Salud, vivienda, racismo, cambio climático, estafas, homofobia. Sobre cualquiera de estos temas cada día en las redes sociales se publican bulos, operan campañas y se vierte odio como si lo descargara un camión cisterna. Pero también hay personas detrás de cientos de perfiles que libran una batalla cotidiana.

Laura, Guillermo, Andrea, Santiago, Daniel. Esta lista seguramente no te dice nada. Pero si te digo que son los nombres que están detrás de los perfiles Le petite pato, Farmacia enfurecida, Mi familia mixta, Champimuros o Tigrillo es muy probable que la cosa cambie. Y resulta casi imposible que si entras de vez en cuando en redes sociales no hayas visto unos cuantos videos suyos puesto que suelen contar sus reproducciones por cientos de miles, o millones. 

Andrea Navarro era una criminóloga murciana que tuvo la ocurrencia de casarse y tener una hija con un chico de Guinea. Y además contarlo en redes sociales. Al empezar a subir sus videos familiares en Tik Tok, el 95% de los comentarios eran insultos racistas. “Era asfixiante”, nos cuenta. De hecho estuvo tentada de dejar de publicar nada sobre su familia. Pero hizo justo todo lo contrario: creó el perfil Mi familia mixta y empezó a exponer –y a burlarse– de los insultos, de los prejuicios racistas y de las preguntas absurdas que recibía. “Si alguien te está insultando, lo que quiere es que respondas con más insultos, saber que te afecte, así que el humor les descoloca”. 

Su comunidad fue creciendo y, casi una década después, para su sorpresa, las redes sociales se han convertido en su profesión gracias a publicidades puntuales. Andrea no se plantea su canal como una forma de luchar contra el racismo o la islamofobia –“si te has criado en el odio es muy difícil que cambies”, dice-, sino más bien como una forma de ayudar a otras familias mixtas o racializadas. “Racistas habrá siempre, pero yo elijo cómo me lo tomo”. Al ridiculizar el racismo, los agresores pierden fuerza. 

¿Activismo o profesión?

Aunque haya algunos casos de activistas de las redes que desde el principio tienen una visión profesional, en la mayoría de los casos esta “militancia” surge como respuesta de una vivencia personal, que luego puede convertirse en una forma de ganarse la vida. Es el caso de Santiago Caamaño, en redes Champimuros, que tras superar una adicción al juego mantiene una cruzada con todo aquel que promueva las apuestas en redes, al tiempo que denuncia la falsedad y los cursos-estafa y se burla en general de todos aquellos “fantasmas”, como los llama él, que presumen de lujo, superficialidad, o de ser abiertamente machistas.

Otra vivencia personal, en este caso una tan habitual como buscar piso, fue la que llevó hace tres años a la arquitecta e ilustradora gallega Laura Pato a llenar su perfil de Instagram de videos de alquiler o venta de casas. “Mi primer objetivo era señalar los pocos límites que tenemos a la hora de elegir una vivienda, las carencias arquitectónicas que aceptamos. Pero la situación ha empeorado muchísimo y ahora estamos obligados a aceptar lo que se nos ofrece”, explica a La Marea.

Camas a dos palmos del techo, retretes dentro del plato de ducha, paredes fantasmagóricas, ventanas propias de un camarote o espacios minúsculos que son a la vez cocina, comedor y salón. En alquiler o compra, Laura muestra hasta qué punto ha llegado la burbuja inmobiliaria del país, incluyendo escenas de películas y golpeando con su boli en la pantalla los mayores disparates arquitectónicos y decorativos. Pero desde luego lo más descorazonador de sus videos es su ya mítica frase final, “corred que vuela”, porque sabemos que, en el fondo, algo de verdad puede tener… 

A pesar de que muchas de sus publicaciones superan el millón de reproducciones, Laura asegura hacer estos videos simplemente porque le divierte hacerlo, sirven para visibilizar una situación y sólo acepta hacer publicidad de algo que tenga que ver con los problemas de vivienda. 

Cada tema parece tener uno o varios de estos nuevos quijotes de vocación que luchan contra los bulos. Y quizás pocos tan dañinos, y tan en auge, como los que tienen que ver con nuestra salud. Para desmentirlos nos encontramos cada día con profesionales como Guillermo Martín en su Farmacia enfurecida,  Boticaria García o Farmacéutico Fernández. 

El coste de coger una “lanza” controvertida 

Como hemos visto, el éxito de un perfil activista sobre un tema social se puede convertir en una profesión o en ingresos extra para quienes consiguen una cierta repercusión. Pero hay muchos otros en los que los millones de reproducciones apenas generan beneficios económicos, al menos de forma directa. Es el caso de Daniel Valero, más conocido como Tigrillo, quien desde 2011, cuando tenía apenas 17 años, publica principalmente contenidos relacionados sobre la realidad –y contra los prejuicios– de la comunidad LGTBIQ+. Sin embargo, a pesar de su importante repercusión, nunca ha llegado “a vivir de esto”. “No depende tanto del número como de los temas que tratas. Los que tratamos temas más políticos tenemos menos oportunidades de publicidad”, explica. 

Aunque este periodista afirma que su labor es “más divulgación que activismo”, su principal objetivo, nos dice, es luchar contra el movimiento que ha puesto a las personas LGTBIQ+ como “enemigos sociales para desviar la atención de los problemas reales”. Y si el tema es controvertido no aparecen los anunciantes, pero sí los insultos, cientos de amenazas de muerte, incluso las persecuciones en la calle… “El coste es altísimo, creo que la gente no lo imagina. Sales a la calle y piensas que cualquiera puede ser potencialmente agresivo”, denuncia Daniel. 

Lo saben bien las centenares de mujeres que hablan de feminismo, o desde una perspectiva feminista, en sus canales. Y también quienes tratan cualquier otro tema que esté en el foco de la extrema derecha, como el cambio climático. Hope y Climabar son dos proyectos personales que dan esta batalla con éxito contra la desinformación desde el rigor pero de una forma atractiva, optimista y desenfadada. Pero quizás quien haya arriesgado más en este ámbito es el biólogo Fernando Valladares, quien podría haberse limitado a su labor científica, pero decidió “bajar al barro” para tratar de desmentir por todos los medios las mentiras sobre la emergencia climática, en particular desde la primera llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. 

Valladares reconoce que la divulgación en redes le reporta “cosas positivas”, pero también señala “un desgaste personal, ya que buscan el descrédito de tu trabajo”. “Cada vez más científicos, además de investigar, buscamos generar conciencia, es una batalla piedra a piedra que sabemos que no tiene final” debido a la “eficaz estrategia de la ultraderecha de dar un mensaje falsamente tranquilizador”.

La lanza del humor 

Como hemos visto, los temas, los formatos y los posibles retornos económicos varían entre cada uno de estas y estos Quijotes de las redes. Pero lo que casi todos comparten es que el humor es la principal arma de su particular cruzada. 

“El humor es capaz de atravesar ciertas capas. Yo sería incapaz de hacer un activismo serio, me resulta más fácil consumir. Sobre todo en Instagram, voy a distraerme”, explica Laura. Daniel Tigrillo añade que el humor es capaz de sintetizar, “es lo más eficaz para llegar a una audiencia que está distraída con muchos estímulos”. Y según él le ayuda a alejarse de esa “caricatura de lo woke” como personas que quieren “cancelar todo, echar la bronca por todo”. 

Como el Quijote, quizás nunca lograrán ganar del todo al enemigo, pero la difusión que han conseguido ya supone una victoria que merece celebrarse. 

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El Consejo de Ministros ha aprobado finalmente este martes el indulto a Las seis de La Suiza, condenadas a tres años y seis meses de prisión: dos años por un delito de obstrucción a la justicia y 18 meses por un delito de coacciones. Las trabajadoras cumplían actualmente la pena en régimen de tercer grado.

La medida, que ha partido del departamento de la vicepresidenta Yolanda Díaz, será parcial puesto que la ley prohíbe indultos totales cuando hay un informe en contra por parte del tribunal sentenciador. Esto supone que las penas accesorias, como la indemnización, ya liquidada, de 125.000 euros (90.000 por “daños morales”, 35.000 por “perjuicios económicos”), no tiene vuelta atrás, pero las sindicalistas no volverán a la cárcel. «Es una condena inapropiada en una democracia», había dicho Díaz ante el clamor de las protestas.

Aunque el indulto supone un alivio, el fondo del asunto continúa sin resolverse: «La represión al sindicalismo y a quienes se organizan sigue vigente. El indulto no es un regalo, sino fruto de una lucha incansable”, han afirmado las propias trabajadoras afectadas tras conocer la aprobación, que han agradecido toda la solidaridad mostrada por sindicatos y organizaciones: “Queremos dar las gracias a quienes llenasteis las calles, a quienes gritasteis cuando intentaban silenciarnos, a quienes nos abrazasteis sin pedirnos que fuéramos heroínas, a quienes entendisteis que la dignidad no tiene que ser perfecta para ser legítima; queremos agradecer a todas las personas, colectivos y movimientos sociales que nos acompañaron y sostuvieron durante todos estos años tanto a nivel humano como organizativo. Lo que nos salvó no fue la esperanza sino el movimiento de solidaridad que se levantó a nuestro alrededor”.

“Este caso –han continuado– ha demostrado algo que ya sabíamos: cuando atacan a una, respondemos todas. No permitamos que se pierdan los aprendizajes que hemos adquirido en esta lucha, necesitamos seguir tejiendo la solidaridad y necesitamos hacerlo cada vez mejor. Hoy celebramos, sí, pero no olvidamos a quienes siguen sufriendo represión. Tampoco que este caso sienta un mal precedente en lo colectivo y que hoy se sigue pretendiendo que hacer sindicalismo sea delito. Gracias al apoyo mutuo no pudieron con nosotras y, que nadie lo dude, tampoco podrán con las que vendrán detrás”, han zanjado las sindicalistas.

Desde la Comisión de Laboral de la Asociación Libre de la Abogacía (ALA) expresan también “alegría y solidaridad con las compañeras”, pero advierten igualmente de la criminalización del sindicalismo: “El indulto extingue la pena, pero no reconoce lo injusto de la condena. Y la doctrina del Tribunal Supremo que equipara acción sindical con coacción penal queda intacta, pues el indulto no borra esa sentencia».

El colectivo añade que puede ser una eventual base de jurisprudencia con sentencias futuras para restringir la libertad sindical: “Siempre hemos dicho que la sentencia analizó las conductas –concentraciones, piquetes, campañas en redes– como si fueran actos de particulares frente a un tercero, ignorando que se producían en el seno de un conflicto laboral. Es un enfoque incorrecto y muy peligroso”.

Por su parte, Èrika Conrado, secretaria general de CNT, cree que es un indulto “que llega nueve meses tarde, pero, a la espera de la letra pequeña, bienvenido sea». «Reiteramos que las compañeras han cumplido parte de una condena injusta, pero si lo que se proponía la sentencia era doblegarnos, han conseguido todo lo contrario: se ha conseguido una unión social y sindical sin precedentes, que a fin de cuentas es la que ha presionado para que no se olvide el caso y finalmente se logre el indulto. El sindicalismo está más vivo que nunca y, ante la escalada represiva y la regresión de derechos, la gente empieza a ser consciente de la necesidad de la unión y de la lucha colectiva”, ha concluido.

Diez años de calvario

El conflicto que llevó a las sindicalistas a la cárcel –en régimen de tercer grado– se inició hace casi diez años, cuando una trabajadora a la que la pastelería La Suiza le debía horas extras y vacaciones, y además denunció acoso, decidió acudir a CNT y exponer su caso. Tras los intentos de negociar con la entidad, el sindicato organizó la habitual campaña de denuncia, lo que llevó al empresario a interponer una batería de denuncias contra la organización y se abrió un proceso judicial contra más de 30 personas –algunas de ellas, paisanas del barrio que se habían solidarizado con caceroladas–. Finalmente, seis personas, entre ellas la trabajadora implicada, fueron condenadas a tres años y seis meses de prisión.

El magistrado del Juzgado de lo Penal de Gijón que emitió la sentencia en primera instancia es el conocido popularmente como el ‘justiciero de Poniente’, por acarrear a sus espaldas un largo historial de polémicas relacionadas con conflictos laborales o sociales. Al controvertido juez se le sumó en el proceso una familia empresarial conocida por sus vínculos con la política local conservadora y Javier Gómez Bermúdez, abogado de la parte empresarial y expresidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, con experiencia en el tratamiento penitenciario de presos terroristas y del crimen organizado como juez central de Vigilancia Penitenciaria. Todo ello conformó los mimbres que explicarían un resultado que dejó estupefactas a las organizaciones sindicales y a buena parte de la sociedad asturiana.

De hecho, el indulto no se habría adoptado sin la intensa campaña desarrollada por todo el espectro sindical de clase, que llegó a unir sus voces en un hecho sin precedentes con un grito unánime: “Hacer sindicalismo no es delito”. Además, las movilizaciones sociales se extendieron a todo el Estado, y han cobrado durante todo este tiempo un protagonismo especial en Asturias, cuyo Gobierno autonómico también había solicitado la medida.

Precisamente fueron asociaciones las que, una vez declarada definitiva la sentencia, han venido recordando que “una de las responsabilidades y facultades del Gobierno, aun dentro de la división de poderes, es la posibilidad de corregir o matizar aquellas cuestiones que el Poder Judicial no puede afrontar, precisamente por su propia naturaleza, basada en la aplicación de leyes sin contar con otro tipo de factores”. Por tanto, el Poder Ejecutivo podía ofrecer una medida de gracia “si considera que determinadas sentencias generan un daño personal y social que excede al de la sentencia”. Este sería uno de esos casos.

Después de nueve meses de ejecución de la sentencia y diez años de calvario judicial y personal por haber sido “mujeres apoyando a mujeres”, como les gusta recordar, las sindicalistas al menos no tendrán que volver a la cárcel.

La entrada Las 6 de La Suiza tras el indulto: “Hoy celebramos pero no olvidamos a quienes siguen sufriendo represión” se publicó primero en lamarea.com.

El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes el indulto a Las seis de la Suiza. Será parcial, puesto que la ley prohíbe indultos totales cuando hay un informe en contra por parte del tribunal sentenciador. Esto supone que las penas accesorias, como la indemnización, ya liquidada, de 125.000 euros (90.000 por “daños morales”, 35.000 por “perjuicios económicos”), no tiene vuelta atrás, pero las sindicalistas no volverán a la cárcel.

La medida, que entrará en vigor a partir su publicación al día siguiente en el BOE, habría partido del departamento de la vicepresidenta Yolanda Díaz, que desde que se conoció el caso y la condena, ha defendido en todo momento “la legitimidad de la acción sindical, así como el derecho a la huelga, la movilización y la organización de las personas trabajadoras en España, ante una condena inapropiada en una democracia”.

Pero es innegable el peso que en el indulto ha tenido la intensa campaña desarrollada por todo el espectro sindical de clase, que llegó a unir sus voces en un hecho sin precedentes con un grito unánime: “Hacer sindicalismo no es delito”. Además, las movilizaciones sociales se extendieron a todo el Estado, y han cobrado durante todo este tiempo un protagonismo especial en Asturias, tierra de las trabajadoras, y cuyo Gobierno autonómico también había solicitado el indulto.

Precisamente fueron asociaciones las que, una vez declarada definitiva la sentencia, han venido recordando que “una de las responsabilidades y facultades del Gobierno, aun dentro de la división de poderes, es la posibilidad de corregir o matizar aquellas cuestiones que el Poder Judicial no puede afrontar, precisamente por su propia naturaleza, basada en la aplicación de leyes sin contar con otro tipo de factores”. Por tanto, el Poder Ejecutivo podía ofrecer una medida de gracia “si considera que determinadas sentencias generan un daño personal y social que excede al de la sentencia”. Este sería uno de esos casos.

Diez años de calvario

El conflicto que llevó a las sindicalistas a la cárcel –en régimen de tercer grado– se inició hace casi diez años, cuando una trabajadora a la que la pastelería La Suiza le debía horas extras y vacaciones, y además denunció acoso, decidió acudir a CNT y exponer su caso. Tras los intentos de negociar con la entidad, el sindicato organizó la habitual campaña de denuncia, lo que llevó al empresario a interponer una batería de denuncias contra la organización y se abrió un proceso judicial contra más de 30 personas –algunas de ellas, paisanas del barrio que se habían solidarizado con caceroladas–. Finalmente, seis personas, entre ellas la trabajadora implicada, fueron condenadas a tres años y seis meses de prisión: dos años por un delito de obstrucción a la justicia y 18 meses por un delito de coacciones.

El magistrado del Juzgado de lo Penal de Gijón que emitió la sentencia en primera instancia es el conocido popularmente como el ‘justiciero de Poniente’, por acarrear a sus espaldas un largo historial de polémicas relacionadas con conflictos laborales o sociales. Al controvertido juez se le sumó en el proceso una familia empresarial conocida por sus vínculos con la política local conservadora y Javier Gómez Bermúdez, abogado de la parte empresarial y expresidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, con experiencia en el tratamiento penitenciario de presos terroristas y del crimen organizado como juez central de Vigilancia Penitenciaria. Todo ello conformó los mimbres que explicarían un resultado que dejó estupefactas a las organizaciones sindicales y a buena parte de la sociedad asturiana.

Para la Plataforma de la Abogacía en Defensa de la Acción Sindical, la sentencia suponía “un caso aleccionador que ha marcado un hito histórico en contra de los derechos laborales y de la acción sindical». «Es decir –argumentaba-, ya no estábamos ante la mera actuación de un juez conservador, sino ante una verdadera acción estatal que, de acuerdo a los tratados y convenios en materia de derechos humanos suscritos por España, por su naturaleza o carácter reiterado, constituyen una violación grave de los derechos fundamentales”. Con el indulto, se palia pues, de manera parcial dicha violación.

