‘La parábola del rico insensato’. (Rembrandt, alrededor de 1627).

Artículo original publicado en ctxt.es por Constantino Bértolo

Mientras los bancos –los seis grandes ganaron 34.000 millones en 2025– apliquen una política sobre el ahorro tan cicatera, el negocio inmobiliario será la inversión rentable. La izquierda debe intervenir

La socialdemocracia, desde Kautsky en Alemania y Fernández de los Ríos en España, encuentra su fundamento ideológico en la confusión entre la lógica del capital con la moral y las buenas intenciones. Y así, por ejemplo, de pronto y en plena y eterna campaña electoral, Pedro Sánchez le pide a la patronal “que paguen más” y Yolanda Díaz le reprocha a Garamendi, presidente de la CEOE, que gane más de cien veces el salario mínimo interprofesional. Como si los capitalistas pudieran dejar de ser capitalistas. Parecería que para la socialdemocracia socialista o comunista los capitalistas son gentes malas y egoístas, pecadores, en definitiva, y sin duda por eso tratan de salvarlos ayudándoles a que sean malos pero no tanto.

No deja de ser curioso que, por ejemplo, a los tenedores de pisos, como si fueran niños caprichosos u onanistas de la propiedad privada, se les intente apartar, vía decreto, ordenanzas o impuestos, de los nefastos vicios de la especulación inmobiliaria. En Cataluña, a los grandes tenedores (propietarios de cinco o más viviendas) se les quiere prohibir comprar un piso salvo que demuestren, en un plazo de doce meses –prorrogables a dieciocho– que es su residencia habitual. Cabe imaginarse a la tropa de los grandes tenedores saltando de barrio en barrio y me empadrono porque me toca, mientras que a los menos afortunados (de cinco propiedades como mucho) se les dejará comprar nuevas moradas siempre que sea para uso de un familiar hasta segundo grado de consanguinidad: hijos, hijas, sobrinos, sobrinas o nietos y nietas. ¡La familia que compra unida permanece unida! 

El 30 % de las compras de vivienda se ha efectuado mediante pago directo y el 70 % vía hipoteca

Pero si algo nos enseña el marxismo es que debajo de la playa siempre está el capital y que, por encima de los solares urbanizables, siempre está el precio del dinero. Los datos sobre vivienda del año 2025 son muy curiosos y reveladores. El fuerte incremento del número de viviendas que se heredan cada año –más de 200.000 en 2025– no deja de ser sorprendente, aunque responda a causas muy predecibles. Como si la muerte fuese la condición más favorable para aflojar tensiones entre la oferta y la demanda. La bajada del número de nacimientos durante las últimas décadas no hace sino provocar una fuerte acumulación de patrimonio inmobiliario en manos de ese 1,1 % de tasa de natalidad sobre el que están desembocando la acumulación de propiedades de abuelos y padres, sin contar otras ramas familiares sin herederos directos. Muchas hijas o hijos únicos se van a ver convertidos en pocos años, en medianos o grandes propietarios. Un fenómeno que indudablemente aumentará el tamaño de la brecha de desigualdad pero que a su vez tendrá o está teniendo ya su llamativo reflejo en el sistema inmobiliario español. Las estadísticas indican que durante este último año cambiaron de propiedad más de un millón de casas, con más de 700.000 compraventas registradas. Profundizando un poco más en las cifras, cabe destacar que, de esa totalidad, el 30 % se han efectuado mediante pago directo y el 70 % vía hipoteca. La tendencia al alza en el uso de hipotecas se explicaría por la progresiva moderación de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo, que mejora las condiciones de acceso al crédito y reduce las cuotas mensuales, mientras que el pago directo sería la vía elegida por ahorradores e inversores, es decir, por aquellos que, poseyendo un patrimonio monetario más o menos importante, buscan rentabilizarlo. 

En el caso de quienes acudan a la hipoteca la cuota mensual aproximada que tendrán que amortizar es de unos 1.124€

En el caso de quienes acudan a la hipoteca, y siendo la hipoteca media en lugares muy tensionados como Madrid de casi 300.000€, a 30 años y un tipo fijo del 2,1 % TIN, la cuota mensual aproximada que tendrán que amortizar es de unos 1.124€. Dado que la media del pago de alquiler en España supone un cifra semejante o superior en la mayor parte de los casos, parece evidente que el acceso a la propiedad de un piso resulta ser una inversión segura, aunque no demasiado rentable, salvo que tenga lugar en aquellas zonas urbanas donde el alquiler real dobla la media señalada, lo que explica la concentración del problema en las áreas urbanas más tensionadas. En todo caso, la propiedad inmobiliaria goza, con destino a alquiler o no, de una sostenible y general revalorización.

La escasez de la vivienda en España es sin duda el elemento económico que explica el alza continua de su precio, con un incremento anual del 13 %, que representa más del doble de la media europea. Pero detrás de la demanda se esconde otra variable financiera: ¿cuánto vale el dinero?, que convendría tener en cuenta a la hora de interpretar y programar soluciones al problema. Como señalaba hace poco Ricardo Sobrino en un artículo en El País, “los hogares españoles acumulan más de un billón de euros en depósitos de muy escasa o nula rentabilidad”. Teniendo en cuenta que la remuneración media de los depósitos a la vista es del 0,14% anual y la de los depósitos a plazo del 1,6%, mientras que la inflación supuso en 2025 un 2,7 %, la cosa parece clara: tener el dinero en el banco no es rentable. De ahí la demanda de la “mercancía vivienda” como inversión atractiva por su mayor rentabilidad para muchas economías “domésticas”. Desde esa realidad se deriva que el incremento de la demanda no es únicamente asunto, ni mucho menos, de los grandes especuladores, sino la acción capitalista natural de cualquier economía que no se resigne a que el sistema financiero le haga perder cada año el 3% de su dinero. Dicho en otros términos: si se olvida u obvia que la usurera política de remuneración del ahorro que la banca está llevando es causa relevante del problema, de poco valdrá desviar hacia la conducta moral de los propietarios causas, iniciativas fiscales y consejos. Al respecto no puede uno dejar de sonreír al recordar cómo, en 2023, Nadia Calviño, durante su etapa como vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, pidió a la banca, en múltiples ocasiones que aumentara, en un contexto de subida de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo, las tasas de retribución de las cuentas de ahorro y depósitos: “No me cabe ninguna duda de que el sector bancario español tiene que empezar a transmitir la subida de los tipos de interés en beneficio de los clientes y de los ciudadanos españoles”. ¿Respuesta? Silencio, fusiones, ERES y recorte de plantillas.

Una política sobre el ahorro tan cicatera en tiempos en los que sus beneficios mantienen año tras año incrementos espectaculares requiere intervenciones reales y no apaños bienintencionados. Los seis grandes bancos –Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankinter y Unicaja– ganaron 34.000 millones de euros en 2025, un récord absoluto, y apenas tributan el 5 % de sus ganancias. El capital, vía sistema financiero, se come nuestro dinero y lo evacua como inversión rentable en el negocio inmobiliario. Y no estamos hablando de nacionalizar la banca, que también, sino acaso, y aprovechando créditos que aporte Bruselas, poner en marcha algo así como una Caja Nacional de Ahorros que, al menos, compita con la banca privada en el campo de la remuneración de cuentas y depósitos. Porque, si la izquierda no asume la necesidad de intervención sobre los mecanismos que garantizan la reproducción ampliada del capital, no dejará de ser un paño de lágrimas. Con una propuesta así en su programa, quizá la izquierda sería capaz de presentarse como una fuerza única y coherente. Que falta nos hace.

La entrada La vivienda y lo que vale nuestro dinero se publicó primero en ATTAC España | Otro mundo es posible.

Artículo original publicado en rentabasica.org por Julen Bollain

El mundo no se ha vuelto autoritario por accidente. Se ha vuelto autoritario porque demasiada gente vive con miedo. Miedo a perder el empleo, la vivienda, los ingresos, la dignidad. En este contexto, el trumpismo —entendido no como una persona concreta, sino como un clima político global— no es una anomalía, sino una respuesta previsible a una inseguridad material crónica.

Porque cuando la vida se convierte en una carrera permanente llena de obstáculos, la promesa sencilla de orden, castigo y enemigos claros resulta altamente tentadora. Y no porque convenza intelectualmente, sino porque tranquiliza emocionalmente. Es por ello que, si queremos entender por qué las democracias actuales se están erosionando a pasos agigantados, debemos hacer menos caso a los discursos prefabricados por sesudos asesores políticos y más a las condiciones materiales que los hacen creíbles.

El autoritarismo no avanza solo porque haya más odio o más ignorancia entre la ciudadanía. Avanza cuando amplias capas de la población sienten que no tienen nada que perder. Cuando cualquier imprevisto —una enfermedad, un despido, una ruptura— puede precipitar una caída sin red. Es en ese escenario cuando la política deja de ser un espacio de deliberación y se convierte en una gestión permanente del miedo.

Y aquí es, precisamente, donde la renta básica deja de ser una política social más y se revela como algo mucho más profundo. Hablamos de una infraestructura democrática que sostiene la libertad material. No una varita mágica ni una solución total, pero sí una condición material clave para que la democracia funcione más allá del ritual electoral.

Como ya hemos dejado escrito en multitud de ocasiones, la renta básica no es caridad, ni asistencialismo, ni un premio al (de)mérito. Es un derecho incondicional que garantiza que todas las personas dispongan de una base material mínima sobre la que construir su proyecto vital. Su efecto más importante no es el consumo, ni siquiera la reducción de la pobreza —que también—, sino la reducción del chantaje económico que atraviesan las personas hoy en día en nuestras sociedades. Porque una sociedad en la que decir “no” implica caer al vacío no es una sociedad libre. Es una sociedad disciplinada por el miedo. Miedo a perder el trabajo, aunque sea un trabajo con condiciones de mierda. Miedo a quedarte en la calle si plantas cara a tu casero ante una subida abusiva. Miedo a denunciar abusos. Miedo a salir de una relación insostenible. Miedo a discrepar políticamente. Miedo, en definitiva, cuando tu vida depende de un hilo.

Y no nos engañemos. La renta básica no compra votos, como repiten algunos analistas de sobremesa que confunden cinismo con lucidez. Compra margen de decisión. Compra tiempo. Compra capacidad de disentir sin que la vida se desmorone. Y todo eso, en términos democráticos, es enormemente revolucionario.

Frente al trumpismo —y sus múltiples variantes locales—, la renta básica representa un modelo político radicalmente distinto. El autoritarismo promete protección, pero siempre a cambio de obediencia. Protege a unos frente a otros, establece jerarquías morales y convierte la sospecha en principio de gobierno. Divide entre quienes merecen y quienes no. Entre los de dentro y los de fuera. La renta básica, en cambio, se basa en una lógica totalmente opuesta. Habla en términos de seguridad universal, de derechos sin condiciones, de confianza. No pregunta quién eres, de dónde vienes o qué has hecho para merecer vivir con dignidad. Asume que la dignidad no se gana. Se garantiza.

Hay quien nos llamará ingenuos por creer en la gente. Pero es puro realismo democrático. Las sociedades que funcionan mejor no son las que castigan más, sino las que reducen el miedo estructural que empuja a la gente hacia soluciones autoritarias. La historia reciente lo demuestra una y otra vez. Cuando la inseguridad material se cronifica, el terreno queda abonado para líderes que prometen orden a cualquier precio. Aunque el precio a pagar sean nuestros derechos y nuestra libertad.

Debemos ser conscientes de que, en un mundo atravesado por crisis ecológicas, transformaciones tecnológicas y tensiones geopolíticas, la tentación autoritaria no va a desaparecer por sí sola. Al contrario, se intensificará en los próximos años. No obstante, pensar que todo ello se solucionará con mejores discursos o con mayor pedagogía democrática es, como mínimo, ingenuo. Porque, sin una base material que sostenga la libertad, la democracia se vacía por dentro.

La renta básica no es la solución a todos nuestros problemas. Pero sin ella —o sin políticas que cumplan una función similar de desmercantilización de la vida— seguiremos intentando defender la democracia con herramientas cada vez más frágiles. Y en ese terreno, quienes gobiernan desde el miedo siempre llevan ventaja. Si queremos salir de este mundo trumpista, no basta con denunciarlo y gritar muy alto en redes sociales. Hay que construir alternativas que devuelvan a la gente algo tan simple y tan radical como la seguridad de existir sin miedo. La renta básica es una de ellas. Y quizá no deberíamos seguir tratándola como una idea excéntrica, sino como lo que realmente es: una vacuna democrática.

Fuente: https://catalunyaplural.cat/es/la-renta-basica-como-vacuna-democratica/

La entrada La renta básica como vacuna democrática se publicó primero en ATTAC España | Otro mundo es posible.

Artículo original publicado en matoeconomia.blogspot.com por Carlos Sánchez Mato

Los planes de pensiones privados se desangran: Una muy buena noticia

En 2025 las salidas de fondos de los planes de pensiones vía prestaciones y pagos por supuestos de especial liquidez han superado a las aportaciones en 1.659 millones de euros.

Hemos pasado de aportaciones netas superiores a 3.000 millones de euros en 2007 a que se produzcan más reintegros y pagos de prestaciones que aportaciones brutas en cada ejercicio. Buenísima noticia. Solo son negocio para sus gestores y únicamente gracias a los beneficios fiscales.

Las aportaciones netas a los planes de pensiones privados alcanzaban el 0,29% del PIB en 2007. En 2025 eran negativas del -0,10% del PIB. Una muestra clara de que, reduciendo los beneficios fiscales, las personas trabajadoras les dan la espalda. Simplemente no son atractivos.

No solo lo digo yo. Es la conclusión del informe 2025 de la patronal Inverco.

«El descenso está relacionado con la drástica reducción del límite máximo de aportación» fiscalmente deducible.

El resultado es que las aportaciones brutas se estacan y cada vez suponen un porcentaje inferior en relación con las cotizaciones sociales. En definitiva, el sistema de pensiones es cada vez «más público» lo que es una excelente noticia.

No es casual.

La rentabilidad a largo plazo de los fondos de pensiones privados es muy reducida. A un plazo de 25 años el promedio es de un 2,9%, prácticamente la mitad del retorno que ofrece el sistema de pensiones público. Por eso los planes privados se desangran. Gran noticia.

La entrada Los planes de pensiones privados se desangran: Una muy buena noticia se publicó primero en ATTAC España | Otro mundo es posible.

Artículo original publicado temposdixital.gal por Cesáreo Villar Blanco

Muchos activistas deben lamentar la pérdida de la irremplazable Susan George, politóloga, socióloga, filósofa y activista franco-estadounidense, quien falleció el 14 de febrero a los 91 años. Numerosas organizaciones y grupos destacan en su despedida la magnitud de su obra, un enorme legado de análisis, argumentos e ideas para identificar las fuentes del poder, defender a los más desfavorecidos y proteger el medio ambiente. Mi reseña no puede hacer mucho por ensalzar sus evidentes méritos, pero me gustaría dejar un pequeño testimonio del relevante papel de ciertas personalidades, como ella, capaces de brindarnos herramientas para comprender los conflictos y buscar soluciones en un mundo enormemente complejo.

Ya conocía a Susan George desde la universidad, pero fue años después, a través de un documental en Televisión Española, cuando la escuché denunciar las privatizaciones, las desregulaciones y otras maniobras que empezaban a manifestarse en pleno neoliberalismo. Hablaba en nombre de Attac ( Asociación por la tributación de las transacciones financieras y la acción ciudadana ) para denunciar esa doctrina nacida en el Norte global que se imponía en detrimento de los países del Sur y de los ciudadanos más desfavorecidos. Su mensaje me pareció inicialmente abstracto, incluso un poco conspiranoico, pero lo cierto es que describía el entramado invisible de la economía y las instituciones de una forma demasiado convincente como para ignorarla. Fue esa voz serena, indignada y firme, junto con la de otros pensadores críticos, la que me condujo hasta las puertas de su organización, que por aquel entonces formaba parte de lo que se conocía como altermundismo. El resultado fue que una ciudadana confundida y pasiva como yo acababa de despertar gracias a personas como esta mujer incansable que llevaba años buscando estrategias para fortalecer a una ciudadanía indefensa.

Esas voces antiglobalización (o, mejor dicho, contra los efectos indeseables de la globalización) llevaban tiempo advirtiendo sobre las graves desigualdades, los peligros ambientales y el riesgo de crisis debido a las prácticas codiciosas de un pequeño número de agentes económicos. Finalmente, sus alarmantes análisis quedarían demostrados en la burbuja financiera que estalló en 2006-2007 en Estados Unidos hasta sacudir al mundo entero. Susan George era una persona respetable que llevaba años denunciando las perversiones de ese sistema diseñado para el beneficio de unos pocos y que ahora estaba fracasando estrepitosamente. Curiosamente, en su libro más famoso, «El Informe Lugano», concibió un dossier ficticio que describía con una verosimilitud tan asombrosa las despiadadas estrategias del gran capital y sus instituciones que acabaría sirviendo al público como una guía reveladora sobre el funcionamiento de las élites globales. Personalmente, encontré muy útiles sus ideas orientadas a la acción, que se vieron reforzadas por las reflexiones de los mejores pensadores críticos del momento (Naomi Klein, Eric Toussaint, David Graeber, etc.). Ambos contribuirían decisivamente a dar peso a movimientos de influencia global como el 15M u Occupy Wall Street , movilizaciones que redefinieron el rumbo político de muchos países. Yo tenía más de cuarenta años por aquel entonces, pero con la ayuda de intelectuales audaces y solidarios como ella, comencé a comprender los mecanismos que sustentan el lucro, la destrucción del medio ambiente, el cálculo despiadado de las grandes corporaciones y la indefensión de los humildes.

En 2010 tuve la suerte de participar en la presentación de su libro «Su crisis, nuestras soluciones» en España. Recuerdo haber depositado con entusiasmo folletos y cuadernillos de Attac en la entrada del salón de actos del Colegio Julián Besteiro de Madrid. Aquella mujer de unos 76 años apareció acompañada de mi amigo Ricardo G. Zaldívar, quien compartiría mesa con la autora en la presentación. El recinto estaba a rebosar, como era de esperar para recibir a una intelectual de renombre, pero confieso que recuerdo poco de su discurso. Sé que presentó argumentos de su libro sobre la confluencia de varias crisis (ecológica, social, financiera) y la jerarquía necesaria para resolver sus causas, pero lo que más me impresionó fue la empatía y la energía que desplegó. Como activista competente, era consciente de que este tipo de reuniones no son tanto para explicar, sino para unir y motivar. Poco antes de finalizar el evento, recuerdo que empezó a animar alegremente al público con consignas «antisistema», como si estuviera en la calle; Luego, agradeció efusivamente a los intérpretes su desinteresada colaboración y finalizó diciendo que se sentiría satisfecho si su participación lograra motivar aunque fuera a una sola persona en aquella abarrotada sala a luchar activamente por el cambio social.

Hoy han pasado casi 20 años desde aquellos días de activismo que me atrajeron por antiglobalistas tan carismáticos como ella. Y aunque tengo la sensación de que la protesta social no atraviesa uno de sus mejores momentos, albergo la esperanza de que figuras tan competentes como Susan George continúen esa inspiradora misión de guiarnos en medio de la confusión. Es cierto que una categoría humana como la suya no suele ir acompañada de una capacidad intelectual tan poderosa, pero no dudo de que su obra y su ejemplo seguirán generando una influyente atracción que nos orientará hacia el Sur y nos acercará un poco más a un mundo mejor.

