Después de las protestas populares saharauis de Gdeim Izik, en El Aaiún, en noviembre de 2010 –otro aniversario que se cumple en esta temporada–, la represión por parte de la administración marroquí fue dura. Tras un desmantelamiento de la movilización marcado por la violencia, se estima que alrededor de 200 personas fueron detenidas, 19 de las cuales siguen en prisión. Pero ocurrió algo más, en apariencia mucho menor, pero simbólicamente muy poderoso: desde entonces, en los territorios ocupados está prohibido instalar jaimas.

La tienda tradicional de las tribus nómadas había sido el elemento distintivo de aquella movilización, con más de 6.500 organizadas en un campamento que se considera el precursor de los que en los meses siguientes tomarían muchas ciudades del mundo. Pero en El Aaiún prohibirlas iba mucho más allá de una cuestión policial.

Y es que los elementos culturales también son importantes en la ocupación de un territorio. «Cuando un país ataca a otro, lo primero que intenta es hacer que se disuelva. Y para que se disuelva un país lo primero que hay que usurpar es su identidad, lo que le hace singular», explica Tiba Chagaf, miembro de la representación del Frente Polisario en España. Si hablar de la cultura como campo de batalla es en nuestros días prácticamente un lugar común, en el caso del Sáhara Occidental la expresión se convierte en literal. La administración marroquí es consciente de la importancia política de las prácticas culturales saharauis, cuya potencia intenta neutralizar a través de distintas estrategias que van desde el borrado hasta la apropiación. Mientras, para los y las saharauis, la cultura es un espacio de resistencia y de memoria, fundamental para la identidad y la construcción nacional de un país despojado de su tierra.

La estrategia del borrado

Chagaf, que ha trabajado durante décadas en el ámbito de la política cultural, apunta a una particularidad de este caso: «Los saharauis no tenemos una cultura milenaria caracterizada por construcciones o yacimientos culturales o mezquitas enormes donde uno pueda ir y empaparse de esa cultura. Al contrario. El saharaui lleva la cultura en su mente y en su comportamiento». Por eso, es precisamente a las mentes y a los comportamientos adonde apunta el borrado que intenta llevar a cabo la ocupación.

Además de a las jaimas, este tipo de política afecta por ejemplo a la vestimenta tradicional, prohibida en lugares públicos como las escuelas, o incluso a algunos nombres propios que no se permite inscribir en el registro civil o en el libro de familia. Como señala el investigador en sociología Brahim Aaila, algo que hace especialmente esquivo este tipo de prohibiciones es que no se llevan a cabo a través de medios legales. «Las autoridades ocupantes marroquíes prohíben diversas expresiones culturales de manera ilegal, sin ninguna base», explica. «Por eso, es difícil documentar estas medidas, porque no se basan en una normativa, sino más bien en medidas arbitrarias y en el uso de la fuerza».

En otros casos, los mecanismos son más sutiles. Por ejemplo, como señala Chagaf, a día de hoy no hay ninguna universidad en la zona ocupada del Sáhara. «No es porque no tengan presupuesto», apunta. «Es algo intencionado para que los jóvenes saharauis se vean obligados a ir al norte. En las universidades, por cada saharaui hay tres marroquíes, y se ven obligados a alterar su habla, su vestimenta, sus costumbres…».

Hay ámbitos en los que la aniquilación es menos evidente en su intención, pero al mismo tiempo muy material y fácilmente rastreable. Uno de los que Aaila ha estudiado es la destrucción de yacimientos arqueológicos. La zona es rica en enclaves con pinturas rupestres y otros restos prehistóricos de hasta 80.000 años de antigüedad. Una riqueza que apenas ha podido ser investigada y que se ha visto dañada en las últimas décadas por la guerra, por la actividad de expoliadores y por las actividades de extracción de recursos. Uno de los casos más destacados es el del yacimiento de Al-Asli: según explica Aaila, se concedió licencia a una empresa marroquí para convertirlo en una cantera. La presión social y mediática fue tan fuerte que el Estado se vio obligado a revocar el permiso, pero otros casos no han corrido tanta suerte. Por ejemplo, los que quedaron aplastados por la construcción del muro militar que delimita los territorios ocupados: hay pinturas rupestres bajo las alambradas y las minas.

