Las temperaturas están alcanzando en estos días niveles históricamente altos y serán todavía sustancialmente más elevadas durante el verano. No estamos ante un fenómeno coyuntural, la tendencia desde hace años es, para quien la quiera ver, evidente; todos los indicadores apuntan en esa dirección y los acuerdos internacionales –empezando por la Cumbre de París (2015)– son, en realidad, papel mojado, un conjunto de declaraciones y compromisos retóricos que a nada y a nadie obligan.

Al respecto, en un editorial reciente de El País encabezado por el titular “Europa se abrasa en mayo” (29/05), se afirma, entre otras cosas, que el cambio climático «no es un debate… ideológico». Una declaración que, con un tono parecido, es fácil encontrar en otras publicaciones.

Acudo al Real Diccionario de la Lengua Española (RAE) y encuentro que una de las acepciones que se otorga a la palabra ideología es la siguiente: “Conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento de una persona, colectividad o época, de un movimiento cultural, religioso o político, etc.”; los sinónimos de este término serían: ideario, credo, doctrina, ideas, principios, creencia. 

Si, entre otras cosas, la ideología se caracteriza, como afirma la RAE y nos dice el propio sentido común, por la existencia de una diversidad de visiones -más o menos apriorísticas, más o menos contrastadas-, hay que reconocer que, por fuerza, impregna, y debe impregnar, el debate; en el ámbito de las ciencias sociales y, más en concreto, de la economía, este reconocimiento es un obligado e imprescindible punto de partida, que justamente pretenden ocultarlo quienes más carga ideológica y visiones apriorísticas incorporan en sus análisis y propuestas. De modo que, aceptémoslo, partamos de esa realidad, la ideología todo lo condiciona y ocultar esa influencia, como sugiere ese editorial de El País, siguiendo una línea a la que ya nos tiene muy acostumbrados, es profundamente ideológico y sesgado.  

En ese cruce de visiones, quienes ponen en el centro de la degradación de los ecosistemas y el desbordamiento de todos los límites biofísicos del planeta al “ser humano” –así, en genérico–, quienes, con esta perspectiva, apelan a un comportamiento austero y responsable de ese ser humano, pues en definitiva “todos perdemos”, equivocan el diagnóstico; porque la responsabilidad de esa deriva y las soluciones no se pueden repartir con esa pretendida ecuanimidad, cuya aceptación, en realidad, nos desvía de una agenda verdaderamente transformadora.

En este sentido, no hay que ocultar, como hacen El País y otras publicaciones, que hay un formidable negocio –grupos muy relevantes impulsándolo y enriqueciéndose con el mismo– en el mantenimiento del statu quo energético y en la emisión de gases de efecto invernadero (no entraré en este asunto verdaderamente crucial, pero también lo hay en la supuesta transición hacia una economía verde y digital). La desigualdad que todo lo impregna en el capitalismo realmente existente también se muestra en este ámbito.

Así pues, tenemos que ser conscientes de que los mayores responsables de ese patrón productivo y de consumo insostenible, que ya está provocando daños difícilmente reversibles, son, especialmente, los ricos del planeta y los países ricos, las oligarquías cada vez más poderosas y una densa red de intereses no oligárquicos que también sacan tajada, o pretenden sacarla, de la inacción. Sustituir este análisis, en el que hay que entrar obligatoriamente, por algo así como “todos contaminan” es una cortina de humo, una falacia que, consciente o inconscientemente, preserva los intereses de los verdaderos responsables.

Vencer esas resistencias y abrir otro escenario precisaría de una rotunda movilización social que colocara en el centro de la misma políticas ambiciosas en materia de sostenibilidad y reparto de los costes -que ciertamente serán muy importantes–, teniendo en cuenta la desigualdad extrema que soportamos en la actualidad.

La entrada ¡La ideología que todo lo contamina! se publicó primero en lamarea.com.

Este artículo ha sido publicado originalmente en Revista de Economía Crítica. Manuel Delgado Cabeza es catedrático jubilado del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla.

A partir de los años 50 del pasado siglo, con el aumento de la capacidad de consumo de las clases medias y trabajadoras en el Norte, el capital encontró en el turismo una nueva frontera para la acumulación. Al calor de lo que se convertiría en turismo de masas, desde los centros económicos europeos algunas zonas litorales del Sur empezaron a ser vistas como espacios que reunían las condiciones para ponerlos al servicio del negocio turístico. Entre ellas, el litoral andaluz. El régimen franquista, interesado en propiciar una apertura política y económica, conectó enseguida con esos intereses del capitalismo internacional, viendo a su vez en el turismo una salida al problema del déficit de la balanza de pagos, que podría ser compensado con las divisas que llegarían. Las élites económicas dentro del Estado encontraban también así una manera de facilitar su vinculación al resto de las economías capitalistas y al mismo tiempo de satisfacer sus necesidades de importación de tecnología y maquinaria para alimentar la expansión y la acumulación en las áreas industriales. 

De modo que, una vez más, cuando convino a intereses lejanos y ajenos a Andalucía, con los que conectó una estrecha oligarquía local subalternizada y satelizada por aquellos, la vida y las condiciones para su reproducción se plegaron aquí a esos intereses. En principio en la parte de la costa a la que José Antonio Girón de Velasco, uno de los principales jerarcas del régimen franquista, delimitó geográficamente como La Costa del Sol en un artículo de prensa publicado en 1954 que llevaba ese título. Una costa en la que él tuvo una actividad intensa desde la política y también participando en numerosos y a veces turbios negocios inmobiliario-turísticos en los que nunca apareció como titular.

El “descubrimiento” del litoral andaluz como fuente de apropiación de riqueza

Entre los primeros “descubridores” de esta parte del litoral andaluz como fuente de apropiación de riqueza cabe citar a Norberto Goizueta, ingeniero navarro que desde su yate divisó la zona de Guadalmina, entre Marbella y Estepona, donde adquirió un terreno entonces de uso agrícola de 400 hectáreas por 13 céntimos de peseta el metro cuadrado que después transformaría en un gran complejo turístico. De la mano de Norberto Goizueta llegó a Marbella el salmantino Ricardo Soriano y Scholtz, Marqués de Ivanrey, que adquirió dos fincas en el paraje de El Rodeo en las que más tarde se localizaría un complejo hotelero y una urbanización, jugando este promotor un papel fundamental en la explotación inmobiliario-turística del territorio marbellí. A su vez, Ricardo Soriano atrajo a la zona a su tío, Maximiliam Hohenlohe-Langenburg, que durante la Segunda Guerra Mundial había trabajado para el servicio de inteligencia del Tercer Reich en España, habiendo sido también antes un importante colaborador del régimen nazi. Cuando Maximiliam, en 1946, “descubrió” la Costa del Sol adquirió unos terrenos en la zona de Santa Margarita, que luego su hijo Alfonso de Hohenloe-Langenburg, promotor de numerosas urbanizaciones y complejos turísticos y uno de los personajes más poderosos de la Costa del Sol, convertiría en el área del Marbella Club.

En los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, Maximiliam Hohenloe facilitó la llegada y la acogida en el litoral andaluz de numerosos refugiados nazis, algunos de ellos destacadas figuras del nazismo huidos de la justicia, que se vieron protegidos por el régimen de Franco. Este cobijo e inmunidad fue posible gracias a un entramado del que formó parte Ricardo Soriano, en torno a cuyo segundo apellido, Scholtz, existió, antes de que él llegara a Marbella, una espesa red de vinculaciones con intereses políticos y empresariales asociados a la Alemania nazi; aunque el epicentro de la trama fue José Antonio Girón de Velasco, que llegó a tener como compañero de negocios a Hans Hoffmann, personaje que tuvo un gran protagonismo en la Legión Cóndor y en la División Azul y que fue miembro destacado de la Gestapo (Portero, 2021). 

Con Hoffman hizo Girón operaciones como la de la urbanización de la zona de Santa Amalia, en Fuengirola. Unos terrenos que fueron comprados en 1949 muy baratos por la esposa del alemán después de que el alcalde del municipio utilizara con los propietarios, pequeños campesinos, la amenaza de la expropiación. Una vez adquiridas las tierras fueron vendidas por el mismo precio de compra a la esposa de José Antonio Girón. Son terrenos donde se localiza el Castillo de Sohail, considerados de “protección especial” y que fueron urbanizados modificando el Plan General de Urbanismo mediante un Plan Parcial que salió a exposición pública cuando la obra ya estaba terminada (Jurdao,1979). Uno de los casos de recalificaciones que quebrantan el planeamiento urbanístico en beneficio de los poderosos, que aquí ya proliferaron en el franquismo y que llegó a ser moneda común en las burbujas inmobiliarias que vendrían décadas después.  

Años más tarde Hoffmann canalizó fondos a través de la fundación Seidel hacia el partido Alianza Popular de Manuel Fraga, origen del actual Partido Popular; una muestra de que la buena relación con este grupo de nazis acogidos por el franquismo continuó como si nada con la llegada del nuevo régimen con fachada democrática. Ya en 2006, en la Operación Malaya aparece el nombre del hijo de Hans Hoffmann, Juan Germán Hoffmann, considerado como uno de los testaferros del cerebro de la trama de Juan Antonio Roca. Juan Germán fue condenado a cinco años de cárcel por un delito de blanqueo de capitales y otro contra la Hacienda Pública, dándose a la fuga y siendo localizado en Alemania, donde el Gobierno no accedió a la petición judicial de extradición. 

Los alemanes y otros agentes nazis procedentes del Imperio austrohúngaro fueron no sólo cobijados políticamente en la Costa del Sol, sino apoyados por el régimen de Franco en sus negocios especulativos de compraventa de terrenos y promoción inmobiliario-turística, y tuvieron aquí fácil la ocasión de blanquear dinero, suponiendo su capital una parte muy importante del montante total de la inversión en la zona, de modo que en los años 50 estuvieron entre los principales inversores.

En relación con la burguesía local, cabe reseñar el papel clave en la configuración y expansión del negocio turístico en la Costa del Sol que jugaron los hermanos Bolín Bidwell, malagueños de ascendencia sueca y británica cuyos antepasados se habían dedicado al comercio marítimo, al negocio del cultivo de la caña y a la exportación de vinos dulces. Uno de los hermanos, Luis Antonio, prestó valiosos servicios en el golpe de Estado de 1936 y terminada la guerra fue director general de turismo durante 15 años. Su sobrino, Enrique Bolín, “el inventor de Benalmádena”, se instala en este municipio cuando su padre, importante promotor urbanístico, compra terrenos dentro de este término municipal para construir el complejo turístico de Torrequebrada; fue alcalde en varios períodos desde 1966 a 2007, y miembro de Alianza Popular y del Partido Popular.

Vinculado asimismo a la burguesía local puede citarse el caso de Enrique Van Dulken, hijo de un comerciante llegado de los Países Bajos relacionado con la exportación de productos primarios locales, que fundó en 1962 una compañía de transporte turístico. Como inversor local sobresale también, en Mijas, Leopoldo Werner Bolín, Conde de San Isidro, perteneciente a una saga malagueña que nace con el banquero alemán Leopoldo Werner Wolf. Con las tierras de la familia urbanizó en Mijas casi 800 hectáreas en la Hacienda El Chaparral. También cabe citar el caso del terrateniente y abogado algecireño Salvador Guerrero, que convirtió, como promotor, las 1.300 hectáreas de una explotación agrícola, forestal y ganadera de su propiedad en la urbanización residencial y turística Elviria de Marbella. Como José Luque Manzano, sevillano, también terrateniente que invierte en el negocio turístico construyendo, en terrenos adquiridos en Marbella, el Hotel El Fuerte, inaugurado en 1957, un negocio que dará lugar a una cadena hotelera a la que se hará referencia más adelante.

Venidos de fuera en los años 50 y 60, además de los ya nombrados llegaron a la costa a hacer negocios personajes como José Banús, conocido como “el constructor del régimen”, que había participado, entre otros muchos proyectos, en la construcción del que el régimen franquista denominó “El Valle de los Caídos” y que se hizo con alrededor de 900 hectáreas de terrenos en la franja costera andaluza en los que después se construyeron urbanizaciones como Puerto Banús, Nueva Andalucía o Incosol; o Ignacio Coca, banquero madrileño que junto con José Antonio Girón de Velasco urbanizó la zona de Los Monteros, que pronto se convertiría en punto de encuentro de la élite del franquismo. Coca también financió a través de su banco numerosas promociones turísticas como la del Hotel Carihuela y otras. Cabe citar también entre los promotores a Emilio Jiménez Casquet, alto mando del ejército de Franco al que se pueden atribuir varias urbanizaciones, entre ellas Torreblanca del Sol, en Fuengirola; Fermín Aguirre Arocena, empresario vasco promotor de varios complejos turísticos en Benalmádena; Ángel Carazo, burgalés, constructor y promotor de numerosos proyectos inmobiliario-turísticos en varios municipios del litoral andaluz, entre ellos los complejos Alhoa; José Meliá, valenciano, fundador en 1947 de Viajes Meliá, que promovió varios proyectos hoteleros en la costa andaluza, entre ellos el Hotel Don Pepe, localizado en Marbella; o Gabriel Escarrer Juliá, mallorquín, propietario del entonces Grupo Sol. 

Sobre la especulación y el pillaje 

Como nos confirma el trabajo de Fernández-Carrión (2005), entre los primeros promotores de la Costa del Sol apenas aparecen nombres correspondientes a la burguesía local; la mayoría o son extranjeros o son empresarios catalanes, valencianos, vascos y madrileños, y éstos, los llegados de fuera, son precisamente los propietarios, promotores o/y gestores de las mayores operaciones localizadas aquí. Los escasos apellidos locales relacionados con la promoción del turismo están con frecuencia vinculados a familias llegadas desde el Norte en el siglo XIX y cuyo enriquecimiento tiene sus orígenes en la continuidad de los circuitos comerciales que el comercio colonial, controlado por capital foráneo, había establecido en la Málaga del siglo XVIII: el negocio asociado a la extracción y/o compraventa de productos primarios para la exportación. 

Mayor ausencia aún de inversores locales encuentra Jurdao en su trabajo ya citado, que relata con mucho detalle el caso de la colonización turística del municipio de Mijas, para el que señala que “desde 1953, ingleses y alemanes ‘descubrían’ la zona aún virgen”, refiriéndose a la inexistencia entonces de actividad turística. De modo que aquí en los años 50 y 60 tiene lugar un proceso generalizado de adquisición de tierras que se hace conforme a mecanismos especulativos por quienes, utilizando la mayoría de las veces procedimientos coactivos, la presión y el engaño, según Jurdao “tienen un objetivo: el pillaje” (pág.212). Un modelo de urbanismo salvaje que está en manos de extranjeros o de “españoles venidos de otras tierras”, de modo que puede decirse que la población autóctona quedó fuera del negocio inmobiliario-turístico, o tuvo una implicación marginal en el mismo que se concretó en la fase de la compraventa de terrenos.  

Población local y territorio, al servicio de un nuevo amo

En este primer “tsunami” urbanizador de los años 1950 y 1960 en la Costa del Sol, los núcleos agrarios originarios pasan a ser apéndices de las urbanizaciones y bloques de apartamentos, que pasaban a constituir el grueso urbano de los municipios. Cuando en la zona se extiende la especulación, la agricultura y el valor de uso agrícola de las tierras quedan arrasados como si por allí hubiera pasado un ciclón. Extraños en su propia tierra, la población local termina siendo desplazada de su hábitat, obligada a abandonar su medio para pasar a ser utilizada al servicio de un nuevo amo: el modelo turístico urbanizador implantado desde fuera.

Un modelo en el que la especulación inmobiliaria y el negocio turístico se vendían, en un contexto de escasez y pobreza extrema, como un “milagro” paradigma del progreso, en un ejercicio de ilusionismo en el que, como escribía el periodista Ángel Palomino (1972:214), “de la chistera del ilusionista salía, lanzada, disparada, la plusvalía”; en este modelo Andalucía ponía el territorio, la tierra, ahora convertida en suelo, y la mano de obra, dos mercancías abundantes y baratas aquí, pasando los andaluces de jornaleros/as del campo o pequeños/as campesinos/as a jornaleros/as de la construcción (albañiles) o del turismo (camareros/as o personal de limpieza en la hostelería). Tareas penosas, precarias y mal remuneradas sometidas aquí a una sobreexplotación en relación con la existente para sus equivalentes en otras economías dentro del Estado; sobreexplotacion cuyas raíces hay que buscarlas en el carácter de economía dependiente y marginada que la economía andaluza viene desempeñando históricamente dentro del sistema. En Andalucía se utilizó y continúa utilizándose el caldo social que genera su condición de economía subalterna, de realidad sometida e inferiorizada, para extremar las condiciones de explotación. Se buscaba y se busca aprovechar esa condición de sirvienta de otras economías que ahora el modelo turístico contribuye a profundizar, acentuando el círculo vicioso,

Esta brusca alteración del panorama socioeconómico fue también un atropello ecológico y cultural. En lo ecológico, explotación y degradación del patrimonio natural para satisfacer las necesidades de un modelo turístico inmobiliario asociado a una intensa huella ecológica a la que nos volvemos a referir más adelante y que da cuenta de su carácter extractivista y depredador. Una devastación que responde a una mayor permisividad; una destrucción extremada y facilitada también por esa condición de realidad subalternizada a la que se hacía referencia antes, por el funcionamiento de Andalucía dentro del sistema como área de extracción y de vertidos. Una posición que marca aquí de manera fundamental las condiciones en las que la vida se desenvuelve; en lo social, en lo ecológico, en lo político y en lo cultural.

En el ámbito cultural, durante esta primera etapa del “descubrimiento”, en los municipios turistificados se instala una cultura dominante (utilizando el termino cultura en sentido antropológico –manera de entender la vida y de vivir–) donde antes prevalecía una cultura autóctona con rasgos que están en las antípodas de esa mirada del nuevo amo que se impone de la mano del turismo (Galán et al, 1978); se asalta una forma de ver el mundo que contiene un fuerte potencial transformador en un choque en el que la cultura local experimenta una importante conmoción Jurdao llega a utilizar el término etnocidio (pág.437)–, dándose la confrontación entre dos mundos, entre dos cosmovisiones, una de ellas, la autóctona, ya previamente inferiorizada desde la ideología del desarrollo, que ahora experimenta de manera más evidente y cotidiana el alcance de esa inferiorización. 

La llegada del turismo viene así a redundar en el carácter previo de la realidad andaluza como sirvienta de las realidades del Norte, una característica común a las formaciones sociales del Sur. Una situación que se oculta desde la ideología hegemónica interpretando la dominación como “atraso”. Desde una mirada desde arriba que lleva consigo el mandato o la obligación de perseguir a un fantasma: el de ser a imagen y semejanza de otros a los que se considera superiores (“desarrollados”). Pero la experiencia nos dice que quienes corren detrás de ese fantasma están condenados a no ser, porque mientras no llegan (al desarrollo), no se considera que son, pero como nunca llegan, nunca van a terminar siendo. Esto explica en gran medida la negación en muchos ámbitos a la que se ven sometidos los pueblos del Sur.  