Que ahora descanse en paz quien tanto luchó por ella.

La entrada Susan George, una pensadora del Sur se publicó primero en ATTAC España | Otro mundo es posible.

Fotografía: Trabajadoras de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre en una imagen sin fechar. / Historia Bancaria

Artículo original publicado en ctxt.es por Juan Torres López

El Banco Central Europeo se suma a más de un centenar de bancos centrales que estudian o diseñan la emisión de nuevas monedas digitales. 

La idea suena ambiciosa, casi revolucionaria. Pero conviene aclarar las cosas porque –por lo que el propio BCE viene informando sobre su proyecto– parece que lo que va a crear se parece más a un “monedero digital” que a una auténtica nueva moneda de esa naturaleza.

El euro digital ya existe

El dinero es, en términos simples, cualquier cosa que sea aceptada generalmente como medio de pago. Hoy adopta formas distintas. Por un lado, está el dinero físico –monedas y billetes de euros– que es el dinero legal emitido por el banco central. Y por otro lado hay dinero digital (en nuestro caso, euro digital), que es el que utilizamos cada día a través de nuestras cuentas bancarias, tarjetas, transferencias o aplicaciones móviles. Este último no lo crea directamente el banco central, sino los bancos comerciales cuando conceden crédito. Es dinero bancario, digital, y constituye la inmensa mayoría del dinero en circulación.

El euro ya es fundamentalmente digital. Cuando pagamos con tarjeta o hacemos una transferencia no movemos billetes ni monedas

Por lo tanto, el euro ya es fundamentalmente digital. Cuando pagamos con tarjeta o hacemos una transferencia no movemos billetes ni monedas, sino números en la cuenta de nuestro banco. Es decir, no es dinero que circule en forma de papel o metal, como los billetes y monedas, sino como apuntes electrónicos en los ordenadores de los bancos. Podemos convertirlo en billetes si queremos, pero mientras tanto son simplemente cifras anotadas en nuestra cuenta.

¿Qué es una moneda digital del banco central?

Si un instrumento reúne esas propiedades, ya no es simplemente un medio de pago digital más. Es una nueva forma de dinero público

A diferencia del dinero bancario actual, que es dinero digital creado por la banca privada, una moneda digital de banco central (MDBC) es dinero emitido directamente por el banco central en formato digital y accesible al público en general.

Por tanto, para que lo sea en sentido pleno, debería reunir al menos las siguientes características:

– Emisión directa por el banco central, como lo son hoy los billetes y monedas.

– Acceso universal, de modo que cualquier persona o empresa pueda abrir una cuenta o mantener saldo directamente en el banco central, sin necesidad de intermediación bancaria para disponer de la titularidad del dinero.

– Convertibilidad plena y paritaria. Es decir, ser intercambiable uno a uno con el dinero físico y con los depósitos bancarios.

– Ausencia de límites cuantitativos o de topes de tenencia, para que pueda utilizarse exactamente igual y con los mismos fines que cualquier otra forma actual de dinero.

– Posibilidad de ser remunerado con intereses para que así el banco central pudiera convertir su gestión en un instrumento directo más de política monetaria.

– Capacidad de funcionar como medio de pago general. Es decir, ser utilizable en todo tipo de transacciones, tanto minoristas como electrónicas, en igualdad de condiciones frente a otras formas de dinero.

Si un instrumento reúne esas propiedades, ya no es simplemente un medio de pago digital más. Es una nueva forma de dinero público plenamente equiparable al efectivo, pero en formato digital.

Lo que al parecer se propone crear el Banco Central Europeo

Según la información difundida por el Banco Central Europeo, el euro digital que se propone crear tendría características y funcionalidades bastante diferentes a las anteriores. No sería una nueva moneda digital en sentido estricto por diferentes razones:

a) Se establecen límites cuantitativos a la tenencia de euros digitales, parece ser que de 3.000 euros por sujeto. Una restricción que impide que pueda utilizarse libremente como cualquier otra forma de dinero y limita su capacidad de convertirse en alternativa real a los depósitos bancarios.

b) No tendría remuneración y, al excluir el pago de intereses, el BCE renuncia a utilizarlo como instrumento directo y flexible de política monetaria. Evita así que compita en condiciones similares con otros activos líquidos.

c) No estaría diseñado para funcionar en igualdad plena frente a los depósitos bancarios.
El propio BCE ha señalado que su objetivo es evitar que la banca privada deje de ser la principal vía de intermediación financiera. Es decir, el diseño incorpora explícitamente la intención de que no sustituya ni compita estructuralmente con los depósitos privados.

d) No supondría una ampliación sustancial del dinero público en circulación.
En la práctica, el euro digital se nutriría principalmente de transferencias desde depósitos bancarios ya existentes, más que de una expansión neta del dinero emitido por el banco central.

Las ventajas del euro digital

Una parte significativa de nuestras infraestructuras depende de redes y plataformas privadas, muchas de ellas fuera del control directo europeo

A la vista de esto último, es fácil deducir que el euro digital que se propone crear el BCE cumpliría algunas características de una moneda digital del banco central, pero no todas las que podría tener en sentido pleno. No sería una moneda digital del banco central en su versión completa, sino una versión limitada y bastante acotada de esa posibilidad. Como dije, una especie de monedero digital sofisticado.

A pesar de ello, es cierto que tendría virtudes importantes 

En primer lugar, proporcionaría un nivel de seguridad superior al de los depósitos bancarios privados, cuya garantía depende en última instancia de mecanismos de respaldo y supervisión. Tener dinero directamente emitido por el banco central elimina el riesgo de insolvencia de una entidad comercial sobre ese saldo concreto.

En segundo lugar, reforzaría la autonomía europea en el ámbito de los pagos digitales, pues una parte significativa de nuestras infraestructuras actuales depende de redes y plataformas privadas, muchas de ellas fuera del control directo europeo. Aunque esto sólo se produciría en cierta medida, como expliqué en un artículo anterior.

En tercer lugar, el euro digital actuaría como contrapeso frente a la expansión de soluciones privadas –desde grandes plataformas tecnológicas hasta iniciativas cripto– en el ámbito monetario. 

En cuarto lugar, podría mejorar la eficiencia en los pagos al reducir costes de transacción, aumentar su velocidad, ofrecer interoperabilidad en toda la eurozona y permitir pagos digitales sin conexión a la red (si se diseña para que pueda ser así).

Finalmente, si se diseña adecuadamente, puede aumentar la inclusión financiera facilitando el acceso a pagos digitales a personas con menor acceso a servicios bancarios tradicionales. 

Las renuncias del Banco Central Europeo

La creación de un euro digital que no será una auténtica nueva moneda sino algo de bastante menos alcance, como hemos visto, supone que el BCE renuncia a ventajas e instrumentos muy relevantes que tienen las monedas digitales de los bancos centrales en sentido estricto y pleno.

Renuncia, en primer lugar, a que el euro digital se convierta en una alternativa real a los depósitos bancarios.

Renuncia también a la remuneración de esos saldos, lo que excluye su utilización como instrumento directo y flexible de política monetaria.

Al establecer un límite de depósito y excluir su remuneración, el BCE garantiza que el euro digital no se convierta en una alternativa significativa a los depósitos bancarios. El resultado es que la estructura actual de creación y gestión del dinero permanece intacta, con los mismos incentivos y vulnerabilidades que han caracterizado al sistema en las últimas décadas y que han hecho necesarias en demasiadas ocasiones intervenciones públicas muy costosas para sostener la estabilidad financiera.

El argumento que invoca el Banco Central Europeo para no ir más allá es la estabilidad financiera. Por un lado, como dice el propio BCE, para evitar que se produzca una desintermediación significativa de la banca privada. Es decir, que deje de ser el eje o centro principal de la captación de depósitos y de la provisión de crédito y medios de pago en Europa. Y, por otro, que se produzcan tensiones por salidas masivas de dinero si no se pone límite a la transferencia de depósitos hacia el euro digital. Pero el resultado de ese conservadurismo es claro y negativo: el euro digital nace diseñado para no transformar la arquitectura monetaria existente. 

La transición tecnológica en la que nos encontramos, la auténtica revolución financiera que ya ha empezado a darse, ofrece una oportunidad histórica para redefinir el papel del dinero público en la economía digital y para reforzar la autonomía de la Unión Europea. 

El Banco Central Europeo podría haberla aprovechado, pero ha optado por la versión más conservadora, neutra y cuidadosamente acotada del euro digital. Y cuando la innovación tecnológica avanza y proporciona oportunidades de cambio, elige mantener el equilibrio institucional, a pesar de los graves y recurrentes problemas que ya ha dado. 

En un momento en el que Europa debate su autonomía estratégica, el dinero público digital podría haber sido una herramienta de transformación. Con lo que proyecta hacer el BCE será, sin embargo y como mucho, un instrumento complementario que no podrá desplegar todo el enorme beneficio potencial de las auténticas monedas digitales de los bancos centrales. Una gran oportunidad perdida.

La entrada Euro digital: el puedo y no quiero del Banco Central Europeo se publicó primero en ATTAC España | Otro mundo es posible.

Fotografía: Tren entrando en la estación de Madrid-Puerta de Atocha-Almudena Grandes. Europa Press

Artículo original publicado en publico.es por Juantxo López de Uralde

El debate parlamentario sobre el trágico accidente ferroviario de Adamuz ha adolecido, desde mi punto de vista, de la relevante discusión sobre las políticas de transporte, y en especial ferroviarias, en nuestro país. Esta cuestión no es menor, ya que las decisiones tomadas desde 1992 sobre el tipo de tren a priorizar, su coste y el destino de las inversiones tiene una relación directa con la situación que se debate. Los sucesivos gobiernos del PSOE y el PP han priorizado sistémicamente la construcción de líneas de AVE, dejando al margen otras opciones ferroviarias. Hoy se ponen de manifiesto las debilidades de esta decisión. 

Conviene recordar, en primer lugar, que en España el 90% de los viajeros de tren utilizan el cercanías. Sin embargo, esta red ferroviaria solo recibió según datos de la AIReF, en el período 1990-2018 una inversión de 3.600 millones de euros, cifra que contrasta con los 55.888 millones de euros invertidos en Alta Velocidad en el mismo periodo, pese a que esta red solo acumuló 30 millones de viajeros en 2018, un 4,8% del total de pasajeros en ferrocarril.

En el estudio de la AIReF se afirma que «España cuenta con la segunda red de Alta Velocidad ferroviaria más extensa del mundo, con 3.086 km, por delante de la de cualquier otro país europeo y solo por detrás de la de China. Para desplegar esta red se han invertido más de 55.888 millones de euros, de los que 14.086 millones (un 25,2%) se han costeado con financiación europea. Otros 15.858 millones han pasado a ser deuda de ADIF Alta Velocidad, la entidad pública empresarial creada para financiar las inversiones y cuyos niveles de déficit y deuda no computan en las cuentas nacionales.»

El alto coste de la inversión en alta velocidad ha vaciado la capacidad inversora en cercanías, ha marginado el transporte de mercancías y el tren convencional de media distancia, y tampoco ha mejorado la vertebración territorial, ya que muchos territorios han quedado con muy poco o ninguna conexión ferroviaria.

A ello hay que sumar, y esto tiene mucha relación con el debate actual sobre las inversiones, que el mantenimiento de las líneas de alta velocidad tiene un coste muy alto en comparación con las líneas convencionales (el cálculo manejado es de 100.000 € por kilómetro y año, aunque ya esta cifra ha podido quedar obsoleta).

La cuestión que debe plantearse, nuevamente desde mi punto de vista, es si el modelo seguido hasta ahora debe perpetuarse. El vigente Plan de Infraestructuras planificó una red de Alta Velocidad de 8.740 km, por lo que quedarían por construir 5.654 km, lo que implicaría una inversión mínima de 73.000 millones de euros adicionales a los 55.888 ya invertidos. Es decir, cuando ni siquiera se ha llegado a completar el 50% de la red de alta velocidad programada,  ya las infraestructuras actuales muestran problemas evidentes.

Así las cosas, creo que la pregunta que debemos hacernos como país es si el actual modelo debe perpetuarse, o si es conveniente rectificar. Esta pregunta no interesa al binomio PP/ PSOE que han ido pasándose el testigo en sus sucesivos gobiernos de los planes de alta velocidad. Pero quizás haya llegado el momento de cuestionar si tiene sentido seguir adelante con estos planes o si conviene estudiarlos de nuevo a la luz de los déficits actuales.

La alternativa pasaría por la inversión en cercanías, el apoyo al transporte de mercancías por ferrocarril, y retomar la mejora de las líneas de media distancia para convertirlas en línea de velocidad alta. Al mismo tiempo replanteando cuales de las líneas programadas de alta velocidad son realmente necesarias, y deben seguir adelante.

Apoyar el ferrocarril es imprescindible ya que es el sistema de transporte mas ecológico y seguro. Pero el debate sobre el actual modelo basado casi exclusivamente en la alta velocidad no puede seguir evitándose.

La entrada Apoyar el tren, redimensionar el AVE se publicó primero en ATTAC España | Otro mundo es posible.

Fotografía de ceronegativo

Artículo original publicado en mundoobrero.es por Carlos Sánchez Mato

Solventados los obstáculos iniciales para articular las ayudas europeas para hacer frente a la crisis económica que siguió al estallido de la pandemia, estamos ya en la fase de acceso a los recursos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), que constituyen el eje central del programa Next Generation EU (NGEU).

Para hacerlo, cada Estado miembro tiene que presentar un plan de inversiones y de reformas que deberá acometer antes de 2026 y que en nuestro país se concentrarán en diez grandes áreas que sumarán 140 mil millones de euros, entre transferencias y préstamos. En los Presupuestos Generales del Estado de 2021 ya se han incluido inversiones por valor de 26.634 millones de euros a cargo de estos fondos europeos.

Pero el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía no es solo “dinero que viene de la Unión Europea”. En el mismo se incluyen también las reformas estructurales que el país deberá acometer en los próximos años. Y eso no sería nada malo porque es evidente que precisamos de ellas. Urgen políticas que la pandemia ha convertido en ineludibles porque, cuando más arreció la crisis sanitaria, más se puso de relieve la precariedad de millones de trabajadoras y trabajadores, verdaderamente esenciales para que todo siga funcionando o la insuficiencia de los servicios públicos de titularidad y gestión pública para hacer frente a la crisis económica.

Pero hay quien tiene planes muy diferentes para el futuro. Igual que cuando en septiembre de 2008, Nicolas Sarkozy declaró, sin reírse siquiera, que había que “refundar el capitalismo» y asistimos a continuación a un disparatado austericidio que despojó de derechos económicos y sociales a la clase trabajadora de todo el continente, ahora hay quien aspira a dar más vueltas de tuerca a la explotación.

Y por eso el Banco de España plantea en su Informe Anual¹ una batería de reformas que tendrían que poner a organizaciones políticas, sindicales y sociales a organizar desde este momento una feroz resistencia. Porque, lejos de abordar los verdaderos retos a los que se enfrenta la mayoría social, intenta cual Caballo de Troya, destruir derechos conquistados e instalar definitivamente la precariedad en las relaciones laborales.

De hecho, el planteamiento que realiza para poder abordar la estrategia global de crecimiento tiene como objetivo aumentar la productividad con políticas que favorezcan el crecimiento empresarial y estimulen la acumulación de capital humano y tecnológico. Y la “mejor” herramienta que se le ha ocurrido plantear es dedicar recursos procedentes del programa a la aprobación de la llamada “mochila austriaca” que recibe este nombre porque fue Austria la que en 2002 reformó su normativa laboral, sustituyendo la indemnización por despido a sus trabajadores, por un sistema en el que las empresas realizan una contribución a una cuenta a nombre del trabajador, equivalente a un determinado porcentaje de su salario.

Indica el Banco de España que hay una enorme diferencia entre las indemnizaciones percibidas por trabajadores temporales y quienes tienen contratos indefinidos y antigüedad en sus empresas. Según estimaciones realizadas por el propio organismo a partir de la Muestra Continua de Vidas Laborales (MCVL), entre 2013 y 2016, el 10% de los trabajadores que percibieron indemnización al finalizar su relación laboral, recibieron 23 euros o menos, mientras que el 10% de los trabajadores que recibieron las mayores indemnizaciones cobraron 6.400 euros o más. En vez de ser consciente el Banco de España de lo que supone esa situación para la gran mayoría de trabajadores en el país, opta por echar una mano a la CEOE y propone cambiar el sistema, que tiene elevadísimas dosis de injusticia y perversidad, por uno… peor.

El nuevo empezaría por reducir a la mitad los ya recortados costes de despido y de finalización de contrato que existen en la actualidad. A cambio, las empresas aportarían una cantidad equivalente a seis días por año trabajado a fondos individuales de los trabajadores que estos podrían llevarse consigo si deciden cambiar de empleo, a diferencia de lo que ocurre actualmente y es que la indemnización solo se percibe en caso de despido. Con el “caramelo” de facilitar la movilidad laboral y de una mayor facilidad para contratar, se abarata un 50% el coste de despedir.

Pero, hay un problema. Y son los derechos adquiridos.

Porque para que este nuevo expolio funcione, es necesario cubrir el coste del período de transición en el que los actuales trabajadores acumulan de indemnizaciones hasta la entrada en vigor en su totalidad del nuevo sistema.
Pero cuando se trata de socorrer a los de arriba, el Banco de España siempre encuentra una solución. Y lo que plantea en su Informe Anual es que sea el Estado el que financie una parte de las contribuciones empresariales al nuevo fondo. Eso sí, solo en el corto plazo y de manera decreciente en el tiempo. Cinco días por año trabajado en el primer año después de la reforma, cuatro días en el segundo año, y así sucesivamente, de modo que las empresas se harían cargo totalmente de los pagos al fondo seis años después de aprobarse la reforma.

El coste total para las arcas públicas de la financiación de este nuevo hachazo a los trabajadores y trabajadoras ascendería a unos 8.660 millones de euros. Y como el Banco de España cree que podría suponer un problema defender en el mismo documento que hay que equilibrar las cuentas públicas y gastarse ese pastizal en ayudar a las empresas a que puedan recortar sus plantillas con un coste inferior en el futuro, propone que se financie, al menos parcialmente, con fondos del programa NGEU.

Lo han estudiado bien y dicen que el propio Reglamento de la Comisión Europea “indica que las reformas susceptibles de ser financiadas con estos fondos deben ayudar a potenciar el crecimiento o a mejorar la sostenibilidad económica o medioambiental” y por eso el Banco de España cree que las reformas del mercado de trabajo encajan perfectamente.

Lo que simple y llanamente propone el Banco de España es un abaratamiento del despido y la financiación de la puesta en marcha del sistema con fondos públicos. Hasta el propio organismo reconoce que la introducción del nuevo sistema podría suponer que “las empresas podrían ser más propensas a despedir al reducirse a la mitad el coste marginal de esa decisión, y estos despidos no estarían tan concentrados en los trabajadores de menor antigüedad”. Pero propone incentivar a las empresas con bonificaciones y penalizaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social a las empresas con menor rotación laboral, y viceversa. En definitiva, más ayudas públicas para que nos despidan más barato.

Al lado de este verdadero torpedo bajo la línea de flotación de los derechos laborales y sociales, las llamadas del Banco de España a recortar el gasto público en los próximos años se quedan en fuegos artificiales.

En un momento en el que es urgente poner en marcha las transformaciones profundas que requiere la economía en nuestro país y fortalecer los instrumentos del Estado para garantizar una mayor protección social y un mayor control de la economía que supedite el mercado al interés general, el Banco de España abandera medidas que, en vez de reducir la desigualdad, garantizan el empobrecimiento de la clase trabajadora. Y de nuevo se quieren servir del dinero público para ello.

