Esta señora es la presidenta de la Comisión Europea y, en consecuencia, sus declaraciones y actuaciones están inevitablemente vinculadas a su cargo. Lo más reciente –diría que lo penúltimo, dados sus continuos pronunciamientos, en muchos casos extralimitándose en las competencias asociadas a su privilegiada posición institucional– ha consistido en manifestar su comprensión al ataque a Irán: “Quiero ser clara: no hay que derramar lágrimas por el régimen iraní”, justificó de este modo la gravísima e inaceptable violación del derecho internacional, alineándose con la política imperialista, sembrada de arbitrariedades, de la administración Trump y con el régimen genocida de Israel.

En paralelo, también recientemente, ha declarado que “reducir la apuesta por la energía nuclear fue un error estratégico para Europa” y que la misma es limpia y barata (!!!), por lo que debería ser un pilar central en la transición energética hacia un modelo verde y sostenible. Y esto lo dice en un contexto donde los indicadores sobre el cambio climático empeoran continuamente.

Esta es la misma mujer que, en calidad de máxima responsable comunitaria, junto al primer ministro británico, rindió vasallaje a Donald Trump en su resort de lujo, situado en Turnberry (Escocia), dando el visto bueno a su política arancelaria y comprometiéndose –¡comprometiendo a la Unión Europea!– con una voluminosa compra en el mercado estadounidense de energía y armamento.

Estas son algunas pinceladas recientes de quién es Ursula von der Leyen, la máxima responsable de la UE.

En este contexto, por supuesto, doy todo el valor que tiene –mucho, en mi opinión– a las recientes decisiones adoptadas por el gobierno de coalición, declarando la ilegalidad de la guerra contra Irán y prohibiendo la utilización de las bases militares estadounidenses en Rota y Morón como apoyo logístico a esa guerra. Ese pronunciamiento debería acompañarse de una gran movilización social –que lamentablemente no se está produciendo–, que tendría que ser mucho más que una manifestación, con el lema de “no a la guerra”. Otra oportunidad perdida por parte de las izquierdas.

Pero en este momento hay que ir mucho más lejos, me refiero concretamente a la política de ocupación de Gaza y Cisjordania y de exterminio de la población palestina practicada por el Gobierno de Israel con el decisivo apoyo, económico y militar, de Estados Unidos, con un destacado papel del poderoso lobby sionista. Ante esta situación, indecentemente, las instituciones comunitarias miran hacia otro lado, al tiempo que algunos países –Alemania y Francia son dos ejemplos– continúan apoyando de muy diferentes maneras –inversiones, intercambios comerciales…– al régimen genocida.

Es cierto que, al mismo tiempo, buena parte de los países europeos –España está en este grupo– reconocen el derecho a la existencia de un Estado palestino, pero dicho reconocimiento es a todas luces insuficiente. Si se queda ahí es claramente un brindis al sol, una cortina de humo que encubre y de alguna manera justifica el genocidio. La dramática situación de la población palestina exige mucho más, más compromiso y determinación… porque ahora mismo, mientras escribo estas líneas, tan sólo hay hambre, enfermedad, desplazamientos continuos de la población, congelación de la ayuda humanitaria, asesinatos llevados a cabo por el ejército israelí y ocupación permanente del territorio. Un absoluto desprecio a los derechos humanos más básicos y a la legalidad internacional. No cabe mirar a otro lado. Hay una situación de emergencia; la prueba del algodón de que queda algo de decencia en la política institucional pasaría por romper todo tipo de relaciones, económicas y diplomáticas, con Israel.

Una última reflexión sobre las proclamas en el sentido de levantar la bandera europea frente al unilateralismo y la política de agresión practicada con total impunidad por Estados Unidos. Me pregunto y opino que hay que preguntarse ¿qué hay detrás de esa bandera, qué principios la sostienen? Una pregunta que abre un debate, en mi opinión vital, que no se debe pasar por alto. Porque la Europa realmente existente –es aquí donde debemos poner el foco– ha mostrado una total sumisión a la política agresiva de la Organización del Tratado del Atlántico Norte en relación a la guerra de Ucrania, apuesta por la militarización de la sociedad y la economía como un engranaje básico de una Europa más fuerte, ha renunciado a implementar una política fiscal progresiva frente a las grandes fortunas y corporaciones, ha experimentado un intenso aumento de la desigualdad, no está enfrentando las gravísimas consecuencias del cambio climático y ha promovido y mantenido políticas centradas en la moderación salarial, la austeridad presupuestaria.

