El Movimiento Europeo del Agua (EWM), del cual la Red Agua Pública forma parte, alerta de las consecuencias negativas que conllevaría la modificación de la Directiva Marco del Agua anunciada por la Comisión Europea este 10 de diciembre en la rueda de prensa sobre el Omnibus Ambiental.
El pasado fin de semana, del 5 al 7 de diciembre, Girona ha acogido el encuentro anual del EWM. Uno de los objetivos fue analizar las propuestas de desregulación de las normas de la Unión Europea relativas a la gestión del agua, tanto en términos de derogaciones como de financiación.
“Sin este marco legal común, desaparece cualquier garantía del buen estado ecológico y químico de las masas de agua de la Unión Europea”, alertan los miembros del EWM. La Directiva Marco del Agua es el pilar vital de toda la política hídrica europea, por lo que piden a los eurodiputados que defiendan la norma y sus estándares vigentes.
El EWM denuncia la deriva de la Comisión Europea, “cediendo a lobbies mineros e industriales con intereses particulares que amenazan el derecho a un medio ambiente sano y la salud pública de todos los ciudadanos europeos”. Las organizaciones recuerdan que la Comisión Europea ha repetido numerosas veces que apoya el Derecho Humano al Agua y al Saneamiento, tras los casi 2 millones de ciudadanos que apoyaron la primera Iniciativa Ciudadana Europea (ICE Right2Water) que pide el reconocimiento del derecho al agua.
Estas acusaciones se dan después de que la Comisaria europea de Medio Ambiente, Agua y Economía circular, Jessika Roswall, afirmara la semana pasada que la revisión de la Directiva Marco del Agua responde al objetivo de facilitar la apertura de minas en territorio europeo para dejar de depender de China y EEUU. También para acelerar proyectos considerados estratégicos para la Comisión Europea como son los centros de datos.
El EWM vincula la amenaza ambiental orquestada por la Comisión Europea con su plan de rearme y su aparente plan de competitividad en la carrera global por liderar sectores industriales tecnológicos como el de la Inteligencia Artificial. “Cabe recordar que aún se desconoce el enorme consumo de agua y energía de la IA, lo que debería impedir que la Comisión elimine los procedimientos de evaluación e impacto ambiental, más aún en una región del mundo afectada por la escasez permanente de agua”, denuncian.
La potencial revisión de la Directiva Marco del Agua llega solo unos años después de que la Comisión haya hecho una evaluación de la directiva, con la que concluyó que es adecuada para responder a los objetivos comunes de protección del agua y de la salud.
Organizaciones1 de España, Francia, Italia, Países Bajos, Alemania, Grecia, Bosnia y Herzegovina, Bélgica y Serbia, se encontraron y acordaron priorizar para este 2026 la protección de la Directiva Marco del Agua. Entre los asistentes participaron operadores públicos, administraciones locales y el Relator Especial de la ONU por los Derechos Humanos al Agua y al Saneamiento.
Para ver la reacción del Relator Especial de la ONU por los Derechos Humanos al Agua y al Saneamiento, consulte aquí.
1 Ayuntamiento de Girona, Diputación de Barcelona, Ayuntamiento del Masnou, Ayuntamiento de Torelló, Ayuntamiento de Viladrau, Institut Català de Recerca en Aigua (ICRA), Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental (ICTA-UAB), Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF), CAEB-CSIC, CT BETA UVic, LEQUIA – UdG, Wageningen University, Asociación Española de Operadores Públicos de Agua y Saneamiento (AEOPAS), Aqua Publica Europea (APE), Associació de Municipis per l’Aigua Pública (AMAP), Cicle de l’Aigua del Ter SA (CATSA), Consorci per a la Gestió Integral d’Aigües de Catalunya (CONGIAC), Consorci de Medi Ambient i Salut Pública SIGMA, Castelló d’Empúries 2000 SA, Gestió Urbanística i Serveis Arenys de Munt SA, Aigües Municipals de Xàbia (AMJASA), EYATH SA, Observatori de l’Aigua de Terrassa (OAT), Mesa Social del Agua, European Environmental Bureau (EEB), Ingeniería Sin Fronteras (ISF), Aigua és Vida, Plataforma en Defensa de l’Ebre (PDE), Grup de Defensa del Ter (GDT), Càritas Girona, Naturalistes de Girona, Observatori del Deute en la Globalització, European Public Services Union (EPSU), The Netherlands Trade Union Confederation (FNV), Red Agua Pública (RAP), Plataforma Contra la Privatización del Canal Isabel II, Foro Italiano dei Movimenti per l’Acqua, ENDA Colombia, Eau Secours 31, Coordination Eau Ile de France, Water Observatory Xabia, Water Observatory Terrassa, Water Observatory Girona, CEE Bankwatch Network y Polekol/Pravo na Vodu.
Por Julen Bollain. Publicado originalmente para Público.
El debate sobre la vivienda en la izquierda española se ha convertido en un intercambio de eslóganes que rara vez aterriza en la realidad material. Y, sin embargo, la cuestión es bastante sencilla. O la izquierda asume que es imprescindible aumentar de forma sostenida la vivienda asequible o seguirá administrando la escasez mientras la extrema derecha convierte la frustración cotidiana en combustible político.
En los últimos días ha vuelto la idea de que ciudades como Viena «no son comparables» con España porque surgieron en condiciones históricas irrepetibles. Es una objeción elegante, pero profundamente conservadora. Porque, si aceptáramos ese marco, no podríamos usar referencias internacionales para nada. Ni educación, ni fiscalidad, ni política industrial. Viena no es un modelo perfecto ni plenamente trasladable, pero sí demuestra algo que atraviesa toda la evidencia internacional y es que, cuando un país combina regulación firme con construcción sostenida de vivienda asequible, los precios dejan de comportarse como un mecanismo de expulsión social.
La anomalía, en realidad, está aquí. Hemos convertido la construcción en un debate identitario, como si edificar vivienda protegida fuese una concesión ideológica y la regulación fuese la única forma legítima de intervenir. Todo esto tendría cierta gracia si no fuera porque detrás hay vidas muy concretas: jóvenes que no pueden emanciparse, familias que destinan más del 50% de sus ingresos al alquiler, ciudades donde es normal pagar 1.300 euros por un UCZ (un-casi-zulo) y donde la vivienda social continúa siendo una rareza estadística.
Si uno observa el paisaje actual de posiciones dentro de la izquierda, se pueden distinguir tres grandes enfoques:
El primero es el de la izquierda reguladora, que sitúa el problema en el poder de fijación de precios y la captura de rentas. Sin esta mirada, no habría topes al alquiler, protección frente a desahucios injustos o control del alquiler turístico. Y esta izquierda tiene razón, sobre todo, en un punto nuclear: dejar la vivienda completamente en manos del mercado conduce a procesos de exclusión rápida. Pero, desde mi modesta opinión, cuando esta posición se absolutiza —cuando se concibe la regulación como sustituto de la producción de vivienda asequible— se termina gobernando la escasez, no resolviéndola.
El segundo enfoque es el de la izquierda que reivindica la planificación y la provisión pública. Aquí el diagnóstico es que ningún país ha garantizado el derecho a la vivienda sin un parque público o cooperativo robusto. España tiene apenas un 3% de vivienda con algún tipo de protección, frente a medias europeas mucho mayores. No es casual que los precios se comporten como lo hacen. Y no es solo Viena. También son Países Bajos, Dinamarca o Austria, quienes llevan décadas construyendo vivienda asequible de manera estable. La clave no es replicar modelos, sino asumir que la oferta pública y concertada debe crecer de forma sostenida, año tras año, para que el alquiler deje de ser un mecanismo de selección por renta.
El tercer enfoque es el de la izquierda que considera que, dadas las limitaciones fiscales y técnicas de muchas administraciones, no se podrá escalar la vivienda asequible sin colaboración con actores privados sometidos a reglas estrictas. Es decir, sometidos a topes de rentabilidad, cesiones obligatorias de suelo, precios congelados de por vida o participación de cooperativas de uso. Este enfoque no busca entregar la ciudad al mercado, sino utilizar la capacidad regulatoria del Estado para orientar inversiones y multiplicar el impacto del suelo público disponible.
El problema no es que existan tres sensibilidades. El problema es que la izquierda española sigue atrapada en un marco dicotómico que no ayuda. Regular o construir, intervención o colaboración, Estado o mercado. Ese marco es falso. Y, además, a quien beneficia es a la derecha, porque mientras se discute la pureza doctrinal, los precios siguen subiendo, la oferta asequible sigue siendo insuficiente y los sectores más vulnerables del mercado del alquiler se encuentran cada vez más solos.
La realidad es bastante más prosaica y más urgente. En 2024, el alquiler medio de un piso en Barcelona rozó los 1.600 euros. En Madrid superó los 1.450. En ciudades intermedias como Málaga, Bilbao o Palma, es habitual que un piso cueste entre 1.100 y 1.300 euros al mes. Y, claro, no hablamos de lujo. Hablamos de viviendas estándar. Con salarios medios de 1.500 a 1.800 euros, la aritmética se vuelve devastadora.
España necesita regulación firme para contener abusos, pero también necesita construir vivienda pública. Necesita limitar el alquiler turístico, pero también necesita promover vivienda en cesión de uso, en alquiler público y en fórmulas de precio tasado permanente. Necesita colaboración con cooperativas, fundaciones y, en determinados marcos, con promotores privados sometidos a condiciones estrictas.
Lo que no necesita es seguir creyendo que el mercado, si se le deja «respirar», resolverá mágicamente la crisis. Ese es el camino que nos ha traído hasta aquí. Un camino que ha desembocado en un país con uno de los mayores porcentajes de viviendas vacías de Europa, pero con un parque público raquítico y una presión de precios que golpea de forma desigual a jóvenes, migrantes, familias monoparentales y trabajadores con salarios medios.
No se trata de elegir entre intervenir o construir. Se trata de asumir que una política de vivienda seria debe hacer ambas cosas y debe hacerlas bien. Regular para frenar abusos. Construir para reducir la escasez. Planificar para evitar que la ciudad se convierta en un mecanismo de selección por renta. Y, sobre todo, consolidar un parque estable de vivienda asequible que dé seguridad y horizonte vital a quienes hoy viven pendientes de cada renovación contractual.
La vivienda no es un símbolo. Es una infraestructura social. Si la izquierda renuncia a construirla —material y políticamente— otros decidirán cómo, dónde y para quién se construyen las ciudades del futuro. Y la mayoría social no puede permitirse que eso vuelva a ocurrir.
Por Juan Gimeno. Publicado originalmente para El Salto.
La globalización financiera ha implicado en el campo tributario la impunidad fiscal de los más poderosos. Empresas y personas con alta capacidad de pago eluden pagar impuestos. Las clases medias y trabajadoras, en paralelo, sostienen los sistemas tributarios y ven decrecer su capacidad económica.
Rodrik señalaba que los Estados no pueden optar al mismo tiempo por globalización, soberanía nacional y democracia. Es cada vez más notoria la presión de los superricos contra normas o acuerdos contrarias a sus intereses y su apoyo a partidos de extrema derecha y antidemocráticos.
Quienes tienen iniciativa, quienes crean empleo, merecen reconocimiento y recompensa. No tanto quienes se enriquecen utilizando medios ilegales e inmorales, o por la especulación o una herencia no ganada. Lo que se trata es de que los rentistas contribuyan a los gastos comunes no menos que cualquier trabajador con los mismos ingresos, y progresivamente más cuando su nivel de ingresos crece desmesuradamente.
Pensemos un decálogo de medidas para avanzar hacia ese objetivo de justicia fiscal.
1. Gravar los grandes patrimonios
El objetivo es que los superricos paguen sus impuestos como el resto de contribuyentes, sin que puedan refugiarse en territorios con impuestos bajos o nulos. Una decisión mundial vinculante, de acuerdo con las iniciativas ya existentes (G-20, Sevilla, Zucman, Tax the super rich…) reforzaría los esfuerzos nacionales, debilitados por la movilidad financiera.
2. Combatir las Guaridas fiscales
Las Guaridas fiscales provocan no solo pérdidas fiscales y de consiguiente bienestar social, sino que favorecen la corrupción, las mafias de todo tipo y el terrorismo, que encuentran en esos refugios la base financiera que los posibilita.
Es necesario exigir criterios más estrictos para que se incluyan automáticamente en la lista negra a todos los países con tipos impositivos muy bajos o inexistentes; que se aplique el criterio sobre transparencia de la propiedad efectiva de las empresas; que se incluya la evasión fiscal de los particulares ricos; y que se impida que las administraciones públicas realicen contrataciones u otorguen beneficios fiscales a quienes operen en guaridas fiscales.
3. Hacer tributar adecuadamente a las finanzas
La propuesta de un impuesto sobre las transacciones financieras tiene más de un cuarto de siglo. España, Italia, Francia, Grecia, Bélgica ya los han puesto en vigor, aunque de forma limitada.
No tiene sentido que cualquier transacción de bienes o servicios, incluso de primera necesidad, soporte impuestos superiores a lo que se pagan en las operaciones financieras. Por ello, el ámbito del impuesto debería ser más amplio. Dada que la mayor parte de esas operaciones se realizan por los más ricos, es otra vía de ir consiguiendo que contribuyan adecuadamente.
En el impuesto sobre la renta, las de trabajo soportan tipos superiores a los que se aplican a las rentas de capital. Debería seguir el avance en el acercamiento de las dos tarifas del impuesto
4. Tributación de las grandes empresas y los beneficios desorbitados
La importancia de participaciones en empresas y en la percepción de dividendos aumenta notoriamente con la renta. La elusión/evasión fiscal de los superricos guarda una relación directa con la inadecuada tributación de las grandes sociedades.
Las grandes empresas multinacionales imputan ingresos y costes a los territorios donde la fiscalidad es especialmente favorable, cuando no inexistente. Los países de la OCDE y del G20 iniciaron en 2013 un Plan de Acción (BEPS) que busca garantizar la recaudación en cada país alineando la potestad tributaria con la actividad económica y la creación de valor.
Un ejemplo en esa línea es la que se conoció como Tasa Google. En España se ha materializado en el Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales que grava las prestaciones de determinados servicios digitales con usuarios situados en territorio español.
Hay que aplaudir el acuerdo para gravar los beneficios de cualquier sociedad con un tipo mínimo del 15%. Entró en vigor en la UE desde 2024. Es criticable que el tipo impositivo sea bajo, pero es un avance importante porque los grandes grupos pagan de media un 7,24% y los tecnológicos ni siquiera… Como señala Harari, un sistema tributario que solo sabe gravar dinero pronto quedará obsoleto, pues hay innumerables transacciones que ya no implican transacciones de dinero. La lista de las personas más ricas del mundo la encabezan magnates procedentes de ese tipo de empresas. No pagan impuestos al tiempo que se enriquecen con grandes ayudas y contratas estatales.
Es necesario endurecer la legislación sobre sociedades pantalla, sin actividad económica real, y perseguir la utilización de sociedades para esconder ingresos, gastos y patrimonios particulares.
Hay que resaltar el movimiento en favor del gravamen sobre los beneficios extraordinarios “caídos del cielo”, no por éxitos de gestión sino por circunstancias externas. Lo que posibilita esos beneficios extraordinarios es el poder monopolístico de las empresas. Por ello, este tipo de impuestos deberían aplicarse con carácter permanente. Beneficios muy por encima de la media general y sectores oligopolísticos suponen dos pistas importantes de por dónde se puede avanzar.
5. Gravar las grandes herencias
El 68,8% de la desigualdad en España tiene su causa en la herencia. Dejar libre de gravamen a las grandes herencias es contrario a principios como la igualdad de oportunidades y la meritocracia.
En el caso español, de mantenerse su tributación en el ámbito autonómico, es imprescindible fijar una solución como la aplicada para los grandes patrimonios, de modo que se evite la fuga de ingresos de los más adinerados y la suicida competencia a la baja entre distintas comunidades.
Podría aprovecharse para revisar y actualizar ambos impuestos e impedir las vías de evasión a través de sociedades.
6. Gravar el lujo
El consumo suntuario es una vía cómoda de hacer pagar más a los super ricos. Puede arbitrarse a través de distintas formas, incluso de forma complementaria: un impuesto sobre el lujo, tipos más elevados del IVA para determinados productos, progresividad más acusada en otros tributos como el IBI sobre viviendas de lujo, etc.
Otra vía interesante sería un impuesto medioambiental especial sobre el consumo de bienes y servicios con elevada intensidad de emisiones de CO2 como jets privados, yates de gran tamaño, turismo de lujo… Es preciso que el impuesto recaiga sobre el consumo y no sobre la propiedad. Es habitual que estos bienes figuren como propiedad o gasto de empresas, aunque el disfrute sea de particulares.
7. Reducir los beneficios fiscales
Hablamos del conjunto de medidas en casi todas las figuras tributarias que reducen la cuantía final que debe pagar el contribuyente. En su gran mayoría, suponen una merma importante de ingresos, son regresivos, responden a presiones de lobbies concretos, y tienen dudosa o escasa utilidad social. Además, favorecen la elusión fiscal porque son las personas más ricas y las grandes empresas las que tienen acceso al eficaz asesoramiento para encontrar en esa maraña de beneficios la mejor forma para no pagar.
8. Combatir eficazmente la evasión y el fraude fiscal
Es evidente que es en los niveles altos de renta y en las grandes empresas donde se encuentran las mayores cifras de defraudación y elusión. La lucha contra las guaridas fiscales y algunas de las advertencias recogidas en los puntos anteriores son medidas cuyo éxito conlleva aumentar la tributación efectiva de los superricos.
Fortalecer los recursos humanos de la Agencia tributaria y reforzar la eficacia, rapidez y proporcionalidad de las sanciones a los defraudadores se añadirían a los principales ajustes que necesita la lucha contra el fraude.
9. Ingeniería fiscal
La casi totalidad de las grandes vías de elusión de pago de impuestos por los más potentados encuentran la colaboración necesaria en expertos asesores fiscales. Buena parte de ellos provienen de la propia Agencia Tributaria. Procedería reforzar las sanciones penalizadoras a quienes asesoren a defraudadores y penalizar en mayor medida las puertas giratorias.
10. Renta básica de ciudanía
Es necesario completar el objetivo de que los superricos paguen los impuestos que deben con un apoyo especial a quienes ocupan el lado opuesto en la escala de renta y riqueza. El Ingreso Mínimo Vital fue un gran avance. Pero no llega ni a la mitad de sus potenciales destinatarios. Por ello, es necesario pasar a una prestación universal, incondicional y automática como derecho de ciudadanía a una vida digna. Es muy fácil conseguir después, a través del impuesto sobre la renta, que quienes no la necesiten la devuelvan por vía impositiva de forma progresiva.
En resumen, o se corrigen los efectos negativos de la globalización financiera sobre las haciendas nacionales y se consigue que los más ricos paguen los impuestos que deben y no pagan, o estamos poniendo en grave peligro los sistemas de bienestar europeos e, incluso, la democracia.
Nosotros, los movimientos sociales y las organizaciones de la sociedad civil abajo firmantes, estamos profundamente preocupados por los intentos de desmantelar el derecho internacional, en particular desde la llegada al poder de la administración Trump y sus ataques contra el sistema multilateral. Mientras varios Estados poderosos violan el derecho internacional en diversos contextos, Estados Unidos comete abusos sin precedentes que socavan directamente los principios fundamentales del multilateralismo y del derecho internacional.
Estados Unidos no solo se ha retirado de organismos clave de las Naciones Unidas y de acuerdos internacionales, como el Consejo de Derechos Humanos, la Organización Mundial de la Salud la UNESCO, y han animado activamente a otros Estados a abandonar o socavar los marcos multilaterales, sino que también han dejado de pagar sus contribuciones financieras obligatorias, lo que ha provocado graves perturbaciones operativas en todo el sistema de las Naciones Unidas. Además, el Gobierno estadounidense ha impuesto sanciones a titulares de mandatos de las Naciones Unidas, en particular a la Sra. Francesca Albanese, Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados, lo que ha obstaculizado gravemente su capacidad para cumplir su mandato de manera independiente y eficaz. También ha atacado a la Corte Penal Internacional (CPI) mediante sanciones e intimidaciones políticas destinadas a paralizar su labor.
Estados Unidos ha restringido la libertad de circulación o ha denegado en repetidas ocasiones la concesión de visados a representantes debidamente acreditados de los Estados miembros de las Naciones Unidas, en particular a funcionarios de la Autoridad Palestina y a representantes de organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales, impidiéndoles así participar en los períodos de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. Esto constituye un obstáculo directo al derecho de los Estados miembros a acceder al principal foro multilateral mundial, un derecho garantizado explícitamente por el derecho internacional y el acuerdo de sede de 1947. El hecho de que el país anfitrión abuse de su posición privilegiada para obstaculizar la participación en las propias Naciones Unidas constituye una violación intolerable de los principios sobre los que se fundó la ONU.