Es absolutamente imprescindible que el Banco de España deje de actuar como ariete contra la mayoría social.

La historia de este nuevo Caballo de Troya puede acabar de muchas formas. Depende de nosotras y nosotros que lo haga bien para la clase trabajadora y mal para el Banco de España.

(*) Profesor de Economía Aplicada UCM / Responsable de elaboración programática de IU

La entrada Banco de España o el caballo de Troya se publicó primero en ATTAC España | Otro mundo es posible.

Artículo original publicado en sinpermiso.info por Albino Prada

En un informe presentado ya en el año 2020 por la Airef se constataba: “el fuerte esfuerzo inversor realizado en los últimos 35 años Alta Velocidad en España, frente a una inversión insuficiente en Cercanías, pese al fuerte incremento de la demanda de este servicio que es, además, el más utilizado en España”. Al mismo tiempo¹ se estimaba “completar nuevas líneas de Alta Velocidad exigiría inversiones muy altas. El vigente Plan de Infraestructuras planificó una red de Alta Velocidad de 8.740 km, por lo que quedarían por construir 5.654 km, lo que implicaría una inversión mínima de 73.000 millones de euros adicionales a los 55.888 ya invertidos”. Una red centrípeta (con epicentro en Madrid) y muy poco transversal que, además, cubre una demanda bastante privilegiada como veremos.

Ya con estas referencias estamos en presencia de los dos vectores que condicionan los graves problemas ferroviarios anotados en España en el comienzo de este año 2026. Por un lado los crecientes (e insuficientes) gastos en el mantenimiento de una red sobre dimensionada² de alta velocidad -que aumentan los riesgos de graves accidentes- y por otro, y como su otra cara presupuestaria, el abandono del mantenimiento y la mejora de la red convencional (por estar Adif endeudada³ a causa del AVE) como atestiguan los reiterados colapsos en las cercanías.

Todo ello sucede con el agravante de que en un caso (que devora fondos) apenas la usan el 10 % de los pasajeros⁴ y en el otro -que usan el 90 % restante- el abandono, retrasos y cierres de servicios son la norma. La siguiente tabla resume los datos básicos según el informe que estoy citando.

Viajeros e inversiones en el ferrocarril en España

Fuente: elaboración propia con datos de Airef (2020: 11)

Además la red AVE se hará con una discutible opción de diseño, que condiciona la rentabilidad social de estas lineas en España, al haber descartado el modelo alemán o italiano: “en el caso de las redes italianas y alemanas es posible el uso mixto y es habitual que se utilicen por la noche para el transporte de mercancías” (Airef 2020: 102). Además de hacerse con una separación radical (anchos de vía) entre la red convencional de pasajeros y la red de AVE.

Una red no centrípeta

Fuente: Airef 2020: 159

Se entiende así que, con estas premisas, su volumen de actividad (pasajeros-km por kilómetro de vía) sea de unos 4.500 en España frente a unos 18.000 en Alemania (Airef 2020: 102). Sin ningún volumen en lo relativo a mercancías. Con estos volúmenes de actividad los resultados operativos de Adif AV (resultado de explotación) son ligeramente positivos (Airef 2020: 116), pero lo son siempre bajo la restricción de que no se considera la amortización de los fondos invertidos en la construcción de la infraestructura (que sí provoca una deuda creciente a Adif y pago de intereses), y solo considerando el mantenimiento de la infraestructura⁵.

Con un análisis de los rendimientos socioeconómicos respecto a los costes globales (no solo operativos) mediante un análisis ACB el balance era concluyente⁶: “El análisis coste beneficio de los cuatro corredores de alta velocidad concluye que los beneficios directos conjuntos en términos de ahorro de tiempo, disposición a pagar, tráfico generado, externalidades y costes evitados en los modos de los que se desvía tráfico, están lejos de compensar los costes fijos de construcción y los costes de operación.” (Airef 2020: 148).

De lo que se deduce que ningún km de AVE debió construirse en España. Salvo que el asunto se centre en que la “flor y nata” de las constructoras españolas se hayan forrado -y lo sigan haciendo- con este disparate nacional que nos hace campeones del mundo. Menos aún con el formato en que se hizo (exclusivo de pasajeros) y con un diseño obsesivamente centrípeto.

Si a este balance socioeconómico agregamos el efecto asociado del escaso esfuerzo inversor en ferrocarril convencional (que no deja de ser un coste de oportunidad para Adif y para la sociedad española en su conjunto), es sorprendente que aún así nos encontremos con que en esta red alternativa -que mueve 562 millones de pasajeros en cercanías y 36 millones en servicios convencionales- se superen los millones de pasajeros-km de la red de AVE (Airef 2020: 161). Todo ellos con un crecimiento sostenido a pesar del abandono de esta red y de su envejecido material móvil.

Estos datos aconsejan rehacer la primera tabla presentada en este análisis, confirmándose de nuevo la enorme discriminación que está suponiendo la gestión del ferrocarril en España: en favor de unos usos (ruinosos socialmente) y en detrimento de los otros (que serían virtuosos). Y aún para los primeros sin poder garantizar ni la recuperación de los costes de la inversión ni un mantenimiento a cada paso más costoso, mientras que para los segundos los resultados de explotación solo podrán cubrir algo menos de la mitad de los costes operativos⁷.

Viajeros e inversiones en el ferrocarril en España

Fuente: elaboración propia con datos de Airef (2020: 161)

Esta es la semilla de una tormenta ferroviaria perfecta que está detrás de los colapsos ferroviarios de comienzos del año 2026. Pues de los 12.000 millones de inversiones previstas en su día en cercanías solo se llevarían ejecutados algo menos de 1.000 millones (Airef 2020: 174). Unas asimetrías -y una tormenta perfecta- que difícilmente podrán evitar las inversiones previstas -ciertamente más equilibradas- para el período 2022-2026: por doce mil millones para AdifAV y otro tanto para Adif convenciona⁸ (aún suponiendo que se ejecutasen).

Fuente: elaboración propia con base de datos de la CNMC

Claro que los hechos son tozudos y a la vista de los últimos datos -del tercer trimestre de 2025- los pasajeros movidos por cada medio no cuadran para nada con esas cifras. Seguimos con un esfuerzo público que prima los usos más elitistas (y centrípetos) sobre los más sociales (y más descentralizados).

La entrada La ratonera ferroviaria española se publicó primero en ATTAC España | Otro mundo es posible.

Artículo original publicado en ethic.es por Fernando Valladares

«El decrecimiento económico es una oportunidad única y brillante no solo para evitar los escenarios más distópicos en lo social, en lo ambiental y en lo económico, sino para poner la vida en el centro de las decisiones urgentes que debemos ir tomando», afirma Fernando Valladares, profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

A una sociedad habituada a considerar el crecimiento en todos los ámbitos y especialmente en el económico como una señal de éxito, se le puede atragantar una apremiante pieza de actualidad: en un planeta finito en el que la humanidad ha rebasado 7 de los 9 límites físicos para su propia seguridad, el decrecimiento en la producción y el consumo es de las pocas cosas de las que podemos estar seguros que van a ocurrir. Nos guste o no, tengamos las opiniones e informaciones que tengamos, el decrecimiento, especialmente en el Norte Global, es solo cuestión de tiempo. Nuestra inteligencia ahora se puede poner al servicio de mantener la ilusión del crecimiento perpetuo o bien al servicio de garantizar el bienestar humano en convivencia con otros seres vivos y en armonía con las leyes de la física y de la química.

En el artículo «La falsa promesa del decrecimiento», Manuel Alejandro Hidalgo defiende que el crecimiento económico es la herramienta más eficaz para el progreso humano, citando la manida reducción de la pobreza extrema del 35% al 8,5% en las últimas décadas. Sin embargo, su propuesta colisiona, ni más ni menos, con los límites planetarios, es decir, con las condiciones físicas, químicas y biológicas para que el ser humano tenga cabida en el planeta. Tanto Hidalgo como un gran número de economistas convencionales afirman que la solución al dilema del crecimiento perpetuo es el «desacoplamiento absoluto», donde la economía crece mientras el consumo de recursos, la contaminación y las emisiones de gases de efecto invernadero disminuyen.

Aunque varios países desarrollados han logrado reducir un poco sus emisiones de CO2 mientras sus economías crecen, no lo hacen al ritmo suficiente para mantenerse dentro de los márgenes de seguridad climática. En la mayoría de países y regiones, y durante amplios periodos de tiempo, los crecimientos económicos se acompañan indefectiblemente de un incremento en impactos y emisiones. Algo que la eficiencia y la tecnología, que el crecimiento verde y la circularización de la economía (recordemos que la economía circular no existe) solo logran amortiguar en parte. De hecho, cada vez más científicos de ámbitos tan dispares como la física, las matemáticas, las ingenierías, la filosofía, la antropología, la economía y la sociología cuestionan la posibilidad real de desacoplar del crecimiento económico no solo las emisiones, sino también el uso de materiales, biomasa y agua, al ritmo necesario para no seguir adentrándonos en zona insegura habiendo rebasado ya la mayoría de los límites planetarios.

La humanidad ha rebasado 7 de los 9 límites físicos para su propia seguridad

Es habitual argumentar, como hace Hidalgo, que imponer el decrecimiento es una forma de imponer «colonialismo» y «austeridad ecológica», algo que negaría a los países en desarrollo el acceso a necesidades básicas como el agua potable, la salud y la educación. El error de este argumento radica en entender el decrecimiento como una propuesta que afectaría por igual a todos, cuando las teorías de decrecimiento proponen una reducción planificada para las economías ricas, de forma que se liberara espacio ecológico para el Sur Global. Plantear una distribución equitativa de los recursos parecería ignorar las dificultades de implementación de algo así, dificultades que chocan con los intereses del sector privado y que derivarían en grandes tensiones sociales. Pero, en realidad, al plantear esta equitatividad se pone en evidencia que la continuación del modelo de crecimiento económico actual en naciones opulentas acelera el agotamiento de recursos de los que dependen tanto los países más vulnerables, con lo que las tensiones irían en aumento, como los más ricos, con lo que se aceleraría el colapso de las actividades económicas más atractivas y rentables y del propio sistema capitalista convencional que las impulsa y de las que depende.

Es interesante constatar que el colapso del capitalismo no es una amenaza futura. Ni una leyenda propia de los antisistema. Es una realidad constatada ya, y con gran preocupación, por las principales entidades aseguradores: ante los impactos del cambio climático, el sistema actual de seguros se hace financieramente inviable. Sin el sector seguros, podemos olvidarnos de préstamos e inversiones, la base de nuestro modelo económico. Esta inviabilidad financiera real y presente ya en el mundo bajo el nuevo clima en el que vivimos, con la fractura fundamental del capitalismo que implica, la confesaron los consejeros delegados (CEO) de las compañías aseguradoras más grandes del mundo en una amplia entrevista del periódico The Guardian, publicada el 3 de abril de 2025. Esta entrevista se publicó tan solo dos meses después del escándalo de la cancelación de 90.000 pólizas de seguros del hogar poco antes de los catastróficos incendios de California en enero de 2025. Una cancelación que dejó sin nada a miles de familias y que planteó la necesidad de un debate nacional e internacional sobre la insolvencia del sistema de seguros ante el nuevo clima.

Mientras que ante la implacable realidad ambiental y geopolítica, el capitalismo avanza en lo que viene a llamarse «necroeconomía» (conjunto de prácticas económicas y políticas que generan rentabilidad a partir del dolor, la desgracia, la injusticia o la muerte, incluyendo la manipulación de datos económicos y la mentira política, y que se apoyan en herramientas como los cat bonds o bonos catástrofe), el decrecimiento plantea una alternativa luminosa, aunque difícil de implementar por las inercias y los conflictos de interés.

El capitalismo actual necesita de la escasez, haciendo de ella algo intrínseco

Inquieta a muchos que hacer hincapié en el decrecimiento institucionalizaría la escasez, alimentando movimientos populistas y regímenes autoritarios. Para la economía convencional, el crecimiento es la única forma de evitar el conflicto social al no tener que repartir la riqueza económica global. En primer lugar, esta riqueza global se apoya en la ficción del dinero como préstamo con interés y no basado en riqueza real. Algo que impulsa la degradación ambiental por sí mismo y que constantemente empuja ciclos de profunda inflación y crisis económica. En segundo lugar, esta riqueza está cada día más amenazada por la sobreexplotación, la contaminación y el cambio climático. Por lo tanto, el conflicto que se busca evitar es inevitable, especialmente a medida que nos acercamos a un colapso de los sistemas naturales. De hecho, el conflicto, bajo el modelo extractivista actual, tiende a crecer y las perspectivas son aciagas. Basta con leer el informe anual del Foro Económico Mundial sobre las amenazas a la economía.

El riesgo en la gestión de la contracción económica ha sido muy estudiado y siempre se han desarrollado soluciones concretas para resolverlo coyuntural y no estructuralmente. Pero además de esta dificultad práctica para resolver esas contracciones «que acontecen», dentro del sistema económico imperante se ignoran o minimizan los riesgos de inestabilidad social y también económica derivados de unas crisis ambientales que son cada vez más extremas. El decrecimiento económico no solo no trae escasez, sino que es un modelo diseñado para reducirla. Por el contrario, el capitalismo actual necesita de la escasez haciendo de ella algo intrínseco. Los 12 millones de personas que mueren de hambre son necesarios para el funcionamiento de un sistema alimentario global basado en este modelo, no son una disfunción del mismo, como nos gustaría (y tranquilizaría) a todos creer. El decrecimiento económico promueve la abundancia radical, ya que abre la oportunidad para que abunden convenios, seguros y garantías que permitan consolidar los derechos humanos en cada vez más regiones del planeta. Mientras el capitalismo requiere de la incertidumbre, la desconfianza, la inseguridad, el individualismo, el unilateralismo, la competencia y el conflicto, el decrecimiento económico propone un marco para reducir todo esto en aras de la solidaridad, la confianza y la colaboración.

También inquieta mucho que el decrecimiento pueda desincentivar la innovación y la inversión en I+D al contraer los mercados. Esta inquietud se apoya en la idea de que la innovación solo puede prosperar en un entorno de expansión de mercado. Esta inquietud se desvanece cuando la innovación se reorienta y, en lugar de trabajar en la eficiencia para producir más (lo que a menudo lleva al efecto rebote o paradoja de Jevons), se enfoca en la suficiencia y la regeneración. Este enfoque fortalece la creación de empleo y permite crecer en numerosos ejes sociales que no tienen huella ecológica.

La propuesta de un crecimiento inteligente y sostenible suena bien, pero depende enteramente de la fe en la tecnología para resolver la contradicción entre un sistema económico infinito y un planeta con límites físicos finitos. Se trata de una contradicción que nadie termina de resolver sin recurrir a la promesa, aquí si que hablamos de promesa, de un desacoplamiento total. El artículo de Hidalgo se apoya en la visión tradicional de que el crecimiento es la única vía para el progreso, pero la literatura científica actual sugiere justo lo contrario.

El análisis histórico y la simulación matemática de distintos escenarios socioeconómicos revela que el capitalismo perpetúa la desigualdad imperial, juega «sucio» con la ciencia de las emisiones al confiar en tecnologías no probadas y subestima el deseo de la población de transitar hacia un sistema que priorice el bienestar de la sociedad sobre la riqueza de las élites, y la integridad del ecosistema sobre el PIB. Cuando se habla de falta de aceptación del modelo de decrecimiento económico no se tiene en cuenta la realidad que muestran las encuestas: aunque el nombre no despierta apoyo, cuando el decrecimiento se presenta como una propuesta completa (sin ceñirse a la etiqueta), el 72% de la población en países consumistas como Estados Unidos y el 82% en países europeos como el Reino Unido la apoyan. Existe la tendencia a equiparar el decrecimiento con una recesión prolongada o una crisis económica no planificada. Mientras que una recesión en el capitalismo es desastrosa y genera desempleo, el decrecimiento se propone como una transformación democrática y planificada para mejorar el bienestar reduciendo solo la producción no esencial.

El rechazo inicial a la palabra decrecimiento parece basarse en prejuicios y en impresiones superficiales, como la del miedo a perder el empleo o a que disminuyan los ingresos. Una vez que la población comprende los principios de bienestar y servicios públicos universales asociados al decrecimiento, así como la sostenibilidad a largo plazo del modelo frente a la inestabilidad creciente del capitalismo, el apoyo se mantiene alto, lo que sugiere que la propuesta decrecentista tiene potencial para ser adoptada democráticamente.

El decrecimiento económico no promete, propone. El aval histórico del economista y matemático Nicholas Georgescu-Roegen y el filósofo francés Serge Latouche, al que se han ido uniendo otros como los filósofos Kohei Saito y Jorge Riechmann, los economistas Joan Martínez Alier y José Manuel Naredo, el ingeniero Miguel Valencia y numerosos científicos de la talla de Jason Hickel, Giorgos Kallis, Tim Jackson, Peter A. Victor, Kate Raworth, Juliet Schor, Julia K. Steinberger, Diana Ürge-Vorsatz o el mismísimo Johan Rockstrom, principal impulsor del concepto y la cuantificación de los límites planetarios, hace que el decrecimiento económico, llamémoslo como lo llamemos, es una oportunidad única y brillante no solo para evitar los escenarios más distópicos en lo social, en lo ambiental y en lo económico, sino para poner la vida en el centro de las decisiones urgentes que debemos ir tomando.

La entrada El decrecimiento económico no promete, propone se publicó primero en ATTAC España | Otro mundo es posible.

Manifiesto de entidades de la sociedad civil organizada del Estado Español respecto a la anunciada reforma de la Directiva Marco del Agua

El pasado 10 de diciembre la Comisión Europea publicó la Comunicación «Simplificar para lograr una competitividad sostenible»¹ (en adelante, la Comunicación), que engloba un amplio paquete de modificaciones en distintas directivas y otras regulaciones europeas para la protección ambiental. El pretexto que se declara para promover estas modificaciones es reducir la carga administrativa asociada a tales normativas para alcanzar los objetivos ambientales de forma más eficiente y menos costosa.

Sin embargo, junto a medidas que facilitan esta reducción de la carga burocrática sin afectar a los objetivos (como por ejemplo, unificar los formatos en los que se comparten los datos de naturaleza ambiental y espacial), se incluyen otras propuestas que suponen dar un paso atrás en la ambición y el alcance de la normativa. Entre ellas, se plantea reducir los requisitos de protección ambiental sobre ciertas actividades industriales o rebajar los mecanismos de control en las autorizaciones de nuevos proyectos.

Un ejemplo de los efectos perjudiciales de las modificaciones previstas sobre el agua y los ecosistemas acuáticos es que se pretende reducir o eliminar las obligaciones del Sistema de Gestión Ambiental de las instalaciones industriales en materia de inventario de sustancias químicas y análisis de riesgos. Otro ejemplo, es que se busca que en las instalaciones de ganadería intensiva y de acuicultura se eliminen de los informes a la Comisión Europea los impactos relativos al agua, la energía y los materiales. También se pretende suspender algunos requerimientos de la Responsabilidad Ampliada del Productor (por el que las empresas son responsables de los contenidos de los residuos que generan sus productos).

Resulta especialmente preocupante que la Comisión Europea haya previsto reformar la Directiva Marco del Agua (DMA) antes del verano de 2026, sin ajustarse a los procedimientos existentes en el propio marco legislativo europeo y obviando por completo la evaluación y el análisis detallado que se desarrolló en 2020 (Fitness-Check).

