Todavía nadie sabe por qué aquel 5 de enero de 1939 decidió inscribirse en el Registro Civil con el nombre de Juan Carlos Beese Rodríguez. Esa es la gran incógnita que aún sobrevuela a la hora de hablar de la que siempre se dio a conocer, firmó y se refirió a ella misma con el nombre de Margarita Juana. La periodista Andrea Momoitio, convertida durante tres años en buscadora de la respuesta que nunca llegó y biógrafa accidental de una historia que estaba por contar, publica Farsante. Una historia queer en la Falange (Libros del KO, 2026).
A caballo entre su Santa Cruz de Tenerife natal y Madrid, capital de su educación y desmanes, Margarita deja tras de sí una juventud repleta de mentiras que transitó entre la Residencia de Señoritas, su adhesión y predicamento a favor de la Falange, la cárcel y una muerte que llegó en Alemania bajo las bombas aliadas.
La investigadora Yanira Hermida Martín fue la primera que indagó en la vida de Margarita. Momoitio tomó su testigo y todavía ahora fantasea con que aparezca una tercera persona que pueda reconstruir un hilo desvencijado por el paso del tiempo, el silencio y el estigma. “Todo lo que nos queda por saber tiene que ver con su intimidad, y de eso no queda rastro. A mí ya se me acabó la imaginación”, acepta la periodista.
La más que entendible resignación que se apodera de Momoitio ante la falta de respuestas no impide vislumbrar toda una obra repleta de información. Sí sabemos que Margarita nació el 24 de junio de 1896, en el número 27 de la calle Duggi, en la finca de don Bruno, su padre, alemán. “Si no fuera porque no puede ser, creeríamos que no tuvo infancia”, escribe en su libro sobre Margarita la también autora de Lunática (Libros del KO, 2022). A los 19 años, en octubre de 1915, la tinerfeña ya firmaba en la prensa.
Una conservadora en el Madrid efervescente
Sus ansias de formación la llevaron a recalar en Madrid por primera vez a finales de abril de 1920. Al año siguiente, ya formaba parte de la Residencia de Señoritas bajo la tutela de la pedagoga y humanista María de Maeztu. “Procedía de una familia de nuevos burgueses. No venía de una familia rica de cuna. Lo que querían era tenerla controlada”, explica Momoitio. Fue en esos años donde comenzó a mentir, farsear su vida, para conseguir saborear la capital un tiempo más allá del que quería su familia. Allí coincidió con compañeras como Victoria Kent, la misma que diseñaría la cárcel en la que llegaría a estar presa casi tres meses en 1940.
Pero para eso todavía quedaban numerosas vicisitudes que experimentar en su biografía incompleta. Por ejemplo, formar parte de un movimiento feminista que entonces también se encontraba dividido. “Ella defendió la corriente que apostaba por promover el acceso de las mujeres a algunos derechos, pero enmarcados en la educación. El objetivo era estar más formadas para ser mejores esposas y madres, no para desarrollar sus propias vidas, intereses y carreras profesionales”, explica Momoitio. Vinculada a la fe católica, se opuso al sufragio femenino.
En la CNT por miedo, en la Falange por convicción
Margarita ingresó en el cuerpo de Correos en 1922 y la guerra civil estalló cuando se encontraba destinada en Málaga. Mientras tanto, se había convertido en la directora de la revista Héroes, cargo que ocupó apenas unos meses. Materializó su adhesión a la Falange en mayo de 1934, seis meses después de que José Antonio Primo de Rivera la fundara en el Teatro de la Comedia de Madrid.
Momoitio no tuvo nada fácil cerciorarse de que esto era cierto. Solo lo hizo cuando en el archivo de Correos encontró una carta de la mismísima Pilar Primo de Rivera en la que pedía al jefe de Margarita que le otorgara un mes de permiso sin empleo y sueldo. “Dijo que era una camarada y que quería que trabajara para ella en Salamanca”, añade la periodista. Sucedió en diciembre de 1937.
Su militancia en la Falange la llevó a ser la delegada femenina del Sindicato Vertical en Málaga. Su objetivo era promover la sindicación de otras mujeres. Para conseguirlo, Margarita y otras como ella daban mítines en los que dejaban claro el papel secundario que deberían tener las mujeres, en el sindicato y en la sociedad en general.
Para entonces ya había superado el expediente de depuración iniciado por los sublevados contra ella. Se percataron de que, durante un tiempo, engrosó las filas del anarcosindicalismo con el carné de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT). Se defendió. Temerosa de que Málaga cayera bajo el “dominio rojo”, lo hizo para no tener represalias, testimonió en su momento.
Un delito penado con años de cárcel
La documentación analizada por Momoitio indica que Margarita hizo todo lo posible por escapar de su trabajo en Correos. Con una baja médica, recaló de nuevo en Santa Cruz de Tenerife a finales de 1938. La víspera de Reyes del año siguiente, decidió ir al Registro Civil para remendar el error cometido por sus progenitores al nacer: no haberla inscrito. Sin embargo, decidió hacerlo bajo el nombre de Juan Carlos Beese Rodríguez. La detención llegó el 10 de mayo. Durante seis días, el tiempo que su padre necesitó para conseguir la fianza, durmió en la prisión santacruceña de mujeres.
Ella aseguró en un primer momento que el cambio de nombre respondía a su afán de ir al frente de guerra en Alemania. Es decir, dar hasta su vida por los nazis. El fiscal lo advirtió desde el principio de la causa judicial: “Porque ser hombre o mujer da lugar a distintos derechos y obligaciones y distinto trato en las relaciones sociales”.
Las exploraciones médicas atestiguaron que no estaba claro que los caracteres sexuales secundarios y terciarios pertenecieran a un individuo de sexo femenino. “La voz, piel y el vello manifiestan una tendencia intermedia y algunos, francamente varoniles”, dejaron por escrito los médicos. Lo mismo sucedía con su aspecto psíquico. Clasificaron a Margarita como pseudohermafrodita o intersexual. Al mismo tiempo, cuestionada la propia Falange sobre si Margarita aparecía en sus listas, el partido joseantoniano renegó de su vástago.
Una penúltima huida
Nada evitó su condena, que llegó en abril de 1940. La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife determinó una pena de dos años, cuatro meses y un día de prisión por un delito de falsedad en documento público. También tuvo que pagar 2.500 pesetas de multa y parte de las costas del juicio. Pero el viaje no había terminado. En el tiempo que transcurrió hasta que la condena se hizo firme, Margarita marchó a la península sin autorización judicial para ello. “Dijo que nunca quiso eludir a la justicia y que lo hizo para cambiar de abogado”, explica Momoitio. Su padre, don Bruno, lo denunció.
La orden de búsqueda y captura pronto llegó a la capital. El 19 de octubre superó la puerta de la cárcel de Ventas, ideada por su antigua compañera de la Residencia de Señoritas Victoria Kent, para estar en ella 82 días. El 9 de enero de 1941, dos años después del intento fraudulento a ojos de la justicia de su inscripción en el Registro Civil, Margarita ya estaba de vuelta en Tenerife.
La escritora y periodista desconoce si Margarita realmente sentía cierta pulsión a socializar como un varón o su movimiento respondió a otros intereses. Nadie sabe ahora qué versión creerse: si realmente quería ir a luchar con la División Azul del lado de los nazis o se sentía un hombre y las personas se burlaban de ella, como también argumentó durante el procedimiento judicial. “Las mujeres falangistas de alguna manera se sentían por encima de la categoría general de mujeres. Yo creo que pretendía acceder a derechos o posibilidades que no tenía”, comenta Momoitio. A pesar de los recovecos que quedan en blanco en esta historia, la biógrafa se inclina por pensar que estamos ante una mujer cis, lesbiana, falangista y muy ambiciosa.
Muerta tras bombardeo aliado
En abril de 1943 cumplió la pena. Al final, consiguió marchar hacia Alemania. Recaló en un hospital psiquiátrico fundado en 1877 en la ciudad de Ahrweiler y en posesión del doctor Ehrenwall. Trabajó como enfermera. El 29 de enero de 1945, unas 200 bombas arrasaron la zona. Más de dos docenas de ellas fueron a parar a la clínica. Margarita murió, y con ella todo rastro a la respuesta todavía por descubrir: por qué decidió inscribirse en el registro como Juan Carlos.
En abril de ese año, don Bruno publicó la esquela de su hija en la prensa local de Santa Cruz de Tenerife. Su cuerpo reposa en el cementerio de esta ciudad alemana. Una placa con su nombre y el de las demás enfermeras fallecidas durante el bombardeo sirve de homenaje.
Momoitio asegura en su libro que nunca va a cansarse de conocer a esta farsante, a pesar de las contradicciones. “Ella pertenecía a ese grupo de personas que ganó la guerra e invadió el Estado español de represión y miseria”, apunta más adelante. Juan Carlos o Margarita inscriben así su nombre en los anales de las pequeñas historias, aquellas que nos construyen como sociedad, incluso alrededor de un círculo que, por el momento, no se ha cerrado. Preguntada una vez más Momoitio sobre el por qué de la decisión de la tinerfeña, concluye: “Vete tú a saber”.
La política está en la mirada, en la construcción de la secuencia, la inclusión de una música, en la decisión de qué se queda fuera de la cinta. Lo saben bien todos aquellos cineastas que se decantan por relatar una memoria antifascista, conscientes de que los numerosos obstáculos que encontrarán intentarán cercenar el pensamiento crítico que sus trabajos provocan en el público. En tiempos en los que el autoritarismo arrastra adeptos en todas las capas sociales y la imagen se convierte en vehículo principal a nivel comunicativo, la cultura comprometida con la justicia social y la memoria democrática se yerguen como un faro que ilumina el camino.
“En momentos en los que se impone la violencia, la represión, el genocidio, lo primero que destrozan es la cultura”, adelanta Eva Aladro Vico, catedrática de Teoría de la Información en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Esta especialista en comunicación, discurso mediático y estructuras de poder en los sistemas informativos fue una de las participantes de Cultura contra la barbarie: el cine como instrumento de resistencia antifascista.
La mesa, celebrada en el Teatro del Barrio este 24 de marzo, día en que se conmemoraron los 50 años del golpe de Estado en Argentina, e impulsada por el colectivo Atado y Bien Atado, estuvo presentada por la periodista y politóloga Irene Zugasti, quien planteó debates sobre la batalla cultural, el momento político actual y el cine social.
Del entretenimiento político a la cultura-anestesia
Amparo Climent, artista multidisciplinar y autora del documental Dolores Ibárruri. Pasionaria, galardonado con la Biznaga de Plata en Málaga en 2026, defiende que, para el fascismo, “la cultura es un elemento considerado subversivo al plantear una mirada completamente diferente”. La puntualización que realiza Vicent Monsonís, productor, guionista y director cinematográfico que acaba de estrenar la película de ficciónLa invasión de los bárbaros, marca el devenir de la mesa: “Yo no soy tan idealista. Hablamos de la cultura como término genérico, pero los fascistas también hacen cultura”.
Sustenta su afirmación en la experiencia propia. “Yo vengo de un territorio periférico como València, con gobiernos ultraconservadores durante décadas, y hacer cultura no era imposible. Era imposible para gente como nosotros, con cierto criterio, que defendíamos algunas posiciones y nos ubicábamos contra el poder”, dice el cineasta.
Monsonís opina que la idea tan arraigada de que el cine es únicamente entretenimiento procede de Estados Unidos. Lo plantea como si esta cultura-anestesia escondiera tras de sí otros objetivos también políticos. “Nos vendieron una industria en la que cuanto más entretenida parece una película, menos comprometida es. Pero no es así. Su carga ideológica es muy superior que aquellas que te apelan de forma directa y de una manera ideológica”, sostiene.
