Las quemas intencionadas de arroyos, cunetas y vegetación de ribera están arrasando los escasos enclaves naturales que sobreviven en un paisaje agrícola intensivo, sin apenas control ni consecuencias legales efectivas.

Ecologistas en Acción Palencia y la Asociación de Naturalistas Palentinos denuncian la proliferación de quemas intencionadas de vegetación en arroyos, cunetas y zonas húmedas de la comarca palentina de Tierra de Campos, unas prácticas que están provocando un grave deterioro ambiental en uno de los territorios más transformados por la actividad agrícola.

En un paisaje dominado por monocultivos intensivos, donde la mayor parte de la vegetación natural ha desaparecido, estos enclaves constituyen los últimos refugios de biodiversidad. Actúan como corredores ecológicos fundamentales y albergan numerosas especies de flora y fauna, muchas de ellas dependientes de estos hábitats.

La quema de estas áreas supone la destrucción directa de hábitats, la muerte de especies y la ruptura de la conectividad ecológica. Además, agrava la erosión del suelo, reduce la calidad del agua y disminuye la resiliencia del territorio frente al cambio climático.

Resulta especialmente preocupante que estas actuaciones se produzcan de manera reiterada y, en muchos casos, sin consecuencias legales efectivas debido a vacíos normativos y dificultades de aplicación de la legislación vigente.

Las quemas intencionadas de vegetación natural no solo tienen un impacto ambiental grave, sino que pueden conllevar importantes responsabilidades legales para sus autores.

En el ámbito penal, la quema de vegetación puede constituir delito, con penas de prisión de seis meses a dos años, o incluso de uno a cinco años en caso de incendios forestales.

Desde el punto de vista administrativo, las sanciones pueden alcanzar sanciones que pueden llegar hasta el millón de euros en función en los casos de mayor gravedad de los daños, además de la obligación de restaurar el entorno afectado. Además, en el ámbito agrario, estas prácticas pueden implicar la reducción o retirada de ayudas de la Política Agraria Común (PAC).

Por todo ello, se exige a las administraciones competentes un refuerzo de la vigilancia y control, así como una limitación estricta de las autorizaciones de quema, que solo deberían concederse en situaciones excepcionales conforme a la normativa vigente en materia de residuos.

La conservación de estos espacios resulta esencial para garantizar el equilibrio ecológico y el futuro sostenible del territorio.

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• Con las previsiones meteorológicas, la recurrencia de incendios y el personal disponible, hace días que se debía haber declarado el peligro medio en las comarcas del norte de Extremadura.
• El incendio está afectando a zonas de gran valor ambiental del norte de Extremadura.
• Piden que se depuren responsabilidades y dimisiones o ceses por la incompetencia manifiesta.
• Se trata del primer GIF (incendios mayores de 500 hectáreas) de toda España del año 2026.

En pasados días se declaraba un incendio forestal que avanza sin control en Losar de la Vera que afecta ya a una superficie cercana a las 1000 hectáreas, simultáneamente en estos día ha habido incendios en otras localidades del norte de Extremadura como Hoyos, Tornavacas, Cilleros, Pinofranqueado… Con las previsiones meteorológicas, la recurrencia de incendios y el personal disponible, hace días que se debía haber declarado el peligro medio en las comarcas del norte de Extremadura para haber suspendido quemas y tener a todo el personal disponible del Infoex en esas comarcas en situación de guardia de extinción de incendios.

Estos incendios se han abordado sin apenas personal de guardia en labores de extinción de incendios, tanto de bomberos, técnicos o agentes del medio natural. La falta de personal ha que dado patente en los primeros días del incendio y en muchos momentos donde apenas había personal disponible para el relevo. Sin embargo, la inacción y dejadez técnico-política ha hecho que la situación se haya agravado hasta la situación actual en plena Semana Santa.