Por su parte, Èrika Conrado, secretaria general de CNT, cree que es un indulto “que llega nueve meses tarde, pero, a la espera de la letra pequeña, bienvenido sea». «Reiteramos que las compañeras han cumplido parte de una condena injusta, pero si lo que se proponía la sentencia era doblegarnos, han conseguido todo lo contrario: se ha conseguido una unión social y sindical sin precedentes, que a fin de cuentas es la que ha presionado para que no se olvide el caso y finalmente se logre el indulto. El sindicalismo está más vivo que nunca y, ante la escalada represiva y la regresión de derechos, la gente empieza a ser consciente de la necesidad de la unión y de la lucha colectiva”, prosigue.

Después de nueve meses de ejecución de la sentencia y diez años de calvario judicial y personal por haber sido “mujeres que cuidan de mujeres”, como les gusta recordar, las sindicalistas podrán al fin respirar aliviadas.

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Latifundistas tiránicos, precariedad laboral, migrantes esclavizados, acoso sexual, falta de sindicalismo… Los males del campo español (como vimos en el capítulo anterior) son muchos, sobre todo para quienes trabajan la tierra, cuyas voces casi nunca son oídas en los medios de comunicación. Pero lejos de esas prácticas depredadoras se encuentran casos como el de Marinaleda, donde más de 1.250 hectáreas son trabajadas de forma cooperativa desde que, en 1991 y gracias a la intensa agitación social y las ocupaciones promovidas por el antiguo Sindicato de Obreros del Campo (SOC), la Junta de Andalucía expropió la finca al duque del Infantado para ceder su uso al pueblo con la condición de que se constituyeran cooperativas agrarias encargadas de gestionar colectivamente la explotación.

Esa realidad colectiva ha llevado a Marinaleda a ser el pueblo con menos desempleo de toda Andalucía. El caso de Marinaleda no es el único en la región, pues existen experiencias cercanas como La Zarza o la Cooperativa Campo de Tejada. Y aunque sin llegar al modelo político-social de Marinaleda, otras grandes cooperativas agrupan a productores para gestionar tierras y productos de manera conjunta, como Acor en Castilla y León.

En España, las cooperativas agrarias facturan más de 30.000 millones de euros anuales, con más de un millón de socios, y se han convertido en un motor fundamental del sector. Pero, a pesar de esas cifras, el impacto del cooperativismo agrario sigue siendo más bien escaso en la actualidad informativa: Marinaleda, por ejemplo, solo aparece en los medios para recordarnos que siempre ha gobernado el mismo partido bajo diferentes siglas, obviando su realidad sociolaboral.

“El mundo rural en general y el campo en particular no son cultura mainstream desde el momento en el que ni a nivel poblacional ni de poder adquisitivo son interesantes para la industria cultural o de la información. Al no ser cliente sujeto, cuando son reflejados lo son en tanto que mercancía-objeto y, por consiguiente, con la expectativa del urbanita medio, que demanda y adquiere esa cultura”. Son palabras de Gonzalo Palomo, presidente de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica y Agroecología (SEAE), creada en Cáceres en 2024. “Más allá de haberse convertido en cauce de compra-venta, el impacto de las cooperativas es limitado. En algunas comarcas ha sido crítico para dar garantías de estabilidad al sector, eso está claro, pero ha perdido el sentido fundacional de Rochdale”. Palomo se refiere a la Sociedad Equitativa de los Pioneros de Rochdale, fundada en Inglaterra en 1844 por trabajadores textiles y considerada la primera cooperativa de consumo moderna.

Gonzalo es militante del cooperativismo agrario e impulsor de numerosas iniciativas, como la de ACTYVA, cooperativa de tipo integral y sin ánimo de lucro creada en Extremadura hace más de 10 años como respuesta a la última crisis financiera. “Viene del movimiento de las cooperativas integrales, cuya cara más visible fue Enric Durán, desde Catalunya. Participamos en todo aquel movimiento, que poco a poco se ha ido desinflando un poco en esta parte de la península, pero no así en Portugal. Allí ahora mismo hay una quincena de cooperativas integrales organizadas en una red en la que nos hemos integrado, y también lo ha hecho Estraperlo”.

La cooperativa fue una de las entidades encargadas de organizar el XV Congreso Internacional de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica y Agroecología en 2024 y su propuesta va más allá de “hacer cooperativismo agrario, de trabajo asociado, de consumo o cualquiera de las clases de cooperativas que recogen nuestros estatutos”. Además de todo eso, busca “romper la cosificación a la que somos sometidos como productores/consumidores, pasando a ser sujetos político-económicos plenos, con capacidad de decisión sobre los mayores aspectos posibles de nuestro día: alimentación, vivienda, vestido… Desde la libertad y la responsabilidad que implica un modelo en el que no hay personas empleadas sino emprendedoras”. ACTYVA, además de su departamento agrario cuenta con otros nodos, como BBBFarming, centrado en comunicación, investigación y desarrollo para el sector agroalimentario.

A la cooperativa extremeña le están saliendo espejos como Xuntanza Campesina, que se presentó en 2024 en Asturias coincidiendo con el Día de las Luchas Campesinas, o el guipuzcoano Amillubi, un proyecto de reciente creación que nace con el objetivo de “convertir la tierra que nos sostiene en un bien colectivo” gracias a un movimiento agroecológico cuyo objetivo es “proteger la tierra, para que las personas que se dedican a la agricultura tengan tierras que cultivar y la ciudadanía alimentos saludables”.

Pese a habitar en esas zonas oscuras que no gozan de la atención habitual de los focos, se hace necesario escuchar las voces de Mihaela, Germinal (protagonistas de la primera parte de este reportaje), Gustavo, Ana o Gonzalo, para seguir completando el complejo caleidoscopio que conforma el mundo rural, mucho más rico y plural de lo que habitualmente nos cuentan los medios generalistas.

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No falla. Ya sea con el acuerdo Unión Europea-Mercosur, las consecuencias económicas de la guerra de Irán o las elecciones en cualquiera de nuestras comunidades con peso rural, cada vez que los medios se preguntan por los “problemas del campo” acaban dando voz casi exclusivamente a las asociaciones profesionales de agricultores y ganaderos – a veces calificados erróneamente como “sindicatos agrarios”– ASAJA, COAG, UPA… cuando no directamente a Abascal, a caballo y disfrazado de integrante de la familia real británica en una jornada de la caza del zorro. Pero la realidad en el campo es mucho más diversa y cuenta con otras voces que raramente gozan de eco mediático. Aquí van algunas de ellas.

Gustavo Sánchez es jornalero cordobés y hasta hace nada organizador sindical de CNT en el sector agrario. Aunque actualmente trabaja en la Administración, dedicó décadas de su vida laboral a faenar en las campañas agrícolas de la vendimia manchega y la aceituna de la sierra cordobesa. Para Gustavo, los medios “olvidan de manera premeditada a las personas jornaleras migrantes y nativas, y se da una imagen del campo español como la de un sector levantado por propietarios emprendedores que se sirven sólo de su fuerza de trabajo y la de su familia; una imagen completamente falsa”.

“En Andalucía y otros territorios de latifundio, la inmensa mayoría de las propiedades son heredadas, desde los Alba, los Domecq o los duques del Infantado, hasta los medianos o pequeños propietarios (entendiendo por pequeños a extensiones considerables de olivos, viñas, campos de frutos rojos, ganadería…)”, continúa Gustavo. “No estoy hablando de agricultores de pequeñas explotaciones, ni cooperativas que trabajan día a día y que son también las grandes olvidadas, junto a jornaleras y migrantes temporeras. Además, estos últimos no reciben, en su mayoría, subvenciones de la PAC, mientras medianos y grandes propietarios reciben una millonada por extensión de terreno, incluso por tierras no cultivadas”.

“El mundo jornalero no ha desaparecido. Se ha transformado y es más diverso. Hace 30 años había todavía muchas personas de los pueblos andaluces que se dedicaban a tareas relacionadas con el campo, que también salían al extranjero para campañas en Francia o Bélgica. Hoy día los pueblos están vacíos ante la falta de expectativas laborales, y en buena medida esa mano de obra es suplida por personas migrantes de diversas procedencias: África subsahariana, Marruecos, Rumanía, América Latina…”. Con un alto porcentaje de mujeres, además: “En la recogida de los frutos rojos, proceden de Marruecos en su mayoría, pero también de Rumanía, países del Este o Latinoamérica. Hay que poner el foco también en esa realidad, que además suele ser muy precaria”.

El “mar de plástico”

El Poniente almeriense alberga la mayor concentración de invernaderos de toda Europa y cuenta con más de 25.000 hectáreas de cultivo bajo plástico, siendo el núcleo productivo más importante de nuestro continente. Genera, junto con las zonas limítrofes, alrededor de 110.000 puestos de trabajo directos e indirectos. El “mar de plástico” es vital para la agricultura nacional, liderando la exportación de hortalizas durante el invierno y representando una de las mayores fuentes de ingresos y empleo del sector agroalimentario.

En paralelo a la creciente mano de obra, se extiende también un ecosistema de precariedad y explotación laboral: “Llevo muchos años, unos veinte, en invernaderos y también en el manipulado, y las condiciones son de mucha explotación: estamos obligadas a trabajar diariamente nueve horas, más horas extras que deberían ser pagadas, pero que en realidad no lo son; y si protestas te echan. Lo mismo si te coges una baja: te echan. No tienes vacaciones y hay muchísima gente con depresión. Y luego está el tema del salario: teóricamente se paga lo pactado, 50 euros por día, pero si no estás asegurado te quitan 5. Y si quieres tener todo el mes cotizado tienes que pagar al jefe 18 euros al día. Él te cotiza solo 10 días; si quieres más lo pagas tú. Bueno, se lo tienes que dar tú para que cotice por ti”. Quien denuncia el abuso patronal es Mihaela [nombre figurado], trabajadora de origen rumano que lleva varias décadas en España.

Sus palabras son corroboradas por Germinal [nombre figurado], trabajador de una explotación agraria de la zona: “Hay que partir del hecho de que no se respetan el convenio provincial ni las horas estipuladas; en el mejor de los casos, se trabajan ocho horas al día toda la semana, es decir, sábados incluidos, pero es muy común trabajar nueve. Una cosa es lo que pone en nómina y otra lo que se cobra. El salario más común son 45 o 50 euros por día, pero un trabajador puede perfectamente tener una nómina de 400 euros un mes, pese a haber trabajado todos los días menos los domingos, cobrando el resto en negro. Así la empresa se ahorra cotizaciones y seguros sociales. De hecho, está muy extendido cotizar 10 o 12 días, cometiendo fraude a la Seguridad Social. Por supuesto nada de vacaciones, todo lo más 10 o 15 días, y nada de pagas extra, ni días de asuntos propios. Eso, cuando existe un contrato, porque luego está la confianza de la empresa; no se le hace contrato a cualquiera. Es habitual tener personal sin contrato para situaciones excepcionales, o no tan excepcionales, de aumento de producción”.

Las personas con las que hemos hablado coinciden de manera repetida en el abuso empresarial que se sufre en el sector. ¿Causas? Germinal apunta algunas: “Por aquí, el pico de producción se da en los meses de octubre, noviembre, diciembre y enero, y ante la escasez de mano de obra local, se recurre a trabajadores migrantes en su mayor parte. En esos meses puede haber fácilmente un 20 o 25 por ciento sin papeles, principalmente subsaharianos y magrebíes. Estas personas necesitan, entre otras cosas, un contrato de trabajo que varía, según nacionalidad, entre 4 meses y un año”.

Se dan pues condiciones de extrema precariedad que hace que el colectivo migrante se encuentre sometido a la total arbitrariedad del contratador: “Es habitual que un trabajador empiece a trabajar recién llegado a España y esté tres años sin contrato intentando demostrar que es un trabajador de confianza y que se ha ganado el ansiado documento de trabajo”.

La situación del campo en España dista de la realidad que Gustavo ha observado en otros países europeos: “En la vendimia en Francia, mi experiencia ha sido totalmente diferente: condiciones de trabajo, salario y estancias son mucho mejores; los ritmos de trabajo diferentes, e incluso la actitud patronal, ya que aquí la cultura empresarial viene del franquismo y busca esquilmar al máximo al trabajador. Allí hay otra mentalidad. No quiero decir que no haya explotación, pero se notan las diferencias. Como en las nóminas, que se cumplen a rajatabla tanto en las percepciones, horas extras, festivos, desplazamientos, cotizaciones… Eso aquí no ocurre en la mayoría de los casos”.

Sindicatos en el campo

A la precariedad a la que se ven sometidas las personas migrantes, se une la dificultad de representación sindical en el sector. Germinal afirma que “los sindicatos de concertación no existen aquí, no quieren saber nada de precarios ni de inmigrantes, y mucho menos de inmigrantes precarios. La única presencia que se hace notar en la agricultura intensiva bajo plástico es la del SAT, con presencia en El Ejido y Níjar y en explotaciones grandes. Y algo menor, la de CNT. Aquí las explotaciones son relativamente pequeñas: la mayoría de tres o cuatro hectáreas. También existen de 50 hectáreas, pero no es lo habitual. Y el número de trabajadores, relativamente bajo: dos por hectárea en época normal y de cuatro a cinco en épocas de mucha producción”. En esas condiciones se hace difícil desarrollar una implantación sindical efectiva, y hacer un seguimiento de todas las irregularidades se convierte en una tarea titánica.

Mihaela y Germinal, coinciden en que la denuncia por parte del trabajador implica normalmente el señalamiento y la amenaza de despido. A veces incluso acompañada de una respuesta violenta. Lo que no impide, como afirma Gustavo, que las personas migrantes empiecen a organizarse “para conseguir viviendas dignas”, ya que muchas se encuentran en asentamientos de chabolas e infraviviendas, algo habitual en Huelva o Almería. Y de igual manera, para mejorar sus condiciones de trabajo, “como en el caso de las trabajadoras de la fresa en Huelva, con alianzas entre temporeras andaluzas y migrantes luchando juntas”.

El exjornalero incide en las dificultades por las que atraviesa el sindicalismo por hacerse un hueco en el sector: “El sindicalismo tradicional de clase ha perdido un poco la influencia en el campo y por eso están surgiendo asociaciones y colectivos de trabajadores migrantes que suplen esa carencia. En Andalucía, el SAT se mantiene en ciertos pueblos, pero se ha reducido mucho la afiliación”. También influye la temporalidad y la falta de conexión entre jornaleras de diferentes procedencias: “Creo que el sindicalismo de clase tiene que trabajar estos temas y no dejar olvidado el campo, porque, si no, será la extrema derecha la que capitalice el descontento”.

Agresiones sexuales

“Hay que tener presente el internacionalismo como seña de identidad del sindicalismo y de las luchas obreras y jornaleras”, continúa Gustavo. A su juicio, no es conveniente desentenderse del terreno agrícola para que la extrema derecha levante un argumentario falso sobre lo que es el campo y quién lo trabaja. “Hay que dar a conocer la realidad en las explotaciones rurales y cómo sin las personas migrantes sería imposible mantenerlas”, sentencia. “Y hay que hablar de las mujeres, que son invisibilizadas, de las cooperativistas, los cuidados en las zonas rurales o las trabajadoras migrantes que son explotadas en campañas como la fresa o en los invernaderos y se ven sometidas a abusos y agresiones continuas, incluso sexuales”, añade.

Y es que la explotación laboral no es el único desvelo al que tienen que enfrentarse las mujeres migrantes. El colectivo se ve sometido, en no pocas ocasiones, al acoso sexual, tal y como reconoce Mihaela: “Hay muchos casos de acoso, e incluso agresiones sexuales, por ser extranjera. Porque entre ellos se conocen y no van a acosar a una muchacha del pueblo, ¿no? Conocen a los padres, se puede enterar no sé quién… Pero nosotras venimos de fuera, no tenemos familia, no tenemos a nadie y se creen que no tenemos ningún apoyo y que pueden hacer con nosotras lo que les da la gana. Suele pasar más en el campo que en los almacenes del manipulado, donde también existe, aunque es más leve. Pero en los invernaderos se ven casos realmente fuertes”.

Nuevas experiencias

Al igual que en el Poniente almeriense, el cultivo de frutos rojos en Huelva es un pilar estratégico del sector agrario español: concentra el 98% de la producción nacional de berries (fresa, arándano, frambuesa, mora) y cerca del 30% de la Unión Europea. Representa el 11,5% del PIB provincial y genera más de 100.000 puestos de trabajo. Y al igual que en el caso almeriense, viene acompañado de una situación de explotación en el que destaca el colectivo migrante. La realidad ha llegado a ser denunciada por Philip Alston, relator especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos de la ONU, que en 2020 declaraba que las personas del campo onubense vivían “como animales”.

Precisamente una de las nuevas experiencias que intentan hacer frente a la situación es la de la asociación Jornaleras de Huelva en Lucha. Así nos lo cuenta Ana Pinto, una de sus portavoces, que además nos comparte la buena nueva de que acaban de constituir la Sindical Obrera Andaluza: “Tenemos por un lado la asociación, y por otra hemos creado el sindicato, que es la herramienta necesaria para poder luchar por los derechos laborales de la gente que trabaja en la zona, que es de una gran diversidad: no todos estamos en las mismas condiciones. La mitad de la gente es de aquí, de Andalucía, pero la otra mitad viene de fuera, aunque con diferente perfil: está quien viene de Europa del Este, del espacio Schengen, quien viene de fuera de ese espacio, de América Latina, del continente africano… Y luego existe otro perfil, el de la gente sin papeles, que malvive en asentamientos chabolistas a los cuales se les vende el empadronamiento y es el perfil más vulnerable debido a las leyes de extranjería”.