La subordinación política e institucional como condicionante del colonialismo

Para que este expolio pudiera perpetrarse fue imprescindible la configuración de toda una trama de alianzas entre intereses económicos y políticos en la que el sistema político se ponía al servicio de esta transformación colonizadora. Una de las concreciones de esa trama fue la Cooperativa de Promotores de la Costa del Sol, fundada en 1964 por exministros franquistas como José Antonio Girón de Velasco, que fue su primer presidente, Raimundo Fernández Cuesta o Eduardo González Gallarza, junto con promotores ya nombrados como José Banús, Ángel Carazo, José Meliá, Enrique Marsans, Ignacio Coca o Alfonso de Hohenloe. Pronto se creó en Madrid una dirección general de turismo que hasta 1952 estuvo en manos de un miembro de la familia Bolín-Bidwell, citada antes como una de las sagas más influyentes en el entramado para la apropiación de riqueza generado alrededor del negocio turístico en la Costa del Sol. En 1951 se creó el Ministerio de Turismo, con el falangista y principal artífice de la censura franquista Gabriel Arias-Salgado al frente. En 1961, desde una comisión interministerial presidida por el entonces ministro de la Vivienda, el también falangista José Luis Arrese, se puso en marcha un Plan en la Costa del Sol para la construcción de infraestructuras hidráulicas (embalses y redes de abastecimiento de agua), eléctricas y viarias que atendieran las crecientes necesidades del negocio inmobiliario-turístico (De Mateo, 2023).

En 1965, el Ministerio de Información y Turismo, con Manuel Fraga como ministro, declara a la Costa del Sol “Zona de Interés Turístico”, una denominación que permitía saltarse la Ley de suelo de 1956 para que pudiera continuar perpetrándose, ahora con respaldo legal, “la ocupación incontrolada del espacio costero, considerado ahora zona de libre e indiscriminada ocupación territorial” (Gamboa González, 2015:218). De modo que desde los hilos del poder central o desde sus aliados y subordinados locales, se utilizaron las instituciones del Estado para facilitar la reproducción de las condiciones sociales y materiales que la expansión del modelo turístico aquí necesitaba. Con intervenciones orientadas a facilitar los requerimientos de este negocio concebido, diseñado y controlado desde intereses dominantes ajenos y lejanos a Andalucía.

Una situación de colonialismo tal como éste se entiende en el Diccionario de Ciencias Sociales de la Unesco (pág.440): “Un estado de inferioridad o de servidumbre experimentado por una comunidad, país o nación en situación de subordinación económica, política y cultural derivada de las relaciones con otra comunidad o nación más desarrollada”. Porque, aunque formalmente dentro del Estado no ha existido el status jurídico-político de colonia, Andalucía ha venido funcionando en sus relaciones con otras comunidades y países –dentro y fuera del Estado–, bajo un patrón de relaciones de dominación que va más allá de lo económico y por el cual sus principales dinámicas internas obedecen a decisiones e intereses localizados en los territorios centrales del Norte, que en gran medida continúan ejerciendo el papel de metrópolis.  

De modo que esta situación de inferioridad y subordinación, que ya venía experimentando Andalucía previamente, fue profundizada claramente con la llegada del turismo de masas. Procurándose también que se diera una condición asociada a los procesos de colonización que contribuye a que se legitime socialmente la dominación: que el colonizador tenga el reconocimiento del colonizado, que va a terminar leyendo la realidad con las gafas construidas desde la ideología dominante, en un proceso colonizador también del pensamiento. Desde una ideología que, entre otras cosas, “naturaliza” la inferioridad de los no desarrollados (“atrasados”). Así vemos cómo, desde la connivencia, la complicidad y la servidumbre de los gobiernos locales, muchos de los municipios donde actuaron los amos del negocio turístico cuentan con monumentos, nombres de calles o títulos que tratan de mostrar el reconocimiento y “la deuda” contraída por la población autóctona con sus “bienhechores”.

Integración andaluza en el capitalismo global y explotación inmobiliario-turística

Lo que ha venido en etapas posteriores ha sido en gran medida una reproducción ampliada, o una vuelta de tuerca de lo que se acaba de contar para las décadas 1950 y 1960. Con algunas particularidades. Ahora la entrada en la Unión Europea y el predominio del capital financiero serán los principales condicionantes de un proceso de integración en la economía globalizada que en Andalucía supondrá cambios en las formas de dominación, con una profundización de su papel de economía primaria de la mano del extractivismo agrícola para la exportación y en las dos últimas décadas también minero, y su consolidación como gran plataforma turística cuya dinámica continúa estrechamente vinculada al negocio inmobiliario. Una gran plataforma turística que en relación con la etapa anterior experimenta transformaciones que cabría decir que “se encierran” en dos, relacionadas entre sí: una, traducida en la escala o tamaño en la ocupación de espacio de la actividad turística y la otra que se refiere a la intensidad en la dedicación y en la explotación social y territorial asociada al turismo. 

Las dos muy condicionadas por el predominio de la lógica financiera en una etapa del capitalismo en la que las principales formas de hacer dinero ya no tienen como fuente “lo producido”, la elaboración de mercancías, sino la apropiación de riqueza a partir de la mera compraventa de activos patrimoniales –“bienes” y derechos que pueden generar ingresos futuros– de los que se procura que aumenten de valor; una “creación de valor” basada en lo que se espera que rindan los activos en el futuro; fundada en expectativas de ganancias que se anticipan; “lucro sin contrapartida” (Naredo, 2019); crédito que supone un “adelanto” de supuestos beneficios que engordan a una oligarquía parasitaria, acrecentando su capacidad de compra para poder seguir aumentando su riqueza y su poder. Inmersos en esta dinámica, los grupos que invierten en el turismo focalizan sus estrategias en la apreciación de sus activos, (inmuebles, derechos de uso y otros), tratando de “crear valor” para sus inversores; ahora la actividad turística pasa a ser una mera excusa para que esta revalorización pueda tener lugar. 

Como un ejemplo entre otros muchos de esta financiarización de la actividad turística se podría utilizar el caso de Azora, un fondo de inversión inmobiliaria convertido en uno de los principales inversores en Europa y Estados Unidos, con una amplia cartera de activos turísticos que se amplía en 2025 con la adquisición de la plataforma de gestión hotelera MedPlaya Management, uno de los principales operadores turísticos del mercado español, que en Andalucía gestiona hoteles emblemáticos como el Pez Espada (Torremolinos) o el Riviera (Benalmádena). El objetivo de esta operación es “reposicionar”, según el propio fondo Azora, estos activos (léase reestructurar o reorganizar su funcionamiento) para conseguir el máximo aumento posible de su valor, facilitando así que los inversores del fondo continúen alimentando su expansión. 

Establecimientos y servicios hoteleros o turísticos se convierten así en instrumentos financieros con los que se especula en los mercados. Con importantes implicaciones de entre las cuales nos interesa subrayar aquí la presión que este binomio finanzas-turismo supone sobre la explotación de las partes más vulnerables de la cadena: la mano de obra y la naturaleza, priorizándose la rentabilidad a corto plazo en la búsqueda de hacer realidad las máximas expectativas de ganancia. “El malestar social es un indicador de la mejoría financiera” dice en una viñeta un personaje de El Roto. 

Sobre la turistificación y sus consecuencias

En este escenario, en Andalucía el número total de turistas ha pasado de 2,6 millones en 1970 a los 36 millones de 2024, localizándose aquí cerca de un millón de plazas turísticas, una cuarta parte de la oferta turística española, porcentaje muy por encima del peso de la población andaluza dentro del Estado (18%). El 45,8% de estas plazas son viviendas de uso turístico, siendo Andalucía la comunidad donde el porcentaje de plazas en este tipo de viviendas es mayor dentro del Estado, para el que la media es de un 35,1%. Según el Ministerio de Vivienda, Andalucía es también en 2025 la comunidad con mayor número de pisos turísticos ilegales, con el 31,1% del total de los encontrados dentro del Estado. El turismo se ha extendido aquí como una plaga, en una expansión facilitada también por la debilidad del resto del tejido económico, siendo esta fragilidad a su vez un rasgo propio de su carácter de economía subalternizada.

En este contexto, como sucede también en otras áreas, el capital financiero-turístico-inmobiliario, que desde 2008 ha optado por la vía turística como una de las soluciones a la crisis, en su expansión ha tomado el control de muchos de los espacios urbanos que cada vez más existen, se utilizan y se transforman en función de las necesidades de crecimiento y acumulación de ese capital, convirtiéndose la turistificación en una seria amenaza para la vida y su reproducción en los lugares de los que se apodera el turismo, a la vez que va generando una precarización y un malestar social creciente (Cañada et al, 2023)

En las burbujas inmobiliarias habidas desde los 1980 a 2007 tuvieron también una fuerte implicación los gigantes del negocio turístico, las grandes cadenas hoteleras y los capitales que invirtieron en modalidades como el turismo residencial, de modo que en las tres décadas que van de 1977 a 2007 en Andalucía estos modos especulativos de apropiación de riqueza ocuparon, –“sellaron”–, más suelo del que se había ocupado hasta entonces a lo largo de toda la historia, revistiendo esta agresión daños de especial gravedad en ciertas partes del territorio entre las que destaca la franja litoral, un ecosistema especialmente frágil y vulnerable.

En el caso de la Costa del Sol, en 2007 los dos primeros kilómetros de la franja costera se encontraban ya “pavimentados” prácticamente a la mitad (Delgado, 2016). Una avalancha que se traduce en un fuerte proceso de deterioro y degradación territorial reflejado en el enorme déficit ecológico de los principales focos turísticos localizados en Andalucía. En el caso de los cinco municipios más importantes de la Costa del Sol, Benalmádena, Fuengirola, Málaga, Marbella y Torremolinos, en 2018 la diferencia entre el territorio requerido para satisfacer su consumo de “recursos” naturales y la superficie municipal (huella ecológica) está en todos los casos por encima de 200 veces el tamaño del municipio. En el caso de Fuengirola, su consumo de materiales y energía exige un territorio más de 900 veces mayor que la superficie de su término municipal (Delgado y Cano, 2021). Son cifras que corroboran los graves costes ecológicos y el intenso carácter extractivo de este modelo financiero-turístico-inmobiliario. 

Dinámicas especulativas no sólo ajenas a las necesidades de la población andaluza sino construidas en su contra en la medida en que la mayoría terminará pagando durante muchas décadas las plusvalías y los beneficios de los que se apropian unos pocos. Originándose en este contexto el mejor caldo de cultivo para la corrupción, no como una conducta patológica individual sino como resultado de la propia lógica por la que se rige el sistema, poniéndose de manifiesto, como señala Naredo (2019:108) “la incompatibilidad de fondo entre capitalismo y democracia”. Y sirviendo la fachada democrática para legitimar un manejo oligárquico del poder y la toma de decisiones en el que ahora juegan un mayor papel los ayuntamientos y los políticos locales que teniendo la llave tanto de las recalificaciones de los terrenos como del funcionamiento de las Cajas de ahorro como instrumentos de crédito para alimentar el modelo podrán participar en mayor medida en el reparto del botín. 

Negocios inmobiliario-turísticos y corrupción: la Marbella de Gil y Gil como caso paradigmático

Proliferando así los casos de corrupción en Andalucía, sobre todo en la década de mayor auge de la especulación inmobiliaria (1997-2007), de manera que 82 de los 333 casos de corrupción localizados en este período por el Corruptódromo (el 25%) se situaban en territorio andaluz. De entre ellos destaca la trama de Marbella, y el caso Malaya, considerado como el mayor caso de corrupción urbanística ocurrido dentro del Estado. Una trama con ramificaciones en seis de las ocho provincias andaluzas construida a partir del desembarco desde Madrid de un personaje, Jesús Gil, promotor inmobiliario-turístico condenado en los años 1960 a cinco años de cárcel por el derrumbe, que causó 58 muertos, del complejo turístico de Los Ángeles de San Rafael (Segovia); condena de la que fue indultado por Franco. Este personaje pronto fue otro de los “descubridores” de que esta es una tierra propicia para ser expoliada. 

Nombrado alcalde de Marbella en 1991, entre otras cosas gracias al hartazgo de la población frente a la gestión municipal del PSOE en los tres mandatos anteriores y también ante un vacío de poder real propio de situaciones coloniales, allí cometió toda clase de tropelías, algunas de ellas poco imaginables en otros lugares. Los desmanes fueron desde la expulsión de prostitutas, drogadictos e inmigrantes utilizando métodos deplorables, al desvío de cuantiosos fondos desde el Ayuntamiento a cuentas a su nombre, de sus empresas, de testaferros o del Club Atlético de Madrid, pasando por su supuesta implicación en multitud de delitos urbanísticos. Dislates que le llevaron a ingresar en prisión tres veces cuando era alcalde, siendo un prototipo de comportamiento tanto en la utilización de la política al servicio de sus negocios inmobiliarios como en su dedicación al saqueo de lo público.  

Concentración del poder turístico. Andalucía, camarera de Europa

Hoy en el negocio turístico los grandes grupos que lo controlan son el resultado de un fuerte proceso de concentración del capital, de modo que entre las 388 cadenas o grupos hoteleros en el mercado español recogidos por su volumen de ventas en el informe Alimarket (2025), los cinco primeros, RIU (con sede en Baleares), Meliá (Baleares), Minor (Madrid), Barceló (Baleares) y Marriot España (Madrid), acaparan cerca de la mitad (43%) del total de ventas. De entrada, esta jerarquización da cuenta de una fuerte polarización empresarial, con una cabecera muy minoritaria mostrando una gran capacidad para apropiarse de valores monetarios, mientras el resto se encuentra en una situación mucho más desfavorable. 

Andalucía ocupa un lugar muy residual en la lista, de modo que entre los cien primeros grupos hoteleros del registro de Alimarket sólo cuatro se localizan aquí. El primero de ellos, Senator-Grupo Hoteles Playa ocupa el lugar 22; fundado por José María Rossell Recasens, llegado de Girona en 1967 a la costa almeriense, hoy es un grupo que pertenece a su familia.

El segundo es Fuerte Group (lugar 53), grupo del que es propietaria la familia Fuerte Manzano cuyo capital tiene su origen en la agricultura y que como ya se dijo inició el negocio en los años 50. El tercer grupo localizado en Andalucía es Soho Boutique Hotels (lugar 66) que pertenece a Gonzalo Armenteros y Antonio Gordillo; el primero procedente del sector inmobiliario y que aterriza en el negocio turístico después de la crisis de 2007. Este es un ejemplo de separación entre propiedad y gestión, práctica de gestión extendida con la financiarización turística,  siendo ellos inquilinos de los inmuebles que alquilan para gestionar hoteles urbanos medianos o pequeños.

El cuarto grupo es el Marbella Club (lugar 82), hoy propiedad del inversor británico Daniel Shamoon. Entre estos cuatro grupos suman un volumen de ventas que supone un 3,7% del volumen de ventas de RIU, el primer grupo que aparece en el ranking. Esta cifra, como todo lo demás, da buena cuenta de cuál es el papel que juega Andalucía en relación con los amos del negocio turístico y de la contribución del turismo a la exclusión de los procesos de toma de decisiones y a la reproducción de la función de Andalucía como economía y sociedad sirvienta, ahora camarera en Europa. 

Los comportamientos patrimoniales de las familias más ricas dentro del Estado van también en la misma dirección. Por una parte, fuerte proceso de polarización dentro de la riqueza apropiada por parte de las 200 mayores fortunas españolas: los diez primeros patrimonios pasan de acaparar el 32,1% de la riqueza acumulada por los 200 en 2011 a acumular más de la mitad (52,9%) en 2025, sólo 14 años más tarde. Por otra, mientras más de la mitad de estas grandes fortunas se concentran en los centros hegemónicos de riqueza y de poder dentro del Estado, Cataluña, Madrid y El País Vasco, Andalucía se sitúa en la otra orilla, con 10 apellidos entre los 200 y el 1,9% del total del valor patrimonial apropiado por los 200. Según estos datos, la élite económica andaluza ocupa un lugar muy marginal en la distribución del poder económico dentro del Estado; en su conjunto puede decirse que es una élite raquítica. 

Siete de estos diez patrimonios localizados en Andalucía figuran asociados al sector agroalimentario, al inmobiliario o a los dos, y sólo un apellido aparece explícitamente ligado con el turismo, junto con la construcción y la agricultura como respaldos de su apropiación de riqueza. Se trata de Nicolás Osuna, constructor granadino enriquecido en la última gran burbuja inmobiliaria, al que se relacionó con el caso Malaya, gran propietario de tierras y gran receptor de dinero público a través de las ayudas de la Política Agraria Comunitaria. Es también uno de los mayores tenedores de activos inmobiliarios de Andalucía, con más de 400 inmuebles alquilados. Entre sus activos se encuentran los establecimientos hoteleros del Grupo de Hoteles Center.

Sí aparecen de manera marginal activos turísticos dentro de algunos de los patrimonios más importantes. Uno de los casos es el de la familia Mora Figueroa, representante genuina de la aristocracia jerezana, con más de 28.000 hectáreas de tierra de su propiedad. Como otras muchas familias de terratenientes andaluces sobresalió por su apoyo al golpe de Estado de 1936 y al franquismo después. El premio a esta fidelidad terminará siendo su mejor negocio: la concesión de Coca-Cola para Andalucía y Extremadura, a la que deben el grueso de su fortuna. Una manera de reacomodo a la globalización de la vieja oligarquía agraria, que se inserta así en las nuevas formas de hacer dinero vinculándose al capital transnacional para servir a sus necesidades en los procesos de elaboración y distribución de sus marcas. A través de Netco Investment gestionan un complejo turístico en San Roque, municipio donde tenían en cartera un megaproyecto turístico ya aprobado por el ayuntamiento que en 2024 han vendido, junto con los terrenos asociados al mismo, al Banco de Santander. 

Otro caso de grandes patrimonios andaluces en los que figuran marginalmente activos turísticos sería el de la familia Martínez-Cosentino cuya riqueza procede de la extracción de mármol en Macael. Hoy, además de continuar con la actividad extractiva operan con activos inmobiliarios y otros activos mediante la sociedad de inversión Surister, el fondo de Inversión Baria Investment y el Grupo Bánica de inversiones, y están construyendo como propietarios en Mojácar el complejo turístico Mecenas Mediterranean Resort, que será gestionado mediante alguna forma de uso por Hyatt Hotells Corporation, de capital estadounidense. Por último, la familia Beca Borrego, de origen grandes terratenientes y vinculados después al negocio inmobiliario a través de Bekinsa; posee una importante cartera patrimonial de viviendas y locales en alquiler en Málaga, Huelva y Sevilla, con establecimientos hoteleros en estas dos últimas provincias. Controlan un fondo de inversión, Almaro S.A. a través del que operan.

Consideraciones finales. Discusión y conclusiones

La creciente centralidad del turismo como dedicación de Andalucía, junto con su papel como gran plataforma agroexportadora al servicio de los grandes amos del negocio alimentario, se traduce socialmente en una instalación persistente en la pobreza y en la marginación que se ve reflejada incluso utilizando los indicadores más convencionales. Si para 2022 observamos los resultados del proyecto Urban Audit (INE), tomando la renta media por habitante de los 81 municipios mayores de 20.000 habitantes localizados en Andalucía, estos resultados nos dicen que 73 de esos municipios están en los dos tramos más bajos de renta de los cuatro considerados y 51 de ellos se sitúan en el tramo inferior. Y que de entre los 31 municipios mayores de 20.000 habitantes situados en el litoral andaluz 30 están en los dos tramos inferiores y 20 de ellos se encuentran en el escalón inferior.