La Comunicación deja claro que en el primer trimestre de 2026 intensificará el diálogo con algunos de los sectores implicados y con los Estados Miembros sobre los permisos ambientales, teniendo en cuenta los objetivos del denominado RESource EU Action Plan. Este Plan pretende reducir la dependencia europea de materiales críticos, para lo que se llevará a cabo una simplificación de las autorizaciones ambientales «incluidos los aspectos relacionados con el sector minero». La Comunicación señala que «a más tardar en el segundo trimestre de 2026, la Comisión examinará y revisará la Directiva Marco del Agua» «con el fin de promover la circularidad y el acceso a materias primas».

¿Qué supone esta reforma de la DMA?

• Permitirá acelerar y simplificar las autorizaciones ambientales, debilitando el Principio de No Deterioro, un requerimiento clave de la DMA. Básicamente existe una obligación para los Estados Miembros de mejorar y de evitar el deterioro de los ríos, humedales y acuíferos de toda Europa.
• Relajar los estrictos requisitos que acompañan a esta obligación para los nuevos proyectos que puedan deteriorar el estado de las aguas dará lugar en muchos casos a un empeoramiento del estado de los ríos, acuíferos y ecosistemas acuáticos.
• Facilitará la aprobación de nuevos proyectos mineros sin las suficientes garantías en cuanto a la evaluación ambiental de los impactos sobre la salud de las personas y de los ecosistemas acuáticos y en cuanto a la transparencia y la participación pública en las decisiones que afectan al interés público superior, como es el acceso al agua en cantidad y calidad suficiente. Esto incrementará los riesgos de contaminación y sus impactos sobre la salud humana. También tendrá consecuencias negativas sobre otras actividades económicas, como las del sector agrario e industrial que necesitan de estos recursos hídricos, así como sobre los ecosistemas y la biodiversidad.
• Abrirá una puerta que facilitaría que también que otros proyectos y actividades, no sólo mineros, pudieran aprobarse de forma más rápida y simple, aun cuando exista un riesgo claro para la salud humana y para el deterioro de nuestros ríos, humedales y acuíferos.

Además, la anunciada reforma exprés de la DMA se salta el procedimiento establecido en dicha Directiva para su revisión; no tiene en cuenta que la evaluación de la DMA (fitness check) ya concluyó que no era necesario revisarla y no viene acompañada del necesario análisis integral de los efectos que tendría (Impact Assessment, algo habitual en la reforma de cualquier directiva), entre otros problemas importantes.

Ante esta situación, las organizaciones firmantes manifiestan que:

La aprobación de la DMA fue el resultado de un largo proceso de evaluación de la política de aguas en el conjunto de la Unión Europea que concluyó con el reconocimiento de que nuestra capacidad para atender las necesidades de agua, presentes y futuras, depende directamente del buen estado de las masas de agua y de la superación del enfoque fragmentario e ineficaz de la anterior política del agua.

Desde la sociedad civil organizada se ha defendido enérgicamente que aunque es necesario mejorar la actual aplicación de la DMA por parte de los Estados Miembros de la UE, esta directiva ha sido y sigue siendo un instrumento fundamental para proteger y mejorar el estado de nuestros ríos, acuíferos, humedales, deltas y estuarios en España y en toda Europa.

La DMA pone el foco de la política de aguas en los objetivos ambientales y en el principio básico de No Deterioro del agua, para compatibilizar su protección con actividades económicas que aporten prosperidad, empleo y calidad de vida a la ciudadanía. La DMA es la garantía para esta compatibilidad y para la propia seguridad a largo plazo de las actividades económicas y la calidad de vida, las cuales dependen de la buena salud de nuestras fuentes y ecosistemas del agua. Ninguna de las reformas que se quieren llevar a cabo suponen una mejora para la DMA y sí un claro retroceso.

Esta directiva incluye la aplicación de unos Programas de Medidas para alcanzar los objetivos previstos, los cuales se revisan en la evaluación periódica de los planes hidrológicos, con el fin de mejorar el conocimiento sobre las masas de agua, las medidas a adoptar y la transparencia y participación pública en la toma de decisiones en torno al agua.

La DMA define además el marco en el que se integran o desarrollan otras directivas relacionadas con el agua, como la directiva de prevención de los riesgos de inundación, la de aguas potables o la de aguas residuales, cuyos enfoques de gestión de riesgos dependen de la eficacia de la DMA a la hora de garantizar el buen estado de las masas de agua. El debilitamiento de la DMA por las modificaciones previstas dejaría sin sustento firme a estas otras directivas y normas derivadas, incrementando los riesgos, lo que impactará negativamente sobre la salud humana, sobre actividades económicas tales como las agrarias y sobre los ecosistemas.

Por todo ello, un amplio conjunto de organizaciones de la sociedad civil pedimos que la Comisión Europea renuncie a modificar la Directiva Marco del Agua y, en su lugar, se redoblen los esfuerzos de las instituciones europeas y de los Estados Miembros para mejorar y acelerar su aplicación, manteniendo su actual formato, dado que todavía estamos lejos de alcanzar los objetivos planteados.

Organizaciones promotoras:

WWF España

Aigua és Vida (AéV)

Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS)

Amigas de la Tierra

Comisiones Obreras (CCOO)

Ecologistas en Acción

Enginyeria Sense Fronteres

FACUA

Federación de Consumidores y Usuarios (CECU)

Fundación Nueva Cultura del Agua (FNCA)

Fundación Primero de Mayo

Greenpeace España

Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS)

Plataforma en Defensa de l’Ebre

Red Agua Pública (RAP)

Attac España

Formulario de recogida de apoyos: Formulario

La entrada La reforma de la Directiva Marco del Agua rebaja la protección del agua en Europa y pone en riesgo la salud y el futuro se publicó primero en ATTAC España | Otro mundo es posible.

Artículo original publicado en mundoobrero.es por Carmen Esbrí

Reflexiones

Teniendo la Salud Universal y Comunitaria como faro de las políticas, voy a hablar de la maligna impronta de la guerra en ella. Que en pleno siglo XXI nos planteemos esta correlación ante el peligro planetario de una guerra total, es inconcebible para quiénes venimos marcando la Democracia con valores y derechos por historia y cultura. En nuestro alrededor parece que la guerra no va con nosotros, se repiten actitudes de los «felices veinte» que narcotizan a la población; el peligro está aumentando de decibelios con trompetas de voceros a rebatir con contundencia.

Con opacidad y nula actitud democrática, España y resto de la Unión Europea participan en una militarización intensa justificándola con trabajar por la seguridad sin atenerse a reglas democráticas que exigen transparencia y participación de los pueblos en decisiones que afectan a su vida. La osadía de participar en una guerra es transcendental; sin embargo, está ya claramente impuesta para actuar bajo tacones militares y erráticas decisiones gubernamentales.

Si hablamos de Salud debemos destacar de manera relevante el conocido como Informe Lalonde (1974). Su autor Marc Lalonde, abogado y político, fue Ministro de Seguridad Social en Canadá, puesto al que aportó conceptos básicos de Salud y Sostenibilidad ya que consideraba necesarios datos manejables para diseñar las políticas que dirigía. Lalonde definió con claridad los Determinantes, efectos causantes de la Salud: Medioambiente, Estilos de Vida, Modelos Asistenciales y Biología Humana.

A pesar de la relevancia y reconocimiento de dicho Informe que facilitaba un ordenamiento de interés importante a tener en cuenta en política de tiempos posteriores, es evidente que no ha servido como guía de las acciones políticas de Occidente donde surgió. Importante tenerlo en cuenta al denunciar, una vez más, la insensatez de la guerra y la de gobernantes que actúan bajo un erróneo manual que olvida personas, Naturaleza y Democracia; gobernantes que pagamos para atendernos pero que nos perjudican concienzudamente con un plan insano en cuanto nos afecta. Gobernantes que siguen un manual retrógrado para un progreso imposible de alcanzar.

Apuntes históricos

Para abordar las repercusiones entre guerra y Salud, son necesarios apuntes históricos que encarrilen el asunto. Estamos en una situación política más alarmante que las acaecidas en las dos Guerras Mundiales. En ambas, hubo un deseo de expansión a otros territorios justificada por el poder de pueblos que se creen los elegidos por derecho natural de dominación. A la vez en ambos tiempos, también ahora, los avances armamentísticos dan fuelle a un belicismo que deben amortizar aunque subordinen o aniquilen a los demás.

Ahora juegan también a ver quien tiene las armas más dañinas y eficaces para matar más y con más puntería, costosas herramientas que dan enormes frutos económicos a fabricantes y con miles de muertos inocentes a los pueblos.

Tras la Segunda Guerra Mundial surgió una actitud benefactora con el fin de mitigar de forma ecuánime sus trágicas consecuencias con evidencias palpables de inseguridad y nula Salud por una ferocidad que afectaba también a la economía. Un espíritu de solidaridad se puso en movimiento para configurar un mundo más justo, pero sobre todo productivo. Para ello aparecieron entidades supranacionales derivadas de necesidades sociales con el sano objetivo de que se dirimieran con buena fe las diferencias. Se puso en pie el Estado de Bienestar enarbolado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Previamente se creó la Organización de las Naciones Unidas, ONU, en 1945 ; su cometido era mantener la paz y seguridad internacionales, brindar asistencia humanitaria a quienes la necesitaban, proteger los Derechos Humanos y defender el Derecho Internacional. Tres años después,1948, nacía también la OMS, Organización Mundial de la Salud, con el padrinaje de China y Brasil, motivadores de la creación de Naciones Unidas. Con la OMS se pretendía avanzar en directrices que propiciaran una paz duradera y un futuro prometedor tras las tragedias vividas en el escenario principal europeo.

Nacieron otros organismos supranacionales, construyendo un emporio mundial desestructurado hoy, del que destacar la Organización del Tratado del Atlántico Norte, 1949. La OTAN es la más provocativa creación que sigue empoderándose para sí misma más que para asegurar la paz; su sombra, profundamente armamentística, se configura en una bisección clara entre el mundo occidental de tinte anglosajón que entra en todas partes para implantar «su cínica democracia» confrontando contra otras formas de Estado y gobierno, entonces de esencia comunista y ahora ni eso, presuponiendo siempre el comunismo como competidor indeseable. La toxicidad permanente de las teorías liberales han propagado que es la inspiración anglosajona la llamada a imponerse por ímpetu divino, la única capaz de hacer andar el planeta. ¿Con el poder y las armas? Por supuesto. Desde la Guerra de Corea (1950-1953), la OTAN es mucho más que una herramienta de defensa, es una herramienta feudal de colonialismo pernicioso velado bajo el compromiso de defender a sus miembros ante cualquier ataque externo, haciendo de la guerra un mecanismo permanente de supervivencia del mercado que la provee. Publicidad engañosa que cambia cuando no se quieren armas.

España y el engaño de la OTAN

España entró en la OTAN en 1982, tras un controvertido referéndum logrado con información tramposa por Felipe Gonzalez (PSOE). Se justificó su entrada como pago inevitable para nuestro acceso al Mercado Común, que prometía la «Europa Democrática”. En 1981 nos habían incorporado al ala militar de forma clandestina tras un golpe de Estado gestado por el monarca, heredero de Franco, Juan Carlos I, autoexiliado, corrupto y vendepatrias. Hasta 1999 no tuvimos pleno conocimiento de esa participación en la estructura militar.

El hilo conductor invisible de la integración en el crudo «mundo otanista» queda claro que fue y es la propia monarquía española con políticos de escaso amor patrio que sucumbieron ante la falsa idea de su propio empoderamiento personal. Ninguno se preocupó de las razones de su pueblo; su supuesto poder y prestigio quedaron anulados por dictadores imperialistas interesados en negocios de guerra y de sus grandes cuentas de beneficios. Monarquía y gobiernos, de izquierda y derecha de la Transición Española, han indignificado y sometido a su pueblo a las cada vez más peligrosas consecuencias del militarismo asesino.

El último embaucador es el actual presidente de gobierno, Pedro Sánchez, quien pidió en 2022 a la OTAN, con la connivencia de Ursula von Der layen, una cumbre ordinaria de organización que «casualmente» coincidió con el 40 aniversario de nuestro ingresó en la Alianza, programada cuatro meses después de la invasión de Ucrania. Podíamos habernos separado de semejante y peligroso artefacto, pero nos sumergió más en un espacio indeseable contra el que en los años 80 nos movimos con inmensas manifestaciones unitarias sólo comparables con las que se hicieron contra nuestra participación en la Guerra de Iraq en 2003. Esta cumbre ordinaria nos ha costado más de 50 millones € y emplear más de 10.000 efectivos para la seguridad de asistentes que gozaron todo tipo de agasajos mientras acordonaban Madrid impidiendo su natural movilidad. Lo peor es que, cual CEO gris de trasnacional, Pedro Sánchez nos trajo diversos sectores de la organización que nos marcan por una participación bélica no consentida como claros objetivos violentos, no siendo real que la ciudadanía defienda ansias bélicas y servicios pro guerra que la OTAN ofrece a precios impagables. El 11 de marzo 2004 sufrimos ataques terroristas en Madrid al suponernos culpables de la Guerra de Iraq; 2.000 heridos y 192 muertos. La actitud militarista y su amañada impronta nos colocan de nuevo en peligro constante, por un empeño deleznable.

La OTAN coloniza España con: el Centro de Operaciones Aéreas Combinadas (CAOC) que controla el espacio aéreo del sur de Europa; el Centro de Excelencia contra Artefactos Explosivos Improvisados; el Cuartel Gral. Terrestre de Alta Disponibilidad con Estado Mayor internacional; con la controvertida Base Naval de Rota y su Sistema de Defensa contra Misiles Balísticos aumentado a seis los Destructores AEGIS norteamericanos y con la Base Aérea de Morón que alojan los Eurofighter Typhoon. De España, convertida en colonia de EE.UU., usan su Tierra, Mar y Aire y su posición estratégica para dominación del Planeta. Perdemos nuestra soberanía con aumento de daños a nuestra Salud; entretanto no han decidido cómo conservar y restaurar la financiación pública que sale del bolsillo de cada ciudadano; financiación que se verá recortada de forma prevaricadora con los presupuestos pendientes de presentar por el Gobierno que serán los presupuestos de la guerra.

Salud y Guerra son incompatibles

La guerra no tiene igual categoría que la Salud; en Democracia la Salud Comunitaria debe ser el primerísimo nivel; para ellos no por pura insensatez de los gobernantes preocupados en priorizar el mercado, ahora bélico. No les preocupa la Salud aunque sea el faro seguro que debe alumbrarles cada instante. Todas las democracias definen surgir sobre las soberanías de sus pueblos. ¿Entonces? ¿Gobierno por el Pueblo, pero sin el Pueblo?

La Salud define la convergencia holística de todos los Determinantes que la hacen posible; la guerra es el mayor mecanismo de destrucción masiva de la Salud que podamos señalar. La Salud sólo es posible en un mundo en Paz, el que se escribe cada día con políticas justas y gobiernos que resuelvan los problemas y no que los creen. La Salud es incompatible con la guerra que deteriora esos Determinantes que le dan sentido. Sólo gobiernos ansiosos la defienden con la falsa seguridad propiciando un ambiente militarista para asustar. No hay seguridad sin Salud porque la guerra atenta contra todo: Medioambiente, Formas de vida; Servicios Asistenciales, afectando incluso a la Biología Humana. Esta guerra en Europa, no es distinta a otras; como todas se monta sobre mecanismos opacos para negocio de las armas que nutre cuentas corrientes de halcones y oligarcas; para nada defiende la Democracia sino que usa métodos violentos aniquiladores practicando la injusticia.

La guerra es una actividad manejada por patriarcados pendencieros y gobiernos sumisos. La guerra impacta especialmente en la Naturaleza, destruye espacios vitales, rompe el ciclo ecológico, arrasa bosques, devasta prados, cultivos y tierras. Intoxica el aire y penetra los suelos infertilizándolos y convirtiéndolos en espacios tóxicos para los tiempos futuros. Ensucia las aguas.

Respecto a las Formas de vida, la incidencia en la ruptura en ellas es evidente; las armas demolen edificios; anulan infraestructuras básicas colectivas como hospitales, escuelas, universidades, museos, edificios de culto y otros, liquidan hogares y viviendas familiares; rompen el ciclo vital de las personas golpeando con miedo a los niños; sacando de sus empleos a los mayores. La elección de la guerra es impropio del siglo XXI que debería apostar sin más por la Salud para Todos como priorizaba la OMS en 1977, consejo incumplido por quienes son altamente fundamentalistas y regresivos, siendo la UE facilitadora del mercado de armas desoyendo las huellas de las crisis financiera pandémica y del cambio climático. La guerra provoca hambrunas, mala y escasa alimentación; cierra la puerta al progreso matando jóvenes, desmoralizando a mayores y abandonado a dependientes. Anula poblaciones bajo gobernantes cobardes que los pone como escudos humanos para delirios de poder territorial y económico. La Asistencia Sociosanitaria se debilita, llega a ser imposible con la desaparición de hospitales y centros sanitarios, con el miedo y la insuficiencia de recursos para superar adecuadamente estados físicos y mentales, con la aparición de todo tipo de enfermedades y la carencia de higiene y de medicamentos. La guerra ataca más a niños y vulnerables barriendo su Salud Mental con una marca indeleble para el resto de sus vidas, si logran superar las palizas y la muerte. Altera incluso la propia biología humana en la que incide bajo el horror diario de bombas y amenazas que rompen el musical silencio de la Paz.

Conclusiones

La Salud Universal es primer objetivo de un gobierno democrático; la Historia da suficiente conocimiento para no dejar que sigan gobiernos que conducen mal y mantienen la brutalidad con dolor y muerte. Con gobiernos de un sistema que financia violencia vendiendo la seguridad de las armas productoras de mayores peligros y más precarización, no podemos convivir. Pongamos el foco en la Vida, confiando en las potentes fortalezas que conformamos juntos y exigiendo respeto a nuestro papel soberano. Luchemos unidos contra el ansia bélica exigiendo un cambio sensato de paradigma para un mundo saludable con personas que gocen de Bienestar Físico y Mental con lo que será posible un verdadero progreso sin incertidumbres y con luces al final del túnel.

Tenemos un compromiso ético de unir todo nuestro poder para no permitir un € más para mantener la guerra de EE.UU. y la OTAN; para no seguir alimentando el mercado contra el genocidio de Palestina, para no permitir ninguna otra guerra a costa de la Humanidad. Martin Luther King dijo en la IIª Convención del Comité Médico de Derechos Humanos, en 1966 «De todas las formas de desigualdad, la injusticia en Salud es la más impactante e inhumana porque a menudo resulta en la muerte física”. Somos dueños de nuestro destino y no vamos a dejar que nos lo roben quiénes nos deben verdadera seguridad. Decía Gandhi que «La no colaboración con el mal es un deber tan importante como la colaboración con el bien”. No podemos colaborar en ningún momento, y desde ahora mismo, ni un minuto más con el mal; estamos obligados a rebelarnos por el bien, por la Salud de las personas y la riqueza inherente a Naturaleza. La Salud es la Vida; la Guerra, la Nada.

La entrada Salud es la vida, guerra, es la nada se publicó primero en ATTAC España | Otro mundo es posible.