Para las jornaleras, la lucha tiene que ser antirracista y desde ese punto de vista, una de sus prioridades es la regularización del colectivo migrante; también pelear por una sensibilización “que ayude a acabar con los discursos del odio”. El sindicalismo que proponen tiene un objetivo integral, no solo laboral: “Es que además está el hecho de la zona donde vivimos, que es una zona de sacrificio donde tenemos de todo: desde la contaminación por fosfoyesos, fertilizantes, pesticidas, etc… que lleva décadas vertiendo Fertiberia en una ría totalmente contaminada; tenemos el Polo Químico y la refinería de crudo, y justo al lado, los invernaderos”.

Ana nos va desgranando el sistema de monocultivo intensivo del que forma parte el agronegocio en Huelva: “Explotación de la tierra al máximo, producción basada en agroquímicos, en la explotación de las personas, agotamiento del agua… La problemática ambiental que tenemos es enorme. Por eso nuestra lucha es transversal, no entendemos el sindicalismo de otra manera. Es lucha por nuestra vida y la de los pueblos, que la gente pueda quedarse; y que tengamos agua cuando abrimos el grifo”.

El relato de la situación laboral en la zona parece sacado de épocas pretéritas: “En muchos casos te prohíben hasta hablar con compañeros… O lo que me comentaba el otro día una compañera, que por ponerte unos cascos con música le han castigado tres días de empleo y sueldo. Y luego, la lista de productividad, te llaman la atención si no has hecho tanto como otras, te castigan de empleo y sueldo. Te dicen que si no te espabilas te echan. Todo el día corriendo, todo el día gritando, que no te rías o no hables, que no muevas las manos. Tremendo. Y con la gente contratada en origen ya ni te cuento. Estamos hablando con compañeras a las que no se les ha llevado al médico, vulnerando derechos sanitarios; personas que están firmando despidos, que no saben siquiera que son despidos, porque, aunque la ley obligue, no suelen ponerlo en su idioma”.

Y otra vez, las agresiones sexuales: “Bueno, es el patriarcado y el sistema machista. Hay compañeras que están viviendo en los mismos lugares donde trabajan, o sea, fincas alejadas de los pueblos, a veces hasta 15 kilómetros. A menudo sin cobertura de teléfono y sin vehículo. Y si quieren acercarse al pueblo tienen que ir andando. Y claro, toda esa exposición, toda esta vulnerabilidad… Encima, cuando denuncias, te encuentras con que la justicia sigue siendo igual de machista, igual de patriarcal. Y te dicen que las mujeres están denunciando porque se quieren quedar aquí y tener papeles. Si encima no tienes testigos, algo fundamental para demostrar una causa judicial, pues imagínate”.

De momento ya existe una denuncia judicial por parte de algunas temporeras marroquíes contra un encargado de una explotación en Moguer y otra ante la Audiencia Nacional de otras diez temporeras a la empresa Doñana 98por explotación laboral, acoso y agresiones sexuales.

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Los medios ‘La Marea’ y ‘Climática’, editados por la cooperativa MásPúblico, abandonan el uso de YouTube tras la condena a Meta y YouTube por causar adicción a redes sociales. El juicio ha puesto el foco en la responsabilidad de las tecnológicas sobre los efectos de sus plataformas en la audiencia y, por ende, en quien las usa para comunicar. «No queremos fomentar el uso de esa plataforma después de esta noticia», reflexiona el equipo en una reunión.

Esta medida sigue la estela de la desconexión de entornos digitales tóxicos que iniciamos con el abandono de X (Twitter) el 31 de diciembre de 2024 y continuó, posteriormente, con la salida de Meta (Facebook e Instagram) a inicios de 2025 y el fin de la difusión de noticias en Telegram en febrero de 2026. Un camino que iniciamos a raíz de una investigación sobre el uso de los datos recopilados por las cookies de las páginas web. Esta investigación lo cambió todo –eliminamos las cookies analíticas de esta página– y nos hizo (aún más) conscientes de escoger los espacios y herramientas que empleamos como medio de comunicación.

No son decisiones al azar. Es una declaraciones de intenciones y, sobre todo, el ejercicio de la responsabilidad de un medio de comunicación con vocación de servicio público. Si lo que ofrecemos, como cooperativa, es información, es vital repensar los canales en que la distribuimos porque nuestra elección no solo nos afecta a nosotras como equipo sino a las lectoras y lectores.

Los espacios digitales están controlados por un pequeño número de propietarios poderosos que imponen sus propias reglas, incluso cuando estas entran en conflicto con la libertad de expresión. Para mantenernos coherentes con nuestros valores, consideramos que abrir esta senda es necesario, aunque somos plenamente conscientes de que afecta a la difusión de nuestro trabajo.

Nos comprometemos, por tanto, a explorar espacios alternativos como Mastodon y a construir una comunidad sólida en torno a nuestros boletines. Porque creemos que otra forma de comunicar es posible. Por eso, si nos lees, es más importante que nunca que te unas a la newsletter y te suscribas a la revista. Solo la gente como tú puede dar fuerzas a un periodismo (cada vez más) a contracorriente.

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En los últimos años ha emergido un fenómeno difícil de clasificar que mezcla espiritualidad alternativa, teorías de la conspiración y discursos políticos cada vez más radicalizados. En Conspiritualidad (Capitán Swing), Matthew Remski analiza ese cruce entre el universo New Age, la cultura digital de las conspiraciones y la creciente influencia de la extrema derecha. El resultado es un ecosistema donde la crítica difusa a las élites convive con el rechazo a la ciencia, la desconfianza hacia las instituciones y una promesa de “despertar” espiritual que promete explicar el mundo entero.

Remski (como Derek Beres y Julian Walker, coautores del libro) sostiene que este fenómeno no puede entenderse solo como una excentricidad marginal de Internet. A su juicio, expresa tensiones más profundas de la modernidad tardía. La sensación de alienación frente a las instituciones, la crisis de autoridad del conocimiento experto y la precariedad social producida por el capitalismo contemporáneo crean el terreno donde prosperan estas narrativas. La conspiritualidad, dice, ofrece una crítica intuitiva al sistema sin llegar nunca a enfrentarlo realmente.

En esta conversación hablamos del origen histórico de estas corrientes, de su relación con el pensamiento conspirativo, del uso político que actores como Donald Trump hacen de ese imaginario y del papel ambiguo de las instituciones en una época donde la transparencia documental convive con una creciente desconfianza pública.

Para empezar con algo sencillo para quien no haya leído el libro, ¿cómo definirías el término “conspiritualidad”? ¿Qué intentáis captar con ese concepto?

La conspiritualidad es un movimiento social que hoy se desarrolla sobre todo en Internet, donde se mezclan teorías de la conspiración y espiritualidad, especialmente del tipo New Age. Aunque también analizamos la influencia del fundamentalismo cristiano y, más recientemente, del sionismo fundamentalista. Todo eso se combina en una mezcla de dinámicas casi sectarias, promoción de pseudociencia y una deriva hacia posiciones de extrema derecha.

Las personas que se ven envueltas en este entorno llegan a convencerse de algo que en parte es cierto, pero sin herramientas para afrontarlo. Están convencidas de que ocurren cosas terribles en el mundo y que están provocadas por élites malvadas. Pero la respuesta que encuentran es pensar que basta con tomar conciencia de ello. Esa conciencia se convierte en una especie de virtud espiritual. No surge del análisis de las condiciones materiales ni de la comprensión del capitalismo, sino de ideas como la luz espiritual contra la oscuridad, casi como si estuviéramos en Star Wars.

Pero en un marco ultracapitalista…

Sí, ciertamente. Creen que el despertar espiritual individual es el camino para sanar el mundo, pero a partir de ahí aparece también un elemento de mercado: se consumen productos de meditación, suplementos, se rechazan las vacunas por una ética de la purificación, se escuchan tarotistas o canalizadores. Y además se cree que todas las instituciones humanas –gobierno, educación, medicina, periodismo– no solo están corruptas, sino que existen precisamente para bloquear el crecimiento espiritual auténtico.

De algún modo, la conspiritualidad utiliza impulsos religiosos para criticar el orden capitalista sin enfrentarse realmente a él. Eso la hace muy poderosa, porque los ataques del orden capitalista solo van a intensificarse. A veces pienso en la conspiritualidad como un mecanismo amortiguador frente a la necesidad real de reconocer que es el capitalismo el que produce muchas de estas crisis.

Eso es difícil de asumir para quien está formado en la espiritualidad New Age, que se basa en una promesa infinita. Incluso más que el cristianismo tradicional. No exige sacrificio. Básicamente pide que perfecciones tu narcisismo y lo conviertas en un proyecto virtuoso.

¿Convertir, de algún modo, el narcisismo en virtud?

Exacto. En el cristianismo, al menos en algunos momentos, el sufrimiento se convierte en sabiduría. Pero la espiritualidad New Age funciona de otro modo.

¿Hasta qué punto ves una continuidad entre esa ética individual que describe Max Weber y esta forma contemporánea de espiritualidad?

Sí, sería como una etapa nueva más. Y además divorciada de la historia y del conflicto, porque surge en el periodo neoliberal, donde existe una especie de creencia casi espiritual en la tesis de Fukuyama: el fin de la historia. Hemos llegado al final de la historia y ya no hay nada que hacer salvo realizar el propio estado de iluminación personal.

La conspiritualidad parece contener una paradoja: desconfía radicalmente de las instituciones, pero al mismo tiempo deposita una fe absoluta en narrativas cerradas que prometen dar sentido total a la realidad. ¿Es una crisis de autoridad o una mutación de la autoridad?

Tiene todo que ver con la autoridad. Y en parte hay buenas razones para ello. Los aspectos más comprensibles de la conspiritualidad nacen de una percepción de alienación.

Si retrocedemos unos 150 años, muchas personas empiezan a percibir intuitivamente lo que Foucault describirá más tarde como la frialdad del espacio clínico que produce el sujeto moderno. Aparece la sensación de que el sistema médico patologiza y separa a quienes no encajan en la reproducción capitalista, con elementos incluso eugenésicos.

También se produce un cambio respecto a la medicina folclórica anterior, donde el cuidador podía conocerte personalmente y recoger las hierbas de tu propio jardín para curarte, funcionasen o no. Surge entonces esa sensación profunda, presente también en la literatura romántica, de que el mundo moderno ha roto nuestra conexión orgánica con la realidad.

Alexander Pope decía: “Asesinamos para diseccionar”. La ciencia moderna separa al ser humano de su realidad orgánica. Ahora expertos nos dicen qué ocurre dentro de nuestros cuerpos, cuando antes eso solo lo interpretaban sacerdotes o se descubría en la relación personal con Dios.

Todo eso genera una pregunta: ¿qué significa convertirse en sujeto moderno, cuya realidad está mediada por grandes instituciones estatales? Y la respuesta es que se siente extraño, alienado.

Por eso dentro del New Thought, de la espiritualidad New Age o de muchas prácticas de bienestar nacidas en el siglo XIX existe la idea de que uno debería recuperar autoridad sobre su propio cuerpo y su mente. Hay algo razonable en eso. El problema es que también aleja a la gente del conocimiento generado colectivamente por instituciones científicas.

Es decir, ¿crees que forma parte de una demanda del sujeto por recuperar autonomía en su vida?

Sí, hay una fragilidad enorme alrededor de la pregunta de quién tiene autoridad para decirme qué ocurre con mi cuerpo o con mi vida. Pero también conectaría esto con la lógica del colonialismo y la blancura. Muchos practicantes contemporáneos del bienestar y el turismo espiritual buscan culturas que sienten que ellos no tienen. Es parte de la herida imperial. Cuando te conviertes en el centro de la jerarquía de los cuerpos, también pierdes el sentido de origen.

En ciudades del norte global, rodeadas de personas con vínculos culturales claros con sus lugares de origen, muchos occidentales sienten que ellos no tienen esa raíz. Por eso en los años sesenta y setenta hubo una enorme ola de viajes al sur global: India, Tailandia, Birmania… Buscaban una cultura que pareciera intacta, auténtica, no completamente homogeneizada por el capitalismo.

Durante la Segunda Guerra Mundial hubo expediciones nazis a las montañas cercanas a Barcelona, en Montserrat. Las SS creían que había objetos espirituales importantes allí.

Sí, los nazis también estaban desarraigados culturalmente. Intentaban reconstruir una cultura alemana premoderna. Pero lo hacían como un pastiche. Al mismo tiempo estudiaban yoga, leían el Bhagavad Gita o se interesaban por el ocultismo.

En España, durante el franquismo, uno de los lemas de los golpistas era “Muera la inteligencia”. Y hay algo curioso: muchos conspiracionistas actuales se ven a sí mismos como pensadores críticos. No quieren ser parte de una masa obediente como en el fascismo clásico. Quieren verse como individuos únicos.

Sí, es un antiintelectualismo que nace de una ansiedad frente a la jerarquía del conocimiento. Si alguien puede decirle a Himmler que está inventando la historia de la India, él no quiere escuchar a esa persona. Si alguien dice a Trump que el calentamiento global afectará a la temporada de huracanes, quiere despedirlo.

El rechazo a la intelligentsia, a la autoridad científica o histórica, es central en los proyectos fascistas. Pero deja un vacío. No puedes negar la historia sin inventar otra.

Por eso es interesante que mencionaras a Foucault. Él trataba de descentralizar las figuras de autoridad mostrando cómo se construyen, pero la conspiritualidad parece adoptar esa crítica y llevarla directamente a sus propias conclusiones.

Exacto. Ese lenguaje foucaultiano –la idea de que el Estado produce sujetos mediante vigilancia, clasificación o la mirada médica– es usado muy eficazmente por conspiracionistas contemporáneos.

Quizá tenga que ver con el propio anticomunismo de Foucault. Porque lo que queda fuera es la pregunta de por qué ocurre esa categorización. Se pierde la explicación material: que esas estructuras sirven a la acumulación capitalista.

Así todo el mundo acaba pensando que el Estado es violento o deshumanizador, pero nunca se aborda para qué sirve realmente.

Hay algo curioso con la idea de “despertar”, pues muchos de estos grupos se declaran despiertos, pero al mismo tiempo son profundamente antiwoke (woke significa, literalmente, “despierto/a”).

Sí, tienen que marcar muy bien la diferencia entre woke y awakening (‘despertar’). Si eres woke, según ellos, has hecho lo contrario de despertar. Significa que has identificado fallos estructurales del capitalismo y te has obsesionado con cosas como raza, género o clase. Para ellos, despertar significa darse cuenta de que esas categorías no importan realmente y que lo que importa es una especie de purificación espiritual del orden internacional.

Hablemos de política: Trump se presenta a menudo como alguien que lucha contra un deep state. ¿Ves paralelismos entre ese lenguaje y la conspiritualidad?

Trump no tiene un interés real por la espiritualidad. Es completamente cínico. Es una persona de televisión. Su atención se dirige a aquello que capta audiencia. Cuando vio que QAnon generaba mucho engagement mediático, empezó a amplificar cuentas relacionadas con ese movimiento. Pero nunca se comprometió realmente con esas ideas.

También busca ser reconocido por la derecha cristiana. Cuando va a reuniones de oración y deja que los pastores recen sobre él, entiende el papel que está interpretando. Y lo utiliza. Después de los intentos de asesinato dijo que Dios lo había mantenido con vida para cumplir una misión. Sabe que ese lenguaje funciona con su base electoral.

¿Crees que estos movimientos conspirativos están organizados por la extrema derecha para desmovilizar a la gente, o más bien que la extrema derecha aprovecha narrativas que ya existen?

Creo que muchas explicaciones conspirativas sobre esto repiten el mismo problema. Por ejemplo, hay gente que dice que Jeffrey Epstein estuvo detrás del origen de QAnon. Es una historia atractiva, pero con muy poca evidencia. Parte de la premisa de que los cambios políticos se producen porque un pequeño grupo de actores malvados lo decide. Pero QAnon tiene un origen mucho más amplio.

Es más plausible pensar que jóvenes deprimidos y precarizados empezaron a producir historias nihilistas que se convirtieron en memes y acabaron fuera de control. Después actores políticos astutos –Steve Bannon sería un ejemplo– supieron aprovechar esos movimientos. Nadie podría haber diseñado QAnon desde arriba. Es demasiado caótico.

Hace unos días se publicaron documentos sobre el intento de golpe del 23-F en España. Algo parecido a lo que ocurrió con los documentos de JFK. Se liberan archivos, pero nadie sabe qué hacer con ellos, pues se pueden seleccionar fragmentos que confirmen casi cualquier relato. ¿Hasta qué punto las propias instituciones contribuyen a este clima de sospecha al publicar documentos incompletos?

Una de las cosas más desorientadoras del paisaje informativo contemporáneo es la ausencia de responsabilidad institucional. Cuando se publican documentos parcialmente censurados o fragmentarios, la gente sin recursos tiene que reconstruir historias por su cuenta. Añaden detalles, especulan, rellenan los huecos.

La publicación de esos documentos responde a una necesidad contemporánea de exposición total. Existe la sensación de que todo puede encontrarse en Internet, que basta con localizar el enlace correcto.

El problema es que esa publicación parece transparencia. Parece honestidad. Pero está basada en la premisa liberal de que exponer un error o un crimen automáticamente lo corrige. Y eso rara vez ocurre.

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120.124 víctimas, 1.102 microbiografías, 1.984 documentos, 18.000 visitantes y 3.279 seguidores en redes sociales. Es el balance de la página web Todos los Nombres, un proyecto que nació hace 20 años como la mayor base de datos de víctimas del franquismo en Andalucía, Extremadura y el Norte de África y que, en realidad, venía a suplir las carencias del Estado o la ausencia de políticas públicas en relación con la memoria histórica.