Para mí está claro: ESTA EUROPA NO.

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Cuando se pretende justificar el aumento del gasto militar con el argumento de que es una de las piezas clave del fortalecimiento del proyecto europeo, cuando se relaciona dicho aumento con la modernización y reestructuración de la economía… cuando se razona en esos términos se abre una puerta que será, que ya es, muy difícil cerrar.

Porque, sin que haya existido un debate en condiciones –¿para qué debatir lo que resulta obvio?–, con estos planteamientos se pretenden cargar de razón los que defienden un crecimiento sustancial del gasto militar.

Abundan los pronunciamientos en esa dirección. El primero. En una entrevista reciente publicada en El País (12 de febrero), Anders Fogh Rasmussen (antiguo secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN) señala: “Tenemos que poner a nuestras economías en pie de guerra… las fábricas de automóviles deberían aprovechar su exceso de capacidad para producir armamento”. Otro. En un artículo publicado en el mismo diario (13/09/2025) Josep Borrell se manifestaba en estos términos: “La defensa europea debe situarse en el mismo nivel de prioridad que la política energética, la transición verde o la digital. Porque sin seguridad no habrá prosperidad ni libertad”. Y otro más. En una nota de prensa de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, comisario de Economía y Productividad de la Unión Europea, afirma que “la inversión en nuestras capacidades de defensa… impulsará el crecimiento económico, fomentará la innovación y creará puestos de trabajo”.

Tres ejemplos, entre otros muchos, que apuntan en la misma dirección: el aumento del gasto militar es inevitable, inaplazable y positivo. Constituye una pieza esencial, imprescindible, en el proceso de modernización y reestructuración de las economías (incluso en el mantenimiento del gasto social). En consecuencia, hay que apostar fuerte por el mismo, integrándolo en el conjunto de la política industrial y tecnológica.

Una pregunta, para mí obvia y obligada: ¿Cómo se puede hacer una valoración del impacto económico del gasto militar si no se realiza un análisis previo de las necesidades y las urgencias sociales, productivas y climáticas? ¿Dónde está ese debate y también dónde están las políticas económicas y sociales que lo concretan? Responder a estas cuestiones es crucial e ignorarlas o darlas por contestadas es un fraude, una estafa a la ciudadanía.

Porque, lejos de las visiones megaoptimistas y sesgadas, lo cierto es que la economía no va bien para las clases populares en aspectos fundamentales. Una parte sustancial del empleo es de mala calidad y los salarios de muchos trabajadores son bajos, la pobreza se mantiene en niveles elevados, el cambio climático y la degradación de los ecosistemas avanza sin freno y el acceso a la vivienda es cada vez más difícil para una buena parte de la población. Asimismo, el Estado, sus recursos, políticas y marcos regulatorios, constituyen un espacio de disputa estratégica donde los intereses corporativos son cada vez más fuertes, encontrándose los defensores de lo público en posiciones de inferioridad.

En un terreno más concreto, de hecho, el aumento del gasto militar va de la mano de la reducción o estancamiento del gasto social (ya es una realidad) y representa la negación de una eventual agenda climática (que, en realidad no existe). Asimismo, es muy discutible la supuesta porosidad gasto civil/militar y tecnologías de doble uso y, al ser en su mayor parte actividades intensivas en capital, tienen un limitado impacto en el empleo.

En esta breve nota valorando las consecuencias sobre la economía del aumento del gasto militar, es obligado hacer una mención especial al fortalecimiento del denominado complejo militar industrial. Una densa y opaca red donde, además de las firmas fabricantes de armamentos, se dan cita fondos de inversión, grandes bancos, oligopolios tecnológicos, compañías energéticas, medios de comunicación, empresas proveedoras de servicios, grupos de presión…; en definitiva, un actor decisivo y cada vez más relevante, con demostrada capacidad para colonizar instituciones y gobiernos.