Fotografía: Decenas de personas durante la cadena humana por la sanidad pública, en la Puerta del Sol, a 7 de abril de 2024, en Madrid. Matias Chiofalo / Europa Press

Artículo original publicado en espacio-publico.com por Paco Cantero

Durante décadas se nos ha repetido que vivimos en democracias consolidadas. Votamos, elegimos representantes, cambiamos gobiernos. Sin embargo, mientras la política se reducía progresivamente a un ritual electoral, el poder real se desplazaba hacia otros espacios: los mercados financieros, las infraestructuras digitales, los centros de datos, los algoritmos que organizan la economía y la vida cotidiana. Hoy, muchas de las decisiones que determinan cómo vivimos ya no pasan por parlamentos ni por urnas, sino por estructuras privadas que nadie ha votado.

Este desplazamiento no es nuevo. Comenzó con la financiarización de la economía, cuando el capital financiero empezó a imponer límites estrictos a la política democrática. Lo que sí es nuevo es la aparición de un actor que no se conforma con condicionar la democracia, sino que aspira a reemplazarla: el capitalismo tecnológico libertario. Su irrupción no elimina el poder financiero tradicional, pero lo acelera, lo reconfigura y lo lleva a un nuevo estadio, donde la política deja de ser necesaria incluso como mediación.

De la financiarización al tecnolibertarismo

Durante años, el poder financiero vació de contenido a los Estados sin necesidad de destruirlos. Bastaba con imponer disciplina fiscal, desregular los mercados y convertir la economía en un espacio técnico inaccesible para la ciudadanía. Hoy, el capitalismo tecnológico libertario va más allá: no necesita Estados debilitados, sino Estados irrelevantes.

Este proyecto se apoya en una corriente filosófica donde la democracia no es un logro que perfeccionar, sino un error histórico; la igualdad, un error catastrófico; y la deliberación colectiva, un obstáculo para la eficiencia.

En lugar de ciudadanía propone usuarios. En lugar de leyes debatidas, reglas inscritas en código informático. En lugar de política, sistemas de gestión privada. El ideal no es el autogobierno, sino la optimización; no el conflicto democrático, sino la administración técnica de la sociedad por élites que se consideran más capacitadas.

No se trata de mejorar la democracia, sino de cerrar el paréntesis democrático abierto en los últimos dos siglos.

La demolición institucional como método

Este proyecto no puede imponerse en sociedades con instituciones sólidas y legitimidad pública. Para sustituir la política por sistemas automáticos de decisión es necesario, antes, debilitar la confianza en lo común. Por eso necesita gobernantes que actúen como agentes de demolición: líderes dispuestos a erosionar desde dentro aquello que dicen gobernar.

El patrón se repite: ataques a la justicia, a la ciencia, a la prensa, a la administración pública; degradación deliberada del debate político; polarización permanente; crisis constantes que paralizan la acción colectiva. No se trata de incompetencia ni de caos accidental, sino de una estrategia. Cuando las instituciones dejan de funcionar, la ciudadanía se vuelve más receptiva a soluciones autoritarias o tecnocráticas presentadas como inevitables, aunque anteriormente las habría rechazado.

El colapso institucional no es un efecto secundario: es una condición necesaria. Allí donde la política se percibe como inútil, la tecnología aparece como neutral y eficiente. Pero no lo es: responde a intereses concretos y concentra poder en manos privadas.

Trump como operador político de un proyecto ajeno

En este marco se entiende mejor el papel de figuras como Donald Trump. No son los arquitectos intelectuales del proyecto, sino sus ejecutores políticos. Su función no es construir alternativas, sino romper normas, desacreditar mediaciones y convertir la política en un espectáculo continuo que impide cualquier respuesta colectiva coherente.

El episodio de Groenlandia ilustra bien este mecanismo. Presentado como una extravagancia personal, respondía en realidad a intereses estratégicos de sectores tecnológicos. El Ártico ofrece condiciones óptimas para centros de datos: clima frío, energía relativamente barata, aislamiento geográfico y marcos jurídicos difusos desde los que operar lejos del control democrático. Trump no diseñó esa estrategia; simplemente la hizo visible.

Finanzas privadas: la gran victoria silenciosa

Mientras el ruido político ocupaba el espacio público, el capitalismo tecnológico libertario avanzaba en uno de sus frentes más decisivos: el control del dinero. La expansión de las finanzas distribuidas (DeFi) y de las stablecoins, presentadas como herramientas de libertad individual, tiene un impacto político profundo.

Estas tecnologías desplazan la creación y regulación del dinero desde los Estados hacia plataformas privadas gobernadas por código informático. El dinero deja de ser un instrumento de política pública y se convierte en una infraestructura corporativa. Sin soberanía monetaria, la democracia pierde uno de sus pilares fundamentales.

Una alianza funcional con la extrema derecha

Este proyecto no avanza solo. Ha encontrado en la extrema derecha un aliado eficaz. Aunque sus discursos difieran en apariencia, comparten un enemigo común: cualquier forma de control democrático que limite al capital.

La relación es funcional. Las élites tecnológicas aportan capital, infraestructuras digitales y control del espacio informativo. Las extremas derechas aportan polarización, ruptura institucional y bases sociales movilizadas contra la propia democracia. Juntas generan el clima perfecto para justificar la sustitución de la política por sistemas de control privado.

El agotamiento de la democracia representativa

El resultado es una democracia cada vez más vacía de contenido. La ciudadanía vota, pero no decide. Participa, pero no influye. La política se percibe como un teatro sin consecuencias, mientras las decisiones reales se toman en espacios inaccesibles.

La pregunta ya no es solo quién gobierna, sino dónde puede todavía ejercerse el gobierno democrático.

Biorregiones: devolver la política a la vida cotidiana

Es en este punto donde el concepto de biorregión cobra sentido político. La idea fue formulada originalmente en los años setenta por activistas como Peter Berg, que defendían la necesidad de reconectar la cultura, la economía y la organización social con los sistemas naturales que sostienen la vida.

No se trata de una nueva frontera ni de un proyecto identitario, sino de un espacio donde coinciden ecología, economía y vida cotidiana. Allí donde se organizan el agua, la energía, los alimentos, los cuidados o la movilidad, la política vuelve a tener suelo. La democracia deja de ser una abstracción institucional y se convierte en una práctica ligada a interdependencias materiales reales.

Las biorregiones no sustituyen al Estado ni niegan la escala global, pero anclan la democracia en territorios habitados, frente a la lógica tecnocrática que separa la toma de decisiones de sus consecuencias.

Asambleas con mandato temporal y sorteo ciudadano

Un elemento clave para que las biorregiones no reproduzcan élites locales ni nuevas burocracias es la forma en que se organiza su deliberación. Las asambleas biorregionales no estarían compuestas por representantes permanentes ni por militancias profesionales, sino por ciudadanos y ciudadanas seleccionados por sorteo, con mandatos temporales, claros y no renovables.

El sorteo no es un gesto simbólico, sino una antigua y eficaz herramienta democrática. Reduce la captura por intereses organizados, impide la profesionalización del poder y garantiza que la diversidad social real esté presente en la toma de decisiones. Los mandatos breves aseguran que nadie pueda convertir la asamblea en una carrera política ni en una posición de influencia estable.

Estas asambleas no sustituyen a las instituciones existentes ni gobiernan en abstracto. Intervienen en decisiones estratégicas concretas —energía, suelo, agua, vivienda, infraestructuras o uso de fondos públicos— con capacidad de supervisión, corrección o veto. Su función no es administrar, sino devolver control democrático allí donde las decisiones tienen consecuencias directas sobre la vida cotidiana.

El poder que se ejerce

El proyecto que busca sustituir la democracia avanza apoyado en la demolición institucional, la privatización de las infraestructuras y la alianza entre capital tecnológico y autoritarismo. Frente a él, las biorregiones y sus formas de deliberación no son una utopía, sino una corrección democrática concreta: una forma de devolver el poder a los lugares donde la vida ocurre.

El poder que no se ejerce se ocupa. Y hoy, ejercerlo empieza cerca. En lo común. En lo cotidiano. En los espacios donde todavía es posible decidir juntos.

La entrada El poder que no votamos se publicó primero en ATTAC España | Otro mundo es posible.

Fotografía: La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, explica los planes de la Entidad Estatal Casa 47, en el Congreso.Eduardo Parra / Europa Press

Artículo original publicado en publico.es por Víctor López

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana sacó un concurso en diciembre para seleccionar a las empresas o fundaciones que se van a encargar de gestionar el «arrendamiento de las viviendas asequibles» que sacará al mercado Casa 47, la nueva empresa pública de vivienda, articulada sobre los cimientos del antiguo Sepes. La idea es que los precios estén topados y que los contratos tengan una duración de 75 años, para «sustentar el derecho a una vivienda digna como quinto pilar del Estado de Bienestar«. El primer listado de compañías interesadas recoge los nombres de una docena de inmobiliarias, la mitad de ellas controladas por fondos de inversión extranjeros. Vivienda, no obstante, recalca que de momento «solo se ha mirado la forma de las propuestas, no el fondo» e insiste en que al tratarse de un concurso, no pueden vetar a ninguna compañía.

¿Quién está detrás de las empresas que se han presentado al concurso? ¿Cuántas están controladas por fondos de inversión? ¿Y cuántas se dedican realmente a la gestión de vivienda asequible?

Alquiler Seguro, una aspirante con polémica

Alquiler Seguro fua la primera en hacer pública su participación en el concurso. La agencia tiene actualmente una cartera de 30.000 viviendas, tal y como ha revelado Público en esta serie de artículos de investigación. El Ministerio de Consumo multó recientemente a la empresa por vulnerar los derechos de los inquilinos e imponerles cláusulas abusivas en los contratos de alquiler. Sumar criticó que una inmobiliaria sancionada fuese admitida en el proceso, un hecho que genera «interrogantes muy serios sobre la coherencia, los criterios y la auténtica orientación social» de la iniciativa. EH Bildu también cuestionó la presencia en el concurso de Alquiler Seguro. El concepto de «vivienda asequible» y los valores de la empresa no parecen a priori compatibles.

Alquiler Seguro pertenece desde hace una década a la sociedad instrumental Explotación de Negocios y Actividades Comerciales SL (Enacom), propiedad de tres de los cinco socios fundadores. Aurica, un fondo de inversión con sede en Barcelona, posee el 49% de Enacom. El grupo integra desde una correduría de seguros hasta dos socimis y una comercializadora de luz y gas. La facturación rozó el año pasado los 34 millones de euros.

La única excluida: un ‘servicer’ vinculado a KKR  

El Ministerio de Vivienda publicó a finales de enero la relación de candidatas que siguen en el proceso de licitación, una licitación que se estructura en cuatro lotes con arreglo a distintas zonas geográficas. De las 12 empresas que enviaron alguna oferta, solo una ha sido excluida: Hipoges, el servicer a través del cual el fondo estadounidense KKR, con intereses económicos en los territorios palestinos ocupados por Israel, administraba hasta hace poco el 55% del mercado residencial de la Sareb. Hipoges cambió de dueño en noviembre de 2025. Lo compró el fondo británico Pollen Street Capital. Vivienda dejó al servicer fuera del proceso para gestionar las viviendas de Casa 47 por «no haber presentado correctamente» la documentación requerida. Las otras once firmas han pasado a la siguiente ronda y siguen pendientes de la licitación de los contratos.

El rastro de las empresas: EEUU, Londres y Luxemburgo  

Además de Alquiler Seguro, otras diez fundaciones o compañías han pasado el primer corte: cuatro de ellas concurren mediante uniones temporales (UTE). Es el caso de Serveo Servicios SAU y La Factoría Gestión y Consultoría SL. La primera cuelga directamente del Grupo Serveo SL y tiene sus raíces en Ferrovial, durante la etapa del actual presidente, Rafael del Pino Calvo-Sotelo. La situación actual es diferente. El gigante de las infraestructuras se deshizo de la marca en dos operaciones a lo largo de los cinco últimos años.

Portobello Capital, gestora de fondos de inversión, compró el 75% de las participaciones de Serveo en octubre de 2022. Y sumó el 25% restante en julio de 2024, figurando desde entonces como propietaria única del conglomerado y de todas sus filiales. La nueva matriz creó además un vehículo para recomprar la marca el año pasado, Portobello Serveo Continuation Vehicle SCA SICAV-RAIF. La sede social la tiene en Luxemburgo, país europeo con más fondos domiciliados y segundo a nivel mundial, solo por detrás de Estados Unidos.

La Factoría Gestión y Consultoría, es decir, la empresa con la que Serveo participa en el concurso del Ministerio de Vivienda a través de una unión temporal, funciona como «consultora especializada en la externalización de servicios públicos» y tiene «más de 70.000 viviendas gestionadas» en España, según consta en su propia página web. Esta sociedad rellena por tanto la pata social para las licitaciones que contempla la cartera que regenta Isabel Rodríguez. Serveo Servicios nada tiene que ver con el sector de la vivienda, al menos, nada recoge en la descripción de su objeto social, donde habla de su especialización en la «recogida, eliminación, tratamiento» o «comercialización» de «residuos» de todo tipo.

El rastro de las empresas: EEUU, Londres y Luxemburgo  

Además de Alquiler Seguro, otras diez fundaciones o compañías han pasado el primer corte: cuatro de ellas concurren mediante uniones temporales (UTE). Es el caso de Serveo Servicios SAU y La Factoría Gestión y Consultoría SL. La primera cuelga directamente del Grupo Serveo SL y tiene sus raíces en Ferrovial, durante la etapa del actual presidente, Rafael del Pino Calvo-Sotelo. La situación actual es diferente. El gigante de las infraestructuras se deshizo de la marca en dos operaciones a lo largo de los cinco últimos años.

Portobello Capital, gestora de fondos de inversión, compró el 75% de las participaciones de Serveo en octubre de 2022. Y sumó el 25% restante en julio de 2024, figurando desde entonces como propietaria única del conglomerado y de todas sus filiales. La nueva matriz creó además un vehículo para recomprar la marca el año pasado, Portobello Serveo Continuation Vehicle SCA SICAV-RAIF. La sede social la tiene en Luxemburgo, país europeo con más fondos domiciliados y segundo a nivel mundial, solo por detrás de Estados Unidos.

La Factoría Gestión y Consultoría, es decir, la empresa con la que Serveo participa en el concurso del Ministerio de Vivienda a través de una unión temporal, funciona como «consultora especializada en la externalización de servicios públicos» y tiene «más de 70.000 viviendas gestionadas» en España, según consta en su propia página web. Esta sociedad rellena por tanto la pata social para las licitaciones que contempla la cartera que regenta Isabel Rodríguez. Serveo Servicios nada tiene que ver con el sector de la vivienda, al menos, nada recoge en la descripción de su objeto social, donde habla de su especialización en la «recogida, eliminación, tratamiento» o «comercialización» de «residuos» de todo tipo.

El nombre de la penúltima firma vuelve a conducirnos al Reino Unido. Savills se presenta al concurso del Ministerio de Vivienda con una de sus filiales, Savills Consultores Real Estate SAU, controlada, una vez más, por fondos extranjeros. La matriz tiene más de setecientas oficinas en todo el mundo y cotiza en Londres. Savills y otras consultoras se mostraron contrarias en su momento a la reforma que proponía el Gobierno para elevar la presión fiscal sobre las socimis que no destinaran una parte de sus carteras «a la promoción de vivienda en alquiler asequible».

Procuradores Gestimed cierra un listado en el que más de la mitad de las empresas -seis de once admitidas- están controladas por fondos de origen extranjero. La firma se dedica principalmente al asesoramiento y los servicios de representación legal, sin que conste experiencia previa en la gestión inmobiliaria. El plazo de inscripciones para el concurso finaliza todavía el 20 de febrero.

El Ministerio de Vivienda sostiene que la «concurrencia» de tantas empresas «demuestra que es un proyecto que suscita interés». 

La entrada Fondos extranjeros controlan la mitad de las firmas que aspiran a gestionar los alquileres de la nueva empresa pública de vivienda se publicó primero en ATTAC España | Otro mundo es posible.

Fotografía: el economista francés Gabriel Zucman. Efe

Artículo original publicado en eldiario.es por EFE

El economista francés Gabriel Zucman, creador de la propuesta de un impuesto mínimo sobre el patrimonio de los multimillonarios que se ha debatido en Francia en los últimos meses sin lograr el respaldo político suficiente, cree que España debería adoptarlo. “No es aceptable que los más ricos tengan la posibilidad de pagar menos que las clases medias o que las clases populares”, ha subrayado a la agencia EFE este jueves en París, durante la presentación del nuevo Observatorio Internacional de la Fiscalidad (ITO), heredero del Observatorio Europeo de la Fiscalidad.

El economista, que este viernes se reunirá con el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, insistió en que el problema central es la desigualdad en la contribución fiscal. A su juicio, la situación fiscal de los ultrarricos “no es ni aceptable ni sostenible”. También ha argumentado que España, como Francia y los demás países, deberían implantar un impuesto mínimo sobre las mayores fortunas, “simplemente por una cuestión de igualdad ante la ley”.

Un 2% sobre el patrimonio de más de 100 millones

Los estudios del Observatorio muestran que en países como Francia los principales multimillonarios pagan menos del 2% de sus ingresos en impuestos, una tasa muy inferior a la que soportan las clases medias, gracias a distintos mecanismos de optimización fiscal. Frente a ello, Zucman propone un impuesto mínimo del 2% sobre el patrimonio —no sobre los ingresos— de los contribuyentes con activos superiores a los 100 millones de euros.

Según el economista, esta fórmula podría trasladarse a España y a otros países, aunque matizó que los detalles deben decidirse en cada caso. “No digo que se tengan que aplicar exactamente los mismos parámetros: eso tiene que decidirse en un debate democrático parlamentario”, afirmó.

De cara a su encuentro con Bustinduy, Zucman explicó que traslada el mismo mensaje a todos los responsables políticos con los que se reúne: “Es urgente avanzar”, especialmente ante las “necesidades de inversión muy importantes” de las administraciones públicas y los problemas de déficit y deuda acumulados.

Los ultrarricos como los demás

Gravar el patrimonio con un 2%, defendió, permitiría garantizar que los ultrarricos “paguen proporcionalmente con sus ingresos tantos impuestos como las otras categorías sociales, ni más ni menos”. A su juicio, se trata de una cuestión clave para la salud democrática y económica de Europa.

El economista aseguró que “el atractivo de España” tiene que venir de la educación de su población, de su sistema sanitario y de sus infraestructuras y añadió que “para eso hace falta dinero, en particular de quienes ahora pagan menos” al defender la implementación del impuesto en el país.

Zucman rechazó además el argumento de que un impuesto de este tipo provocaría exilio fiscal o ahuyentaría la inversión. Por un lado, planteó que España podría acompañar la medida con un sistema que obligue a seguir pagando impuestos durante cinco, diez o incluso quince años a quienes trasladen su residencia al extranjero. Por otro, recordó que España no basa su modelo de desarrollo en atraer multimillonarios con ventajas fiscales, a diferencia de países como el Reino Unido, que abandonó ese enfoque en 2024 incluso bajo un gobierno conservador.

En Francia, la tasa mínima sobre el patrimonio de los multimillonarios cuenta con el respaldo de toda la izquierda, pero no del centro y la derecha, que actualmente suman mayoría parlamentaria. Un escenario político que, según el economista, retrasa pero no frena un debate que considera inevitable.

La entrada Zucman, el creador del impuesto mínimo a los multimillonarios: “España debe adoptarlo” se publicó primero en ATTAC España | Otro mundo es posible.