Un elemento transversal que se diluye muy eficazmente bajo este tipo de políticas culturales es la lengua. El uso del hasanía, que es la variante del árabe hablada por los saharauis, también se intenta diluir lo más posible en los territorios ocupados. No se venden publicaciones en hasanía, ni siquiera diccionarios. «No está presente en ninguna institución, ni en la calle, ni en el trato profesional, ni en el mercado… El único entorno donde se puede conservar es en el seno de la familia», señala Chagaf. Y ni siquiera ahí es fácil, como continúa explicando: «En las generaciones nacidas en el exilio, nuestros hijos hablan español y un poco de hasanía, y nuestros sobrinos bajo la ocupación hablan dariya –la variante marroquí del árabe– o francés. Son familias fracturadas».

La estrategia de la apropiación

Aunque en la situación lingüística también se refleja una paradoja. Mientras en los territorios ocupados se produce ese borrado, también ocurre que el hasanía es una de las lenguas que Marruecos incluyó en la reforma de la Constitución de 2011 como «parte integral de la identidad cultural marroquí», dentro de un discurso de multiculturalidad del Estado. Esta maniobra es un ejemplo claro de la otra estrategia con la que la ocupación lleva a cabo la batalla cultural: la apropiación.

La investigadora estadounidense Joanna Allan ha estudiado cómo se trata de mecanismos diferentes que se van alternando o sucediendo para un mismo fin. En un artículo reciente publicado en la revista State Crime Journal, repasa la cronología de estas prácticas. Según su análisis, la «opresión violenta genocida de la cultura saharaui» en los primeros años de la ocupación dejó paso a un «intento de apropiación cultural que no engañó a nadie» a principios de la década de 1990, momento de elaboración del censo del prometido referéndum de autodeterminación. Luego llegaría la folklorización del legado para atraer al turismo, y finalmente el actual «proceso de muticulturización» de Marruecos, en el que se apropia elementos culturales de pueblos disidentes como el saharaui o el rifeño mientras trata de neutralizar su contenido político. En esta última estrategia, «lo saharaui se etiqueta como una identidad provincial dentro de una nación marroquí unida», explica Allan en ese artículo.

En lo práctico, esa estrategia se concreta sobre todo en la música y la poesía, dos de las disciplinas más nucleares dentro de la cultura saharaui. Editoriales marroquíes han publicado diversas antologías y libros de poesía en hasanía en la última década; mientras que festivales en los territorios ocupados y también en regiones marroquíes limítrofes con el Sáhara a menudo incluyen a artistas y grupos que ponen en escena música tradicional saharaui.

Tiba Chagaf cuenta que, cada año, en uno de los festivales más conocidos, el de Tan Tan, se montan más de cien jaimas: esas mismas jaimas que están prohibidas en los territorios ocupados. «Todo es folklórico», apunta. En ese sentido, estos festivales también tienen otro efecto sobre el patrimonio: la apropiación de objetos tradicionales. «Cada dos por tres hay un alza en la compra de objetos singulares que acaba por hacerlos desaparecer».

«Incluso esas bandejas de té antiguas, que son amarillas y espesas, de bronce… Con la desesperación y la necesidad, la gente acaba vendiéndolas», apunta, con una comprensión que extiende también a los y las artistas que participan en esos espacios. «Algunos son colonos, otros son promarroquíes, pero también hay poetas saharauis, porque, como en todos los países, por más avanzados que sean, de la cultura nunca es fácil vivir. Entonces, cuando a un poeta se le da un incentivo, se puede cuestionar muchas cosas. Pero no sabe que en el fondo está haciendo un genocidio cultural, falsificando su identidad».

El otro lado de la historia: la cultura como resistencia

Pero si hablamos de una batalla cultural es porque no todo es ataque. Del otro lado, los y las saharauis también han encontrado en las prácticas culturales un campo fundamental para la lucha y la resistencia. Como ocurre también en otros Estados despojados de su tierra, como el palestino –o en comunidades exiliadas o migrantes–, la cultura se convierte en un espacio clave para mantener viva la identidad y la cohesión nacional.

Así, en los campamentos de personas refugiadas saharauis de Tinduf la política cultural es clave. La música, la poesía y el teatro han sido desde el comienzo del exilio herramientas utilizadas para la sensibilización y la concienciación de la lucha nacionalista, pero también de cuestiones mucho más cotidianas, relativas por ejemplo a la higiene o la salud.