De modo que después de décadas dedicados al turismo y/o a la agricultura intensiva de exportación se perpetúan como municipios empobrecidos. Esa posición de Andalucía dentro del sistema se refleja también en indicadores como el riesgo de pobreza o exclusión social, que en 2023 afecta a bastante más de la tercera parte de su población, (37,6%); muy lejos de las cifras para Cataluña, (20,5%), Madrid (20,9%) o El País Vasco (14,8%). 

Sobre la intensa explotación del trabajo asalariado en el turismo y dentro de él especialmente en la hostelería, hay que subrayar el carácter de buena parte de sus tareas, quehaceres de intendencia (limpieza y restauración) que pueden asimilarse a trabajos de atención y de cuidados. Eso propicia una feminización del trabajo y en consecuencia una inferiorización y desvalorización de tareas y personas muy atractiva para el sistema, que consigue así una baja en los costes salariales, una reducción en los derechos laborales y una mayor precarización de las condiciones de trabajo. Los niveles de opresión soportados por algunos colectivos de mujeres en la hostelería, como las camareras de piso (kellys), dan pie a recordar la frase de Silvia Federici: “El cuerpo de las mujeres es, todavía y sin duda, la última frontera del capitalismo” (Córdoba Azcárate, 2023). En Andalucía, esta degradación del trabajo en el turismo se ha visto especialmente recrudecida después de la crisis de 2008, que dejó en el desempleo a miles de personas en una economía en la que el negocio inmobiliario en la década 1997-2007 llegó a asociarse, directa o indirectamente, con el 40% del PIB (Delgado, 2016). 

Ante la creencia de que el turismo es una fuente de riqueza para las sociedades donde se localiza y en consecuencia cuanto más turismo mejor, se va imponiendo la realidad de que este es un turismo construido en beneficio de sus grandes amos y en contra de la mayoría de la sociedad y de la naturaleza. En el caso de realidades periféricas como Andalucía el turismo deteriora las condiciones en las que la vida se desenvuelve reforzando las formas de dominación características de una realidad subalternizada, de modo que bajo nuevos ropajes se recrean viejas formas de despojo y de exclusión, profundizándose el papel de sirvienta que la realidad andaluza venía ya jugando previamente. 

En este contexto es urgente una toma de conciencia colectiva que permita pensar y actualizar formas alternativas y modelos de turismo fuera de los circuitos de acumulación de capital; un turismo que forme parte de nuevos espacios organizados colectivamente que en lugar de destruir la vida desde la lógica del capital ponga la vida en el centro desde la lógica de los cuidados. Nuevos espacios de autonomía, de autogestión, descentralizados, desmercantilizados, despatriarcalizados y descolonizados. Las experiencias construidas bajo el paraguas de la economía social y solidaria (Izcara y Valls, 2024; Díaz-Soria, 2024) podrían abrir vías para alentar la esperanza en este sentido.

La entrada Sobre la colonización turística de Andalucía se publicó primero en lamarea.com.

El próximo 9 de junio, el ciudadano Robert Francis Prevost, más conocido como papa León XIV, llegará a Barcelona en el marco de un viaje oficial, que discurrirá entre el 6 y el 12 de junio, y que lo llevará también a Madrid, Gran Canaria y Tenerife. En una nota de prensa, la Conferencia Episcopal Española señala que el Papa recorrerá 2.500 kilómetros en seis días, realizando 17 discursos y homilías, así como 21 actos, para “poder encontrarse con todos, escuchar a todos y hablar a todos y con todos”. 

Sin embargo, no todos quieren poder encontrarse con el representante de la principal teocracia del mundo, el Vaticano. En Barcelona, la Fundación Ferrer i Guàrdia, Europa laica y la asociación Ateus de Catalunya, han impulsado la campaña Jo no t’espero, a la que se han sumado ya decenas de colectivos y ciudadanos particulares. Bajo el lema “su viaje, tus impuestos”, denuncian el dispendio que supondrá para las arcas públicas la visita papal. Un viaje que, además de los operativos de seguridad, acondicionamiento público y el largo etcétera derivado de este tipo de visitas protocolares, ha generado un gasto adicional en la campaña publicitaria realizada por la Generalitat de Catalunya para dar la bienvenida a Prevost, Hola món, hola Papa. 

Sorprende este despliegue publicitario institucional, que se concreta también en publicidad pagada en la prensa, y que es atípico ante lo que las autoridades presentan como una visita de Estado. De hecho, las asociaciones impulsoras del manifiesto apuntan a que tratar como visita de Estado lo que es una visita de carácter religioso genera una “confusión” que “debilita la neutralidad institucional y perpetúa un trato privilegiado que contradice el principio de aconfesionalidad reconocido constitucionalmente”.

España es un particular Estado aconfesional, que sigue manteniendo un Concordato con la Iglesia católica, heredero de los pactos del postfranquismo con la institución que fue legitimadora esencial de la dictadura. Una institución religiosa a la que se beneficia con exenciones fiscales y a la que ha permitido el robo de patrimonio y bienes inmobiliarios a través de las inmatriculaciones, como es el caso notorio de la mezquita de Córdoba. Una institución que, como indica el manifiesto, nunca ha pedido perdón oficial ni por su instigación y colaboración en la Cruzada del franquismo ni por su activa participación en el robo de bebés, calculado en más de 300.000 por algunas asociaciones. Una institución opaca, que ha amparado abusos sexuales, que se opone a los derechos reproductivos de las mujeres y el derecho a una muerte digna.

La visita del Papa la vamos a acabar pagando todas las contribuyentes, aunque no marquemos la casilla de la Iglesia en la declaración de la renta. Conviene recordar este hecho en un país donde la derecha pone el grito en el cielo cada vez que alguna expresión religiosa, especialmente si proviene de la comunidad musulmana, aparece en el debate público. La separación de la esfera privada y pública que la derecha y la ultraderecha defienden cuando se trata de otras creencias, a las que perciben como “ajenas” a la idiosincrasia española, no aplica cuando se trata de la religión que se considera base de la identidad española y elemento indisociable de la construcción de su nación. Una construcción interesada que, por supuesto, obvia la diversidad cultural y religiosa existente durante siglos en la península ibérica antes de la “Reconquista” católica. 

La laicidad social avanza, a pesar de todo

Sin embargo, este intento de presentar a España como baluarte del catolicismo es un imaginario cada vez más difícil de defender. En la sociedad española la secularidad está extendida, a pesar de que las expresiones culturales se confundan con las religiosas en Semana Santa o Navidades, fiestas que, a su vez, tienen un origen pagano vinculado con los ciclos de la naturaleza pero que se resignificaron al ser apropiadas por el catolicismo. 

En los últimos tiempos, estamos presenciando, además, una campaña emprendida por algunos sectores religiosos para convencernos de un aumento de la religiosidad entre los jóvenes. Una tendencia a la que se han sumado, oportunistamente, diversas artistas que se han subido al carro de la espiritualidad (algo distinto a la religiosidad, por otra parte). Sin duda, los tiempos, por momentos apocalípticos, que nos está tocando vivir, pueden llevar a mucha gente a buscar respuestas más allá de lo racional y a refugiarse en un sentido trascendente vinculado a creencias religiosas. Pero los datos, más bien, hablan de un fenómeno de descenso paulatino de la creencia católica en España. 

Las encuestas del CIS mostraban, para abril de 2026, que más del 39% de la sociedad española se considera agnóstica, indiferente o atea, frente a un 35,9% de católicos no practicantes. Cuando se trata de jóvenes, las cifras de no creyentes, agnósticos y ateos superan el 50%, porcentaje muy superior a la media global. Por otra parte, los católicos practicantes son el 17,1% frente al 16,7% de las personas ateas, pero la serie de datos desde 2021 permite observar un descenso leve y zigzagueante de los primeros, y un ascenso, también zigzagueante pero más acusado, de las últimas. El 6% de los encuestados se declara creyente de otra religión.  

La laicidad avanza, aunque sea de manera desigual y combinada. La fe también parece ir por barrios. Estos días, es mucho más probable encontrarse banderas vaticanas para dar la bienvenida al Papa en las ventanas y balcones de las zonas más acomodadas de Barcelona que en los barrios populares. Un dato que no sorprende pero que recuerda que en este Estado hubo una tradición popular claramente anticlerical.

Una visita en clave política… y geopolítica

Con el auge de la ultraderecha a escala mundial, y su relación con diversas iglesias evangélicas que crecen en influencia, también en España, el catolicismo español no quiere perder su tradicional monopolio religioso. La visita papel le sirve para mostrar músculo. También León XIV se está perfilando, igual que el papa Francisco, como una figura progresista, antagónica hasta cierto punto a dichas fuerzas. Un liderazgo religioso, a la par que político, que puede ser leído en clave geopolítica, sin duda.

Pero, con todo el respeto para el Sr. Prevost y su posición humanista frente a la barbarie representada por Donald Trump y sus aliados, desde el reconocimiento de su defensa de los migrantes y los marginados –defensa que también hacen muchos otros representantes o partidarios de su iglesia desde las bases cristianas más apegadas al mensaje original de Cristo, muchos de ellos militantes, a su vez, de organizaciones socialistas y/o comunistas–, no por ello hay que olvidar la institución nefasta a la que este Papa, como todos los papas anteriores, representa. 

Tampoco el entusiasmo colectivo que inducen estos mega eventos debiera anestesiar un sentido crítico necesario frente al marasmo. Las simpatías que puedan albergar algunos hacia el Sr. Prevost, o su predecesor, no pueden llevar a la izquierda a olvidar las coordenadas sobre las que debiera girar el debate acerca del papel de la religión en la esfera pública. La visita del Papa debería servir, más bien, para reivindicar la memoria histórica y la reparación, como recuerda la campaña Jo no t’espero. También para recordar que la religión, cualquiera que sea, debería circunscribirse al ámbito privado, evitando cualquier interferencia con las instituciones públicas. España tiene un largo trecho por recorrer en este sentido. Por una separación efectiva de la religión y el Estado, yo no le espero, Sr. Prevost.  

La entrada Yo no le espero, Sr. Prevost se publicó primero en lamarea.com.

1 de junio

En un festival literario, conversamos durante la cena con la escritora Simona Baldanzi, que nos habla del Festival di Letteratura Working Class, que se celebra en una fábrica okupada por los trabajadores después de que la empresa decidiera cerrarla. Lo dirige Alberto Prunetti, autor, entre otras obras, de la magnífica Amianto, publicada en España por Hoja de Lata. Nos pregunta qué autores españoles han publicado novelas en un entorno fabril. No es difícil pensar en escritores y escritoras actuales que escriben sobre precariedad y sobre barrios marginales y obreros, pero resulta mucho más difícil encontrar ficción centrada en la vida laboral fuera de lo intelectual o del sector servicios. La fábrica, la mina, el taller parecen casi desaparecidos de la literatura contemporánea, quizá porque hay muchos autores que tenemos experiencias de precariedad o de vida en un barrio obrero, pero pocos conocemos bien el trabajo fabril.

Durante la conversación mencionamos Desde la línea, el poema terrible de Joseph Ponthus (Siruela), donde refleja la dureza brutal del trabajo en conserveras de pescado y mataderos, que conoce de primera mano. (Prefiero llamarlo poema, en lugar de prosa poética, como hace la editorial, porque esta clasificación hace pensar en lirismo, metáforas, figuras literarias… y yo diría más bien que se trata de un poema prosaico, de lenguaje sencillo y directo, quitando a lo de «prosaico» la connotación negativa).

Me acuerdo ahora de la escritora que, cuando le dije que iba en metro a no sé dónde, exclamó: «Qué proletario». Qué lejos estamos, y queremos estar, de las experiencias cotidianas de la mayoría de la población. Englobo en este plural al colectivo de escritores, aunque cada uno encaje mejor o peor en la afirmación.

Desde luego, nunca se me habría ocurrido que alguien pudiera considerar proletario usar el transporte público.

2 de junio

Estoy leyendo Figlia di una vestaglia blu, novela en la que Simona Baldanzi se acerca al mundo obrero desde la perspectiva de la hija de una trabajadora de la fábrica de vaqueros Rifle (equivalente a la Lois española) y también rememorando su tesis doctoral, cuando tuvo que estar haciendo cuestionarios entre los obreros que excavan los túneles en su región para el paso del Tren de Alta Velocidad. Me interesa doblemente porque es uno de los pocos ejemplos que he encontrado de literatura de fábrica –la llamo así para diferenciarla de la literatura de clase obrera, concepto mucho más amplio– y porque está escrita por una mujer, con atención, aunque no solo, a la experiencia de las mujeres.

Ayer, media hora después de escribir el último párrafo de la entrada anterior, leo estas frases en la novela de Baldanzi: «Hay quien lo ve [al proletariado] como raza en peligro de extinción, que debe protegerse. Lo he encontrado en la universidad: “Anda, ¿eres hija de obreros? Increíble. Cuéntame cómo es”. Como si llegase de otro planeta».

3 de junio

En el encuentro literario en el que estuvimos en Italia iba a participar Zapatero, que cancela en el último momento, cuando se hace pública la acusación por corrupción. Mucha gente me pregunta entonces qué va a pasar, si creo que las acusaciones son fundadas. No lo sé, claro que no lo sé. Salvo que, sea o no cierto que Zapatero haya cometido algún delito, el solo anuncio de la investigación pasará factura al PSOE. Es sabido que la corrupción en la izquierda tiene un alto coste electoral, la de la derecha apenas se nota en la intención de voto. Y ya es una perogrullada decir que no se persigue con la misma intensidad a unos y a otros. Apenas se investiga el enriquecimiento de familiares de los Aznar-Botella, de Ayuso, de Feijóo, etc. y la repercusión en prensa es mucho menor.

Aún en Italia, en un club de lectura una lectora me pide un análisis de la situación en España. Cuando les trazo una imagen bastante negra del futuro, la mujer me dice: «Al menos ustedes resisten, la gente sale a la calle, protesta. Aquí todo el mundo se ha resignado». Los demás participantes asienten cabizbajos.

Este año, por primera vez en muchos, no vamos a estar en la Feria del Libro de Madrid. Por un lado, tengo la sensación de perderme algo, de no estar presente en una actividad que se había convertido casi en un rito, también porque allí solemos coincidir con gente a la que no vemos a menudo y nos apetece hacerlo. Por otro, siento alivio por no tener que estar horas en las casetas recalentadas, pendientes de si se cierra por enésima vez el Retiro, a menudo con largas esperas entre firma y firma. Pero lo que más me gusta de no ir es no tener que asistir a la invasión de autores que tienen que ver con la literatura, la historia o la filosofía lo mismo que yo con el saxofón… que intenté aprender a tocar pero abandoné cuando me convencí de mi incapacidad absoluta para la práctica musical. Lo malo es que esos autores no solo no son conscientes de sus limitaciones, encima cuentan con un aparato publicitario que los hace pasar por lo que no son. Y a veces incluso cuentan con ayudantes que tocan las teclas por ellos.

La entrada La literatura y la clase obrera se publicó primero en lamarea.com.

Este artículo ha sido publicado originalmente en Catalunya Plural. Puedes leerlo en catalán aquí.

El 22 de abril de 2022, un total de 91.648 personas llenaron las gradas del Camp Nou en el partido de semifinales de la UEFA Women’s Champions League entre el Barça y el Wolfsburgo. Este hito, que constituye el récord de asistencia en la historia de las competiciones deportivas femeninas, simboliza no solo el éxito deportivo de un equipo, sino también la cristalización de un proceso de transformación social.

El fútbol, en tanto que institución cultural central en la construcción de las masculinidades hegemónicas (Connell, 1995), ha sido históricamente un espacio de reproducción de valores patriarcales. En este sentido, resulta especialmente relevante que, tal como señala la psicóloga social Gemma Altell, las jugadoras del Barça hayan impulsado esta transformación feminista desde un ámbito “de los más duros y difíciles” para la igualdad de género.

Las ciencias sociales llevan décadas analizando la presencia de las mujeres en el deporte. Autoras como Jennifer Hargreaves (1994) han documentado cómo las mujeres han sido históricamente excluidas o relegadas a prácticas deportivas consideradas “adecuadas” para su género, en coherencia con normas sociales de feminidad que limitaban su presencia en deportes codificados como masculinos. En Catalunya, las investigaciones de Vilanova y Soler (2008) muestran que las barreras estructurales —institucionales, culturales y mediáticas— han actuado durante décadas como mecanismos de desincentivación de la participación femenina.

“Estamos aquí para quedarnos”

En este sentido, permítanme reproducir aquí algunos fragmentos del discurso de la futbolista Alexia Putellas durante el acto de reconocimiento del equipo blaugrana con la Medalla de Honor del Parlamento de Catalunya en 2023:

“La sociedad está cambiando y lo pide: el papel de la mujer debe ser clave en el desarrollo y el crecimiento de la sociedad catalana. […] Nosotras, como Barça, creo que a través del fútbol estamos ayudando a construir una sociedad más justa, igualitaria y con más oportunidades. Nuestro esfuerzo y nuestras victorias nos están convirtiendo en referentes para muchos niños, niñas, jóvenes y adultos. Y eso supone una gran responsabilidad; lo tenemos que hacer bien, lo tenemos que seguir haciendo bien. Nuestro compromiso con nosotras mismas, con el deporte femenino y con la sociedad es incuestionable.

[…] Estamos aquí para quedarnos, estamos aquí para ayudar a las que vendrán, porque todavía hay mucho camino por recorrer. Estos días lo veis con la grave situación que estamos afrontando con la Federación (española) y los cambios que todas solicitamos para que ninguna mujer, dentro o fuera del fútbol, tenga que vivir nunca más ninguna situación de menosprecio, faltas de respeto o abusos.

Necesitamos consenso, valor y liderazgo por parte de las instituciones, por favor. Y por eso no nos vamos a detener aquí. Se lo merecen las que lucharon antes que nosotras, nos lo merecemos nosotras por el esfuerzo que hacemos cada día y se lo merecen todas las niñas y niños que hoy sueñan con ser como nosotras. No os fallaremos. ¡Viva el deporte femenino y viva el Barça!”.

El equipo blaugrana no solo ha roto un techo de cristal, sino que ha demostrado que también en el fútbol hay alternativas que van más allá de la simple adaptación de los modelos masculinos dominantes. Esto es porque, como apuntan Martin et al. (2017), son muchas las deportistas que han sido capaces de construir una cultura deportiva propia que desafía los valores tradicionales asociados a la competitividad masculina y propone nuevas formas de interpretar la práctica deportiva y la profesionalización. El público de los partidos del Barça femenino, por ejemplo, es un público sobre todo familiar, expulsado ya hace tiempo de las competiciones masculinas.

Referentes femeninos

Futbolistas como la propia Alexia Putellas, Aitana Bonmatí o Irene Paredes han propiciado la emergencia de nuevos referentes. La literatura sobre socialización y aprendizaje observacional, iniciada por Bandura (1977), muestra que la presencia de modelos similares en términos de género y experiencias vitales incrementa la identificación y la percepción de autoeficacia. La socióloga Alba Alfageme destaca que las referentes femeninas contribuyen activamente a reducir la “brecha de sueños” y a fomentar la autoestima y la ambición en las niñas. Las jugadoras del Barça, en este sentido, articulan un espacio simbólico de posibilidad que desafía estereotipos que asociaban históricamente el fútbol a la virilidad y a la fuerza física, tal como ha analizado buena parte de la literatura feminista sobre el deporte (Messner, 2002; Young, 1990).