A través de su buscador, numerosas personas han podido localizar o saber qué fue de sus familiares. Y también la sociedad ha podido conocer, a través de las microbiografías, quiénes fueron represaliados. En resumen, Todos los nombres –cuya denominación procede del libro de José Saramago– es un «proyecto participativo para el conocimiento (verdad) y re-conocimiento (reparación)» que continúa contando la historia por encima del negacionismo creciente en los últimos tiempos. En este contexto, sus impulsores han lanzado ahora una campaña en Goteo.org para seguir realizando y mejorando una labor referente en el movimiento memorialista.

«Su principal función es recopilar y ofrecer información sobre personas que fueron represaliadas tras el golpe de Estado del 36, la guerra, la dictadura franquista y la transición. Por supuesto, no es su única función, ya que con el paso de los años hemos ido ampliando su contenido mediante un proceso participativo y muy generoso. Pero todo es mejorable y nos hemos planteado un conjunto de acciones para ofrecer servicios de mayor calidad y accesibilidad, así como ampliar los contenidos temáticos», explican. 

Su objetivo inicial en esta campaña de micromecenazgo es alcanzar 12.900 euros. Entre las actuaciones que podrán desarrollar con ese dinero, destacan la inclusión de unos 2.500 registros nuevos de víctimas, casi 2.000 parciales (con ampliación de la información existente), en torno a 200 microbiografías y unos 350 documentos nuevos para mejorar el conocimiento y su difusión.

Uno de los aspectos más innovadores, indican desde el proyecto, es dotar de información geográfica todo el contenido de la página web y ampliar los recursos de difusión: programas de radio, mejorar las exposiciones y nuevas redes sociales, entre otros. Y muy importante: insistir en la represión específica hacia las mujeres.

Entre los últimos nombres registrados en la base de datos figura Dolores Bascón Baños o José Montero Pina. Según las fichas, la primera tenía 16 años y fue asesinada durante una manifestación por tiros de agentes de la Guardia Civil en Morón de la Frontera (Sevilla) en diciembre de 1975, con información procedente de El Correo de Andalucía. José Montero, de Segura de León (Badajoz), tenía 19 años, era jornalero y fue asesinado «antes de llegar a Llerena durante el acoso golpista a la columna de los 8.000». La información, explica la web, procede de un correo electrónico que recibieron este mismo marzo.

Pero detrás de los nombres, como explican, hay «rostros –una fotografía adquiere un valor tremendo–, sentimientos, pensamientos, aspiraciones… que constituyen su personalidad». Por eso –argumentan– conceden un gran valor al apartado de las microbiografías. Decir «quién hay detrás de un nombre: toda una vida». Manuel Domínguez Morales, por ejemplo, es la última microbiografía subida a la web. «Por fin he vuelto», la titula su autor, Juan Carlos Boza.

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Esta semana te traemos a la radio Coctelera un programa especial anticarcelario titulado “Por la destrucción de la Sociedad Carcelaria» de Radio Ainil en Chile. Este programa trata de la ley anti tomas, una de las tantas leyes represivas que… Leer más

Radio Almaina - Radio Coctelera: Por la Destrucción de la Sociedad Carcelaria

Este reportaje forma parte del dossier ‘Obreros de ultraderecha’. Puedes conseguir la revista y suscribirte en el kiosco de ‘La Marea’.

Hablar de sindicalismo de derechas podría parecer un oxímoron si no fuera porque desde los mismos orígenes del movimiento obrero hubo organizaciones patronales dedicadas a promocionar la creación de sindicatos «amarillos» que pudieran servir a sus intereses atrayendo a trabajadores desclasados. El sindicalismo de derechas explotaría con toda virulencia en España en las primeras décadas del siglo XX, y muy particularmente en su epicentro industrial: Barcelona. Allí se fundarían en 1919 unos sindicatos «libres» de la mano de los círculos tradicionalistas, que en los siguientes años iban a confrontar de manera violenta la hegemonía de una todopoderosa CNT capaz de arrancar la jornada de las ocho horas en la huelga de La Canadiense.

Integrados en un principio por trabajadores del comercio, la banca y otros sectores no industriales, pronto reclutarían también una amalgama de mercenarios de fortuna que, bajo la protección del gobernador civil, el general Martínez Anido y el jefe superior de policía Arlegui, se dedicarían a intentar descabezar a la anarcosindical a fuerza de atentados. Así caerían asesinados su secretario en Catalunya, Salvador Seguí, y el abogado de los sindicalistas Francesc Layret; y quedaría gravemente herido Ángel Pestaña, secretario nacional de la Confederación. Por su parte, los cenetistas responderían con la misma receta, entrando de ese modo en la espiral del pistolerismo que tan bien reflejaría Eduardo Mendoza en La verdad sobre el caso Savolta.

Con similar objetivo nacería en 1934 la Central Obrera Nacional-Sindicalista (CONS) en Madrid, que pronto se dedicaría al esquirolaje violento, en ramas como la de la construcción. Tanto los sindicatos libres como la CONS desaparecerían con la guerra civil sin haber conseguido implantarse de manera significativa.

Después de 1939, y con las organizaciones obreras ilegalizadas, el régimen fundaría la Organización Sindical Española (OSE), comúnmente conocida como Sindicato Vertical, un Frankenstein que agrupaba de manera obligatoria en su seno a obreros y empresarios –«productores» en la terminología franquista– y cuya estructura reflejaba los ideales fascistas del Estado corporativo. Creado para cercenar cualquier atisbo de conflictividad laboral, iría perdiendo influencia durante los últimos años de la dictadura.

Nuevos sindicatos

De los rescoldos del franquismo surgiría Fuerza Nueva, un partido heredero del régimen presidido por el procurador en Cortes Blas Piñar; y poco después, un sindicato, Fuerza Nacional del Trabajo (FNT), correa de transmisión del primero, que sería presentado públicamente en 1979 como «la presencia del ideario político de Fuerza Nueva, en lo laboral», entendiendo como trabajador a «todo el que participa en la producción nacional, ya lo haga como obrero, técnico o empresario». Los requisitos para afiliarse eran «la creencia en la existencia de Dios, la defensa de la unidad de la Patria y la defensa de la justicia social».

Pese a organizar cooperativas de taxistas en algunas provincias, en general tuvo una implantación reducida a ciertos sectores de la sanidad, a algún departamento en el Ayuntamiento de la capital y poco más.

Décadas después, Vox daría un paso similar con la creación de Solidaridad: «Un sindicato nacional en defensa de nuestros trabajadores, nuestras familias y nuestro patrimonio, frente al callejón sin salida de la inmigración ilegal masiva». Su primer secretario, Rodrigo Alonso, diputado del partido en el parlamento andaluz, cedería el testigo en 2005 a Jordi de la Fuente, exdirigente del partido neonazi MSR (Movimiento Social Republicano). A Solidaridad no se le conoce actividad sindical reseñable, y la movilización que más espacio ha ocupado en los medios, la huelga general de 2023 «contra la ley de amnistía y los pactos del PSOE con los independentistas», se saldó con un nulo seguimiento, tan solo respaldado por Denaes, fundación afín al partido; Revuelta, la sección juvenil implicada recientemente en el escándalo del desvío de fondos por la dana… y no mucho más. Por otro lado, en su página web no se especifica estructura territorial o sectorial alguna salvo, paradójicamente, el de una sección sindical de riders, colectivo fundamentalmente migrante y racializado.

Sindicato de reminiscencias fascistas es también Unión Nacional de Trabajadores (UNT), fundado en enero de 1978 y considerado heredero de la CONS original. Se trata de una pequeña organización que, según sus propios datos, está implantada en sectores como el de la seguridad, el profesorado de religión o las administraciones de loterías. Desde 2008, su presidente es el abogado y exmilitar Jorge Garrido San Román.

Sin llegar a los extremos de Solidaridad o UNT, actualmente existen otros sindicatos que podrían considerarse sociológicamente conservadores como la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), mayoritaria en la función pública o la Asociación Nacional de Profesionales de la Enseñanza (ANPE), aunque ambos se definen independientes y no supeditados a ninguna ideología política. Más cercana a discursos de la extrema derecha estaría Justicia Policial (JUPOL) que, pese a su supuesta independencia política, suele participar en protestas amparadas tanto por PP como por Vox.

Bola extra

Dejamos para el final el singular fenómeno de Manos Limpias, el autoproclamado sindicato de funcionarios públicos fundado en 1995 por Miguel Bernad, quien debería haber sido el sucesor de Blas Piñar en Fuerza Nueva si el partido no hubiera desaparecido antes. Manos Limpias destaca por su protagonismo en procesos mediáticos como el juicio del 11-M, la querella contra Baltasar Garzón o los últimos casos de corrupción, reales o ficticios, que han vuelto a colocar al pseudosindicato en el foco mediático al personarse como acusación popular en la causa contra Begoña Gómez, la jueza de la dana o el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

Aparentemente, no constan mejoras laborales para su afiliación, pero de lo que no queda duda es de su activismo político. Recientemente, su letrado en el caso de Begoña Gómez renunciaba a seguir representando a la organización, acusándola de situarse exclusivamente «en el terreno de la controversia política y mediática».

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En Hello Compost! hemos puesto a trabajar juntas las máquinas de la computación y del compostaje para seguir cultivando el lema “enfriar nuestro sobrecargado ecosistema digital y disminuir el ruido”.

El lunes 9 de marzo celebramos el primer encuentro sintrópiko. En lugar de resignarnos a la inercia tediosa del comienzo de semana, decidimos detener el flujo. La sesión estuvo guiada por el artista sonoro Ramírez Neira, quien nos propuso el concepto de bosque comestible para comenzar a indagar en nuestro jardín digital. ¿Qué tiene que ver un bosque comestible con el ciberespacio? Absolutamente todo.

En Hello Compost! solemos hablar de jardines digitales, pero esa tarde comenzamos criticando nuestra propia metáfora. El jardín es un espacio donde la naturaleza se domestica, se ordena y se delimita. Hay parcelas, cercas, suelos controlados. Una cierta infertilidad puede instalarse cuando todo queda demasiado organizado.

Ese gesto de crítica resultó necesario. Nos obligó a preguntarnos hasta qué punto nuestros jardines digitales podían reproducir la misma lógica de parcelación que las grandes tecnológicas llevan años aplicando sobre el territorio de internet. Un territorio que, en su origen, se parecía más a un bosque abundante, lleno de caminos imprevistos y capaz de albergar una enorme tecnodiversidad.
Pero la crítica no nos llevó a abandonar la idea de jardín. Más bien la reforzó. Si queremos cultivar algo distinto en internet, primero necesitamos aprender a cultivar.

En algún momento recurrimos a Yuk Hui y a su reflexión sobre la relación entre máquina y ecología, sobre cómo la tecnología puede pensarse desde distintos regímenes cosmológicos y no únicamente desde una lógica mecanicista. Más adelante nos sirvió imaginar internet como un bosque oscuro, siguiendo esa intuición que circula en los trabajos de Maggie Appleton, donde el espacio digital vuelve a pensarse como un ecosistema complejo y difícil de cartografiar.

La conversación también pasó por las advertencias de César Rendueles sobre el riesgo de construir redes que terminan vaciándose de contenido social, y por la invitación de Mark Fisher a salir de dinámicas culturales que consumen nuestra energía colectiva sin permitirnos imaginar otras formas de vida digital.

Como ocurre en la sintrópia, fuimos acoplándonos a todos esos puntos de energía (autoras y autores que nos encantan) para comprender mejor el terreno boscoso que estábamos pisando.

La conclusión no fue dada. Preferimos que veas la charla y la utilices en tu propio trabajo. Pero nuestra querida Liubula terminó diciendo algo que será mejor recordar: «De vez en cuando hay que levantar la cabeza y apartar las manos de la tierra para mirar qué se está cultivando en otros jardines».

No olvides visitar Hello compost! para participar en diferido de la charla con tus comentarios.

¿Quieres que La Marea te mande el recordatorio y acceso a la próxima charla?

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El acceso a la vivienda se ha convertido en un factor clave de la desigualdad en España. La brecha impacta especialmente en los hogares que viven de alquiler: el 61% de las personas inquilinas no logra ahorrar debido a los elevados costes de la renta y más de la mitad de ellas (58%) considera improbable poder adquirir una vivienda en el futuro. Es como un bucle del que no se puede salir. En contraste, el 60% de quienes tienen su casa completamente pagada sí ahorra todos los meses.

Así lo pone de manifiesto un informe de Oxfam Intermón, que profundiza en la crisis de la vivienda a partir de los datos extraídos de la encuesta Vivir la Desigualdad II, realizada por la organización en 2025 a 4.102 personas.

La crisis, indica Oxfam, es palpable, especialmente cuando se analiza la evolución de los precios. En el último lustro, el coste tanto del alquiler como de la compraventa se ha disparado. Hoy, el 85% de las personas inquilinas destina más del 30% de sus ingresos al pago de la renta y una de cada tres supera el 50%. Entre los hogares con hipoteca, la presión también es muy elevada: el 62% dedica más del 30% de sus ingresos al pago de la vivienda, y una de cada cinco, el 50%.

“El acceso a la vivienda supone un gran esfuerzo para millones de personas pero es especialmente difícil para quienes pagan una renta. En esta situación se perpetúa la ‘trampa del alquiler’: los altos precios impiden ahorrar y dificultan reunir la entrada para una hipoteca. Como resultado, muchas personas quedan atrapadas en un mercado del alquiler cada vez más asfixiante”, señala Alejandro García-Gil, autor del informe y responsable de políticas de protección social y empleo de Oxfam Intermón.

Mismos ingresos, menor ahorro en alquiler

El informe también revela que el régimen de vivienda es un factor de desigualdad cada vez más determinante, incluso por encima del nivel de ingresos. Con el mismo salario, vivir de alquiler penaliza de forma clara la capacidad de ahorro.

La diferencia es especialmente acusada en los tramos salariales más bajos. Entre quienes perciben el salario mínimo interprofesional (SMI), la brecha en la probabilidad de ahorrar supera los 25 puntos porcentuales: el 58,6% de las personas con vivienda pagada logra ahorrar, frente al 32,4% de quienes viven de alquiler. De hecho, una persona propietaria con ingresos equivalentes al SMI –1.184€ en 2025– tiene más probabilidad de ahorrar que una persona inquilina con un salario de 2.000 euros.

La comparación entre alquiler e hipoteca refuerza esta tendencia. Así, una persona inquilina que ingresa 2.000 euros al mes tiene prácticamente la misma capacidad de ahorro (51,9%) que alguien con hipoteca que gana 1.500 euros (50,2%).

“Corremos el riesgo de consolidar una brecha cada vez mayor entre quienes destinan gran parte de sus ingresos al alquiler y quienes ya cuentan con vivienda y capacidad de ahorro. Una desigualdad que puede marcar el futuro social y económico del país”, alerta García-Gil.

Desahucios invisibles

En este contexto, también se ha incrementado la inestabilidad residencial. Según el análisis, una de cada tres personas que paga una renta –alrededor de tres millones– sufrió el último año “desahucios invisibles”: finalizaciones de contrato o subidas inasumibles que derivan en mudanzas forzosas.

El impacto es especialmente acentuado entre personas extracomunitarias (37%) y jóvenes menores de 35 años (31,9%). En el caso de estos últimos, uno de cada dos tuvo que regresar al hogar familiar. Además, el 60% de las mudanzas implicó abandonar el barrio o municipio de referencia, con el consiguiente debilitamiento de redes sociales y comunitarias.

Renuncias cotidianas, deterioro de derechos

El aumento del coste también se traduce en renuncias en las condiciones de vida: el 13% de quienes alquilan comparte su hogar con personas sin parentesco, una proporción que alcanza el 22% entre la población migrante. Entre el grupo de 25 y 34 años, la cifra llega al 27,7%. No obstante, no se trata de una realidad exclusivamente juvenil: afecta también a una de cada diez personas de entre 35 y 54 años.

Las dificultades también alcanzan los gastos básicos, según el informe: el 19,2% de la población no pudo afrontar el pago de suministros esenciales en el último año. La carencia energética asciende hasta afectar a casi tres de cada diez personas inquilinas, jóvenes o migrantes.

Estas dificultades incluyen mantener el hogar a una temperatura adecuada en invierno o afrontar el pago de electricidad, gas o agua. “Hablar de vivienda es hablar de vidas y de modelo de sociedad -explica García-Gil-. La vivienda es la puerta de entrada a otros derechos: salud, seguridad, intimidad y cohesión social. Cuando el acceso es inestable, el impacto se extiende al conjunto del bienestar”.

Futuro incierto

Las tensiones en el mercado residencial también proyectan un horizonte de creciente incertidumbre. La persistencia de precios elevados y la finalización de numerosos contratos de alquiler en 2026 alimentan las dudas sobre el futuro. El 58,5% de las personas no propietarias considera improbable poder comprar una vivienda en el futuro, mientras que solo el 14,4% se muestra optimista. Las expectativas también están condicionadas por la capacidad de ahorro. Las perspectivas varían según la posición socioeconómica: el 19% de las personas de clases altas cree probable acceder a una vivienda en propiedad, frente al 10,3% de las personas no propietarias de clase baja.

En paralelo, la herencia se perfila como un mecanismo cada vez más relevante en el acceso. El 21,2% de quienes ya tienen casa en propiedad cree probable heredar otra, frente al 11,6% de las personas arrendatarias. “Si no se corrige esta tendencia, nos enfrentaremos a un futuro de profundas desigualdades, donde quienes ya tienen vivienda en propiedad tienen la expectativa de heredar más que los no propietarios”, señala el autor del informe.

Recomendaciones para un acceso asequible y digno

La organización reclama una respuesta coordinada entre el Gobierno, las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Asimismo, pide garantizar la protección necesaria y alternativas dignas para los más de 60.000 hogares vulnerables que corren el riesgo de ser desahuciados tras el rechazo del escudo social.

