos medidos supera el límite de 10 µg/m³ recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Incluso el CEIP Piedra de Arte (Villamayor), el más “limpio” de la muestra con 17,3 µg/m³, casi duplica lo que la ciencia considera seguro.
• Con la nueva Directiva Europea en el horizonte (límite de 20 µg/m³), el 85% de los centros escolares de la ciudad fracasaría, lo que obligará a una reducción drástica de emisiones en tiempo récord.

Esta brecha demuestra que la red de medición actual no está cumpliendo su función de proteger a las personas más vulnerables ya que no refleja la realidad de la calidad del aire salmantino. “No podemos decir que Salamanca tiene aire limpio cuando el 100% de los entornos escolares medidos superan los límites recomendados por la Organización Mundial de la Salud”, denuncian desde Barrios por el Clima.

[Informe] Calidad del aire en entornos escolares: Medición de NO2 en 412 entornos educativos en 2025-26

Un informe hecho por las personas

La fuerza de este informe reside en la ciencia ciudadana: son las propias asociaciones y colectivos vecinales quienes han gestionado directamente los captadores y los han colocado en las puertas de los centros educativos. Esta metodología permite obtener una radiografía real y a pie de calle que la estación oficial, alejada del tráfico, no logra registrar. Al involucrarse en la recogida de muestras, la comunidad deja de ser pasiva para convertirse en protagonista de la vigilancia de su propio entorno, generando una base sólida para exigir políticas que prioricen la salud frente al coche.

A pesar de su carácter participativo, el proceso cuenta con un estricto rigor técnico. Las mediciones se han realizado mediante captadores pasivos de difusión, un sistema estandarizado y analizado por laboratorios acreditados que garantiza resultados fiables, contrastables y precisos. Este método, avalado a nivel europeo, asegura que los datos obtenidos en Salamanca no son simples estimaciones, sino una prueba científica de la exposición real que sufren las y los menores cada día al entrar en las aulas.

Existen medidas eficaces: solo falta voluntad política

Los datos de la campaña 2025 dejan en evidencia la actual planificación municipal. El CEIP Santa Catalina, ubicado dentro de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), es de los pocos que respira un aire algo más limpio (19,1 µg/m³), demostrando que la restricción del tráfico funciona. Sin embargo, los colegios con los peores datos de la ciudad han quedado fuera de esta protección. “La ZBE de Salamanca no se ha diseñado pensando en la salud, sino en el trámite administrativo y pensando en no molestar demasiado al coche”, denuncian desde la plataforma.

Para revertir esta situación, Ecologistas en Acción y Barrios por el Clima exigen al Ayuntamiento un plan de choque real. Mientras ciudades en Reino Unido, Francia o Italia ya transforman sus entornos escolares, Salamanca sigue anclada en un modelo que prioriza el asfalto y el tráfico motorizado. Entre las medidas propuestas se encuentran:

• Medición más representativa: exigir a la Junta de Castilla y León que aumente el número de medidores de calidad del aire y los sitúe en zonas con tráfico que puedan representar realmente el aire que se respira en la ciudad.
• Un plan integral de protección de los entornos escolares para reducir la contaminación atmosférica alrededor y peatonalizar (o pacificar al menos) las calles de alrededor.
• Incentivar la elección del colegio de barrio volviendo al sistema de distritos: evitar que se generen miles de desplazamientos innecesarios en coche, evitando el caos diario de dobles y triples filas en las puertas de los centros (especialmente en los concertados).
• Cero humos en la puerta: fomentar el acceso a pie, en bicicleta o transporte público al colegio o al instituto y eliminar los aparcamientos dentro de los recintos escolares.
• Entornos vivos y naturales: naturalizar los entornos escolares para mitigar el efecto “isla de calor” y transformar calles de tráfico en zonas verdes y áreas de juego.
• Movilidad activa: crear carriles bici seguros y caminos escolares que permitan a las familias dejar el coche en casa con garantías.
• Transporte público: incentivar su uso por parte de la población escolar (tanto del metropolitano como del municipal) prestando atención a los transbordos especialmente entre los dos modelos.

Salamanca se encuentra ante un reto sistémico y de salud pública. Con el 85% de los centros escolares por encima de los 20 µg/m³, la ciudad está hoy muy lejos de cumplir con la futura Directiva Europea. Los colectivos sociales insisten en que no basta con cumplir leyes obsoletas: es urgente proteger a la población infantil y juvenil para garantizar, por fin, que el derecho a respirar aire limpio no dependa del barrio en el que se estudie.

Datos medidos de NO₂ en los entornos escolares de Salamanca.

Municipios en las que se ha desarrollado la campaña 2025/2026. Enlace al mapa con todas las campañas y a los informes.

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