Pero, además, mientras que en el incendio de Sierra Espuña (Murcia), con menos de 500 hectáreas quemadas y con riesgo de afectar al parque natural se decidió pedir ayuda a la UME además del resto de medios previsibles. Aquí solo se ha acudido a comunidades limítrofes y a los medios del ministerio. Cuando los valores ambientales son de gran interés y no es previsible su control con los medios propios del Infoex, manteniendo el nivel 0 de emergencia.

A este despropósito se suma la falta de creación de las brigadas de investigación de incendios forestales entre los Agentes del Medio Natural y la contratación de una empresa externa para los trabajos de investigación cuyos informes no están validados por agentes de la autoridad. Siendo un despropósito y una falta de respeto a este colectivo que lleva años reivindicando mejoras para poder ejercer sus competencias.

El incendio está afectando a zonas de gran valor ambiental del norte de Extremadura, la ZEC de Gredos y Valle del Jerte perteneciente a la Red Natura 2000. Queriendo infravalorarse los valores ambientales que están ardiendo en un intento de justificación de la situación actual. Los tejos de escobarejos, sabinares rastreros, enebrales, espinares, piornales… zonas de cabra montés, el lobo ibérico, desmán ibérico, águila real, el lagarto verdinegro, multitud de pequeñas aves, insectos… este espacio acoge las mejores manifestaciones supraforestales de Extremadura, desde los matorrales almohadillados a los prados psicroxerófilos y canchales cacuminales, pasando por cervunales y gleras de toda Extremadura. El gradiente altitudinal, de cerca de 2.000 m de desnivel dentro de este espacio, desde el piso mesomediterráneo al crioromediterráneo, le confiere una elevada diversidad biológica y de hábitats, que incluyen relictos eurosiberianos, relictos subtropicales, elementos mediterráneos y un grado de endemicidad sin igual dentro de Extremadura, destacando los 15 endemismos de flora exclusivos de Gredos.

Este tipo de incendios intencionados se encuadran en la actual situación política de desprecio medioambiental, de pérdida del patrimonio ambiental extremeño, de retroceso y negacionismo de la protección ambiental y natural que se viene fomentando en Extremadura en los últimos años. Se trata del primer GIF (incendios mayores de 500 hectáreas) de toda España del año. Por todo esto Ecologistas en Acción de Extremadura cree que es necesario depurar responsabilidades políticas y técnicas. Del peor verano de incendios en Extremadura hemos pasado al peor incendio en temporada baja en la comunidad con la peor gestión que se viene viendo en años. Esto no lo tapa otra medalla de Extremadura, si va a ser la tónica para la próxima campaña de peligro alto.

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El movimiento ecologista de León, representado por las asociaciones Bierzo Aire Limpio, Ecologistas en Acción de León y la Plataforma para la defensa de la cordillera Cantábrica, recurren en alzada las resoluciones de la Junta que pretenden permitir la ganaderia y la caza en los montes de la provincia de León incendiados el pasado verano.

La nefasta y cuestionada gestión de los incendios por parte de la Junta de Castilla y León, propició que en agosto del año pasado, se produjera la mayor catástrofe ambiental registrada en León: casi el 10% de toda la superficie forestal de la provincia calcinada. Los incendios afectaron a espacios protegidos de incalculable valor ecológico.

Apenas transcurrido medio año desde entonces, y a pocas fechas de las elecciones autonómicas, el Servicio Territorial de Medio Ambiente de León, instado por la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, publicó el pasado 12 de febrero en el Boletín de la Provincia de León, sendas resoluciones de la Junta, firmadas por el Jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de León, Jesús Méndez Fernández, para dejar sin efecto la suspensión de los aprovechamientos cinegéticos y ganaderos en la totalidad de los terrenos afectados por los incendios del último verano.