Además, el plan del presidente estadounidense para Gaza (octubre de 2025) es una nueva demostración del desprecio de este país por el derecho internacional. Si bien apoyamos plenamente el cese inmediato de las masacres y el envío urgente de ayuda humanitaria, como reclaman las ciudadana y los ciudadanos de todo el mundo, este plan tiene en realidad por objeto perpetuar la dominación colonial bajo nuevas formas y niega el derecho del pueblo palestino a la libre determinación. Al privilegiar la seguridad de las fuerzas colonizadares en detrimento de la justicia, en realidad concede impunidad a los autores de genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, cuando el derecho internacional prohíbe categóricamente cualquier amnistía por tales crímenes. Por lo tanto, cualquier plan de paz auténtico debe incluir mecanismos de justicia transicional y reparadora, de rendición de cuentas y garantizar el acceso de las víctimas a la justicia y a la reparación.
En este contexto, hacemos un llamamiento a la movilización de los pueblos, los movimientos sociales y las organizaciones de la sociedad civil para defender el derecho internacional basado en la Carta de las Naciones Unidas y los derechos inalienables de los pueblos. Juntos debemos reforzar un multilateralismo centrado en los pueblos, capaz de hacer respetar la justicia y la responsabilidad. Nuestra acción colectiva será esencial para promover la justicia reparadora para las víctimas y garantizar que los responsables de genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad rindan cuentas plenamente.
Con este fin, también instamos a los Estados miembros de las Naciones Unidas a que:
asuman sus responsabilidades y adopten medidas concretas para luchar contra la erosión sistemática del derecho internacional, defendiendo al mismo tiempo el sistema multilateral en la perspectiva de la búsqueda de la paz, los derechos humanos, la justicia social y la protección del medio ambiente;
consideren el traslado inmediato de la sede de la ONU de Nueva York a Ginebra, a la espera de una decisión colectiva sobre la futura ubicación de la sede principal de la ONU, con el fin de poner fin a la injerencia arbitraria e ilegal del Gobierno estadounidense en el funcionamiento de la Organización.
En este sentido, abogamos por un sistema multilateral libre del dominio omnipotente de los Estados poderosos y los intereses económicos, un sistema que garantice así un multilateralismo democrático, inclusivo y participativo. La defensa y el fortalecimiento de dicho sistema exigen una oposición decidida a la ley del más fuerte y un compromiso firme con la defensa de la igualdad de derechos de todos los pueblos y Estados a ser escuchados, representados y protegidos en virtud del derecho internacional.
* Asociación de Abogados Democráticos (IADL) * Emmaus Internacional * Centro Europa – Tercer Mundo (CETIM) * La Vía Campesina (LVC) * Instituto Transnacional (TNI) * Movimiento por la Salud de los Pueblos (PHM) * Derecho Igualitario * Marcha Mundial de las Mujeres * Amigos de la Tierra Internacional FOEI-ATI * FIAN Internacional * Flotilla Global Sumud * Paraguas Global de Cirugía (GSU) * Justicia Social Global * Convergencia Global de Luchas por la Tierra y el Agua en África Occidental (CGLTE-OA) * Federación Internacional para la Protección de los Derechos de las Minorías Étnicas, Religiosas, Lingüísticas y Otras (IFPRERLOM) * Fraternidad Internacional de Reconciliación (IFOR) * Buró Internacional de la Paz (IPB) * Coalición Internacional del Hábitat (HIC) * Red Internacional de Cátedras, Instituciones y Personalidades para el Estudio de la Deuda Pública (RICDP) * Reparaciones Revolucionarias * Asociación para la Defensa de los Derechos de los Agricultores (AFRD) * Red de ONG Libanesas * Congreso de los Pueblos – Colombia * Red de Alimentación Patrimonial Africana y Caribeña * Coordinación Europea Vía Campesina (ECVC) * Red de Derechos de la Vivienda y la Tierra – Coalición Internacional del Hábitat * Asociación Belgacem Yagoubi para la Cultura y la Creatividad * Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH) * Convergencia Maliense contra el Acaparamiento de Tierras (CMAT) * Liga Yibutiana de Derechos Humanos * Mariposa Negra – Patrimonio Cultural para África * Confederación de Trabajadores Unificados y Progresistas (SENTRO) – Filipinas * Centro Nuevos Modelos de Desarrollo (CNMS Italia) * Centro para los Derechos Humanos y el Desarrollo * Coordinación por la Soberanía Alimentaria en MENA * Foro de Personas con Discapacidad de Uganda * Federación Internacional de la Diáspora Afar (FIDA) * Fundación ALICA – Bosnia y Herzegovina * Alianza de Trabajadores de la Cadena Alimentaria * Foro para la Democracia y la Paz * Observatorio DESCA – Cataluña (España) * Asociación Tierra y Cielo * Pax Christi Uvira – RDC * Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (CAJAR) – Colombia * Movimiento por la Buena Gobernanza y la Promoción en Gabón * SOHRAM-CASRA – Centro de Acción Social para la Rehabilitación y Reintegración de Víctimas de Tortura y Guerra * Asociación para la Promoción y Protección de Defensores de Derechos Humanos Xumek – Argentina * Asociación Americana de Juristas (AAJ) * Asociación de Empleados y Trabajadores de la Conservación Ambiental (AGOEC) – Argentina * COECOCEIBA – Movimiento Ecologista de Costa Rica * Asociación PoleRani – Bulgaria * Movimiento Anti-Jindal y Anti-POSCO (JPPSS) – India * Fundación Jeshil – Pristina * Movimiento Pacifista Vrede vzw – Bélgica * Foro Indio de Acción Social * Magazine du Monde – Suiza * Red Wiphalas * ATTAC España * ATTAC France * Coalición Internacional del Hábitat – América Latina (HIC-AL) * SOLIFONDS * Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo SJ” (CSMM) * Asociación Ecuatoriana de Amistad con el Pueblo Saharaui (AEAPS) * RESF 04 Digne-les-Bains * Red Hospitalidad
Lo público se encuentra parasitado por lo privado.
Por Liliana Pineda, representante de ATTAC España en la Red de Agua Pública & Salvador Martínez, coordinador de ATTAC Mallorca. Publicado originalmente para Público.
Los mercados de los servicios públicos no son libres, ni competitivos, ni transparentes, ni perfectos.
Es falso que los intereses privados dominantes quieran mercados libres, transparentes y perfectos.
Lo público se encuentra parasitado por lo privado.
Es falso que los intereses privados coincidan con los intereses del COMÚN, ni, por supuesto, con los intereses de las personas libres, pues están determinados por el lucro.
Para hablar de Servicios Públicos (SSPP), primero tenemos que reconocer que, históricamente, los SSPP han conservado rasgos de soberanía que establecen una distancia y una superioridad del gestor sobre el usuario, confundiendo el ejercicio del poder público (potestas publica) con el servicio aportado a la población. Si a eso se añade que, desde hace más de un siglo, venimos soportando el discurso que enfrenta lo público a lo privado y administración pública a gestión privada, comprenderemos por qué hay que desmontar mentiras y clarificar conceptos.
Desde ese discurso, interesadamente se concluye que la gestión privada es mejor y más eficiente que la gestión pública y se identifica la gestión privada con Mercado Libre, competitivo, transparente y con información perfecta, en el que se realizan operaciones conforme a reglas de juego prefijadas. Pero es obvio que el mercado libre no existe, y que por fuerza se apoya sobre un marco institucional y unos derechos muy definidos que condicionan su funcionamiento, como se ve, por ejemplo, en la gestión del agua y de la sanidad. Además, la gestión de los SSPP ya es en buena medida privada e, incluso, las propias competencias públicas de su gestión (la planificación o la atribución de concesiones) están intervenidas por intereses privados, por los forcejeos del poder y por el ánimo de lucro. Los intereses privados se imponen como si fueran públicos y establecen el marco jurídico que les es más propicio. Las compraventas de servicios a las que se llama MERCADO no se ajustan al modelo idealizado. Su único objetivo es la ganancia y están absolutamente determinados por el ánimo de LUCRO.
La gestión de los servicios públicos ya es en buena medida privada e, incluso, las propias competencias públicas de su gestión están intervenidas por intereses privados
Por otra parte, según se trate de SERVICIOS PÚBLICOS (como los abastecimientos de agua, los hospitales y centros de salud, las escuelas, las universidades, los servicios sociales, de cuidados, funerarios, de salvamento, la justicia gratuita, los transportes, la vivienda social…), o de SERVICIOS PRIVADOS (financieros, de seguros, de comunicación y un largo etcétera), lo cierto es que la realidad social y el régimen jurídico que los regula son muy distintos.
Mientras que en los privados el poder de negociación está marcado por el lucro y es claramente desequilibrado, en los públicos es falto de transparencia y su regulación legal es, o muy deficiente, o muy restrictiva, lo cual propicia que las transacciones transcurran en la clandestinidad o con excesiva discrecionalidad (es decir, “hago lo que quiero”) en la propia Administración, cuyos gestores huyen continuamente del derecho público, alejándose de los controles y garantías del procedimiento administrativo. Lo cual facilita la corrupción e implica una evasión de las normativas reguladoras creando oportunidades delictivas propias en la administración pública.
Además, existe un pacto de silencio, una especie de dispensa o privilegio que abarca los modelos de financiación, monopolio, o reparto de las decisiones políticas sobre los SSPP. Dispensa que, asimismo, obra de manera evidente en la promulgación de leyes y normativas en todas las escalas competenciales, que, en la práctica, son cada vez más permisivas con los procesos privatizadores, incluso con las conductas corruptoras. Ese pacto se ha extendido a la creación de redes ocultas de intercambios perdurables de beneficios y favores, con amplia experiencia en ingeniería tributaria a través de asociaciones, sociedades y organizaciones pantalla o vehículo.
Y es que los SSPP, desde un punto de vista inversor no constituyen un terreno propicio para la libre competencia, ya que suponen, todos ellos, inversiones tan fuertes que una vez constituidos o construidos con dinero público no resulta razonable ni lucrativo que empresas competidoras dupliquen o tripliquen costosas infraestructuras, por lo que solo caben las opciones privatizadoras:
Subcontratar a las empresas privadas todas o algunas fases de su gestión
Vender a la empresa privada la red e infraestructuras del servicio público a precio de saldo o muy inferior a su coste real, para que al privado le resulte lucrativa y rentable la compra situándolo así en una posición monopolista, sólo condicionada por la ley vigente, que puede ser variable y ondeante, a discreción del poder…
En los dos casos se suele establecer una regulación para que la gestión cumpla algunas exigencias ecológicas, sanitarias, sociales, de igualdad, pero que generalmente reducen el lucro entrando en franca confrontación con los intereses privados dominantes.
En España las fórmulas privatizadoras de la gestión de los SSPP que han conducido a la situación actual se llevan experimentando durante más de 140 años
En estas condiciones los intereses privados presionan por adquirir la concesión y el monopolio de determinados SSPP —todo lo contrario a la libre competencia—, lógicamente sin asegurar la gestión transparente, publicitada, asequible, participativa, con rendición de cuentas, y sin garantizar que sea universal, igualitaria e integradora de los ecosistemas vinculados a esos SSPP.
En España, tal y como le hemos escuchado exponer repetidamente a José Manuel Naredo (cuyos escritos son fuente principal de este texto) [1], las fórmulas privatizadoras de la gestión de los SSPP que han conducido a la situación actual se llevan experimentando durante más de 140 años. Es decir, antes de que se acuñara el concepto, privatización.
Lo público se encuentra parasitado por lo privado. La gestión de lo público es SUSTANCIALMENTE privada. Se presupone que lo público es independiente de lo privado y que se gestiona pensando en el bien común o atendiendo a intereses generales. Sin embargo, la manipulación del concepto de «lo público» va unida a una serie de mitos que justifican dicha manipulación. Por ejemplo, el hacer grandes obras públicas con la excusa de resolver carencias (como sucedió en Madrid, durante la pandemia, con la construcción de un hospital a toda prisa). Este tipo de obras contribuyen a expandir la escasez, originando una espiral de insatisfacción y deterioro, y su mala gestión contribuye, además, a ampliar el negocio de las grandes obras y nuevas concesiones, promoviendo “el despilfarro” y configurando el conglomerado de intereses empresariales y corporativos en torno al “negocio” de los servicios, que abarca tanto lo público como lo privado, debido al trasvase mismo de técnicos/gestores entre la administración pública, la universidad y las empresas privadas.
La propia legitimación social, que las políticas públicas acumularon en décadas con sus iniciales efectos liberadores y modernizadores, ha permitido que el complejo de intereses económicos, técnicos y administrativos pueda operar, en torno a su gestión, prácticamente sin límites ni control público. Así las condiciones para el abuso, la corrupción están garantizadas.
Es falso que los intereses privados dominantes quieran mercados libres, transparentes y perfectos
En resumidas cuentas, la penosa situación actual de la gestión de los SSPP no es fruto de la ineficiencia de la Administración Pública, o de la planificación y del intervencionismo estatal, que ingenuamente presumimos orientados al servicio del interés público. Pero desactivar el conglomerado de instituciones, intereses, presiones y justificaciones, para sustituirlo por otro, orientado a promover la buena gestión no puede acometerse sin un acuerdo social firme que lo apoye, y sin cambios importantes en las normativas.
Es falso que los intereses privados dominantes quieran mercados libres, transparentes y perfectos. Curiosamente, los intereses privados hegemónicos no quieren que se cree el marco institucional propicio para que se generen centros de intercambio regulados, en los que se produzcan transacciones libres y transparentes entre concesionarios y usuarios.
El equívoco se produce al presuponer que los mismos intereses privados alcanzan a todos los individuos en general o que los intereses privados son siempre partidarios del “dejar hacer, dejar pasar” mercantil y de la igualdad de derechos y oportunidades. Lo que evidentemente no ocurre en nuestras sociedades desiguales y polarizadas. Y es que ninguna gestión es posible sin conocer la realidad a gestionar.
Los procesos de gestión deberían ser participativos, igualitarios y transparentes, pero da vergüenza ajena oír hablar a representantes de la Administración y la política, de su afán de promover la participación, a la vez que se silencia a las asociaciones de personas usuarias, afectadas, y a los observatorios sociales, que deberían ocupar un lugar prioritario en todo proceso participativo.
La gestión de los SSPP transparente, con rendición de cuentas, asequible, participativa, universal, igualitaria e integradora de ecosistemas vinculados a ellos debe ir unida a la actualización y reajuste del marco legislativo que lo posibilite.
En resumen, es evidente que la información clara de los SSPP no favorece los intereses hegemónicos vinculados a inversores y empresarios. Tampoco le interesa a los gestores con poder y discrecionalidad suficiente para suscribir contratos, otorgar autorizaciones u obtener la permisividad implícita. Y sólo favorece a los intereses lucrativos, a la espiral de obras y al despilfarro que redunda en perjuicio de la población más vulnerable. Solo hace falta observar el grado de irracionalidad al que han conducido los regímenes concesionales (que no tienen que ver nada con la libre concurrencia a la contratación pública, la cual es prácticamente inexistente).
Las concesiones ahora mismo favorecen acuerdos y cambios sin discutir su contenido concreto
Las concesiones ahora mismo favorecen acuerdos y cambios sin discutir su contenido concreto y es la manera de satisfacer a concesionarios con suficiente poder como para arrancar de la Administración la permisividad necesaria para sus intereses.
Lo cual explica que desde la Administración se arbitren acuerdos discrecionales de cesión, y que operen otros más opacos que se producen de forma desregulada, que generan una especie de mercado sumergido de los SSPP, el cual, desde luego, se sitúa en las antípodas del mercado transparente y de libre competencia que se propugna.
No olvidemos tampoco que la regulación de la gestión de los SSPP está obligadamente asociada a la política propiamente dicha, y que para conseguir una buena gestión de los SSPP, más que proponer soluciones ideales imaginarias, hay que profundizar en el conocimiento riguroso de cada territorio, población y sector.
Las mejoras realizables deben practicarse tomando medidas previas respecto a la modificación o caducidad de las concesiones y a las posibles subvenciones encubiertas unidas a las operaciones de cesión para evitar abusos y consecuencias negativas sobre bienes de dominio público. Para ello, hay que potenciar los foros de discusión adecuados en los que se informen, seleccionen y apoyen los cambios a emprender. A la vez hay que apoyar a las asociaciones de usuarios, incentivando sus funciones como partícipes en la gestión y rompiendo con la inercia de un comportamiento viciado por el paternalismo estatal[2].
Por eso no podemos conformarnos con recuperar el discurso idealizado del Estado sobre él mismo. Más que limitarnos a seguir la línea tradicional de defensa de los SSPP, se trata de transformarlos mediante la creación de órganos democráticos que den a los gestores, pero también a las personas destinatarias de dichos SSPP, un derecho de intervención, de deliberación y de decisión, dentro del respeto a las leyes generales y el sentido propio de los servicios.
Hay que transformar los SSPP en instituciones destinadas a los derechos de uso común y gestionadas democráticamente
La cuestión entonces es transformar los SSPP en instituciones destinadas a los derechos de uso común y gestionadas democráticamente. Para responder a las necesidades de todas las personas conviene que estas necesidades sean expresadas, debatidas, y elaboradas por vías democráticas. Así, tiene que producirse una transformación de la concepción del Estado que se construyó principalmente como imperium, al Estado como obsequium [3], es decir, el que está obligado, el que tiene una responsabilidad.
El Servicio Público no debe ser, por tanto, la manifestación de la soberanía, sino la traducción de una necesidad que debe ser satisfecha; el efecto de una regla objetivamente establecida que engendra derechos individuales. Y la relación entre las personas y lo común no tiene que ser la de la apropiación, sino la de sujetos que actúan para satisfacer necesidades esenciales y hacer efectivos cierto número de derechos no a las cosas sino a su uso.
Todo esto, supone iniciar una potente campaña racionalizadora contando con grupos de usuarios objetivamente interesados en el cambio. Si esto no ocurre, y las fuerzas políticas que por turno gobiernen mantienen o agravan la presión favorable al statu quo, seguirá sin clarificarse el panorama de abuso en la gestión de los SSPP y los ecosistemas asociados. Es decir, frente a la huida del derecho público debemos promover el regreso a la regulación pública efectiva, así como un marco de información exhaustiva, sin el cual el “problema de los SSPP” continuará en conflicto y con crispación social en cada uno de los sectores concernidos. No olvidemos que la desinformación provoca la parcialidad de los análisis, permitiendo que se sigan promoviendo impunemente desde la Administración proyectos socialmente insuficientes, deficitariamente financiados y ecológicamente insostenibles.
Los servicios públicos deberían ser instituciones de la sociedad y no sólo instrumentos del poder público
Los SSPP deberían ser instituciones de la sociedad y no sólo instrumentos del poder público. Esto no significa que haya que esperar del Estado que proteja y extienda lo estatal, ampliando o extendiendo el dominio o imperium de la Administración burocrática sobre la sociedad y la economía, porque al igual que la protección social, la forma estatal no agota la significación histórica de los SSPP, de modo que hay que considerarlos no únicamente como instrumentos de dominación política, sino como servicios comunes de la sociedad, que sólo han podido encontrar históricamente los medios para su crecimiento en el poder encargado del orden público y de la Administración de la población.
Debemos aceptar que la intervención del Estado no es absolutamente indispensable en todos los servicios, pero el Estado sí debe desempeñar un papel jurídico y simbólico como garante de la aplicación de los principios generales de la ley. No se trata ya de concebir el Estado como una gigantesca Administración centralizada, sino más bien como un garante de los derechos de las personas respecto a la satisfacción de las necesidades consideradas esenciales democráticamente.
Los municipios podrían asegurar lo esencial de su financiación, y su gestión podría ser confiada a consejos locales, pero esta gestión local debe entrar en el marco de una ley general, y su aplicación debe estar controlada por cuerpos de inspección, aportando garantías universales en lo que se refiere a la suficiencia financiera, igualitaria y con rendición de cuentas.
Es decir: Democracia participativa y presupuestos participativos. El ejercicio de la democracia participativa no se debe reducir a simples consultas sobre los objetivos de una gestión despolitizada, a niveles locales o micro locales. El ejemplo de lo que algún día fueron consejos de barrio (democracia de proximidad) demuestra que el proceso de deliberación y de decisión puede y debe permanecer bajo el control de los ediles y de las Administraciones locales. En esta práctica, se pudo ver el esbozo, todavía imperfecto, de otra forma de democracia, dirigida a transformar las políticas de SSPP y a instituir servicios comunes a escala local, servicios que a su vez podrían formar una red, implicando a la población en la construcción de sus políticas. Por otra parte, esta democracia participativa podría trascender el nivel «local», y adquirir una dimensión regional o supranacional (como las confederaciones hidrográficas). No se trata entonces sólo de sustraer al mercado cierto número de dominios, sino de impedir que perdure un sistema político basado en la corrupción, la prevaricación y la depredación. Porque el desastre de los SSPP no proviene sólo de la privatización de la gestión entregándosela a las multinacionales, sino también del uso que se ha hecho de la propiedad pública por el sistema de partidos políticos y corporaciones.