Por su parte, Climent, quien preside la Asociación Cultural Arte y Memoria, acepta que no tiene muy claro cómo diferenciar arte de entretenimiento. “Todo lo que se hace, absolutamente todo, tiene un objetivo político. No es solo la mirada que ponemos al escribir un guion. Hay muchas cuestiones que realmente están inclinando esa mirada hacia distintos lugares”, añade.
Del cine social al cine socializante
Ante la mirada impertérrita de las casi 20 fotografías de Olmo Calvo que forman la exposición Artículo47 y que abordan la lucha por la vivienda digna en el Teatro del Barrio, las participantes también charlaron sobre el cine social, con nombres como Ken Loach y Passolini como referencias. “Nosotras hacemos cine y que cada uno lo catalogue como considere. Yo soy militante de la memoria democrática de las mujeres, que está absolutamente olvidada y perdida”, sostiene Climent al respecto.
Sin embargo, existen productos culturales que abandonan la neutralidad para hacer del espectador una persona más ignorante, sobre todo si no abordan un tema vinculado directamente a lo ideológico. Así lo explica Aladro, quien se decanta por arrebatar el título de “cultura” a ese tipo de artefactos. Por otro lado, define como “fundamental y crucial” el cine social: “Te vincula con cosas que desconocías y que puedes llegar a sentir para entender las injusticias”. No hace falta irse a títulos grandilocuentes fuera de las fronteras españolas. Ahí queda la película de Los santos inocentes, que siempre nos enseñará quiénes son y qué hacen los señoritos.
Monsonís intenta profundizar en la cuestión con sus palabras. Además de pretender hacer cine social, como ocurre con La invasión de los bárbaros, también persigue realizar un cine socializante. Más allá de aquellos trabajos cinematográficos etiquetados como memorialistas pero centrados en biografías concretas, el cineasta valenciano asegura que prefiere dejar algo más de lado los personajes y centrarse en la sociedad. “Así toda la gente se siente interpelada y no piensan que han visto una historia ajena, sino que le hemos contado su propia historia”, señala antes de recalcar que echa de menos más películas que ayuden a crear vínculos y construir sociedad.
Un asesinato que no deja sangre
Aladro procede de la Facultad de Ciencias de la Información de la UCM, donde Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid y líder de un Gobierno con políticas que empobrecen la universidad pública, fue nombrada Alumna Ilustra en enero de 2023. El claustro no fue lo suficientemente fuerte como para forzar que no se produjera el nombramiento. “Hay interés en hundir a la universidad pública a través de informaciones periodísticas que publican medios con intereses en la educación privada”, asegura la docente. Y exclama: “Vivimos en un mundo de ilusiones de espectros que controlan absolutamente el sistema”.
En torno a la cuestión puramente cultural y memorialista, la catedrática señala: “La memoria es lo que nos mantiene vinculados con el pasado y nos proyecta al futuro. La cultura, cuando te la cargas, no deja huellas, es un asesinato que no deja sangre”. Asiente Monsonís con la cabeza, pero también con las palabras. Tal y como finaliza: “El cine es la herramienta más potente que tiene la cultura para expresarse, y eso es algo que los Estados Unidos saben bien, por eso llevan 100 años colonizándonos con su cine”.
“La sociedad española tiene un deber de memoria con las personas que fueron perseguidas, encarceladas, torturadas e incluso perdieron sus bienes y hasta su propia vida en defensa de la Democracia y la libertad”. Así reza la Ley de Memoria Democrática, aprobada en octubre de 2022, cuya disposición adicional vigésima, publicada el pasado 4 de marzo en el BOE vía real decreto, deja fuera del derecho de indemnización a aquellos fallecidos, también en defensa y reivindicación de las libertades y derechos democráticos, posteriores al 29 de diciembre de 1978, día en que se aprobó la Constitución.
Entre las decenas de personas que se calcula que existen que perdieron la vida a manos de la ultraderecha y las Fuerzas de Seguridad del Estado tras esa fecha y que se quedan fuera de esta indemnización de 250.000 euros están los tres asesinados por la Guardia Civil en mayo de 1981, conocido como el caso Almería, y los estudiantes José Luis Montañés y Emilio Martínez, muertos por disparos de la Policía en una manifestación en diciembre de 1979, cuyos hermanos se muestran indignados ante esta decisión del Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez.
Asimismo, el movimiento memorialista demanda al Gobierno que haga público el dictamen de una comisión formada por una docena de especialistas en derechos humanos, derecho penal e historia contemporánea que dirimió si las víctimas oficiales de la Transición se pueden contar hasta 1983.
El portavoz del Colectivo de Olvidados de la Transición (COT), Javier Almazán, recuerda que en abril de 2024 se creó esta comisión, que debía emitir su resolución en menos de un año. Estaba formada por figuras como el cofundador de CC. OO. Nicolás Sartorius, la abogada y presidenta de Movimiento por la Paz Francisca Sauquillo y los catedráticos de historia José Álvarez Junco, Araceli Manjón-Cabeza, Carmen Molinero, Antonio Rivera y Encarnación Lemus.
El integrante del COT, hermano de Ángel Almazán Luna, asesinado con 18 años en diciembre de 1976 tras ser brutalmente agredido por la Policía, explica que “ahora mismo no sabemos si los muertos después de diciembre de 1978 se consideran víctimas”. Sea como fuere, el real decreto no recoge su derecho a indemnización, por lo que habría que modificarlo para que así sucediera.
Almazán afirma que tanto el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, como la directora general de Memoria, Zoraida Hijosa, han reconocido que el estudio ya finalizado obra en su poder. Por su parte, desde el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, con Ángel Víctor Torres al frente, no han respondido a las cuestiones planteadas por La Marea, por lo que no han clarificado cuándo se publicará la resolución de los expertos ni por qué no han esperado a que se conociera para aprobar el real decreto. Tampoco han contestado si buscarán alguna forma de indemnizar los crímenes cometidos más allá de 1978 ni qué depuración se dio en los Cuerpos de Seguridad una vez aprobada la Constitución.
Cambio de año, misma represión
Javier Montañés responde a esta última pregunta: “Ninguna”. Él es hermano de José Luis Montañés Gil, asesinado a los 22 años por disparos de la Policía en Madrid, el 13 de diciembre de 1979, durante una manifestación legalizada de trabajadores y estudiantes. “Esto no tiene ningún sentido. La Policía franquista de diciembre de 1978 no se transformó en otra Policía en enero de 1979. Eran los mismos agentes. Aquí no hubo ninguna varita mágica que hiciera cambiar sus métodos represivos”, opina.
Por el momento, este profesional del tercer sector afincado en Menorca asegura confiar en que el dictamen de la comisión avale su postura. “Tengo los pies en el suelo, pero también la esperanza de que vuelvan a modificar el decreto. Vivimos momentos políticos convulsos y todo puede cambiar en poco tiempo”, añade. Por otra parte, denuncia que este último movimiento del Gobierno supone una revictimización por parte del Estado. “Nos acompañan en los actos, en lo simbólico, pero por otro lado nos esconden de nuevo. Es una sinrazón dejarnos fuera de la ley”, reitera.
Aquel 13 de diciembre de 1979 Javier Montañés tenía 15 años, los mismos que Mari Carmen Martínez. Ella es hermana de Emilio Martínez Menéndez, muerto a los 20 años en la misma manifestación que José Luis. “No entraba en mi cabeza que, sabiendo que ese informe ya existe, no nos permitan reclamar la indemnización, y no creo que haya sido un descuido”, comenta.
Esta funcionaria madrileña de 61 años, quien recuerda que aquella movilización también se saldó con otros tres heridos de bala, desconoce si el Gobierno quiere introducir a las víctimas “a plazos” en la ley para que vuelva a publicarse la noticia de que “ellos son los defensores de la memoria democrática y de la Transición”, según sus palabras. Martínez se siente disgustada: “Nos ha sentado mal porque creo que hay cierto consenso en que con la entrada en vigor de la Constitución no se volvió la Policía democrática de repente”.
Además, considera que el Gobierno podría haber dejado abierta la cuestión. “Podrían estudiar caso por caso, que al final no son tantos”, sostiene. Y añade: “Si los mataron ya con la Constitución vigente, más grave es”.
Asesinatos más allá de 1978
El hermano de Juan Mañas Morales, Francisco, celebraba su comunión en mayo de 1981. Tenía entonces 8 años. Juan tenía 24, y bajaba desde Santander hasta Almería para encontrarse con su familia. El día 11 apareció su cuerpo y el de otros dos amigos calcinados y con múltiples impactos de bala, dentro del Ford Fiesta en el que viajaban, después de que la Guardia Civil les confundiera con los etarras que el 7 de mayo atentaron en Madrid contra el que era jefe de la Casa Militar del rey Juan Carlos I. “No entiendo qué argumentos tiene el PSOE para dejarnos fuera de la posibilidad de indemnización”, critica.
Francisco Mañas, que ahora tiene 53 años y trabaja como gerente en una empresa, asegura que seguirán recurriendo y luchando. “Yo nunca he sabido por qué hay tanto silencio con el caso Almería. Parece que es un tema tabú, como que da miedo. Quizá porque intervino la Guardia Civil, o porque todavía queda algún secreto por ahí guardado y no quieren que salga a la luz”, se explaya antes de remarcar que el Gobierno debería rectificar para incluir a las víctimas hasta 1983.
José Luis Montañés, Emilio Martínez y Juan Mañas, así como Luis Cobo y Luis Montero, también víctimas en el caso Almería, no son los únicos asesinados más allá de 1978 que ahora no podrán percibir la indemnización. A finales de abril de 1979, Andrés García Fernández murió a manos de un grupo de jóvenes, uno de los cuales portaba un brazalete con una cruz gamada, en la calle Goya de Madrid. Tenía 18 años.
Yolanda González, militante comunista y líder estudiantil, fue secuestrada en su casa en el barrio madrileño de Aluche a los 19 años por militantes de Fuerza Nueva en febrero de 1980. Terminaron matándola el mismo mes y año en que Vicente Cuervo, delegado de la sección sindical de CNT en Telefunken, perdió la vida tras recibir un disparo de un ultraderechista, también de Fuerza Nueva, en Vallecas, aunque en este caso está reconocido como víctima del terrorismo. En marzo de 1980, varios militantes de extrema derecha apalearon y apuñalaron hasta la muerte a Jorge Caballero. Las familias de todos ellos, según el Gobierno, no tienen derecho a recibir la indemnización por su lucha por la libertad en España. En nuestro país no existe tampoco un censo oficial de víctimas políticas de la Transición y primeros años de la democracia.
1983 y la «soltura democrática»
Desde La Comuna-Asociación de presxs y represaliadxs por la dictadura franquista, consideran que la modificación de la ley “es un avance” para las víctimas de 1978, pero “siguen quedando muchas que no gozan de los mismos derechos”, relata a La Marea su portavoz, Nerea Fulgado.
Esta asociación participó en las negociaciones previas a la Ley de Memoria Democrática, cuya disposición adicional decimosexta establece la creación de la ya mencionada comisión técnica. Según la norma, elaborarán un estudio sobre los supuestos de vulneración de derechos humanos a personas por su lucha por la consolidación de la democracia hasta el 31 de diciembre de 1983, y señalarán “posibles vías de reconocimiento y reparación”.
“Hablamos de ese año porque tanto la Transición como los primeros años de la democracia fueron muy sangrientos, y con el gobierno del PSOE se consideraba que se había logrado cierta soltura democrática”, apunta la activista memorialista de La Comuna.