Los datos recientes refuerzan esta tesis: en la última década, la Federación Catalana de Fútbol ha multiplicado por 2,5 el número de jugadoras federadas, lo que evidencia un cambio sociocultural profundo. El acceso masivo de niñas y jóvenes al fútbol puede interpretarse como un proceso de democratización del deporte y de expansión de los límites de lo imaginable, en línea con los planteamientos de Connell (2012) sobre transformaciones en las relaciones de género.

Paralelamente, estas jugadoras han tenido un papel central en el movimiento Se Acabó, que denuncia las dinámicas de violencia simbólica, institucional y estructural dentro del fútbol. A diferencia de lo que suele ocurrir en otros deportes, este movimiento ha sido impulsado desde el propio colectivo de jugadoras, a menudo asumiendo costes significativos en términos de su carrera profesional. Este gesto conecta con la tradición de los feminismos que entienden la agencia colectiva como motor de transformación social (Hooks, 2000).

En este proceso de cambio destacan de manera especial figuras como Putellas, Paredes o Bonmatí, que se han convertido no solo en deportistas de élite reconocidas internacionalmente, sino también en sujetos políticos que disputan el orden simbólico del fútbol. Su visibilidad y capacidad de incidencia mediática han contribuido decisivamente a redefinir los imaginarios sobre lo que puede ser y representar una mujer en el deporte de alto rendimiento.

La entrada ¿Por qué el Barça femenino de fútbol es un símbolo de igualdad? se publicó primero en lamarea.com.

Este artículo forma parte del dossier ‘Pederastas’. Puedes conseguir la revista y suscribirte en el kiosco de ‘La Marea’.

Stepfather y stepdaughter son dos de las temáticas más demandadas en las webs de pornografía, según los datos publicados anualmente por una de las más importantes, Pornhub. Padrastro e hijastra en español, subterfugios para evitar el concepto que realmente evocan, el incesto. Es decir, una de las construcciones del deseo más demandadas por los consumidores de pornografía a nivel global es aquella en el que niñas, adolescentes y jóvenes son violadas por un adulto en posición de superioridad, que, además, es pareja de sus madres, y que en realidad, representan el rol de sus hijas. Es decir, la representación de una de las violencias pederastas que más afectan a las menores en todo el mundo –aquella que ejerce un adulto de su entorno familiar y social más estrecho– engrasa uno de los negocios más lucrativos reproduciendo un modelo de la sexualidad violento y basado en el poder sobre los menores, las personas más vulnerables –en el porno, son una minoría las escenas que representan una sexualidad libre, igualitaria, segura y consentida–.

En el caso del incesto, los vídeos se dividen, mayoritariamente, en dos tramas: el sometimiento de la menor contra su voluntad o, por el contrario, la seducción del hombre que, pese a sus reparos, no se puede resistir a la tentación de la menor. El binomio desde el que tradicionalmente se nos ha leído a las niñas y mujeres: víctimas perfectas o pérfidas manipuladoras. En estas producciones, las actrices deben ser mayores de edad porque, de lo contrario, las empresas estarían incurriendo en un delito de trata de menores para la explotación sexual. Por ello, eligen a las que tienen rostros más aniñados y cándidos, y suelen obligarlas a depilarse totalmente el pubis, algo que se ha extendido a buena parte de las actrices porno. Es decir: el aspecto predesarrollo menstrual como cenit de lo deseable. Y todo ello, presentado como manifestaciones de la juventud, un concepto que en el imaginario sexual masculino abarca la década de la veintena, suele extenderse hasta la barrera legal de los 18 años, y otros, muchos, a la fantasía de los «15 años tiene mi amor», como escuchamos cantar durante décadas al Dúo Dinámico. En España, sólo desde 2015 la pederastia incluye relaciones con menores de 16 años. En Francia, el límite se establece en los 15, en Alemania en los 14 y en Argentina baja hasta los 13.

La mayoría de las nacidas en los años 80 ya no crecimos cantando «las niñas bonitas no pagan dinero» pero sí inauguramos la adolescencia asumiendo que entrábamos en las discotecas gratis porque la mercancía éramos nosotras: un reclamo para los chicos adolescentes y, también, para hombres adultos que podrían haber sido nuestros padres. Probablemente para entonces ya habíamos escuchado más de una vez aquello de «donde hay pelito, no hay delito» y nos habría dado tiempo a normalizar que, desde que nos desarrollamos, familiares y amigos de nuestros padres empezaran a sexualizarnos con la mirada, hacer comentarios sobre nuestro cuerpo y bromear o preguntar por los novios. Algo que sigue ocurriendo hoy exactamente igual. Con la diferencia de que por entonces, nuestras experiencias vitales eran legitimadas por la narrativa de buena parte de los productos audiovisuales que consumíamos.

En 1990, se estrenaba Pretty Woman, una cinta en la que Richard Gere interpretaba a un putero multimillonario de 40 años que sacaba de la calle a una prostituta de 22. En 1994, se estrenó en todo el mundo Mi padre, qué ligue. Considerada una comedia para mayores de siete años, retrata la envidia y la admiración que despierta la relación de pareja que, supuestamente, mantienen un Gérard Depardieu de 41 años y una Katherine Heigl de 14 durante unas vacaciones en una isla. La cinta es una versión norteamericana de la misma historia estrenada tres años antes en Francia, con gran éxito, y también protagonizada por el actor galo. En realidad, son un padre y su hija que se hacen pasar por pareja, y si entonces su visionado provocaba preguntas incómodas entre el público adolescente que la veíamos, hoy resulta nauseabunda –y eso, sin tener en cuenta las condenas y acusaciones por abusos sexuales contra Depardieu–.

Un lustro después, inauguramos los 2000 con una de las películas más taquilleras de la década, Otoño en Nueva York. Protagonizada por Richard Gere, de nuevo, y Winona Ryder, idealizaba una relación entre un hombre de 48 años con una joven de 22. Una diferencia de edad de 26 años no era algo excepcional en aquella época en la que, en la televisión, también veíamos cómo jóvenes modelos como Sofía Mazagatos o Mar Flores conseguían el marchamo de respetabilidad cuando se emparejaban con empresarios y aristócratas, al menos, 20 años mayores que ellas.

Cuando accedimos a la considerada cultura elevada, descubrimos que el director más venerado por la intelectualidad europea estaba casado con una de sus hijastras y denunciado por abusos sexuales por parte de otra de ellas. Woody Allen hizo pública su relación con Soon-Yi Previn en 1992, cuando ella cumplió 21 años, él, 57, y cuando Dylan Farrow denunció que sufrió sus agresiones sexuales. Tenía siete años y el caso nunca se resolvió.

En 2010, el escritor y agitador ultra Sánchez-Dragó publicó una biografía en la que se jactaba de haberse acostado con dos niñas de 13 años en Japón, admitiendo en público lo que no era sino una violación. Casi al mismo tiempo, en Telemadrid, el polemista Salvador Sostres se guaseaba sobre su preferencia por «las vaginas que no huelen a ácido úrico». Y en los carnavales, la fiesta donde tenemos licencia para ser otras personas, las niñas y las mujeres nos encontramos, entonces y ahora, con que el uniforme de colegiala sigue considerándose como un disfraz sexy y vendiéndose como tal no solo en los bazares, sino también en los sex shops. Para que el look sea total, dos trenzas o coletas. De hecho, Francia y la UE están investigando al gigante chino Shein por vender muñecas penetrables con aspecto infantil. Y en la cuna de la Ilustración cada vez salen más libros y documentales protagonizados por supervivientes de depredadores sexuales de la élite intelectual y artística del país, violadas sistemáticamente cuando eran niñas, a menudo con el conocimiento de progenitores y círculo social.

El multimillonario pederasta Jeffrey Epstein entendió que no había método más eficaz para atraer a empresarios, políticos, aristócratas e intelectuales de todo el mundo que ofreciéndoles mujeres jóvenes y niñas para su explotación sexual. Según declararon los demócratas Jamie Raskin y Ro Khanna y el republicano Thomas Massie tras revisar en el Departamento de Justicia algunos de los documentos que no se han hecho públicos, habría referencias a víctimas de hasta 9 años explotadas por funcionarios de alto nivel de un gobierno .

Epstein sabía que el concepto de jóvenes en el mercado del sexo es un concepto líquido, resbaladizo, interpretable y subjetivo que puede abarcar desde los señores diligentes que esperan que las ‘piezas de la cacería’ cumplan o superen la mayoría de edad para preservar su respetabilidad hasta quienes claramente entran en la categoría de pederastas. En medio, un abanico infinito de manipulación psicológica, oprobios, abusos y violencias físicas, psíquicas y sexuales que aún estamos aprendiendo a identificar y nombrar. Y sobre todo, el abismo de asumir que la mayoría de los victimarios no son multimillonarios ni pobres desconocidos, sino padres, padrastros, abuelos, tíos, profesores, entrenadores, vecinos y amigos de la familia. Hombres normales educados, como nosotras, en un sistema cultural correosamente pederasta.

La entrada Educadas en la pederastia se publicó primero en lamarea.com.

Asistimos, hace unos días, a un espectáculo único y, casi me atrevería a decir, irrepetible: una conferencia de prensa del presidente del Real Madrid Club de Fútbol y del Grupo ACS, Florentino Pérez. Su singularidad estaría basada no solo en el hecho de que hiciera más de 11 años que el empresario madrileño no comandaba un acto de tales características sino, más bien, por algunas de las perlas que dejó escapar durante los aproximadamente 65 minutos que llegó a alcanzar. Críticas a periodistas presentes, amenazas con bajas de suscripciones a medios de comunicación, comentarios machistas, un aire de condescendencia y superioridad sostenido o una casi insoportable sensación de impunidad ante cualquier expresión pasada, presente o futura, poblaron su exótica comparecencia ante los medios de comunicación.

La actitud general, tanto de los periodistas como de la opinión pública ante la situación pasaba, por momentos, casi por segundos, de la sorpresa absoluta a la confirmación de una marcada personalidad que era descrita por algunos como autosuficiente, altanera y desdeñosa ante la oposición y la crítica.

Para algunos, los prejuicios hacia un tipo de figura que representa el éxito en lo simbólico, lo social y lo económico, se veían confirmados –los ricos, ya se sabe, son personas altivas que se rodean siempre solo de pelotas y conseguidores–, mientras que, para otros, entre los que me incluyo, nos encontraríamos, de nuevo, ante la necesidad de plantear un estudio sistemático y científico sobre el grupo social al que Florentino Pérez representa: las élites.

Con señaladas excepciones, la antropología y la sociología españolas han dedicado poco tiempo y espacio al estudio de este singular colectivo. La aparición de algunas publicaciones recientes, como la del sociólogo Andrés Villena Las élites que dominan España (Libros del KO, 2026) o El Estado pesebre. Una historia de las élites españolas (Ediciones Paseo, 2025), del historiador Carlos Arenas Posadas, serían algunos de estos escasos ejemplos.

También cabría destacar, aunque desde una perspectiva más periodística o ensayística, las obras del reportero de El País Cristian Segura, Gente de Orden. La derrota de una élite (Galaxia Gutenberg, 2021), o Quiero y no puedo. Una historia de los pijos de España (Blackie Books, 2024), de la periodista Raquel Peláez. Pero poco más, excepto alguna obra que se ha quedado antigua y algunos artículos académicos publicados aquí y allá.

La dedicación al estudio de las élites es mucho mayor, quizás debido a las enormes desigualdades estructurales que presentan sus sociedades, en América Latina, donde principalmente la sociología lleva décadas poniendo el foco en los comportamientos, tipología de relaciones, espacios propios y sistemas de prestigio de las élites regionales. En Europa, cabría destacar el papel del sociólogo Pierre Bourdieu, que en su obra La distinción. Criterios y bases sociales del gusto (publicada en castellano por Taurus en 1998) creó un marco teórico específico que ha permitido el estudio de las relaciones y el campo de acción de las élites francesas y globales.

La antropología tiene, en este ámbito, una asignatura pendiente. Esto podría deberse a varios factores, entre los que podríamos citar su vinculación inicial con las sociedades denominadas primitivas. También entran en juego la etnografía como metodología específica de la disciplina, mucho más proclive a aplicarse a marcos abiertos que a cerrados, como los de las élites; el propio carácter elitista de los primeros investigadores, así como el acompañamiento colonial que tuvo, desde sus inicios, la antropología como ciencia.

Podría deberse, por añadidura, a su especialización en grupos minoritarios, subordinados, sobre los cuales se ejercía el poder, y no sobre aquellos que lo ejercían; al cierto carácter estanco y a la especialización de las ciencias sociales, donde la antropología pareció dejar en manos de la sociología el estudio de las estructuras sociales, el sistema de clases o las relaciones entre grupos, etc. Sin embargo, más que una falla, este conjunto de razones podría tomarse, más bien, como un aliciente para entrar en el campo inexplorado del estudio de las élites, tanto más cuanto las sociedades actuales parecen deslizarse sobre una pendiente marcada por el incremento de la desigualdad y de un ejercicio de poder tecnocrático y tecnopolítico.

La antropología, en este caso, no parte de cero. Si bien es cierto que su objeto de estudio principal no ha sido, de forma destacada, este grupo social, las mismas herramientas –la etnografía– como sus marcos teóricos referenciales, bien afinados, podrían ser de perfecta utilidad ante una aproximación y análisis de las élites, y el caso de la rueda de prensa de Florentino Pérez nos recuerda, y nos sirve de ejemplo, precisamente de esta posibilidad.

Han sido numerosas las voces que, tanto desde la política, como desde el periodismo –caso destacable el de Fonsi Loaiza en su conocida obra Florentino Pérez, el poder del palco (Akal, 2022)– han destacado el papel que determinados espacios juegan en los entramados del poder. En este caso, el del palco del Real Madrid CF, un lugar de acceso altamente restringido donde se hacen y deshacen propuestas políticas, iniciativas empresariales, relaciones y negocios, se pactan acuerdos y desmontan conflictos, entre las principales élites sociales, políticas y económicas del país, aunque con una presencia destacada de las ubicadas en la capital del Reino, Madrid. Pues bien, la antropología ha destacado la importancia de este tipo de sitios reconociéndolos como lugares de discurso oculto.

La Marea 30

Para el político y antropólogo James C. Scott, estos espacios serían «aquellos lugares donde ya no es necesario callarse las réplicas, reprimir la cólera, morderse la lengua y donde, fuera de las relaciones de dominación, se puede hablar con vehemencia, con todas las palabras». Esta acepción de lugar de discurso oculto estaría, como puede observarse, vinculada a grupos y colectivos dominados, no a los dominadores, si bien bastaría con darle la vuelta y pensar en ellas precisamente como aquellos espacios donde los que no se muerden la lengua son las élites para que fuera útil a nuestros objetivos. Esto nos permitiría entrar al análisis y estudio de este tipo de emplazamiento como lugares apartados, sin vigilancia o control, no ajenos tanto a la represión de los dominadores sino, más bien, a la observación y examen de los dominados.

Son, bajo esta consideración, espacios profundamente antidemocráticos donde se llevan a cabo acciones y se toman decisiones que, posteriormente, tienen repercusiones en una sociedad teóricamente moderna y democrática. Pero, además, este tipo de lugares atrae y contiene personas que comparten experiencias similares en el ejercicio de la dominación, esto es, son espacios homogéneos, guetos de clase, capital social y simbólico similares, que articulan, reproducen y distribuyen el poder. Son, por tanto, espacios que generan culturas propias que han escapado y escapan al control de los dominados. Al contrario que los tradicionales lugares de discurso oculto –bares, tabernas, iglesias, bibliotecas, fábricas, etc.– que habrían sido objeto de examen e inspección por parte de las élites, estos han escapado a cualquier tipo de transparencia y control.

Un acercamiento etnográfico, por tanto, no solo se aparece como necesario, sino también como pertinente al contar con unos marcos analíticos iniciales que permitirían entender el qué, cómo, para qué y por qué de estos lugares. Caso más complicado es el acceso directo, ya que las élites siempre han sido celosas de sus secretos, pero que sea complicado no significa que sea imposible. O que deba hacerse de forma directa e in situ, como el caso de la reciente presentación en público de Florentino Pérez dejó en evidencia. Pensar en estos lugares –el palco– como lugares de discurso oculto permitiría entender que la personalidad de la figura del presidente del Real Madrid no es exótica, singular o excéntrica, sino que simplemente no está estudiada, por cuanto no están estudiados los espacios en los que se mueve el grupo social al que el también presidente de ACS representa. Examinando el palco del Bernabéu, por tanto, podremos seguir hablando de Florentino y de las élites.

---

Jose Mansilla es antropólogo urbano y profesor en la Universitat Autònoma de Barcelona.

La entrada Hablemos de Florentino: el palco del Bernabéu como lugar de discurso oculto se publicó primero en lamarea.com.

Acabo de regresar de El Salvador tras una estancia de varios meses dedicados a un proyecto de cooperación, pudiendo constatar que lo que escribí hace dos años en este mismo medio (El Salvador, desigualdad y represión), sigue vigente. 

Y sigue vigente desde la colonización española, pues las estructuras de poder y riqueza no han cambiado, no sólo en El Salvador, sino en muchos países de Latinoamérica. Desde su independencia, triunfó lo que podríamos denominar “cesarismo”, en el sentido de que todos los procesos políticos, quedaron en manos de líderes carismáticos (libertadores, dictadores, caudillos, próceres), la mayoría de los cuales se dedicaron a salvaguardar el orden y mantener el equilibrio colonial, puesto que elevar a todas las personas a la condición de ciudadanos destruía la jerarquía social heredada.

Lentamente se consolidó un proyecto conservador en el que la blanca oligarquía criolla (azucarera, bananera, cafetalera, ganadera, minera, comercial, caucho…) toma las riendas del proyecto emancipador, marginando a nativos (mal llamados indios), a afrodescendientes arrancados de África y, en menor medida, a mestizos. Proyecto conservador que, como he podido ver en El Salvador, llega intacto hasta nuestros días.

El actual presidente Bukele, elegido democráticamente (al igual que Donald Trump), continúa con esa tradición del caudillismo conservador sabedor de encuestas, como la del Latin American Public Opinion Project (LAPOP), que reflejan un escueto apoyo del 28% a la democracia (un 48% en el resto de Latinoamérica), un 58% de la población a la que le da lo mismo vivir en dictadura que en democracia (un 28% en el resto de Latinoamérica) y un 11% de satisfacción con la democracia, frente al 24% del resto de la región.

Según la Fundación para el Debido Proceso, fundada en 1996 por el profesor Thomas Buergenthal, expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, juez de la Corte Penal Internacional y presidente de la Comisión de la Verdad, en un documento titulado Justicia Amordazada, señala que la separación de poderes en El Salvador no existe, detentando el presidente Bukele el control de los tres órganos (ejecutivo, legislativo y judicial).