Algunos logros parecen de hecho un espejo de las carencias que Chagaf y Aalia explicaban respecto a la zona ocupada. En los territorios liberados existe desde 2012 una universidad, la de Tifariti, en la que se enseñan las carreras de enfermería, magisterio, informática y periodismo. La promoción de la lengua hasanía también es una prioridad, que ahora se lleva a cabo no solo mediante los programas educativos, sino también a través de series y vídeos que pasan de móvil en móvil hasta convertirse en un «trending jaima», como lo llama Chagaf. En la wilaya de Rabuni, donde se concentran los servicios de los campamentos de refugiados, hay un Museo de la Resistencia que exhibe documentos históricos y creaciones de arte.

Muchos esfuerzos que responden a una misma idea, que resume así: «La cultura es el trasfondo del conflicto. De nada nos sirve que el día de mañana nos independicemos si volvemos mitad cubanos, mitad argelinos, mitad españoles. Si se coloniza la mente, la tierra ya es un hecho consumado».

Este reportaje se publicó originalmente en El Periscopio, el suplemento cultural de La Marea, cuyo último número se dedicó íntegramente a la cultura saharaui. Puedes conseguir la revista aquí o suscribirte para apoyar el periodismo independiente.

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A veces lo necesario es celebrar las historias que no ponen en el centro la condición de la protagonista: la clave de la trama no es ser gorda, o racializada, o queer, o disca, sino otra cosa. Pero, en otras ocasiones, es necesario todo lo contrario: decir, decir, decir con toda claridad y hasta el menor detalle lo que ocurre en una vida marcada por una de esas palabras, porque sigue lejos de ser sencilla. Y porque hay historias que no podemos permitirnos no saber.

«Puede ser fácil refugiarnos en el silencio cuando oímos la verdad de alguien y nos golpea en una parte profunda de nuestra humanidad, de nuestras propias vergüenzas ocultas», dice Sonya Renee Taylor en una de las muchas citas que salpican Manual para romper un cuerpo. Una historia sobre gordofobia (Aguilar, 2025).

Lo que hace Lara Gil –conocida por ser una de las creadoras del pódcast Nadie hablará de nosotras– en este libro es desafiar ese silencio poniendo sobre la mesa su propia historia. La historia de una mujer que a los 19 años decidió someterse a una cirugía bariátrica –una mutilación, en sus propias palabras– para dejar de engordar, y que desde entonces ha ido descubriendo las consecuencias que nadie le contó que esta operación tendría para su salud. Son muchas, y son duras. Vómitos, intolerancias, caída de pelo, deshidratación, desnutrición, pérdida de dientes… La lista es larga y culmina con una ironía: volver a engordar. 

Pero, sobre todo, este Manual es la historia de una sociedad que permite y alienta que esto ocurra. «Financiamos con dinero público la realización de miles de operaciones en las que se nos amputa una parte de nuestros órganos y nos parece bien porque le tenemos más miedo a engordar que a estar enfermas». En España se realizan al año 6.000 intervenciones de este tipo.

Pero, sobre todo, eso no es más que un extremo particularmente grave de un continuo de imaginarios y prácticas presentes de manera cotidiana en una cultura obsesionada con la forma de los cuerpos, desde las dietas hasta el Ozempic. «¿El estómago es un obstáculo en el objetivo de adelgazar? ¡Si el estómago es un problema, pues quitamos el estómago!». Podría parecer una broma, pero que tire la primera piedra quien no sienta dentro el eco de un pensamiento así. 

Con una escritura ágil e inteligente, llena de golpes de verdad, y desde la perspectiva transformadora del activismo gordo, Lara Gil explora el vector colectivo de una vivencia íntima: los componentes de clase, de barrio, de género, lo ineludiblemente político de la historia que atraviesa un cuerpo. Y los ofrece como la puerta abierta a compartir un deseo: el de abrir una conversación. Porque lo que hay que cambiar no son los cuerpos, sino el modo en que pensamos sobre ellos. Es decir: sobre nosotras mismas.  

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Este artículo forma parte del dossier de #LaMarea108, dedicado al Sáhara Occidental. Puedes conseguir la revista aquí o suscribirte para recibirla y apoyar el periodismo independiente. Además, en nuestro nuevo número, dedicamos El Periscopio a la cultura saharaui. ¡Gracias!