Al mismo tiempo, plantea reforzar la protección de las personas inquilinas mediante la regulación de los precios y la ampliación de la duración de los contratos. En paralelo, pide frenar prácticas especulativas y avanzar hacia una fiscalidad centrada en el uso de la vivienda, además de ampliar el parque de vivienda pública e impulsar modelos alternativos.

“Es urgente actuar para asegurar que vivir de alquiler sea una opción asequible, digna y estable, que permita desarrollar un proyecto de vida con seguridad. Y que, al mismo tiempo, quien desee acceder a una vivienda en propiedad pueda hacerlo”, concluye García-Gil.

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«Un viaje antropológico por las espiritualidades contemporáneas» promete la portada de La imaginación en llamas (editado por Ariel), de la antropóloga Manuela Cantón, y el libro cumple: proporciona al lector un aventurero y fascinante periplo que salta del Haití del vudú al México de la Santa Muerte, y de las iglesias evangélicas gitanas a los salones mediúmnicos. Charlamos con ella sobre alguno de esos temas y el valor de la antropología como ciencia social.

Manuela, quería empezar a preguntarte, no por los temas concretos del libro, sino por la disciplina desde la que se escribe, por la antropología, esa ciencia, dices, «empeñada en no dejarse irritar por lo que no le cuadra». En un mundo como este, en el que tantísimas cosas no cuadran con los cuadros tradicionales, cobra un renovado valor, ¿no es así?

Sí, la verdad. El relativismo cultural es la aportación más interesante de la antropología al conjunto de las ciencias sociales. Ha sido interpretado como un todo vale. El papa Benedicto decía en su momento que el relativismo es el reino del yo y del solipsismo; la anarquía, en definitiva. Pero no tiene absolutamente nada que ver. El relativismo cultural nos hace entender que toda acción y toda sociedad humana se sitúa en un contexto, y que si no entiendes el contexto, no entiendes la acción. Eso no equivale a justificar. La justificación es relativismo moral, que es otra cosa, y jamás la ha practicado la antropología. El relativismo, no moral, sino cultural, es lo que nos permite acercarnos a comportamientos que puedan no darnos la razón de lo que andamos buscando. Se trata de confrontar puntos de vista, de estudiar cosas que tienen poco que ver con lo normal y lo aceptable para tu propia vida. Y es un ejercicio magnífico para relativizar tus propias posiciones y entender que hay otras que son, no solo dignas de respeto, o de que las quieras para ti, sino maravillosas oportunidades de entender el mundo y al ser humano. La herramienta esencial de la antropología es el trabajo de campo por inmersión: largo, detenido, artesano, de día a día, de convertirte en una especie de nativo marginal que está ahí, que acaba siendo aceptado, que participa de las rutinas y que así puede entender cosas que, sacadas de contexto, son incomprensibles.

Has tenido experiencias de campo. De una en Centroamérica dices que es «lo más hermoso y sombrío» que te ha ocurrido jamás.

Estuve cinco o seis años yendo anualmente, varios meses, a Guatemala, sobre todo a algunos municipios y departamentos de Guatemala, y también a Chiapas. Quería comprobar el impacto de las minorías religiosas evangélicas en comunidades indígenas y no indígenas del mundo maya. Ese fue uno; y el segundo, ya más extenso, porque no tenía que cruzar el Atlántico, fue con iglesias gitanas. Ahí sí que fueron 20 años entrando y saliendo de las iglesias, porque las tenía cerca de casa.

¿Qué te atrajo de esta temática concreta de las espiritualidades no convencionales? ¿Qué te hizo tomártela en serio, cuando tanta gente no lo hace, considerando que solo merecen respeto las grandes religiones organizadas?

Llevo 20 años escuchando comentarios jocosos incluso de colegas. Cuando trabajas con religiones, siempre estás bajo sospecha; siempre se sospecha que tienes un interés particular en alguna de ellas y que quieres legitimarlas o defenderlas. Yo no las defiendo, no estoy dentro de ninguna. Defiendo la capacidad de fascinarse, de maravillarse, por la imaginación humana. Lo que a mí me hizo fascinarme por mi objeto de estudio fue el azar, un tropezón del destino: un proyecto de investigación que le dieron a mi directora de tesis; un proyecto de un ministerio para trabajar sobre la expansión protestante en Centroamérica. Me preguntó si quería participar. Yo tenía 22 o 23 años. Acababa de terminar la licenciatura de Geografía e Historia, de historia de América. En aquella época no existía la antropología. Pero yo le dije a mi profesora: la religión no me interesa en absoluto, porque me considero atea, si lo digo bruscamente, o agnóstica, si lo digo amablemente; pero si se puede ir a América, yo voy a estudiar lo que sea. El destino jugó sus cartas e hizo que me quedara el resto de mi vida en esa temática. Que es maravillosa, no solo porque te permite asomarte a universos diferentes del tuyo, sino también experimentar con la elasticidad de la propia disciplina. Las ciencias sociales tienen, como ciencias, que enfrentarse con sistemas que son refractarios a lo científico, y eso te coloca en un dilema muy interesante y, desde mi punto de vista, hace crecer a la disciplina.

Hablas del vuduísmo afrohaitiano, una de las religiones más difamadas del mundo, apuntas. Señalas que quiere «hacer algo inteligible el mundo sensible y la traumática experiencia histórica del comercio de esclavos» y que se trata de un lenguaje que habla de la necesidad y la agonía de mantener a salvo dos almas, de evitar que otros se apropien de la identidad de los individuos… De enfrentarse al miedo a desaparecer prematuramente, o a morir y reaparecer como esclavo en una isla olvidada en la que la muerte es omnipresente. Una mirada de clase, al fin y al cabo.

Efectivamente. El vudú afrohaitiano y la figura del zombi, los propios procesos de zombificación, no se entienden sin la memoria esclava, sin el tráfico atlántico de esclavos. Esa metafísica del esclavo es la médula del vudú afrohaitiano. Y el vudú está detrás de la insurrección que hizo de Haití la segunda república independiente de América, después de Estados Unidos, y la primera en abolir la esclavitud. La última fue Brasil. El vudú proporcionaba el tipo de cohesión social que facilitaba eso. Religión de origen africano, pero mezclado con elementos católicos, cristianos, espiritistas, aborígenes… Todo lo cual llega a Estados Unidos. Allí, en Luisiana, en Nueva Orleans, hay mucho vudú debido a la ocupación estadounidense de Haití, que dura muchos años. Al pasar a Estados Unidos, pasa a la literatura y al cine, y eso es lo que nos ha llegado del zombi. Del que no sabríamos nada si no fuese una figura imprescindible del popcontemporáneo.

Se habla en los últimos tiempos de un resurgimiento de la religión y de la trascendencia. A veces parece un resurgimiento católico: he ahí a Rosalía reivindicando la mística. La Iglesia lo celebra en lo que tiene de celebrable, pero le preocupan algunas cosas: la voluntad de un catolicismo a la carta, por ejemplo, que no pase por el cura de tu parroquia y el obispo de tu diócesis; que sea un yo me lo guiso, yo me lo como a través de Internet. Tú abordas en el libro la figura del seeker, el buscador new age.

Hay mucho, digamos, de búsqueda neoeriana, mucho new age en ese revival católico, sí. El tipo de identidad que se acaba generando en esa búsqueda es una identidad en proceso, hecha de mezclas de muchos asuntos diferentes. Sobre esto de Rosalía y otras cosas, leo muchos artículos serios que acaban denostando el hecho de que se recupere la religión sin compromiso, sin asumir la tradición completa, de manera descontextualizada. Hay un componente claramente peyorativo en ese tipo de descripciones, y me encanta que eso lo haga gente que probablemente sea atea. Hay un subtexto de nostalgia de las religiones monoteístas, fuertes, opresivas de algún modo, una especie de nostalgia del látigo: un rechazo a que la gente busque a su modo y a que, cuando se aburra, busque otra cosa diferente. Según esa lógica, es mucho mejor que un sacerdote entre en tu casa a pegarte porque no lo quieres allí cuando te vas a morir, ¿no? Eso ocurría con aquellos espiritistas que eran cristianos, pero no clericales, y no querían curas en su casa…

Nostalgia del látigo. Sí, hay mucho de eso en el mundo actual.

Sí, pero esa recuperación de la religión, yo no creo que sea una recuperación en términos de institución y de regulación del espacio. Eso no está pasando en absoluto, y lo celebro. Es una búsqueda mucho más light, más acompasada a los tiempos en que vivimos, en los que hay una especie de secuestro de la atención por parte de las redes sociales y de alta volatilidad de todo lo que ocurre. Creo que en esto va a haber mucha volatilidad. Por otra parte, hay una vinculación, que me inquieta mucho, con el conservadurismo de ultraderecha, con valores muy retrógrados en términos sexoafectivos, familiares, morales… Eso me inquieta profundamente. Pero en términos personales, como antropóloga, mi tarea es entender lo que pasa. Mis hijos no están bautizados, ni comulgados, y van a colegios laicos. Después, que hagan lo que les dé la gana como mayores de edad: no voy a imponerles algo cuando no lo tengo. Pero la confluencia entre lo católico y la recuperación de una especie de apertura a lo espiritual, la celebro en el sentido de que desestigmatiza las creencias y las prácticas religiosas en un contexto tan anticlerical como el español (¡justificadamente!, por el pasado nacionalcatólico franquista).

El crecimiento del evangelismo es vertiginoso y se puede atribuir en parte a la preferencia de «la agilidad evangélica» sobre la lentitud de la logística católica, de su burocracia, apuntas en el libro.

Eso lo he estudiado de primera mano, y lo he visto con mis propios ojos. Lo he olfateado. He participado en cientos de cultos. Son cultos muy participativos, muy emocionantes, donde el milagro está presente. Todas las religiones eruditas están contra eso: tanto el espiritismo kardecista clásico, como el protestantismo clásico, como el catolicismo hegemónico están contra ese tipo de rapidez y contra esa agilidad también en la lectura de la Biblia. Se lee de otra manera, de un modo muy personalizado, a veces muy literal, sin excesiva interpretación o exégesis, sin mucha hermenéutica. No son religiones eruditas, sino muy emocionales. No sé qué criticar en ellos, salvo una hegemonía que ahora aplasta al contrario. Fueron aplastadas ellas, eran señaladas cuando yo empezaba mi trabajo de campo, a finales de los ochenta y durante los noventa. Pero ahora son ellas las que están fastidiando y persiguiendo al contrario. Y el contrario es todo lo que se mueve fuera de ellas, desde las religiones de origen africano hasta las religiones autóctonas aborígenes, indígenas, o las iglesias católicas, populares y no populares: todo lo que no sea evangelismo pentecostal. Hablamos de pentecostalismo, no de protestantismo en sentido amplio, sino de la rama más ágil, más rápida, más veloz del protestantismo, que son el pentecostalismo y el neopentecostalismo, lo que se conoce como iglesias evangélicas en general. Son muy proselitistas, y en consecuencia, a veces, muy agresivas.

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Este artículo ha sido publicado originalmente en Democráter, un espacio de análisis político y social que apuesta por una mirada profunda a los distintos temas que preocupan a la ciudadaníia.

La vivienda sube de precio. No hace falta un análisis para asegurar esto: es una percepción que está en la calle y que confirma cualquiera que se asome habitualmente a los portales inmobiliarios de internet. Los datos lo respaldan. A la vez, ha aumentado también el número de personas que se encuentran sin hogar en España.

En 2024, más de 34.000 hombres y mujeres se alojaron diariamente en centros de atención para personas sin hogar. Esta cifra no ha dejado de incrementarse desde 2006, según datos recogidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE), y ha engordado aún más en estos últimos años, coincidiendo con el boom en los precios del alquiler.

¿Existe vinculación entre quedarse sin hogar y el precio de la vivienda? La respuesta parece clara: al mismo tiempo que se dificulta el acceso a la compra o alquiler, el número de personas sin hogar también sube vertiginosamente. Por supuesto que el fenómeno del sinhogarismo es multifactorial, pero analizando los motivos que arroja el INE nos encontramos con que la mayoría de ellos están asociados a la economía. Es evidente: nadie viviría en la calle si pudiera pagarse un alojamiento.

Como se puede observar, los motivos que llevan a una persona a quedarse sin un techo son múltiples. El desahucio, la pérdida de trabajo o la emigración son algunos de los principales. Detrás de ellos, una misma causa: no poder pagar el alojamiento.

Otras razones radican, aparentemente, en otro motivo que no es el económico, pero basta pararse con detenimiento para establecer una relación más o menos directa con el dinero: vivir en un edificio en ruinas y tener que marcharse es una derivada de no poder pagar a una vivienda digna. Salir de prisión y no tener un lugar a donde ir indica que la persona que estuvo privada de libertad no tiene un empleo con el que costear una vivienda, ni tampoco apoyo familiar o del entorno. Por último, las separaciones entre parejas acaban en situaciones como el sinhogarismo cuando uno de los miembros tiene una dependencia económica de la otra persona.

Sube el alquiler…

El brutal incremento del precio del coste de la vivienda en los últimos años lleva aparejado de su mano el aumento del sinhogarismo. Desde 2022 hasta ahora ha subido de forma notoria el alquiler, coincidiendo con el aumento, también, en un 57% del número de personas que se alojan en centros de acogida. A juzgar por los datos, la relación parece clara: a más precio de alquiler, más personas que no pueden pagarlo y se quedan en la calle.

El alquiler se ha duplicado en estos diez últimos años. El sistema funciona como un efecto dominó, y todas las viviendas se encarecen sea cual sea su ubicación o situación. Las personas en situación de vulnerabilidad, ante los precios elevados y las condiciones cada vez más exigentes que solicitan los arrendadores, se ven expulsadas de las viviendas que, en otro tiempo, fueron accesibles para ellas.

Los caseros ahora pueden elegir. Con una oferta tan escasa en el parque de viviendas de alquiler (público y privado) quienes ponen una vivienda en este mercado optan por personas con ingresos demostrables, contratos estables y, en general, una situación económica boyante. Quienes tienen más dificultades, como las personas extranjeras, sin permisos de trabajo o sin contratos reglados, no sólo necesitan el dinero para poder pagar la vivienda, sino también una suerte de «garantías» que no siempre pueden ofrecer.

De este modo, han aumentado las plazas en los centros de acogida de persona sin hogar. Se han creado nuevas instituciones para el acogimiento, pero la demanda sigue siendo elevada. Ni siquiera en la crisis económica tras el boom del ladrillo el problema del sinhogarismo se acercó a lo que sucede ahora. La coincidencia es evidente, desde 2022 hasta ahora ambos fenómenos han ido de la mano.

… y aumenta el precio de compra

El aumento del alquiler viene acompañado del aumento del precio de compra, que crece también a un ritmo alarmante. Ahora, quienes buscan un hogar para vivir no sólo compiten con otras personas que quieren un lugar para formar una familia, sino con quienes ven la vivienda como una inversión económica, elevando así los precios.

Para medir este impacto, usamos el Índice de Precios de Vivienda (IPV) que utiliza el INE. El organismo utiliza el año 2015 como base y mide, a partir de ahí, los vaivenes en los precios. Se puede observar una subida constante desde 2014, con una leve pausa en 2020 a raíz de la pandemia. Desde el último trimestre de 2020, sin embargo, el crecimiento es más acusado, superando los 200 puntos porcentuales en 2025.

Como podemos ver con los datos (y podemos apreciar simplemente observando la realidad de nuestro entorno) el precio de la vivienda no ha tocado techo. Mientras que la ciudadanía observa el fenómeno con preocupación, los partidos políticos no se ponen de acuerdo con el remedio. Tampoco se han implementado medidas que aminoren esta subida, que consolida la percepción de la vivienda como uno de los problemas más graves para la ciudadanía.

La demanda sube pero la oferta está estancada. El auge de los apartamentos turísticos no ayuda, pues muchas viviendas que antes se dedicaban al alquiler de larga duración se utilizan ahora como alojamientos para los visitantes temporales.

Sin contratos estables y sin ahorros para pagar una entrada

Con estos precios, las capas más vulnerables de la población son las que se quedan sin un techo. Quién no cuenta con apoyo familiar sufre las peores consecuencias. El acceso a la compra de una vivienda es cada día más difícil: a pesar de que los intereses hipotecarios se mantienen estables y proporcionan cuotas más asumibles que la mensualidad del alquiler, la ‘entrada’ de la casa sigue siendo el principal problema. Los bancos exigen, generalmente, un 20% del precio del hogar para acceder al crédito, al que hay que sumar en torno a otro 5 o 6% de impuestos y gastos.

Esta barrera de entrada funciona como pez que se muerde la cola: con un alquiler elevado, es difícil ahorrar, y como la vivienda sube continuamente, este 20% mínimo también lo hace. Muchas personas se ven atrapadas en este bucle, incapaces de acercarse al dinero efectivo que deben poseer para comprar una vivienda y tener una cuota mensual más desahogada, por lo que siguen abonando alquileres que ocupan una parte importante de su sueldo y que tampoco dejan de aumentar.

El sinhogarismo afecta a todas las comunidades autónomas en mayor o menor proporción. Las regiones del norte de España cuentan con tasas más elevadas, junto a las ciudades de Ceuta y Melilla, por su situación fronteriza con el norte de África.

El número total asciende a lo largo y ancho del país, consolidando al sinhogarismo como uno de los problemas sociales más crueles de nuestro tiempo.

Aunque se han implementado medidas restrictivas para las personas sin hogar, la ciudadanía las rechaza de forma mayoritaria. Propuestas como expulsar a estas personas de los centros de las ciudades o dificultar su estancia en espacios públicos con barreras arquitectónicas no son aceptadas socialmente. La ciudadanía aún empatiza con estas personas vulnerables que no tienen donde ir.