Desde que empezó su mandato en 2019, el objetivo de Bukele fue la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, hasta que, en 2021, la Asamblea Legislativa, con mayoría absoluta presidencial, destituyó a los magistrados constitucionalistas, designando directamente a sus sustitutos. Les siguieron el fiscal general, el procurador de Derechos Humanos… Derivando todo ello en falta de rendición de cuentas y de mecanismos de control en el uso de fondos públicos, 

Sobre la seguridad, que tanto se habla, Bukele empezó a negociar y pactar con las pandillas en 2014, siendo candidato a alcalde. Continuó con esa táctica siendo presidente, hasta que, en mayo de 2022, tras una matanza de 87 personas en tres días, rompió el pacto con los pandilleros, e instauró un régimen de excepción (suspensión garantías constitucionales, detenciones masivas, ejército en las calles, eliminó el derecho a conocer las razones de una detención, suprimió la presentación ante un juez en 72 horas…), situación que, a fecha de hoy, sigue vigente, tras haber prorrogado el estado de excepción, mes a mes, durante cuatro años.

Hasta mayo de 2026, un total de 91.650 personas han sido detenidas, convirtiendo El Salvador en el país con la tasa de encarcelamiento más alta del mundo. Ninguno de los reclusos detenidos, ha sido juzgado aún, pudiendo permanecer hasta cinco años en prisión preventiva. Según Amnistía Internacional y Grupo Internacional para la Investigación de Violaciones de Derechos Humanos (GIPES), existen sólidos motivos para creer que se están cometiendo crímenes de lesa humanidad bajo el prolongado estado de excepción. Estos crímenes reflejan un patrón generalizado de abuso estatal, detenciones arbitrarias, tortura, desapariciones forzadas, violencia sexual, persecución y fallecimientos en las cárceles (512 muertes, según detalla la organización Socorro Jurídico Humanitario).

Se sabe que miles de detenidos en redadas masivas (aproximadamente un 10%) no tienen ningún vínculo con las pandillas. Además de criminalizar a los pobres, el estado de excepción también ha demostrado ser eficaz para perseguir activistas de la oposición, defensores de derechos humanos y comunidades que se interponen a megaproyectos privados respaldados por el Gobierno. Las cárceles salvadoreñas albergan a docenas de presos políticos, y muchos ciudadanos se han visto obligados a exiliarse por haber criticado, investigado o pedido explicaciones al Gobierno, destacando el dato de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), que, sólo de enero a mayo de 2025, documentó la salida de 43 periodistas.

Aprovechando que la mayoría parlamentaria de Bukele permite cambiar la Constitución, se plantean cambios arbitrarios, claramente enfocados a seguir aumentando su poder, como es el caso de la reforma que va a otorgar seis diputados a los salvadoreños residentes en el exterior, lo cual, en principio, es plausible pero la trampa está en que se mantiene el número total de diputados (60), por lo que los seis diputados de la diáspora van a salir de disminuir en cinco los asignados a San Salvador y uno a La Libertad, que precisamente son los departamentos donde los partidos opositores han logrado representación, con lo cual, el objetivo político es neutralizar las posibilidades de ingreso de diputados opositores.

No mejora tampoco el panorama si centramos la mirada en la vida diaria de la mayoría de la población salvadoreña. La Comisión Económica para América Latina (CEPAL) muestra que El Salvador ocupa el último lugar entre los países de Centroamérica en cuanto a esperanza de vida, debido a deteriorados factores como la calidad del sistema sanitario, la atención primaria en salud, la atención materna e infantil, el acceso a servicios médicos y las condiciones socioeconómicas en general, sobre todo el empleo, los bajos ingresos de la población, la inseguridad alimentaria por el costo de la vida, falta de agua potable y altos niveles de pobreza. Las pandillas ya no matan, pero mucha gente muere antes de tiempo.

Sólo hay que mirar la educación para ver los efectos prácticos de ese abandono social. En El Salvador, el grado promedio de escolaridad llega hasta el séptimo grado (13 años), ocupando el lugar 78 de 81 países en matemáticas, lectura y ciencias. Entre el 50% y 60% de los niños salvadoreños no comprende lo que lee. La matrícula infantil ha caído de 1,85 millones a 1,1 millones y no sólo por el preocupante descenso de la natalidad (según la CEPAL, de 3,86 en el año 2000 a 1,86 en 2023, y prevé 1,68 para 2050).

Es el régimen de excepción lo que ha provocado, a corto plazo, deserción escolar masiva y migración forzada; pero, a largo plazo, puede generar una segunda oleada de posibles pandilleros por la cantidad de menores que afrontan la vida con bajo nivel educativo y con sus progenitores ausentes (encarcelados, migrados o por trabajo). Claro que, llegado ese momento, Bukele ya no estará (o sí).

El Salvador es el país más endeudado de Centroamérica (87% sobre PIB). Y de esa deuda, a los siete años de Bukele le corresponde casi la mitad, el 42%. A pesar de ello, los datos del Banco Mundial muestran la realidad agobiante de la pobreza que sufre un sector significativo de la población, sin que haya indicios de que esa situación revierta en un plazo razonable.

Resumiendo, El Salvador ha experimentado una transformación radical, por una mayor seguridad, tranquilidad y libertad para transitar, pero se están normalizando prácticas que, en tiempos no muy lejanos, hubieran suscitado fuertes reacciones populares. Normalización que ha acostumbrado a la ciudadanía a situaciones claramente arbitrarias o injustas, como el régimen de excepción, los déficits en la educación y la salud, así como el opaco y caciquil funcionamiento institucional.

En El Salvador, hoy por hoy, el reto es saber si solo con la seguridad será suficiente para compensar una realidad social muy sombría, una desigualdad en aumento y multitud de vidas deprimidas y situaciones deprimentes. Como dije al principio, El Salvador suma y sigue.

Marc Cabanilles. Ateneo libertario Al Margen de València.

La entrada El Salvador, suma y sigue se publicó primero en lamarea.com.

En abril de 2020, el expresidente ecuatoriano Rafael Correa fue condenado a ocho años de prisión por un delito de corrupción en el conocido como Caso Sobornos 2012-2016. Para justificar la participación de Correa en la trama de corrupción, la sentencia condenatoria afirmaba que “el procesado Rafael Correa Delgado, hizo surgir sobre un grupo de personas, específicamente sobre un grupo de funcionarios públicos de su entera confianza –mediante un influjo psíquico–, la resolución de realizar el injusto de cohecho pasivo propio agravado”.  

Este curioso concepto, influjo psíquico, da título a un documental realizado por la directora colombiana Alejandra Cardona, con guion y producción de las españolas Ana María Pinar e Idoya Barrabés. En él se nos relata el proceso contra Rafael Correa y distintos funcionarios de su gobierno, entre ellos su vicepresidente Jorge Glas, enmarcándolo en una persecución política por la vía judicial que constituye uno de los casos paradigmáticos de lawfare que se han vivido en América Latina en las últimas décadas. 

No adelantaré el contenido del documental porque espero que pronto se pueda ver en los cines, las grandes plataformas o la televisión. Tan sólo añadiré que Rafael Correa tiene 57 procesos judiciales pendientes y que reside en Bélgica como asilado político. Jorge Glas, por su parte, fue secuestrado en abril de 2024, mientras se encontraba asilado en la Embajada de México en Quito, por las fuerzas especiales del gobierno de Daniel Noboa. Actualmente está recluido en una prisión de máxima seguridad y se teme por su vida.

Como hemos podido constatar en los últimos años, el lawfare, es decir, la guerra judicial que hace uso de la ley y los tribunales para neutralizar a un adversario político abriéndole causas con poco sustento mientras, en paralelo, se decreta su presunta culpabilidad a través del linchamiento mediático, llegó también a España. A los casos contra los líderes de Podemos, y la persecución político-judicial contra el independentismo catalán, se sumó recientemente la investigación contra Begoña Gómez y la inhabilitación del fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz. 

Dados estos antecedentes, la posibilidad de que estemos ante un nuevo caso de lawfare vuelve a planear en la imputación al expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero por presunto tráfico de influencias, organización criminal y falsedad documental en el caso del rescate de la compañía aérea Plus Ultra. El auto sitúa a Zapatero en el vértice de una presunta red “orientada al ejercicio ilícito de influencias ante autoridades nacionales y extranjeras”. Sin embargo, hacer afirmaciones categóricas sobre la culpabilidad o la inocencia de alguien ante una investigación que está en una fase embrionaria, sería poco prudente. En todo caso, lo que sí es notorio es la animadversión que la derecha, política y mediática, tiene ante la figura del expresidente, al que nunca han perdonado su papel mediador en Venezuela y sus vínculos con la dirigencia chavista. 

Aunque esta derecha mediática y política ya haya dictado su sentencia condenatoria contra Zapatero, será la justicia, ojalá imparcial e independiente como se autoproclama, quien deberá hacer su labor para demostrar, si corresponde, la culpabilidad del expresidente. De cómo lo haga, de las pruebas y de la solidez de sus argumentos jurídicos, dependerá la credibilidad del tribunal para poder afirmar, finalmente, que estamos ante una infundada persecución político-judicial, o bien para concluir que a Zapatero se le condena por su responsabilidad demostrada en delitos económicos. 

Por el momento, los juicios paralelos a los que ya estamos asistiendo dan peso a los argumentos de quienes defienden que Zapatero sería otra víctima del fenómeno del lawfare. También el doble rasero que se observa al comparar la impermeabilidad al peso de la ley de la que gozan otros expresidentes españoles como M. Rajoy o José María Aznar. Es evidente que, si la lupa se pusiera por igual a todos los expresidentes, quizás el primer presidente imputado de la democracia no habría sido Zapatero. Sin embargo, hace falta mayor perspectiva todavía, ir teniendo acceso a más detalles de la instrucción y ver cómo se van moviendo los distintos actores políticos y mediáticos, para poder decretar que estamos ante un nuevo caso de lawfare. Conviene recordar, aunque sea obvio, que no toda causa abierta por corrupción a un cargo político constituye un caso de lawfare. 

Con independencia de cómo se acaben desarrollando los hechos en el caso de Zapatero, su imputación debería poner el foco en un debate más amplio sobre las actividades privadas de quienes han tenido cargos públicos. Una reflexión que excede el papel de los expresidentes y que implica cuestionar, asimismo, la figura de comisionistas, lobistas y demás parásitos que proliferan gracias a marcos legales permisivos y a un modus operandi, intrínseco al funcionamiento del capitalismo, que puede ser legal pero que es corrupto desde un punto de vista moral. 

Que un expresidente, exministro o cualquier exfuncionario público pueda facilitar, desde su posición de poder o gracias a sus relaciones, el acceso a negocios de particulares, obteniendo además compensación por ello, no debería estar permitido, aunque no reciba comisiones ilegales en forma de soborno y cohecho. Puede que el uso de la cartera de contactos, derivada del ejercicio de un alto cargo público, para un desarrollo profesional que se traduce en lucro personal y familiar sea legal pero, desde luego, no es ético. Da igual que lo haga José Luis Rodríguez Zapatero, Felipe González, José María Aznar o Mariano Rajoy. La actividad de todos ellos debería ser escrutada bajo los mismos criterios legales y con iguales niveles de exigencia moral.

Sin embargo, romper con estas lógicas de funcionamiento, que se asumen como normales y hasta son legales, quizás sea lo más complicado porque se entreveran con unas redes de poder que se van tejiendo entre el poder económico, el poder político y el poder funcionarial, como desnuda Andrés Villena en su último libro, mientras están en el ejercicio de sus cargos. Redes de contactos que operan como una camarilla conformada por una élite que hace y deshace, sirviéndose de lo público, hasta que otros de esa misma élite deciden que pueden buscar las cosquillas a un adversario político mientras ellos siguen haciendo lo mismo. Hacia esas redes deberíamos mirar, no para perseguir con discrecionalidad sino para cambiar las estructuras que facilitan la reproducción del sistema.

La entrada Influjo psíquico, ‘lawfare’ y redes de poder se publicó primero en lamarea.com.

En la segunda parte de El padrino, la obra maestra de Francis Ford Coppola, hay una traición entre todas las traiciones que duele más que ninguna otra. Fredo, hermano de Michael Corleone, había participado en el intento fallido de asesinato contra el menor de los Corleone, el capo de la familia. Y lo había hecho por lo mismo de siempre: la ambición de acumular más dinero, más poder. Cuando Michael lo descubre, durante la noche de fin de año, se acerca a su hermano, le coge por el cuello, y le susurra al oído: «Me rompiste el corazón».

En solo dos días desde que se ha conocido la investigación por parte de la Audiencia Nacional al expresidente Rodríguez Zapatero por el caso Plus Ultra, se ha desplegado todo un psicodrama cuyos efectos han reverberado con intensidad entre las filas progres de la sociedad española. Y vaya la presunción de inocencia por delante. Zapatero es inocente hasta que se demuestre lo contrario. No es la intención de estas líneas juzgar la solidez de una causa judicial que puede ir para largo, sino observar los efectos emocionales que provocan determinadas traiciones. Porque en Ábalos, a fin de cuentas, nadie había proyectado una imagen de integridad y honestidad de la que sentirse orgulloso. Tampoco en Santos Cerdán.

El martes, cuando la investigación del juez Calama salió a la luz, toda la izquierda – también la izquierda a la izquierda del PSOE– salía en bloque en defensa del expresidente que negociaba con Maduro y con los independentistas. El lawfare ha existido y existe, y si había una pieza de caza mayor, esa era la del expresidente del Gobierno. El miércoles, al desvelarse parte del auto, se echaba el freno de mano. Una lectura en diagonal de las diligencias previas hacía temer lo peor: ¿Y si…?

Gabriel Rufián, en el Congreso, lo sintetizaba desde su escaño con su habitual oratoria: «Si esto es cierto, es una mierda. Si esto es falso, es más mierda todavía». Como queriendo decir: ¿Tú también, ZP…?

Pero hay otra pregunta interesante: ¿cuándo se convirtió Zapatero en un referente de la izquierda más allá del PSOE? La nostalgia es un mecanismo de supervivencia importante; nos permite estar en paz con nuestro pasado, pero a cambio de distorsionarlo para que encaje mejor con aquello que nos gustaría que hubiera sido. Se olvida, por ejemplo, que Zapatero fue el presidente de España que pactó con el Partido Popular la reforma del artículo 135 de la Constitución para imponer un techo a la deuda, rindiéndose a las políticas austericidas de la UE más neoliberal hasta la fecha.

Se podría argumentar que no había posibilidad de hacer otra cosa, que la UE era Ley, y que la Ley de la UE se transpone automáticamente en el cuerpo legal nacional. Pero se nos olvida que lo hizo en pleno agosto y por sorpresa para ahorrarse el bochorno y el debate público, y que entró en vigor a principios de septiembre de 2011, cuando las plazas del país hervían de indignación. No, Zapatero no era un referente de la izquierda. Eso no significa que se le deba echar a las hienas, ahora que empiezan a oler la sangre.

Que hoy que sea un referente de la izquierda –a la vista de la decepción generalizada del mundo progre– es también sintomático de la falta de referentes en el mundo de la política española. Muy pocos nombres han conseguido sobrevivir al paso del tiempo. Igual Julio Anguita es el único de los «grandes» que mantiene su legado intacto. Ahora, el orgullo socialista puede volver a tambalearse. Porque de Felipe González, por suerte, ya nadie se acuerda. Suerte de la nostalgia.

La entrada Sobre lo de Zapatero. La nostalgia es una cosa mala se publicó primero en lamarea.com.

Si continúa y se intensifica el aumento de los precios –este es el escenario más probable– ganará relevancia el debate sobre las políticas a implementar para contener y revertir la deriva inflacionista. Aunque la misma nada tiene que ver con los salarios –cuyo avance en los últimos años ha sido, si acaso, muy moderado–, los defensores a ultranza de la austeridad salarial intentarán situarla en el centro de la discusión y de las políticas económicas a implementar. Por esa razón, conviene tener muy presente lo siguiente:

1. Lo primero a retener es que cuando hablamos de las retribuciones de los trabajadores asalariados estamos poniendo sobre la mesa las condiciones de vida de una parte importante de la población cuya principal o única fuente de ingresos es la venta de su capacidad de trabajo en el mercado a cambio de un salario. Es importante considerar esta perspectiva porque no hacemos referencia a un precio como cualquier otro, ni a un mercado más, equivalente a otros espacios donde se compran y venden mercancías, sino a la existencia misma de los trabajadores. Por ello, en el debate sobre la fijación de los salarios es vital pensarlos en clave de derechos humanos, dignidad y democracia.
   
   
2. En segundo lugar, hay que ser plenamente conscientes de que en el centro de las políticas de contención salarial se oculta una estrategia, cada vez más evidente, que no es otra que debilitar y deslegitimar a las izquierdas políticas y sindicales, cuya razón de ser, cuya legitimación debería residir precisamente en la mejora de las condiciones de vida de los trabajadores.
   
   
3. En tercer lugar, poner el foco de la lucha contra la inflación, del fortalecimiento de la competitividad de las empresas y, más en general, de la reestructuración de las economías en la presión salarial contribuye de manera decisiva a consolidar una cultura empresarial depredadora y conservadora, que, por cierto, cada vez está más extendida en el universo de los negocios. Esa cultura es un poderoso lastre a la hora de acometer la reestructuración de las economías en clave de equidad y sostenibilidad.
   
   
4. En cuarto lugar, si tomamos como referencia un período amplio –por ejemplo, desde 2019 hasta la actualidad– podemos comprobar que la mayor parte de los trabajadores asalariados han perdido capacidad adquisitiva; esto es, los precios de los bienes y servicios que consumen han aumentado bastante más que sus retribuciones; en paralelo, los beneficios de las empresas, convertidos en dividendos para los accionistas e ingresos para las cúpulas empresariales, han aumentado de manera sustancial. El resultado de tan dispar evolución ha sido la intensificación de la desigualdad, seña de identidad del capitalismo realmente existente.
   
   
5. En quinto lugar, considerar los salarios como una magnitud homogénea es un error de gran calado, pues presupone que el dato agregado ofrece información suficiente y relevante. Lo cierto, sin embargo, es que las disparidades distributivas (por factores que tienen que ver con el tipo de empresa, tamaño, sector y espacio en el que opera, la profundidad y alcance de la negociación colectiva, los niveles de cualificación…) en el colectivo que denominamos trabajadores asalariados son muy pronunciadas. De hecho, en este ámbito esas disparidades han aumentado con fuerza contribuyendo al aumento general de la desigualdad.
   
   
6. En sexto lugar, la supuesta relación de causalidad entre costes laborales y precios y la derivada de esa premisa –la moderación de los salarios es la clave para contener la inflación–, cuando se pretende convertir en un principio general, debe ser asimismo cuestionada. En un buen número de empresas los costes laborales representan una parte relativamente reducida de los costes totales, siendo los no laborales –como el precio de los combustibles, las materias primas, la electricidad, los alquileres o los costes financieros– notablemente más relevantes. Desde esta perspectiva, situar la austeridad salarial en el centro de la política antiinflacionista es un error de planteamiento: lleva a implementar medidas con un marcado sesgo que, además, son ineficaces.
   
   
7. En séptimo lugar, las estrategias competitivas sostenidas en la contención de los salarios –además de ser injustas, pues dejan intactos los beneficios empresariales– también se sostienen en un diagnóstico equivocado, pues presuponen, contra toda evidencia empírica, que la presencia en los mercados globales, en los más dinámicos especialmente, es mayor en el caso de los países de bajos salarios o de las empresas que practican políticas retributivas más estrictas.
   