Por otro lado, más allá de criticar la falta de extensión temporal para las indemnizaciones, desde La Comuna demandan que el Ejecutivo apruebe un reglamento de la Ley de Memoria Democrática. “Sin él no podemos articular una prohibición de las manifestaciones fascistas”, ejemplifica Fulgado. “Tenemos la sensación de quedarnos siempre a medias y que sea algo cosmético por parte del PSOE”, concluye.
Lo dicen todas las encuestas. Lo vemos en la tele, en la calle. Lo escuchamos en las conversaciones más cercanas. Nos salta en nuestras redes sociales. No hace falta irse a lugares remotos para darse cuenta (de una vez por todas) de cómo la ultraderecha está ascendiendo peligrosamente, a base de ruido, de desinformación, de mentiras, a golpes de Trump, en todo el mundo. Con Kast en Chile, con Milei en Argentina, con Meloni en Italia, la lista es larga… Con Vox como estandarte en España y Ayuso como principal valedora. Y sí, como si no fuera con nosotros, como si los obreros que se decantan por estos partidos vivieran realidades diferentes a las nuestras, siempre nos hacemos la misma pregunta con esa incredulidad que suscita que políticas, en muchos casos contrarias a los derechos humanos, estén consiguiendo el apoyo de la ciudadanía: ¿por qué la clase obrera vota cada vez más a la ultraderecha si supuestamente gobierna en contra de sus intereses?
Sumados a la apatía y el hartazgo que provocan las opciones políticas que históricamente han reivindicado la defensa de los trabajadores, los sentimientos y afectos generados a través los discursos de partidos como el liderado por Santiago Abascal, Se acabó la fiesta (SALF) o Aliança Catalana en Catalunya están terminando de desplazar la conciencia de clase en este país, según los diferentes analistas consultados para este reportaje.
La imagen del currela sin estudios universitarios votando de forma disciplinada a la izquierda tiene ya, a estas alturas, más de imagen mitológica que de real, describe gráficamente el investigador en el Instituto de Filosofía del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) César Rendueles, que incide no solo en el cambio de voto, sino en la necesidad de cambiar el análisis para entender por qué se produce ese viraje: «Entre la izquierda se da una especie de ilusión intelectualista y moralista que nos hace pensar que el voto es resultado de un proceso de análisis complejo y concienzudo, pero no vivimos en las relaciones de producción».
Esas relaciones, al igual que las económicas, que sí pueden marcar la clase social a la que pertenecemos, aparecen mediadas por las emociones, «por la vida cotidiana y la relación con los demás», prosigue Rendueles. «Los sentimientos son un motor político de primer orden. Es algo que nos cuesta muchísimo aceptar y tendemos a creer que las personas más humildes que se decantan por la extrema derecha son malvadas o idiotas, pero no es así», afirma. Estudiar la composición de clases en España no es tarea fácil. Para poder analizar la población con gravísimas dificultades económicas para llegar a fin de mes o en una situación de pobreza relativa o material severa, hay que fijarse en el 30% de quienes menos ganan. «Los intereses de esas personas no están en el programa electoral de ningún partido», explica el investigador del CSIC.
Manifestación de agricultores en Madrid, en febrero de 2024. ÁLVARO MINGUITO
Es decir, mencionar palabras como «obreros» y «asalariados», o conceptos como «clase trabajadora» en los discursos políticos puede llegar a movilizar a algunas personas, «pero su uso abusivo viene cuando creemos que así se movilizan los intereses de todo el mundo», reflexiona Rendueles. En todo ese viraje, según las fuentes consultadas –desde especialistas a particulares–, la migración, la inseguridad y la incertidumbre se convierten en los factores más repetidos.
Fuente: CIS (julio de 2025).
Jesús C. A., transportista autónomo de Granada, tiene 44 años y lleva más de media vida, desde los 21, en la carretera: «Yo siempre he escuchado decir a mi padre que la izquierda era el partido del obrero». Ahora asegura sentirse cada vez más inseguro «con leyes que defienden al delincuente», por lo que ha decidido dejar al PSOE a un lado y apoyar al partido de Abascal. Para este camionero, los avances logrados en materia de derechos laborales por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, con Yolanda Díaz al frente, al final no se materializan en el día a día del trabajador y simplemente «sirven para exprimir al empresario».
Jesús señala la migración como uno de los principales asuntos que le han hecho cambiar su voto. «Estoy harto de ver cómo el Gobierno se llena la boca diciendo que da ayudas. Está feo decirlo, pero aquí parece que solo te las dan si tienes apellido marroquí o eres de etnia gitana», sostiene. En España, sin embargo, no existe ningún procedimiento administrativo que priorice la adjudicación de ayudas según la procedencia de las personas y, a pesar de ello, es un bulo que se ha extendido como la pólvora. De todas formas, en ese contexto, el camionero granadino recalca que es la inseguridad lo que le hace pensar que Vox «es el único partido que tiene un plan para frenarla».
El chivo expiatorio
La evidencia científica constata que hay una desalineación muy clara entre la clase a la que se pertenece y la ideología de cada uno, sostiene Manuel Rodríguez, consultor político y de innovación social en Cámara Cívica, una entidad de economía social especializada en acercar la política a la ciudadanía mediante la divulgación, la educación y la comunicación política. Según los últimos estudios realizados y citados por este politólogo, existe una percepción social cada vez mayor de la desconexión entre los partidos de izquierda que dicen representar a la clase obrera y las preocupaciones de esa misma clase. «A la vez, la derecha radical ya no siempre es elitista, así que también puja por ese voto», añade.
El discurso de la extrema derecha también se basa en ideas como la igualdad, pero siempre desde un punto de vista excluyente. «Algo así como esa idea de que un español tiene derecho a vivir bien y son los inmigrantes los que le quitan el trabajo y los servicios públicos. Así señalan un chivo expiatorio, un enemigo, y se genera un integrismo contra una supuesta amenaza externa», destaca. Marta G. Alcántara tiene 47 años y trabaja en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Conduce las pasarelas telescópicas que unen el avión con la terminal, y vive en Vicálvaro, un barrio al este de la capital. Estudió en la escuela pública y proviene de una familia humilde. A lo largo de su vida, ha trabajado cuidando niños, en una gasolinera, en un locutorio y limpiando, hasta que llegó al aeropuerto en 2006 con la apertura de la T-4. En su casa siempre fueron de izquierdas, dice, pero ella se decanta por la derecha: «Me parecen todos el mismo perro con diferente collar, pero esto de la corrupción en la izquierda… Es que roban a los curritos».
También considera que la derecha es «más seria» con la inmigración, una cuestión que considera en estos momentos como «descontrolada». Alcántara dice que aún no ha votado a la ultraderecha, aunque conoce a gente de su alrededor afín a la izquierda que ya ha apoyado en las urnas al partido de Abascal. Según una encuesta del instituto 40dB. para El País y la Cadena SER, Vox se dispara al 18% y eleva a 13 puntos la ventaja del bloque de la derecha sobre la izquierda.
Las entrevistas se realizaron entre el pasado 29 de diciembre y el 5 de enero, es decir, después de la intervención de Donald Trump sobre Venezuela y la captura de Nicolás Maduro, que Santiago Abascal apoya sin fisuras. De este modo, la tesis planteada por los especialistas consultados ve como un error pensar que el voto se decide tras un análisis de las condiciones materiales de vida. Lo que realmente define el voto, según los expertos, tiene que ver con constructos como la pérdida de la identidad nacional, la amenaza cultural o preocupaciones vinculadas al estilo de vida. «Estos son aspectos mucho más importantes de lo que nos creemos», insiste Rodríguez, que ilustra la idea con ese pensamiento ligado a la batalla del penúltimo contra el último: «Bien, yo soy un español, un currela, pero lo que no voy a permitir es que alguien de otro país esté por encima de mí en el mío propio».
Un grupo de vecinos y vecinas observa una concentración ultra en el madrileño barrio de Tetuán, donde hay una alta densidad de población migrante. ÁLVARO MINGUITO
Esa idea de «los españoles primero» es la que ha conseguido que Santiago Martínez se decante por Vox y el PP. Él es camarero, tiene 32 años y vive en casa de sus padres, en Alcalá de Henares: «Yo voto a la derecha pero me han catalogado los demás como facha. Sí es verdad que mis ideas están más ligadas al patriotismo, no a la política partidista, sino a la unión de la nación».
Intentó vivir independizado, pero con su sueldo solo podría «sobrevivir», así que decidió volver con sus progenitores. La vivienda es otro tema crucial para él. «Los alemanes y los belgas han comprado toda la Costa del Sol y sus casas están vacías. ¿Eso qué mueve la economía? ¿Solo en verano? Y los pisos vacíos de los bancos deberían salir a unos precios razonables», se pregunta. Sobre la migración, Martínez, como otras personas entrevistadas que han cambiado su voto, también cree que «ha crecido demasiado». Desde su punto de vista, es un fenómeno que se debería haber controlado. «Si decía algo así hace unos años me podían llamar racista, pero ahora no. Eso sí que ha cambiado», indica. Esta normalización de los discursos xenófobos está contribuyendo también al crecimiento de potenciales votantes de izquierda entre la extrema derecha.
Pese a todo, este camarero admite haber votado a PACMA en las últimas elecciones europeas. Sin embargo, en el caso de los comicios municipales de 2023, la papeleta que introdujo en la urna, según indica, fue la de Vox. También dice que votó a Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid. «En Alcalá quería hacer más daño, ser más drástico y castigar de forma más severa, así que decidí buscar el extremo», explica el trabajador.
Contra el feminismo
La extrema derecha también ha sabido explotar el aspecto más social. Por un lado, una de sus banderas es la lucha contra el movimiento feminista, las políticas públicas encaminadas a la igualdad de género y lo que consideran como «chiringuitos subvencionados». La misma trabajadora del aeropuerto Marta G. Álcántara, sin haber votado a Vox, ha comprado parte del discurso ultra al asumir postulados como el siguiente, referido a la violencia machista: «No me considero feminista porque hay mujeres que pueden abusar o maltratar a un hombre». Por otro lado, estos partidos son los primeros en articular discursos xenófobos contra el migrante con el tan repetido «cuidado que vienen a ponerle el burka a tu mujer». «Y hacen lo mismo con el colectivo LGTBI. No quieren que lo llamen matrimonio, o que tengan hijos, pero no van a permitir que los extranjeros apedreen a los homosexuales patrios», ejemplifica el consultor.
Anita Fuentes, investigadora en el Instituto de Estudios Feministas de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), afirma que la precariedad y la incertidumbre reinantes también han activado unos «sentimientos muy masculinistas, nacionalistas y xenófobos, en lugar de impulsar una lucha de clases orientada a un mundo más justo e igualitario para todas». Esta especialista en cultura digital y estudios culturales reconoce que «la derecha da respuestas muy simples a problemas muy complejos». Y, como otros expertos, insiste en el chivo expiatorio, como las mujeres, las disidencias sexuales o las personas migrantes y racializadas.
Desde su punto de vista, la izquierda «se ha dejado absorber por el neoliberalismo y no realiza propuestas ambiciosas» al mismo tiempo que «la derecha ha ofrecido narrativas muy potentes a las que la gente con dudas le ha venido muy bien agarrarse». En definitiva, considera que la izquierda española se ha derechizado. Eso ha sido posible, en parte, por las plataformas digitales y redes sociales, con sus coaches e influencers de referencia, que han consolidado estas ideas alrededor de la decepción con la izquierda. «Estas aparentes contranarrativas han tenido mucho que ver. Milei es el ejemplo perfecto. Es el presidente de Argentina, pero también un trol en las redes. El ámbito digital no se debería obivar a la hora de pensar por qué la derecha gana cada vez más adeptos», reflexiona Fuentes.