El desastre de los SSPP no proviene sólo de la privatización de la gestión, sino también del uso que se ha hecho de la propiedad pública por el sistema de partidos políticos y corporaciones
En últimas, se trata de socavar las bases de una representación política que se nutre de la propiedad pública mediante el clientelismo, el nepotismo, la distribución de cargos, y la desviación de fondos. El rechazo social que provocan estas prácticas, no se logra trasladar con contundencia al ámbito de lo político, pues si las fuerzas políticas se hacen eco de la evidente insostenibilidad económica y ecológica de esta mala gestión, mientras están en la oposición, paradójicamente, cuando llegan al gobierno, se ven atrapadas en la maraña de intereses, leyes e instituciones establecidos y omiten afrontarlos, o directamente terminan reproduciendo las mismas prácticas, pues en el corto horizonte de la política habitual, es más fácil pactar con los grupos de presión que tratar de trascenderlos y modificarlos.
Así que para trascender y modificar el statu quo se necesita, fundamentalmente, un movimiento social bien informado dispuesto a defender, conservar y transformar las instituciones que sostienen el servicio público como algo esencial para la conservación de la vida.
Liliana Pineda, representante de ATTAC España en la Red de Agua Pública. Salvador Martínez, coordinador de ATTAC Mallorca
Por Alberto Fraguas Herrero. Ecólogo, coordinador de Ecología Política de ATTAC y de la Alianza Más Allá del Crecimiento. Publicado originalmente para Efeverde.
I. CONTEXTO
Nos encontramos en una crítica encrucijada con una intrincada red de desafíos interconectados (ecológico, sanitario, alimentario, etc…), todos ellos multiplicados por la creciente amenaza del cambio climático, una situación de inestabilidad global que genera inseguridad y que exigiría una profunda reevaluación de los vigentes modelos de pensamiento y acción, de los principios y paradigmas que rigen al menos en el Norte Global.
Las actuales estructuras geopolíticas, ancladas en la competencia interestatal por el poder y el control de los recursos, todas ellas basadas en un imaginario de crecimiento económico permanente, demuestran una alarmante incapacidad para abordar estas crisis sistémicas. En este sentido, cabría preguntarse si todas estas crisis están provocando otra global relativa a la legitimidad de un sistema patriarcal, productivista y capitalista, que como el actual no cuida a la gente ni al planeta.
En este contexto emerge la necesidad imperante de un nuevo enfoque, de una nueva perspectiva ecosocial que integre la Economía y el bienestar social en la Ecología como pilares fundamentales de estabilidad.
Porque la salud del planeta y el bienestar de la humanidad no son objetivos contrapuestos sino intrínsecamente interdependientes. Ignorar los límites ecológicos del planeta incrementa las brechas de desigualdad existentes, socavando la seguridad global.
II. BASES PARA UN NUEVO MODELO ECOSOCIAL
La transición hacia un nuevo modelo ecosocial basado en la equidad, la armonía ecológica y la cooperación no es opcional: debe darse si queremos un futuro más seguro y justo para todos y todas, aunque esto entre en colisión con las estructuras oligárquicas del sistema dominante.
El actual momento exige un nuevo marco cultural, civilizatorio, de relaciones entre sociedad y naturaleza en el cual deben deconstruirse mitos como el de la competencia, la producción y el del relato de permanente crecimiento como paradigmas sociales, un relato donde se entiende que lo civilizado es ir contra la naturaleza, la cual se concibe erróneamente que está a nuestro servicio, justificando así el extractivismo y los colonialismos, señas de identidad del capitalismo.
Pero la tozuda realidad, avalada por la Ciencia desde hace ya más de 50 años¹, cuestiona estos prejuicios demostrando que ese relato de permanente crecimiento choca con la realidad del carácter finito de los recursos, un choque que no ha sido resuelto con la eficacia exigida a pesar de las insuficientes (y fallidas) políticas de crecimiento verde, desarrollo sostenible y hoy transición ecológica, que se han planteado bajo la misma escala de valores que los problemas que pretenden solucionar. Esta insuficiencia se demuestra si nos atenemos a que actualmente estamos ante los peores indicadores ecosociales de la historia².
El necesario cambio implica retos de gran trascendencia y empieza por atender a un nuevo equilibrio de objetivos a corto y largo plazo para ir avanzando en una ecointegración donde se prime el valor de uso sobre el de cambio, y donde se planifique, mirando al interés común, la reducción de determinados flujos metabólicos de energía y materiales. Un decrecimiento que no puede hacerse sin cambiar las reglas del juego que mueven estos flujos.
Una economía de la suficiencia donde desaprender (olvidar mitos); desmaterializar, desmercantilizar y descentralizar, y que abandone el PIB como métrica principal de supuesta calidad de vida; que planifique la contracción buscando redistribuir, incentivando los servicios públicos y bienes comunes, garantizando así los derechos y las necesidades básicas de la ciudadanía.
¹ Informe Meadows: Los Límites del Crecimiento, 1972 (y también otros documentos estratégicos). ² Según los paneles internacionales IPCC e IPBES, y del Instituto de Resiliencia de Estocolmo, así como de otros organismos internacionales independientes.
III. ESTRATEGIA
Pero la configuración e implementación de este nuevo modelo global Más Allá del Crecimiento, donde integrar decrecimientos selectivos explicados a la población como herramientas de equilibrio y esperanza, no tiene una única hoja de ruta. Es preciso buscar lugares comunes para confluir donde se rehúyan estériles debates segregadores y se dé prioridad a lo que nos une (la necesidad de cambio radical) sobre los detalles que separan.
Para ello es esencial generalizar este debate, llevarlo a donde no esté y también salir de ciertas endogamias académicas o activistas que dificultan esta generalización; es decir, atender más la justificación de la necesidad del cambio que a los calificativos que podrían definirlo. Solo así podremos hacer políticamente factible lo que es necesario a nivel ecosocial.
Es imprescindible, pues, abrir un proceso en torno a ir más allá del crecimiento como paradigma, si bien un hecho de tal envergadura requiere de otras estrategias de las que hasta ahora hemos aplicado.
El priorizar este proceso exogámico es tender a la unidad desde la diversidad para la creación de nuevas hegemonías en base a esos denominadores comunes que nos unen y tendiendo al posicionamiento público desde la extensión a toda la sociedad civil dispuesta a hacer autocríticas, que también son críticas.
Y esto es también lo que pretendemos en la recientemente creada Alianza Más Allá del Crecimiento³, una plataforma de organizaciones sociales de distintas naturalezas (economistas, ecologistas, jóvenes científicos, sindicatos, de cooperación, etc.), en la creencia firme de que la configuración de dinámicas postcrecentistas debe alimentar posicionamientos políticos con identidad propia, que superen los fallidos planteamientos del crecimiento verde y en clara oposición a la deriva reaccionaria que tiende a un control oligárquico, con tintes ecofascistas, de los recursos naturales.
Pero es preciso extender el debate de los límites del crecimiento. Para ello se está urdiendo un gran movimiento de pensamiento y acción que confluirá en 2026 en un gran Foro Social, donde centenares de organizaciones de la sociedad civil plantearán alternativas que ya están sobre la mesa. Este foro, que tendrá lugar en la Facultad de Biología de la Universidad Autónoma de Madrid, será la antesala de otros muchos donde se generalice el debate crítico y se avance en los caminos comunes hacia la esperanza activa por el cambio.
Nunca olvidemos a la utopía como porvenir que se esfuerza en nacer y no el pasado que se obstina en seguir. (Víctor Hugo)
Alberto Fraguas Herrero es ecólogo, coordinador de Ecología Política de ATTAC y de la Alianza Más Allá del Crecimiento.
1 Informe Meadows: Los Límites del Crecimiento 1972 (y también otros documentos estratégicos).
2 Según los Paneles Internaciones IPCC y IPBES, y del Instituto de resiliencia de Estocolmo, así como de otros organismos internacionales independientes.
3 Actualmente la Alianza está integrada por las siguientes organizaciones sociales: ATTAC, ALIANZA POR LA SOLIDARIDAD/ACTION AID, ASOCIACIÓN “MAREAS BLANCAS”, CCOO, CECU, INSTITUTO DE DERECHOS HUNANOS, DEMOCRACIA Y CULTURA DE PAZ Y NO VIOLENCIA (DEMOS PAZ), ECONOMISTAS FRENTE A LA CRISIS, FUNDACION RENOVABLES, ECONOMISTAS SIN FRONTERAS, ECOOO, FORO TRANSICIONES, FUNDACIÓN ALTERNATIVAS, FUNDACIÓN NUEVA CULTURA DEL AGUA, GREENPEACE, REBELIÓN CIENTÍFICA, SOCIEDAD ESPAÑOLA DE AGRICULTURA ECOLÓGICA, UGT, FUNDACIÓN CONAMA, EUREKA. RED POR LA RENTA BÁSICA INCONDICIONAL, PLATAFORMA CONTRA LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO, FUNDACIÓN TRANSICIÓN VERDE, ASOCIACIÓN COOPERATIVA “GARBANCITA ECOLÓGICA”, FUNDACIÓN “ESPACIO PÚBLICO”, PLATAFORMA POR UN NUEVO MODELO ENERGÉTICO, FUNDACIÓN SAVIA, OBSERVATORIO DE SOSTENIBILIDAD, CONSEJO DE LA JUVENTUD, ASOCIACIÓN AMARME, FUTURO ALTERNATIVO.Alberto Fraguas. El actual momento exige un nuevo marco cultural, civilizatorio, de relaciones entre sociedad y naturaleza en el cual deben deconstruirse mitos como el de la competencia, la producción y el del relato de permanente crecimiento como paradigmas sociales, un relato donde se entiende que lo civilizado es ir contra la naturaleza, la cual se concibe erróneamente que está a nuestro servicio, justificando así el extractivismo y los colonialismos, señas de identidad del capitalismo.
Por Alberto Garzón Espinosa. Publicado originalmente para ElDiario.es.
El exdirigente de extrema derecha Juan García-Gallardo, de 34 años, ha declarado que «la generación boomer está impidiendo la prosperidad de los jóvenes». Los boomers —los que hoy tienen entre 61 y 79 años— son, en su mayoría, jubilados. El ultraderechista no está solo: la periodista de El País Estefanía Molina, también de 34, asegura que «los pensionistas están devorando a sus hijos». Y Analía Plaza, de 36, acaba de publicar La vida cañón, un libro que apunta a los boomers como «el grupo por edad con mayor riqueza del país» y que describe su vida como más cómoda, más fácil, más segura que la de sus padres o la de sus hijos.
El mensaje cala: los mayores serían los culpables de la pobreza y precariedad juvenil. Pero esa lectura es una trampa, como la ha definido el periodista Carlos Sánchez, de 69 años y mucho más escéptico respecto a este relato. En realidad, los datos avalan que la desigualdad creciente no es fundamentalmente un problema entre generaciones, sino entre distintas posiciones en la estructura de clases. No son los jubilados los que devoran a los jóvenes, sino un sistema que permite que la riqueza se concentre arriba mientras el resto se pelea por las migajas.
El debate tiene dos niveles: uno de diagnóstico y otro propositivo. Respecto al segundo, la mayoría de los análisis culmina con una crítica devastadora al sistema de pensiones públicas, considerado como excesivamente generoso. Molina, por ejemplo, justifica que los jóvenes piensen, según ella, que «es un despropósito la indexación de todas las pensiones a un IPC desbocado» y sugiere que la necesidad de rentas de los nuevos jubilados «quizás no es tan elevada». El economista Gonzalo Bernardos, de 62 años y habitual en los medios de comunicación, ha subrayado que «lo de la generosidad de las actuales pensiones es imposible de mantener», mientras que Plaza concluye sobre las pensiones públicas que «ahora mismo el debate está en que no hay dinero suficiente para pagarlas».
Estas críticas parten de un diagnóstico cada vez más compartido: la existencia de una creciente brecha intergeneracional en España. En los últimos meses, dos trabajos sólidos y completos han apuntado en esa dirección: el informe de J. Ignacio Conde-Ruiz y Francisco García-Rodríguez para Fedea, centrado en la riqueza, y el informe de Javier Martínez Santos y Jorge Galindo para EsadeEcPol, que aborda tanto renta como riqueza. A partir de este diagnóstico emerge –por parte de otros actores, como los citados más arriba– la culpabilidad de las pensiones y de los pensionistas. Pero ¿y si ese diagnóstico no justifica realmente la crítica al sistema de pensiones? ¿Y si la brecha intergeneracional está en otro lugar —uno mucho más incómodo de mirar— y poco o nada tiene que ver con las pensiones? ¿Y si más que la edad lo que determina la desigualdad y nuestras posibilidades es la clase social?
La desigual evolución de la renta
El núcleo del diagnóstico tradicional suele resumirse en un mismo gráfico: la evolución de las rentas netas medias desde 2008. Este indicador, utilizado con ligeras variaciones por la mayoría de los analistas, sirve de base para argumentar la existencia de una creciente brecha generacional que se sostiene principalmente por el enriquecimiento muy superior de las generaciones mayores de 65 años.
Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta de Condiciones de Vida (INE)
Como se puede observar, el grupo de más de 65 años (línea en amarillo oscuro) era el tercero con mayor renta media en el año 2008, pero desde el año 2013 es el primero. Es decir, desde que empezaron a jubilarse los boomers, el grupo de más de 65 años pasó a ser el que disfrutaba de mayor renta en España. El estudio de EsadeEcPol usa estos mismos datos para llegar a la conclusión de que «los mayores de 65 experimentan ingresos medios sustancialmente más elevados en 2024 respecto a 2008, unos 2.500 € más, superando en promedio a todos los grupos de edad más jóvenes». También emplea esos datos el siempre atento Kiko Llaneras, en su artículo «¿Jóvenes contra boomers?», aunque en este caso usando la mediana (más adecuada que la media). El problema es que la elección respecto del indicador, al que recurren todos ellos, es incorrecta.
Ese famoso gráfico mide la renta media per cápita, lo que implica dividir el ingreso del hogar entre el número de miembros. Eso genera un sesgo por tamaño de hogar y heterogeneidad de las rentas dentro de cada grupo, al considerar la aportación de todos los miembros por igual. Por esa razón Eurostat considera por defecto otra forma de medirlo: la renta media por unidad de consumo, que asigna a cada miembro del hogar una ponderación establecida por la OCDE. Si recurrimos a este otro indicador, mucho más adecuado, las tendencias se mantienen, pero la fotografía cambia:
Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta de Condiciones de Vida (INE)
Ahora en ningún momento los mayores de 65 años son el grupo con más renta media. Sigue existiendo un crecimiento de las rentas de este grupo durante los años de crisis, mientras la del resto de los grupos descendía, pero el cambio es mucho más modesto que en la medición anterior. La recuperación tras 2015 se presenta similar y solamente en los últimos años el ritmo de crecimiento de la renta media de los mayores de 65 años es superior. Con todo, en esta nueva fotografía los boomers no parecen ni tan extraordinarios ni tan culpables.
De hecho, lo que observamos no es ninguna anomalía. Las rentas laborales de los trabajadores siempre se mueven al compás del ciclo económico: caen cuando el PIB se contrae y suben cuando la economía se recupera. Son, por naturaleza, endógenas a la actividad. Por el contrario, las transferencias públicas, como las pensiones, no siguen ese vaivén: dependen de decisiones políticas y, por tanto, se comportan de forma más estable. Esa diferencia permitió sostener la demanda agregada durante las recesiones, pero también modificó la distancia entre las rentas medias de unas generaciones y otras.
De este modo cabe argüir que el problema no está en el nivel de las pensiones —que han evolucionado de manera bastante regular y predecible—, sino en el golpe asimétrico que las crisis económicas propinaron a los jóvenes. La precariedad y la inestabilidad laboral hicieron que fueran los primeros expulsados del mercado de trabajo y los últimos en recuperar sus condiciones previas. Los trabajadores de más edad también sufrieron, pero menos, y esa desigualdad en la exposición a la crisis amplió las brechas de renta entre generaciones.
A la diferencia entre la renta de los jóvenes y la de otros grupos la llamamos “brecha intergeneracional”, y puede medirse mediante una ratio: cuando esta aumenta, también lo hace la distancia entre generaciones. Para hacerlo he utilizado distintas fuentes estadísticas, con metodologías algo diferentes, pero todas expresando la misma tendencia:
Fuente: elaboración propia con datos de INE, Eurostat y The Luxembourg Income Study. Cada una usa distintas metodologías de cálculo
La línea amarilla expresa la ratio entre la renta del grupo de personas de más de 65 años (al que he llamado ‘jubilados’) y la renta del grupo de los jóvenes, y como hemos visto ya antes, tanto en INE (renta media por unidad de consumo) como Eurostat (renta mediana) es positiva desde 2012. Ese es el momento en el que el grupo de jubilados supera en renta media a los jóvenes. Por otro lado, en INE (renta media per cápita) y LIS (renta media por unidad de consumo) las rentas medias del grupo de jubilados siempre han estado por encima de las de los jóvenes, pero desde 2010 lo han estado mucho más.
La novedad de este gráfico es la incorporación de una nueva ratio (línea azul), que compara las rentas del grupo de 50 a 64 años o trabajadores en su etapa laboral final —a los que denomino ‘seniors’— con las de los jóvenes. Los resultados son reveladores. Salvo en los datos del INE (renta per cápita), en todas las demás fuentes esta ratio es superior a la anterior. Dicho de otro modo: la verdadera brecha generacional no se da entre jóvenes y pensionistas, sino entre jóvenes y quienes están en la fase final de su carrera laboral. Si tienes 30 años, tu diferencial con un trabajador de 60 es mayor que con un jubilado de 70.
Los datos de The Luxemburg Income Study (cuadro inferior derecho) refuerzan esta idea. Su metodología está armonizada para permitir comparaciones a nivel internacional, y de ahí las ligeras diferencias con EU-SILC e INE. Usando los datos de LIS, Gabriele Guaitoli y Roberto Pancrazi analizaron la brecha intergeneracional en medio centenar de países y hallaron un patrón claro: la brecha crece en todas las economías ricas, y lo hace especialmente entre los jóvenes que se incorporan al mercado laboral y los trabajadores seniors. En otras palabras, la desigualdad creciente en las rentas medias no nace del sistema de pensiones, sino del propio funcionamiento del mercado laboral. Si es un fenómeno que se repite en todas las economías avanzadas, la acusación al sistema de pensiones español pierde fundamento.
En este sentido, gran parte del diagnóstico sobre la brecha generacional en rentas sigue siendo válido, pero el foco debe desplazarse: no se trata de un problema nacional ni de las pensiones, sino de un fenómeno internacional ligado a las dinámicas del mercado laboral. Por eso, muchos de los discursos anti-pensiones que escuchamos a diario parten de un diagnóstico equivocado. El problema no está en lo que se ha mantenido estable —la revalorización de las pensiones medias para que los pensionistas no pierdan poder adquisitivo—, sino en lo que ha dejado de funcionar: un mercado laboral capaz de garantizar condiciones de vida dignas y equitativas para todos los trabajadores.
Si queremos evaluar las causas profundas de la desigualdad, es mucho más apropiado mirar la posición de clase. El análisis de clase perdió fuerza en los años noventa, pero está recuperando protagonismo en las últimas décadas. Un reciente estudio para la Comisión Europea realizado por un equipo estupendo de investigadores españoles ha puesto de relieve la importancia de mirar a la clase como factor diferencial. Para destacar su importancia en este debate, he construido una clasificación de clases sociales utilizado los datos de la última Encuesta de Condiciones de Vida y he comparado la desigualdad de clase con la de edad. Este es el resultado:
Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta de Condiciones de Vida (INE). Ponderación para el conjunto de la población de más de 16 años y clasificación de clases sociales inspirada en Oesch
Como puede ver a simple vista, la desigualdad es mucho mayor cuando miramos por clase social que cuando lo hacemos por edad. Y, en realidad, es puro sentido común: un joven directivo o profesional cualificado gana bastante más que un trabajador manual no cualificado de sesenta años o ya jubilado (a estos últimos, jubilados o desempleados, les he asignado la clase correspondiente a su último empleo). Lo sorprendente es, por tanto, el peso mediático que recibe el conflicto entre generaciones —que existe, sí, pero refleja promedios de grupos muy heterogéneos— y el silencio mucho más doloroso sobre las diferencias entre clases sociales.
Ahora bien, como subrayan con acierto los informes de EsadeEcPol y, con particular brillantez, el de Fedea, hay otra brecha igual o más preocupante y aún más estructural: la de la riqueza.
Desigualdad de riqueza
En condiciones normales, la riqueza se hereda o es el producto de la acumulación de rentas, por lo que una gran desigualdad de estas últimas apunta a una creciente desigualdad de riqueza –en ausencia de políticas redistributivas eficaces. En España, además, se da la circunstancia de que el patrimonio principal de la mayoría de los hogares es la vivienda, cuyo acceso no sólo depende de las rentas y la riqueza sino también de la ‘suerte’: aquellas familias que pudieron acceder a una vivienda cuando el mercado inmobiliario era asequible disfrutan hoy de una riqueza que se presenta inalcanzable para las generaciones actuales.