   
8. En octavo lugar, se ha convertido en uno de los mantras preferidos en el discurso conservador relacionar salarios e inflación, en el sentido de que la intensa creación de puestos de trabajo abre la puerta al crecimiento de las retribuciones de los trabajadores y, por esa vía, a la intensificación de las tensiones inflacionistas. Un planteamiento que, en mi opinión, también debe ser cuestionado. De hecho, el rápido aumento de la categoría de trabajadores pobres o su mantenimiento en niveles muy elevados nos presenta una realidad donde, como sucede en la economía española, los altos niveles de ocupación son compatibles con la generalización de los bajos salarios, a los que, en modo alguno, cabe responsabilizar de las tensiones inflacionistas.
   
   
9. En noveno y último lugar, hay que ser conscientes, las izquierdas políticas y sindicales deberían serlo si se quieren reconocer como tales, de que la irrupción y ascenso del fascismo y de la extrema derecha tiene mucho que ver con la degradación de las condiciones salariales, que explicaría, al menos en parte, la importante base social con la que cuentan entre las clases trabajadoras.

La entrada Los salarios bajos son el problema, no la solución se publicó primero en lamarea.com.

1. El resumen

Resumen de urgencia de la jornada electoral de ayer: Andalucía mete en un lío, victorioso pero lío, a Juan Manuel Moreno; hiere de gravedad a Antonio Maíllo y de muerte a María Jesús Montero; amplía el santoral de la izquierda alternativa con el nombre de San José Ignacio García y devuelve a Santiago Abascal el mango de la sartén que la mayoría absoluta del PP le había arrebatado en 2022.

La de 2026 será una legislatura interesante, que para un político es lo peor que puede ser una legislatura, como bien sabe Pedro Sánchez, que lleva ya ocho años en los que ni un solo de sus mandatos ha dejado de ser interesante. Pero como lo que es malo para los políticos es bueno para los periodistas, será una legislatura muy periodística. Demasiado seguramente. Santiago Abascal cabalga de nuevo por la marisma a lomos de un potro salvaje, aunque quizá no tanto como su jinete.

2. El castigo

Al Partido Popular de Juan Manuel Moreno lo ha castigado el Señor: ha perdido la mayoría absoluta a manos de Adelante Andalucía, el mismo partido al que, creyéndose muy astuto, benefició en 2023 incrementándole arbitrariamente la financiación a costa de Por Andalucía. De los 200.000 euros que, por consenso de todos los grupos, iba a recibir la coalición de Izquierda Unida, Podemos y Más País, el PP impuso en la Mesa del Parlamento el criterio de detraer injustificadamente 50.000 euros para asignarlos a la formación liderada entonces por Teresa Rodríguez, mejorando así muy sustancialmente la financiación que le correspondía por sus dos diputados. Hoy, aquellos dos escaños se han multiplicado por cuatro: un incremento explosivo cuyo damnificado casi único ha sido el Partido Popular, que ha perdido los diputados que le daban mayoría absoluta justamente en las provincias donde Adelante los ha ganado. 

Obviamente, Adelante ha triunfado por méritos propios, no ha subido lo que ha subido porque el PP decidiera ‘doparlo’ a costa de sus enemigos íntimos de Por Andalucía, pero no por ello deja de ser cierto que el PP creyó estar haciendo un gran negocio político al ahondar la discordia en el seno de la llamada izquierda alternativa. La astucia ventajista y marrullera de ayer se le ha vuelto en contra hoy. Castigo del Señor. 

3. La paradoja

Presume, y no sin razón, Adelante Andalucía de haber arrebatado al PP la mayoría absoluta. Fue lo primero que dijo José Ignacio García anoche: “De momento no hemos echado a las derechas y somos muy conscientes, pero hoy se han puesto las bases para echar mañana a las derechas de Andalucía. Aún no lo hemos conseguido, pero hoy podemos decir que Adelante Andalucia le ha quitado la mayoría absoluta al PP”.

Si García hubiera continuado el razonamiento habría tenido que concluir amargamente: “Hemos conseguido que Vox sea decisivo en Andalucía; nuestros votos debilitan al PP, pero abren las puertas de Andalucía a la ‘prioridad nacional’ que enarbola la extrema derecha”. Escalofriante paradoja de la que, obviamente, Adelante no tiene la culpa, pero que tampoco, no menos obviamente, puede negar; si acaso, matizar: su matiz, en verdad mucho más que un matiz, es que para los dirigentes de Adelante el PP y Vox son lo mismo. Y cuando se embalan, también el PSOE. 

4. El sartenazo

Lo primero que hará Santiago Abascal con esa sartén –que, como en Extremadura, Aragón y Castilla y León, en Andalucía vuelve a tener por el mango– será probablemente golpear con ella la cabeza de Juanma Moreno. El sartenazo no será mortal, pero ya se ocuparán Abascal y los suyos de que la sacudida se oiga nítidamente en toda España. ¿Conque Vox es ‘el lío’? Vale, Juanma Moreno, vale. Para cuando tenga un encuentro con el presidente de la Junta, el líder ultra ya debe tener memorizada la frase de la profesora Lydia Grant en la serie Fama: “Tienes muchos sueños, Juanma Moreno, buscas el poder, pero el poder cuesta y aquí es donde vas a empezar a pagar, con sudor”. No lo llames sudor, llámalo prioridad nacional.  

Vox se sintió estafado por el PP en la legislatura de 2018, cuando hizo presidente a Moreno a cambio de migajas: unas migajas que el PP estuvo mareando como si fueran una perdiz mientras los hambrientos polluelos de Vox en vano mantenían abiertas sus boquitas, esperando el alimento comprometido en los pactos de investidura. Los cándidos polluelos son ahora resabiadas rapaces. Esta vez la investidura no será a cambio de menudencias; esta vez la legislatura no va a salirle a precio de saldo al suavón Moreno. ¿Conque quieres el poder? Pues aquí es donde vas a empezar a pagar.  

5. Platero y ella

Juan Manuel Moreno Bonilla está, en efecto, en un lío. Lleva años posando de moderado, haciendo lo que suelen hacer las derechas cuando se les presenta la disyuntiva sanidad pública/sanidad privada o educación pública/educación privada, pero viene haciéndolo con sigilo, con educación, con buenos modales, sin perder la sonrisa. Juanma es como el Platero de Juan Ramón, “tan blando por fuera que se diría todo de algodón, que no lleva huesos”. ¿Quiere decirse que lo único que diferencia a Moreno de Ayuso es simplemente el barniz, las formas, refinadas en uno y montaraces en la otra? Sí y no. Ambos están en la derecha, sí, pero no están en ella de la misma forma. Y en política la forma es muchas veces tan importante como en literatura. Los medios lo presentan como la encarnación de la derecha transversal, moderada y llorica, antítesis de la derecha faltona, semianalfabeta y mendaz que encarna Isabel Díaz Ayuso, pero esa caracterización guay puede quedar hecha añicos cuando Abascal amenace a Moreno con esa sartén que tan firmemente tiene sujeta por el mango. Juanma necesitaba no necesitar a Vox para seguir siendo Juanma, pero la jugada no le ha salido bien. Lo sucedido el 17-M es malo para él, pero malo también para Andalucía.

6. El caballo

El destino aciago ha reunido en la misma cuneta de los vencidos a María Jesús Montero y Antonio Maíllo. Aunque el PSOE cosecha el peor resultado de su historia –pasando de los escuálidos 30 escaños de 2022 a los raquíticos 28 de ayer– y Por Andalucía se queda como estaba, con los cinco diputados que tenía, la amargura no es mayor en el uno que en el otro. Los 28 del PSOE y los 5 de Por Andalucía saben a polvo, a ceniza. Ambos partidos son los grandes derrotados del 17-M: el PSOE por haber bajado y Por Andalucía por no haber subido. El PSOE por verse goleado por el PP y Por Andalucía por verse humillada por Adelante. Ni María Jesús ni Antonio eran necesariamente malos jinetes, de ninguno de los dos puede decirse que hiciera una mala carrera, pero ambos estaban equivocados: creían montar briosos corceles cuando en realidad montaban exhaustos jamelgos.

7. El hostión  

Estas elecciones andaluzas han pulverizado algunos lugares comunes del análisis político y demoscópico. Uno de ellos sostenía que el PSOE era siempre el gran beneficiario de un aumento significativo de la participación. Esta vez no ha sido así: la participación pasó del 56% de 2022 a casi el 65 de ayer, pero el principal agraciado no fue el PSOE sino la otra izquierda, Adelante Andalucía. Al filo de las seis de la tarde de ayer, el exdiputado y excandidato a las primarias del PSOE andaluz Luis Ángel Hierro publicaba en redes un mensaje esperanzado a la vista de la alta participación que estaban registrando las urnas: “Esto marcha”, escribía. Esta mañana el mensaje era otro: “¿Alguien sabe que nos han dado el mayor hostión electoral de nuestra historia? ¿Alguien piensa asumir responsabilidades?”. La respuesta a la primera pregunta es sí porque es imposible que pueda ser no y la respuesta a la segunda es no porque lo que no puede ser, no puede ser y además es imposible. Imposible asumir responsabilidades en el PSOE porque el verdadero responsable es Pedro Sánchez, al que aún le queda una última carta por jugar: la del año que viene en las generales.

8. La esperanza

Si el PSOE hace lo que tiene que hacer –lo malo es que no es nada fácil saber qué tiene que hacer ni, sobre todo, cómo hacerlo teniendo como tiene las manos atadas en el Congreso– en las cruciales legislativas del año que viene podría captar una buena porción de los 665.347 votos sumados por Adelante Andalucía y Por Andalucía en las autonómicas de ayer. En las andaluzas del 17-M lo que estaba en juego no era si ganaba la izquierda o ganaba la derecha, sino si ganaba la derecha en solitario o en compañía de otros: como se sabe, ha ocurrido lo segundo, y todos los observadores coinciden en que ha sido gracias a Adelante Andalucía. Sin embargo, en las generales de 2027 lo que estará en juego es si gana la derecha o si gana la izquierda, y en ese escenario puede funcionar el voto útil en favor del PSOE, si no para ganar, al menos para no perder como acaba de perder en Andalucía.

9. El pacto

Cuando a algún socialista se le pregunta si no sería deseable propiciar con la abstención de su partido la investidura de Moreno, suele replicar lo que el célebre empresario y extravagante concejal cordobés Rafael Gómez Sandokán cuando un periodista le preguntaba si pensaba dimitir. “¿Dimitir? ¿Dimitir yo? ¡Dimite tú!”. ¿Pactar nosotros con ese, con esos? En efecto, imposible. Un escenario así sería imaginable si las relaciones entre el PP y el PSOE fueran no ya cordiales sino simplemente normales, correctas, civilizadas. Ni lo son ni probablemente lo serán en mucho tiempo: por muchas razones, pero sobre todo por la absoluta, indisimulada falta de deportividad del Partido Popular en la derrota. El PP suele saber ganar, pero le cuesta horrores saber perder, y sin esa condición es imposible todo entendimiento, ni siquiera un entendimiento meramente funcional, urdido para que Vox dejara de tener la sartén por el mango. “¿Pactar? ¿Pactar yo? ¡Pacta tú!”.

La entrada Las elecciones andaluzas en nueve claves (y ninguna buena) se publicó primero en lamarea.com.

«Que reste-t-il de nos amours ?», cantaba Charles Trenet. «¿Qué queda de nuestros amores? ¿Qué queda de aquellos bellos días? Una foto, una vieja foto de mi juventud».

¿Qué queda de aquel 15-M que nació con vocación de cambiar España y, por contagio, el mundo? ¿Qué queda de Nuit debout? ¿Qué queda de Occupy Wall Street? Es inevitable caer preso de la tristeza cuando nos paramos a pensar lo que pudo haber sido y no fue. En el caso particular de España, el 15-M conectó, por última vez (de momento), al pueblo con la Historia. Eso ocurre pocas veces y, a la larga, casi siempre con resultados insatisfactorios para los rebeldes.

Lo que empezó como una sentada marginal de jóvenes críticos con la Ley Sinde (ideada para atajar la piratería en Internet) acabó evolucionando a impugnación total de un sistema al que, ¡ups!, se le vio el cartón con la crisis de 2008. «No es una crisis, es una estafa», rezaban las pancartas. «No nos representan», decían otras. El truco de las élites quedó al descubierto: lo que pomposamente llamaban «democracia liberal» era en realidad, simple y llanamente, un «sistema parlamentario burgués», una asamblea de mercaderes. Siempre lo fue, en realidad. Y no dejó de serlo por mucha indignación que generara. La crisis la íbamos a pagar nosotras. Nuestros impuestos servirían para tapar los agujeros de los bancos en su noche loca en el casino de las subprimes. Y llegaron las colas del paro. Y llegaron las colas del hambre. Y mucha gente saltó por el balcón antes de que la echaran de su casa. Así ocurrió porque así lo quiso el pueblo español en las urnas. Y en esas mismas estamos, 15 años después.

Se pueden hacer muchas lecturas del 15-M, pero quizás una de las más significativas sea el decalaje que existe entre la calle y las urnas. Tras la acampada de Sol, Rajoy consiguió la mayoría absoluta. Hoy, semana tras semana, cientos de miles de personas marchan pidiendo vivienda asequible y sanidad pública, pero esas reivindicaciones no quedan reflejadas ni en las políticas gubernamentales ni en ningún proceso electoral. ¿Será que España quiere todo lo contrario? ¿Será que preferimos que se usen nuestros impuestos para devolverle a los ricos el dinero que tributan por sus herencias antes que para obtener una cita con el médico de cabecera? O aún más, ¿un diagnóstico temprano y preciso de nuestro cáncer? Los recientes resultados en Extremadura, Aragón, Castilla y León, y muy probablemente los del próximo domingo en Andalucía, responden por sí solos a estas cuestiones.

El mundo ha cambiado mucho en 15 años. Cambiado en el sentido gatopardiano del término. Quienes eran dueños de nuestras vidas lo siguen siendo, pero además han inoculado en nuestras sociedades una dosis mucho más alta de su ideario. Rezuma incluso en la forma de hablar, lo que demuestra su capacidad de colonizar el pensamiento: «lo que antes estaba guapo ahora renta», apunta certeramente Ignacio Pato en uno de sus libros. Y más allá del lenguaje, han conseguido el que siempre ha sido su objetivo: dividir y desmovilizar a las masas populares. El feminismo, con su feroz fragmentación, es un buen ejemplo de lo primero. Los pobres porcentajes de las fuerzas progresistas en las urnas, de lo segundo. No sólo crece la ultraderecha, con sus recetas económicas disparatadas y su racismo oligofrénico, sino que la izquierda permanece inmóvil, catatónica en su melancolía.

Quienes participaron en aquellas acampadas de 2011 se dieron cuenta muy rápidamente de que todo el sistema estaba amañado. Constataron que cada victoria de la esperanza era un trampantojo. Del «Yes, we can» obamiano no salió en Estados Unidos el cierre de Guantánamo, ni la regulación de las armas de fuego, ni un sistema sanitario mínimamente decente, ni más impuestos para los ultrarricos, ni una política defensora del medioambiente. Del «Sí se puede» español, apenas una manera más humana de hacer política, y poco más. Y quizás sea bastante, dadas las circunstancias.

Podríamos tener la tentación de decir que lo que queda del 15-M es lo mismo que lo que queda de Podemos, es decir, casi nada, pero no sería justo. Aquel espíritu (el del 15-M, no el de Podemos) impregna a cada uno de los activistas que ponen el cuerpo para impedir un desahucio. Anima a cada una de las personas que salen a protestar contra el genocidio de Gaza. Está presente en todo el que, sintiendo rabia ante una injusticia, dirige su reprobación hacia arriba y no, en el colmo de la vileza, hacia un trabajador del campo sin papeles.

Durante la pasada Vuelta a España, mucha gente en muchas ciudades salió espontáneamente a la calle a parar una carrera manchada por la participación de un equipo sionista. Por aquel entonces, Patricia Simón daba en el clavo con su comentario: «Cualquier dirigente, comunicador, deportista o persona de bien debería sentirse profundamente orgulloso de vivir en una sociedad donde miles de personas, en lugar de limitarse a sobrevivir, se esfuerzan por recordarnos cómo ser mejores».

Después de todo, algo queda del 15-M, sí. Queda lo importante.

La entrada 15-M: <em> Que reste-t-il de nos amours ?</em> se publicó primero en lamarea.com.

Este artículo ha sido publicado originalmente en Catalunya Plural. Puedes leerlo en catalán aquí.

Empezábamos este mes con una manifestación del Primero de Mayo, que, en esta ocasión, fue más allá de las reivindicaciones laborales y salariales, para poner de relieve las dificultades para acceder al derecho a la vivienda. Ambas cuestiones están estrechamente relacionadas, por el enorme decalaje entre la evolución de los salarios y los precios del mercado inmobiliario. Según datos de Comisiones Obreras (2025), los salarios han aumentado de media un 23,3% en la última década, mientras que el precio del alquiler ha aumentado un 50,8% y el de compra, un 42,4%.

El impacto del paro sobre el comportamiento electoral se ha examinado ampliamente tanto en nuestro país como en todo el mundo. Por el contrario, apenas se ha estudiado el impacto de las dinámicas del mercado inmobiliario en las preferencias políticas. En Europa, ésta es una línea de investigación emergente y, en Catalunya y España, prácticamente no existen estudios sobre el tema.

Cuando 1 de cada 3 personas ya considera la vivienda el problema más grave de Catalunya –como apunta el barómetro del Centro de Estudios de Opinión (2025)–, es pertinente preguntarse qué impacto político podría tener este factor en nuestro país. Los primeros estudios europeos para examinar la relación entre la evolución de los precios del mercado inmobiliario, los resultados y las encuestas electorales aportan algunas pistas.

El impacto electoral del encarecimiento de los alquileres, una línea de investigación emergente en Europa

Uno de los primeros estudios europeos sobre esta cuestión, del año 2019, examina la relación entre el aumento del precio del alquiler y el crecimiento del voto populista en dos contextos muy diferentes: el apoyo al Frente Nacional de Marine Le Pen en las elecciones presidenciales francesas del año 2017 ya la opción del Brexit durante la campaña del referéndum. Según Adler y Ben Ansell, en ambos procesos electorales, la inflación del mercado inmobiliario favoreció el voto a opciones populistas de los sectores sociales más afectados por el aumento de precios.

Otro estudio de Michael Marshall (2025) en Reino Unido asocia el hecho de vivir en un piso de alquiler social con la oposición a la inmigración y el voto al partido de ultraderecha Reform UK. En zonas con carencia de vivienda asequible, es más probable que los inquilinos con menos recursos quieran restringir los flujos de inmigración y se descanten por la extrema derecha.

En la misma dirección apunta otra investigación a Alemania, publicada en 2024. Los investigadores Tarik-Abou-Chadi, Denis Cohen y Thomas Kurer, incluso, cuantifican el impacto electoral del fenómeno: por cada euro de aumento del precio del alquiler por m², aumenta el apoyo, sube el apoyo a Alternativa por Alemania (AfD) en más de cuatro puntos porcentual. Así pues, no se puede menospreciar la influencia de la vivienda en las preferencias políticas, como tampoco puede infravalorarse la capacidad de la ultraderecha para explotarla en favor de sus intereses.

¿Cómo aprovecha la extrema derecha el malestar social por la vivienda?