La Ley de Descolonización del Sáhara Occidental se publicó en el BOE el 20 de noviembre de 1975. Sí, exactamente: el día de la muerte de Franco. Apenas dos días antes, el asunto se había dejado bien atado en las Cortes, en una votación en la que 100 diputados estaban ausentes. La ley en cuestión estaba firmada por Juan Carlos de Borbón –el mismo que unos meses antes había asegurado que «no abandonaría» al pueblo saharaui– y constaba de un solo artículo.

Casi un siglo de colonización española se pretendía resolver así: sin un detalle, sin una garantía. «Salvaguardando» –eso sí– «los intereses españoles». Para entonces, habían pasado ya más de dos semanas de la Marcha Verde, y la ocupación marroquí avanzaba, haciendo real de facto una nueva situación que tenía muy poco que ver con una descolonización.

La presencia española en el Sáhara comenzó en 1884 con tres casetas en la Bahía de Cintra (frente a Canarias, algo al sur de lo que hoy es Dajla). La zona estaba habitada por población saharaui nómada, cuyo vínculo con el territorio no se construía a través de la demarcación ni de la propiedad, así que en un primer momento no hubo apenas conflictos.

Las tribus se relacionaban con esta nueva presencia como lo habían hecho hasta entonces con otros poderes de la zona, incluido el sultán de Marruecos: acuerdos comerciales que no implicaban otro tipo de sometimiento. Pero España estaba jugando al birlibirloque en otra parte. Algo después llegó la Conferencia de Berlín, donde Europa se repartió a escuadra y cartabón el continente africano, y en ese trazado de líneas la zona pasó a llamarse Sáhara Español. Y lo cierto es que, durante algunas décadas, no pasó mucho más.

La riqueza del Sáhara

La cosa empezó a cambiar en 1949, cuando se descubrió en su subsuelo una riqueza importante: los fosfatos (empleados sobre todo en fertilizantes químicos). Fue entonces cuando empezó a articularse una industria –cuyo centro era la empresa minera Fos Bucraa, con su cinta transportadora como una cicatriz de 100 kilómetros–, que llevó a su vez a la construcción de ciudades como El Aaiún o Villa Cisneros. El momento coincidió, además, con una época de fuertes sequías, que dificultaban notablemente la vida para la población nómada.

Esto facilitó que los y las saharauis accediesen a sedentarizarse en esas ciudades de reciente creación y a trabajar como mano de obra. Así, las décadas de 1950 y 1960, en las que buena parte de las naciones africanas se independizaban, fueron precisamente el momento en que la colonización española en el Sáhara Occidental se intensificó, en un anacronismo que se viene arrastrando hasta nuestros días.

Para poder mantener esa presencia en un momento en que el clima político, la ONU y el sentido común ya llamaban a otra cosa, el franquismo colonial se valió de subterfugios. El más notable fue el de convertir al territorio en la provincia número 53 de España. Desde 1958, el Sáhara fue, a todos los efectos legales y administrativos, igual que Asturias, Murcia o Albacete. Sus habitantes tenían DNI, iban a la escuela española y salían en el No-Do. Ese era el estado de cosas cuando en 1975 se publicó en el BOE aquella ley de un solo artículo. 

A día de hoy, otra ley, la de Memoria Democrática –aprobada en 2022 por el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos– no recoge ni una sola mención a la colonización de España en este ni en ningún otro territorio. A menudo se piensa que hacerlo sería una cuestión simbólica, una reparación en términos conceptuales. Pero no es así, y el caso del Sáhara es flagrantemente claro en ese sentido. Más allá de que sea justo y necesario el mero reconocimiento de la violencia y expolio inherentes a la colonización, en esta historia hay además hechos muy concretos, e innegablemente análogos a los que sí que reconocemos con claridad en otras búsquedas de verdad, justicia y reparación.

Porque para cuando llegó 1975 sí que habían pasado algunas otras cosas. Desde el final de la década de 1960 comenzó a organizarse en la sociedad saharaui un movimiento nacionalista. Aunque su existencia se permitió hasta cierto punto, hubo también momentos de enfrentamiento, como los llamados sucesos de Zemla, en 1971, en los que desapareció Sidi Brahim Mohamed Basir, Basiri, presuntamente a manos de la policía de la administración colonial. Su paradero nunca se ha resuelto.