La entrada Sinhogarismo y aumento del alquiler: cómo el boom de la vivienda deja a más personas sin un techo se publicó primero en lamarea.com.

‘La Marea’ está dedicando una serie de reportajes a la gentrificación. Las entregas analizan, desde diferentes perspectivas, el proceso que sufre el distrito valenciano de la Saïdia como paradigma de lo que ocurre en muchos barrios de las grandes ciudades. Puedes leer los capítulos anteriores aquí.

—Tu trabajo genera mal karma, Carmen [nombre ficticio]. Te vas a lamentar en el futuro. Seguro. 

La misión de Carmen consistía en convencer a los inquilinos de la Finca Groga [amarilla], muchos de ellos residentes con alquileres bajos de renta antigua, para que abandonaran el edificio a cambio de una indemnización antes de que empezaran las obras de reforma. La persona que le lanzó la advertencia fue Vicens, uno de esos vecinos. Vicens no se llama Vicens. O no exactamente. Tiene apellidos, claro, pero prefiere no decirlos. En su situación, la prudencia es una virtud necesaria: es uno de los últimos arrendatarios de este inmueble del distrito de la Saïdia de València que aún resiste. La mayoría no pudo aguantar mucho la presión. 

La Finca Groga, un bloque de viviendas situado en la calle Actor Mora, 15, es lo que, en cierto argot inmobiliario, se conoce como un «edificio con bichos». Los «bichos», en este caso, son personas como Vicens, recién cumplidos los 68 años, o su hermano José Luis, que va por los 77. Y Pedro, que ha superado con amplitud la barrera de los 90. Los tres pagan un alquiler de renta antigua. Poco beneficio para una zona en la que es casi imposible conseguir un arrendamiento por menos de mil euros al mes. En el cuarto piso habitado reside Hermes con su familia. Cuatro inmuebles ocupados de los veinte con los que cuenta el edificio. Ahora, porque en 2022 la mayoría estaban alquilados. Ese año se vendió la finca. Y entonces comenzó el trabajo de Carmen. 

—No hay problema. Tú te quedas, pero, cuando empecemos con la reforma, no vais a poder aguantar: habrá que tirar paredes, poner el ascensor… Al final, vais a salir. 

Al exvecino de la puerta siete de la Finca Groga, que tiene 66 años, aún le tiembla la voz cuando rememora las conversaciones que mantuvo en esos primeros meses de 2022 con las personas que, como Carmen o cualquiera de sus compañeros, intentaban convencerlo para que dejara su piso. Prefiere que su nombre no se haga público. «No me quiero disgustar más», alega. Recuerda que estaba llorando todo el día, que «la presión psicológica» fue «criminal», aunque, admite, nunca llegaron a amenazarlo. Había nacido en ese edificio en una época en la que las mujeres parían en casa. Le quedaban tres años para jubilarse y, con sus ingresos (una ayuda de 420 euros), no podía permitirse pagar mucho más de la renta antigua de 80 euros que tenía entonces. No quería irse, dejar su hogar, su barrio, su gente, pero no tuvo más remedio: «Si me quedo, me da un infarto». Aguantó unos meses hasta que, a finales de abril de 2022, se dio por vencido, aceptó la compensación que le ofrecían y se marchó.

Vicens todavía resiste, a pesar de que el ruido de las obras para reformar las 16 viviendas no habitadas, que empezaron finalmente en diciembre, le hace la vida imposible.

El Catastro data el edificio de Actor Mora, 15 en 1940, aunque las personas que han vivido allí toda su vida aseguran que ya estaba habitado en 1933. Su destino sigue un patrón que, con variantes, se ha repetido hasta la saciedad: el dueño de una finca antigua que mantiene contratos de arrendamiento de larga duración –en muchas ocasiones, de renta antigua– vende la propiedad a una empresa que busca maximizar beneficios y cuyo primer objetivo es liquidar los contratos de alquiler a cambio de una indemnización.

En el caso de la Finca Groga, la familia que la gestionaba decidió venderla en 2022 a Segundo Ovre, una sociedad constituida en enero de ese año con un capital social de 3.000 euros. A partir de entonces, comenzaron las presiones para conseguir la marcha de los arrendatarios, según la denuncia de los vecinos. Vicens cuenta que a finales de ese año solo quedaban cinco. En junio de 2024, Segundo Ovre vendió el edificio a tres empresas –Matas Aremuns, Naves y Tochos y Explotaciones Catel–, que empezaron las obras de reforma con una declaración responsable tramitada a través de una entidad colaboradora urbanística de la Generalitat Valenciana (ECUV). «Todo es legal», remarca una portavoz de la propiedad, que descarta que el edificio se destine a un hotel. 

Belén Calahorro Lizondo (53 años) vive en Actor Mora, 13. No tiene que andar mucho para descubrir las cicatrices que han dejado en la trama urbana los conflictos por los que han pasado edificios como la Finca Groga. En su misma manzana, en la esquina de la calle Pepita con Ruaya, el inmueble de tres plantas ya no existe. En el solar, se está levantando un apartahotel. Unos metros más allá, la vida ha desaparecido de la finca de 1940 de la calle Ruaya, 44. Una malla cubre parcialmente la fachada para evitar daños de posibles desprendimientos. En uno de los bajos del número 16 de la calle Orihuela, tenía su carpintería Miguel Rodilla. En la puerta, todavía se puede leer su teléfono con un texto en el que ofrece sus servicios. 

—Ya no acepto encargos. 

Miguel se muestra desconfiado al otro lado del aparato, pero acepta contar su historia. Tiene 75 años. Relata que el edificio era de unas hermanas que lo habían heredado de un tío que no tenía hijos. El inmueble requería una fuerte inversión para hacer frente a las necesarias reformas, así que decidieron venderlo. «Antes, tenían que sacarnos», apunta. Y los sacaron. En esos momentos, solo quedaban él y otro hombre que se dedicaba a la restauración de cuadros y a la pintura en el primer piso, aunque ninguno de los dos tenía su vivienda allí. Fue entonces cuando Miguel descubrió –«fue una sorpresa»– que su contrato de renta antigua incluía una cláusula que le daba al arrendador la potestad de cancelarlo en cualquier momento. «Nos dieron el tiempo justo para irnos, cinco o seis meses, y una pequeña indemnización», continúa. Eso sería en 2022 o 2023, no recuerda bien. Ahora la finca está en obras. Solo se conservará la fachada. Su interior ya no tendrá espacio para talleres de carpintería o de pintura, sino que será ocupado por 13 apartamentos para estudiantes. 

A poco más de 200 metros, el edificio de Visitación, 11, situado enfrente del colegio de las trinitarias, luce majestuoso en el chaflán con Lleida después de haber sido sometido a una reforma integral, antes de la cual fueron desalojados sus vecinos de toda la vida. Ahora está dedicado al alquiler de temporada (estancias de más de diez días para las que no se necesita ningún tipo de licencia turística). Un apartamento de 96 m², por ejemplo, se ofrece por 3.769 euros para 11 noches.

Vicens intuye un destino similar para la Finca Groga. No es muy ducho en matemáticas, dice, pero sabe contar, y calcula que, después de la inversión en la reforma del edificio, los propietarios tendrán que poner alquileres muy altos, inasequibles para un trabajador. Y entonces empieza a hablar de especulación, de sus líneas rojas, porque cree en el karma, y que esas líneas le impiden hacer daño a las personas y ganar dinero fácil. Y continúa con su discurso, pero sus palabras quedan ahogadas por el ruido del pico percutor y por la gruesa capa de polvo que provocan las obras que se desarrollan justo encima de su casa. 

La reforma del número 21 de la avenida Constitución acabó hace unos años. Cada vez que Belén pasa por delante del edificio, situado a menos de 400 metros de su domicilio, experimenta una sensación extraña: allí vivía con sus padres. Belén echa mano del archivo familiar. El primer contrato de alquiler lo firmó su abuelo, Pedro Lizondo, el 13 de noviembre de 1961. Cuando su madre se vio forzada a dejar la vivienda, en marzo de 2021, no entendía por qué tenía que abandonar su casa en la que, decía, tenía que morir; por qué la propiedad no reparaba los desconchados y las humedades y el agujero en el tejado; por qué los vecinos habían desaparecido, también la señora Amparo, la del último piso, y ya no podían hacer turnos para limpiar la escalera; por qué llevaba más de un año siendo la única residente del edificio y ya solo podía saludar a Mirtha, la mujer que regentaba el negocio de la planta baja. 

Mirtha Pardo (48 años) era la arrendataria del bajo izquierda del número 21 de la avenida Constitución, donde tenía su restaurante: El Pollo Salsero. En julio de 2013 firmó un contrato de alquiler para diez años, que se resolvió en julio de 2021, tras llegar a un acuerdo con la empresa propietaria del edificio. ¿Acuerdo? «Nos obligaron a irnos», aclara Mirtha, que cuenta que la sociedad dejó de hacerse cargo de las reparaciones. La empresa quería reformar el edificio y le dijeron que tenía que salir. Cuenta que le ofrecieron 6.000 euros y ella les dijo que no, que adónde iba con ese dinero después de toda la inversión que había hecho en el local. «O 6.000 euros o nada», le dijo Carlos [nombre ficticio], su interlocutor. Y ella que nada. Y entonces, continúa Mirtha, bloquearon la entrada del negocio con los andamios. Y empezaron las obras. Y entraba polvo. Y Mirtha claudicó:

—Me voy.

—Vale, pero te doy 3.000 euros. Es lo que hay. 

Mirtha no le dijo nada a Carlos sobre el karma. Lo más seguro es que no hubiera funcionado, pero quién sabe. Fue la última que abandonó el edificio, después de la madre de Belén, que rescindió su contrato de alquiler de renta antigua a cambio de 20.000 euros. Belén echa cuentas y no le salen. Ya llevan gastado el doble en el alquiler del piso que consiguieron por la zona, y eso que es un precio (650 euros al mes) muy por debajo del de mercado, porque era de una amiga. El problema lo tienen ahora: ya les han dicho que en agosto deben dejarlo porque los herederos quieren venderlo. Mirtha pudo mantener el negocio porque, antes de renunciar a su local en el número 21, consiguió otro en la misma avenida, a tan solo unos metros de distancia.

En València no existe el acoso inmobiliario, al menos si se toma como referencia la respuesta de la Administración autonómica a las nueve denuncias que la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha presentado en la ciudad desde que el Consell de la Generalitat Valenciana aprobara, en febrero de 2023, durante los últimos meses del Gobierno progresista del Botánico, el Decreto Ley 3/2023 para evitar abusos en el ámbito inmobiliario.

La llegada al poder del PP tras las elecciones de mayo de ese año dejó la norma en papel mojado, critica la PAH, que no ha obtenido ningún resultado de sus denuncias. «Si ese real decreto continúa en vigor es porque ni se han dado cuenta de que existe», dice, con sorna, una arquitecta con experiencia en la Administración, consciente de que el Consell del PP ha derogado o modificado la práctica totalidad de la legislación sobre vivienda del Gobierno anterior.  

Ni la antigua casa de Belén ni la planta baja de Mirtha existen ya. Mejor dicho: existen, pero transmutadas. Las dos viviendas por planta han sido sustituidas por un apartamento con zonas comunes y cinco estudios individuales con baño y minicocina. El inmueble está ocupado ahora por estudiantes que tienen un alquiler de temporada por el que pagan alrededor de 800 euros al mes. Cuando Belén entra en el edificio, por primera vez desde que tuvo que abandonarlo su madre, lo que más le sorprende es lo nuevo que está todo y que la enorme escalera ha desaparecido para dejar espacio al ascensor. Sube al tercer piso y llama al timbre. Abre la puerta Héctor Elizondo, un mexicano de 25 años que estudia segundo año de Animación en la Universal Arts School, que tiene su sede en la calle Lleida, a escasos metros de donde se encuentran. Escucha con atención el relato de Belén sobre su historia familiar y los problemas de gentrificación que sufre el barrio. Ambos bromean sobre el parecido de sus apellidos que, en cierta manera, crea una continuidad entre el pasado y el presente del edificio. 

Los estudios de Constitución, 21 los comercializa Valenvi Flats, marca de la empresa Valenvi Solutions, la misma que promueve las obras en Orihuela, 16. Belén se pregunta por qué su madre no puede ocupar uno de esos estudios y recuerda la soledad con la que tuvo que afrontar la pérdida de su casa y lo bien que le hubiera venido contar con una red de apoyo. Por eso, consciente de la importancia de crear comunidad, se ha sumado a las movilizaciones que organiza la Saïdia Comuna para solidarizarse con los vecinos que resisten en la Finca Groga, como Vicens, que no piensa dejar de denunciar las obras en el edificio, que, remarca, son incompatibles con las condiciones de habitabilidad de los residentes. 

Vicens nunca volvió a ver a Carmen en la Finca Groga. Cosas del karma. Quizás. 

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La Marea ha contactado con Valenvi Flats, sin éxito, para recabar su versión. Este medio no ha encontrado ninguna vía para comunicarse con Segundo Ovre.

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Durante décadas, la vivienda fue uno de los grandes organizadores silenciosos del orden social en España. Comprar un piso equivalía a algo más que resolver una necesidad material. Era una promesa de estabilidad, un mecanismo de integración y también una forma de gobierno. En Generación inquilina (Capitán Swing), Javier Gil reconstruye esa historia y la conecta con el presente para mostrar cómo el mercado inmobiliario se ha convertido en uno de los principales dispositivos de desigualdad del capitalismo contemporáneo.

El libro tiene una virtud poco frecuente. Parte de una investigación sólida, pero renuncia al lenguaje cerrado de la academia para intervenir en un debate público atravesado por lugares comunes, simplificaciones y falsas salidas. Gil analiza el paso de la sociedad de propietarios a una nueva etapa marcada por el alquiler permanente, la concentración de vivienda en manos de grandes actores financieros y la aparición de una generación que vive bajo un régimen de precariedad habitacional estructural. “La vivienda en propiedad ha funcionado como un dispositivo político”, resume. Y añade otra idea que recorre toda la conversación. “La generación inquilina es un sujeto de explotación, pero se puede transformar en sujeto político y tiene las llaves del cambio”.

Hablamos con él sobre el trabajo de investigación detrás del libro, el papel de las políticas públicas en la construcción del modelo español de propiedad, la financiarización del mercado de la vivienda, la fuerza política de los fondos de inversión y las posibilidades de articular una salida democrática a una crisis que ya no afecta solo al acceso a la vivienda, sino al conjunto de las condiciones de vida.

Durante décadas en España se fomentó la propiedad como modelo dominante de acceso a la vivienda, siguiendo aquella frase del ministro franquista José Luis de Arrese. ¿Qué papel han tenido las políticas públicas en la construcción de ese modelo?

Han sido centrales. España no solo siguió ese modelo, sino que fue punta de lanza de una forma de organizar la cuestión de la vivienda que luego se impulsaría también en otros países, por ejemplo, en el Reino Unido de Thatcher. La idea era transformar a la población en propietaria para evitar el conflicto de clases, para generar un mecanismo ideológico y un dispositivo político. La vivienda en propiedad ha funcionado como un dispositivo político.

En el caso español esto fue muy claro. Era una forma de integrar a toda esa población obrera que se estaba constituyendo en las periferias de Madrid, Barcelona y otras ciudades. La lógica era muy sencilla: Si las conviertes en propietarias, las haces conservadoras. O por lo menos reduces el antagonismo, introduces una expectativa de estabilidad y una vinculación con el orden existente.

Luego eso se vio también en otros contextos. Thatcher, mientras destrozaba a los mineros, transformaba a parte de la población que vivía en vivienda pública en propietaria de su vivienda. Y ese modelo funcionó. El neoliberalismo ganó la batalla ideológica y política en buena medida así, articulando procesos de desposesión de forma relativamente pacífica. Hubo conflicto, claro, pero también una capacidad muy grande de integración.

Yo siempre pongo un ejemplo muy concreto: mi madre, votante del Partido Comunista, se compra un piso en Vallecas en 1982. Es decir, una parte del mundo obrero y de la izquierda se lanzó también a la propiedad como forma de asegurar su vida. Ese es el éxito histórico de ese modelo. El problema es que ese modelo salta por los aires en 2008. Y ahí empieza otra fase.

Ahora, sin embargo, parece que estamos ante una vuelta de tuerca. Mucha gente vuelve a querer ser propietaria, pero igual con perspectivas distintas. ¿Cómo entiendes este retorno del sueño de la propiedad?

Como un síntoma de que no hay alternativa socialmente articulada. La gente sabe que no puede vivir de alquiler en condiciones dignas, porque vivir de alquiler es ser cautivo de un rentismo que impide tener una vida estable o acceder a un bienestar mínimo. Entonces hay que huir del alquiler y solo queda la propiedad. Pero eso no significa que la propiedad sea la solución. Lo que significa es que no hemos construido otras salidas.

La propiedad es una salida que ya se probó y fracasó. Genera desigualdad, genera especulación y vuelve a poner en marcha dinámicas parecidas a las de los años 2000. Y además hoy hay un elemento añadido, que es que la extrema derecha está disputando precisamente ese horizonte. Lo que quiere la extrema derecha es una población española que se sienta clase media, que acceda a la propiedad, mientras se excluye a una población pobre o migrante que quedará condenada al alquiler, a la precariedad y a una ciudadanía degradada.

Por eso, desde posiciones transformadoras, lo que necesitamos no es volver al viejo sueño, sino impulsar nuevos paradigmas de vivienda. Formas de propiedad y de acceso que tengan que ver con lo público, con la cesión de uso, con lo colectivo. Que ya no sea la propiedad individual lo que garantiza el bienestar, sino instituciones de bienestar sostenidas desde otras formas de organización.

Cuando hablas de un nuevo paradigma, ¿de qué estás hablando exactamente?