Como explican Conde-Ruíz y García-Rodríguez, entre 2002 y 2008 todas las familias con propiedades inmobiliarias vieron cómo su riqueza se multiplicaba como efecto del boom inmobiliario. Por ejemplo, las personas entre 55 y 64 años llegaron a ver aumentada su riqueza un 67,4%. Ese es el componente de ‘suerte’, que favoreció particularmente a las personas que adquirieron viviendas en los noventa. Aunque la crisis de 2008-2014 desvalorizó esas viviendas –y, por lo tanto, su riqueza–, la recuperación económica posterior está siendo una carrera desigual entre grupos de edad: algunos comenzaron teniendo ya vivienda, adquirida cuando era asequible y en general ya sin deudas hipotecarias, y otros grupos –como los jóvenes– o bien no pueden adquirirlas o bien lo hacen a costa de un endeudamiento enorme. Actualmente tienen una propiedad inmobiliaria el 60% de los mayores de 65 años, frente a poco más del 20% de los menores de 35 años.
Este fenómeno explica que «los mayores de 75 años han incrementado de forma sostenida su participación en la riqueza total, pasando de aproximadamente un 8,3% en 2002 a un 18,3% en 2022», como recuerda el citado informe de Fedea. Al mismo tiempo, «los menores de 35 años han reducido de forma continua su peso en la riqueza neta total, pasando de 8,2% en 2002 a apenas 2,1% en 2022, lo que indica crecientes dificultades para acceder a la propiedad o construir patrimonio desde edades tempranas». Además, con mayor patrimonio y rentas es más fácil acumular nuevos activos (otras propiedades, productos financieros, etc.), lo que ayuda a explicar por qué los mayores de 65 años tienen de promedio más de 2 propiedades frente a menos de un 0,5 para el caso de los menores de 35 años.
Todas estas desigualdades entre generaciones son grandes y evidentes. Pero, como ocurría con el caso de la renta, ocultan otros fenómenos aún más importantes. Al fin y al cabo, las variables de edad no pueden explicar lo que el informe de Fedea pone negro sobre blanco: «el 1% más rico ha concentrado de forma sostenida una fracción significativa del patrimonio total –en torno al 21,1% en 2022– seguido de los percentiles 91-99, cuya participación también ha aumentado en los últimos años hasta el 32,6%». Esto es lo mismo que decir que el 10% de los hogares más ricos concentran más del 50% de la riqueza en España. La contracara es que la mitad más pobre de la población española solo tiene un 7,1% de la riqueza patrimonial total en España.
¿Qué está pasando aquí? Sencillamente que la desigualdad de riqueza está aumentando por mecanismos endógenos que, de nuevo, nada tienen que ver con las pensiones ni con las transferencias públicas. Al margen de la dinámica del mercado laboral (donde ya vimos que las clases altas reciben significativamente mejores rentas), los hogares más ricos –y las personas que viven en ellos– tienen muchas más oportunidades para enriquecerse aún más. Lo hacen a través de la adquisición de otras propiedades inmobiliarias (para obtener rentas por alquileres, especulación, etc.) y de productos financieros que ofrecen rendimientos fáciles.
Hace unas semanas, el nuevo dirigente británico del partido verde, Zack Polanski, atrajo gran atención mediática al denunciar en un vídeo –magnífico, por cierto– que había gente que se enriquecía mientras dormía, en oposición a quienes viven de las rentas laborales y apenas lograban conciliar el sueño. Lo que Polanski estaba señalando es lo que hace diez años Thomas Piketty denominó capitalismo patrimonial –y que en otros lugares se ha llamado “capitalismo rentista”–. Es decir, un sistema institucional en el que la desigualdad de renta y de riqueza se refuerzan mutuamente cuando el Estado no interviene para corregirlas. En la actualidad esta dinámica está alimentada por una economía profundamente financiarizada y en la que vivienda funciona como un activo especulativo más.
En España los datos más fidedignos a los que podemos recurrir para medir este fenómeno son también los de la Encuesta de Condiciones de Vida. Según su última publicación, un 16% de los hogares (unos tres millones) reciben ingresos por el alquiler de propiedades y un 32% (unos seis millones) reciben rentas del capital en forma de intereses, dividendos, etc. Estos componentes de la renta son los que he definido como “cuota rentista”, ya que se trata de ingresos que “caen del cielo” solo por el sencillo hecho de tener propiedades. Pero, claro, ahí se incluye al que alquila una vivienda en un pueblo rural para obtener unos pocos ingresos complementarios, y el multipropietario que se permite vivir a cuerpo de rey gracias únicamente a esa actividad. Así que la pregunta es: ¿cómo se distribuye en la sociedad esta cuota rentista?
Por no alargarme más, iré al grano: es captada en su mayoría por los más ricos. Prácticamente la mitad de los ingresos por alquiler del año 2024 fueron captados por el 20% de los hogares más ricos de España, quienes también se hicieron con el 65% de los ingresos derivados de intereses, dividendos y otros productos financieros. Por el contrario, el 60% más pobre de los hogares España no captura ni el 30% de los ingresos de alquiler y ni el 20% de las rentas del capital. Estos datos son coherentes con los de la Encuesta Financiera de las Familias analizados en el informe de Fedea, que demuestran una muchísimo mayor presencia de activos financieros entre las familias más ricas.
Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta de Condiciones de Vida (INE). Ponderación para el conjunto de hogares
Por otro lado, cuando pasamos a observar la distribución de los ingresos rentistas por edad o clase social tenemos que hacer el análisis a nivel individual y no de hogares. En este caso no tiene sentido medir la concentración, porque cada grupo está formado por un número distinto de personas (por ejemplo, hay muchos más jubilados y trabajadores no manuales). Sin embargo, podemos medir la prevalencia, es decir, el porcentaje de personas dentro de cada grupo que dispone de ingresos rentistas (por alquiler o por rentas del capital). El gráfico resultante es coherente con el análisis hasta ahora:
Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta de Condiciones de Vida (INE)
Como se puede observar, son las clases altas (profesionales y directivos) los que disponen en mayor medida de ingresos rentistas, mucho más que los trabajadores no cualificados o trabajadores manuales. Y desde luego, la desigualdad entre clases es mucho más pronunciada que entre grupos de edad, donde también esperábamos encontrar una mayor proporción de ingresos rentistas entre los grupos mayores (porque debido al ciclo vital son capaces de acumular más activos desde los que extraer ingresos rentistas).
CARTA ABIERTA a los eurodiputados, suscrita por Attac.
Estimado miembro del Parlamento Europeo:
La semana que viene se les pedirá que voten sobre una cuestión crucial, el presupuesto para 2026, y se avecinan o ya están en marcha otras votaciones y negociaciones importantes, como el próximo presupuesto a largo plazo de la UE (MFF 2028-2034) y una serie de «paquetes ómnibus», es decir, procesos de desregulación. Todas estas propuestas contienen aumentos masivos del gasto militar y regalos a la industria armamentística. Les pedimos encarecidamente que se opongan a estas peligrosas medidas y que redirijan los recursos hacia políticas de paz auténticas.
Somos Stop ReArm Europe, una coalición de más de 800 organizaciones y movimientos de la sociedad civil de toda Europa, que representamos a una gran variedad de sectores y/o procedencias políticas, y tenemos algo en común:
Queremos una seguridad genuina, es decir, una seguridad centrada en las necesidades humanas, como la seguridad medioambiental y climática, la seguridad alimentaria y económica, la seguridad social y sanitaria, y la seguridad comunitaria y política, tanto para los europeos como para todos los ciudadanos del mundo.
Queremos una paz transformadora y justa que incluya las condiciones necesarias para que las sociedades prosperen, como abordar las causas profundas de los conflictos, la buena gobernanza, la libertad y el fomento del potencial creativo humano.
En resumen, una seguridad común tanto para los Estados como para los pueblos.
Como actores de la sociedad civil, estamos más decididos que nunca a hacer todo lo que esté en nuestra mano para que esto se haga realidad, pero no podemos hacerlo solos.
Necesitamos su ayuda como responsables políticos; necesitamos su ayuda para que los valores universales de los derechos humanos y el Derecho internacional sean los principios rectores de las políticas de la UE, y para poner fin a décadas de prácticas hipócritas que se han vuelto tan evidentes en los últimos años.
La propia historia de la integración europea la hace especialmente vulnerable a la influencia indebida de los intereses empresariales, como demuestran numerosos informes, y las políticas de rearme no son una excepción a esta regla, sino todo lo contrario.
El discreto pero poderoso cabildeo de la industria armamentística desempeñó un papel decisivo en la adopción de las primeras subvenciones de la UE hace diez años, y su influencia en las políticas europeas, tanto militares como civiles, no ha dejado de crecer desde entonces. Los presupuestos destinados al cabildeo de las diez mayores empresas armamentísticas aumentaron un 40 % entre 2022 y 2023. Solo en 2025 (hasta octubre), la Comisión se reunió 89 veces con los grupos de presión del sector armamentístico para debatir sobre el rearme y la geopolítica, y solo 15 veces con sindicatos, ONG o científicos sobre los mismos temas. Por su parte, los eurodiputados se reunieron con el lobby armamentístico 197 veces entre junio de 2024 y junio de 2025, frente a las 78 veces de los cinco años anteriores. Como resultado, el llamado plan de «preparación para la defensa» para la supuesta autonomía europea se reduce en última instancia a subvencionar a las grandes empresas militares, a menudo internacionales, impulsar la producción y aumentar las ventas de armas, incluidas las exportaciones fuera de Europa.
El paquete «defensa ómnibus» sigue la misma lógica, ya que desregula aún más las normas sociales y medioambientales, así como las normas éticas y de exportación de armas, desvía recursos de programas civiles como la política de cohesión y pervierte los principios de la financiación sostenible, todo ello en interés del sector armamentístico. ¿Cuándo será suficiente para la industria armamentística?
Además de endeudar a Europa, y por tanto a sus ciudadanos, en beneficio de la industria armamentística y de un modelo económico extractivo e injusto, los planes de rearme desvían recursos financieros, humanos y políticos dela seguridad humana, así como de la prevención y la resolución pacífica de conflictos y de los grandes retos a los que se enfrenta la humanidad, desde el cambio climático hasta la pérdida de biodiversidad o la crisis sanitaria, por nombrar solo algunos.
Y la propuesta para el próximo marco financiero da un paso más en esa dirección, ya que prevé quintuplicar el presupuesto asignado directamente a las políticas de defensa y espaciales, además de que los programas civiles están en gran medida abiertos a la industria armamentística. Dado que el presupuesto global de la UE se mantiene prácticamente estable, esto supone necesariamente un desvío de los recursos financieros anteriormente asignados a las políticas civiles, aunque la profunda reestructuración del MFP hace muy difícil identificar transferencias específicas.
En general, el plan ReArm Europe de marzo de 2025, junto con todas las políticas anteriores y posteriores relacionadas con él, está condenado al fracaso porque, en esencia, reforzará la inseguridad europea y mundial, alimentará la carrera armamentística mundial —que a su vez alimenta los conflictos armados— y agravará el cambio climático y el daño medioambiental, dada la huella de carbono y medioambiental del ejército.
¿Es este el futuro que ustedes y nosotros queremos para la próxima generación? Nosotros no, y estamos convencidos de que ustedes tampoco.
Por lo tanto, les instamos a que destinen el dinero de la guerra a la paz, con el fin de crear las condiciones ambientales, económicas, sociales, políticas y diplomáticas necesarias parauna paz positiva, la seguridad humana y la seguridad común.
Hay una serie de medidas y decisiones concretas que pueden tomar en las próximas semanas y meses para empezar a preparar un futuro mejor. En particular, les instamos a que:
Rechazar el presupuesto para 2026 en la votación plenaria de la próxima semana y solicitar:
Reanudar las negociaciones para reducir las subvenciones a la industria armamentística y aumentar las asignaciones a la diplomacia y a la prevención y resolución pacífica de conflictos con carácter urgente.
El fin de todas las cláusulas de exención que impiden la supervisión parlamentaria normal de todos los programas relacionados con el ámbito militar.
Defender las normas sociales y medioambientales, así como los estándares éticos, oponiéndose a las diferentes propuestas del «paquete global de defensa», en particular:
Rechazar la propuesta actual del próximo Marco Financiero Plurianual (MFP 2028-2034) en lo que respecta a los siguientes aspectos:
rechazar el Fondo de Competitividad que asigna 130 000 millones de euros a armas y al espacio militarizado
rechazar el desvío de programas civiles, en particular de investigación civil como Horizonte, así como de programas digitales, de movilidad, de cohesión y otros, con fines militares.
Reasignar estos fondos al fortalecimiento de la diplomacia y la ayuda exterior, con un claro enfoque en la lucha contra el cambio climático, la pobreza y la desigualdad, así como en la protección de los derechos humanos y el medio ambiente, y un apoyo decidido y coherente a la resolución pacífica de los conflictos con la participación de las mujeres, los jóvenes y las comunidades marginadas.
Si desea interactuar y debatir con nosotros sobre los temas planteados en esta carta, póngase en contacto con nosotros en contact@stoprearm.org . Estaremos encantados de organizar reuniones en línea en las que pueda intercambiar opiniones con muchos de nosotros sobre su visión, sus esperanzas y sus planes para la paz.
Le agradecemos su atención y esperamos tener noticias suyas.
En nombre de la campaña Stop ReArm Europe El equipo de coordinación de StopReArm Europe
Estamos viviendo en una distopía que con frecuencia difiere poco de las fantásticas propuestas que generan la literatura o el cine. Se ridiculiza el pacifismo y las propuestas de desarme; y, desde la caída del muro de Berlín los medios de comunicación han creado la ficción de que no existe una alternativa al neoliberalismo feroz, individualista y competitivo.
El calentamiento global nos advierte de la necesidad de cambiar el sistema, pero no encontramos en la cultura voces que describan un mundo nuevo sin desigualdades, donde el bien común sea el objetivo principal de toda la sociedad, y la humanidad deje de ser depredadora del planeta, y que además sea entretenido y atractivo.
Muy al contrario, la literatura, el cine o los videojuegos están plagados de relatos distópicos, donde el sistema es violento, pero los héroes son seres individualistas que son capaces de vencer la violencia sistémica con violencia. Y cuando llega el final, y el héroe o la heroína vence, nadie describe cómo va a ser esa nueva sociedad, qué valores la van a cohesionar.
Al celebrar el 25 aniversario de la fundación de ATTAC España, veinticinco años de reclamar Otro Mundo Posible, propusimos el concurso “Utopía realizable” para encontrar relatos de cómo sería vivir en esa sociedad utópica. Ha habido respuestas de todo tipo, algunas han plasmado sociedades supervivientes de catástrofes, otros relatos han sido descriptivos de mundos fantásticos, y también hemos tenido algún trol neoliberal que nos enmendaba la plana.
Aquí os dejamos los diez relatos que, a juicio del jurado, se han acercado más a nuestra propuesta. Como podréis ver, la utopía a veces está cerca, y con frecuencia está en la voluntad de cambiar las cosas y compartir esa voluntad con otras personas. Los héroes y heroínas de estas historias no son especialmente fuertes, incluso algunos son vulnerables, pero de la solidaridad, la justicia y el encuentro con otros logran la fortaleza para crear otro mundo posible.
Apostaría a que la mayoría de las personas que lean este artículo no han oído hablar nunca de las «monedas estables» (stablecoins, en inglés), a pesar de que son una de las innovaciones financieras más importantes de los últimos tiempos y, sobre todo, a pesar de que su uso mal regulado entraña un gran peligro, como voy a tratar de explicar a continuación de la forma más clara y resumida posible.
¿Qué es una moneda estable?
Una moneda estable es un tipo de criptomoneda con una característica singular.
Como criptomoneda, una moneda estable es lo que hoy día se llama un token, es decir, algo sin soporte físico que representa un valor, como una ficha (token, en inglés) o un código. Su existencia se basa en algo inmaterial como un algoritmo (un conjunto de tareas u operaciones definidas para plantear o resolver algún problema) o una «cadena de bloques» (blockchain, en inglés) que es un gran conjunto de datos (una especie de gran libro de contabilidad digital) organizados en bloques entrelazados con operaciones complejas que le proporcionan seguridad.
Como todas las demás criptomonedas, las monedas estables son un activo (cualquier cosa en poder de alguien y que puede proporcionar rendimiento) de naturaleza digital, cuyo propietario tiene la clave para poder desbloquearlo y realizar así transacciones por un precio equivalente al que tenga en ese momento.
La característica singular de las monedas estables es que su precio no va a variar (de ahí su nombre). Eso es posible porque, a diferencia de lo que sucede con las demás criptomonedas -que depende de la oferta y demanda que de ellas haya en el mercado-, las monedas estables fijan su precio en relación con algún otro activo (una moneda oficial u otra criptomoneda) y lo mantienen siempre constante.
Para que eso sea posible, quien las emite (en principio, cualquier sujeto) crea al mismo tiempo herramientas de estabilización. Su funcionamiento es complejo y no lo voy a explicar aquí. Baste saber que pueden ser los llamados «activos de reserva» que se pueden ir canjeando en cualquier momento para asegurar que la moneda estable mantiene su valor, o bien algoritmos que automáticamente llevan a cabo operaciones de compra y venta para estabilizarlo.
Crecimiento vertiginoso
Aunque empezaron como algo anecdótico y de poco alcance, la expansión de estas monedas estables es hoy día extraordinaria. Según los datos que proporciona la plataforma Allium Labs, el valor total de las que están en circulación a primeros de octubre de 2025 era de 260.000 millones de dólares (según coingecko, 312.000 millones), 65 veces más que hace tan sólo 5 años. En los últimos doce meses se habrían utilizado para realizar 9.600 millones de transacciones por un valor total de 46,8 billones de dólares. De ser así (otras estimaciones dan valores más bajos) significa que casi triplican el valor de las realizadas con tarjetas Visa.
¿Para qué usar monedas estables?
Cuando se conoce la extraordinaria expansión de las monedas estables es inevitable que surja una pregunta: ¿qué sentido o interés tiene utilizarlas si están referenciadas en dólares o en cualquier otra moneda por un valor que no va a cambiar? Es decir, ¿no es lo mismo que usar estas monedas?
Podría decirse que se usan porque hoy día pueden ser más rápidas y menos costosas que las transacciones realizadas, por ejemplo, con tarjetas de crédito o débito. Aunque eso quizá no sea del todo exacto y sea una ventaja que seguramente desaparecería si estas últimas tuvieran que competir con las monedas estables, porque el retraso y las comisiones que cobran sólamente son el resultado de su poder de mercado y no de razones tecnológicas insuperables.
También se podría justificar su uso por la estabilidad, pero en su breve historia ya se ha podido comprobar que las monedas estables no son tan estables como dice su nombre. Ha habido un buen número de casos de desvinculación del dólar o de imposibilidad de liquidar. Sencillamente porque, como diré enseguida, carecen de garantía o de una institución que las respalde.
Igualmente, podría argumentarse que se utilizan pero básicamente en operaciones específicas y no en las transacciones comerciales más habituales. De hecho, su uso principal (90 %) es la compra y venta de criptomonedas y la realización de operaciones en las llamadas finanzas descentralizadas, es decir, las que se mueven al margen de la banca y la bolsa tradicionales. Pero la opinión generalizada es que su próxima e inmediata batalla será la de superar las dificultades que su utilización supone hoy día para el comercio generalizado y expandirse también entre las transacciones más convencionales.
Algunos economistas, como Paul Krugman, creen que esto último no tiene sentido: «No hay nada que se pueda hacer con ellas que no se pueda hacer de forma más económica y sencilla con tarjetas de débito, transferencias bancarias, etc. Es decir, ¿por qué no usar dólares en lugar de tokens que supuestamente están respaldados por dólares?».
El verdadero interés de las monedas estables
A pesar de las desventajas y limitaciones que acabo de señalar, la pregunta de Krugman tiene respuestas. Sí que hay razones por las que está interesando impulsar el crecimiento de las monedas estables, aunque no son las que habitualmente se están dando por quienes las defienden.
Por supuesto y en primer lugar, la que el propio Krugman señala: con las monedas estables se pueden hacer operaciones sin dejar rastro, puesto que su uso es completamente anónimo. Según un informe de Chainanalysis, el 60 % de las transacciones ilegales de criptomonedas (estafas, evasión fiscal y de controles de capital o blanqueo) y en el 80 % de todas las transacciones de criptomonedas por regímenes sancionados y grupos terroristas llevadas a cabo en 2023 se realizaron con monedas estables.
En segundo lugar, las monedas estables van a seguir expandiéndose porque lo desean las grandes corporaciones que dominan el mundo e imponen la agenda de los gobiernos porque serán ellas las que hagan un gran negocio creándolas a su antojo. Cuando las emitan, cuando creen sus propios medios de pago, podrán desentenderse (al menos, en muy gran medida) de las restricciones monetarias que establecen los bancos centrales o los gobiernos, crear sus propios medios de pago, y convertirse en auténticas entidades financieras, dando créditos y financiando a otros o a sí mismas, libremente y con rentabilidad. Además de tener una gran cantidad de datos e información personal de quienes las utilicen.