Con el DNI en el bolsillo

Es solo un ejemplo. Hay decenas más que permanecen anónimos y enterrados bajo la arena: quienes desaparecieron durante las semanas posteriores a la Marcha Verde. Cuando se encuentran sus restos en fosas comunes, a menudo aparece en sus bolsillos un DNI español, una tarjeta de trabajador de Fos Bucraa, una cartilla de la Seguridad Social.

Y no son solo los muertos. También están las personas vivas que sufren a día de hoy las secuelas de los ataques con armas químicas durante su camino hacia el éxodo. Uno de los bombardeos más conocidos fue el de Um Draiga, en febrero de 1976, en el que se utilizó napalm y fósforo blanco sobre población civil. El número de muertos se cifra entre 2.000 y 3.000 solo en aquellos días. Por este y otros casos, en 2015 la Audiencia Nacional española admitió a trámite una querella para procesar a 11 altos cargos marroquíes bajo la acusación de genocidio. El procedimiento sigue sin resolverse.

Quienes sí llegaron a su destino, los campamentos de refugiados de Tinduf, no han vuelto a salir de ellos. En la inmensa precariedad de un lugar inhóspito, sobreviven con secuelas y traumas. También los de la guerra, que duró más de una década. En otras partes, a quienes participaron en conflictos bélicos y conviven con sus consecuencias se les atiende de manera específica, entendiendo la muy probable afectación de su salud mental tras esta experiencia: en el Sáhara Occidental, estamos hablando de prácticamente el total de la población masculina mayor de 60 años.

Todo esto ocurrió bajo una disposición legal muy clara: mientras no se realice la descolonización en los términos mandatados por la ONU desde 1970 –a saber, un referéndum de autodeterminación–, España sigue siendo la potencia administradora del territorio. La responsable, por tanto, de las vulneraciones de derechos humanos que ocurran en él.

Aquel párrafo sin detalles ni garantías publicado en el BOE el 20 de noviembre de 1975 queda como apenas una nota al pie en una jornada que se celebra en el recuerdo como el paso de España a una nueva época. Ya sabemos que los pactos que apuntalaron la llamada «transición a la democracia» tuvieron mucho de concesión y mucho de silencio: lo ocurrido en el Sáhara es uno de los ejemplos más evidentes de lo que este país permitió en nombre de su tranquilidad. Un canario en la mina de lo mal hecho cuyo silencio hace medio siglo que nos viene avisando de algo, por más que nos empeñemos en no escuchar.  

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Cuando se habla del Sáhara Occidental, en la conversación siempre acaba saliendo la idea de la “legalidad internacional”. Pero ¿qué significa eso? Hablamos con la abogada Inés Miranda, que forma parte de la Comisión de Derechos Consejo General de la Abogacía Española y preside la Asociación Internacional de Juristas por el Sáhara Occidental (IAJUWS), para aclarar cuáles son las claves de esa realidad que ampara las reivindicaciones saharauis.

1.- El Sáhara Occidental es un territorio pendiente de descolonización

“Naciones Unidas tiene reconocido al territorio saharaui como un TNA, como un territorio no autónomo en proceso de descolonización. Esto significa que la potencia colonial no ha concluido su tarea de descolonizar y de acompañar al territorio en su proceso de independencia. Lo que tenía que haber hecho España antes de abandonar el territorio, de acuerdo con los acuerdos adoptados hasta el año 1975 y siguiendo las reiteradas resoluciones de Naciones Unidas, era concluir ese proceso escuchando la voluntad del pueblo saharaui en un referéndum”.

2.- España sigue siendo la potencia administradora del Sáhara Occidental… y no cumple con sus obligaciones

“Esto implica que sigue siendo la responsable de lo que acontece en el territorio. Así lo determinan los artículos 74 y 75 de la Carta de Naciones Unidas. Además del referéndum, establecen otra vía para que un territorio pase de una potencia administradora a otra, que es que haya sido aceptada por unanimidad por la Asamblea de Naciones Unidas. Esto, hasta el día de hoy, jamás ha pasado.