Dicha suspensión, cuyo objetivo es permitir la recuperación de la cubierta vegetal, es automática, tiene una duración de 5 años y está regulada en el artículo 92 de la Ley de Montes de Castilla y León. No obstante, ese mismo artículo reconoce que dichas prohibiciones podrán ser levantadas “cuando se acredite la compatibilidad de los aprovechamientos con la regeneración del monte incendiado y con la restauración del hábitat y supervivencia de las especies de flora y fauna silvestre”. Sin embargo, la Junta no ha evaluado el impacto ambiental de los incendios, no ha estudiado su repercusión sobre las especies de flora y fauna, no ha elaborado planes de restauración y ni siquiera ha convocado al Consejo Regional de Medio Ambiente. Con argumentaciones carentes de cualquier rigor técnico se levantan las prohibiciones, sin distinción alguna en todo el territorio afectado, para todas las especies cinegéticas (incluidas las de caza menor), a todas las explotaciones ganaderas, y durante todo el periodo de los cinco años previstos en la Ley.

En sus recursos Bierzo Aire Limpio, Ecologistas en Acción y la Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica, ponen de manifiesto la falta de rigor en los argumentos esgrimidos por la Junta para aplicar las excepciones previstas en la Ley. Las resoluciones han ignorado el riesgo enorme de erosión de estas actividades en los terrenos quemados que, anegados y desestabilizados con las incesantes lluvias de este invierno, han perdido ya parte de su capacidad de regeneración. Ahora tocaría extremar las precauciones para evitar que ese deterioro vaya a más y se deberían, por tanto, mantener las suspensiones previstas en la Ley de Montes de Castilla y León. Además, levantar las prohibiciones en la totalidad de los montes quemados, sin tener en cuenta su régimen de protección o su ubicación en espacios de la Red Natura 2000 y/o parques regionales, nacionales o reservas de la biosfera, denota la total desvinculación de las resoluciones con la conservación del medio ambiente, a la que se debe tanto el Servicio Territorial de León como la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal.

Para terminar, recordar que los responsables tanto políticos como técnicos de estas resoluciones, tienen la obligación legal de restaurar los terrenos forestales incendiados y de recuperar el Patrimonio Natural afectado. Lejos de eso, en una burda maniobra electoral, pretenden priorizar los intereses de unos sectores muy concretos, en detrimento del bien común.

Por todo ello, las asociaciones ecologistas barajan la posibilidad de seguir la vía contencioso administrativa, incluso la vía penal por prevaricación ambiental contra los responsables políticos y técnicos, si se desestiman los recursos.

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Ecologistas en Acción denuncia que la legislación de Montes prohíbe el cambio de uso de terrenos afectados por incendios. El fuego se originó en un acto negligente durante los trabajos realizados en las obras de la granja denunciada.

Vecinos de Abigeo expresaron su preocupación a Ecologistas en Acción respecto a las obras realizadas por la empresa Agropecuaria del Isábena, filial de Mazana
La organización, tras visitar la zona, ha comprobado que dichas obras están afectando a un monte que sufrió un incendio en agosto de 2025 que calcinó 27 ha., y que fue provocado en las obras de la misma explotación porcina, motivo por el que se estaba investigando a cuatro personas.

En los trabajos de ampliación de esta granja, en la construcción de una nueva balsa, se están llevando a cabo desmontes de ladera que están ocasionando la destrucción del monte cubierto de carrascas que resultó calcinado el año pasado. Estas intervenciones contravienen la legislación autonómica y estatal relativa a montes y a la protección de las zonas incendiadas contra el cambio de uso de las mismas que se prohíbe durante treinta años tras el incendio.

Por estos hechos, Ecologistas en Acción ha presentado denuncias ante las consejerías de Medio Ambiente y Turismo y de Agricultura, Ganadería y Alimentación, solicitando la paralización inmediata de las obras, la apertura de expediente disciplinario contra la promotora responsable y la restauración del monte roturado a su estado natural anterior al incendio, pues este se inició en las obras de la propia explotación porcina.

Por otro lado se ha dirigido al ayuntamiento de Abiego, mostrando su preocupación por las obras que se están realizando en su término municipal y han solicitado información relativa a la licencia de actividad clasificada que tiene que tramitar dicho ayuntamiento y a la solicitud de alta de suministro de agua procedente del abastecimiento de agua de boca de la propia localidad, asunto que también preocupa a los vecinos de Abiego, dada su posible impacto sobre los recursos hídricos locales.

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