En tercer lugar, también están interesados en la utilización de las monedas estables quienes realizan remesas transfronteras de cierto valor (un 6 % del total de su uso) y gobiernos y empresas de países con alta inflación, divisas frágiles o inestables, y sistemas bancarios poco fiables. Aunque es cierto que otros, sin embargo, las rechazan precisamente por los motivos que señalo a continuación.
En cuarto lugar, no se puede olvidar que, hoy día, el 97,4% por las monedas estables está referenciado en dólares. Eso quiere decir que, en la práctica totalidad de los casos, disponer de monedas estables equivale a ser titular de un depósito en esa moneda; usar monedas estables vinculadas al dólar sería lo mismo, en realidad, que utilizar dólares.
Por tanto, es Estados Unidos quien está claramente interesado en que se incremente lo más posible la circulación de monedas estables, emitidas como he dicho por todo tipo de grandes empresas, porque eso es lo mismo que incrementar el uso del dólar cuando este, como ya es bien sabido, está siendo mucho menos deseado o incluso rechazado por muchos países. Fue el propio presidente Donald Trump quien reconoció expresamente en su orden ejecutiva de 23 de enero de 2025 que era política de su Administración «promover y proteger la soberanía del dólar de los Estados Unidos, incluso mediante acciones para promover el desarrollo y el crecimiento de monedas estables respaldadas por dólares legales y legítimas en todo el mundo».
Y con ese fin, Trump firmó el pasado18 de julio la llamada ley Genius (Ley de Orientación y Establecimiento de Innovación Nacional para Stablecoins de Estados Unidos) que había sido aprobada en el Senado y la Cámara de Representantes, no sólo con el voto republicano sino también con el de un buen número de legisladores demócratas.
Y es precisamente esta ley la que ha abierto la espita para que las monedas estables (como vía que Estados Unidos quiere utilizar para evitar su declive como potencia monetaria imperial) se conviertan en una bomba financiera de relojería. Entre otras, por las siguiente razones:
– La ley permite que las empresas emisoras de monedas de estables se conviertan en depositantes de fondos y de reservas que no van a estar asegurados de ninguna forma, a diferencia de lo que ocurre con los bancarios que lo están hasta 250.000 dólares, en Estados Unidos.
– El régimen regulatorio que establece para las monedas estables creadas por las grandes empresas es muy débil y no contempla los riesgos que conlleva lo anterior, ni medidas suficientes para evitarlos y hacerles frente.
– En lugar de impedirlo, la ley da amplios poderes a las autoridades para permitir que las empresas emisoras vendan derivados de las monedas estables y todo tipo de productos especulativos, difundiendo el riesgo por todo el sistema financiero.
– No se crea ningún fondo de seguro, ni prestamista de última instancia que pueda garantizar el reembolso si las monedas estables se encuentran con problemas. En realidad, más bien incentiva las quiebras, de modo que al menor problema los emisores se retirarán del mercado.
– No se establecen garantías para que la emisión de monedas estables se sostenga en tecnologías que permitan pagos rápidos, confiables, subsanables en caso de error, y capaces de operar con transacciones de gran volumen al mismo tiempo.
– Aunque la ley establece que los emisores de monedas estables no pueden proporcionar rendimiento a quienes las posean, lo cierto es que esa posibilidad no está claramente prohibida, y de hecho hay plataformas que lo proporcionan. Eso podría ser un mecanismo adicional de drenaje de fondos desde la banca tradicional que puede debilitarla extraordinariamente. A lo cual hay. que añadir que los emisores podrían utilizar la liquidez obtenida para depositarla en los bancos por cantidades superiores a las que están aseguradas, lo que igualmente agranda la vulnerabilidad del sistema financiero.
– Finalmente, la ley no contempla los riesgos que conlleva la gran concentración que se produce hoy día en el sector y la que igualmente habría incluso cuando las grandes empresas comiencen a emitirlas. Si en algún momento hubiera que rescatar a los emisores, lo que antes o después ocurrirá en las condiciones que acabo de señalar, sería extraordinariamente costoso hacerlo, pero no habrá manera de evitar rescatarlos porque se dirá, como en 2008 con los bancos, que son demasiados grandes para dejarlos caer.
Una irresponsabilidad que, eso sí, hace aún más ricos a los multimillonarios, empezando por Donald Trump
El impulso a las monedas estables con la regulación que está estableciendo Estados Unidos comporta un riesgo financiero muy grande y sistémico, porque cualquier crisis se extendería al conjunto de la economía. Su enorme expansión se asume sólo para tratar de evitar el inevitable declive del dólar por un procedimiento que, mientras tanto, dará enormes beneficios a las grandes corporaciones y a los ya multimillonarios.
Donald Trump, quien hasta poco se había mostrado muy enemigo de las criptomonedas, ha sido inteligente asumiendo que son un instrumento adecuado para aliviar el declive del dólar como moneda imperial. Lo ha aprovechado para convertir el apoyo legal que le presta su Administración en un gran negocio personal y familiar, creando algunas y especulando con información privilegiada. Según Forbes, su fortuna en criptomonedas ya supera todas las propiedades de su cartera inmobiliaria y puede haber ganado unos 1.000 millones de dólares en los últimos nueves meses.
No está solo. Según Henley & Partners y New World Wealth, en todo el mundo hay 450 personas con activos en criptomonedas por valor de más de 100 millones de dólares y 36 con más de 1.000 millones. Añadan a eso y háganse una idea de lo que ganarán, a las grandes empresas cuando comiencen a emitir en masa monedas estables.
Es para ellos para quien se pone en marcha un negocio colosal. Tan colosal como la crisis que traerá consigo cuando caiga sobre su base, construida sobre humo y especulación constantes, y que volverá a pagar el resto de la población. Salvo que la gente no se deje atontar, despierte, se entere de estas cosas, las difunda y se movilice para evitarlas.
Por Anne Brorhilker, publicado originalmente para ctxt.
La imprescindible serieEl dinero de otros (Filmin) ha devuelto a la actualidad un escándalo enorme, y enormemente silenciado en España (incluida esta revista). Conocido como el Caso Cum-Ex, fue urdido por más de un centenar de bancos, docenas de despachos de abogados, fondos de inversión e intermediarios financieros, y salpicó a políticos de primera línea, como el excanciller alemán Olaf Scholz. La exfiscal de Colonia Anne Brorhilker, que investigó el asunto desde 2013 hasta el año pasado, calculó que esa trama global de lavado de dividendos estafó a las agencias tributarias europeas más de 150.000 millones de euros en 20 años. El saqueo organizado de las arcas públicas consistía en que los bancos reclamaban a distintas Haciendas europeas el reembolso de los impuestos sobre beneficios de sus clientes (que permanecían en el anonimato), asegurando que lo habían pagado ya en otro país, y las agencias tributarias devolvían el dinero sin rechistar porque no podían comprobar quiénes eran esos clientes y si realmente habían pagado o no el impuesto en otro lugar. En España, el principal investigado fue el Santander. En 2014, Brorhilker comunicó al banco la apertura de una investigación penal contra diez exempleados y “altos responsables” del grupo, entre ellos Stephen Woodhead, jefe del departamento de Short term equity trading (ventas en corto de acciones) en Londres. Sin embargo, el exfiscal anticorrupción Luis Rodríguez Sol, miembro del Opus Dei, se negó en 2018 a ordenar el registro de la ciudad financiera de Boadilla solicitado por la fiscal de Colonia. La acusación mantuvo que, dada la magnitud de las transacciones y préstamos concedidos para ejecutar las operaciones fraudulentas, que asciende a unos 18.000 millones, el fraude debió ser conocido necesariamente por la alta dirección del grupo. CTXT rescata ahora esta conferencia pronunciada en mayo de 2025 por Anna Brorhilker, que dejó la fiscalía en 2024 y hoy trabaja en Finanzwende, una ONG especializada en perseguir y denunciar la evasión fiscal.
Hola a todos.
100.000 millones de euros: esa es la estimación de los daños causados por la evasión fiscal cada año en Alemania. Son 270 millones de euros al día, 11 millones de euros a la hora. Y mientras os cuento esto, ya han vuelto a desaparecer 100.000 millones de euros solo con las operaciones Cum-Ex y Cum-Cum, de las que me he ocupado intensamente durante años y que han causado miles de millones en daños. Son términos que se utilizan en el sector financiero. No se trata del comercio clásico de acciones, sino de un comercio escenificado con el único fin de ganar dinero a través de beneficios fiscales, ya sea pagando menos impuestos de los que realmente se deberían pagar –lo que se denomina Cum-Cum–, u obteniendo devoluciones de impuestos que antes ni siquiera se han pagado, el Cum-Ex.
Según el profesor Spengel, de la Universidad de Mannheim, Cum-Ex ha causado un perjuicio fiscal en Alemania de unos 10.000 millones de euros mientras que el Cum-Cum ha provocado incluso casi el triple, estimado en 28.500 millones de euros. Estas cifras son estimaciones muy prudentes. Todo ese dinero nos vendría muy bien. Al fin y al cabo, el último Gobierno se rompió por los debates sobre el presupuesto y el nuevo gobierno se enfrenta más o menos al mismo problema.
Necesitamos el dinero para todo: para educación, infraestructuras y también para mejorar la cohesión de nuestra sociedad. Y con 100.000 millones de euros más en las arcas cada año, la situación mejoraría considerablemente.
Por lo tanto, se podría pensar que existe un gran interés político en poner fin a este robo fiscal, pero, lamentablemente, la realidad es muy diferente. Si nos preguntamos si estamos haciendo algo para evitar que se robe descaradamente a nuestras arcas fiscales, la respuesta es: bueno, no tanto.
Esta es una frase con la que me gusta que me citen y que es absolutamente cierta en el ámbito de los delitos económicos graves: se atrapa a los pequeños y se deja escapar a los grandes. Y esto no se basa solo en mi experiencia personal, sino que también nos lo dice la investigación criminológica. La investigación y el enjuiciamiento de los delitos económicos son difíciles. De hecho, una parte considerable de los procedimientos penales se archiva. Solo una de cada veinte acusaciones, solo uno de cada veinte casos llega a ser juzgado. Y este insatisfactorio y delicado hallazgo, desde el punto de vista del Estado de derecho, refleja la asimetría entre las autoridades judiciales y los acusados.
¿Qué consecuencias tiene esto para nosotros? La delincuencia económica nos perjudica en muchos aspectos. En primer lugar, por los enormes daños al presupuesto. Recordemos que 100.000 millones de euros escapan cada año de las arcas del Estado. En segundo lugar, la delincuencia económica también perjudica a la economía en general, ya que los delincuentes utilizan métodos delictivos para obtener ventajas competitivas y alterar artificialmente los precios, por ejemplo, mediante el trabajo en negro. Lo mismo ocurre con las estafas fiscales. En ellas siempre hay una empresa que no paga impuestos y, por lo tanto, pueden ofrecer productos más baratos que el resto del mercado, los empresarios honestos.
100.000 millones de euros escapan cada año de las arcas del Estado
Si el Estado no interviene ni controla, los empresarios honestos y también las personas honestas dejan de ser competitivas y, por lo tanto, se las considera tontas.
Fotograma de la miniserie alemana El dinero de otros (Loose y Munk, 2025).
Si el Estado no actúa con la misma firmeza contra la evasión fiscal grave que, por ejemplo, contra el fraude en las cotizaciones sociales, entonces, en tercer lugar, puede dar la impresión de que se está aplicando un doble rasero. Y todo ello daña la confianza en el Estado de derecho y, por cierto, también tiene un efecto negativo en la llamada honestidad fiscal o la moral fiscal. Porque si ya nadie respeta las normas y el Estado tampoco interviene, esta moralidad seguirá disminuyendo.
Pero, ¿a qué se debe realmente esa actitud? Se debe principalmente a la enorme influencia política del lobby financiero. Por lobby financiero nos referimos a los bancos, los fondos, las aseguradoras y sus grupos de interés. Siempre se nos describe como una nación de automóviles. Por eso, personalmente creía que el lobby del automóvil era el más poderoso de Alemania. Sin embargo, está muy por detrás del lobby financiero. En Alemania existe desde hace tres años un registro de lobbies. Cada año lo miramos y lo evaluamos en Finanzwende. Y ahí se ve claramente que el lobby financiero ocupa el primer lugar cada año. También este año, 10 de las 100 entradas más poderosas del registro de grupos de presión proceden de bancos, fondos, bancos de inversión, aseguradoras y la industria financiera. Cada año gastan casi 40 millones de euros en actividades de presión, lo que supone más que el automóvil y el lobby químico juntos. Hay 442 lobistas, que se traduce en casi diez individuos por cada miembro de la comisión de finanzas del Bundestag. Y, por supuesto, estos grupos de presión saben exactamente qué historias deben contar para poder imponer sus intereses. Y no solo les cuelan sus historias a los políticos, sino que también las difunden al público a través de los medios.
He traído algunos ejemplos, otra vez relativos a las operaciones Cum-Ex. Vuelvo a recordar que se trata de una estafa fiscal ilegal que nos ha costado a todos unos 10.000 millones de euros. En 2014, los medios de comunicación las describían como un vacío legal, una zona gris. ¿Qué sugiere esa formulación? Pues que existe una laguna que se puede aprovechar y que el propio legislador es el culpable si, como se afirmaba, elabora leyes descuidadas.
Veamos ahora un artículo del Frankfurter Allgemeine Zeitung, de 2019, que presenta una historia sobre impuestos, algo sobre lo que he trabajado mucho como fiscal. Al parecer, aquí no cuenta mucho el sentido común. ¿Qué significa esto? Bueno, en realidad es bastante evidente que no se pueden reclamar impuestos que no se han pagado. Y esto, que es evidente, se pretende descalificar como si fuera una conclusión tonta. El mensaje que hay detrás es que todos aquellos que no sean abogados fiscalistas deben mantenerse al margen de esta discusión y no deberían atreverse a tener su propia opinión.
Se trata de un artículo en el que uno de los principales responsables de operaciones Cum-Ex habla directamente y nos cuenta que ha sido víctima de una persecución política, es decir, víctima de la arbitrariedad del Estado.
Lo cierto es que dos tribunales diferentes lo condenaron a largas penas de prisión. Los recursos contra estas sentencias tampoco han tenido éxito. Lo mismo ocurre con el resto de narrativas sobre las Cum-Ex. Lagunas legales, arbitrariedad estatal, criminalización: nada de eso era cierto. Todos los tribunales superiores de Alemania han decidido de manera unánime que estas operaciones Cum-Ex son ilegales y, entretanto, se han dictado muchas condenas a largas penas de prisión.
Los grupos de presión han comprendido que gana quien impone su narrativa a la opinión pública
Todas estos artículos de prensa, que en realidad fueron muchos, no eran fruto de una casualidad, sino de una estrategia deliberada. Se denomina comunicación jurídica estratégica o relaciones públicas de litigio (litigación PR). Y los grupos de presión han comprendido que gana quien impone su narrativa a la opinión pública porque entonces puede influir en las fiscalías, los tribunales y la jurisprudencia, ya que los fiscales y los jueces leen los periódicos y son influenciados por ellos.
Qué suerte que las Cum-Ex no funcionaran a pesar del revuelo mediático y los autores pudieron ser llevados ante la justicia y condenados y, entretanto, se han podido reclamar más de tres millones de euros en impuestos Cum-Ex obtenidos ilegalmente. Esto demuestra que todos tenemos la responsabilidad de cuestionar este tipo de narrativas.
Vamos a examinarlo más detenidamente. La comunicación jurídica estratégica utiliza básicamente tres métodos. En primer lugar, la trivialización del problema: laguna legal, zona gris, trampa. A menudo se decía sobre las Cum-Ex que se trataba de unos pocos actores que se habían vuelto locos. Pero, de hecho, existe una auténtica industria Cum-Ex. El efecto de esta trivialización es subestimar el problema, que no se aborda. En segundo lugar, está la cuestión del sentido común, que supuestamente no cuenta, porque todos los que no son abogados fiscalistas deben mantenerse al margen de este debate. En definitiva, esto impide el debate público. Y, en tercer lugar, se le da la vuelta a la culpa presentando a los autores como víctimas de la voluntad del Estado. Se dice que el Estado es el único culpable y que todo es una persecución política. ¿Quién nos está robando exactamente? Entonces, ¿quiénes son realmente las personas que están cometiendo estos hechos?
Fotograma de la miniserie alemana El dinero de otros (Loose y Munk, 2025).
Echemos primero un vistazo a los resultados de la investigación criminal. Según esta, los delincuentes económicos son llamativamente discretos. Es decir, detrás de ellos no encontramos historias de hogares rotos, sino trayectorias totalmente normales. Son en su mayoría hombres, no llamaron la atención en su juventud, no tienen antecedentes penales y, en su mayoría, tienen una buena educación y varios años de formación. Muchos de ellos han tenido carreras profesionales realmente exitosas. Y, sí, en general no pertenecen a las clases desfavorecidas de la sociedad, no tienen necesidades existenciales, por lo que su actividad se denomina “delincuencia de cuello blanco”.
Este tipo de delincuentes suelen culpar al Estado y no se consideran a sí mismos infractores
¿Cómo piensan estos delincuentes económicos? Esto queda claro, por ejemplo, en una escena de la última serie sobre las Cum-Ex de la ZTF, titulada El dinero de otros, en la que dos delincuentes de las Cum-Ex se enfadan porque un compañero suyo hace una barbacoa de okapi [una especie que se encuentra en peligro de extinción]. El colega no tiene conciencia de estar haciendo nada malo. Pero ellos tampoco la tienen cuando se trata de sus propias Cum-Ex, con las que han causado daños por valor de cientos de millones. Por lo tanto, es un comportamiento muy típico de los delincuentes, como nos dice también la investigación criminal. Porque las confesiones de los delincuentes económicos son muy poco frecuentes. Este tipo de delincuentes suelen culpar al Estado o a otros, no se consideran a sí mismos infractores y, por lo general, no comprenden lo que pasa. Todo esto lo dice la investigación, y yo también puedo confirmar desde mi experiencia que es así.
En segundo lugar, también me ha llamado la atención que a menudo muestran reacciones muy emocionales y suelen verse a sí mismos como víctimas. Y si algo he aprendido como fiscal es que el grado de emotividad no permite sacar conclusiones sobre si la declaración es cierta o falsa.
En principio, sorprende que los autores de este tipo de delitos, con un bagaje que en realidad los capacita para distinguir entre el bien y el mal, se conviertan en delincuentes. Y la investigación criminal menciona aquí una razón principal. Es el proceso de racionalización, que también se podría llamar autojustificación. Es decir, el delincuente necesita una justificación interna para su acto delictivo, para mantener su estabilidad psíquica y amortiguar los sentimientos de culpa. Y debo decir que, en la práctica, funciona muy bien.
En la Fiscalía de Colonia no pudimos hacer registros a bancos durante años porque no teníamos suficientes investigadores
Bien, esto por el lado de los autores. Veamos ahora el otro lado, el lado de las autoridades responsables de la delincuencia económica. Se trata, por ejemplo, de las fiscalías, de las oficinas de Hacienda, la policía y también los tribunales. Estas están bastante mal preparadas en el ámbito de la delincuencia económica porque adolecen de diversos problemas estructurales. No se trata de algo que afecte a una sola administración, sino de problemas estructurales. En primer lugar, cabe mencionar la escasez de personal. Hay muy pocos agentes de policía, fiscales, inspectores fiscales y auditores trabajando en este ámbito. Las autoridades no destinan suficiente personal. Por ejemplo, en la Fiscalía de Colonia no pudimos hacer registros a bancos durante años porque no teníamos suficientes investigadores. Solo después de un aumento significativo del personal, que no se produjo hacia 2021, fue posible. Entonces procedimos a registrar aproximadamente un banco al mes con una plantilla de unas cien personas. Fue un esfuerzo logístico enorme. Pero si no se dispone de estos compañeros, no se pueden registrar bancos, y entonces tampoco hay resultados.
En segundo lugar, la formación práctica es insuficiente. Como fiscal especializada en delitos económicos, o como agente de policía hay que aprender sobre la marcha. Y el problema es que tampoco hay mucha formación. Primero, porque también falta personal para ello y, segundo, porque la mayoría de las veces simplemente no hay dinero. Y eso, por supuesto, hace que la formación y, posteriormente, la investigación sean increíblemente largas.
Tercer problema: la elevada fluctuación o rotación del personal. Para las carreras en la administración pública es importante haber probado un poco de todo. A esto se le llama amplitud de funciones. Por el contrario, la experiencia en áreas específicas no suele ser importante. Pero si el personal cambia constantemente en un área en la que se necesita más tiempo para familiarizarse, esto impide precisamente adquirir conocimientos especializados, lo que hace que las investigaciones sean muy lentas e ineficaces.