De romper con una concepción de la propiedad que viene de muy lejos y que la entiende como un poder casi absoluto. Hay toda una tradición jurídica y política que identifica propiedad con capacidad de uso y abuso, es decir, con la posibilidad de hacer prácticamente lo que quieras con un bien. Pero eso está en cuestión. De hecho, ya lo está socialmente.

Lo interesante es que una parte importante de la población empieza a decir basta. Empieza a asumir que este sistema de propiedad no vale, que no sirve para sostener una vida digna. Hemos visto encuestas donde una mayoría importante está a favor de poner límites al número de viviendas que puede tener una persona. En Berlín, por ejemplo, hubo un referéndum en el que el 56% votó a favor de expropiar viviendas a los grandes caseros de la ciudad.

Eso muestra que no se trata solo de qué dice la ley ahora mismo, sino de la potencialidad política de transformarla. Porque además en España y en Europa la propiedad privada no es un derecho absoluto. Tiene límites, tiene función social. El problema no es jurídico en sentido estricto. El problema es político. Hay herramientas para intervenir en el mercado y transformar la relación con la propiedad, lo que ocurre es que hay muchísimo dinero en juego y una oposición fortísima por parte de quienes concentran la propiedad, el capital y el poder.

En el debate público se habla mucho de fondos buitres o fondos de inversión, pero a menudo sin explicar bien quiénes son ni cómo operan. ¿Qué tipo de actores estamos describiendo cuando hablamos de ellos?

Estamos hablando de los instrumentos que han encontrado las grandes oligarquías internacionales para agrupar su dinero, organizarlo y defenderlo de manera colectiva. Son una especie de sindicato de los más ricos. Un fondo de inversión lanza productos para invertir en el sector inmobiliario en Europa, por ejemplo, y ahí ponen dinero gobiernos, fondos de pensiones, aseguradoras, grandes fortunas, instituciones financieras. Todo ese capital se canaliza hacia operaciones especulativas sobre vivienda en España, Portugal o donde toque.

Por eso digo que son actores que controlan el mundo en un sentido muy concreto. No porque decidan absolutamente todo, sino porque tienen capacidad real para definir políticas, para decidir dónde se invierte el dinero, para rescatar o ahogar países, para condicionar mercados enteros. Ahora mismo son el verdadero poder.

Y además hay un proceso de transferencia de propiedad muy claro. Mucha vivienda no solo ha pasado de manos públicas o bancarias a fondos de inversión, sino también de viejas burguesías locales a oligarquías financieras internacionales. El ejemplo típico es el de familias que tenían varios edificios enteros en el centro de Madrid o Barcelona, heredados, perfectamente rentabilizados, y a las que llega un fondo y les ofrece una cantidad enorme de dinero. De pronto esa propiedad cambia de escala y de lógica. Ya no está en manos de un rentista local, sino integrada en grandes circuitos globales de acumulación.

¿Entonces, hasta qué punto consideras que la política de vivienda en Europa y en España la están marcando los fondos de inversión?

Hasta un punto muy alto. Basta ver la relación entre política monetaria, regulación financiera y mercado inmobiliario. Los fondos de pensiones, por ejemplo, dejan de obtener rentabilidad en otros espacios cuando los tipos bajan y se desplazan al mercado inmobiliario a través de grandes gestores como Blackstone o Cerberus. Eso no ocurre en el vacío. Ocurre porque hay una determinada arquitectura política y monetaria que lo favorece.

Y luego está la dimensión del poder político directo. El fundador de Blackstone, por poner un caso, ha sido uno de los grandes donantes de Donald Trump y uno de sus principales asesores. Ese músculo económico se traduce también en capacidad de influir en leyes, en gobiernos, en orientaciones estratégicas. Por eso digo que la política de vivienda no la están decidiendo solo los parlamentos o los ministerios, sino un entramado mucho más amplio en el que los grandes fondos tienen una centralidad enorme.

Ante ese poder transnacional, ¿qué margen real existe a escala estatal?

Se pueden hacer muchas cosas. Otra cosa es que haya voluntad política de hacerlas. Gran parte del nuevo paradigma de vivienda se puede impulsar a nivel estatal. Técnicamente, muchas medidas son perfectamente viables. El problema es que no se atreven.

Un ejemplo muy claro: todo el dinero barato que llegó desde Europa, los fondos Next Generation y otros créditos blandos, se podría haber utilizado para comprar vivienda. No para construir sin más, sino para intervenir en operaciones especulativas entre fondos. Blackstone está vendiendo parte de las viviendas que compró a través de la antigua cartera de la banca en Madrid. Esas viviendas podrían comprarse ejerciendo derecho preferente de compra, por el mismo precio, y sacarse al alquiler por debajo del precio de mercado. Con esos alquileres se podría pagar la hipoteca y aun así mantener precios más bajos. 

Por tanto, sí, hay restricción europea, hay poder económico transnacional, hay lobby y presión supranacional. Todo eso es cierto. Pero también hay margen estatal. Lo que falta es una decisión política de entrar en conflicto con ese modelo.

En ese punto aparece la “generación inquilina” como sujeto posible de cambio o emancipación. ¿Cómo ves esa batalla política e ideológica?

Yo ahí sí soy optimista en un sentido concreto. La generación inquilina es un sujeto de explotación, pero se puede transformar en sujeto político y tiene las llaves del cambio. Ahora bien, eso no ocurre solo: tiene que organizarse. Tiene que dejar de verse como un conjunto de individuos aislados y empezar a percibirse como parte de un mismo grupo social.

Ahí la referencia histórica es clara. Si vivimos en un capitalismo rentista, hay que hacer con él algo parecido a lo que el movimiento obrero hizo con el capitalismo industrial. Mediante lucha sindical, desobediencia civil y creación de nuevas instituciones colectivas. Eso es lo que permite generar cultura común, comunidad, fuerza social.

La clave es que inquilinos muy diferentes entre sí empiecen a vivir una experiencia común y a organizarse a partir de intereses compartidos. Que eso se exprese de forma antagónica frente a otro grupo que tiene intereses opuestos y que también se está organizando. Ahí empieza un proceso de formación de clase.

Y además esa generación inquilina tiene que disputar a la población propietaria, no entregársela a la derecha. Porque propietarios e inquilinos forman parte de la misma clase trabajadora en momentos históricos distintos. La derecha va a intentar separarlos, como hace con las campañas sobre ocupación o inseguridad. Pero la cuestión es articular una alianza más amplia, porque también quienes tienen vivienda en propiedad están amenazados por este capitalismo rentista que invade cada vez más ámbitos de la reproducción social.

La herencia sigue siendo un tabú político fuerte. ¿Es imprescindible repensar la herencia para abordar de verdad la crisis de la vivienda?

Sí, pero incluso iría más allá. Hay que intervenir antes de la herencia. Hay que replantear el sistema de propiedad y de concentración del patrimonio en nuestra sociedad. La herencia es uno de los momentos en los que eso se reproduce, pero el problema ya está antes. Lo que muestran los datos es que entre 2008 y 2024 se dispara la concentración de propiedad, es decir: no es solo que la generación inquilina no pueda comprar viviendas, es que otros las están comprando para especular con ellas y quedarse con la mitad del sueldo de quienes viven de alquiler.

Por eso ni siquiera lo planteo solo en términos morales. Es que la sociedad se está rompiendo. Este sistema genera malestar, desigualdad y una fractura cada vez más profunda. Cuanto más tarde se intervenga, peor será.

Y ya la última: ¿si pudieras aplicar una o dos políticas mañana mismo, ¿qué crees que debería hacerse?

De entrada, intervenir todas las compras especulativas de fondos de inversión con derecho de tanteo y retracto y lanzar un gran fondo público para comprar vivienda. En el libro calculo que con una operación así se podrían comprar hasta tres millones de viviendas. El mensaje sería clarísimo: aquí ya no se especula más. 

Y esas viviendas podrían ir a alquiler digno, por debajo del precio de mercado, porque el problema para muchísima gente no es pagar mensualmente una vivienda, sino la barrera de entrada inicial. Ahí es donde el Estado tendría que actuar.

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Las personas con menos recursos están más expuestas a los contaminantes, son más vulnerables a sus efectos y sufren peores consecuencias para su salud. Son las conclusiones del informe Ciudades frente al cambio climático. Reducir emisiones para ganar salud, publicado este miércoles por Salud por Derecho.

El documento analiza cómo esta desigualdad ambiental se traduce en lo que denomina una “triple vulnerabilidad”. En muchas ciudades, los barrios con menor renta suelen situarse cerca de grandes vías de tráfico o zonas con mayor carga contaminante. En estos entornos, las concentraciones de contaminantes pueden llegar a ser hasta un tercio más altas.

A esta mayor exposición se suman otros factores sociales que amplifican los riesgos para la salud, según indica el informe: las condiciones de vivienda, el tipo de empleo o el acceso a servicios sanitarios influyen en la capacidad de las personas para protegerse de la contaminación o reducir su exposición.

“La contaminación no es solo un problema ambiental, es una cuestión de salud pública y de justicia social”, explica Adrián Alonso, autor del informe y responsable de Incidencia Política de Salud por Derecho. “Las ciudades pueden reducir emisiones y mejorar el bienestar de la población si las políticas se diseñan teniendo en cuenta a las personas que están más expuestas”.

La mala calidad del aire es uno de los principales riesgos ambientales para la salud en Europa. Cada año provoca más de 253.000 muertes prematuras en la Unión Europea y reduce la esperanza de vida hasta en dos años. Además, el 97% de la población urbana respira aire con niveles de partículas finas superiores a los recomendados para proteger la salud. El impacto también tiene una dimensión económica. La contaminación del aire supone un coste medio de más de 1.200 euros al año por habitante en las ciudades europeas, debido a gastos sanitarios, pérdida de productividad y otros efectos asociados.

La exposición prolongada a contaminantes como las partículas finas o el dióxido de nitrógeno se relaciona con enfermedades respiratorias, cardiovasculares y metabólicas, así como con problemas en el desarrollo infantil, mayor riesgo de prematuridad y efectos sobre la salud mental.

Repensar las ciudades para mejorar la salud

El informe plantea que la contaminación del aire y el cambio climático están estrechamente vinculados, ya que comparten causas y también soluciones. La quema de combustibles fósiles en el transporte, la generación de energía y la industria está en el origen de ambos problemas. En las ciudades, el tráfico motorizado es la principal fuente de emisiones contaminantes.

Aunque los vehículos de mercancías y transporte de personas representan solo alrededor del 13% de la flota, son responsables del 51% de las emisiones de óxidos de nitrógeno en la Unión Europea. Entre las intervenciones analizadas destacan medidas urbanas que reducen el tráfico motorizado y recuperan espacio público para las personas, como las zonas de bajas emisiones, las calles escolares o el rediseño de barrios para favorecer la movilidad activa.

La evidencia muestra que estas políticas pueden tener impactos relevantes. Las calles escolares (sin tráfico) han logrado reducciones de entre el 23% y el 33% en los niveles de dióxido de nitrógeno en entornos cercanos a centros educativos. Además, el Instituto de Salud Global de Barcelona estima que la implantación completa del modelo de supermanzanas en Barcelona podría evitar hasta 667 muertes prematuras al año gracias a la reducción de contaminación, ruido y calor urbano.

El documento advierte de que centrar la solución únicamente en sustituir coches de combustión por eléctricos es insuficiente. Aunque eliminan las emisiones del tubo de escape, no resuelven otros problemas asociados al modelo actual de movilidad urbana. Un atasco de coches eléctricos sigue siendo un atasco, ocupa espacio, genera partículas por el desgaste de frenos y neumáticos y mantiene la congestión en las ciudades.

Por ello, sostiene que la prioridad debe ser reducir la dependencia del coche privado y recuperar espacio urbano para las personas. Para lograrlo, plantea reforzar el transporte público, facilitar desplazamientos a pie o en bicicleta y renaturalizar el espacio público. Estas alternativas, además de reducir emisiones, tienen beneficios directos para la salud, ya que fomentan la actividad física y ayudan a prevenir enfermedades cardiovasculares y otras patologías crónicas.

Reducir la contaminación sin ampliar la desigualdad

El informe también advierte de que las políticas climáticas y urbanas pueden generar efectos no deseados si no se diseñan teniendo en cuenta la equidad social. Algunas intervenciones destinadas a mejorar el entorno urbano pueden provocar procesos de encarecimiento de la vivienda y desplazamiento de residentes vulnerables.

Para evitarlo, Salud por Derecho defiende que las políticas de movilidad y urbanismo deben incorporar alternativas de transporte asequibles y accesibles para toda la población y garantizar que los beneficios de las mejoras ambientales se distribuyan de forma equitativa: «Diseñar las ciudades con criterios de salud y equidad permite que las políticas de reducción de emisiones mejoren también la calidad de vida y contribuyan a reducir las brechas sociales».

En este contexto, la nueva Directiva europea de calidad del aire, que fija objetivos más estrictos para reducir la contaminación en los próximos años, abre una oportunidad para impulsar políticas urbanas que mejoren la salud de la población y reduzcan desigualdades.

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Este reportaje forma parte del dossier ‘Obreros de ultraderecha’. Puedes conseguir la revista y suscribirte en el kiosco de ‘La Marea’.

Lo dicen todas las encuestas. Lo vemos en la tele, en la calle. Lo escuchamos en las conversaciones más cercanas. Nos salta en nuestras redes sociales. No hace falta irse a lugares remotos para darse cuenta (de una vez por todas) de cómo la ultraderecha está ascendiendo peligrosamente, a base de ruido, de desinformación, de mentiras, a golpes de Trump, en todo el mundo. Con Kast en Chile, con Milei en Argentina, con Meloni en Italia, la lista es larga… Con Vox como estandarte en España y Ayuso como principal valedora. Y sí, como si no fuera con nosotros, como si los obreros que se decantan por estos partidos vivieran realidades diferentes a las nuestras, siempre nos hacemos la misma pregunta con esa incredulidad que suscita que políticas, en muchos casos contrarias a los derechos humanos, estén consiguiendo el apoyo de la ciudadanía: ¿por qué la clase obrera vota cada vez más a la ultraderecha si supuestamente gobierna en contra de sus intereses?

Sumados a la apatía y el hartazgo que provocan las opciones políticas que históricamente han reivindicado la defensa de los trabajadores, los sentimientos y afectos generados a través los discursos de partidos como el liderado por Santiago Abascal, Se acabó la fiesta (SALF) o Aliança Catalana en Catalunya están terminando de desplazar la conciencia de clase en este país, según los diferentes analistas consultados para este reportaje.

La imagen del currela sin estudios universitarios votando de forma disciplinada a la izquierda tiene ya, a estas alturas, más de imagen mitológica que de real, describe gráficamente el investigador en el Instituto de Filosofía del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) César Rendueles, que incide no solo en el cambio de voto, sino en la necesidad de cambiar el análisis para entender por qué se produce ese viraje: «Entre la izquierda se da una especie de ilusión intelectualista y moralista que nos hace pensar que el voto es resultado de un proceso de análisis complejo y concienzudo, pero no vivimos en las relaciones de producción».

Esas relaciones, al igual que las económicas, que sí pueden marcar la clase social a la que pertenecemos, aparecen mediadas por las emociones, «por la vida cotidiana y la relación con los demás», prosigue Rendueles. «Los sentimientos son un motor político de primer orden. Es algo que nos cuesta muchísimo aceptar y tendemos a creer que las personas más humildes que se decantan por la extrema derecha son malvadas o idiotas, pero no es así», afirma. Estudiar la composición de clases en España no es tarea fácil. Para poder analizar la población con gravísimas dificultades económicas para llegar a fin de mes o en una situación de pobreza relativa o material severa, hay que fijarse en el 30% de quienes menos ganan. «Los intereses de esas personas no están en el programa electoral de ningún partido», explica el investigador del CSIC.

Es decir, mencionar palabras como «obreros» y «asalariados», o conceptos como «clase trabajadora» en los discursos políticos puede llegar a movilizar a algunas personas, «pero su uso abusivo viene cuando creemos que así se movilizan los intereses de todo el mundo», reflexiona Rendueles. En todo ese viraje, según las fuentes consultadas –desde especialistas a particulares–, la migración, la inseguridad y la incertidumbre se convierten en los factores más repetidos.

Jesús C. A., transportista autónomo de Granada, tiene 44 años y lleva más de media vida, desde los 21, en la carretera: «Yo siempre he escuchado decir a mi padre que la izquierda era el partido del obrero». Ahora asegura sentirse cada vez más inseguro «con leyes que defienden al delincuente», por lo que ha decidido dejar al PSOE a un lado y apoyar al partido de Abascal. Para este camionero, los avances logrados en materia de derechos laborales por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, con Yolanda Díaz al frente, al final no se materializan en el día a día del trabajador y simplemente «sirven para exprimir al empresario».

Jesús señala la migración como uno de los principales asuntos que le han hecho cambiar su voto. «Estoy harto de ver cómo el Gobierno se llena la boca diciendo que da ayudas. Está feo decirlo, pero aquí parece que solo te las dan si tienes apellido marroquí o eres de etnia gitana», sostiene. En España, sin embargo, no existe ningún procedimiento administrativo que priorice la adjudicación de ayudas según la procedencia de las personas y, a pesar de ello, es un bulo que se ha extendido como la pólvora. De todas formas, en ese contexto, el camionero granadino recalca que es la inseguridad lo que le hace pensar que Vox «es el único partido que tiene un plan para frenarla».

El chivo expiatorio

La evidencia científica constata que hay una desalineación muy clara entre la clase a la que se pertenece y la ideología de cada uno, sostiene Manuel Rodríguez, consultor político y de innovación social en Cámara Cívica, una entidad de economía social especializada en acercar la política a la ciudadanía mediante la divulgación, la educación y la comunicación política. Según los últimos estudios realizados y citados por este politólogo, existe una percepción social cada vez mayor de la desconexión entre los partidos de izquierda que dicen representar a la clase obrera y las preocupaciones de esa misma clase. «A la vez, la derecha radical ya no siempre es elitista, así que también puja por ese voto», añade.