Cuestiones en mi opinión trascendentes que merecen un debate ciudadano, que no puede sustituirse por declaraciones grandilocuentes y vacías; un debate con una carga política y social muy importante, que no puede dejarse en manos de los “técnicos” ni de las cúpulas de los partidos y las instituciones. La pregunta que me parece pertinente y que es obligado responder es esta: ¿qué supone en el contexto que acabo de describir brevemente más gasto militar, más militarización?

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¿Cuáles son las razones de fondo de los movimientos de población Sur / Norte? Una pregunta, sencilla y contundente, que obligatoriamente habría que poner sobre la mesa si se quisiera abordar con seriedad y en profundidad el debate sobre las migraciones transfronterizas. Responder a esta cuestión es fundamental para disponer de un buen diagnóstico que identifique los problemas de fondo que explican el continuo aumento de estos flujos y permita la implementación de políticas adecuadas.

Es evidente que esta perspectiva nada tiene que ver con las llevadas a cabo por la Unión Europea y la mayor parte de los gobiernos comunitarios. Políticas que, en lo fundamental, han consistido en levantar muros para impedir o frenar la entrada de personas migrantes y en su criminalización, intoxicando a la opinión publica con los supuestos efectos negativos –en materia de seguridad ciudadana, competencia por los empleos o presión sobre los servicios sociales–, vulnerando todos los acuerdos internacionales en materia de derechos humanos y, especialmente, protección de los menores.

En ese contexto, bienvenida la iniciativa que pretende implementar nuestro gobierno, proceder a la regularización de inmigrantes que acrediten carecer de antecedentes penales y lleven en nuestro país al menos cinco meses. Un paso necesario, a contracorriente de los vientos racistas, xenófobos y fascistas que recorren Europa y que también se han instalado en nuestro país, pero a todas luces insuficiente, dada la magnitud del reto al que nos enfrentamos.

En este sentido, volviendo a la pregunta con la que iniciaba estas reflexiones, ¿dónde residen las causas de fondo de las corrientes migratorias? Si, por poner un ejemplo muy relevante, situamos el foco en África, lugar de donde procede una parte sustancial de las personas migrantes que llaman a las puertas de Europa en busca de una vida mejor, encontraremos una respuesta a esa pregunta.

Hablamos de una región que se enfrenta desde hace años a una situación dramática, que –todos los datos apuntan en esa dirección– ha empeorado con el paso del tiempo; evolución que cuestiona abiertamente a los que sostienen que, con carácter general, se está cerrando la brecha Sur / Norte, que la dinámica global apunta a la convergencia.

Por el contrario, en términos agregados, tomando como referencia el Producto Interior Bruto (PIB) por habitante, medido en paridad de poder adquisitivo y en dólares internacionales, encontramos que el gap, lejos de reducirse, no ha dejado de crecer; en 1990 el PIB por habitante del África Subsahariana, la zona más castigada por la pobreza, representaba tan sólo el 13,1% del comunitario, retrocediendo en 2024 hasta el 8,6%; así pues, las divergencias, medidas por este indicador sintético, no sólo persisten sino que se han hecho más pronunciadas.

A continuación, presento algunos indicadores más específicos que revelan la situación de emergencia social en la que vive buena parte de la población africana. 

El primero de estos indicadores apunta a la pobreza. Tanto el número de personas pobres como la parte de la población que se encuentra atrapada en esta situación no sólo presenta registros elevados, sino que ha aumentado de manera sustancial. Si se considera la ratio de pobreza extrema (personas que viven con menos de 2,15 dólares al día) el Banco Mundial estima que en 2024 el 31% de la población, 464 millones de personas, son extremadamente pobres, alcanzando en el África Subsahariana al 46% de la población. El indicador que recoge la pobreza multidimensional –más adecuado que el referido a la pobreza extrema, pues tiene en cuenta dimensiones como la desnutrición, la falta de educación o el limitado acceso a servicios básicos– nos presenta un panorama todavía más dramático; 500 millones de personas, lo que equivale al 52% de la población africana (más de la mitad) estarían en situación de pobreza.  