Decir que España hace dejación de sus derechos es hacer una concesión. España incumple sus obligaciones como potencia administradora. Hay responsabilidad y culpabilidad por parte del Gobierno de España del momento y de los sucesivos gobiernos que ha tenido el Reino de España, que jamás han considerado esta esta cuestión como un asunto de Estado.

Jamás se han puesto a trabajar como lo hizo Portugal con Timor, que es un ejemplo clarito porque además tenía una potencia bastante cruel ocupando el territorio, pero se consiguió, y en el año 1999 pudieron votar.

Y aún más: este es uno de los pocos casos en los que la potencia administradora dota militarmente a la potencia ocupante para que aniquile a la población sobre la que tiene una obligación. España regala y malvende armamento a Marruecos, y Marruecos lo utiliza contra el pueblo saharaui”.

3.- La legalidad internacional no reconoce la soberanía de Marruecos sobre el territorio

“Por un lado, el Sáhara Occidental está reconocido como territorio pendiente de descolonización desde 1963; y la resolución 34/37 de la Asamblea General de la ONU establece desde el año 1979 la legitimidad del Frente Polisario como su representante. Además en el año 1975 Marruecos decidió buscar otra solución y preguntó a la Corte Internacional de Justicia de La Haya (la misma que ahora se está pronunciando sobre Israel) cuál era la condición del Sáhara Occidental. La respuesta fue, primero, que no es una terra nulius, sino que antes de la colonización había una población existente que venía ejerciendo su soberanía y sus competencias desde tiempo atrás, que era el pueblo saharaui. Y, segundo, que no hay ninguna relación entre el pueblo saharaui y Marruecos”.

4.- Los Acuerdos de Madrid son ilegales

“En primer lugar, porque no se puede mercadear con la soberanía de un territorio. En aquel momento había negociaciones en Naciones Unidas para que se celebrase el referéndum, el rey emérito español fue a decirles que se iba a derramar hasta la última gota de sangre para defender al pueblo saharaui y al territorio… y, al final, dos días después, se firmó este abandono. Por otro lado, estos acuerdos jamás fueron publicados, son secretos. Un acuerdo no publicado, ¿a quién vincula? A quien lo firma y punto”.

5.- Marruecos ocupa el territorio del Sáhara Occidental con la complicidad de España

“España se confabuló con la potencia que quería apropiarse del Sáhara Occidental, que es Marruecos. El proceso de abandono del Sáhara no fue pacífico por parte de España: no hacer también es violencia. España, además de jugar con la frontera adelante y atrás para delimitar la entrada de la Marcha Verde, que como sabemos fue una marcha militarizada, también procuró, en la medida en que le fue posible, que la población saharaui no saliera. Impedir que la población salga para salvar su vida también es una manera de colaborar en el genocidio”.

6.- La situación en el Sáhara supone una violación del Tratado de Buena Vecindad de Marruecos con la UE

“El Tratado de Buena Vecindad que tiene la Unión Europea con Marruecos, en su artículo 2, dice claramente que si se vulneran los derechos humanos de una de las partes, el convenio será denunciado. Hemos insistido a España para que denuncie el convenio porque Marruecos viola ese artículo en tanto mantiene una guerra de ocupación con el Sáhara Occidental”.

7.- La UE no puede firmar acuerdos comerciales con Marruecos que impliquen recursos saharauis

“La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre los acuerdos de pesca y las convenciones que la Unión Europea pueda firmar con Marruecos dice que el Sáhara Occidental no entra en el ámbito de las competencias de Marruecos, y que por tanto no puede firmar acuerdos sobre ese territorio. Asienta que no basta con que los recursos expoliados puedan repercutir en la población saharaui, sino que lo importante es el consentimiento expresado por el pueblo saharaui. Me empeño en hacer esta distinción entre pueblo y población, porque por población podemos entender a todo el que ocupa el territorio. Lo que cuenta tiene que ser el consentimiento del pueblo saharaui expresado por su legítimo representante, que es el Frente Polisario. Aunque también hay sombras en la sentencia: hay algo que es insólito en derecho, que es que establece una especie de vacatio legis, un plazo para que se pueda ejecutar. Es como decir: ‘Esto es un delito, pero lo puedes estar cometiendo durante un año’. Esto se hace ‘para evitar perjuicios económicos’, con lo que parece que da exactamente igual los derechos del pueblo saharaui, que es lo que se estaba vulnerando. Si mañana el pueblo saharaui accede a la independencia, podrá reclamar por todo el lucro cesante, y se lo tendrá que reclamar a España y ahora también a la Unión Europea.