Las contradicciones
Estefanía C. M. ha tenido varios trabajos a lo largo de sus 33 años. Ha sido socorrista, electromecánica, comercial y actualmente estudia una FP superior de Informática en un instituto público. Vecina de Fuenlabrada, al sur de la Comunidad de Madrid, también afirma que la «inmigración descontrolada» es lo que le ha hecho apoyar a la derecha. «He votado a la izquierda toda mi vida hasta que me cansé. La última vez voté a Sumar, y hoy votaría a la derecha o a SALF», cuenta siendo consciente de que, al pensar en el partido liderado por Alvise Pérez, está cayendo en una contradicción: «Está en contra de mí, porque pertenezco al colectivo LGTBI». Esa lucha contradictoria consigo misma se ve sustentada en factores más allá de la renta o la clase social: «España debería ser católica porque siempre ha sido cristiana, aunque cada vez haya más ateos», asegura.
Ambivalente también ha sido el voto de Fran Capitán, profesor de Lengua y Literatura en un instituto de Madrid. Tiene 50 años y se crio en Getafe, procedente de una familia obrera. Admite haber votado a IU, al PSOE, al PP y a Vox, aunque a este último únicamente en las primeras elecciones europeas a las que se presentaron. «Yo creo que el descontento con la izquierda viene de la corrupción y de un cansancio del bipartidismo. Con la derecha funcionan mejor las cosas, a pesar de los pesares», opina este docente que, cuenta, siempre soñó con ser periodista.
Eduardo Fernández, politólogo del Instituto Juan de Mariana, incide en la inclusión en la agenda ultra de temas como el feminismo, el ambientalismo o la identidad sexual. «El voto lo decide una amenaza de riesgo en lo que muchas veces son cambios de carácter cultural». En este sentido, señala que aquella persona autodenominada obrera también puede ser conservadora y valorar ideas emblemas de la derecha, como el orden, el concepto de nación, ciertas tradiciones y la defensa de la homogeneidad cultural. Sin embargo, que se perciba ese riesgo no significa que exista.
Concentración frente el Ministerio de Medio Ambiente en enero de 2023. ÁLVARO MINGUITO
«En el voto se mezclan muchos factores y normalmente se suele hablar de la identidad como si fuera algo simple, cuando somos individuos complejos con muchas identidades», analiza el politólogo en referencia a la experiencia personal de Estefanía, la estudiante de Fuenlabrada.
En el caso concreto de Vox, el politólogo precisa que ha encontrado un importante nicho que explotar: el trabajador conservador culturalmente pero que apoya cierto proteccionismo de carácter económico. «Esas dos variables, conservadurismo cultural y proteccionismo, abren hueco para competir electoralmente en un espacio que no había ocupado ningún partido hasta ahora», asume.
Fernández también destaca la «polarización afectiva», siguiendo de ese modo la tesis planteada por el catedrático de Ciencia Política de la Universitat Pompeu Fabra Mariano Torcal en De votantes a hooligans. La polarización política en España (Catarata, 2023). Esta realidad encuentra su razón de ser en cómo las emociones, de nuevo, pueden crear estados de percepción que, más tarde, se materializan en el voto.
Así seducen los líderes ultras a la clase trabajadora
Donald Trump, presidente de EE. UU.
Enero de 2026
«Durante mucho tiempo, comprar y ser propietario de una casa fue la máxima expresión del sueño americano. Era la recompensa por el trabajo duro y por hacer lo correcto, pero ahora, debido a la inflación provocada por Biden y los demócratas, ese sueño está fuera del alcance de demasiadas personas, especialmente de los jóvenes estadounidenses».
Isabel Díaz Ayuso, presidenta madrileña
Mayo de 2022
«No hay clases sociales como nos intentan vender desde la izquierda. En Madrid, ganas con el respeto, la ilusión y los proyectos comunes. Nos han intentado vender que, por el origen y por el bolsillo, nos tenemos que enfrentar entre nosotros. Intentan provocar odios, colectivizar y llevar a la gente a las urnas a través del agravio».
Santiago Abascal, presidente de Vox
Mayo de 2024
«Cualquiera de vosotros, si tenéis un plato para vuestros hijos se lo dais primero a vuestros hijos; y si podéis, luego al vecino, y luego a alguien próximo. Aquí no nos sobra; aquí hay muchos jóvenes que no tienen futuro, que no encuentran trabajos adecuados para el esfuerzo que han hecho… Nosotros venimos a decir aquí que las primeras ayudas para los de aquí».
J. Antonio Kast, presidente electo de Chile
Mayo de 2025
«Chile está funcionando al revés: los delincuentes están libres y los ciudadanos honestos viven encerrados. El Plan Implacable es la respuesta firme que millones de chilenos estaban esperando. Pondremos fin a la criminalización de víctimas que se defienden».
Los deseos que no se cumplieron con la izquierda
La protagonista de Pipas (Pepitas de calabaza, 2024), de Esther L. Calderón, dice: «La primera generación de adolescentes nacidos en democracia tuvo el mandato de imaginar, pero no imaginar cualquier cosa ni de cualquier modo, sino aquello que serviría para encarnar los deseos frustrados de sus padres y abuelos».
Y esos deseos imaginados no se cumplieron. De ahí la decepción de mucha gente que se politizó al albor del 15-M. «Eso produce un poso muy rentable para las extremas derechas que aportan otro tipo de soluciones a los problemas que no resuelven ni PP ni PSOE», argumenta el periodista Miquel Ramos, experto en movimientos de ultraderecha.
De esta forma, el voto obrero que va a parar a la derecha no lo hace porque le vaya a beneficiar en cuanto clase trabajadora, sino porque le ofrece otra cosa. «Puedes votar a la derecha aunque vaya contra tus intereses de clase únicamente porque apoyas su actitud frente al feminismo o porque te ofrece un lugar seguro más allá de la clase en ideas como la masculinidad o la patria», prosigue Ramos.
El periodista considera que la extrema derecha ha sabido desencorsetarse para llegar a un público diferente con un particular tipo de mensaje. Y subraya que la derecha ha sido muy hábil a la hora de ser potable para muchos públicos que se salen del cliché del facha clásico. «Se rompen los moldes. Estamos en un momento en que tu condición sexual, identidad de género o creencia religiosa no condiciona el voto, no significa apenas nada», concluye.
Detenidos esposados, derribos de puertas, detenciones con caras pixeladas, declaraciones sin preguntas de periodistas, agentes heridos en disturbios tras una manifestación. Todas esas imágenes que a diario vemos repetidas en periódicos y televisiones han sido producidas por los gabinetes de comunicación de los cuerpos de seguridad. Crean un imaginario colectivo en torno a lo policial sesgado por la propia institución. Es la visión coral de historiadores, juristas, sociólogos y antropólogos en Policía y cultura. Estudios en torno al poder simbólico de las fuerzas de seguridad(Bellaterra, 2026).
El libro, coordinado por Ignacio Mendiola y Sergio García, ahonda en cómo lo policial se inserta en lo invisible sin dejar de ser coercitivo. Primero desde una perspectiva interna, aquellas representaciones que emanan de los propios cuerpos de seguridad, y después desde la producción de otros agentes, como textos escolares y la música contestataria. En su conjunto, el ensayo supone una de las aproximaciones más completas al poder simbólico de la Policía.
Mendiola, profesor de Sociología en la Universidad del País Vasco (UPV), sintetiza el objetivo del libro: “Queremos trabajar sobre las diferentes formas de hacer, sentir y pensar que se movilizan en torno a la Policía, y hemos visto que la cultura en torno a ella tiene que ver en gran medida con los intentos de legitimación del cuerpo por parte de la institución”.
García, docente de Antropología Social en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), firma junto a Mendiola el capítulo dedicado a la “copaganga”, es decir, esa propaganda que se origina en los propios cuerpos policiales del Estado. Esta investigación de dos años los ha llevado a entrevistar a integrantes de gabinetes de comunicación policiales y periodistas que cubren su información, ver series relacionadas como true crimes, programas empotrados y asistir a exposiciones y exhibiciones, sobre todo de la Policía Nacional y la Guardia Civil.
Más marketing que información
“Vimos una lógica casi empresarial de marketing en estos gabinetes de prensa, que intentaban vender la institución como algo fiable y eficaz y, sobre todo, cargada de valores heroicos”, comenta García. Del mismo modo, pronto se percataron de cómo su comunicación, que debería ajustarse al servicio público, traslada una forma particular de ver el mundo que pasa inexorablemente por la mirada policial. “La Policía es el organismo de la Administración Pública que más comunica y que mayor empeño pone en ello con el mayor grado de autonomía”, afirma el investigador.
El ecosistema mediático conduce a esta realidad. Periódicos, radios y televisiones demandan este tipo de material encorsetado, editado y producido por los gabinetes de comunicación policiales que empaquetan sus trabajos y los publican. “Son productos que proporcionan espectacularidad e información a un coste muy barato para los medios”, sostiene García, quien recuerda el mayor sueño que tiene uno de los responsables de la comunicación policial entrevistado: que toda intervención esté grabada. Así podría ser la misma Policía quien fabricara el producto y se lo diera enlatado a los medios, sin que cupiese otra versión posible.
Contar lo que se es a través de lo que no se ve
Los coordinadores del ensayo sitúan 15 años atrás el inicio de esta comunicación policial que enfatiza tanto su buen hacer y profesionalidad. “Según los agentes de los gabinetes, que sean una institución tan bien valorada por la ciudadanía tiene que ver con la comunicación que realizan”, añade el antropólogo. En este sentido, ni siquiera los medios juegan ya un papel determinante. La aparición de las redes sociales y su explotación directa por los gabinetes de comunicación hacen que se pueda puentear a los periodistas para hacer llegar una información policial.
En resumidas cuentas, la institución responde, y así lo confiesan sus responsables, a la difusión de una buena imagen de los cuerpos de seguridad. “Tiene que ver más con una lógica empresarial que con el servicio público al que se le presupone neutralidad”, reitera.
La comunicación policial, de esta forma, también se puede analizar a partir de sus omisiones. ¿Dónde queda la violencia policial en las manifestaciones? ¿Las detenciones en las que se aplica una fuerza excesiva? ¿Y los montajes policiales? ¿Por qué no informan de las muertes bajo custodia policial? ¿Quién da declaraciones cuando se detiene a un agente por formar parte de redes de narcotráfico cuando es el encargado de luchar contra este delito?
Una ideología tras las imágenes
Para poner las cosas fáciles, Mendiola cita un ejemplo muy gráfico que aborda en otro capítulo dedicado a Frontex, el cuerpo policial europeo que actúa en sus fronteras. Esta institución europea se esmera en llevar a cabo una gran producción mediática. “En uno de sus vídeos, aparece un agente diciendo que Frontex es como una familia, lo que conlleva el uso de términos amables. En cambio, la persona migrante queda totalmente diluida en imágenes en las que aparecen sus rostros pixelados en imágenes o como cuerpos detectados por sensores y radares”, explica.
De esa forma, a través de diferentes mecanismos audiovisuales se quiere producir simbólica y discursivamente todo un sistema de legitimación policial, en palabras del mismo Mendiola. “Deberíamos pensar más sobre las imágenes que vemos de los policías, no solo recibirlas pasiva y acríticamente, sino desmenuzarlas para ver qué tipo de ideología intentan transmitir”, añade.
Este docente de la UPV también se refiere a las numerosas exposiciones y exhibiciones que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado realizan a lo largo del año para que la ciudadanía pueda ver sus materiales, coches, acorazados e, incluso, armas. “Quieren que no se les vea como algo extraño y lejano, por eso activan estos mecanismos de acercamiento. Su publicidad funciona como un sistema de marketing que simbólicamente te hace sentir la necesidad de tener a la Policía cerca”, reitera.