El discurso de la extrema derecha también se basa en ideas como la igualdad, pero siempre desde un punto de vista excluyente. «Algo así como esa idea de que un español tiene derecho a vivir bien y son los inmigrantes los que le quitan el trabajo y los servicios públicos. Así señalan un chivo expiatorio, un enemigo, y se genera un integrismo contra una supuesta amenaza externa», destaca. Marta G. Alcántara tiene 47 años y trabaja en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Conduce las pasarelas telescópicas que unen el avión con la terminal, y vive en Vicálvaro, un barrio al este de la capital. Estudió en la escuela pública y proviene de una familia humilde. A lo largo de su vida, ha trabajado cuidando niños, en una gasolinera, en un locutorio y limpiando, hasta que llegó al aeropuerto en 2006 con la apertura de la T-4. En su casa siempre fueron de izquierdas, dice, pero ella se decanta por la derecha: «Me parecen todos el mismo perro con diferente collar, pero esto de la corrupción en la izquierda… Es que roban a los curritos».

También considera que la derecha es «más seria» con la inmigración, una cuestión que considera en estos momentos como «descontrolada». Alcántara dice que aún no ha votado a la ultraderecha, aunque conoce a gente de su alrededor afín a la izquierda que ya ha apoyado en las urnas al partido de Abascal. Según una encuesta del instituto 40dB. para El País y la Cadena SER, Vox se dispara al 18% y eleva a 13 puntos la ventaja del bloque de la derecha sobre la izquierda.

Las entrevistas se realizaron entre el pasado 29 de diciembre y el 5 de enero, es decir, después de la intervención de Donald Trump sobre Venezuela y la captura de Nicolás Maduro, que Santiago Abascal apoya sin fisuras. De este modo, la tesis planteada por los especialistas consultados ve como un error pensar que el voto se decide tras un análisis de las condiciones materiales de vida. Lo que realmente define el voto, según los expertos, tiene que ver con constructos como la pérdida de la identidad nacional, la amenaza cultural o preocupaciones vinculadas al estilo de vida. «Estos son aspectos mucho más importantes de lo que nos creemos», insiste Rodríguez, que ilustra la idea con ese pensamiento ligado a la batalla del penúltimo contra el último: «Bien, yo soy un español, un currela, pero lo que no voy a permitir es que alguien de otro país esté por encima de mí en el mío propio».

Esa idea de «los españoles primero» es la que ha conseguido que Santiago Martínez se decante por Vox y el PP. Él es camarero, tiene 32 años y vive en casa de sus padres, en Alcalá de Henares: «Yo voto a la derecha pero me han catalogado los demás como facha. Sí es verdad que mis ideas están más ligadas al patriotismo, no a la política partidista, sino a la unión de la nación».

Intentó vivir independizado, pero con su sueldo solo podría «sobrevivir», así que decidió volver con sus progenitores. La vivienda es otro tema crucial para él. «Los alemanes y los belgas han comprado toda la Costa del Sol y sus casas están vacías. ¿Eso qué mueve la economía? ¿Solo en verano? Y los pisos vacíos de los bancos deberían salir a unos precios razonables», se pregunta. Sobre la migración, Martínez, como otras personas entrevistadas que han cambiado su voto, también cree que «ha crecido demasiado». Desde su punto de vista, es un fenómeno que se debería haber controlado. «Si decía algo así hace unos años me podían llamar racista, pero ahora no. Eso sí que ha cambiado», indica. Esta normalización de los discursos xenófobos está contribuyendo también al crecimiento de potenciales votantes de izquierda entre la extrema derecha.

Pese a todo, este camarero admite haber votado a PACMA en las últimas elecciones europeas. Sin embargo, en el caso de los comicios municipales de 2023, la papeleta que introdujo en la urna, según indica, fue la de Vox. También dice que votó a Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid. «En Alcalá quería hacer más daño, ser más drástico y castigar de forma más severa, así que decidí buscar el extremo», explica el trabajador.

Contra el feminismo

La extrema derecha también ha sabido explotar el aspecto más social. Por un lado, una de sus banderas es la lucha contra el movimiento feminista, las políticas públicas encaminadas a la igualdad de género y lo que consideran como «chiringuitos subvencionados». La misma trabajadora del aeropuerto Marta G. Álcántara, sin haber votado a Vox, ha comprado parte del discurso ultra al asumir postulados como el siguiente, referido a la violencia machista: «No me considero feminista porque hay mujeres que pueden abusar o maltratar a un hombre». Por otro lado, estos partidos son los primeros en articular discursos xenófobos contra el migrante con el tan repetido «cuidado que vienen a ponerle el burka a tu mujer». «Y hacen lo mismo con el colectivo LGTBI. No quieren que lo llamen matrimonio, o que tengan hijos, pero no van a permitir que los extranjeros apedreen a los homosexuales patrios», ejemplifica el consultor.

Anita Fuentes, investigadora en el Instituto de Estudios Feministas de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), afirma que la precariedad y la incertidumbre reinantes también han activado unos «sentimientos muy masculinistas, nacionalistas y xenófobos, en lugar de impulsar una lucha de clases orientada a un mundo más justo e igualitario para todas». Esta especialista en cultura digital y estudios culturales reconoce que «la derecha da respuestas muy simples a problemas muy complejos». Y, como otros expertos, insiste en el chivo expiatorio, como las mujeres, las disidencias sexuales o las personas migrantes y racializadas.

Desde su punto de vista, la izquierda «se ha dejado absorber por el neoliberalismo y no realiza propuestas ambiciosas» al mismo tiempo que «la derecha ha ofrecido narrativas muy potentes a las que la gente con dudas le ha venido muy bien agarrarse». En definitiva, considera que la izquierda española se ha derechizado. Eso ha sido posible, en parte, por las plataformas digitales y redes sociales, con sus coaches e influencers de referencia, que han consolidado estas ideas alrededor de la decepción con la izquierda. «Estas aparentes contranarrativas han tenido mucho que ver. Milei es el ejemplo perfecto. Es el presidente de Argentina, pero también un trol en las redes. El ámbito digital no se debería obivar a la hora de pensar por qué la derecha gana cada vez más adeptos», reflexiona Fuentes.

Las contradicciones

Estefanía C. M. ha tenido varios trabajos a lo largo de sus 33 años. Ha sido socorrista, electromecánica, comercial y actualmente estudia una FP superior de Informática en un instituto público. Vecina de Fuenlabrada, al sur de la Comunidad de Madrid, también afirma que la «inmigración descontrolada» es lo que le ha hecho apoyar a la derecha. «He votado a la izquierda toda mi vida hasta que me cansé. La última vez voté a Sumar, y hoy votaría a la derecha o a SALF», cuenta siendo consciente de que, al pensar en el partido liderado por Alvise Pérez, está cayendo en una contradicción: «Está en contra de mí, porque pertenezco al colectivo LGTBI». Esa lucha contradictoria consigo misma se ve sustentada en factores más allá de la renta o la clase social: «España debería ser católica porque siempre ha sido cristiana, aunque cada vez haya más ateos», asegura.

Ambivalente también ha sido el voto de Fran Capitán, profesor de Lengua y Literatura en un instituto de Madrid. Tiene 50 años y se crio en Getafe, procedente de una familia obrera. Admite haber votado a IU, al PSOE, al PP y a Vox, aunque a este último únicamente en las primeras elecciones europeas a las que se presentaron. «Yo creo que el descontento con la izquierda viene de la corrupción y de un cansancio del bipartidismo. Con la derecha funcionan mejor las cosas, a pesar de los pesares», opina este docente que, cuenta, siempre soñó con ser periodista.

Eduardo Fernández, politólogo del Instituto Juan de Mariana, incide en la inclusión en la agenda ultra de temas como el feminismo, el ambientalismo o la identidad sexual. «El voto lo decide una amenaza de riesgo en lo que muchas veces son cambios de carácter cultural». En este sentido, señala que aquella persona autodenominada obrera también puede ser conservadora y valorar ideas emblemas de la derecha, como el orden, el concepto de nación, ciertas tradiciones y la defensa de la homogeneidad cultural. Sin embargo, que se perciba ese riesgo no significa que exista.

«En el voto se mezclan muchos factores y normalmente se suele hablar de la identidad como si fuera algo simple, cuando somos individuos complejos con muchas identidades», analiza el politólogo en referencia a la experiencia personal de Estefanía, la estudiante de Fuenlabrada.

En el caso concreto de Vox, el politólogo precisa que ha encontrado un importante nicho que explotar: el trabajador conservador culturalmente pero que apoya cierto proteccionismo de carácter económico. «Esas dos variables, conservadurismo cultural y proteccionismo, abren hueco para competir electoralmente en un espacio que no había ocupado ningún partido hasta ahora», asume.

Fernández también destaca la «polarización afectiva», siguiendo de ese modo la tesis planteada por el catedrático de Ciencia Política de la Universitat Pompeu Fabra Mariano Torcal en De votantes a hooligans. La polarización política en España (Catarata, 2023). Esta realidad encuentra su razón de ser en cómo las emociones, de nuevo, pueden crear estados de percepción que, más tarde, se materializan en el voto.

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Así seducen los líderes ultras a la clase trabajadora

Donald Trump, presidente de EE. UU.

Enero de 2026

«Durante mucho tiempo, comprar y ser propietario de una casa fue la máxima expresión del sueño americano. Era la recompensa por el trabajo duro y por hacer lo correcto, pero ahora, debido a la inflación provocada por Biden y los demócratas, ese sueño está fuera del alcance de demasiadas personas, especialmente de los jóvenes estadounidenses».

Isabel Díaz Ayuso, presidenta madrileña

Mayo de 2022

«No hay clases sociales como nos intentan vender desde la izquierda. En Madrid, ganas con el respeto, la ilusión y los proyectos comunes. Nos han intentado vender que, por el origen y por el bolsillo, nos tenemos que enfrentar entre nosotros. Intentan provocar odios, colectivizar y llevar a la gente a las urnas a través del agravio».

Santiago Abascal, presidente de Vox

Mayo de 2024

«Cualquiera de vosotros, si tenéis un plato para vuestros hijos se lo dais primero a vuestros hijos; y si podéis, luego al vecino, y luego a alguien próximo. Aquí no nos sobra; aquí hay muchos jóvenes que no tienen futuro, que no encuentran trabajos adecuados para el esfuerzo que han hecho… Nosotros venimos a decir aquí que las primeras ayudas para los de aquí».

J. Antonio Kast, presidente electo de Chile

Mayo de 2025

«Chile está funcionando al revés: los delincuentes están libres y los ciudadanos honestos viven encerrados. El Plan Implacable es la respuesta firme que millones de chilenos estaban esperando. Pondremos fin a la criminalización de víctimas que se defienden».

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Los deseos que no se cumplieron con la izquierda

La protagonista de Pipas (Pepitas de calabaza, 2024), de Esther L. Calderón, dice: «La primera generación de adolescentes nacidos en democracia tuvo el mandato de imaginar, pero no imaginar cualquier cosa ni de cualquier modo, sino aquello que serviría para encarnar los deseos frustrados de sus padres y abuelos».

Y esos deseos imaginados no se cumplieron. De ahí la decepción de mucha gente que se politizó al albor del 15-M. «Eso produce un poso muy rentable para las extremas derechas que aportan otro tipo de soluciones a los problemas que no resuelven ni PP ni PSOE», argumenta el periodista Miquel Ramos, experto en movimientos de ultraderecha.

De esta forma, el voto obrero que va a parar a la derecha no lo hace porque le vaya a beneficiar en cuanto clase trabajadora, sino porque le ofrece otra cosa. «Puedes votar a la derecha aunque vaya contra tus intereses de clase únicamente porque apoyas su actitud frente al feminismo o porque te ofrece un lugar seguro más allá de la clase en ideas como la masculinidad o la patria», prosigue Ramos.

El periodista considera que la extrema derecha ha sabido desencorsetarse para llegar a un público diferente con un particular tipo de mensaje. Y subraya que la derecha ha sido muy hábil a la hora de ser potable para muchos públicos que se salen del cliché del facha clásico. «Se rompen los moldes. Estamos en un momento en que tu condición sexual, identidad de género o creencia religiosa no condiciona el voto, no significa apenas nada», concluye.

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“Mujeres de alto valor. No dejaremos que el pasado avance”. Este es el lema de la campaña institucional del Gobierno para este 8-M, Día Internacional de las Mujeres, que vuelve marcado por los cada vez más largos tentáculos de la ultraderecha. Ese poder se ha empezado a notar también en el voto, un ámbito bastante a salvo, hasta ahora, entre las mujeres. 

Según un reciente estudio del investigador Javier Carbonell, director del Future Policy Lab, se está produciendo una ultraderechización de las jóvenes en España y en Europa ligada a la falta de futuro, a la situación económica y aupada por ese pasado idealizado que venden partidos como Vox. La curva no es tan elevada ni va tan rápida como en el caso de los jóvenes, pero existe, como constata el estudio de Carbonell, titulado Una habitación propia es todo lo que puedes permitirte: por qué las mujeres jóvenes se mudan a la extrema derecha. Así lo expresa el investigador en este artículo: “Los partidos de extrema derecha en toda Europa están erosionando lo que alguna vez fue una división de género pronunciada en sus electorados”.

La campaña del Gobierno, protagonizada por la actriz Ángela Molina, se centra en fenómenos potenciados a través de las redes sociales como el de las tradwives, las jóvenes que aspiran a ser tratadas como princesas, o las que se han denominado mujeres de ‘alto valor’, que promueven una feminidad ligada a la sumisión, a la vuelta de las mujeres a la órbita doméstica y a la dependencia económica del hombre.

En este contexto, la violencia digital contra las mujeres se presenta no como un fenómeno marginal, sino estructural: el 70% de las denuncias en canales especializados corresponden a este tipo de violencia, que incluye cualquier acto cometido, asistido o amplificado por TICs que causa daños físicos, sexuales, psicológicos o políticos, según la definición de ONU Mujeres. El mecanismo de agresión se articula a través de la «manosfera» y se amplifica mediante algoritmos que premian la polarización. 

“Este fenómeno afecta desproporcionadamente a mujeres con voz pública –políticas, periodistas y activistas– con una finalidad disciplinadora orientada a su silencio y a la erosión de la calidad democrática”, recoge un informe elaborado por el Ministerio de Igualdad. De ese grupo, las periodistas representan el colectivo más atacado, con el 73%. Según el mismo estudio, el 80% de las mujeres jóvenes en España ha sufrido acoso en las redes sociales, una de cada cinco niñas sufre violencia sexual en línea y, a escala internacional, el 70% de las mujeres ha experimentado alguna forma de violencia online.

Muchas de las manifestaciones que hoy recorrerán España –con convocatorias diferentes en las mismas ciudades, como viene siendo habitual en los últimos años– salen a la calle también con la idea de poner freno al retroceso y recordar conceptos básicos puestos en la diana como el mismo término feminista. Así, por ejemplo, el lema de Comunicadoras Granada, es: Soy feminista. “Con esta iniciativa, buscamos visibilizar aquellos gestos cotidianos que construyen igualdad y desmontan los prejuicios y la imagen distorsionada que a menudo recae sobre el feminismo”, explican en una nota. 

Desde la Comisión 8M del Movimiento Feminista de Madrid, muy crítica con el Ministerio de Igualdad y su reciente cambio de terminología para referirse a los feminicidios –asesinatos machistas por homicidios– reivindican la trayectoria histórica del feminismo, comenzando por la lucha contra el franquismo. Su lema este año es: Feministas antifascistas. Somos más en todas partes. Y critican el profundo neoliberalismo en un duro manifiesto:

“Nos enfrentamos a un puñado de mierdas tristes que va a quemar el planeta para ganar aún más dinero y poder, que trata la vida como un videojuego. Son hueco, carencia, codicia. Y son cutres. En lugar de cuidar la tierra, sueñan con vivir en Marte o en un búnker. Con toda la tecnología en sus manos, lo que diseñan es un filtro para desnudar mujeres. Pudiendo reducir la pobreza, montan Quirones y Riberas”. 

“Gobiernan para inaugurar chiringuitos, para dar medallas o para vender gorras. Invaden y masacran para especular con complejos vacacionales. Colonizan lo que creen que pueden explotar: los cuerpos trabajadores y los cuerpos enfermos. Las tierras, las mujeres, las personas migrantes. Atacan lo que saben que no pueden controlar: a las mujeres que decidimos sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas, a las disidencias que desafiamos su binarismo, a las neurodivergencias que desafiamos su normalidad. Desechan lo que no pueden rentabilizar. Pero somos más. En todas partes”.

Desde Libres y combativas, organizaron el pasado 28 de febrero un acto específico en el que recordaron la lucha de las mujeres trabajadoras: «La historia lo demuestra. Frente al nazismo, frente al fascismo, frente al franquismo… miles de mujeres se organizaron, resistieron y lucharon. No fueron víctimas pasivas: fueron combatientes, militantes, organizadoras, sindicalistas, milicianas y referentes políticas. En el Estado español, mujeres vinculadas a la izquierda obrera y al movimiento antifascista defendieron la libertad frente al golpe militar y la dictadura franquista. En Alemania, Italia y otros países, las mujeres jugaron un papel decisivo en la resistencia contra el nazismo y el fascismo».

Y añaden: «Hoy, cuando vemos cómo partidos como Vox difunden discursos machistas, racistas y reaccionarios, cuando se cuestionan derechos fundamentales conquistados con décadas de lucha obrera, es más necesario que nunca recuperar esa memoria y convertirla en fuerza organizada».

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