Fotografía:  encuentro entre Trump y Milei en febrero de 2025. / The White House

Artículo original publicado en ctxt.es por Juan Torres López

A la hora de analizar lo que está ocurriendo en el mundo no se debería caer en lo que a mí me parece una peligrosa simplificación: considerar que estamos en una simple anomalía producida por la personalidad singular del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Este es, sin duda, lo suficientemente excéntrico, autoritario y disruptivo como para poner en peligro por sí solo el ya frágil entramado de derechos, libertades e instituciones democráticas, no sólo en su país sino en todo el mundo. Su narcisismo enfermizo y el desprecio por las normas están abriendo las puertas a un auténtico vendaval neofascista de consecuencias funestas.

El autoritarismo y la crisis de la democracia se extienden por razones que van mucho más allá de las características personales de Trump

Sin embargo, me temo que el autoritarismo y la crisis de la democracia se extienden por razones que van mucho más allá de las características personales de Trump. Y analizar como algo personal lo que en realidad es estructural puede hacer ingenuamente que el problema se resuelve reemplazando a un líder por otro.

A mi juicio, nada brota si no existen condiciones que le permitan crecer y desarrollarse, sin un medio ambiente favorable, y por eso creo que Trump no es exactamente la causa principal de la crisis democrática de Estados Unidos y del mundo entero. Es, en realidad, el efecto emergente de una serie de grandes fracturas económicas, institucionales, mediáticas, culturales, tecnológicas y geopolíticas que afectan al planeta.

Dicho de otra manera: la aparición de líderes autoritarios y neofascistas como Trump no es la causa de la crisis de la democracia y las libertades; es esa crisis la que da lugar y explica la aparición y la funcionalidad de Trump. Por eso su llegada al poder no puede considerarse como un accidente pasajero, sino como auténtico punto de inflexión en la historia del capitalismo contemporáneo y me atrevería a decir que de la humanidad.

Un sistema incompatible con la democracia y la libertad

Lo que está ocurriendo en Estados Unidos y va a ocurrir también en los demás países avanzados es la consecuencia de una mutación del capitalismo que lo ha hecho cada vez más incompatible con la democracia. 

Esa incompatibilidad se produce por tres razones principales. 

– La gran desigualdad de nuestro tiempo ha deteriorado las economías y ha obligado a limitar cada día más los derechos y libertades de desposeídos a cuya costa se genera la concentración de la riqueza y el poder que la producen.

– Cuando esa desposesión se hace indisimulable hay que recurrir a la mentira y al falseamiento del debate social para poder justificarla, para hacer creer que es la inmigración, el feminismo o la política democrática lo que amenaza el empleo, los salarios, la provisión de los servicios públicos, la seguridad o la soberanía.

– El nuevo capitalismo tecnológico que se ha hecho dominante necesita plena libertad para utilizar en su favor todos los recursos del Estado.

Estos procesos están produciendo las grandes fracturas económicas, institucionales, mediáticas, culturales, tecnológicas y geopolíticas que están convirtiendo al capitalismo de nuestros días en un sistema incompatible con la democracia, y este es el medio ambiente en el que líderes políticos como Trump, Milei, Le Pen, Orbán… no aparecen como sorpresas o incidencias casuales, sino como las respuestas necesarias para intentar consolidarlo.

El 1 % más rico posee el 31,7 % de la riqueza total de EEUU, mientras que la mitad inferior de la población apenas supera el 2 %

Fracturas económicas y sociales profundas 

En las últimas cuatro décadas, la economía estadounidense viene experimentando transformaciones que han erosionado los cimientos sociales que pueden sostener a la democracia, por débil que esta sea:

– Concentración extrema de la riqueza y el poder económico que ha producido una desconexión creciente entre el crecimiento de la economía y el bienestar de la mayoría de la población. Hoy, el 1 % más rico posee el 31,7 % de la riqueza total del país, mientras que la mitad inferior de la población apenas supera el 2 %.

– Profunda desindustrialización debida a la externalización productiva, es decir a la marcha de las grandes empresas al exterior, al amparo de la globalización, para buscar costes más bajos, que ha producido desempleo generalizado en muchas áreas, precarización salarial y estancamiento salarial. Desde 1980 se han perdido más de 7,5 millones de empleos industriales, y en amplias zonas la renta per cápita real es hoy inferior a la de hace tres décadas.

– Endeudamiento masivo de los hogares en educación, salud y vivienda, que convierte derechos básicos en riesgos financieros permanentes. Sólo en deuda estudiantil 42,8 millones de personas mantienen deuda estudiantil por valor superior a los 1,7 billones de dólares, una cifra superior al PIB de países como España.

– Desigualdad territorial extrema, con grandes espacios y regiones enteras sumidos en un gran declive económico y social.

– Debilitamiento del poder sindical y del trabajo organizado, que reduce la capacidad de acción colectiva.

Además de desigualdad y deterioro económico, estas dinámicas han generado una inseguridad vital que se ha hecho crónica en amplios sectores sociales que viven con la sensación de pérdida de estatus, de futuro bloqueado y de ruptura del contrato social. Eso ha hecho que la política se haya convertido para ellos en un campo de continua amenaza y la demanda social ha dejado de ser la de redistribución o reforma para buscar, simplemente, la protección que supuestamente proporcionan los líderes autoritarios.

Democracia vaciada

La segunda base en que se ha sustentado el avance del trumpismo es el diseño y funcionamiento degradado de las instituciones políticas estadounidenses.

– El sistema electoral se ha ido distorsionando cada vez más, se han generalizado los casos de manipulación de distritos para favorecer a uno u otro partido o mecanismos encaminados a suprimir el voto de algunos grupos sociales, quebrándose así el principio de igualdad política. En 2016, Donald Trump perdió el voto popular por casi tres millones de votos y aun así ganó la presidencia.

– La financiación privada masiva de la política ha otorgado a grandes fortunas y corporaciones una influencia decisiva sobre el proceso legislativo y el gobierno ha sido materialmente capturado por grupos de presión, especialmente financieros, energéticos, tecnológicos y militares. En las elecciones de 2020 se gastaron más de 14.000 millones de dólares, aportados de forma desproporcionada por un porcentaje ínfimo de grandes donantes.

– Las puertas giratorias que disuelven la frontera entre interés público e interés privado se han hecho una constante.

Los contrapesos institucionales (tribunales, agencias reguladoras y administración profesional) se han ido debilitando o desapareciendo

– Los contrapesos institucionales (tribunales, agencias reguladoras y administración profesional) se han ido debilitando, cuando no desapareciendo, en los últimos años, permitiendo que, aunque los ciudadanos voten, no sean realmente los que decidan cómo se gobierna.

Todo ello ha producido una brecha entre participación formal y poder real que genera frustración, cinismo y deslegitimación del sistema (sólo un 17 % de los estadounidenses confía en el Congreso). Y eso es lo que permite que personajes estrambóticos como Trump aparezcan aquí como ajenos a un sistema que se percibe como corrupto, aunque en la práctica se hayan enriquecido con él, lo utilicen y lo profundicen. El atractivo social de personas como Trump no nace a pesar de esas disfunciones institucionales, sino gracias a ellas.

Degradación mediática del espacio público

El sistema mediático estadounidense (como en la inmensa mayoría de otros países) también ha mutado:

– El periodismo ha pasado de ser un medio de control del poder a una industria de la atención.

– La información ha dejado de ser contextualizada para convertirse en espectáculo permanente.

– En lugar de promover y ayudar a generar un espacio público común y compartido se dedica a crear burbujas ideológicas rentables.

Y todo ello ha sido intensificado por las plataformas digitales y los algoritmos que, buscando aumentar la interacción que los hace más rentables, amplifican el extremismo y la polarización, fragmentan la realidad en relatos incompatibles, y anteponen la emoción sobre el análisis. Numerosos estudios muestran que los contenidos falsos y extremos se difunden más rápido y alcanzan mayor audiencia que la información verificada. Basta recordar la difusión masiva de la narrativa del fraude electoral en 2020, sostenida durante semanas, pese a la inexistencia de pruebas y al rechazo sistemático de los tribunales.

El funcionamiento actual de los medios de comunicación busca y hace que desaparezcan los hechos compartidos que son condición básica para que la democracia no se degrade.

En este entorno, las personas y líderes que encarnan la lógica del sistema son los que, como Trump o Milei, basan su comportamiento en la mentira, el conflicto, el simplismo y la provocación.

Vulnerabilidad cognitiva, generacional y simbólica

El deterioro de la educación y de la cultura cívica que se viene produciendo en las últimas décadas debido a causas diversas agrava todas las dinámicas anteriores.

El retroceso en competencias básicas y pensamiento crítico, la mercantilización de la educación superior, la segregación educativa creciente por renta y territorio, la reducción de la educación cívica y de la comprensión institucional, la politización e incluso la censura expresa de contenidos históricos y científicos han creado una ciudadanía con menos herramientas cognitivas, más vulnerable a la manipulación, a la simplificación del populismo y a la guerra cultural.

Eso ha hecho posible que la política haya dejado de ser un debate transparente sobre intereses y proyectos colectivos para convertirse en una lucha de identidades que enfrenta y paraliza.

Personalidades como la de Trump o Milei ofrecen relatos simples, culpables claros y promesas de restauración simbólica

La consecuencia ha sido también una crisis subjetiva profunda que provoca miedo existencial y al declive nacional, frustración generacional y colapso de expectativas, crisis de estatus y masculinidad en sectores tradicionales; soledad, ansiedad y fatiga cognitiva y ausencia de un proyecto colectivo de futuro en una gran parte de la población.

Personalidades como la de Trump o Milei ofrecen relatos simples, culpables claros y promesas de restauración simbólica. No resuelven los problemas, pero alivian emocionalmente a quienes se sienten perdidos y desplazados.

Un poder real que mueve los hilos

Ninguno de esos procesos podría haberse producido sin el impulso y la financiación del mundo de los negocios, de las grandes corporaciones y el capital financiero. Han logrado que la democracia se vacíe de contenido redistributivo, desplazar el conflicto del eje económico al cultural, generar una constante sensación de amenaza, condicionar así la política exterior y presupuestaria y limitar el espacio de la diplomacia y la deliberación democrática.

Trump no gobierna contra el poder económico. Gobierna para una parte significativa de él. No es casual que grandes fortunas, corporaciones y sectores tecnológicos hayan financiado, tolerado o normalizado su figura.

No es Trump, es el sistema

En definitiva, Donald Trump no puede entenderse como una aparición inesperada ni como un cuerpo extraño al sistema de poder económico, político y mediático que domina Estados Unidos. Al contrario, ese tipo de figura se convierte en el instrumento político que requiere una fase del nuevo capitalismo en la que amplios sectores del poder real –financiero, tecnológico, energético, industrial y mediático– necesitan aplicar políticas profundamente regresivas sin aparecer como sus responsables directos.

Y para que esa estrategia de captura sea factible y tenga éxito social y electoral, resulta clave que sean encarnadas por figuras que se presenten como ajenas al sistema, como outsiders que “dicen lo que otros no se atreven a decir” y que aparentan enfrentarse a las élites, aunque en la práctica gobiernen para una parte significativa de ellas. Trump cumple perfectamente ese papel: su estilo estridente, su retórica antisistema y su provocación constante funcionan como una cortina de humo que oculta la continuidad de fondo de las políticas que se aplican.

Las condiciones que han hecho posible el trumpismo en Estados Unidos se reproducen en buena parte de las otras democracias occidentales y periféricas

Es una lógica que no es nueva ni exclusiva de Estados Unidos. En contextos de creciente desigualdad, debilitamiento democrático y frustración social, el sistema tiende a necesitar líderes que parezcan venir de fuera para poder profundizar transformaciones que, de otro modo, encontrarían mayor resistencia. Por eso, las condiciones que han hecho posible el trumpismo en Estados Unidos se reproducen (y se van a reproducir cada vez en mayor medida si no se pone freno a los procesos que hemos visto), con más o menos variaciones en buena parte de las otras democracias occidentales y periféricas. Allí donde ya han empezado a emerger partidos y figuras similares que combinan discurso antisistema, liderazgo personalista y políticas funcionales a los intereses dominantes.

Ausencia de elementos de freno y corrección 

La ausencia de un freno o corrección internos y externos efectivos ha permitido que estas dinámicas se profundicen. El tipo de relación que el resto del mundo mantiene con Estados Unidos también forma parte del problema por el vasallaje imperial.

La dependencia militar y monetaria, la legitimación acrítica de su liderazgo incluso cuando viola normas internacionales y el aceptar que Estados Unidos asuma la función de gran policía global reduce los costes externos de su deriva autoritaria y que las disfunciones que eso provoca internamente se acumulen sin ajuste.

El silencio –o, al menos, la falta de una respuesta suficientemente efectiva– tanto a nivel externo como interno ante la quiebra democrática e institucional que se viene produciendo no es casual. Es el resultado, por un lado, de un auténtico cálculo racional de los actores sociales más poderosos que necesitan y a quienes beneficia la desregulación extrema de los mercados, el dejar de gravar la riqueza, la liquidación de los derechos laborales o que se dé libertad a los monopolios. Y, por otro, de la inoperancia, debilidad y fracaso de las izquierdas de nuestro tiempo.

No es anomalía: hay manual de instrucciones

Trump no es un verso suelto que aparece en la vida política con partitura propia y en contra del ecosistema de poder en el que nace. Viene, por decirlo metafóricamente, con manual de instrucciones y –por muy relevante que sean su personalidad y singularidad– es, en realidad, el ejecutor de un proyecto estructurado. Basta leer el llamado Proyecto 2025 para comprobarlo.

Con ese documento, elaborado por cientos de especialistas y financiado por grandes empresas y bancos, se demuestra que vaciar la democracia desde dentro, convertir el Estado en instrumento de facción y hacer irreversible la concentración de poder no es una tarea improvisada que Trump haya emprendido por su cuenta, sino una estrategia consciente, premeditada y muy bien diseñada. Alrededor del 61 % de las más de 320 medidas propuestas ya se han puesto en marcha o están en proceso de ejecución. Eso significa que, si no estuviese Trump en el poder, otra persona podría ser quien hiciera su mismo trabajo de desmantelamiento de la democracia, liberalización extrema de los mercados y de apoyo y privilegio a los grandes grupos de poder.

Trump concentra la atención porque encarna de forma grotesca y provocadora procesos mucho más profundos que llevan décadas gestándose

Donald Trump no es el origen de la quiebra democrática que vivimos, sino su manifestación más visible y, hasta ahora, más extrema. Su figura concentra la atención porque encarna de forma grotesca y provocadora procesos mucho más profundos que llevan décadas gestándose. Por eso, centrar el debate exclusivamente en él resulta engañoso y puede ser que inútil.

Lo verdaderamente inquietante no es que Trump haya llegado al poder, sino que el entramado económico, institucional, mediático y geopolítico de nuestro tiempo no sólo lo tolere, sino que lo necesite. El llamado Proyecto 2025 demuestra que no estamos ante una deriva improvisada ni ante el capricho de un líder excéntrico, sino ante una estrategia consciente para vaciar la democracia desde dentro y hacer irreversible la concentración de poder.

La pregunta decisiva, por tanto, no es cómo impedir la presencia personal de Trump o de otras figuras similares, sino qué transformaciones profundas son necesarias para desactivar las condiciones que las hacen posibles. Porque mientras esas condiciones permanezcan intactas –desigualdad extrema, democracia formal vaciada, captura del poder económico, degradación del espacio público y silencio cómplice a escala interna e internacional– Trump no será una anomalía histórica. Será un precedente. 

Y los precedentes, cuando no se corrigen, se convierten en norma.

La entrada Donald Trump no es el (único) problema se publicó primero en ATTAC España | Otro mundo es posible.

Artículo original publicado en sinpermiso.info por Ann Pettifor

Los hábitos de los mercados financieros mundiales tienen un impacto directo en el coste de la vida y en la crisis climática. Las sociedades y los gobiernos deben recuperar el control para evitar una catástrofe.

Durante más de veinte años, entre 1980 y 2016, Donald Trump construyó, saqueó y luego llevó a la quiebra un imperio de casinos —Trump Entertainment Resorts— a lo largo del emblemático paseo marítimo de Atlantic City. Sus casinos despojaron a los apostadores de sus ganancias ganadas con esfuerzo, arruinaron a los tenedores de bonos y a los inversores del mercado de valores, y terminaron siendo fracasos prolongados y costosos, incluso mientras enriquecían a Trump. «El dinero que saqué de allí fue increíble», declaró al New York Times. 

El presidente del casino era conocido por emitir acciones y bonos y pedir prestadas montañas de «bonos basura» para financiar sus casinos de Atlantic City, solo para despojarse de los activos y enriquecerse a sí mismo y a su familia. Las acciones se vendieron a personas crédulas y pronto se desplomaron; luego incumplió el pago de los bonos (promesas de pago); y los casinos quebraron, no una, ni dos, sino cinco veces. 

Al igual que Trump, Wall Street ha emitido, desde la gran crisis financiera, cantidades desconocidas de deuda en mercados privados y no regulados. Esto ha llevado a los analistas financieros a advertir sobre los crecientes problemas de deuda en los mercados de capital privado y de crédito privado, y sobre una repetición de la crisis financiera mundial de 2007. Los grandes bancos de Wall Street también están implicados: ya tienen 1,3 billones de dólares en préstamos al sector «bancario en la sombra», no regulado. Al igual que Trump, Wall Street ha utilizado la desregulación financiera para saquear la economía mundial, extraer y explotar la naturaleza, y ha enriquecido enormemente al 1 % más rico.

Del mismo modo, los grandes gigantes del sector tecnológico han creado «vehículos de propósito especial» para ocultar en sus balances 120 000 millones de dólares de préstamos destinados a financiar centros de datos. Tenemos motivos para preocuparnos por los riesgos financieros de la enorme apuesta de Wall Street por la inteligencia artificial. Los multimillonarios tecnológicos están apostando más de un billón de dólares por una tecnología —la inteligencia artificial general (AGI)— que aún no existe, pero que promete, literalmente, «el mundo». Su apuesta cuenta con el respaldo de grandes y pequeños especuladores que han invertido 5 billones de dólares en el éxito de esta apuesta.

El capitalismo siempre ha producido audaces creativos y apostadores, aquellos que soñaron, invirtieron y construyeron los ferrocarriles, las computadoras e Internet. Lo que es diferente hoy en día es que, a diferencia de los ferrocarriles, las computadoras e incluso Internet, la IGA no existe. La burbuja de la IGA puede ser solo un vasto juego de poder tecno-distópico, diseñado para poner a los jefes de Silicon Valley en control político y financiero sobre una vasta y debilitada fuerza laboral global. Se trata de una guerra de clases en su forma más brutal: una guerra de clases que ha sido posible gracias a un sistema financiero global fuera de control. 

Al igual que Trump, sus amigos de Wall Street y las grandes tecnológicas están enamorados de la «moneda» criminal que es la criptomoneda. En vísperas de su toma de posesión, el presidente del casino y su esposa lanzaron los memes digitales $TRUMP y $MELANIA, que añadieron millones a su fortuna combinada. A los dos días de asumir el cargo, la presidencia de Estados Unidos ya se había convertido en más lucrativa para Trump que para cualquier otro presidente de la historia del país, según el editor jefe de la revista Forbes. Y al igual que Trump, Wall Street y Estados Unidos se encuentran «una vez más en el centro de una vorágine fiscal y financiera global», como sostiene el distinguido columnista del Financial Times John Plender.

El casino global

Estos son los problemas de lo que yo denomino el casino global, que facilita las apuestas demenciales de los mercados financieros internacionales y el impacto directo de sus actividades en nuestras pensiones, nuestro pan de cada día, la energía y la vivienda, pero también en la biosfera. 