Policía como solución a conflictos sociales
García también firma el capítulo titulado de forma elocuente El uniforme trabaja solo. El poder mágico de la policía. El antropólogo sostiene que la presencia policial se ha ido entendiendo como solución a numerosos problemas relacionados con las desigualdades sociales, la pobreza y la injusticia, pero que se abordan desde una perspectiva securitaria típica del contexto neoliberal.
La idea de este capítulo parte de una situación concreta que vivió el investigador, asentado en Carabanchel, un barrio obrero de Madrid. Un chico robó el móvil a una chica. Entre los vecinos consiguieron que devolviera el móvil y la chica se tranquilizara. Sin embargo, uno de los allí presentes sintió la necesidad de retener al chico hasta que llegara la Policía. ¿Por qué alguien tuvo esa necesidad cuando la situación de emergencia ya se había resuelto?, se pregunta García.
Se basa en el conceto de “eficacia simbólica”, desarrollado por el antropólogo Lévi-Strauss, para centrarse en cómo sólo alguien entendido como autoridad puede activar los resortes necesarios para hacer que una situación termine de una manera concreta. “En el caso de la Policía, esa construcción de autoridad se granjea en las visitas a los colegios o en la colaboración con asociaciones vecinales, además de la autoridad que se le otorga a nivel legal para hacer uso de la fuerza física”, explica.
Por eso, ante un mínimo incidente puede no ser extraño ver cinco coches de Policía alrededor. “Esa es la hiperintervención que realizan en el espacio público”, apunta García. Por otro lado, en ocasiones, ni siquiera los agentes son conscientes del poder que portan con ellos, invisible, sibilino. “Uno de ellos me dijo que podía enfrentar situaciones que le asustaban únicamente con el efecto simbólico que produce en el otro al ver el uniforma policial”, comenta el profesor de la UCM.
“Yo invito a reflexionar sobre cómo la Policía se ha ido colocando como una especie de fetiche a nivel social, como un poder mágico, para la solución de no pocos problemas cuando estos tienen que ver con soluciones mucho más complejas y sociales más allá del ámbito policial”, subraya García.
Conclusiones “sesgadas” en los delitos de odio
El aumento de los delitos de odio, aún en gran medida infradenunciados, es otro de los aspectos que aborda Policía y cultura. La doctora de Antropología y Sociología e investigadora postdoctoral de la UPV Laura Escudero ha estudiado el papel que ha jugado el Ministerio del Interior en la (re)producción de la narrativa y la gestión del odio en el Estado español. Bajo el título de Fabricar la lucha contra el odio, esta especialista en la materia determina que la combinación de los datos recogidos en los informes anuales del ministerio junto con la retórica utilizada en su construcción desemboca en unas conclusiones “un tanto sesgadas”.
Tras estudiar los informes de la década comprendida entre 2013 y 2023 a través de la teoría del análisis crítico del discurso, Escudero dilucida que estos informes no solo producen y reproducen una realidad estadística en relación con la discriminación y el odio, sino que también “crean un relato específico sobre lo que se considera como tal”.
Del mismo modo, construyen un perfil de víctima y autor de los delitos de odio que no siempre concuerdan con lo que en un primer momento se podría pensar. Por ejemplo, el perfil mayoritario de víctima que se desprende de los datos es un hombre de 16 a 40 años de nacionalidad española. Mientras tanto, la categoría más denunciada es racismo y xenofobia. “La construcción de estas estadísticas, aunque sea una herramienta supuestamente concebida para proteger a colectivos vulnerabilizados, tiene muchos sesgos que llegan a reproducir desigualdades estructurales como el racismo”.
El odio, tratado como un problema de orden público
Según refleja en su investigación, se identifican dos momentos a la hora de enfrentar esta realidad por parte del Ministerio del Interior. Al inicio de las estrategias contra los incidentes de odio, estos se reportaban en los informes con un discurso marcado de excepcionalidad. “Lo acompañaban con el relato de que España es un país multicultural y tolerante junto a los datos recogidos, que eran muy pocos, entre otras cuestiones porque para que un incidente discriminatorio llegue a consolidarse como delito de odio hay muchos filtros que se deben pasar”, desarrolla.
A partir de 2019 se aprecia un cambio cuando el discurso adopta una perspectiva más prudente. “Se dan datos más precisos y se deja de lado esta idea de la escasez al admitir que los datos son una pequeña muestra de una problemática más grande”, apunta Escudero. Sin embargo, critica que hasta el día de hoy esta realidad sigue tratándose como casos aislados y problemas de orden público. “El enfoque prioriza esa prevención securitaria y el castigo, lo que impide abordar estos casos de discriminación como una cuestión estructural”, finaliza la investigadora.
Las izquierdas tenían a 30.000 presos en las cárceles tras la Revolución de Asturias de octubre de 1934. Los gobiernos de derechas de la Confederación Española de Derecha Autónomas (CEDA) y del Partido Radical habían arrasado en dos años las reformas emprendidas el primer bienio de la Segunda República. Algo había que hacer, y lo hicieron. Las elecciones generales celebradas en España el 16 de febrero de 1936, hace ahora 90 años, auparon al poder a un Frente Popular de izquierdas que supo limar sus diferencias por un fin mayor y común: la amnistía para los presos y el impulso de políticas más ambiciosas que las del primer periodo gobernado por Manuel Azaña. Cinco meses después fracasaría el golpe de Estado auspiciado por el general Mola y comenzaría una guerra civil que se alargaría casi tres años.
Entender la situación en España en aquel febrero de 1936 obliga a agrandar la vista hacia el plano internacional. Los años de entreguerras de las décadas 20 y 30 del pasado siglo estuvieron marcados por el Crack del 29 y el auge de los fascismos en Europa. Mientras tanto, en España se sucedía el gobierno dictatorial de Miguel Primo de Rivera en 1923, que terminaría con la llamada “dictablanda” del general Berenguer en 1930, hasta las elecciones municipales del 12 de abril de 1931. Aquellos comicios fueron el inicio de la Segunda República. “Ese triunfo de la coalición republicano-socialista es muy importante porque los franquistas lo deslegitimaron cuando ganaron la guerra”, adelanta Carmelo Romero Salvador.
Romero es profesor titular jubilado de Historia Contemporánea en la Universidad de Zaragoza (UNIZAR). También acaba de publicar El Frente Popular de izquierdas (enero-julio 1936) (Catarata, 2026). La monografía recoge todo el periplo republicano que antecede al 16 de febrero, día elegido por Niceto Alcalá-Zamora, presidente de la República y antiguo ministro monárquico con Alfonso XIII, para unos nuevos comicios generales.
Utilizar la ley electoral a su favor
El profesor apunta a que el Frente Popular nació al calor de ese contexto internacional en el que los fascismos estaban acumulando cada vez más y más poder. En las calles de España ya no era raro ver desfilar a los cuadros falangistas, calentando y provocando una tensión que no tardaría en estallar.
Sin embargo, saber analizar y organizarse de cara a la ley electoral fue otro factor determinante para la composición del Frente Popular, integrado por Izquierda Republicana (con la Organización Republicana Gallega Autónoma ya en su seno), Unión Republicana, el Partido Socialista Obrero Español, el Partido Comunista de España, el Partido Sindicalista, el Partido Obrero de Unificación Marxista, el Partido Galeguista, Esquerra Republicana de Catalunya y Acción Nacionalista Vasca.
“Entendieron muy bien la ley electoral, que premiaba a las mayorías. Si había muchas opciones políticas similares y se presentaban divididos, el voto se diluiría”, explica Romero. La situación de represión por parte de los gobiernos republicanos de derecha fue tal, que hasta algunos líderes de la anarcosindicalista CNT, con gran implantación a nivel estatal, dejaron abierta la posibilidad del voto.
El Frente Popular aplastó a las demás opciones políticas. En la primera vuelta de las elecciones, las izquierdas cosecharon unos 259 diputados, cuando la mayoría absoluta estaba en 237, ya que el número de congresistas llegaba hasta los 473. En la segunda vuelta con repetición de comicios en cinco provincias, el Frente Popular sumó ocho diputados. “Esa mayoría es superior en escaños que en votos, pero en votos también ganó el Frente Popular, que adelantó en 100.000 a las derechas”, apuntilla el historiador.
Imagen cedida por la editorial Catarata.
Un programa que devuelve la esperanza
El libro, editado por Catarata, recoge como anexo el programa íntegro con el que el Frente Popular convenció a la mayoría de españoles con derecho al voto. En total, son ocho puntos bastante claros, sucedidos de diversos artículos, en donde desarrollan las principales líneas ideológicas que prometieron seguir en el caso de ganar las elecciones.
Más allá del contenido, en el que se explicitaba una amnistía para los presos políticos y retomar las políticas reformistas del primer bienio con mayor ahínco, pues muchas de ellas se habían quedado cortas para las aspiraciones de la masa obrera, Romero Salvador señala otro elemento que no pasa desapercibido: “Es muy significativo cómo todos ceden algo para la coalición. Por ejemplo, el mismo programa recoge que los republicanos no aceptan la propuesta socialista de nacionalizar la tierra, y lo aclaran en el texto. Consiguen respetar las aspiraciones de todas las fuerzas políticas que forman el Frente”.
Los efectos a nivel político no se hicieron esperar. Gutmaro Gómez Bravo, catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), señala que el bloque conservador reconoció el resultado de los comicios. “Asumen la derrota y facilitan la alternancia”, explica el autor de Cómo terminó la guerra civil española (Crítica, 2026).
De esta forma, Casares Quiroga se hizo con la presidencia del Gobierno, mientras que Alcalá Zamora fue destituido como jefe del Estado. En su lugar ascendería Azaña. “Ese primer gobierno fue netamente republicano, no hay participación ni de socialistas ni de comunistas, algo que cambió ya iniciada la guerra, en 1937, cuando Largo Caballero se hace con la presidencia del Consejo de Ministros”, explica el mismo Romero.
Hacia el monopolio de la violencia
Este experto en Historia Contemporánea no compra el mayor argumento que el franquismo y, posteriormente, algunas derechas durante el nuevo periodo democrático en España sostienen para legitimar el golpe de Estado, que llegaría el 18 de julio. “Siempre se ha dicho que los primeros meses de 1936 fueron muy violentos. Claro que había violencia, como en toda Europa”, responde. Algunos investigadores cifran en 500 las víctimas políticas entre enero y julio. “Si lo que quieres es acabar con la violencia, no secundas un movimiento que fomenta precisamente esa violencia. Los militares golpistas no querían traer la paz, sino tener el monopolio de esa violencia”, continúa el autor de la monografía.
La victoria del Frente Popular azuzó el ruido de sables con el que la Segunda República se había visto obligada a sobrevivir desde su advenimiento en abril de 1931, pero no es la única explicación para el golpe. Además, no fueron pocas las intrigas del sector castrense que se sucedieron tras la huida de Alfonso XIII.
Imagen cedida por la editorial Catarata.
El catedrático Gómez agrega que las derechas se vieron totalmente paralizadas por no tener ningún tipo de capacidad de veto parlamentario. “Las juventudes de Acción Católica y la Falange comenzaron una dinámica de enfrentamiento paramilitar, con incluso atentados, contra los grupos de izquierda, sobre todo en las grandes ciudades”, subraya.
La hora de la deslegitimación
Más tarde, el franquismo victorioso se encargó de deslegitimar la Segunda República, una marca que llevaría en la frente desde su nacimiento. Defendían que las elecciones municipales de 1931 con carácter plebiscitario que habían derrocado a la monarquía fueron, precisamente, unas elecciones municipales y no un referéndum. “Cualquier demócrata debería sentirse orgulloso de que en su país haya caído la monarquía a través de unas elecciones. Es algo que solo ha pasado en España”, destaca Romero. Pero los franquistas no eran demócratas.