Partidos de ultraderecha de todo el mundo tratan de conectar con las personas preocupadas por la problemática de la vivienda con propuestas intencionadamente ambivalentes. Su discurso populista ofrece soluciones para promover la vivienda asequible, pero solo para la población autóctona. De esta forma, desvían la atención de las medidas neoliberales, más alineadas con el discurso no intervencionista de la derecha, que apuestan por la desregulación del mercado inmobiliario y por la protección de los intereses de los propietarios.

Un ejemplo paradigmático de esa ambivalencia es el discurso de Donald Trump. En enero de 2026, sorprendió a la opinión pública con su propuesta de acabar con la compra especulativa de viviendas unifamiliares y, ese mismo mes, también planteaba su polémico plan inmobiliario para reconstruir una “Nueva Gaza” en el Foro de Davos.

Volviendo al contexto europeo, hace años que los líderes de extrema derecha culpabilizan a los inmigrantes de la escasez de vivienda asequible, ocultando la responsabilidad de los especuladores inmobiliarios, y defienden la “priorización de los nacionales” para acceder a ellos. Lo hizo Marine Le Pen cuando era candidata de Reagrupament Nacional (RN) en las elecciones presenciales francesas de 2022 y muchos han seguido su estela desde entonces. Cuando a mediados de 2024, Nigel Farage anunció que lideraría la candidatura de Reform UK, soltó en su discurso que era necesario construir una casa cada 2 minutos para acoger la inmigración.

Además, la ultraderecha considera la vivienda un patrimonio nacional y familiar que debe protegerse de quien le hace peligrar: desde su óptica, okupas e inmigrantes. Veamos, por ejemplo, este fragmento literal de un tuit de la presidenta italiana Georgia Meloni (2025) traducido al catalán: “Con la aprobación definitiva del Decreto de Seguridad en el Senado (…), estamos tomando medidas decisivas contra las okupaciones ilegales, acelerando los desahucios y protegiendo a las familias, las personas mayores y los propietarios honrados”.

Aliança Catalana y Vox han importado las mismas recetas sobre vivienda que la ultraderecha europea

La misma estrategia se ha importado en nuestro entorno territorial. Tanto la ultraderecha que apuesta por la unidad de España como la que defiende la independencia de Catalunya plantean recetas similares en materia de vivienda. En el programa electoral de Vox de las últimas elecciones catalanas podemos leer: “Modificaremos los criterios para otorgar vivienda protegida, ayudas de alquiler, alquiler social o mesa de emergencia con el fin de priorizar a los españoles”. En término similares, se expresa Sílvia Orriols en este reel compartido en el perfil de Instagram de Aliança Catalana: “La solución no puede pasar por ir construyendo 50.000 o 100.000 pisos con el dinero público de los catalanes, de los contribuyentes catalanes, para terminarlos otorgando a niños recién llegados y que más pueden llegar a que recién llegados. hacer es que nuestra juventud pueda emanciparse y tenga preferencia”.

Las okupaciones son otro de los temas estrella de ambos partidos. En el programa electoral de Vox de las últimas elecciones catalanas (2024), el concepto de las okupaciones -escrito con co con k indistintamente- aparece 19 veces y, en el de Aliança Catalana, 18. Por el contrario, en ninguno de los dos casos, se menciona ni una sola vez el concepto de los desahucios. Levantar la limitación de los precios del alquiler o favorecer a los propietarios de viviendas con beneficios fiscales también eran dos de las prioridades de los programas de ambos partidos en las elecciones de 2024.

En esos comicios, Vox logró 11 diputados, y Aliança Catalana, que se presentaba por primera vez, 2. Pero una reciente encuesta electoral, publicada por el diario Ara, augura un fuerte crecimiento de Aliança Catalana en las próximas elecciones catalanas, y la sitúa como tercera fuerza con un tenedor de entre 20 y 22 diputados.

Hacen falta políticas decididas por el derecho a la vivienda y no sólo disputar el relato de la extrema derecha

Para revertir esta tendencia, obviamente deben combatirse los discursos de la extrema derecha y disputarle el espacio de las redes sociales. Pero esto no significa delegar la política en la comunicación. Es necesario articular una estrategia política para combatir las desigualdades sociales en múltiples frentes, que priorice las políticas de vivienda. Un reciente estudio de la Progressive Politics Research Network (PPRNet) indica que, si los partidos progresistas del centroizquierda abordan de forma decidida este tema, podrían recuperar un amplio apoyo electoral.

Las movilizaciones sociales, cortafuegos de la extrema derecha

Pero, tanto o más importante que el ámbito electoral e institucional, son las luchas sociales en la calle. Está más que demostrado que la presión social sobre las instituciones les conduce a tomar medidas más garantizadas por el derecho a la vivienda. ¿Cómo se habría regulado si no el precio del alquiler? Por otro lado, los movimientos sociales también están canalizando el malestar social por la vivienda y conduciéndolo hacia propuestas más constructivas que las de la extrema derecha.

En los últimos años, la cara más visible del movimiento por la vivienda es el Sindicato de Inquilinas. Años atrás, lo fue la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), nacida en 2009 ante la ola de desahucios provocada por la crisis financiera internacional de principios de siglo, que acabó desembocando en el movimiento 15M dos años después en España; y en una ola de movimientos de protesta en distintas partes del mundo.

Cuando se cumplen 15 años del movimiento de los indignados, conviene recordar que una de sus funciones fue justamente la de actuar como cortafuegos de la extrema derecha. Esa mirada atrás nos lleva necesariamente a una reflexión sobre el presente. ¿Cómo crear y reforzar los puntos de unión entre los movimientos sociales actuales (por la vivienda, la educación, la sanidad, el transporte público, el feminismo, el medio ambiente, el antiracismo…) que permitan articular grandes movilizaciones sociales para frenar y combatir a la extrema derecha? Responder a esta pregunta es clave, tanto local como globalmente, frente a la amenaza real que supone en estos momentos la extrema derecha para nuestros derechos sociales, políticos y culturales.

La entrada ¿Cómo evitar que la crisis de la vivienda alimente a la extrema derecha? se publicó primero en lamarea.com.

12 de mayo

Fabian es una de las películas más tristes que he visto. Está basada en una novela de Erich Kästner, autor creo poco conocido en España. En el ámbito germanoparlante casi todo el mundo lo conoce por sus novelas infantiles y juveniles. Que alguien capaz de escribir novelas ingeniosas, ligeras, divertidas, pueda ser autor de una novela tan terrible dice mucho de la complejidad del ser humano. También alternaba poemas satíricos con otros extremadamente tristes en los que se reflejaba una soledad profunda.

Traumatizado por su participación –obligatoria– en la Primera Guerra Mundial, Kástner era pacifista, opositor al nazismo, y escribía para niños porque le parecía que hacerlo era una contribución importante a la sociedad. Los nazis quemaron sus libros y le prohibieron escribir, pero él decidió no marcharse de Alemania. Sorprenden muchas cosas en este autor; su muerte debida al alcoholismo no es una de ellas.

La semana pasada cumplía años Luigi Mangione, famoso por haber matado a tiros al CEO de una gran compañía de seguros estadounidense. La que viene, un juez decidirá si admite en el juicio las pruebas presentadas por la policía, obtenidas sin mandato judicial: una pistola y un cuaderno. Lo más llamativo del caso es la simpatía que despierta el (presunto) asesino en una parte muy amplia de la población. No es que de pronto los estadounidenses, por muy amantes de las armas que sean, estén a favor del asesinato ni de los actos revolucionarios; seguro que muchos de ellos dicen eso de «no estoy a favor de la violencia, pero…». El rencor hacia las compañías de seguros, que condenan a muerte a muchos asegurados negándoles prestaciones imprescindibles parece más que justificado.

Es verdad que las compañías de seguros, y las farmacéuticas, no actúan de forma menos ética que otras empresas, pero las consecuencias de su deshonestidad son más letales –si exceptuamos a las industrias tabaqueras y del alcohol–. Justo ayer hablaba con un amigo del escándalo de la talidomida, el medicamento que causó miles de malformaciones y abortos a finales de los cincuenta y principios de los sesenta. La empresa que producía el medicamento negó los hechos y amenazó con pedir indemnizaciones a quienes difamasen su producto, aunque ya disponían de suficientes datos como para tener casi seguridad de sus efectos secundarios.

Lo que no sabía es que se tardó más de lo necesario en detectar su efecto en recién nacidos porque en Alemania no había una ley que obligase a notificar malformaciones en ellos. Después de la caída del nazismo, la población no confiaba en que las nuevas administraciones se alejaran de la política eugenésica del pasado reciente, sobre todo porque se mantuvo vigente buena parte de la «Ley para la prevención de la descendencia de personas con enfermedades hereditarias», que implicaba la esterilización forzosa de padres que sufriesen dichas enfermedades.

Tenían razón al desconfiar del uso que se pudiera hacer de tales leyes en la Alemania supuestamente democrática de posguerra. Antiguos nazis se habían reintegrado en la judicatura y también en la industria farmacéutica. En el desarrollo del Contergan –como se llamaba el medicamento que contenía la talidomida– participó al menos un nazi responsable de experimentos con seres humanos en los campos de exterminio, y varios más trabajaban en aquellas fechas en la empresa farmacéutica que lo desarrolló.

Tirando más del hilo –es decir, surfeando de una página a otra de Wikipedia–, descubro que fue una mujer, Frances Oldham Keisy, empleada de la Food and Drugs Administration, quien, a pesar de las fuertes presiones de la industria y de algunos políticos, denegó seis veces la solicitud de que se admitiese la venta del medicamento en Estados Unidos, justificando su rechazo en que la empresa que lo producía no le entregaba los resultados de sus pruebas.

14 de mayo

Hablando de salud y falta de escrúpulos, qué triste espectáculo el de esa derecha que se agarra a cualquier cosa con tal de debilitar al Gobierno. Y qué poco les importan las consecuencias que puedan tener sus palabras y sus maniobras en las personas enfermas. Resulta repulsivo el circo que han montado alrededor del desembarco de los pasajeros expuestos al hantavirus. ¿Los habrían dejado morir en el barco, convertido en un nuevo Holandés Errante? No les he leído ni un argumento científico o técnico. Solo ruido y furia. Y cálculo electoral.

Hoy he cerrado mi cuenta de Instagram. Hace tiempo que tenía intención de cortar también esa red social, pero no podía –o creía no poder–, porque la necesitaba para buscar y contactar con ilustradoras para las cubiertas de El Periscopio. Como dejaré ese trabajo y la coordinación de la sección después del próximo número, ya no necesito depender de Meta. Estuve en Facebook y cerré mi cuenta. Hice lo mismo con Twitter. Y ahora le ha tocado el turno a Instagram. Me alivia contribuir cada vez menos a ese auténtico Eje del Mal que han erigido los tecnoligarcas.

La entrada De la talidomida al hantavirus se publicó primero en lamarea.com.

1. La canción de los piratas

Que es mi pasta mi bandera,/ que es mi dios el capital,/ mi ley el oro y la plata,/ mi única patria ganar. O mandar. O las dos cosas: mandar para así ganar más dinero o ganar más dinero para así poder mandar más. Disculpe el desocupado lector o lectora que nos hayamos atrevido a saquear sin previo aviso la Canción del pirata del gran Espronceda, pero la culpa es del diputado Gabriel Rufián, a quien cobardemente nos apresuramos a acusar de incitación al plagio por haber dramatizado brillantemente desde la tribuna del Congreso la idea de que el dinero y solo el dinero es la verdadera patria de las derechas, sean estas españolas o catalanas. 

2. Banderita, tú eres linda

Su intervención la semana pasada en el Congreso quizá no sobreviva en los anales del parlamentarismo, pero al menos elevó un poco el ánimo de las decaídas izquierdas ibéricas. Dirigiéndose a los diputados de Junts, el portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya afeó a quienes en otro tiempo fueran compañeros de viaje a la independencia su voto contrario al decreto de prórroga de los alquileres: “¿Van a votar en contra de esto? ¿Comparten bandera con esta gente? ¿No? ¿O sí? ¿Saben cuál es su bandera? La tengo aquí, es pequeñita pero muy efectiva. 50 pavos. Pudiera ser más. Esta es su bandera, la que comparten con PP y Vox para fastidiar a casi tres millones de personas”. 

3. Todo mentira, salvo alguna cosa

Ciertamente, el ingenio político de Gabriel Rufián bebe en las aguas, más turbias que cristalinas, del populismo. ¿Demagogia en estado puro el numerito del billete? ¿Todo exageración? ¿Todo mentira? No, todo no, aunque sí bastante. Lo bueno del populismo es que suele contener ciertas dosis de verdad; lo malo, que mucha gente toma esas pocas dosis como La Verdad. El populismo es un brebaje altamente azucarado que sabe muy bien en el momento en que se ingiere, pero que tomado asiduamente provoca serios daños en el metabolismo, que se torna incapaz de sintetizar debidamente las muchas otras sustancias amargas que la vida nos obliga a ingerir. 

4. El oro desencadenado

Se dice que, al contrario que los ricos, los pobres siempre están pensando en el dinero, pero es justo al revés: quienes no dejan de pensar en él son los ricos, no porque sean codiciosos por naturaleza sino porque el dinero, el mucho dinero es codicioso, nunca es bastante, como suele suceder con la droga. O con el poder. Hemos sabido cómo ponerle límites al poder político, cómo atarlo en corto. Y supimos también cómo poner límites al dinero, cómo atarlo en corto: fue durante los 30 gloriosos años que van del final de la II Guerra Mundial a los últimos setenta, la edad dorada en que hasta los mismísimos partidos de derechas eran un poco de izquierdas.

Luego vino el llamado Consenso de Washington, a raíz del cual hasta los mismísimos partidos de izquierdas se hicieron un poco de derechas, deslumbrados por el oro que prometía la globalización: los gobiernos dejaron libre de toda atadura al dinero y, naturalmente, el dinero hizo de las suyas, la más sonada de todas en 2008, provocando una crisis que quebró Estados, arrasó servicios, destruyó empleos y devastó las expectativas de generaciones enteras. Por eso, mejor que los bancos ganen dinero, porque cuando se arruinan, sus números rojos los cubrimos nosotros. 

5. Banderas secundarias

¿El dinero, bandera de las derechas? Sí, pero no la única; sí la principal, pero no solo ella. La derecha también cree en otras cosas: cree en la lástima, en la compasión, cree incluso en la igualdad, aunque solo un poco y siempre que ninguna de estas banderas secundarias pretenda imponerse a la bandera mayor del dinero, cuyos derechos son inalienables para la derecha, pues no en vano opina que el dinero es la energía que verdaderamente mueve el mundo: la derecha está persuadida de que del dinero es capaz de transformar el mundo, pero jamás de destruirlo porque es un dios lo bastante sabio para saber que destruir el mundo equivaldría a destruirse a sí mismo. Ante la disyuntiva de cambio climático o dinero, la derecha no duda, ni siquiera pestañea: ¡dinero, por supuesto!; ante la disyuntiva de inquilinos o caseros, ¡caseros, por supuesto!; ante la disyuntiva de modestos caseros con un solo piso o fondos buitre con cientos de ellos: ¡fondos buitre, por supuesto!

6. Ernest y Scotty hablan de dinero

En todo caso, este país nunca resolverá el problema de la vivienda si la izquierda intenta legislar como si los caseros no existieran, y menos todavía si la derecha hace lo mismo pero al revés, legislar como si los inquilinos no existieran. En esta guerra de la vivienda, ¿los caseros son los malos y los inquilinos los buenos? No, no necesariamente: habrá de todo en un colectivo y otro. No es un problema de moralidad, sino de economía. Lo que los diferencia es que unos tienen más dinero que los otros, y más dinero es más poder: y el dinero y el poder, por definición, son bienes cuya posesión y disfrute sus beneficiarios no suelen estar dispuestos a compartirlos.

Los caseros se identifican con el Hemingway de quien su amigo Scott Fitzgerald dijo: “Ernest habla con la autoridad que le da el éxito”; los inquilinos se alinean más bien con el pobre Scotty cuando replicaba con amargura: “Yo hablo con la autoridad que me da el fracaso”. Otro intercambio epistolar entre ambos gigantes parece dar también la razón a Rufián. Se dice que Scott Fitzgerald le comentó en cierta ocasión a Hemingway: “Ernest, los ricos son diferentes a ti y a mí”, a lo que el autor de Las nieves del Kilimanjaro respondió: “En efecto, Scotty, tienen más dinero”. El populismo no lo ha inventado Rufián; las verdades que esconde, tampoco.

La entrada Que es la pasta mi bandera, que es mi dios el capital se publicó primero en lamarea.com.

5 de mayo

En una entrevista que hace un diario berlinés a una escritora ucraniana leo que en su país en todas las carreras universitarias hay que estudiar una asignatura de literatura y lengua ucranianas. No me imagino la reacción de los estudiantes españoles, pongamos de Medicina o Física, si les obligasen a estudiar –y examinarse– de literatura y lengua castellana; o catalana; o gallega.

Tampoco estaría mal, aunque por otros motivos, que quienes estudian Filosofía o Literatura o Filología tuvieran que aprobar una asignatura de Ciencias Naturales.

6 de mayo

Creo que fue la noche antes de que Héctor Abad Faciolince saliese de viaje, que le llevaría primero a Grecia y después a Ucrania, cuando cenamos juntos en un restaurante, con un pequeño grupo de amigos. Hicimos algunas bromas tontas sobre su arriesgado viaje –probablemente no valorábamos de verdad ese riesgo– y pocos días después recibimos la noticia de que había estado a punto de morir por un misil ruso que cayó en un pizzeria de Kramatorsk en la que cenaba. Acabo de empezar a leer el libro en el que relata este hecho, Ahora y en la hora, pero antes he acabado el que estaba escribiendo Victoria Amelina, con quien Héctor compartía una mesa en el restaurante: Looking at women looking at war. Como es sabido, Héctor resultó herido y Amelina murió en el ataque.

En el libro de Amelina leo:

No hay reglas claras para sobrevivir durante una guerra. Puedes obedecer todas las recomendaciones, acudir a los refugios antiaéreos en su momento, llevar contigo un botiquín de emergencia, intentar evacuar, y que aun así te maten.

No hay reglas para sobrevivir, pero sí las hay para vivir. Estaba en nuestra mano salvar un escarabajo, cruzar las calles desiertas con el semáforo en verde, ser amables, ser elegantes y ser humanos.

Amelina se esfuerza por vivir según esas reglas, un empeño que la lleva a investigar crímenes de guerra jugándose la vida, a ayudar a evacuar a personas en peligro y a intentar vivir cada día esforzándose por preservar esa humanidad que siempre corre el riesgo de desaparecer durante una guerra.

Se lee el libro con el corazón en un puño: no solo por las atrocidades que describe sin ningún tipo de efectismo; tampoco solo por las historias que va transmitiendo de todas esas mujeres que en muchos casos son víctimas de la guerra pero también protagonistas de alguna forma de resistencia, desde la que empuña un arma y lucha en el frente contra los invasores rusos a la que intenta preservar una biblioteca de la destrucción. Si resulta un libro doloroso en cada página es porque vas leyendo las luchas y las ilusiones, también los miedos, de esa mujer que sabes acabará muriendo jovencísima asesinada en un ataque ruso. Cuando habla del futuro tú ya sabes que no llegará.