Los hábitos de juego de los mercados financieros globales son en gran medida invisibles para los no economistas y el público en general. La visión convencional del público sobre la relación entre la economía y la democracia es una ilusión, al igual que la visión convencional de que el clima era lo mismo que el tiempo atmosférico fue en su día una ilusión muy extendida. 

Nosotros, y las economías en las que vivimos, no estamos gobernados por políticos elegidos, dictadores y sus funcionarios públicos. En cambio, las decisiones políticas clave las toman los operadores del sistema financiero global, en gran medida desregulado.

El valor de la economía y de la moneda de una nación está determinado en gran medida por actores invisibles en los mercados financieros. Lo mismo ocurre con los tipos de interés de una nación, que a su vez determinan si los empresarios están dispuestos, o pueden permitirse, invertir en la economía nacional. El valor de nuestras pensiones y los precios de los alimentos, la energía y la vivienda son palancas económicas clave que en gran medida manejan financieros irresponsables y que no rinden cuentas, que operan en los mercados financieros y de materias primas internacionales. 

Aunque nuestros políticos electos pueden ser culpables, no podemos culparlos con toda sinceridad del fracaso y la volatilidad económicos. Junto con los tecnócratas de los bancos centrales, las decisiones y actividades de los banqueros globales, los gestores de activos, los propietarios de fondos de cobertura y los profesionales del capital privado —que nunca se presentan a las elecciones— tienen un impacto mucho mayor en nuestras economías, nuestras vidas y nuestros medios de subsistencia, de formas poderosas, aunque invisibles. Y, sin embargo, sus actividades y debates sobre el sistema se minimizan. Nos obsesionamos con las últimas cifras de inflación y desempleo, persuadidos por los economistas de que ambas son en gran medida el resultado de las decisiones tomadas por el Gobierno británico y el Banco de Inglaterra. 

A pesar de ello, el público no se deja engañar fácilmente. Aunque desconoce cómo se toman estas decisiones, es muy consciente de que los mercados dictan las políticas económicas y de que los políticos elegidos son relativamente impotentes frente a ellos. Sin embargo, su mejor comprensión del funcionamiento del sistema (para poder cambiarlo) se ve dificultada por una profesión económica que descuida en gran medida la cuestión del dinero y las finanzas, prefiriendo centrarse en lo tangible: las transacciones económicas nacionales y el comercio. 

Para la mayoría de los economistas convencionales, el enfoque de la economía es estrecho y terrenal, fijado en lo que se denomina el nivel micro: el individuo, el hogar y la empresa. Los microeconomistas tienden a pasar por alto el impacto del sistema internacional y a centrarse en los acontecimientos de «la economía cotidiana», que es precisamente el título de un libro de la ministra de Hacienda británica, Rachel Reeves. Reeves define «tres partes constitutivas de esta economía política: el trabajo y los salarios, las familias y los hogares, y los lugares locales a los que pertenecen las personas».

El enfoque nacional se basa en los supuestos de la microeconomía convencional. Es decir, que la demanda y la oferta de capital, bienes y servicios dependen de una multitud de tomadores de decisiones racionales que operan dentro de las fronteras de la nación y sus mercados competitivos nacionales. De hecho, la mayoría de esos tomadores de decisiones operan en rincones remotos de El casino global.

Al igual que el público ha aprendido a distinguir entre el tiempo y el clima, entre lo local y lo planetario, es esencial comprender mejor el sistema financiarizado, en gran medida invisible, si se quiere cambiar el sistema. La tarea es urgente. Las instituciones democráticas han sido vaciadas y despojadas de su poder por aquellos que ocupan los puestos más altos del sistema financiero mundial. Bajo el orden mundial actual, estamos gobernados de facto por actores ricos y poderosos de los mercados con sede en Silicon Valley, Wall Street, la Bolsa Mercantil de Chicago y la City de Londres. (A partir de ahora, englobaré a todos estos actores bajo el término «Wall Street»). 

El gobierno del dinero organizado se ha vuelto insoportable para la sociedad humana. Los mercados financieros que dictan precios elevados para servicios esenciales para la humanidad, como el agua, la vivienda, la energía, la salud y la educación, han desencadenado fuertes reacciones políticas. La sociedad ha recurrido a hombres fuertes, dictadores y autoritarios para que la «protejan» de los mercados. El razonamiento, como explicó Karl Polanyi en 1944, es sencillo: el gobierno de los mercados (es decir, el capitalismo) no podría existir durante mucho tiempo sin «aniquilar la sustancia humana y natural de la sociedad; habría destruido físicamente al hombre [sic] y transformado su entorno en un desierto».

Inevitablemente, la sociedad tomó medidas para protegerse, continuó. Pero cualquier medida que tomara la sociedad —por ejemplo, la elección de Donald Trump, que prometió protección frente a los mercados chino y mexicano— perjudicaba a esos mercados, desorganizaba la vida industrial y ponía en peligro a la sociedad estadounidense de otras maneras.

Cerrar el casino

El triunfalismo actual de los mercados financieros y las empresas desvinculados y autorregulados es una prueba del control privado del mercado sobre el sistema financiero internacional. Con demasiada frecuencia se pasa por alto la base sistémica del poder corporativo y se centra la atención en las personas que están al frente de las organizaciones o en sus actividades. Sin embargo, debemos centrarnos en el poder global de un sistema financiero internacional gestionado por autoridades privadas, no públicas, y reconocer que no será posible abordar la crisis ecológica hasta que el sistema internacional vuelva a estar gobernado por instituciones democráticas y públicamente responsables.

¿Puede otra lucha de los internacionalistas progresistas derrotar el poder y los nacionalismos fundamentales para el modelo actual de globalización financiarizada y rentismo? ¿O estamos condenados a soportar el inevitable efecto dominó del fracaso económico, el colapso de los sistemas terrestres y otra guerra mundial? 

Aunque el sector parece vasto e imparable, eso cambiará en caso de una catástrofe ecológica o financiera importante, o de algún otro acontecimiento transformador. En 2007-2009, la izquierda (en sentido amplio) no estaba preparada para la crisis financiera mundial. No había un «plan B», por lo que The Global Casino se consolidó —y ahora es aún más poderoso—, demasiado grande para quebrar y demasiado grande para ir a la cárcel. La sociedad debe desarrollar, debatir y defender un sistema alternativo, internacionalista y más estable al que recurrir. 

Para estabilizar el sistema financiero internacional basado en el mercado es necesario, en primer lugar, volver a comprender bien la naturaleza del dinero y sus posibilidades y limitaciones. Esa comprensión sigue estando fuera del alcance de la mayoría de los economistas convencionales y, por lo tanto, de muchos en el sector financiero. Pero puede revivirse. 

En segundo lugar, la intermediación bancaria y financiera debe volver a integrarse en el mundo democrático real de la regulación bancaria, si se quiere movilizar el crédito o la financiación necesarios para la transformación de la economía mundial.

Para hacer frente a la amenaza del colapso climático y la pérdida de biodiversidad es necesario, una vez más, subordinar los mercados de capitales a los intereses de la sociedad y el ecosistema, como Keynes y Roosevelt lograron en parte en los años treinta y cuarenta. Eso exige lo que Greta Thunberg denomina «pensamiento catedralicio». Para el cambio es fundamental la gestión de los flujos de capital transfronterizos, libres y no regulados. Es la movilidad del capital lo que permite a los ricos eludir los impuestos y trasladar sus beneficios a paraísos fiscales. Es la interrupción repentina de los flujos de capital lo que puede destruir una moneda. Y es la falta de regulación de los flujos de capital lo que dificulta tanto que el coste del dinero (el interés) se fije en función de los intereses de la economía nacional. 

Para restaurar la autoridad pública democrática sobre la economía, la prioridad de la izquierda debe ser gestionar —no «controlar»— los flujos de capital transfronterizos. Para ello será necesario ir más allá de los fundamentos: la necesidad de comprender la naturaleza del sistema que llamamos dinero. Los componentes importantes de una economía mundial más estable son una arquitectura o un marco internacional para la coordinación y la cooperación internacionales, sobre la gestión de la movilidad del capital mundial, los tipos de cambio, los tipos de interés, los tipos impositivos y la armonización normativa. El respetado funcionario sudamericano José Antonio Ocampo describe el actual acuerdo como «el (no) sistema monetario internacional». Un nuevo sistema comercial más estable puede basarse en el plan de Keynes para una Unión Internacional de Compensación, presentado por primera vez al mundo en abril de 1943, cuando Gran Bretaña propuso reformas monetarias globales. Ese plan sigue siendo relevante y está disponible para su adopción.

El tercer requisito es contar con políticas que generen y apoyen la inversión necesaria para ayudar a la transformación de la economía global, alejándola de su adicción a los combustibles fósiles y creando economías más sostenibles.

Un objetivo clave es reorientar la actividad hacia el impulso interno de la demanda interna, en lugar del externo, es decir, hacia el extranjero. En 1984, Richard Kahn, probablemente el guardián más fiable del legado de Keynes, reiteró la conclusión de este:

Si las naciones pueden aprender a proporcionarse pleno empleo mediante su política interna… no será necesario que existan fuerzas económicas importantes calculadas para enfrentar los intereses de un país con los de sus vecinos.

El mundo aún tiene que aceptar esta sencilla lección que nos enseñó Keynes. La única forma de domar el poder del casino global es que los flujos de capital se contengan dentro de «compartimentos» o estados, y que los estados trabajen de forma cooperativa para gestionar los flujos de capital libre y sus propios compartimentos de capital. 

Puede que este pensamiento parezca ilusorio ante los mercados de capitales actualizados, poderosos e irresponsables, incluido el sector bancario en la sombra, o como prefiere llamarlo el Consejo de Estabilidad Financiera (FSB): el sector de intermediación financiera no bancaria, compuesto principalmente por fondos de pensiones, compañías de seguros y otros intermediarios financieros (OFI). Según informa el FSB, el sector bancario paralelo ha crecido más rápidamente que el sector bancario durante la última década, incluido 2019. Los activos financieros del sector NBFI ascendieron a 200,2 billones de dólares en 2019, lo que representa casi la mitad del sistema financiero mundial de ese año, frente al 42 % en 2008.

Pero, aunque el sector parece enorme e imparable, eso cambiará en caso de una catástrofe ecológica importante o de algún otro acontecimiento transformador. La sociedad debe entonces contar con un sistema alternativo, internacionalista y más estable al que recurrir. 

Hoy en día, el vasto sector bancario paralelo opera en lo que equivale a la estratosfera financiera; se dedica a los préstamos con garantía y utiliza acuerdos de recompra (repos) para aumentar (apalancar) la liquidez en los mercados de capitales. Este sector se ha desarrollado debido a una concepción convencional y errónea del dinero como medio de intercambio basado en garantías que facilita el suministro de bienes y servicios. Esa concepción errónea del dinero como una mercancía sujeta a las fuerzas de la oferta y la demanda también explica la explosión de los acuerdos de recompra en el sector bancario paralelo y el auge de las criptomonedas, incluido el bitcoin. 

Como ha argumentado Claudio Borio, jefe del Departamento Monetario y Económico del Banco de Pagos Internacionales:

Pocas cuestiones en economía han generado debates tan acalorados como la naturaleza del dinero y su papel en la economía. ¿Qué es el dinero? ¿Cómo se relaciona con la deuda? ¿Cómo influye en la actividad económica? La literatura económica dominante reciente es una desafortunada excepción. Salvo unos pocos que se han adentrado en estas aguas, la profesión macroeconómica ha permitido que el dinero se hunda. Y con poco o ningún remordimiento.

The Global Casino: How Wall Street Gambles With People and the Planet, de Ann Pettifor, se publicó el 27 de enero por Verso.

La entrada Apostando por la biosfera se publicó primero en ATTAC España | Otro mundo es posible.

Artículo original publicado en sinpermiso.info por Daniel Raventós, Lluís Torrens

El último informe de Oxfam llega con cifras que ya conocemos pero que siguen siendo espectaculares: los pocos milmillonarios acumulan riqueza a velocidad récord mientras muchos millones de personas pasan hambre. Y otros muchos millones viven de forma miserable, sin ninguna perspectiva de vida que vaya más allá de la supervivencia inmediata. Y sí, una de las respuestas (no institucionales, no políticas, sí quizás populares) es señalar con el dedo a los de arriba. Con buenas razones, cierto, pero hay una pregunta más incómoda que deberíamos hacernos: ¿qué parte de responsabilidad tenemos el resto en mantener este sistema que hace posible esta realidad?

La teoría de la elección pública: cuando la culpa es de todos y de nadie

Existe una corriente de pensamiento económico que nos pone frente a un espejo muy incómodo. La escuela del Public Choice, desarrollada por economistas como James Buchanan, Anthony Downs, Mancur Olson y Gordon Tullock entre otros, sostiene algo que los malos gobiernos no solo existen porque haya políticos corruptos. Existen porque el sistema electoral y el comportamiento de los votantes los premian.

El argumento es el siguiente: informarse bien sobre política cuesta tiempo, esfuerzo, energía. Para un votante individual, el beneficio de dedicar horas a entender cuestiones complejas es casi nulo. Su voto es uno entre millones. ¿Para qué molestarse? Esto es lo que llaman “ignorancia racional”. No es que la gente sea tonta. Es que, desde el punto de vista del coste-beneficio individual, ser un ciudadano bien informado no compensa.

El resultado es que los políticos no responden a lo que funciona a largo plazo, sino a lo que da votos a corto plazo. Y los votantes, racionalmente ignorantes, premian eslóganes simples, promesas imposibles y chivos expiatorios convenientes. Cuando todo va mal, nadie paga el coste político porque la responsabilidad está tan difusa que es imposible identificar culpables concretos.

Esta escuela está basada en unos postulados que pueden resumirse así, entre otros: la política es un mercado, las personas dedicadas a la política son agentes racionales, el Estado está sujeto a decisiones públicas con los mismos fallos e incentivos que las decisiones privadas, la intervención del estado empeora los resultados de los llamados “fallos del mercado”.

El institucionalismo: el problema no es moral, es estructural

Los economistas institucionales fueron asesores del New Deal de los treinta del siglo pasado sea dicho de pasada. Esta tendencia, de la vieja o nueva escuela institucional, siguiendo la estela de Douglass North, Elinor Olstrom, Ronald Coase y Oliver Williamson entre otros, añaden una capa importante a este análisis: el problema no es que la gente sea mala o ignorante. El problema es que las instituciones —las reglas del juego— generan incentivos perversos. Si el sistema premia la irresponsabilidad, la irresponsabilidad será racional.

Tomemos un ejemplo concreto del informe de Oxfam: en 2024, las empresas vinculadas a los 10 hombres más ricos del mundo gastaron 88 millones de dólares en actividades de cabildeo en Estados Unidos, más que todos los sindicatos juntos. ¿Es esto corrupción? Desde el punto de vista legal, no necesariamente. Es simplemente usar las reglas del juego de manera racional para maximizar beneficios.

El problema, dirían los institucionalistas, no son los milmillonarios que hacen lobby. El problema son las instituciones que permiten que el dinero compre acceso político, que permiten las puertas giratorias entre reguladores y regulados, que permiten la concentración de medios de comunicación en manos de unos pocos.

La trampa de esta mirada: individualizar lo colectivo

Pero aquí hay un problema serio con este enfoque. Cuando decimos “la culpa es de los votantes que no se informan” o “el problema son las malas instituciones”, estamos individualizando algo que es fundamentalmente colectivo. Estamos convirtiendo un problema de poder en un problema de información o de diseño institucional.

Los datos de Oxfam muestran algo muy distinto: los milmillonarios tienen 4.000 veces más probabilidades que el ciudadano común de ocupar un cargo político. El 11% de los milmillonarios del mundo han ocupado o aspirado a cargos públicos. Elon Musk compra Twitter por 44.000 millones de dólares y lo convierte en una plataforma para amplificar sus ideas políticas y atacar a sus enemigos. Pero no vayamos tan lejos. Los parlamentarios del Congreso y del Senado españoles no son milmillonarios. Pero el 57% tiene más de una vivienda (muy por encima de la media de la población), las propiedades múltiples son muy superiores también a la media de la población, el salario medio sin contar complementos por cargos y funciones, es de unos 3.300 euros brutos mensuales (la media de la población está en menos de 2.700, y muchos millones de trabajadores están muy por debajo de los 2.000). Resumiendo, la realidad de la mayoría de los parlamentarios y parlamentarias españoles están en niveles de patrimonio superiores a la mayoría de la población. No es nada extraño que estén sesgados hacia determinadas políticas económicas que benefician a los ricos.

¿Es esto un problema de información de los votantes? ¿O es simplemente que algunos tienen un poder que pueden moldear las reglas del juego a su favor, independientemente de lo informados que estén los demás?

La responsabilidad colectiva que no se nombra

Pero reconocer esto no nos libera de responsabilidad. Al contrario, nos enfrenta a una responsabilidad más profunda y más incómoda. No es solo que votemos mal por estar mal informados. Es que, colectivamente, hemos construido y mantenemos un sistema en el que es racional para cada individuo actuar de manera que, en agregado, nos lleva al desastre. Esto es un viejo problema de algunos estudios de la teoría de la elección racional.

Cuando compramos en Amazon porque es más barato, estamos eligiendo. Cuando consumimos contenido en plataformas que algorítmicamente amplifican el odio porque genera más clics, estamos participando. Cuando votamos a políticos que prometen bajar impuestos sin preguntarnos de dónde saldrá el dinero para la sanidad o la educación, estamos decidiendo.

Y aquí está la trampa: cada una de estas decisiones es individualmente racional. Ahorrar dinero es racional. Entretenerse con contenido viral es racional. Pagar menos impuestos es individualmente racional. Pero el resultado agregado de todas estas racionalidades individuales es un sistema profundamente irracional desde el punto de vista colectivo. Y, aunque es ocioso recordarlo, la teoría de la elección racional estándar incluye dentro de uno de sus supuestos fundamentales el comportamiento egoísta. Que dicho de otra forma más técnica supone que dos funciones de utilidad de dos individuos son independientes e indiferentes entre sí. El supuesto de egoísmo en la teoría estándar de la elección racional, aunque no se entienda como una condición psicológica ni moral sino como una simplificación metodológica, acostumbra a ser una justificación normativa de instituciones que reproducen comportamientos egoístas.

El poder como variable oculta

Lo que la escuela del Public Choice y el institucionalismo tienden a minimizar es la variable del poder. No es lo mismo la “ignorancia racional” de alguien que trabaja en tres empleos precarios para llegar a fin de mes, que la ignorancia deliberada de quien puede permitirse contratar cabilderos para que diseñen las leyes que le afectan.

El informe de Oxfam documenta algo crucial: el 48% de la población mundial vive en situación de pobreza. Sin embargo, el ahogo no es solo económico, sino también político, ya que menos del 3% de la humanidad vive en países con un espacio cívico abierto. Las protestas contra la austeridad y el coste de la vida se reprimen violentamente; en Kenia, por ejemplo, 39 personas fueron asesinadas en las protestas contra los impuestos regresivos. ¿Es esto un problema de diseño institucional? Sí, pero también es un ejercicio deliberado de poder para mantener un sistema de desigualdad.

Hacia una renta básica soberana: cambiar las reglas del juego

Aquí es donde la propuesta de una renta básica mundial, financiada con impuestos sobre la riqueza extrema, cobra sentido no solo desde la redistribución sino desde el cambio institucional. No se trata solo de dar dinero. Se trata de cambiar radicalmente los incentivos del sistema.