Por eso estuvieron cuatro décadas repitiendo y educando a las nuevas generaciones en un dogma tan inexacto como interesado: que el golpe de Estado fue producto de la violencia producida por la República, ilegítima desde sus inicios, y sus gobiernos. “Una tercera parte de la población viva en España nos hemos educado con esas ideas franquistas”, recuerda el antiguo profesor de la UNIZAR. Eso deja un poso, pues todos somos un poco hijos de nuestra infancia, y es lo que crea, en ocasiones, el temor irracional que sienten algunas personas a la hora de hablar de un frente de izquierdas. El historiador traza una línea con el presente: “Ahora que vemos el ascenso de nuevas formas de fascismo, aflora de nuevo la idea de un Frente Popular”, concluye.
Las ínfulas expansionistas de Donald Trump y su ataque –cuando no chantaje– económico a la Unión Europea han configurado un tablero político internacional nunca visto: Estados Unidos ya no es un socio confiable para el Viejo Continente. Frenar al presidente que ha ejecutado a decenas de personas en operaciones militares y policiales —en alta mar contra supuestos narcotraficantes o en tierra firme contra opositores a sus políticas antiinmigración— es posible. La activación de algunos resortes que la misma UE ha previsto para estas situaciones podría hacer que Trump reexaminara sus ambiciones. Sin embargo, los expertos señalan que falta unión política por parte de los Estados miembros para ello.
Según Mario Rísquez, profesor de Economía en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), intentar parar los pies a Trump pasa por cuestiones relacionadas con la disuasión. “De esta forma se pueden evitar los impactos que la aplicación de estas políticas tendría sobre la población estadounidense”, explica. Se refiere, por ejemplo, a la idea de aplicar aranceles a productos que se fabriquen en estados republicanos, lo que ejercería presión sobre la Administración Trump, pero también tendría el efecto indeseado de golpear a la ciudadanía.
Este experto apuesta por medidas coyunturales y de fácil reversión y por evitar otras como romper ciertas relaciones con Estados Unidos o no participar en instituciones en las que esté presente, que podrían suponer un peaje a largo plazo. Por otro lado, la diversificación de la economía europea para evitar la gran dependencia de Estados Unidos es una de las recetas estrella a la hora de intentar frenar al gobierno norteamericano. “Esa es la palabra clave, ‘diversificar’, y es algo que ya hacemos mirando cada vez más a China”, enfatiza Rísquez. En este sentido, hace apenas unos días la UE cerró un acuerdo económico histórico con India, presentado como “la madre de todos los acuerdos” por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
Hacia la independencia: el camino lo marca Canadá
Natalia Arias Pérez, analista del gabinete económico de Comisiones Obreras (CC. OO.), subraya que la UE tiene la posibilidad de realizar acciones coordinadas. Entre ellas se encuentra una que considera primordial: reducir la dependencia con Estados Unidos y avanzar hacia la autonomía estratégica, sobre todo en materia energética, y hacia una industria de defensa propia.
El camino en esta pretendida diversificación lo ha marcado Canadá, quien se ha abrazado a China a través de un tratado de libre comercio. Así lo ve Yago Álvarez, periodista económico de El Salto, quien considera este movimiento “una perfecta declaración de intenciones”. Según explica, “lo que viene a decir es que prefieren los coches eléctricos chinos a los de Elon Musk”.
Y no solo eso. Álvarez recalca que el presidente canadiense, Mark Carney, dijo en Davos que el orden internacional conocido hasta ahora, en el que todo Occidente agachaba la cabeza ante la gran potencia –“aunque no citó a Estados Unidos”, apuntilla el periodista– ya no funciona. “Dijo que los Estados medianos nos tenemos que organizar para no permitir los imperialismos de las grandes potencias, y ese es el camino que debería seguir la UE”, defiende antes de expresar que “la forma de combatir a Trump es aislarlo comercialmente como socio no confiable”.
Golpear a las grandes tecnológicas con regulación
Para frenar a Trump, en el medio plazo la UE también debería apostar e invertir más en soberanía digital y en inteligencia artificial, valora Arias. “Se podría fomentar el uso de redes sociales propias, y sobre todo endurecer el reglamento de servicios digitales para limitar las actividades de las plataformas tecnológicas de Estados Unidos”, propone. La economista lanza otra idea: suspender en Europa las patentes de las empresas estadounidenses. Básicamente, esto posibilitaría su copia.
Yago Álvarez también incide en ese flanco: “Se les podría meter más caña a las empresas de Silicon Valley y agrandar las multas a Apple, Google o Facebook. Se les ha permitido convertirse en monopolios y ahora dependemos de ellos y de sus infraestructuras, así que ya es hora de regularlas con mano dura”.
Si miramos al corto plazo, ya se ha paralizado en el Parlamento Europeo el tratado comercial firmado el año pasado con Estados Unidos, que para la experta de CC. OO. es un “mal acuerdo”, a expensas de cómo avanza el conflicto. Asimismo, la activación de la cláusula de anticoerción por parte de los Estados miembros es otra de las herramientas que la UE podría utilizar. A pesar de que sus efectos no son inmediatos, sí permite respuestas más fuertes que limitan a las empresas estadounidenses el acceso a los mercados europeos y la contratación con administraciones europeas.
Terminar con la dolarización de la economía
Entre las medidas ya impulsadas y que han cosechado cierto éxito está la venta de bonos de deuda pública estadounidense. Estados Unidos incurre año tras año en déficit, pero tiene una situación privilegiada: el dólar es la moneda de referencia a nivel internacional. A pesar de esos déficits, su deuda se suele financiar a muy bajo interés, también por el papel hegemónico de la Reserva Federal. “Si te deshaces de una deuda porque consideras que incurre en un riesgo de impago o simplemente no la ves atractiva a los tipos de interés que ofrece, aumentará los tipos de interés a los que se financia Estados Unidos”, desarrolla Rísquez.
Arias, por su parte, sostiene que no renovar la deuda pública con Estados Unidos a medida que va venciendo es una de las medidas más fuertes para intentar acabar con la primacía del dólar como referencia internacional y con los “derechos de señoraje”, tal y como los denomina, que genera. “Desdolarizar en la medida de lo posible nuestro comercio con otros países es lo que más poder le puede quitar a Estados Unidos”, remarca la economista de CC. OO.
Álvarez apunta que si los grandes tenedores de bonos del Estado estadounidenses (como son Reino Unido, Japón o China), además de la propia Reserva Federal, empezaran a vender su deuda, la prima de riesgo de Estados Unidos se dispararía y les costaría muchísimo financiarse. “Esto incrementaría los déficits que ya arrastran y restaría valor al dólar”, abunda. De todas formas, no cree que algo así vaya a suceder “porque a nadie le conviene del todo reventar el dólar y que eso afecte también a su propia economía”.
Esto ya es una realidad. Hace apenas unas semanas, el fondo de pensiones danés AkademikerPension anunció que vendería todos los bonos estadounidenses que tiene en cartera, unos 100 millones de dólares. Este proceso se conoce como “Sell America” y podría llegar a dañar gravemente a la primera economía del mundo.
Sin unidad política en la UE
Carme Colomina, experta en relaciones internacionales y Unión Europea del CIDOB (Barcelona Centre for International Affairs), afirma que “la UE tiene instrumentos para hacer frente a Estados Unidos, pero falta la unidad política para activarlos”. Desde su punto de vista, el mundo se enfrenta a un Trump pragmático con los fuertes y duro con los débiles. “La UE ha adoptado esa imagen de debilidad en cualquier escenario de negociación, pero seguimos siendo el primer socio comercial de Estados Unidos, a la vez que dependemos de él en gran medida”, completa.
Más allá de herramientas económicas, la investigadora catalana detalla que se podría poner en marcha una mayor presión política. A la paralización del acuerdo comercial y la presión legislativa que se puede aplicar a los mercados digitales a través de regulación, Colomina ve como positivo que se vuelva a hablar de investigaciones como la que ahora señala a Grok, la inteligencia artificial de X, en manos de Musk, por la generación de desnudos sin consentimiento. “Cuando JD Vance dijo en la conferencia de seguridad de Múnich que la UE tenía un problema de democracia no lo decía por la extrema derecha, sino por la regulación de las grandes tecnológicas. Eso les puede hacer mucho daño”, reitera.
Alianzas internas y disonancia con China
La experta en relaciones internacionales pone el foco en las consecuencias políticas que pueden acarrear decisiones de este tipo. “Y aquí vemos que la UE se divide y se rompe internamente”, esgrime. Frente al discurso más duro de los presidentes francés y español, Emmanuel Macron y Pedro Sánchez, respectivamente, se colocan países como Italia y Alemania, que se alían entre ellos e insisten en que debe haber una salida negociada y diplomática al conflicto.
La amenaza de guerra comercial por parte de Trump ha supuesto para China, cuyo primer socio comercial es la UE, la ocasión idónea para ocupar los espacios de los que se retiraba Estados Unidos. “Para hacer frente a los aranceles de Estados Unidos, China intenta ampliar sus mercados de exportación a nivel mundial”, prosigue Colomina. De nuevo surgen las divisiones internas en la UE. Mientras algunos Estados ven con buenos ojos que China tenga más peso, otros recelan de la entrada de capital y productos del gigante asiático.
En el caso de España, poco puede hacer por su cuenta. Pero la economía española está totalmente integrada en la comunitaria, por lo que posee capacidad de presión en tanto miembro de la UE. La experta del CIDOB destaca que esta también es una forma de defensa. “Si Trump pone en el punto de mira a España, como ya ha hecho en ocasiones a cuenta del gasto militar en la OTAN, y amenaza con sanciones, Trump debería saber que no puede castigar a España individualmente al formar parte del mercado único europeo”, concluye la investigadora.
Medidas simbólicas contra las políticas sociales trumpistas
Rísquez, el profesor de la UCM, menciona otras medidas ligadas a lo económico pero que no buscan únicamente un efecto en la política económica de Estados Unidos. En este sentido, se ha planteado el boicot a grandes empresas estadounidenses, como McDonald’s, por la represión del ICE a la población susceptible de ser migrante. Algunas personas han propuesto no participar en el Mundial de Fútbol, que se celebrará en México, Canadá y Estados Unidos. “Esto puede construir un discurso social contra la Administración Trump, pero creo que su efecto económico será muy leve”, finaliza este experto.
Primero le preguntaron los ingresos aproximados de su hogar. Después, a qué clase social creía pertenecer. La periodista Noelia Ramírez respondió: a la clase trabajadora. “Lo dije dubitativa, añadiendo ‘de la cultura’ como si eso justificase por qué me metía en ese saco”, escribió en Nadie me esperaba aquí. Apuntes sobre el desclasamiento (Anagrama, 2025).
No es la única que duda sobre su clase social. En el barómetro del CIS de octubre de este año, el 0,3% de las personas encuestadas respondieron de manera espontánea que eran “proletarios”. El 14,6% acabó encuadrado en la clase trabajadora, mientras que a la clase media-media se apuntó el 37,8%. En el mismo mes de 2024, el 10,5% de los encuestados dijo pertenecer a la clase trabajadora, y la clase media-media se quedó en el 40,8%. Un 0% de las personas respondieron que pertenecían al proletariado.
El sociólogo César Rendueles, integrante del Instituto de Filosofía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), aborda en estas líneas cómo la idea de conciencia de clase a veces ha tenido una dimensión intelectualista que, dice, “es un poco falsa y sobre todo bastante inútil políticamente”.