Otra cuestión es que es una sentencia territorial, es decir, sólo vincula a las partes afectadas por el procedimiento: la Unión Europea y Marruecos. Pero Marruecos sigue violando el derecho internacional, pacta con Rusia, pacta con China y sigue expoliando los recursos naturales del Sáhara Occidental. Eso lo hemos visto nosotros en nuestras múltiples asistencias al territorio hasta que, directamente, se nos ha impedido la entrada. Hemos constatado la presencia, por ejemplo, de barcos nodriza chinos y rusos que vienen, entre otros, desde el puerto de Las Palmas. Y esto se une al importante puerto que se está construyendo en Dajla con fondos españoles y europeos. Es un expolio y hay empresas españolas que están trabajando ahí”.

8.- Dos autos de la Audiencia Nacional reconocen estos mismos puntos

“En 2015 planteamos una querella por genocidio [contra 11 altos cargos militares marroquíes], que se admitió y se empezó a tramitar. Hay testimonios de desaparecidos que prestaron su declaración, se exigieron comisiones rogatorias, y el propio auto [del juez Ruz] reconoce que se está en un proceso de descolonización que no ha concluido. Pero era importante tomar declaración a los presuntos culpables querellados, y ahí tocábamos siempre con la negación de Marruecos de colaborar y la inacción por parte de la Administración española. Nos topábamos con la falta de voluntad política de que esto se tramitara. Llegamos a solicitar órdenes de detención contra algunos de los querellados que estuvieron en España, reunidos con ministros gobernando el Partido Socialista, pero no se les detuvo, habiendo una euroorden de detención y pudiendo haberlos detenido. Por otro lado tenemos, producto del violento desmantelamiento del campamento de Gdeim Izik, otro auto, de julio del 2014, del entonces juez Grande-Marlaska, que fue mucho más allá: habla de que España es la responsable de lo que acontece en el territorio hasta que concluya la descolonización. Y es el mismo juez que ahora mismo se ha posicionado en la postura en la que está el presidente del Gobierno de España”.

9.- Marruecos condena a saharauis en juicios para los que no es competente

“Marruecos celebra juicios para los que no es competente. La ocupación no exime de obligaciones a la fuerza ocupante. Existe un derecho, que es el derecho humanitario, que tiene que ser aplicado y respetado. La administración de justicia puede actuar sobre cuestiones de gestión diaria de la vida -hurtos, multas de tráfico…-, pero no puede en ningún momento enjuiciar ni actuar contra una persona que luche por los derechos de autodeterminación de su pueblo o por ninguna reivindicación política o en defensa de derechos humanos.

Tampoco puede trasladar a la población del TNA a tribunales en el territorio marroquí, y mucho menos a cárceles marroquíes. La situación de los presos políticos es una situación de dispersión y de apartheid dentro de la cárcel. No se les trata como presos políticos ni como presos de conciencia, se les da un trato que les asemeja a los presos por terrorismo. Yo siempre he dicho que son rehenes. No se permite la visita de observadores internacionales, se dificulta la visita de familiares. En el caso de Gdeim Izik no se permitía hasta hace poco ni la de los propios abogados que les habían defendido. Hemos visto cadenas perpetuas por hablar mucho menos de lo que estamos hablando nosotras aquí. Denunciamos también la postura de España, porque sale con toda la razón a denunciar la existencia de presos políticos en otros países, pero de los que ella es responsable no dice absolutamente nada”.

10.- El actual posicionamiento del gobierno de España incumple la Constitución y el derecho internacional

“El posicionamiento de Pedro Sánchez es el mismo que desde el año 2006 se viene trabajando por el Partido Socialista, por Zapatero, por algunos parlamentarios que parecían amigos del pueblo saharaui, y por supuesto por Felipe González. Pero el señor Sánchez ha tomado una decisión que va contra la Constitución, porque la política exterior no le compete a él, le compete al Gobierno. Además, tiene que respetar el derecho internacional, y como potencia administradora tiene que actuar, no hay más vuelta de hoja. No tiene que hacer nada más que eso, cumplir la ley, que es algo que no ha hecho desde el año 75 hasta la actualidad”.

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