Por volver a citar el ejemplo de nuestras investigaciones, necesitábamos fácilmente dos años para poder actuar. Antes de hacerlo, teníamos que intentar entender cómo se hacían las trampas bursátiles, cómo operaban los traders, cómo codificaban los operadores bursátiles para luego evaluar las pruebas. Pero en ese tiempo tan largo, muchos compañeros ya habían sido trasladados a otros departamentos y sustituidos por otros.
Los equipamientos de las autoridades suelen estar obsoletos y poco digitalizados
Los equipamientos de las autoridades suelen estar obsoletos y poco digitalizados. Por ejemplo, en 2014 tuve que escribir 280 solicitudes de órdenes de registro e imprimirlas. Tenían 25 páginas y había que traducirlas, así que eran unas 50 páginas. Pero yo, como fiscal normal, solo tenía una pequeña impresora de mesa, una de esas que imprimía unas cinco páginas por hora, y en toda la Fiscalía no teníamos ninguna otra impresora ni red de impresoras. Así que 280 por 25 simplemente no era posible. La única solución era pedirle a la Oficina Regional de Investigación Criminal que me dejara usar su impresora. Tenían exactamente una y me dejaron usarla, así que pasé 14 días en el trastero e imprimí todo lo que pude. Así que ahí se ve, ¿no?, que el equipamiento también es importante para poder investigar.
Otra vez, estaba registrando un banco junto a otros colegas. Esto fue en los primeros tiempos de las Cum-Ex, cuando aún no teníamos mucho personal, y resultó que teníamos que descargar el disco duro. Se trataba de grandes cantidades de datos y me dijeron que no se podía llevar a cabo porque no teníamos suficiente espacio de almacenamiento. Así que allí estábamos, en el banco, y el banco nos dijo que estaban las pruebas, pero nosotros no podíamos asegurarlas. Y ese problema solo se pudo resolver porque, aunque estábamos en otra ciudad, contábamos con el apoyo de otros colegas de otras agencias, que pudieron guardarlo. En el peor de los casos habríamos tenido que retirarnos. Yo por ejemplo, tampoco tuve, durante años, la posibilidad de hacer videoconferencias porque simplemente no había sistemas de videoconferencia en la Fiscalía y tenía que preguntar a los abogados si me dejaban utilizar sus equipos en sus bufetes, lo cual era un poco embarazoso y poco profesional. De esta manera, podemos ver lo mucho que obstaculiza una investigación no tener buenos equipos.
Cada una de las agencias tenía diferentes requisitos. Una solo podía usar Skype, otra tenía prohibido usar Skype y un tercero tenía Teams
Otro obstáculo para las investigaciones es que la protección de datos es un problema, porque las autoridades en Alemania no tienen una infraestructura informática uniforme. Casi cada agencia tiene su propio responsable de protección de datos y estos toman decisiones muy diferentes. Por ejemplo, yo tuve que tratar con muchas autoridades diferentes en varios estados federales, tanto en negociaciones fiscales, que están en el departamento de Finanzas, como con la policía, que está en el departamento del Interior, y todos tenían requisitos diferentes. Por ejemplo, uno solo podía enviar correos electrónicos cifrados, otro no podía enviar correos electrónicos cifrados. Es decir, no se podía enviar un correo electrónico a todos si querías hablar con ellos. En otros casos querías hacer una videoconferencia y cuando ya por fin tuvimos un sistema, cada una de las agencias tenía diferentes requisitos. Una solo podía usar Skype, otra tenía prohibido usar Skype y un tercero tenía Teams. Es decir, no era posible. Son cosas básicas, y si las autoridades no pueden comunicarse entre sí, entonces simplemente no se puede hacer el trabajo.
Por lo tanto, es realmente urgente que la estructura federal se organice de otra manera.
Cooperación
El siguiente problema es que no existe una cultura de cooperación entre las distintas autoridades. Aunque, sobre el papel, pueden intercambiar información, en la práctica no lo hacen. Suele imperar una cultura de aislamiento y de “cada uno por su lado”. No se debe divulgar nada al exterior, no se debe hablar de los problemas. Y eso es algo que se aprende desde el principio en la administración. Yo lo aprendí muy pronto, cuando me atreví a hacerlo siendo una joven fiscal. Estaba en la Fiscalía de Colonia y teníamos un problema que nadie podía resolver y me atreví a llamar a la Fiscalía de Düsseldorf, porque pensé que tal vez ellos tendrían alguna idea. Y me metí en un buen lío, porque se consideraba más importante no divulgar nada que resolver el problema. Y este problema de que las autoridades no colaboran de forma confiada ya lo ha criticado, por ejemplo, el Tribunal Federal de Cuentas.
En las investigaciones excepcionales también hay un gran problema en la cooperación. Hay que poner en marcha procedimientos de asistencia judicial formalizados y muy burocráticos. Es decir, se pide a otros Estados que lleven a cabo la investigación en su territorio, y ahí el entusiasmo suele ser limitado, porque ellos también están sobrecargados de trabajo. Todo el proceso es muy largo y puede durar años. En nuestro caso, emprendimos esa tarea, una búsqueda por todo el mundo, en 2014 y tuvimos que esperar hasta 10 años en algunos casos para obtener respuesta. Porque la delincuencia no se limita a las fronteras alemanas. Precisamente la delincuencia económica suele estar organizada a nivel internacional. En nuestro caso, en el centro financiero de Londres. Y eso significa que siempre hay que buscar asistencia jurídica en esos Estados. Todo eso es muy lento y supone un verdadero obstáculo para las investigaciones. A esto se suma que los bancos, las grandes empresas y las consultoras ya casi no trabajan con papel, sino que están completamente digitalizados y ya no almacenan sus datos en Alemania, sino, por ejemplo, en servidores en el Reino Unido o en los Países Bajos. Entonces, si quieres inspeccionar a esos bancos y empresas aquí en Alemania o incluso registrarlos, te encuentras con que no hay nada. No hay un papel ni un registro de datos. Es decir, hay que realizar estas largas solicitudes de asistencia judicial y las inspecciones e investigaciones pueden prolongarse durante años. Y entonces surge otro problema con las estadísticas, porque para esclarecer casos especialmente graves, que están ocultos, se necesita más tiempo. En esas investigaciones en el extranjero necesitas conocer la delincuencia organizada internacional. Sin embargo, en esas estadísticas, en el cálculo de las necesidades de personal de fiscalías y tribunales no se reflejan porque las autoridades a menudo no tienen ningún interés en realizar un trabajo que no se refleja en las estadísticas. Y mientras las estadísticas no reflejen adecuadamente las investigaciones complejas en los procedimientos de gran envergadura, las autoridades seguirán teniendo poco interés en ellas.
Las estadísticas pueden, en primer lugar, influir en la actuación de las autoridades y, en segundo lugar, ofrecer incentivos erróneos, concretamente hacia muchos procedimientos pequeños y alejarse de los grandes. Por otro lado, los delincuentes suelen estar mucho mejor organizados que las autoridades, y ahí es donde surge mucha resistencia. Los delincuentes suelen tener una sólida posición financiera y pueden contratar a costosos equipos de abogados con muchos recursos, que hacen su trabajo y causan el mayor revuelo posible. Te llegan cientos de páginas de reclamaciones, quejas sobre los servicios, denuncias penales. A menudo promueven también campañas mediáticas, y eso es como echar tierra en el engranaje, ya que si las autoridades son débiles, como sucede en este ámbito, eso puede afectar mucho al sistema.
La investigación está aún en sus inicios y solo se ha podido reclamar el 1% del daño total estimado de 28.500 millones
Me han preguntado a menudo si en esas circunstancias no pierdo la esperanza, cuando tengo que enfrentarme a esto una y otra vez. Pero no, no es así en absoluto. Se pueden cambiar las cosas. Se puede luchar contra la delincuencia económica y se pueden esclarecer los hechos, a pesar de todos los problemas estructurales. Eso es precisamente lo que demuestran las investigaciones realizadas por la Fiscalía de Colonia. Como he contado, no teníamos las condiciones ideales; al principio tampoco éramos expertos, pero nos pusimos manos a la obra, nos metimos de lleno en el tema y presentamos la primera acusación Cum-Ex. Conseguimos la primera sentencia, que luego fue confirmada por el Tribunal Superior. Los tribunales fiscales han seguido el ejemplo y, entretanto, se han presentado muchas acusaciones y se han dictado muchas sentencias. Me gustaría ver esa misma actitud en los políticos, especialmente en el ministro de Hacienda.
En el caso de las Cum-Cum, que es similar al de Cum-Ex, la investigación está, lamentablemente, aún en sus inicios y solo se ha podido reclamar el 1% del daño total estimado de 28.500 millones. Así que todavía queda mucho por hacer y creo que ahora es el momento de actuar.
¿Qué se puede hacer contra la delincuencia económica? En primer lugar, podemos aumentar el riesgo que corren quienes perpetran estos crímenes ya que el hecho de que los delincuentes actúen o no depende en gran medida del peligro de ser descubiertos, más aún que de la gravedad de la pena. Y eso significa que hay que reforzar a las autoridades en el ámbito operativo. Por lo tanto, hay que cambiar todos esas cosas que he mencionado antes. Hay que aumentar el personal, hay que aunar fuerzas, desarrollar conocimientos especializados y mejorar los equipos y tener una infraestructura informática uniforme. Todos estos son problemas que se pueden resolver.
Pero también se puede hacer algo en otros ámbitos, por ejemplo, a nivel individual, donde es especialmente importante tener una orientación de valores La investigación criminológica afirma que quienes cuentan con un sólido sistema de valores están más protegidos frente a las tentaciones delictivas. De hecho, estas ni siquiera se llegan a producir. Si no se tiene este sistema de valores, entonces se ve que el riesgo de ser descubierto es bajo y que se puede ganar mucho dinero, y se aprovecha la oportunidad. Es decir, una estructura de valores protege realmente contra los delitos económicos. Y ahí se podría pensar, por ejemplo, que los aspectos éticos son importantes y que la reacción social también juega un papel importante. Para los delincuentes económicos, la aceptación social es un factor importante que también puede influir en su comportamiento. Si no se acepta la delincuencia económica, sino que se estigmatiza, cabe suponer que las personas también cambiarán su actitud y su comportamiento. Eso es lo que nos dice la investigación. Y precisamente aquí todavía hay margen de mejora, ya que los delitos de cuello blanco se siguen considerando con demasiada frecuencia como unos “crímenes de gentlemen” a pesar de los enormes daños que nos causa a todos. ¿Qué podemos hacer? Todos nosotros, como sociedad, podemos alzar la voz más allá de las elecciones, por ejemplo, apoyando a las ONG. Las ONG como Finanzwende velan especialmente para que en las decisiones políticas no solo se escuche la voz de los grupos de presión, sino también la voz de la sociedad civil y el interés público. Y esto funciona; los políticos no son sordos, como nos muestra el caso de Lars Klingbeil, el ministro de Finanzas. En la interpelación al Gobierno ha tenido en cuenta las demandas públicas y ha anunciado que va a actuar de manera consecuente contra el fraude fiscal. Nosotros, en Finanzwende, le tomamos la palabra, porque somos un contrapeso al lobby financiero y damos voz a la sociedad civil. Luchamos contra su discurso dominante y analizamos y desmontamos la narrativa del sector financiero. Cambiamos cosas contigo y por ti. La política financiera nos concierne a todos y necesitamos debatirla en público y no solo en las trastiendas.
Por Manu Pineda, publicado originalmente para Público.
Tuve el privilegio de tratar a Marcelino Camacho, histórico dirigente comunista y fundador de Comisiones Obreras, el mayor sindicato del país. Marcelino, fresador e hijo de ferroviario, con una inteligencia forjada a base de vida, golpes y mucha formación, me dejó una enseñanza que sigo teniendo presente:
«La izquierda tiene que ser como la máquina del tren: tirar de los vagones, pero pegadita a ellos».
Si la locomotora se adelanta demasiado y se separa de los vagones, el tren no anda, y la máquina no sirve de nada. Lo mismo ocurre en política: cuando la izquierda se aleja de la clase trabajadora, del pueblo, de la mayoría social, deja de cumplir su misión. En vez de ser una herramienta útil, se convierte en algo extraño, distante, incluso hostil para aquellos a los que dice defender.
Cuando el fascismo daba vergüenza
Hubo un tiempo, no muy lejano, en que el fascismo era motivo de vergüenza. Nadie se atrevía a reivindicarlo abiertamente, porque sus crímenes, su racismo y su brutalidad pesaban en la memoria colectiva. Hoy, en cambio, lo vemos crecer con normalidad: políticos que hacen bandera del odio, tertulianos que convierten la crueldad en espectáculo, algoritmos que premian la humillación. Lo que antes generaba repulsa, hoy arranca aplausos.
Ese cambio no ha sido casual. Detrás hay millones de euros invertidos: jueces, medios, think tanks y fortunas dedicadas a blanquear lo que llamamos neofascismo, esa mezcla de autoritarismo, xenofobia y neoliberalismo salvaje. Pero sería ingenuo culpar solo a la derecha. Si hoy el fascismo no da vergüenza, también es porque la izquierda ha perdido la confianza del pueblo.
Una izquierda que se aleja
La soberbia, la arrogancia y un cierto esnobismo han hecho más daño que cien tertulianos ultras. Mientras la vida se precarizaba, demasiadas veces respondimos con tecnocracia fría, discursos llenos de jerga incomprensible y muchas, muchas luchas intestinas.
Hablamos como si estuviésemos presentando una tesis doctoral o dirigiéndonos a un comité de expertos, en lugar de hablar claro con quienes sufren los embates de la vida.
La gente que se siente abandonada no busca doctorados: busca certezas. Y si no se las damos nosotros, acaba encontrándolas en discursos falsos y crueles. Ese es el error de base: la mayoría no nos apoyará solo porque llevemos la etiqueta de «izquierda». Esa etiqueta importa poco. Lo que la gente quiere es vivienda digna, pensiones seguras, hospitales públicos que funcionen, educación para sus hijos y trabajos estables.
Si decimos: «vótame porque soy de izquierdas», no nos votarán. Pero si decimos: «apóyame porque voy a defender tu pensión, tu barrio, tu escuela y tu hospital», entonces la historia cambia.
El complejo de superioridad moral
A estos males se suma algo especialmente dañino: ese complejo de superioridad moral del que muchas veces hacemos gala. Una parte de la izquierda se comporta como si bastara con sentirse del lado correcto de la historia para poder mirar a los demás por encima del hombro. Esa petulancia no tiene ninguna base real: no mejora la vida de nadie, pero sí aleja a muchos.
Quien sufre para pagar la luz o llenar la nevera no necesita que le hablen desde un púlpito, como si fuese ignorante o incapaz de comprender la «verdadera conciencia de clase». Necesita cercanía, respeto y propuestas que funcionen. Cuando la izquierda aparece como arrogante o engreída, en lugar de atraer, repele. Y cuando se limita a dar lecciones en lugar de escuchar, se vuelve repelente.
Los males que nos corroen
Además de la soberbia y el elitismo, hay vicios que nos hacen cada vez más irrelevantes:
El narcisismo, que convierte la política en un escaparate de egos.
El identitarismo partidista, que antepone las siglas a las causas.
La obsesión por legitimarse ante el sistema, que lleva a ciertos sectores de la izquierda a querer ser aceptados por la patronal, por la banca o incluso por la OTAN como una «izquierda responsable y no peligrosa». En ese intento de ser respetables se abandona lo esencial: ser referencia para los trabajadores y mantener un discurso impugnatorio contra un sistema que genera sufrimiento.
Las guerras internas, donde partidos de izquierda gastan más energía combatiendo a otros partidos de izquierdas que enfrentando a las derechas. Cada palo que nos damos dentro de la izquierda es una alfombra roja para la derecha.
Nuestros mayores lo entendieron mejor hace noventa años. En 1935 y 1936, ante el ascenso del fascismo, supieron dejar de lado diferencias profundas y construir un frente común: el Frente Popular. Hoy, cuando el monstruo regresa con nuevas máscaras, esa lección no es un simple recuerdo histórico, es una necesidad urgente.
El truco del trilero
La ultraderecha no ha inventado nada nuevo. Su método es siempre el mismo: primero, precarizar con recortes y contratos basura; después, señalar un chivo expiatorio —migrantes, musulmanes, feministas, personas LGTBI+, sindicalistas— para canalizar la rabia; y mientras tanto, regalar rebajas y exenciones fiscales a los poderosos.
Es el viejo truco del trilero: «mira aquí», mientras te roban por otro lado.
Nuestro deber es desenmascarar ese engaño con ejemplos claros: deportar migrantes no reduce las listas de espera; recortar derechos no crea empleo estable; criminalizar a los pobres no genera seguridad. La seguridad real se llama vivienda, sanidad, educación y salarios dignos.
Humildad o irrelevancia
La primera batalla que la izquierda debe librar es contra sus propios vicios y desviaciones. La autocrítica no es autoflagelación: es medicina. Significa traducir nuestras ideas al lenguaje de la calle, volver a los barrios y a las fábricas, escuchar más de lo que hablamos, pedir perdón cuando toque. Significa dejar de lado el narcisismo de las redes y volver a la organización de base.
La humildad no es una pose: es una necesidad, y tiene que ser una característica irrenunciable de la izquierda. Porque la humildad abre puertas que la soberbia cierra.
Volver a hacer que el fascismo dé vergüenza
El fascismo volverá a dar vergüenza el día en que la izquierda recupere unidad, humildad y legitimidad. El día en que volvamos a demostrar que estamos aquí para servir, no para exhibirnos ni para servirnos. El día en que la mayoría social nos sienta cerca, como la locomotora de Marcelino: tirando de todos, sin dejar a nadie atrás.
Hasta entonces, se nos seguirá viendo como parte del problema y no de la solución. Y eso, más que un fracaso político, sería una rendición histórica.
Por María Fernanda Gadea y Berta Lago de Attac España, para NuevaTribuna.
La renta básica universal e incondicional se presenta hoy como una de las propuestas más revolucionarias para transformar nuestra sociedad y avanzar hacia un horizonte de justicia social plena. Frente a un contexto global marcado por crecientes desigualdades, precariedad laboral y crisis climática, esta medida emerge como la herramienta más efectiva para garantizar la dignidad humana y construir una sociedad más libre, justa e igualitaria.
¿Qué es la Renta Básica Universal e Incondicional?
La renta básica universal e incondicional (RBU o RBI) se define como una asignación monetaria que recibirían todas las personas residentes en un territorio por el simple hecho de existir, sin necesidad de cumplir requisito alguno más allá de justificar un período previo de residencia. Como explica la Red Renta Básica, se trata de «un ingreso pagado por el Estado, como derecho de ciudadanía, a cada miembro de pleno derecho de la sociedad o residente, incluso si no quiere trabajar de forma remunerada».
Este ingreso presenta cinco características fundamentales que la distinguen de cualquier otra prestación, subsidio o ayuda social: es incondicional (no requiere demostrar nada para percibirla), universal (dirigida a toda la población), individual (se paga a cada persona independientemente de con quién conviva), suficiente (con una cuantía que permita cubrir las necesidades básicas) y monetaria (se cobra en dinero).
A diferencia de las rentas mínimas condicionadas actuales, que están sujetas al cumplimiento de requisitos específicos y conllevan estigmatización social, la renta básica se concibe como un derecho universal similar a la sanidad o la educación públicas. Su cuantía debería ser igual o superior al umbral de la pobreza, garantizando así que ninguna persona se vea privada de los recursos necesarios para una vida digna.
ATTAC y la defensa histórica de la Renta Básica
La Asociación por la Tributación de las Transacciones Financieras y la Acción Ciudadana (ATTAC) ha sido una de las organizaciones pioneras en España en la defensa de la renta básica como derecho de ciudadanía. Desde principios de la década de 2000, ATTAC ha impulsado esta propuesta a través de su Observatorio de Renta Básica de Ciudadanía, considerándola un instrumento fundamental de reparto de la riqueza colectivamente generada y complementario a los demás pilares del Estado del Bienestar.
Ya en 2004, el Observatorio de Renta Básica de ATTAC Madrid destacaba que se trataba de un derecho humano emergente, señalando hitos importantes como la promulgación de la Ley de Renta Básica de la Ciudadanía en Brasil ese mismo año. La organización ha mantenido una constante labor formativa, como demuestra la jornada que organizó en marzo de 2015 centrada específicamente en la formación sobre renta básica de ciudadanía, contribuyendo al debate público y académico sobre sus implicaciones y beneficios.
Más recientemente, ATTAC ha consolidado su liderazgo en este ámbito organizando, como miembro de la Red Renta Básica, el XXIII Simposio de Renta Básica bajo el título «Renta Básica: El derecho a la existencia en un mundo en peligro», celebrado en Las Palmas de Gran Canaria los días 25 y 26 de octubre de 2024. Este encuentro, realizado con la colaboración del Cabildo Insular de Gran Canaria, constituyó una gran oportunidad para analizar los efectos transformadores de la Renta Básica en este mundo desigual, convulso e inseguro y debatir y reflexionar sobre ello con personas expertas. El simposio abordó el impacto de la renta básica en la transformación socioecológica, el acceso a derechos de los jóvenes, las mujeres y las personas migrantes, y los diferentes sistemas de bienestar social.