¿Por qué cree que sucede esto?
En ocasiones, la conciencia de clase se entiende como una especie de hermanamiento de las relaciones de producción con nuestra cabeza, como si fuera un rayo mágico que nos hace ver la realidad social que provocan las relaciones de producción, y pensamos que quien no siente ese rayo mágico es torpe, tonto o está alineado, pero eso no es así.
¿Cómo se construye entonces la conciencia de clase?
Es algo que se construye colectivamente y que requiere de mediadores institucionales. Tradicionalmente, han sido los sindicatos de clase los que de alguna forma construían esa conciencia. Del mismo modo, tiene que ver con la sensibilidad de cada uno, sus afectos, sensaciones, proceso de socialización… Y eso se ve en los centros de trabajo, pero también en relaciones dentro del barrio o de la familia.
La desaparición de este tipo de mediadores ha hecho que la conciencia de clase cambie. De ahí que aumente tanto la gente que responde que pertenece a la clase media. Cuando ha desaparecido el entramado de socialización que te permitía adscribirte a una clase u otra, la gente busca algo que evita el compromiso, lo neutro.
La gente no se identifica como proletaria, pero tampoco como clase alta.
Si le preguntan al 5% de personas que más dinero ganan en España, que no es tanto dinero, no son los súper ricos, la mayor parte de ellos dirían que son clase media, y si tienen una idea más cabal de la estructura de rentas española, dirían media-alta. No es que el proletariado haya desaparecido, es que se han descompuesto esas mediaciones colectivas que generaban el campo sociológico y político proclive a la creación de la conciencia de clase.
¿Cómo se podría volver a vertebrar esa conciencia?
La pérdida de la conciencia de clase ha sido un proceso muy largo, de décadas, y que tiene que ver con una batalla perdida. Nos han derrotado en ese campo. Solo lo conseguiremos revertir si articulamos nuevos actores colectivos que estructuren ese campo de estrategia política. Si no, la conciencia de clase no aparecerá por arte de magia.
Aquella mañana despertó en Barcelona, como siempre, aunque esta vez acompañada de su madre y un médico del Opus Dei. Le dijeron que tenían que ponerle una vacuna contra la gripe. Al día siguiente, Consuelo García del Cid Guerra amaneció en Madrid, recluida. Solo tenía 16 años. Todavía no sabía que estaba en el reformatorio de las Adoratrices de Madrid. Ella es una de las decenas de miles de mujeres jóvenes que pasaron por el Patronato de Protección a la Mujer, activo desde el año 1941 hasta 1985. La institución franquista sobrevivió más de cuatro décadas gracias al apoyo y el trabajo denodado de las congregaciones religiosas. Solo perseguían una meta: corregir a la descarriada, a la mala, a la viciosa.
La falta de documentación sobre esta institución franquista es algo a lo que se ha enfrentado la historiadora Carmen Guillén, que ahora publica Redimir y adoctrinar: El Patronato de Protección a la Mujer (Crítica, 2026). La monografía es un completo ensayo en el que se condensan los pocos datos que se conocen al respecto, testimonios de víctimas y una profusa investigación sobre su historia. “El objetivo era redimir a la mujer caída y ayudar a la que está en peligro de caer, lo que con el paso del tiempo se materializa en una cárcel exclusiva para mujeres”, sintetiza.
La también profesora de Historia de la Ciencia en la Facultad de Medicina de Albacete, en la Universidad de Castilla–La Mancha (UCLM), recalca que eran mujeres de entre 16 y 25 años las que solían terminar recluidas, casi secuestradas, en el Patronato, donde también hubo robo de bebés y trabajo forzado. Sus estancias se alargaban de los seis meses a los dos años, y la institución tenía una arquitectura personal muy sólida, afirma Guillén. De la Junta Nacional de Madrid salían las 52 juntas provinciales, de las que emanaban las juntas locales.
Las religiosas, imprescindibles para el Patronato
La especialista señala a las congregaciones religiosas como “el pilar fundamental” para que el Patronato pudiera funcionar. “Aquí el nacionalcatolicismo franquista tiene uno de sus ejemplos más claros y duraderos”, añade. Así pues, lo que venían haciendo las religiosas durante siglos a la hora de redimir a la mujer descarriada se convirtió en política de Estado en el siglo XX español. “Cualquier mujer que no convergiera con el patrón de mujer ideal dibujado por el franquismo, sumisa, decente, al servicio del hogar y del marido, sin mayor horizonte vital que los cuidados y quizá la Iglesia, podía entrar en estos centros de supuesta protección que se convierten en redes de represión”, desarrolla Guillén.
De esta manera, la disidencia en la mujer, moral o política, era castigada con la reclusión. Desde sus inicios en la inmediata posguerra, el Patronato tan solo sufrió una modificación legal hasta su desaparición. Ocurrió en 1952, y el régimen confirió mayor poder a la institución. Tal y como la profesora Guillén recoge en su libro, a partir de entonces el Patronato pudo arrebatar la patria potestad a los padres en algunos supuestos, quienes perdían la posibilidad de sacar a sus hijas de los centros.
La “mala mujer” termina en el Patronato
Consuelo García del Cid Guerra, nacida en 1958, procede de una familia católica y burguesa de Barcelona. Desde joven rechazó los roles que le impusieron, y pronto empezó a movilizarse contra el régimen. En 1974, con 14 años, acudió a las protestas por el asesinato a garrote vil de Salvador Puig Antich. Así se inició en la oposición al régimen. Un año después, en marzo de 1975, se despertaba en el número 52 de la calle Padre Damián, en la capital. “Que a mi familia le saliera alguien como yo, roja, lo veían peor que ser prostituta o drogadicta”, ilustra a sus 67 años.
A las mujeres que como ella terminaban en el Patronato las llamaban las descarriadas. También había madres solteras, mujeres pobres, huérfanas, hijas de presos y presas, prostitutas o rebeldes. Según consta en el expediente de M. C. G., de junio de 1943, fue internada porque “suspira demasiado por los hombres”. También había otras llevadas a los centros por vestir una minifalda o fumar en la calle. Otras tantas ni siquiera estaban tuteladas por el Patronato. Era el caso de García: “Mi familia pagaba por mantenerme ahí. Es como encarcelar a una persona y que su familia pague la celda”.
«Exámenes caracteriológicos» del Patronato de Protección a la Mujer.
Autolesiones y suicidios en los centros
En su interior se repetía continuamente el maltrato psicológico, aunque también se reproducían castigos físicos como tener que dormir a la intemperie, obligarlas a limpiar el suelo haciendo cruces con la lengua o aplicar ortigas en la zona genital a aquellas que se orinaban en la cama. Guillén ahonda en que las internas recuerdan, sobre todo, las humillaciones y vejaciones a las que estaban sometidas, así como el hambre, el frío y los castigos que sufrían si las fugas eran infructuosas.
García tilda de “horrible” la vida en el interior de estos centros. Además, las internas no podían revelar a las demás el motivo de su ingreso. “No teníamos libertad para hablar entre nosotras, en la ducha te controlaban cuánto tiempo tardabas y tu intimidad se veía reducida al váter. Nadie que haya pasado por un reformatorio del Patronato sale igual”, asegura la barcelonesa. Las autolesiones se sucedían. “El cuerpo te pedía generar un dolor físico para olvidar el dolor psíquico que te infringían”, añade. Los intentos de suicidio también eran habituales, así como las fugas.
Robo de bebés y trabajo forzado
Los centros maternales eran uno de los tipos de centros incluidos en el Patronato. “Ahí eran habituales las adopciones forzadas o el robo de bebés. Las mujeres se veían abocadas a ello por las presiones a las que se veían sometidas. Les decían que no serían buenas madres y que, sin medios económicos, no podrían cuidar a sus hijos”, apunta la historiadora. De alguna manera, el Estado y la Iglesia estaban tomando de forma conjunta la decisión de quién podía o no ser buena madre.
La redención también pasaba por el trabajo forzado, cuyo rédito económico administraban las congregaciones religiosas. En algunos casos, recibían formación orientada a oficios considerados femeninos, como el bordado o el zurcido. Según Guillén, sus confecciones eran vendidas incluso a grandes marcas, como El Corte Inglés. “Las religiosas no se enriquecían tanto por ese trabajo, sino que destinaban el dinero a subsistir dentro de los centros, porque siempre estuvieron atravesados por problemas económicos”, agrega la historiadora.
El día de la muerte de Franco, García estaba en las Adoratrices. Pensó que todo iba a cambiar, pero no fue así. “Había ayudado a muchas a fugarse, así que planeé mi fuga, que tenía que ser perfecta, como así fue. El 2 de abril de 1976 me escapé”, recuerda. Sola no podía sobrevivir en Madrid, así que recurrió a una tía. “Terminé en un avión camino de Barcelona. Allí, mi familia me volvió a internar en el Buen Pastor”, comenta. No sabe en qué mes, pero ese mismo año salió definitivamente del Patronato. Sin embargo, sí sabe bien el «cura progre”, tal y como le llama, que la salvó: “Yo debo mi libertad al sacerdote Agustín Viñas Reixach, y se lo agradeceré toda mi vida”.
Un actor clave y casi invisible: la sociedad
Guillén incide en uno de los grandes puntales que sostuvieron al Patronato incluso después de la muerte de Francisco Franco: “La sociedad fue clave. Estaba tan asumido el discurso franquista sobre la mujer que cualquiera que no lo aceptase podría ser señalada por vecinos y familiares». En muchas otras ocasiones, ni siquiera los padres sabían a dónde estaban llevando a sus hijas, quienes luego se comunicaban con ellos por teléfono, con una monja vigilando la conversación, o a través de cartas que salían y entraban abiertas, una vez superada la censura de las religiosas».
No es baladí que en el imaginario social haya arraigado la amenaza hacia los más pequeños de que “si te portas mal te vas a ir con las monjas”. Décadas después, lo que queda todavía es una memoria silenciada que poco a poco recobra el aliento, pero también las secuelas. Guillén ha encontrado un factor común en los testimonios que ha recabado: las mujeres hablan de problemas del tipo ansiedad, depresión y estrés postraumático. Salieron de allí sintiéndose culpables, exclama García. En su caso, el estrés postraumático se materializa en un vértigo enfermizo que le impide montarse en metro o bajar determinadas escaleras sola.
Romper el silencio
Desentrañar lo que significó el Patronato es una empresa complicada. A pesar de que en un primer momento se conservaron 1.183 cajas de documentación, el archivo en el que se encontraban sufrió una inundación. A día de hoy tan solo se conservan 31 cajas. No hay cifras exactas. No hay nombres propios. Guillén estima que, hacia el final de la dictadura franquista, en 1975, había un centenar de centros adscritos al Patronato de Protección de la Mujer. En junio de 2025, la Conferencia Española de Religiosos, que aúna a 403 congregaciones religiosas en España, pidió perdón públicamente a las supervivientes del Patronato.
Cada vez son más las voces que recuerdan aquel periodo de violencia subrepticia, precisamente, para conocer mejor de dónde venimos. Comenzó García en 2009 con sus testimonios en libros como Patronato de protección a la mujer: Origen y pervivencia y Las insurrectas del Patronato de Protección a la Mujer: a la sombra del león. Marta García Carbonell y María Palau Galdón escribieron también Indignas hijas de su patria. Crónicas del Patronato de Protección a la Mujer en el País Valencià, y la productora de podcast Isabel Cadenas dedicó varios capítulos de su programa De eso no se habla al Patronato.
Guillén nació tan solo tres años después del fin del Patronato de Protección a la Mujer, una década después de la muerte del dictador. “Ojalá conocer la historia nos ayude a no repetirla, pero creo que no es cierto. La historia lo que nos ayuda es a entendernos y situarnos en el mundo en el que vivimos. Somos hijas y nietas de esta generación de mujeres y, de alguna forma, llevamos el peso de su historia sobre nuestros hombros”, concluye.