Una renta básica garantizada modificaría la ecuación de poder. Daría a la gente la capacidad real de decir “no” a trabajos indignos o simplemente indeseados, de organizarse, de dedicar tiempo a informarse y participar políticamente sin tener que elegir entre pagar el alquiler o ir a una manifestación. Cambiaría el coste-beneficio de la participación política.

Desde el punto de vista del institucionalismo, una renta básica es un cambio de reglas del juego: modifica incentivos, redistribuye poder de negociación, reduce la asimetría entre quienes solo tienen su fuerza de trabajo y quienes tienen capital. No es caridad. Es reingeniería institucional. Más aún, desde un punto de vista republicano socialista la renta básica es una condición de la libertad. De la libertad republicana, es decir, de la concepción que no desliga las condiciones materiales de existencia de la libertad. Como con tanto éxito histórico-práctico sí que hizo la concepción liberal que divorció tan pimpantemente las condiciones materiales y la libertad. Y entonces la libertad se convierte en algo política y filosóficamente muy vulgar y que sirve de poca cosa más que de simple cobertura a los grandes poderes para hacer y deshacer a su gusto. Porque cuando se protegen los derechos de los trabajadores, cuando se incrementa el salario mínimo… ¿no estamos atentando a la libertad de los empresarios? ¿Cuándo se abolió la esclavitud, no se atentaba contra la libertad de los esclavistas? ¿Cuándo se abolió el trabajo infantil, no se atentaba contra la libertad de los empresarios que libremente los contrataban?

La pregunta que incomoda: ¿queremos realmente cambiar las reglas?

Los economistas del Public Choice tienen razón en algo: los malos gobiernos no caen del cielo. Son el resultado de decisiones individuales agregadas en un marco institucional concreto. Pero se equivocan al pensar que el problema es principalmente de información o de diseño técnico. El problema es de poder. Ya mucho antes, geniales revolucionarios como Marat, Saint-Just y Robespierre dejaron dicho repetidamente que el pueblo tiene a un enemigo especialmente peligroso: su gobierno. La libertad exige estar en guardia ante los que gobiernan. Robespierre lo decía muy claramente: “En todo estado libre, la ley debe defender, sobre todo, la libertad pública e individual contra el abuso de autoridad de quienes gobiernan”.

Y nosotros, como ciudadanos, enfrentamos una pregunta incómoda: ¿estamos dispuestos a organizarnos para construir el poder colectivo necesario para cambiar las reglas? Porque ese es el punto ciego tanto del Public Choice como del institucionalismo: asumen que las instituciones se cambian mediante decisiones técnicas racionales. Pero la historia muestra que las instituciones cambian cuando hay suficiente poder organizado para forzar el cambio.

El ejemplo de Kenya: cuando el poder colectivo funciona

La historia de las protestas de la Generación Z en Kenya es reveladora. Jóvenes sin recursos económicos consiguieron que el presidente retirara un proyecto de ley de impuestos regresivos. No lo hicieron con mejor información. No lo hicieron con diseño institucional más refinado. Lo hicieron con organización, con persistencia, con la disposición a arriesgar sus cuerpos en las calles.

Pagaron un precio alto: 39 muertos, tortura sistemática, persecución. Pero demostraron algo fundamental: el poder colectivo organizado puede cambiar las reglas del juego, incluso contra las élites más poderosas.

No es, claro está, el único ejemplo. Pero nos parece digno de apuntar.

La responsabilidad de imaginar juntos

Quizás nuestra mayor responsabilidad o incluso posibilidad de resistir a la barbarie que es la realidad social que vive gran parte de la población mundial no es solo informarnos mejor o votar mejor, que también sirve. Es organizarnos para construir poder colectivo. Los sindicatos tienen razón cuando aseguran que los trabajadores si están organizados mejoran los salarios no solo de los sindicalizados sino de todos en el sector. No tienen razón cuando afirman que una renta básica no ayudaría también a este fin. Cuando hay organizaciones de base fuertes, los políticos tienen que responder a más gente que solo a los cabilderos corporativos.

El informe de Oxfam documenta más de 142 protestas masivas en los últimos 12 meses. En Serbia, en Nepal, en Ecuador, en todo el mundo, la gente está diciendo “basta”. Y en algunos casos, están ganando. No porque estén mejor informados individualmente. Porque están mejor organizados colectivamente.

Propuestas concretas: cómo cambiar las reglas

Si el problema es de poder, del poder que tienen directamente o utilizan en su beneficio las grandes propiedades (recordemos al viejo de Tréveris: “La propiedad es el fruto del trabajo… de los demás”), las soluciones tienen que redistribuir, al menos, poder y propiedad. O subvertirlos. No se trata solo de políticas redistributivas, sino de mecanismos que cambien quién tiene capacidad de decisión. Algunas propuestas concretas:

1. Renta básica: el suelo que permite estar de pie

Una renta básica no es solo dinero. Es poder de negociación. Es la diferencia entre tener que aceptar cualquier trabajo en cualquier condición, y poder decir “no” a lo que no es digno. Cambia radicalmente el coste de participar políticamente: puedes ir a una manifestación sin perder el jornal, puedes dedicar tiempo a organizarte con tus vecinos, puedes arriesgarte a enfrentarte a tu empleador.

Como muestra Oxfam, con lo que aumentó la riqueza de los milmillonarios en un solo año se podrían dar 250 dólares a cada persona del planeta y aún seguirían siendo millonarios. No es una cuestión de recursos. Es una cuestión de decisión política.

2. Democracia participativa: decisión directa sobre presupuestos

El ejemplo de Porto Alegre en Brasil lo demostró: cuando la ciudadanía decide directamente sobre parte del presupuesto municipal, las prioridades cambian. Se invierte en barrios populares, en transporte público, en servicios básicos. No porque los técnicos no sepan, sino porque quienes viven los problemas son quienes mejor saben qué necesitan.

Y más importante aún: la participación genera más participación. La gente que decide sobre el presupuesto se politiza, se organiza, aprende. El problema no es la “ignorancia racional” de la que habla el Public Choice. El problema es la falta de espacios reales donde la gente pueda ejercer poder.

3. Fortalecimiento de sindicatos y organizaciones de base

Los datos son contundentes: donde hay sindicatos fuertes, hay menos desigualdad salarial. No solo para los trabajadores sindicalizados, sino para todos. Los sindicatos funcionan como un cierto contrapoder cuando no se convierten en dóciles siervos del mismo: obligan a negociar, fuerzan transparencia, documentan abusos. Y una renta básica sería un enorme empujón a disponer de una caja de resistencia efectiva para sostener reivindicaciones, especialmente en los sectores más precarizados. Aunque muchas direcciones de algunos sindicatos no lo hayan entendido aún.

Pero necesitan protección legal real: prohibición de despidos antisindicales, derecho de huelga efectivo, acceso a los lugares de trabajo. En Argentina, el gobierno de Milei está desmantelando sistemáticamente estas protecciones. Y no es casualidad: un trabajador aislado no tiene poder, un trabajador organizado sí.

4. Democratización radical de los medios

Si Elon Musk puede comprar Twitter y convertirlo en su megáfono personal, algo falla. Necesitamos:

Límites antimonopolio estrictos: ninguna persona o corporación debería poder controlar más del 15% de audiencia mediática en un país.

Medios públicos realmente independientes: financiados por impuestos, pero gobernados por consejos ciudadanos, no por el gobierno de turno.

Apoyo a medios comunitarios y cooperativos: con fondos públicos, pero sin control editorial gubernamental.

Regulación de algoritmos: transparencia obligatoria sobre cómo las plataformas amplifican contenidos. Si un algoritmo decide qué ven mil millones de personas, no puede ser propiedad privada de tres tipos en Silicon Valley.

5. Democracia en el lugar de trabajo

La empresa no puede ser un espacio libre de democracia. Hace muchos años, en la llamada “transición” española se defendía con un eslogan: “que la democracia entre en las empresas”. Si pasamos un tercio de nuestra vida trabajando en lugares donde no tenemos voz, eso moldea nuestra capacidad de ser ciudadanos. Entre los puntos a tener en cuenta de forma prioritaria:

Representación obligatoria de trabajadores en consejos de administración: como en Alemania, donde un tercio o la mitad del consejo son representantes electos por los trabajadores.

Derecho de veto sobre decisiones que afectan condiciones laborales: despidos masivos, cambios de turnos, introducción de vigilancia tecnológica.

Fomento de cooperativas de trabajadores: con acceso preferente a contratos públicos y crédito barato.

6. Asambleas ciudadanas deliberativas

Irlanda lo hizo para decidir sobre el aborto. Bélgica para cuestiones climáticas. Se sortea un grupo representativo de ciudadanos, se les da tiempo, información de calidad, expertos diversos, y deliberan. Las decisiones que salen de ahí son, sistemáticamente, más progresistas y mejor informadas que las que salen del juego político habitual.

No es que la gente sea ignorante. Es que el sistema electoral premia la polarización y el cortoplacismo. Las asambleas ciudadanas sortean (literalmente) ese problema.

7. Protección legal del derecho a protestar

El informe de Oxfam documenta la represión sistemática de protestas en todo el mundo. 39 muertos en Kenya, como se ha dicho. Tortura en Pakistán. Criminalización en Argentina. Si manifestarse te puede costar la vida o años de cárcel, el coste de cambiar las reglas se vuelve imposible para la mayoría. En EEUU, hoy esto ya es una realidad que cuesta muertes por impunidad policial.

Necesitamos:

Protocolos estrictos contra el uso de violencia policial en manifestaciones.

Prohibición de leyes antiterroristas para criminalizar protestas.

Protección legal a organizaciones de derechos humanos que documentan abusos.

8. Financiación pública de campañas electorales

Si las campañas se financian con donaciones privadas, quien más tiene más influye. Simple. La solución es simple también: financiación 100% pública, con techos bajos. Todas las candidaturas con un apoyo mínimo ciudadano reciben la misma cantidad. Se acabó el “un dólar, un voto”.

9. Renta y riqueza máximas

Una renta máxima, un impuesto a la riqueza y una limitación a las grandes fortunas. Una renta y una riqueza máximas. Ya hay quien lo está moviendo en Europa. La propuesta de una renta máxima puede definirse técnicamente como el establecimiento de un tipo impositivo marginal del 100% a partir de una determinada cantidad de renta ganada en un período de tiempo, normalmente un año. La limitación de las grandes fortunas o riqueza máxima puede definirse como la imposibilidad legal de acumular por encima de determinada cantidad de propiedades. Más políticamente, la renta básica y la riqueza máxima son condiciones para la libertad de la ciudadanía.

10. Control público de los medios de producción en sectores estratégicos de la vida económica y social

Los grandes poderes económicos privados interfieren o pueden interferir arbitrariamente en la libertad de buena parte de la población. Pensamos, sin ir más lejos, en el papel de la banca, de los oligopolios eléctricos, de los grandes fondos inmobiliarios, de las corporaciones farmacéuticas, etc., en nuestras sociedades. Unos servicios públicos en especie -sanidad, educación, vivienda, cuidados, energía, agua, transporte, comunicaciones, etc.- que constituyan la garantía de derechos sociales también decisivos a la hora de consolidar posiciones de invulnerabilidad social para todos. Una banca pública que tenga como objetivo garantizar estas posiciones de invulnerabilidad y, también, poner los flujos de ahorro y de inversión al servicio de una economía democrática e inclusiva.

Mirarnos al espejo, pero con honestidad

Sí, los milmillonarios tienen una responsabilidad enorme en mantener un sistema que los beneficia obscenamente. Sí, los políticos tienen responsabilidad en diseñar instituciones que perpetúan la desigualdad. Pero nosotros también la tenemos. No porque votemos mal o porque estemos mal informados. Sino porque no nos organizamos lo suficiente para cambiar las reglas del juego. Recordemos una vez más al gran dramaturgo alemán Bertolt Brecht cuando decía que si humana era la injusticia, más humana es la lucha contra la injusticia. El mundo en el que ahora vivimos es producto de ambas: de la injusticia y de las luchas contra ella. Luchas que han conseguido el sufragio universal, el derecho a la huelga, la libertad de expresión, el derecho al aborto, la ilegalización del esclavismo… Conquistas que han beneficiado a los que han luchado y a los que consideraban que no servía de nada la rebelión, que era perder el tiempo.

La escuela del Public Choice nos recuerda que los incentivos importan. Tienen razón. Pero se olvidan de preguntarse: ¿quién tiene el poder para cambiar los incentivos? Y la respuesta no es “votantes mejor informados” o “tecnócratas más inteligentes”. La respuesta es: ciudadanía organizada con capacidad de movilización colectiva.

La propuesta de Oxfam de establecer Planes Nacionales de Reducción de Desigualdad, de limitar la concentración de medios, de garantizar una renta básica, no son solo políticas técnicas. Pueden ser parte de la institucionalización de un poder colectivo que todavía está por construir.

Y esa es nuestra responsabilidad: no solo votar mejor, sino construir el poder organizado que fuerce a que las reglas cambien. Porque, nos guste o no, el cambio institucional no viene de buenos argumentos técnicos. O no solo. Viene de correlaciones de fuerza. Y ahí, cada uno de nosotros tiene que decidir (si quiere, claro está) de qué lado está.

La entrada Los ricos, los pobres y el espejo que no queremos mirar se publicó primero en ATTAC España | Otro mundo es posible.

Fotografía: reproducción de grafiti de Banksy.

Artículo original publicado en elsaltodiario.com por Sara Plaza Casares

“Hemos metido un gol desde mitad de la cancha”. Así, en pocas palabras, describe Vicky Canalla, portavoz de Regularización Ya, el acuerdo alcanzado entre Podemos y PSOE que cristalizará en una regularización extraordinaria para las personas migrantes que se encuentren en España en situación administrativa irregular antes del 31 de diciembre de 2025. “Hemos marcado la agenda política y cambiado la narrativa, España es hoy un poco más democrática”, expresa Canalla con lo que valora la medida “más garantista” de toda la legislatura del actual gobierno de coalición, impulsada por colectivos migrantes. 

Pero, hasta llegar a este punto, hay que retroceder hasta abril de 2020, cuando en plena pandemia, y después de que el Gobierno portugués anunciara la regularización extraordinaria temporal de todos los inmigrantes con solicitudes pendientes, el colectivo Regularización Ya, una plataforma donde confluyen más de un centenar de organizaciones de la sociedad civil, comenzara a caminar con una carta al Gobierno que incluía la demanda de una regularización urgente, rubricada por más de 1.200 colectivos. Después vino la Proposición No de Ley, tumbada por el Congreso en septiembre de 2020, con los votos en contra de las derechas y también del PSOE.

El 9 de abril de 2024 se aprobó la toma en consideración de la ILP y, desde entonces, la difícil aritmética parlamentaria la ha mantenido secuestrada en la cámara

Lejos de desfallecer, en julio de 2021 desde Regularización Ya decidieron subir otro escalón más: conseguir más de 500.000 firmas para la aprobación de una Iniciativa Legislativa Popular de regularización masiva(ILP). En febrero de 2022 arrancaba la campaña de manera simultánea en más de 30 ciudades. En menos de un año, cuando corría diciembre de 2022, entregaron las firmas necesarias. Firmas que se toparon con la paralización de los trámites por las elecciones de julio de 2023. Pero el movimiento de presión no se detuvo y la ILP pudo seguir su curso con el establecimiento de una nueva legislatura. El 9 de abril de 2024 se aprobó la toma en consideración de la ILP y, desde entonces, la difícil aritmética parlamentaria la ha mantenido secuestrada en la cámara.

Desde Regularización Ya decidieron cambiar de estrategia: intentarlo por la vía del Real Decreto y así saltarse las posibles enmiendas de grupos como Vox, Junts y PP. “Nosotras habíamos convocado a todos los partidos políticos para que remaran para que se aprobara en el Congreso, pero la aritmética no daba. El Real Decreto era la mejor medida, por lo que interpelamos a todos los partidos para que presionaran para ello. Podemos nos ofreció la oportunidad de redactar el texto conjunto y hemos conseguido meterlo”, resume Canalla.

De fondo, unas negociaciones entre Podemos y PSOE que se iniciaron cuando el partido morado dio su ‘no’ a un posible traspase de competencias entre Gobierno y Junts en materia migratoria. El PSOE se vio obligado a sentarse con Podemos para negociar. Y ahí fue cuando el partido, liderado por Ione Belarra, propuso la aprobación del Real Decreto que este lunes salía del consejo de ministros. “El traspaso de competencias frustrado entre Junts y PSOE fue clave para este acuerdo. Les dijimos a Podemos que lo bloquearan y no salió adelante. Hemos marcado la agenda política y cambiado la narrativa, España es hoy un poco más democrática”, expresa Canalla.

En que consiste el Real Decreto

Según los datos más recientes de Funcas, a 1 de enero de 2025 en España habría 840.000 personas en situación irregular, lo que representaría el 17,2% de la población extranjera procedente de países no comunitarios. A todos ellos va dirigida esta medida, que supondrá una modificación del reglamento de la Ley de Extranjería. 

El nuevo Real Decreto permitirá, de manera excepcional y transitoria, el acceso a las figuras de arraigo a personas que ya están en España. Para ello será necesario acreditar permanencia de cinco meses en el país antes del 31 de diciembre de 2025. También incluye a las personas solicitantes de protección internacional que hayan presentado su solicitud antes de la misma fecha, cuya petición de asilo no decaerá con la petición de regularización. Estas, además, no deberán acreditar cinco meses de residencia. Otro requisito es carecer de antecedentes penales.

Quienes cumplan con estos requerimientos podrán acceder a una autorización de residencia legal en España con una vigencia inicial de un año. Los hijos e hijas menores de estas personas obtendrán una autorización de cinco años. Posteriormente “podrán incorporarse a las figuras previstas en el propio reglamento de la Ley de Extranjería, lo que permitirá una integración progresiva en el sistema”, apuntaba la ministra Elma Saiz, durante la presentación de la medida.

Desde el momento en que se apruebe la solicitud de regularización la persona podrá trabajar, sin esperar a su resolución, y saltándose el tapón que se suele crear en las administraciones

Canalla celebra las medidas garantistas que han conseguido introducir en el redactado del Real Decreto del que, asegura, han supervisado todos los puntos. Esto es, por ejemplo, la no exigencia de empadronamiento para demostrar los cinco meses de residencia, papel que en la práctica se convierte en un obstáculo para acceder a derechos. Bastará con un recibo, una cita médica o cualquier documento como un comprobante de envío de dinero. Además, desde el momento en que se apruebe la solicitud de regularización, para lo que la administración cuenta con un máximo de 15 días, y que se podrá hacer en cualquier registro público, la persona podrá trabajar, sin esperarse a su resolución y saltándose el tapón que se suele crear en las administraciones.

Y esto, no acaba aquí, alertan desde Regularización Ya: “Nosotros hemos pedido que, después de iniciado el trámite, se pueda seguir trabajando en perfeccionar todo”, explica. Además no pierden próximos objetivos, entre los que estaría obligar a cerrar los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE).

“Los partidos políticos de izquierdas tienen que aprender a ser interpelados por los colectivos, si no no vamos a avanzar. Les hemos metido ahí para que trabajen por los movimientos sociales. Hemos sido muy duras con Podemos y Sumar cuando se han olvidado de nosotras”, advierte Canalla, mientras asegura un contundente: “Nosotros vamos a por más”.

La entrada Más de 700.000 firmas, seis años de lucha y un cambio de estrategia para conseguir la regulación de migrantes se publicó primero en ATTAC España | Otro mundo es posible.