El segundo de los indicadores a tener en cuenta apunta a los niveles de deuda externa y a los pagos en concepto de intereses y amortizaciones derivados de la misma. Siguiendo la información proporcionada por el Fondo Monetario Internacional (World Economic Outlook Database), en 2025 la deuda externa del África Subsahariana representaba el 47,6% del PIB y el 162,4% de los ingresos por exportaciones; mientras que el servicio de la deuda (suma de los pagos por intereses y amortizaciones) suponía el 7% del PIB y el 24% del valor de las exportaciones. Se trata de una insoportable carga financiera que obliga a un recorte en los gastos sociales y productivos de los gobiernos, lo que afecta especialmente a los grupos de población más vulnerables. 

Reparemos, en tercer lugar, en que esta región, siendo responsable de una pequeña parte de las emisiones de gases de efecto invernadero –son las mayores fortunas del planeta, las grandes corporaciones y los países más desarrollados los principales causantes de las mismas–, soporta, en forma de desastres naturales –sequías intensas y prolongadas, tormentas devastadoras, grandes inundaciones…– sus consecuencias más dramáticas. Los países más afectados han solicitado (exigido) en las diferentes cumbres climáticas (la última, Conferencia de las Partes, COP30, celebrada en 2025 en Belém, Brasil) que los ricos doten un fondo con el que afrontar sus consecuencias más graves. Sin embargo, más allá de las declaraciones formales y los compromisos retóricos, la respuesta, que sólo se puede calificar de tibia e hipócrita, ha quedado muy lejos de lo solicitado; lo comprometido, que no desembolsado, se ha situado en torno al 30% de lo exigido y, además, una parte de esos dineros se han canalizado a través de préstamos en lugar de transferencias, agravando en consecuencia el problema de la deuda externa.

Cabe señalar, en cuarto y último lugar, las guerras y los conflictos armados que recorren la región (República Democrática del Congo, Sudán, el Sahel, Nigeria, Somalia…) provocando importantes movimientos de población, en los que están presentes los intereses globales en disputa para controlar recursos minerales estratégicos, petróleo y gas, oro… y las políticas extractivas auspiciadas por corporaciones y gobiernos.

Estas son algunas de las causas de fondo que están detrás de importantes movimientos de población –tanto dentro de los países, como en los que hacen frontera y también los que se dirigen a la Unión Europea–. ¿Qué se hace al respecto? Nada o casi nada, un hipócrita suma y sigue. La ayuda al desarrollo no sólo se encuentra muy lejos de lo prometido hace décadas, sino que a menudo encubre operaciones comerciales; los recursos acordados en las diferentes cumbres climáticas son, como he señalado antes, simbólicos, quedando muy lejos de lo reclamado por los países pobres; los intereses extractivistas de los gobiernos y los países ricos, en el contexto de la geopolítica de la confrontación, son cada vez más fuertes; y, en fin, ninguna iniciativa de alcance se ha activado para aminorar de manera sustancial la carga financiera que soportan los gobiernos.

Revertir esa dinámica es obligado si, de verdad, se quisiera contener o mitigar los flujos migratorios desde su raíz. Con una mirada más amplia, actuar en esa dirección constituye una exigencia para enfrentar los problemas estructurales que condenan a la miseria a los pobres del planeta. 

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Tres mentiras, repetidas hasta la saciedad, sobre el papel de los salarios en la economía.

La primera de estas mentiras nos dice que los costes laborales constituyen una pieza esencial de la competitividad de las empresas, de su presencia tanto en el mercado doméstico como en el internacional, de modo que su reforzamiento y la propia supervivencia de las mismas obligaría a la implementación de políticas de contención salarial. El segundo de los supuestos es tan atrevido como el primero, pues supone la existencia de una relación inversa entre los salarios y el nivel de ocupación; por lo que el mantenimiento y la creación de puestos de trabajo obligaría a moderar o en su caso reducir las retribuciones de las personas trabajadoras. En tercer lugar, esa contención sería condición imprescindible en el éxito de las políticas de reducción de la inflación y del mantenimiento de los precios en niveles bajos.