España es un Estado aconfesional. Así lo dice la Constitución aprobada en 1978. Sin embargo, la religión continúa teniendo un gran peso en los grupos de decisión política y económicos del país, sobre todo la Iglesia católica. Para luchar por la laicidad del Estado nació en 2001 Europa Laica, desde donde un cuarto de siglo después continúan observando cómo hay aspectos que no responden a esa presumible aconfesionalidad.
En su 25 aniversario, el presidente de la entidad, José Antonio Naz (Almodóvar del Río, Córdoba, 1954), repasa la actualidad política, social y cultural del país. La conversación pivota desde los avances tenues por parte de los gobiernos de Pedro Sánchez en torno a la laicidad a los conciertos de Hakuna o el último disco de Rosalía, pasando por el concordato con el Vaticano, los casos de abusos sexuales a menores en la Iglesia, la red “cristoneofascista” mundial y la espiritualidad en los jóvenes.
Llevamos casi ocho años de Gobierno progresista, incluso “socialcomunista” según algunos de sus detractores. ¿Se ha avanzado algo en este tiempo hacia la laicidad del Estado?
La nueva junta de Europa Laica, constituida en mayo del año pasado, precisamente partía de un análisis de la situación del momento. Llegamos a la conclusión de que este gobierno mucho hablar, pero poco hacer. En la legislatura de 2019 al menos estaba el compromiso de revisar el concordato con el Vaticano o impulsar una ley de conciencia. También hablaron de llevar a cabo una restitución completa de los bienes inmatriculados por la Iglesia sin certificación oficial alguna, pero al final no realizaron un decreto ley que invalidara la norma aprobada por Aznar, así que cada particular o institución afectada tiene que ir a litigar a los tribunales.
En el actual Gobierno directamente ya no aparece nada relativo a la laicidad. Es algo bastante lamentable. Cuando tenemos conversaciones con los responsables políticos parece que estamos de acuerdo con el planteamiento, pero hay algo, no sabemos muy bien el qué, que hace que luego no se traduzca en legislación.
«En el actual Gobierno directamente ya no aparece nada relativo a la laicidad. Es algo bastante lamentable».
¿Qué aspectos positivos han tenido los ejecutivos presididos por Pedro Sánchez?
Reconocemos que sí se han dado algunos avances más ligados a los derechos individuales y aspectos morales. Más allá de que ya se plantearan bajo gobiernos socialistas la ley del aborto o del matrimonio igualitario, nos alegramos de la ley de eutanasia. El problema está en el desarrollo de estas leyes, sobre todo cuando hay Administraciones autonómicas que rechazan aplicarlas en sus territorios.
¿En qué se puede ver la ligazón Iglesia-Estado a día de hoy?
Se ve muy claro con un ejemplo. El primer funeral en recuerdo a las víctimas de la dana de València fue religioso, y ahí estaban prácticamente todos los representantes públicos del Estado, desde el rey hasta alcaldes. Luego es cierto que hubo otro funeral civil. Digamos que hay un conocimiento moral y lógico de que la Iglesia debería estar separada del Estado, pero luego es incapaz de alejarse de hábitos y tradiciones que directamente beben del nacional-catolicismo franquista.
¿Cómo valoráis las conversaciones del Gobierno con el Vaticano? ¿Y la continuidad del concordato?
El concordato es una aberración, un total anacronismo, algo injustificado e injustificable. De nuevo, reproducimos en democracia unos acuerdos franquistas. Que gobiernos de sociedades modernas tengan que ir a buscar la aprobación de un jefe espiritual como el papa solo significa que sigue existiendo una subordinación y dependencia hacia él.
«Es como si siguiéramos en la época absolutista, donde el papa, como guía espiritual, tuviera poder para decidir en la política de un país».
Se habla mucho de las conversaciones que terminaron con la resignificación del Valle de Cuelgamuros. Ni la gran cruz, símbolo cristiano por excelencia y también de represión y genocidio español, va a desaparecer, ni los benedictinos van a abandonar la basílica. Pensamos que cuando Carmen Calvo visitó el Vaticano para tratar este tema, a cambio ofreció dar carpetazo al tema de las inmatriculaciones. Es como si siguiéramos en la época absolutista, donde el papa, como guía espiritual, tuviera poder para decidir en la política de un país.
Ahora que habla de poder, la Iglesia católica sigue teniendo una gran autoridad en los grupos de decisión política y económica en España. ¿Qué se podría hacer para reducir ese poder?
Vivimos en una sociedad totalmente secularizada y seguimos manteniendo un Estado y una Administración como si estuviéramos en el nacional-catolicismo, y eso no tiene ningún sentido. Sabemos que hay muchos jueces ligados al Opus Dei. Incluso el PSOE tiene una corriente cristiana entre sus filas.
Nosotros creemos que el mayor poder que tiene la Iglesia proviene del propio Estado. Eso se ve claramente con los servicios sociales. Un servicio público se externaliza en gran medida a órdenes religiosas para que lleven a cabo su negocio de la caridad. Gracias a las subvenciones estatales, ellas hacen una labor increíble de propaganda. También pasa en la educación. Mantener los conciertos con escuelas religiosas no son ideas propias de un estado democrático. Acabar con toda esa financiación es una forma de acabar con el problema. Que aquí cada uno crea en lo que quiera, pero que los demás no tengamos que pagar sus creencias.
«Mantener los conciertos con escuelas religiosas no son ideas propias de un estado democrático. Acabar con toda esa financiación es una forma de acabar con el problema».
La Iglesia ha aceptado la responsabilidad que ha tenido como institución no solo en los casos de abusos sexuales a menores durante años, sino también en su ocultación. ¿Es suficiente? ¿El Estado debería seguir teniendo relaciones con una institución así?
La Conferencia Episcopal Española ha sido y sigue siendo una de las más reacias en este tema, y eso que el anterior papa dijo que había que pedir perdón y facilitar la actuación de la justicia. Aquí siempre han ido a remolque. Primero negaron todo, luego lo minimizaron, y han puesto todas las trabas que han podido.
El acuerdo suscrito entre la Conferencia y el Gobierno lo acogen las víctimas con mucha ilusión. Habrá que ver al final cómo la Iglesia se enfrenta a las reparaciones por los daños causados. De todas formas, el Gobierno debería tener las mismas relaciones con la Iglesia como con cualquier otra institución o entidad privada.
¿Qué papel juegan actualmente otras religiones en España?
Son minoritarias, pero sí sirven para que el confesionalismo vaya a más. Es decir, el Estado no se dirige al laicismo, sino al multiconfesionalismo. En este sentido, se dan fenómenos curiosos, por ejemplo, con el Islam. Recuerdo el caso de un ayuntamiento que negó el uso de un polideportivo municipal para un ritual musulmán. Si cede dependencias públicas a otras confesiones, hablamos de islamofobia, está claro. Lo llamativo es que los partidos que en teoría deberían ser laicos salieran en su defensa. Lo público no debe usarse por opciones privadas y particulares, sean quienes sean.
Hace apenas unos días vimos cómo alguien progresista como Zohran Mamdani llegaba a la alcaldía de Nueva York. ¿Qué opinión le merece que se destaque de él que es musulmán?
Es destacable porque un hecho así en Nueva York, Estados Unidos, es anómalo, porque siguen mucho a Dios, que normalmente en cristiano. Sin embargo, el simple hecho de resaltar la religión de un alcalde ya es una muestra de poco laicismo en la política. Este hombre está ahí porque lo han elegido para ser alcalde, no para ejercer como musulmán.
Hay muchos políticos cuyas ideas están contaminadas de preceptos religiosos, sobre todo católicos. Ayuso, en Madrid, se ha negado a realizar el listado de médicos de la sanidad pública objetores de conciencia que no quieren practicar abortos y al que está obligada por ley. ¿España puede estar segura de los “derechos laicos” que ya ha conseguido?
No solo no puede estar segura, sino que quizá vayamos involucionando. Nosotros tenemos mucha relación con la asociación Derecho a morir dignamente y vemos por todas partes la connivencia que hay de poderes ultraconservadores que impiden el poder disfrutar del derecho a la eutanasia, por mucha ley que esté aprobada. Juan José Tamayo, teólogo, define lo que sucede como “cristoneofascismo”, y es un fenómeno mundial.
España parece el centro de experimentación de estas redes ultrarreligiosas con gran poder económico. El Opus Dei o los Legionarios de Cristo Rey, así como Comunión y Liberación, tienen una fuerza grandísima. Y también existen colectivos terroristas de similar orientación, como El Yunque. No es Ayuso únicamente. Todo forma parte de un entramado mucho más extenso y poderoso.
En los últimos tiempos presenciamos artefactos culturales que nos retrotraen al cristianismo de una forma u otra. Ahí quedan los conciertos para miles de personas del grupo católico Hakuna, la película Los domingos, dirigida por Alauda Ruiz de Azúa y elogiada por grupúsculos como el Opus Dei y los Legionarios de Cristo. Y queda una Rosalía recatada, con velo tapándole el pelo, casi volviendo al monasterio. ¿Qué está pasando?
Hakuna es parte de esta ofensiva religiosa que comentamos. De hecho, fue creado por gente del Opus. El fenómeno Rosalía es otra cosa. Se puede comparar con lo que pasa en Latinoamérica desde hace tiempo, una especie de moda y simbología no relacionada con aspectos religiosos necesariamente. Y sobre la película, lo que es evidente es que proyecta el pensamiento católico más conservador.
El problema yo creo que está en el foco. Según las encuestas, en torno a un 20% de los jóvenes se declaran creyentes de un credo. ¿Por qué no se habla del otro 80%? Hay muchos jóvenes cuya forma de entender la espiritualidad es ser solidarios, actuar por la paz o defender el planeta. Quizá deberíamos mirarlos más a ellos.
De todas formas, parece que hay otros tantos jóvenes que ven la religión como un refugio. ¿Qué les diría a ellos?
Está claro que la espiritualidad de cada uno entra dentro de las reflexiones sobre el mundo que les rodea. Yo les diría que se adentraran en esos pensamientos con independencia, que es la base del laicismo, la libertad de conciencia.
¿Por qué el laicismo ya no está en el debate público? Actualmente, ¿qué tipo de personas militan en el laicismo?
Nosotros estamos haciendo mucha memoria con nuestro 25 aniversario. Hemos visto que el laicismo está ahora mucho más presente que hace dos décadas. Desgraciadamente, lo que sigue sin estar mucho es en la agenda política. Sin embargo, nos percatamos de que, a nivel de reflexión personal y sentimental, el laicismo ha llegado más a la sociedad, quizá porque se ve el peligro que entrañan algunas confesiones con los fundamentalismos y fenómenos radicales de odio.
Creemos que hay que seguir trabajando en esto, porque hay una sociedad secularizada que debe impulsar que esa secularización llegue a los resortes del Estado. El llamamiento más claro que podemos hacer es que cada persona comience a razonar sus pensamientos o acciones, porque en muchos casos actuamos de forma irracional, manteniendo unas costumbres y hábitos sin saber muy bien por qué.
Sobre quiénes militamos en el laicismo, lo hacemos personas reflexivas, tolerantes y de diversas procedencias, ya sea geográficas, profesionales y de estatus económico. En general, el motivo de estar aquí es luchar por una sociedad que avance en modernidad y democracia.
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Fe de errores: originalmente, se escribió Guerrillero de Cristo en lugar de Legionarios de Cristo. Actualización realizada el 27/1/26 gracias al comentario de un lector.