ATTAC enmarca la renta básica dentro de su propuesta más amplia de transformación social, entendiendo que no es simplemente una herramienta de redistribución de la riqueza o lucha contra la pobreza, sino que es también un modo de garantizar la existencia material de cada persona, y que el conjunto de la sociedad pueda ser más libre.
Renta Básica y redistribución de la riqueza
Una de las principales virtudes de la renta básica radica en su extraordinario potencial redistributivo. Al tratarse de una prestación universal financiada mediante una reforma fiscal progresiva, genera una transferencia neta de recursos desde los sectores más privilegiados hacia el conjunto de la ciudadanía.
Esta redistribución se produce tanto por el propio cobro de la renta básica como por la necesaria reforma del sistema fiscal que requiere su financiación. A diferencia de los subsidios condicionados, que solo llegan a sectores marginados, la renta básica beneficia al conjunto de la población, eliminando las «trampas de la pobreza» que caracterizan a los sistemas actuales.
Además, su gestión sería más eficiente que la de las prestaciones condicionadas existentes, al requerir una burocracia mínima y evitar los elevados costes administrativos derivados del control de requisitos y condiciones.
Lucha contra las desigualdades sociales
La renta básica atacaría de raíz uno de los principales problemas de nuestro tiempo: las crecientes desigualdades sociales. Los datos más recientes muestran que la desigualdad se ha intensificado en el último lustro a escala global: el 1% más rico posee ya más riqueza que el 95% de la población mundial en 2024, y controla aproximadamente el 43% de los activos financieros totales. En este contexto, la universalidad de la renta básica la convierte en una herramienta especialmente poderosa para reducir las brechas sociales.
Como destaca la investigación académica, la renta básica mejoraría la situación de las personas con un nivel adquisitivo bajo y se evitaría, o al menos dificultaría, la desvalorización de nuestra capacidad de trabajo. Al proporcionar una base económica sólida a toda la ciudadanía, aumentaría significativamente el poder de negociación de los trabajadores frente a empleadores, permitiendo rechazar trabajos en condiciones inadecuadas.
Esta mejora del poder de negociación es especialmente relevante en el actual contexto de precariedad laboral creciente. La renta básica al garantizar la seguridad económica ex-ante tendría claras consecuencias en un aumento significativo del poder de negociación de las personas empleadas, contribuyendo así a mejorar las condiciones laborales del conjunto de la clase trabajadora.
Renta Básica y cambio climático
La crisis climática requiere transformaciones profundas en nuestros modelos de producción y consumo que pueden generar importantes costes sociales. En este contexto, la renta básica emerge como un componente necesario para una transformación socioecológica y elemento clave para la justicia climática. La seguridad económica que proporcionaría la renta básica facilitaría la implementación de políticas climáticas ambiciosas sin generar rechazo social.
Además, diversos estudios y resultados de pruebas piloto sugieren que la renta básica podría tener efectos positivos directos sobre el medio ambiente. Por ejemplo, podría fomentar el trabajo voluntario, proyectos artísticos o productivos enfocados al cuidado de nuestro planeta y, en definitiva, abrir espacios de oportunidad para la emergencia de nuevas formas de innovación social orientadas a la sostenibilidad.
Una herramienta feminista contra el patriarcado
La renta básica presenta un enorme potencial emancipador desde una perspectiva feminista. Como señala la investigación especializada, siete de cada diez personas pobres en el mundo son mujeres y hay el doble de mujeres que de hombres sobreviviendo con salarios bajos. En este contexto, la universalidad e incondicionalidad de la renta básica la convierten en una herramienta especialmente valiosa para combatir las desigualdades de género.
La seguridad económica que la renta básica proporcionaría a las mujeres potenciaría su autonomía material, evitaría que sufran condiciones denigrantes de trabajo y, en muchos casos, les ayudaría a liberarse de ciclos de violencia machista con sus parejas o en sus hogares.
Históricamente, el movimiento feminista ha sido pionero en la defensa de la renta básica. Ya en 1977, el Congreso Nacional de Liberación de la Mujer de Gran Bretaña aprobó oficialmente una resolución a favor de la renta básica universal. Esta tradición feminista se mantiene vigente, como demuestra el manifiesto feminista «Recursos y autonomía para todas: un manifiesto feminista para la renta básica» lanzado en diciembre de 2019, que situó esta demanda en el centro de la agenda de las feministas que luchan por la emancipación y la igualdad.
Potenciación de la participación democrática
La renta básica no solo mejoraría las condiciones materiales de vida, sino que fortalecería sustancialmente la participación democrática de la ciudadanía. Al eliminar la inseguridad económica que limita la capacidad de las personas para dedicar tiempo y energía a la participación política y social, la renta básica ampliaría significativamente los espacios de democracia participativa.
Para los jóvenes, este efecto sería especialmente relevante. Como señala la Red Renta Básica, la Renta Básica tendría un fuerte efecto emancipador para las personas jóvenes, confiriéndoles mayor capacidad de decisión sobre sus planes de presente y de futuro. En un contexto donde más del 50% de los jóvenes entre 16 y 24 años se encuentran en situación de desempleo en España, la renta básica les proporcionaría la base material necesaria para participar activamente en la construcción de alternativas sociales y políticas.
La seguridad económica que proporciona la renta básica permitiría a las personas dedicar más tiempo a actividades de voluntariado, participación en organizaciones sociales y movimientos ciudadanos. Esta liberación del tiempo respecto a la mera supervivencia económica es fundamental para el fortalecimiento de la democracia y la construcción de una ciudadanía más activa y comprometida.
Renta Básica y salud mental: Una conexión fundamental
La relación entre renta básica y salud mental ha cobrado especial relevancia en los últimos años. Como señala la Organización Mundial de la Salud, el sufrimiento derivado de la pobreza, las condiciones precarias de existencia, la incertidumbre económica y el paro se encuentran entre las principales causas de las vivencias que se diagnostican como trastornos mentales.
En este contexto, el “Manifiesto de las personas psiquiatrizadas por una Renta Básica Universal”, publicado en 2020 por la asociación Activament de Catalunya, defendía la RBU como una medida preventiva de la salud mental. El manifiesto argumentaba que garantizar unas condiciones dignas de existencia, con independencia del mercado laboral, es una condición de posibilidad para reducir los malestares emocionales y sociales.
Evidencias de las pruebas piloto internacionales
Las experiencias internacionales confirman el potencial transformador de la renta básica. El caso más destacado es Alaska, donde desde 1982 funciona un dividendo ciudadano financiado con los ingresos petroleros que ha llegado a proporcionar hasta 2.000 dólares anuales por persona. Los resultados han sido muy positivos: Alaska se ha convertido en el estado más igualitario de los Estados Unidos sin efectos negativos sobre el empleo o la inflación.
El experimento finlandés de 2017-2018, que proporcionó 560 euros mensuales a 2.000 desempleados durante dos años, arrojó resultados esperanzadores. Aunque no aumentó significativamente el empleo, sí mejoró sustancialmente el bienestar de los participantes: estaban más satisfechos con sus vidas y experimentaron menos tensión mental que el grupo de control. También tenían una percepción más positiva de su bienestar económico. Además, aumentó la confianza de los beneficiarios en los demás y en las instituciones de la sociedad.
Especial mención merece el experimento alemán de renta básica, uno de los más rigurosos y extensos realizados hasta la fecha. Llevado a cabo entre junio de 2021 y mayo de 2024 por la organización Mein Grundeinkommen en colaboración con diversas instituciones académicas, incluyó 122 personas que recibieron 1.200 euros mensuales sin condiciones durante tres años.
Los resultados son contundentes: no hubo reducción en el empleo, los beneficiarios trabajaron unas 40 horas semanales, igual que las personas del grupo de control. Sí se llevó a cabo una reorientación profesional, ya que muchos aprovecharon la seguridad económica para formarse, cambiar de trabajo o iniciar nuevos proyectos. Los investigadores concluyeron que los beneficiarios experimentaron un incremento en su satisfacción vital y una mayor satisfacción laboral. Además, su comportamiento social y su sentido de la solidaridad también se han visto reforzados. Como señala el estudio, lejos de desincentivar la mejora laboral, la ha mejorado.
Conclusión: Un horizonte de justicia social
La renta básica universal e incondicional representa mucho más que una simple medida de política social: constituye una propuesta integral de transformación hacia una sociedad más justa, libre e igualitaria. Su potencial para redistribuir la riqueza, combatir las desigualdades, facilitar la transición ecológica, empoderar a las mujeres, fortalecer la democracia y mejorar la salud mental la convierte en la herramienta más completa de que disponemos para avanzar hacia la justicia social.
Como demuestra el compromiso histórico de ATTAC, desde sus jornadas formativas de 2015 hasta la organización del reciente XXIII Simposio de Renta Básica, esta propuesta cuenta con un sólido respaldo teórico y práctico. Los resultados de experimentos como el alemán, junto con las evidencias internacionales y el creciente consenso científico, confirman que la renta básica no es una utopía inalcanzable, sino una propuesta racional y factible cuya implementación depende fundamentalmente de la voluntad política y social.
En un mundo amenazado por la desigualdad, la crisis climática, la precariedad y los problemas de salud mental, la renta básica se alza como la mejor solución para garantizar que todas las personas puedan vivir con dignidad y participar plenamente en la construcción de una sociedad del bien común. Como se afirmó en el XXIII Simposio, «en una época de grandes incertidumbres ambientales, políticas y socioeconómicas, como la actual, la idea de proporcionar a cada miembro pleno de la sociedad un ingreso mínimo e incondicional que garantice una base material de subsistencia abre un horizonte de esperanza». La RBU se perfila, así como uno de los Derechos Humanos Emergentes de nuestro siglo.
María Fernanda Gadea, Vicecoordinadora de ATTAC España Berta Lago, Coordinadora del Observatorio de Renta Básica de ATTAC España
Cada Jueves, en ONA ATTAC tratamos temas de actualidad política, social, económica y cultural, con la perspectiva de Attac-Mallorca, mediante comentarios, entrevistas y coloquios. Puedes acceder a sus contenidos desde aquí: https://www.onamediterrania.cat/podcasts/ona-attac/
Una serie podcast de 4 episodios para «mojarse» hablando del elemento esencial: el agua, su gestión, las sombras de la corrupción, los movimientos sociales y ciudadanos, el cambio climático y mucho más.
Hablemos del agua, es una serie producida por la Plataforma contra la privatización del Canal de Isabel II, con edición y montaje de SINTONIZADAS junto a Radio Galapagar.
De Mario Martínez, publicado originalmente para El Salto.
A veces nos olvidamos que los euros digitales ya existen, pero sólo los pueden utilizar los bancos privados y los tesoros nacionales. Por eso no es raro ver posturas muy diferentes en las instituciones de la Unión Europea (UE). Quienes reconocen, por primera vez, sus sorprendentes beneficios lo celebran a viva voz, mientras la gran banca, que ve su acceso privilegiado a dinero digital del Banco Central Europeo (BCE) en peligro, hace lo posible para frenarlo. Con un BCE ya comprometido con su implementación que ha hecho sus deberes, el respaldo que el Eurogrupo, que reúne a los ministros de finanzas de los países de la UE, acaba de dar al proyecto es clave para que salga adelante. Pero de poco servirá si el Parlamento Europeo sigue aplazando la parte que le toca. El ponente designado, el español Fernando Navarrete del Partido Popular, ya ha admitido que no tendrá lista su propuesta hasta octubre y que la posición definitiva de la Eurocámara no llegará antes de mayo.
Mientras se apela una vez más a argumentos débiles que se vienen repitiendo por la banca durante los últimos años, amplificados por una intensa campaña de bulos en redes para poner en duda la necesidad de esta alternativa pública de pagos, las razones para su implementación se hacen cada vez más evidentes. Hace pocos meses, el BCE publicó unas pérdidas históricas: en 2024 registró un déficit de 7.944 millones de euros, atribuible en gran parte al alza de los tipos de interés y al coste que supone remunerar la liquidez que los bancos depositan en sus arcas, esos euros digitales que sólo ellos pueden tener. La situación es similar para todos los bancos centrales del eurosistema, incluido el español. Los recursos públicos fluyen para sostener privilegios bancarios en abundancia, que siguen ahí para dar una apariencia de seguridad a los mal llamados depósitos bancarios, que no dejan de ser promesas con extrema fragilidad que crea la banca.
Lo cierto es que los bancos tienen acceso a lo que podríamos llamar “dinero digitalizado de banco central” hoy mismo: reservas que mantienen en cuentas del BCE, remuneradas, funcionando como un colchón líquido que ninguna persona ni empresa común puede poseer. Un circuito paralelo de dinero al margen de la economía real. Cuando el BCE remunera esas reservas (una carga económica que recae en última instancia sobre los contribuyentes), los bancos privados obtienen ingresos sin intermediación ni riesgo de crédito directo. Es decir una renta no ganada o beneficio caído del cielo que explica en España más de la mitad de sus beneficios récord durante los últimos años.
El proyecto del euro digital sacude los cimientos del actual sistema monetario abriendo camino para poner fin a este tipo de privilegios
Aunque no es la única medida a nuestro alcance para detener las sangrantes pérdidas de la banca central, el proyecto del euro digital sacude los cimientos del actual sistema monetario abriendo camino para poner fin a este tipo de privilegios. Plantea habilitar una infraestructura pública para que los ciudadanos y empresas puedan usar dinero digital emitido por el banco central directamente, con controles de volumen para evitar que los depósitos bancarios “se escapen” en exceso hacia el euro digital y desestabilicen el modelo privado, que no soporta la más mínima competencia. El BCE ha hablado de límites de tenencia, facturación de comisiones y salvaguardas para la estabilidad financiera.
Los bancos llevan años maniobrando para que los límites sean paralizantes, para que la diferenciación y remuneración de sus euros digitales especiales (llamados reservas bancarias) se mantenga, y para que la transición hacia un euro digital realmente universal sea tan pausada e inconveniente que nada cambie. Que cada monedero de euros digitales esté vinculado a una cuenta bancaria, que no puedan atesorarlo empresas o que los límites por persona sean tan bajos como para hacerlo impráctico están ya contemplados en la imperfecta y necesaria propuesta actual. Pero los bancos saben que estas limitaciones no tienen por qué durar para siempre.
El apoyo decidido al proyecto por parte del BCE, la Comisión Europea y ahora también del Eurogrupo encuentra fácil explicación frente amenazas geopolíticas claras, como la actual dependencia de servicios de pago estadounidenses o la posibilidad real de defender y ampliar el rol internacional del euro frente a las Stablecoins denominadas en dólares o yuanes. A su vez otros grupos de presión como consumidores, empresas o grandes tecnológicas, asfixiados por las costosas comisiones o queriendo entrar en el juego de crear dinero en igualdad de condiciones, están forzando este cambio.
El euro digital puede ser una herramienta de justicia financiera si se le exige ambición desde el día uno
El euro digital, si se diseña con garantías, podría ser un punto de inflexión para democratizar el acceso al dinero público y poner un sistema de pagos barato y seguro a disposición de cualquiera. Pero si se imponen las estrictas limitaciones que propone la banca, quedará reducido a un simple complemento de los depósitos privados, sin capacidad real de empoderar a la mayoría.
Más allá de si el dinero es físico o digital, lo que está en juego es quién controla el dinero, quién se beneficia de sus cambios y si los instrumentos públicos sirven para todos o sólo para unos pocos. El euro digital puede ser una herramienta de justicia financiera si se le exige ambición desde el día uno: acceso universal, privacidad y un horizonte claro para reducir todas sus limitaciones.
Por Juan Laborda, publicado originalmente para El Salto.
El dólar estadounidense ha sido durante casi ocho décadas la piedra angular del sistema financiero global. Pero esa supremacía, lejos de ser indiscutible, se asienta sobre una paradoja estructural que hace tiempo que muestra señales de agotamiento. El presidente Donald Trump, aún a fecha de hoy, no se ha dado cuenta que los déficits comerciales de Estados Unidos no son un defecto del sistema, sino su condición de existencia. La hegemonía del dólar implica, como explicó la Paradoja de Robert Triffin, que Estados Unidos debe mantener déficits comerciales permanentes para proveer de liquidez al resto del mundo. Pero esa cara amarga tiene una contraparte privilegiada: la capacidad prácticamente ilimitada de financiar esos déficits emitiendo su propia moneda, gracias a la demanda global de activos en dólares.
Sin embargo, ese “privilegio exorbitante” —como lo definió Valéry Giscard d’Estaing—, y que tan magistralmente recogió el economista Barry Eichengreen en su obra “Exorbitant Privilege: The Rise and Fall of the Dollar and the Future of the International Monetary System”, no solo podría estar llegando a su fin, sino que aquellos países agraviados por la política arancelaria de Trump tendrían a su disposición una herramienta perfecta para hacer callar a este bocachanclas. Se implementaría en dos fases que irían solapándose. Primero, dejar de comprar deuda pública estadounidense, tanto en mercado primario como secundario. Segundo, que sus bancos centrales, en mercados secundarios, vendan estratégicamente sus tenencias de deuda soberana estadounidense, de manera que los tipos de interés de ésta repunten hasta niveles que lo hagan insoportable. Si Trump, el fanfarrón, continua con su diatriba, se trataría de llevar la intervención conjunta hasta un momento y niveles en que el mismo Estados Unidos le cueste sudor y lágrimas renovar esa deuda y se vea forzado a una reestructuración selectiva de la misma. Obviamente el impacto se expandiría a la deuda privada, donde las quiebras serían inmensas.
Si los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) decidieran actuar de forma coordinada podrían desatar una tormenta perfecta en los mercados financieros de Estados Unidos
De la Unión Europea y sus gobernantes no espero nada. Han claudicado a las primeras de cambio. Hace tiempo, desde la activación del avispero ucraniano por parte de Obama, estamos subyugados a lo que mande Estados Unidos. Y esa ha sido la amenaza de Trump, dejar militarmente a Europa a su suerte si no aceptan sus condiciones. Los alemanes, junto a los bálticos, nórdicos y holandeses, se han puesto en genuflexión sin rechistar. Allá ellos. Están en caída libre y sin frenos. Pero Francia, España e Italia deberían decir algo, ¿verdad? Si lo que describo aquí se produjera, y no es improbable, claro que afectaría también a la deuda soberana y privada del resto de Occidente.
Por el contrario, los países BRICS si pueden implementar esa estrategia. Los países BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), que ya representan cerca del 30% del PIB mundial en paridad de poder adquisitivo, disponen de un arma financiera tan poderosa como subestimada: su capacidad de alterar la demanda de deuda soberana estadounidense. Si estos países decidieran actuar de forma coordinada —primero, cesando nuevas compras de bonos del Tesoro y luego vendiendo de manera estratégica los títulos que ya poseen— podrían desatar una tormenta perfecta en los mercados financieros de Estados Unidos. Si además se unieran a ello los bancos centrales de Japón, Canadá, y Suiza, cosa que no ocurrirá, todavía mejor.
Esta hipótesis no es meramente especulativa. Como recuerdan los economistas postkeynesianos James Galbraith (2008) y Jan Kregel (2009), la fortaleza financiera de Estados Unidos no radica en su ahorro interno (de hecho, su tasa de ahorro es estructuralmente baja), sino en su capacidad de atraer capital externo hacia sus emisiones de deuda. Al convertir su déficit en una “máquina de atracción global de ahorro”, el Tesoro norteamericano se ha convertido en la banca del mundo. Pero si los tenedores extranjeros cambian de estrategia, ese modelo se convierte en una fuente de vulnerabilidad extrema.
La amenaza estructural: del privilegio al boomerang
La realidad es que el 30% de la deuda pública estadounidense está en manos extranjeras. China y Japón, por sí solos, poseen alrededor de un billón de dólares cada uno. Si bien la mayoría de la deuda está en manos de la Reserva Federal, fondos de pensiones y aseguradoras domésticas, la clave del sistema está en la confianza externa. El mercado de deuda estadounidense es líquido, profundo y confiable… hasta que deje de serlo.
Una venta sincronizada de bonos por parte de bancos centrales del Sur Global —o incluso la amenaza creíble de hacerlo— haría subir drásticamente los tipos de interés exigidos al Tesoro. Y aunque la Reserva Federal podría intervenir comprando más bonos, eso alimentaría la volatilidad y dudas sobre la sostenibilidad de la deuda. En ese sentido, los BRICS podrían erosionar el corazón mismo del sistema financiero global sin disparar una sola bala.
La única herramienta que permitiría a Estados Unidos sobrevivir intacto a una ofensiva de este tipo sería la aplicación coherente de la Teoría Monetaria Moderna (TMM), que postula que los emisores de moneda soberana no pueden quebrar en su propia divisa mientras mantengan control sobre su política monetaria y fiscal. Pero esa visión, todavía incomprendida o ridiculizada en los círculos políticos estadounidenses, sigue siendo marginal. Y quizá sea mejor así: una clase dirigente que no entiende sus propias herramientas fiscales difícilmente podrá evitar la quiebra si el entorno global deja de comprar sus promesas de pago.