Si la evidencia empírica disponible apunta en una dirección muy distinta, si la complejidad de las relaciones económicas cuestionan abiertamente postulados tan simplistas, si, al contrario de lo que sostiene la economía convencional y dominante, el crecimiento de los salarios no sólo es compatible con la mejora de la competitividad de las empresas sino que es condición imprescindible de la misma, si el aumento de las retribuciones de los trabajadores supone una pieza clave de las políticas de creación de empleo, si el comportamiento de los precios trasciende con mucho la dinámica retributiva de los asalariados, si las denominadas políticas de austeridad salarial, además de ser injustas, además de ser un factor esencial en el aumento de la desigualdad, han tenido un efecto calamitoso sobre las dinámicas económicas, si las medidas de disciplina aplicadas sobre los salarios han penalizado sobre todo a los colectivos más débiles y, por esa razón, más vulnerables, dejando intactos los privilegios de los equipos directivos y las cúpulas empresariales… si todo esto es así, ¿por qué se insiste en la necesidad de implementar políticas de moderación salarial como condición sine qua non de una dinámica económica fuerte, saludable y sostenible? ¿Cuál es la razón de que este conjunto de falacias y lugares comunes continúe siendo una de las piedras angulares de la docencia en las facultades de Economía? ¿Qué explicación tiene que, tanto en coyunturas recesivas como de crecimiento, se repita una y otra vez el mantra de la contención salarial?

Yo lo tengo claro, más allá del razonamiento estrictamente económico –si es que tal cosa existe– detrás de esa retórica hay una estrategia política. Porque el triunfo de esa lógica, de esa deriva salarial, que, más allá de la coyuntura, se defiende con carácter estructural, representa, en primer lugar, el debilitamiento, el fracaso de las organizaciones sindicales, cuya razón de ser pasa necesariamente por exigir y conseguir la mejora de las condiciones de vida de los trabajadores. Y, no hay que olvidarlo, el salario constituye la piedra angular de esa mejora: para la gran mayoría es su principal fuente de ingreso. Si los sindicatos mayoritarios renuncian a librar esa batalla o si la dan por perdida o si la pierden por no apostar decididamente por la movilización –presuponiendo, erróneamente, que el aumento de los niveles de ocupación se traduce automática y necesariamente en una mejora de los niveles salariales– queda cuestionada para muchos su razón de ser como sindicatos de clase.

Pero no sólo está la dimensión sindical. Hay una clave política que resulta asimismo imprescindible poner sobre la mesa. La institucionalización de la austeridad salarial, la centralidad de la misma en las estrategias económicas, su aceptación de facto no sólo debilita sino que contribuye a la deslegitimación de las izquierdas, que para muchos trabajadores pasan a formar parte del statu quo.

¿Nos preocupa el hasta ahora imparable ascenso de la extrema derecha y de las derechas extremas (que en aspectos fundamentales son lo mismo)? ¿Nos inquieta la desmovilización social ante el evidente ascenso de los fascismos? ¿Y el discurso de «todos son iguales» o «nada se puede hacer»? No hay respuestas fáciles, ni caben simplificaciones, pues son muchos los factores que pueden ayudar a explicar esa deriva, pero, como he querido plantear en las líneas precedentes, me parece en todo caso necesaria una reflexión acerca de las estrategias y las prácticas sindicales y políticas de las (denominadas) izquierdas.

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¿Preocupación de la administración Trump por las redes del narcotráfico que canalizan la droga hacia Estados Unidos? NINGUNA. Todo ha sido una coartada, una cortina de humo, destinada a preparar el terreno, a crear las condiciones políticas y de opinión pública para la operación militar de Venezuela. Invocar el fentanilo, la cocaína u otras sustancias tan sólo es una excusa para la justificar la invasión de este país, tomada ya hace tiempo; más aún, con ese mismo pretexto, se podrían justificar en el futuro operaciones militares en Colombia y México, países que cuentan con gobiernos que abiertamente cuestionan la conducta imperialista de la administración estadounidense. Todo ello conforme a la doctrina Monroe, reivindicada por Trump, que considera a Latinoamérica como su zona de influencia, su “patio trasero”.