En la última anotación del libro, escrita un par de meses antes de morir, dice:

…sencillamente, he dejado de tener miedo a la muerte. Incluso imagino que todas las mujeres sobre las que escribo se reúnen en mi funeral (…) Pero entonces recuerdo que todavía tengo que terminar mi libro, ver a mi hijo crecer e incluso unirse al ejército en unos años.

No acabará el libro, no verá crecer a su hijo –que ha dejado a salvo en Polonia–, no verá liberado su país de los agresores rusos ni volverá a ver a esas mujeres resistentes de las que escribe con admiración y amor.

Ahora seguiré leyendo el libro de Héctor, y buscaré algún otro de esta mujer entrañable y admirable.

Llevo un par de años leyendo sobre todo ensayos sobre la historia y la cultura europeas del siglo XX. La sensación más hiriente de estas lecturas es que rara vez nos damos cuenta de que lo excepcional es que no estemos gobernados por cómplices de asesinatos, torturas, secuestros; bien por impotencia –han de someterse a otros gobiernos más poderosos–, bien porque les parece que son medios necesarios en el día a día de la política internacional –para proteger intereses económicos o promover un determinado reparto de poder, cosas que a menudo van de la mano–. Está de más decir que ahora mismo no estamos en uno de esos momentos excepcionales.

7 de mayo

Algo que dice Victoria Amelina en su libro y que no se me va de la cabeza es que los articulistas sumisos que trastocan la verdad para agradar al poder –y para lucrarse– son responsables de la invasión y agresión rusas. Ellos, con sus mentiras, con sus bulos, con sus agresiones verbales, preparan el terreno a los misiles y blanquean los asesinatos.

Pienso en nuestros periodistas más deleznables, que generan el odio a los inmigrantes y a los homosexuales, o/y niegan la violencia de género, y pienso: son ellos los primeros responsables de agresiones y muertes, son ellos los que transforman a los más vulnerables en peligrosas amenazas. Pero a ellos las consecuencias les dan igual.

La indiferencia es el superpoder de los miserables.

La entrada El superpoder de los miserables se publicó primero en lamarea.com.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha conseguido una vez más –y este artículo es ejemplo de ello– que volvamos a hablar de sus disparates. En este caso, la provocación no se ha producido sólo en el debate público español, sino que ha saltado, literalmente, al otro lado del océano Atlántico. 

Díaz Ayuso ha decidido viajar a México para realizar una gira de diez días que ha iniciado con un acto diseñado para herir todas las sensibilidades: honrar la figura del conquistador Hernán Cortés, cuyos huesos reposan, de manera discreta y bajo custodia del Instituto Nacional de Antropología e Historia, en una iglesia del Centro Histórico de la Ciudad de México. No lo ha hecho sola, en su corte van empresarios de distintas áreas, también de la musical, como su amigo Nacho Cano, transmutado a director teatral con vocación evangelizadora en la cruzada por la Hispanidad y el “encuentro entre dos mundos”, seguramente convencido de que México sigue siendo la Nueva España. Aunque el pretendido homenaje inicial a Cortés, en forma de misa musical en la Catedral del zócalo, ha sido anulado por la Arquidiócesis Primada de México, el proselitismo pro hispánico y pseudo libertario de Ayuso continúa. 

De hecho, toda la tournée de Ayuso es una oda a la evangelización: la de los españoles antiguos y la suya propia. En su voluntad de convertirse en referente de la ultraderecha MAGA en España, disputándole a Santiago Abascal y a Vox el liderazgo de la “Iberosfera” así como el título de achichincle de Donald Trump, Ayuso igual homenajea a María Corina Machado, que invita a Gloria Estefan o trata de sumarse a la ola del poder evangélico que mueve los hilos de la política americana. Ayuso quiere atraer el voto latino en Madrid, transformando la ciudad en un Miami 2.0 donde recalan ya prácticamente todos los opositores a los gobiernos progresistas y de izquierdas latinoamericanos. 

No contenta con seguir esta agenda de política global desde casa, ahora va a México en un acto que ha sido interpretado como lo que es, una gran provocación. En sus primeras intervenciones públicas Ayuso ya ha demostrado el carácter ideológico de su visita. Su presencia en México, país altamente sensible a la participación de extranjeros en la política mexicana al punto de tener un artículo constitucional, el 33, que lo prohíbe y cuya aplicación supone la expulsión del país de quien lo infrinja, ha generado amplio resquemor, como era de esperar. De hecho, me atrevería a decir que generar discordia era su propósito al decidir desenterrar, en territorio mexicano, lecturas discriminatorias basadas en una concepción colonialista de la Historia que el proceso de la 4T trata de ir superando. 

Su visita, una afrenta tanto para el Gobierno de México como para la mayoría del pueblo, no aporta nada a la relación entre México y España, todo lo contrario. Cuando un representante político de otro país escribe Méjico en lugar del nombre oficial del país, México, en sus redes sociales, o banaliza con el personaje de la Malinche, llamando así a las mujeres latinoamericanas que habitan España sabiendo que malinchismo es sinónimo de traición en México, está teniendo un comportamiento muy poco diplomático. Pero Díaz Ayuso, como buena aprendiz del trumpismo, no tiene límites en su mala educación. De hecho, es su seña de identidad, junto con la demagogia. 

Sin embargo, lo grave no son las formas sino el contenido: su voluntad de reescribir la Historia montándose en la ola de un rancio revisionismo histórico, carente de todo rigor científico. Una lectura del pasado que entronca con la historiografía franquista, que pretende legitimarse por el respaldo de pseudohistoriadores y pseudointelectuales vernáculos, aplaudidos por la claque de sus equivalentes en la exmetrópoli que les hacen de cámara de eco, para premiarlos por haberse convertido en los buenos aborígenes, amaestrados para defender los intereses imperiales. 

Quizás lo más gracioso de la estrategia de Ayuso sean sus loas a la Hispanidad en México, reivindicar con grandilocuencia el papel de esa España imperial donde nunca se ponía el sol, mientras se mantiene una posición política subordinada, seguidista de la agenda geopolítica del imperialismo estadounidense y del sionismo genocida. Tal vez los empresarios que acompañan a Ayuso en su viaje no se hayan enterado todavía, pero el propósito de Donald Trump, en América Latina y el Caribe, México incluido, pasa por expulsar a las empresas competidoras de un espacio que EE. UU. considera como propio, como se ha encargado de recordar el ídolo de Díaz Ayuso en su última Estrategia de Seguridad Nacional rescatando la Doctrina Monroe y añadiendo un nuevo corolario Trump. 

Detrás de la provocación, los intereses económicos y el cálculo político

Detrás del olor a rancio, del colonialismo desacomplejado y del folklore imperial que promociona Ayuso hay cuestiones mucho más prosaicas que sólo pueden entenderse analizando la política interna española. La presidenta de la Comunidad de Madrid mantiene un pulso con el actual Gobierno de España y, en concreto, con Pedro Sánchez. Su decisión de hacer política haciendo oposición a las decisiones del Ejecutivo central, en lugar de enfocarse en los problemas de su comunidad autónoma, vanguardia de la privatización sanitaria y el deterioro de todos los servicios públicos en nombre de la “libertad de elección”, lo demuestra a cada rato. 

Junto con su jefe de Gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, Ayuso ha desplegado una agresiva estrategia comunicativa, con grandes tentáculos en el poder mediático, para tapar los presuntos casos de corrupción de su círculo más cercano, como su novio, presunto defraudador fiscal confeso. En realidad, los Ayuso sólo recibirían –presuntamente– las migajas de los grandes beneficiados, empresas sanitarias como Quirón y sectores del poder económico que apuestan por la victoria electoral, en unas generales, de una Javier Milei a la española que les facilite todavía más sus negocios. En su voluntad de arrasar contra cualquier contrincante político, medio o funcionario que devele las tramas de poder y corrupción que hay detrás del construido liderazgo de la presidenta madrileña, su equipo se ha llevado por delante al ex secretario general del PP, Pablo Casado, y al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Y la lista de los que pueden ir “pa’lante”, en palabras de su jefe de Gabinete, quizás siga creciendo.

El viaje de Ayuso tiene, por tanto, múltiples propósitos. Por un lado, antagoniza directamente con el presidente Pedro Sánchez que, en semanas recientes, organizó en Barcelona una cumbre progresista en la que reforzó su perfil como líder de la socialdemocracia mundial. Ayuso, con su participación en la reunión de Mar-a-Lago de febrero, y esta visita a México plagada de encuentros con la ultraderecha local, trata de consolidar un liderazgo antagónico de perfil ultraderechista, que le coma espacio electoral a Vox y a cualquier experimento a su derecha que pueda surgir. 

En paralelo a la cumbre progresista, también se celebró a mediados de abril en Barcelona la IV Reunión ‘En Defensa de la Democracia’, a la que acudió la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum. Fue un momento para escenificar la distensión en las relaciones entre México y España, que habían padecido un dilatado desencuentro diplomático desde que en 2019 el presidente Andrés Manuel López Obrador pidiera a la Corona española un gesto simbólico de perdón por los crímenes de la Conquista. La misiva que envió López Obrador fue ignorada e, incluso, ridiculizada en España. El choque creció por las decisiones soberanas del Gobierno de México tratando de limitar el poder y presencia de las multinacionales españolas en su mercado. 

Sheinbaum no invitó al rey Felipe VI a su toma de posesión en 2024, como respuesta al silencio con que la Corona, y el Gobierno de España, habían despachado la solicitud del anterior Gobierno de México. Sin embargo, en los últimos meses, ambos gobiernos han limado asperezas, con sutiles gestos de acercamiento públicos por parte de España, que han incluido al rey hablando off the record sobre el “mucho abuso” de la Conquista que “no pueden hacernos sentirnos orgullosos” (sic). 

La visita de Díaz Ayuso es una impugnación clara a la política exterior española dirigida desde La Moncloa que salpica, a su vez, a la institución de la Corona. Pretende torpedear el proceso de acercamiento entre ambos gobiernos, incidiendo con su visita en la provocación continua al Gobierno de Claudia Sheinbaum, al que lleva meses tildando de “dictadura de izquierdas” mientras califica a México de narcoestado. Puestos a opinar sobre el narco en México, Isabel Díaz Ayuso podría documentarse antes preguntando al expresidente Felipe Calderón, protegido del PP y residente en la Comunidad de Madrid, por su secretario de seguridad, Genaro García Luna, quien lideró su famosa “guerra contra el narco” pero acabó condenado en EE. UU. a 38 años de prisión por narcotráfico y delincuencia organizada.

Las reacciones en México: del colaboracionismo a la indignación

Por supuesto, la visita de Díaz Ayuso cuenta con la entusiasta colaboración de sectores de las élites económica, política e intelectual de México, hispanistas de pro. Son los colaboracionistas que, en su alianza global de clase, pusieron a México en bandeja de los intereses de las grandes empresas españolas, reforzando la idea de las “narrativas compartidas” sobre un pasado común armonioso que justificó la entrega de parte del mercado energético mexicano a Iberdrola, de infraestructuras a OHL, y bancario a BBVA y Santander. 

Son estos sectores sociales los que en México se tildarían de malinchistas, entre otras cosas porque hubieran preferido nacer en Europa o EE. UU., aunque exalten lo mexicano. Detrás de estos perfiles encontramos la mezcla de un falso orgullo mexicano con clasismo y racismo mal disimulado, así como la reivindicación de los orígenes europeos, que les otorgan unas dosis de blanquitud que cotizan al alza en la jerarquía “pigmentocrática” de la sociedad mexicana. 

Pero esta visión colonialista, que sustenta el racismo estructural de la sociedad mexicana, no es exclusiva de sus clases dominantes. Décadas de educación acrítica sobre el proceso de violencia, despojo y genocidio sobre los distintos pueblos originarios, a los que se ha invisibilizado y marginado en aras de la defensa del mestizaje y la “raza cósmica”, y de una política de Estado basada en estas premisas, hecha por criollos y mestizos -salvo excepciones como la de Benito Juárez o Lázaro Cárdenas– ha dado lugar a que en el México actual todavía haya quien defienda visiones edulcoradas sobre el proceso de Conquista y la posterior colonización.   

Sin embargo, hay una mayoría del pueblo de México que se opone a esta lectura histórica desfasada. Es la ciudadanía anónima que estos días está reaccionando con indignación, reclamando respeto y mostrando su dignidad. En este equipo están la propia presidenta Sheinbaum, el partido gobernante Morena o diversos colectivos antirracistas. Pero, también hay quienes están devolviendo a la provocación, otra provocación, quizás conscientes de que responder seriamente a los despropósitos no tiene ningún efecto.

Así, el periodista Pedro Miguel ha lanzado una recogida de firmas para que Ayuso regrese a Madrid con los huesos de su idolatrado Hernán Cortés, de tal manera que la ultraderecha pueda realizar en España “los rituales que considere adecuados”. Esta petición simbólica, que propone entregar los despojos por la devolución del Códice Trocortesiano que está en España, concluye con una elocuente y seria reflexión: “La exaltación fascista de pasados imperiales violentos no debe tener cabida en la relación bilateral; ésta debe fundarse, por el contrario, en el diálogo, el respeto mutuo y la realización de gestos constructivos como la referida devolución de restos e, idealmente, el intercambio que proponemos”.

Mientras se escriben estas líneas, la gira de Díaz Ayuso prosigue por tierras mexicanas. Las autoridades de Aguascalientes tienen previsto darle la Medalla de la Libertad del Congreso de Aguascalientes y otros honores que, según informan, no le van a salir gratis a la Comunidad de Madrid pues se pueden interpretar como pago a acuerdos de promoción firmados con dicho estado mexicano. Desconocemos si Ayuso, antes de ir a remojarse al Caribe, visitará también Guanajuato. Si es así, nos permitimos sugerirle que vaya a visitar su famoso Museo de las Momias. Quizás sería un buen colofón para quien, como dirían los chilenos, es toda una momia, la mejor representante del espíritu del franquismo en pleno siglo XXI.

La entrada Los huesos de Cortés y la momia de Ayuso se publicó primero en lamarea.com.

Ha pasado un mes desde que el Parlamento israelí (Knéset) aprobó la ampliación del uso de la pena de muerte, con la indignante imagen de Itamar Ben Gvir, ministro de Seguridad Nacional y líder de la ultraderecha, celebrando con champán tan siniestro acontecimiento. Desde entonces, la actualidad, marcada por la guerra de agresión de Estados Unidos e Israel en Irán y Líbano, ha desviado la atención sobre el alcance de esta ley, mientras Israel sigue bombardeando Gaza pese al alto el fuego formal, en plena crisis humanitaria, y en Cisjordania se intensifican tanto la violencia militar como los ataques de colonos, en un clima de total impunidad. 

Paradójicamente, un día antes de la aprobación de esta ley, el diario Haaretz informaba de que un tribunal de Jerusalén se negaba a mantener en prisión al joven colono Yunin Levi, acordando su arresto domiciliario a pesar de las imágenes en las que se le ve claramente disparando al activista palestino Awdah Hathaleen, colaborador del documental ganador del Oscar No Other Land, que denuncia los ataques de colonos y soldados israelíes contra la comunidad palestina de Masafer Yatta.

Esta ley no puede entenderse como un endurecimiento penal más dentro del marco de la seguridad nacional de Israel. Estamos ante un cambio de una enorme trascendencia en un sistema que ha ido consolidando, a lo largo de décadas, la discriminación y la violencia estructural contra los palestinos y palestinas. En este sentido, debe ser analizada como la culminación de un engranaje jurídico e institucional que vulnera frontalmente el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.

Al establecer dos regímenes jurídicos diferenciados, la norma profundiza en el apartheid. Por un lado, permite a los tribunales militares en la Cisjordania ocupada imponer la pena capital por mayoría simple, incluso sin la petición de la fiscalía; por otro, amplía la competencia de los tribunales civiles para aplicar la muerte bajo criterios ideológicos tan ambiguos como la «intención de negar la existencia del Estado de Israel». La Ley de Pena de Muerte está claramente diseñada para que la ejecución por ahorcamiento recaiga exclusivamente sobre la población palestina.

Conforme establece el IV Convenio de Ginebra, en tiempos de guerra y ocupación, la imposición de la pena de muerte está sujeta a garantías procesales reforzadas que esta ley obvia de forma deliberada. Dictar sentencias de muerte por mayoría simple, eliminando el derecho al indulto y exigiendo la ejecución en un plazo de 90 días, no solo es incompatible con los estándares internacionales, sino que constituye una violación grave que podría tipificarse como un crimen de guerra. Así lo han manifestado, entre otros, Volker Türk (Alto Comisionado para los DDHH) o Francesca Albanese (Relatora Especial para Palestina), junto a organizaciones de defensa de los derechos Humanos, como Amnistía Internacional. 

Desde la perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos, también vulnera el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del que Israel es parte, puesto que la ampliación de la pena de muerte contradice abiertamente las limitaciones a “los delitos más graves” y el respeto a las garantías estrictas de debido proceso. 

Además, para comprender plenamente el alcance de esta ley, resulta imprescindible situarla en el contexto en el que será aplicada: un momento en el que la Corte Internacional de Justicia examina si Israel está vulnerando la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948 en Gaza. A ello se suma la Opinión Consultiva de 2024, en la que el propio tribunal ya concluyó que determinadas políticas israelíes en el territorio palestino ocupado contravienen normas fundamentales del derecho internacional, incluida la prohibición de la segregación racial y el apartheid. En este escenario de perpetración de un genocidio y de violación sistemática de los derechos humanos, es imposible considerarlo una medida aislada, sino como parte de un patrón más amplio por el que Israel debe responder ante instancias internacionales. 

Por tanto, es un paso más en la consolidación de este entramado jurídico e institucional que articula ocupación, anexión ilegal de territorios y violencia estructural contra la población palestina, marcada por una profunda deshumanización, y cuya persecución ahora se pretende completar con la Ley de Pena de Muerte. 

Frente a esta deriva es injustificable la inacción de la comunidad internacional y, particularmente, de Unión Europea. Lejos de actuar conforme a sus propios principios, ha optado por mantener el Acuerdo de Asociación con Israel incluso después de reconocer que vulnera su cláusula de derechos humanos. La negativa a suspenderlo, pese al llamamiento expreso de países como España, Irlanda y Eslovenia, y al respaldo de amplios sectores sociales y diplomáticos europeos, evidencia hasta qué punto pesan más los intereses geopolíticos y económicos. El bloqueo de Alemania y su “razón de Estado” junto a Italia y Francia, no solo desacredita el discurso europeo en materia de derechos humanos, sino que refuerza un mensaje de impunidad en un momento histórico, de extrema gravedad.

Por ello, no bastan las declaraciones ni la retórica hueca. La Unión Europea debe adoptar medidas concretas si no quiere ser un mero “espectador” o, incluso, ser cómplice de esta atrocidad. Suspender el Acuerdo de Asociación con Israel es hoy el mínimo exigible, junto con la prohibición del comercio con los asentamientos ilegales y la ruptura de relaciones de todo tipo. Si la Unión Europea aspira a conservar alguna credibilidad como garante de derechos, este es un momento decisivo para demostrarlo: no solo están en juego los derechos de la población palestina, sino la vigencia misma de los valores que dice defender y la pervivencia de un orden internacional basado en normas. Estar a la altura ahora no es una opción política, es una exigencia histórica.

La entrada Pena de muerte y ‘apartheid’: la consolidación de un sistema de violencia estructural extrema ante la inacción de la UE se publicó primero en lamarea.com.