¿Por qué los BRICS deberían actuar?
Porque ya no les compensa sostener el modelo. En vez de seguir alimentando un sistema que se vuelve en su contra —vía sanciones financieras, controles extraterritoriales, y manipulación del comercio global—, podrían diseñar un nuevo marco de referencia más equitativo. La creación de una moneda BRICS, los acuerdos bilaterales en monedas locales y los mecanismos alternativos de compensación son pasos en esa dirección. Pero falta la jugada decisiva: desafiar el mercado de deuda estadounidense. Este movimiento tendría implicaciones inmensas, sí, pero no necesariamente destructivas si se gestiona desde una lógica cooperativa. Se trata de sustituir un centro hegemónico por una constelación de polos con mayor equilibrio financiero y político. Europa, atrapada en su sumisión estratégica a Washington, no liderará esta transición. Pero los BRICS, con suficiente coordinación y visión, pueden hacerlo.
Y deberían hacerlo. Porque solo desmontando el sistema que permite a EE. UU. financiar déficits sin consecuencias reales —el núcleo de su poder imperial— podrán emerger instituciones verdaderamente multipolares. Ya no se trata de “desdolarizar” por ideología, sino por pura defensa estratégica.
Hacia un nuevo orden
Lo que está en juego no es solo la salud financiera de Estados Unidos, sino la arquitectura completa del capitalismo global. Un sistema basado en la deuda perpetua de una sola nación no puede sostenerse indefinidamente. Y cada vez más países lo saben.
El año 2026 puede marcar el punto de inflexión si los BRICS entienden el poder que tienen. Si en lugar de pedir reformas al FMI o al Banco Mundial —instituciones incapaces de escapar de la órbita de Washington— optan por golpear el corazón del sistema: su deuda. Puede parecer una apuesta arriesgada. Pero mucho más arriesgado sería seguir financiando un orden que les niega el derecho a definir sus propias reglas.
Fernando Prieto y Alejandro Sacristán, originalmente para Público.
«ALIANZA MÁS ALLÁ DEL CRECIMIENTO»
El Cambio Climático ya no es una amenaza lejana: es una realidad que se acelera. En todo el mundo, a final de este siglo, si siguen las tendencias actuales regiones importantes podrían ser inhabitables y en España una parte también. Según las proyecciones científicas España podría enfrentar un aumento de temperatura superior a los 4°C para 2100 si no se toman medidas drásticas. Este escenario, que parecía extremo hace unas décadas, se consolida como una posibilidad cada vez más probable, obligando al país a replantear su estrategia no solo de mitigación, sino también de adaptación urgente.
Actualmente, España ya está sufriendo un aumento temperaturas en torno +1,7°C respecto a niveles preindustriales. Si el calentamiento global alcanza los +3°C de media, a final de siglo, en España, y entonces la Cuenca Mediterránea podríamos alcanzar hasta los 4ºC hemos de concluir que los impactos serán brutales. Desde 1961, año en el que comienzan los datos más exactos, se observa que estos últimos años no podían haber sido peores: 2022 fue el año de máxima temperatura media registrada en el país, pero seguido muy de cerca por 2023 y 2024, que han sido también años muy cálidos; además, los 7 años más calurosos se han producido en los últimos 10 años desde que existen registros. Por si fuera poco, se han sucedido fenómenos meteorológicos extremos como la DANA de Valencia de 2024 con sus 227 muertos junto a las inundaciones de esta primavera de 2025, ha subido el nivel del mar y se estima una media anual de unas 8.000 personas muertas por calor extremo. Este es el escenario actual.
Para 2100 se prevé en España y en el Mediterráneo un futuro todavía más caliente y más extremo. Al que iremos llegando progresivamente, salpicado el camino de fenómenos cada vez más extremos, intensos, extensos y frecuentes. Los últimos informes del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) y de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), además del Informe CLIVAR, advierten que España se calienta más rápido que la media global, con un incremento que podría superar los 4°C en el peor de los casos.
Las consecuencias serán devastadoras, con olas de calor más intensas y prolongadas, con temperaturas que podrían rozar los 50-55 º C en zonas del sur, aumento de noches tropicales por encima de 28-30ºC, inundaciones costeras por subida del mar, sequías prolongadas en el sur con impacto en la agricultura y en el suministro de agua, una reducción de hasta un 30% de las precipitaciones en algunas regiones, inundaciones relámpago por lluvias torrenciales, especialmente en la Cuenca Mediterránea, pérdida de biodiversidad en ecosistemas como Doñana, La Albufera, el Delta del Ebro, o Daimiel, desaparición total de los glaciares, fuerte reducción del manto de nieve y reducción del permafrost en los Pirineos; aumento del riesgo en incendios tanto en cultivos forestales, como eucaliptos y pinos, como en zonas de matorrales sin gestionar; impactos en la agricultura, con cultivos tradicionales (como el olivo o la vid) desplazándose o viendo reducida su producción; gran pérdida de turismo, que preferirá otros entornos con un clima más benigno; aumento del calor en el mar en verano y olas de calor marinas intensificadas; aumento del nivel del mar amenazando a ciudades costeras como Barcelona, Valencia o Cádiz.
Basado en el informe francés sobre escenarios de +4°C como referente podemos analizar los sectores clave que requieren acción inmediata para España por sus elevados riesgos son:
Salud pública: olas de calor y enfermedades emergentes por aumento de muertes por calor extremo (especialmente entre ancianos y trabajadores al aire libre), expansión de enfermedades tropicales (dengue, chikungunya y otras) por mosquitos invasores, barrios sin aire acondicionado que se vuelven trampas mortales (por ejemplo, poblaciones mayores en extrarradios con viviendas sin rehabilitar), mayor contaminación del aire y alergias por polen más agresivas.
Turismo: colapso del turismo debido al excesivo calor en las áreas costeras; nieve artificial insostenible en Sierra Nevada y los Pirineos.
Agua: sequía crónica, inundaciones y conflictos por el recurso; reducción del 40% en disponibilidad de agua en cuencas como la del Guadalquivir o el Segura; menor disponibilidad de agua para riego; colapso en regadíos por acuíferos sobreexplotados; salinización de acuíferos en Delta del Ebro y Doñana, arruinando la agricultura; conflictos entre agricultura, industria y consumo humano; insostenibilidad de infraestructuras y actividades como centros de datos; deterioro de parques nacionales.
Agricultura y ganadería: crisis alimentaria en ciernes, con riesgos de pérdida del 30% de la productividad en cultivos clave (trigo, olivo, vid), con necesidades mucho mas importantes de energía para refrigeración en la ganadería intensiva por estrés térmico animal y por la falta de pastos; necesidad de importación de alimentos de otras partes del mundo; viñedos y olivares desplazados hacia el norte por falta de agua en La Mancha y Jaén; avance de plagas y enfermedades en cultivos (por ejemplo, Xylella en olivos).
Actividad forestal: incendios devastadores y grandes incendios en todas las estaciones del año, incluso en invierno (por ejemplo, en Galicia o Cataluña); desertificación del 80% del sur peninsular (Andalucía, Murcia, Castilla-La Mancha); pérdida masiva de biodiversidad (encinas, alcornoques, abejas).
Afección a infraestructuras críticas: riesgos de colapso por calor extremo, deformación de raíles y carreteras, cortes de energía por sobrecarga en sistemas de refrigeración, aumento de riesgo de inundaciones en infraestructuras críticas, aumento de costes logísticos, falta de agua para refrigeración de centrales nucleares
Suministro de agua en zonas urbanizadas: problemas de acceso al agua en toda la dorsal mediterránea y, sobre todo, afección a las ciudades, en las cuales se concentra el 80% de la población y el 60% en las grandes áreas urbanas (mayores de 50.000 habitantes)
Por todo ello, la adaptación radical es una prioridad inmediata, es absolutamente imprescindible desde ya iniciarla. El tiempo apremia para acelerar la adaptación a un clima más hostil en España desde este verano de 2025.
Por ello conviene iniciar la adopción de medidas de adaptación muy concretas en numerosos sectores para aplicar cuanto antes. Tanto en reducción de riesgo y salud pública, refuerzo de sistemas de alerta temprana, creación de refugios climáticos, adaptación de hospitales y protocolos sanitarios a patologías emergentes, control de vectores (mosquitos, garrapatas) en zonas de riesgo. Retirada estratégica de barrios e infraestructuras en zonas inundables, creación de llanuras de inundación, ciudades esponja, trazados alternativos en ríos y ramblas, desarrollar y aplicar alertas tempranas y protocolos de actuación, multar a quien urbanice en zonas de riesgo (como en Francia con sus «zonas rojas» inundables. Recarga de acuíferos, reducción de superficies y de consumo en regadíos, reutilización masiva de aguas residuales (hoy solo se usa el 10%). En protección costera, planes de relocalización en zonas inundables y restauración de humedales. En transporte, materiales resistentes a altas temperaturas en vías férreas y asfalto, horarios laborales nocturnos en sectores expuestos (construcción, reparto), inversión en transporte público eléctrico con climatización eficiente. Promoción de cultivos resistentes a la sequía, prohibición de cultivos hiper demandantes de agua, agricultura regenerativa, impuestos progresivos al agua para penalizar usos ineficientes, transición a cultivos resistentes a sequía (quinoa, almendro y olivo en secano), subvenciones para sombreado y refrigeración en granjas, promoción de agroforestería y suelos regenerativos para retener agua, pastoreo controlado y cortafuegos naturales, prohibición de cultivos forestales pirófitos y de urbanizar en zonas de alto riesgo de incendios, restauración y reforestación con especies autóctonas adaptadas, realización de dehesas y ecosistemas menos proclives a arder rápidamente.
El ecosistema urbano deberá hacer una adaptación especialmente urgente, teniendo en cuenta que algunas de las principales ciudades españolas podrán llegar a tener un clima comparable a estas otras: Madrid como Bagdad (Irak), Sevilla como Kuwait City (Kuwait), Valencia como Dubái (Emiratos Árabes) Barcelona como Argel, Zaragoza como Marrakech (Marruecos) o Phoenix (EE.UU.), Bilbao como Túnez (Túnez). Algunas medidas urgentes en las ciudades para este verano de 2025 y siguientes deberían incluir la adaptación de las ciudades al calor extremo, tales como alertas tempranas, mapeo y vigilancia de la población más vulnerable, instalación de acondicionadores, bonos para paliar la pobreza energética, creación de sombras, mantenimiento y amplificación de la vegetación urbana, obligatoriedad de techos verdes y de pavimentos permeables, edificios bioclimáticos y planes de contingencia ante olas de calor, rehabilitación energética realizada de forma masiva, anillos verdes, bosques metropolitanos, transformación de calles en zonas verdes, creación de refugios climáticos, de fuentes, tejados y fachadas solares, rediseño de edificios con ventilación pasiva y sombreado. El trabajo por hacer es ingente, la prioridad máxima. La inacción se pagará con muertes y pérdidas económicas.
Darwin ya propuso en 1859, en su capítulo quinto del libro “El origen de las especies”, la idea de “adaptarse o morir”; en 2021 nosotros publicamos: Aclimatarse o morir. España no está preparada para un aumento de 4°C. Pero aún hay margen para evitar lo peor. «Las especies que sobreviven no son las más fuertes ni las más inteligentes, sino aquellas que se adaptan mejor al cambio»: se necesitan leyes de adaptación climática a nivel nacional, en todas las comunidades autónomas y en ayuntamientos, con presupuestos reales. Se necesita gobernanza democrática directa e inteligencia colectiva que exige la participación de la ciudadanía en asambleas climáticas institucionales y un Parlamento Climático ciudadano permanente que provoque una conversación climática de adaptación frente al riesgo y haga un seguimiento de las decisiones políticas para que garanticen actuaciones que la sociedad necesita ya en estos momentos. Y que se haga valer el documento de compromiso Mandato por el Clima firmado por todos los partidos políticos parlamentarios, con una única excepción, en septiembre de 2024.
En 2025 se están superando récords de temperaturas en estas épocas del año y este verano de 2025, dada la tendencia constatada en el último decenio, podría traer otra vez calor y fenómenos extremos. ¿Empezamos ya?
Como ha hecho con otros países, Donald Trump no ha buscado ahora con la Unión Europea un buen acuerdo comercial para los intereses de la economía estadounidense, como él se empeña en decir. Y en lo que ha cedido Von der Leyen no es en materia arancelaria para evitar los males mayores de una escalada de guerra comercial, como afirman los dirigentes europeos. El asunto va por otros derroteros.
Von der Leyen y Trump han hecho teatro haciendo creer que negociaban cláusulas comerciales, pero en realidad se han quitado la ropa de la demagogia y los discursos retóricos para mostrar a todo el mundo sus vergüenzas
Los aranceles del 15 por ciento acordados para gravar casi todas las exportaciones europeas los pagarán los estadounidenses y, en algunos casos, con costes indirectos aún más elevados.
Eso pasará, entre otros productos, con los farmacéuticos que se ven afectados. Puesto que en Estados Unidos no hay producción nacional alternativa y siendo generalmente de compra obligada (los economistas decimos de muy baja elasticidad de la demanda respecto al precio) los consumidores terminarán pagando precios más elevados. Suponiendo que fuese posible o interesara la relocalización de las empresas para irse a producir a Estados Unidos (lo que, desde luego no está nada claro), sería a medio plazo (lo expliqué en un artículo anterior).
Los aranceles a los automóviles europeos serán del 15 por ciento, pero los fabricantes estadounidenses deben pagar otros del 50 por ciento por el acero y el cobre, y del 25 por ciento por los componentes que adquieren de Canadá y México. Sería posible, por tanto, que los coches importados de la Unión Europea sean más baratos que los fabricados en Estados Unidos y que a los fabricantes de este país les resulte mejor producirlos en Europa y llevárselos de vuelta. Además, la mayoría de los automóviles de marcas europeas que se venden en Estados Unidos se fabrican allí, de modo que no les afectarán los aranceles, mientras que en Europa apenas se venden coches estadounidenses, no por razones comerciales sino más bien culturales o de gustos. Otros productos en los que Europa tiene ventajas, como los relativos a la industria aeroespacial y algunos químicos, agrícolas, recursos naturales y materias primas no se verán afectados.
En realidad, en términos de exportación e importación de bienes generales, el «acuerdo» no es favorable a Estados Unidos. Como explicó hace unos días Paul Krugman en un artículo titulado El arte del acuerdo realmente estúpido, el que suscribió con Japón (y se puede decir exactamente lo mismo ahora del europeo y de todos los demás) «deja a muchos fabricantes estadounidenses en peor situación que antes de que Trump iniciara su guerra comercial».
El déficit exterior de la economía estadounidense no es una desgracia, sino el resultado deliberadamente provocado para construir sobre él un negocio financiero y especulativo de colosal magnitud
No obstante, todo esto tampoco quiere decir que Europa haya salido beneficiada. Las guerras comerciales no suele ganarlas nadie, y muchas empresas y sectores europeos (los del aceite y el vino español, por ejemplo) se verán afectados negativamente. Pero no perderán porque Trump vaya buscando disminuir el déficit de su comercial exterior, sino como un efecto colateral de otra estrategia aún más peligrosa.
La realidad es que a Estados Unidos no le conviene disminuirlo porque este déficit, por definición, genera superávit y ahorro en otros países que vuelve como inversión financiera a Estados Unidos para alimentar el negocio de la gran banca, de los fondos de inversión y de las grandes multinacionales que no lo dedican a invertir y a localizarse allí, sino a comprar sus propias acciones. El déficit exterior de la economía estadounidense no es una desgracia, sino el resultado deliberadamente provocado para construir sobre él un negocio financiero y especulativo de colosal magnitud.
Lo que verdaderamente busca Estados Unidos con los «acuerdos» comerciales no es eliminar los desequilibrios mediante aranceles (eso es algo que no se ha conseguido prácticamente nunca en ninguna economía). El objetivo real de Estados Unidos es hacer chantaje para extraer rentas de los demás países, obligándoles a realizar compras a los oligopolios y monopolios que dominan sus sectores energético y militar y, por añadidura, humillarlos y someterlos de cara a que acepten más adelante los cambios en el sistema de pagos internacionales que está preparando ante el declive del dólar como moneda de referencia global.
El objetivo real de Estados Unidos es hacer chantaje para extraer rentas de los demás países, obligándoles a realizar compras a los oligopolios y monopolios que dominan sus sectores energético y militar
En el «acuerdo» con la Unión Europea (como en los demás), lo relevante ni siquiera son las cantidades que se han hecho públicas. Los aranceles son una excusa, un señuelo, el arma para cometer el chantaje. Lo que de verdad importa a Trump no es el huevo que se ha repartido, sino el fuero que acaba de establecer. Es decir, la coacción, el sometimiento y el monopolio de voluntad que se establecen, ya formalmente, como nueva norma de gobernanza y dominio de la economía global y que Estados Unidos necesita imponer, ahora por la vía de la fuerza financiera y militar debido a su declive como potencia industrial, comercial y tecnológica.
Siendo Donald Trump un gran negociador, si quisiera lograr auténticas ventajas comerciales para su economía no habría firmado lo que ha «acordado» con Europa (y con los demás países), ni hubiera dejado en el aire y sin concretar sus aspectos más cuantiosos. La cantidad de compras de material militar estadounidense no se ha señalado: «No sabemos cuál es esa cifra», dijo al escenificar el acuerdo con von der Leyen. El compromiso de compra de 750.000 millones de dólares en productos energéticos de Estados Unidos en tres años sólo podría obligar a Europa a desviar una parte de sus compras y tampoco parece que se haya concretado lo suficiente. Y la obligación de inversiones europeas por valor de 600.000 millones de dólares en Estados Unidos es una quimera porque la Unión Europea no dispone de instrumentos (como el fondo soberano de Japón) que le permitan dirigir inversiones a voluntad y de un lado a otro. Además, establecer esta última obligación sería otro disparate si lo que de verdad deseara Trump fuese disminuir su déficit comercial con Europa: si aumenta allí la inversión europea, disminuirán las compras de Europa a Estados Unidos, y lo que se produciría será un mayor déficit y no menor.
Lo que han hecho von der Leyen y Trump (por cierto, en Escocia y ni siquiera en territorio europeo) ha sido desnudarse en público. Han hecho teatro haciendo creer que negociaban cláusulas comerciales, pero en realidad se han quitado la ropa de la demagogia y los discursos retóricos para mostrar a todo el mundo sus vergüenzas manifestadas en cinco grandes realidades:
El final del gobierno de la economía global y el comercio internacional mediante reglas y acuerdos y el comienzo de un nuevo régimen en el que Estados Unidos decidirá ya sin disimulos, a base de chantaje, imposiciones y fuerza militar.
A Estados Unidos no le va a importar provocar graves daños y producir inestabilidad y una crisis segura en la economía internacional para poner en marcha ese nuevo régimen. Quizá, incluso lo vaya buscando, lo mismo que buscará conflictos que justifiquen sus intervenciones militares.
La Unión Europea se ha sometido, se arrodilla ante el poder estadounidense y renuncia a forjar cualquier tipo de proyecto autónomo. Como he dicho, a Trump no le ha importado el huevo, sino mostrar que Europa ya no toma por sí misma decisiones estratégicas en tres grandes pilares de la economía y la geopolítica: defensa, energía e inversiones (en tecnología, hace tiempo que perdió el rumbo y la posibilidad de ser algo en el concierto mundial). Von der Leyen, con el beneplácito de una Comisión Europea de la que no sólo forman parte las diferentes derechas sino también los socialdemócratas (lo que hay que tener en cuenta para comprender el alcance del «acuerdo» y lo difícil que será salir de él), ha aceptado que la Unión Europea sea, de facto, una colonia de Estados Unidos.
Ambas partes han mostrado al mundo que los viejos discursos sobre los mercados, la competencia, la libertad comercial, la democracia, la soberanía o la paz eran lo que ahora vemos que son: humo que se ha llevado el viento, un fraude, una gran mentira.
Por último, han mostrado también que el capitalismo se ha convertido en una especie de gran juego del Monopoly regido por grandes corporaciones industriales y financieras que han capturado a los estados para convertirse en extractoras de privilegios, en una especie de gigantescos propietarios que exprimen a sus inquilinos aumentándoles sin cesar la renta mientras les impiden por la fuerza que se vayan y les hablan de libertad.
La Unión Europea se ha condenado a sí misma. Ha dicho adiós a la posibilidad de ser un polo y referente mundial de la democracia, la paz y el multilateralismo. Ahora hace falta que la gente se entere de todo esto y lo rechace, lo que no será fácil que suceda, pues a esos monopolios se añade el mediático y porque, como he dicho, esta inmolación de Europa la ha llevado a cabo no sólo la derecha, sino también los socialistas europeos que, una vez más, traicionan sus ideales y se unen a quien engaña sin vergüenza alguna a la ciudadanía que los vota.