¿Tiene esta operación algo que ver con el “totalitarismo” existente en Venezuela, con las disputas surgidas a raíz de las últimas elecciones celebradas en el país? NADA, otra cortina de humo. De hecho, no sólo la preocupación de Estados Unidos por la limpieza democrática de los procesos electorales es de hecho inexistente, sino que resulta un sarcasmo que el respeto por esos procesos lo reivindique un país que en los últimos 30 años ha promovido o bien ha organizado directamente un buen número de golpes de estado.

Un país que protagonizó la invasión de Iraq, provocando decenas de miles de muertes y la desestabilización de la región, a sabiendas de que carecía de armas nucleares (por cierto con el beneplácito, entre otros, de José María Aznar, político que, si la palabra justicia tuviera algún valor, tendría que haber sido llevado a la Corte Penal Internacional); un país que ahora soporta económica y militarmente regímenes criminales que vulneran de manera sistemática los derechos humanos (Yemen, Arabia Saudí…); un país, en fin, que sostiene militar y económicamente al gobierno genocida de Israel… por citar algunos ejemplos de la “preocupación” de Estados Unidos por los derechos humanos.

¿Cuál es entonces el quid de la cuestión? Está meridianamente claro. Hacerse con las enormes reservas de petróleo existentes en territorio venezolano, las mayores del mundo conocidas, con un enorme potencial de extracción y comercialización; ese ha sido el primer y más importante objetivo del bombardeo y de la intervención militar estadounidense. El mismo Trump, con la obscenidad que le caracteriza, lo ha señalado: las empresas petroleras de Estados Unidos se harán cargo inmediatamente de este enclave estratégico (por cierto, pieza clave en la disputa económica con China en la región).

Una política respaldada por los oligarcas de EE. UU.

Pero, por importante que sea esta cuestión, no se trata sólo de hacerse con el petróleo de Venezuela. El acceso a recursos estratégicos –energía, minerales y tierras raras-, además de ser clave para el propio sector militar, lo es asimismo para la consolidación y expansión de las industrias tecnológicas, que los utilizan masivamente; en consecuencia, necesitan garantizar la oferta y controlar los mercados y las rutas de suministro de esos insumos.

Es en ese contexto donde hay que situar la agresiva e intervencionista política exterior de Estados Unidos; una política respaldada por los oligarcas del país, los poderosos e influyentes milmillonarios, los dueños de las grandes firmas tecnológicas y de las redes que los sostienen; Trump y su camarilla no están solos, no estamos ante un pequeño grupo de alocados políticos; cuentan con una sólida base social que los respalda y que espera obtener, que ya está obteniendo, sustanciales beneficios de las políticas trumpistas.

¿Cómo están respondiendo las instituciones globales a esta flagrante violación del derecho internacional? Una condena formal, como mucho, que de hecho sanciona el nuevo statu quo, y a pasar página. ¿Y las europeas? Me temo que el pronunciamiento de estas repartirá culpas, leves hacia Estados Unidos, y contundentes en lo concerniente al régimen venezolano, justificando en la práctica la intervención militar.

La cuestión tiene su importancia, porque, de hecho, la inacción y el descrédito de las instituciones globales y regionales (y la retirada de Estados Unidos de diferentes instituciones multilaterales) es una pieza clave del unilateralismo practicado por este país, política para la que no hay líneas rojas y que es una de las victorias del neofascismo a escala global.

Con la información disponible cuando escribo estas líneas, ya es evidente la implicación, a diferentes niveles, de la oposición venezolana al gobierno de Nicolás Maduro. Habrá que ver en los próximos días cómo se articulan los diferentes actores en presencia, tanto los que apoyan la invasión como los que han sostenido el régimen.

Un último comentario para recordar las llamadas a la invasión estadounidense realizadas desde hace tiempo por parte de la Maria Corina Machado -a la que, para vergüenza de la institución que lo concede, recientemente se le ha otorgado el premio nobel de la paz- y su ofrecimiento a tomar el poder de manera inmediata.

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